El International Peace Observatory fue fundado en 2005 por un grupo de personas y organizaciones que vieron la necesidad de denunciar la situación de vulneración de Derechos Humanos que sufrían las organizaciones campesinas y de defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Por lo tanto, el acompañamiento internacional a estas organizaciones fue el método escogido para poder colaborar con estos procesos que, dentro de un país que venía sufriendo el conflicto armado más largo de Latinoamérica, no podían desarrollar con normalidad su trabajo.

De esta manera pretendíamos no sólo denunciar la situación que vivía la población colombiana sino poder desarrollar también un trabajo in situ que, con la presencia de acompañantes internacionales en terreno, redujera de alguna forma la situación de riesgo y amenaza que sufría ante los abusos de la fuerza pública y otros actores armados la población civil.

Después de ocho años de trabajo en Colombia, las personas que actualmente integramos IPO nos vemos obligadas a tomar la difícil decisión de no continuar con este proyecto que, con toda la modestia, creemos que ha ayudado a que muchas organizaciones y líderes sociales colombianas hayan podido llevar a cabo con más efectividad y seguridad su trabajo.

El motivo básico que nos lleva a esta decisión es el ahogo económico que nos ha supuesto la falta de presupuesto en estos últimos años, culminando en una pérdida total de financiación a partir de junio 2013. La situación de crisis económica que vivimos, sobre todo en los países de origen de los voluntarios (principalmente Europa y EEUU) ha hecho que buena parte de nuestras fuentes de financiación, en su mayor parte públicas, se hayan visto reducidas drásticamente hasta prácticamente desaparecer. La defensa de los Derechos Humanos, y más si no va a suponer ningún rendimiento económico directo, no es una prioridad para nuestros gobiernos. De esta forma las organizaciones más o menos modestas como IPO estamos sufriendo un recorte drástico en las subvenciones que en otros momentos de mayor bonanza económica nos otorgaban. Por desgracia los beneficios en los derechos de las personas no son cuantificables económicamente y por lo tanto, bajo esta lógica, las subvenciones dejan de tener sentido. No se está valorando los perjuicios que esto va a suponer para las personas que, como en Colombia, ven ultrajados sus derechos sistemáticamente por el simple hecho de haber nacido en un territorio en el que un conjunto de intereses económicos pasan por encima de cualquier derecho humano más básico.

En este sentido, queremos manifestar que en ningún caso creemos que el acompañamiento internacional haya dejado de ser necesario en Colombia. Las negociaciones de paz llevadas a cabo entre el gobierno y las FARC-EP en la Habana, y las que posiblemente se lleven más adelante con el resto de guerrillas, no suponen el fin del conflicto social que vive Colombia. Si finalmente estas negociaciones llegan a buen puerto, faltará ver como se implementarán las medidas en terreno. El conflicto armado que vive Colombia va más allá de la propia existencia de las guerrillas; la persistencia de los grupos paramilitares en terreno, dispuestos a perpetuar el desigual reparto de la tierra o la importancia geostratégica y los recursos que posee este país, nos llevan a pensar que las organizaciones sociales colombianas tendrán aún mucho trabajo por delante, sea cuál sea el resultado las negociaciones.

El número de amenazas y agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos sigue siendo escandaloso ; continúan los desplazamientos forzados y los asesinatos selectivos contra líderes de los movimientos sociales. Mientras el Estado colombiano no tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de estas personas y desmontar el paramilitarismo y el aparato de represión en el país, desafortunadamente seguirá necesario el acompañamiento internacional en Colombia.

A pesar de la tristeza que nos supone haber tomado esta decisión, queremos manifestar que las personas que hemos trabajado con IPO, no cesaremos en nuestra solidaridad con el pueblo colombiano; buscaremos la manera de continuar nuestra vinculación con los procesos de autodeterminación que la población colombiana está llevando a cabo, seguiremos apoyando estas luchas y denunciando a todos aquellos que por su propio beneficio sigan vulnerando los derechos de cualquier persona.

En este comunicado no queremos dejar de mostrar nuestra más profunda admiración por la lucha que el pueblo colombiano viene desarrollando por el respeto integral de sus derechos, nuestra alegría por haber compartido todo el trabajo de estos años, así como también nuestro agradecimiento a todos aquellos que nos han enseñado tanto sobre la lucha por la vida. Para todas las personas que hemos trabajado con IPO en Colombia, nuestras vidas han quedado marcadas por haber vivido y compartido con el pueblo colombiano la lucha por la tierra, por la dignidad, por los derechos humanos y sociales.

International Peace Observatory
17 de mayo 2013

El 7 de junio de 2013, siendo las 10:05 a.m. mientras que el abogado LEONARDO JAIMES MARIN, acompañado de PBI y un miembro de la comunidad transitaban en el vehículo asignado a su esquema de protección; entre la vereda Pitalito al casco urbano de Curumaní, a la altura del cruce donde termina la vereda, lugar donde se encuentra ubicado un portón, se percataron de la presencia de un hombre subido en un árbol tomando fotografías tanto del vehículo como de sus integrantes.

Ante esta situación, el abogado del Equipo Jurídico Pueblos y la Fundación comité de solidaridad con los presos políticos; descendió de la camioneta y solicitó al sujeto explicación de las razones por las que se encontraba tomando fotografías, a lo que respondió que él trabajaba para FERNANDEZ DE CASTRO, y en actitud nerviosa se negó a informar cuáles fueron las órdenes precisas recibidas de su jefe, atinando simplemente a decir “hablen con el señor JUAN MANUEL”, y a señalar que estaba allí controlando el portón por cuanto lo han dejado abierto y se han perdido 35 reses, tratando de insinuar que la comunidad es la responsable. Es de aclarar unos minutos antes había pasado por ese punto la camioneta conducida por JOSE ALBEIRO MARTINEZ, integrante de la comunidad, lo que permitiría inferir que también fue fotografiada.

MOVICE

Denuncia Pública: Civiles armados en Sucre intimidan a Julia Torres, lideresa social e integrante del MOVICE, El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
MOVICE, los Capítulos Sucre y Atlántico, la empresa comunitaria La Alemania y las comunidades de La Lucha, Arroyo Arena y La Loma en San Onofre, Sucre, denunciamos la intimidación en contra de la Sra. Julia Torres el 28 de mayo 2013 y dado los antecedentes graves en su contra, solicitamos de manera urgente que la comunidad nacional e internacional la acompañe.

Hechos:

El día 28 de mayo 2013 seis hombres vestidos de civil, por lo menos dos armados con armas cortas, entraron en la finca donde trabaja la Sra. Mirian Julio,
preguntando de manera intimidante por la Sra. Julia Torres Cancio y su finca, la
Veinte.

El día 23 y 25 de mayo 2013, familiares de la Sra. Torres notaron la presencia de
personas desconocidas, vestidas de negro, pasando por la finca y cerca de la casa de la Sra. Torres.

Antecedentes:

La Sra. Torres es representante legal de la Empresa Comunitaria Alemania,
organización de campesinos desplazados en proceso de retorno a la finca la
Alemania, San Onofre, Sucre y viuda del líder del retorno Rogelio Martinez.

El Sr Martínez fue asesinado el 18 de Mayo 2010 a las 6.30 pm, por 7 hombres
fuertemente armados, vestidos de negro y con el rostro cubierto, cerca de su
residencia ubicada en la finca la Alemania en el sector del Veinte; el mismo lugar
donde se encontraron los hombres armados en este nuevo hecho.

La presencia de los civiles armados tuvo lugar después de que el día 23 de mayo de 2013, los miembros de la Infantería de Marina que realizaban controles perimetrales de manera permanente en el predio la Alemania se retiraron de la Finca, sin ninguna notificación oficial a la comunidad ni a las organizaciones acompañantes. En el momento de la retirada de la tropa, la Sra. Torres se dirige al cabo que coordinaba el pelotón para preguntarle el motivo de su retiro y este responde que eran ordenes de arriba.

Contexto:

El predio de la Alemania, es un bien colectivo que consta de 553 hectáreas
tituladas como un bien común y proindiviso por el antiguo INCORA a 53 familias del municipio de San Onofre Sucre en el año de 1997. Los campesinos lograron trabajar las tierras hasta el año 2000, fecha en que se dio la primera incursión
paramilitar del Bloque Héroes de los Montes de María quien tenían su centro de
operación en el municipio de San Onofre, desde esa fecha la población campesina se desplazó forzadamente de su territorio por las violaciones a los derechos humanos perpetrados por este grupo que dejo 14 personas asesinadas y una desaparecida, todas ellas socios de la Empresa Comunitaria la Alemania. Desde esta fecha hasta el 2005 Rodrigo Mercado Peluffo alias Cadena comandante del grupo paramilitar Héroes de los Montes de María se apoderó de la finca.

En el año de 2006 y después de la salida de los paramilitares del predio, el Sr.
Rogelio Martínez, representante legal de la empresa comunitaria Alemania y otras familias de la Alemania deciden retornar voluntariamente a su territorio.

En el año de 2008 empiezan las amenazas e intimidaciones contra el Sr. Martínez, llegando al número de 23 agresiones dirigidas contra él por las acciones que realizaba en la defensa de su territorio.

En 2010 la Sra. Julia Torres y a su familia fueron otorgados medidas cautelares en 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Exigimos:

Al estado y gobierno colombiano:

-La permanecía de los controles perimetrales por parte de la fuerza pública en la
finca Alemania, el sector de la Lucha, Arroyo Arena y La Loma, ubicadas en el
municipio de San Onofre ya que la comunidad está denunciando la permanencia de personas extrañas en estos lugares.

-Que se activen de forma inmediata la implementación de las medidas de protección de la familia de Julia Torres y Rogelio Martínez en el marco de las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
-Que se activen todas la recomendaciones emitidas por la Corte Constitucional en el marco de la sentencia T-211/10 donde declara la situación de desplazamiento forzado a la comunidad de la Finca la Alemania por el sin número de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos contra esta comunidad campesina.

-Que se acelere el proceso de investigación del asesinato de Rogelio Martínez,
representante legal de la finca Alemania y que se conozca la verdad de los hechos,se aplique justicia y reparación integral a su familia como a la comunidad a la cual pertenecía.

Por favor dirigirse a:

Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26, Palacio de Nariño, Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 596 0631
E-mail: buzon1@presidencia.gov.co

Eduardo Montealegre
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01, Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 570 20 00 Ext 1113; (+57 1) 414 90 00
Email: luis.montealegre@fiscalia.gov.co, contacto@fiscalia.gov.co,
denuncie@fiscalia.gov.co, ricardo.gonzalez@fiscalia.gov.co

Andrés Villamizar, Director, Unidad Nacional de Protección
Dirección de correspondencia:
Avenida Calle 26 No. 59-41/65 Bogotá D.C. Colombia
PBX: (571) 4269800
andres.villamizar@mininterior.gov.co
twitter: @villamizar

Juan Carlos Pinzón Bueno
Ministro de Defensa
Avenida El Dorado con Carrera 52, CAN, Bogotá D.C.
Tl: (+ 57 1) 222 1874, +571 315 0111 Ext 3301, (+57 1) 266 1003

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE

31 de mayo 2013

www.movimientodevictimas.org

Por medio de irregularidades jurídicas, terror militar, y en concomitancia con el personero de Chimichagua quien se desplaza con militares en una camioneta sin placas que la identifiquen, se pretende desplazar de nuevo a 17 familias de la comunidad de Pitalito en el Cesar. Estas familias retornaron a su vereda Pitalito, después de dos años y medio de ser sometidos a desplazamiento forzado, a la persecución y a la estigmatización. El principal actor de este crimen con fines de despojo es por el palmicultor JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO.

En irregular actuación inicia jurídicamente el lanzamiento de la comunidad retornada a Pitalito Cesar

HACEMOS UN LLAMADO PARA EVITARLO

El viernes 24 de mayo de 2013, cerca de las 10:50 de la mañana hasta la 1:40 de la tarde, hicieron presencia en el asentamiento humanitario donde actualmente se encuentran 17 familias retornadas de la comunidad Campesina de Pitalito, el personero de Chimichagua CARLOS ALBERTO SERRANO CABALLERO, el inspector de este municipio HECTOR POLO MARTINEZ, y el Teniente Coronel RÓMULO FONSECA, comandante del Batallón Especial y Vial No. 3, custodiados por efectivos del Ejército Nacional, con el propósito de efectuar inspección ocular dentro de la querella policial de lanzamiento interpuesta el día anterior por el palmicultor JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO.

Los funcionarios, que se movilizaban en una camioneta doble cabina sin placas; al llegar al asentamiento humanitario pretendieron empadronar a las familias y acompañantes. Uno de los militares tomó fotografías a los miembros de la comunidad, al abogado del Equipo Jurídico Pueblo y voluntario de la FCSPP ROMMEL JOHNATAN DURAN CASTELLANOS, y a los acompañantes internacionales.

La presencia de los funcionarios públicos aquí citados, y los militares, se justificó bajo el argumento de adelantar una inspección ocular en el marco de un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, iniciado por JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO el día anterior (22 de mayo) ante el Alcalde de Chimichagua contra “indeterminados” con el que pretende en forma concreta que se ordene el desalojo contra la comunidad.

La inspección ocular practicada en el asentamiento humanitario genera preocupación por las múltiples irregularidades percibidas por todos los presentes:

- Inicialmente produce curiosidad que la diligencia fuera ordenada sólo un día después de haberse interpuesto personalmente, por FERNANDEZ DE CASTRO la querella policiva, cuando es conocido por todos la lentitud de esta clase de actuaciones administrativas.

- La presencia del Comandante del Batallón Especial y Vial No. 3 Teniente Coronel RÓMULO FONSECA, quien además coordinó prácticamente la diligencia tomando vocería procediendo a reunir a la comunidad en la caseta comunitaria, incluso grabando la reunión desde su teléfono celular.

- El papel desarrollado por el Personero, funcionario del Estado, supuestamente representante de la sociedad encargado de la protección de los derechos humanos, quien generó inquietud entre las familias por su clara postura a favor FERNANDEZ DE CASTRO y los señalamientos contra la comunidad de estar afectando el derecho a la propiedad privada del querellante.

En el transcurso de la diligencia, el Personero de Chimichagua CARLOS ALBERTO SERRANO CABALLERO y el Teniente Coronel FONSECA, requirieron a los acompañantes internacionales (del Observatorio Internacional de Paz – IPO) para que se identificaran plenamente, e incluso realizaron el registro fotográfico de los documentos de identidad de uno de ellos.

El Personero guardó total silencio respecto a la presencia en la diligencia de civiles con radios de comunicaciones supuestamente trabajadores del palmero JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO.

La Comunidad Campesina de Pitalito retornó a su territorio el 21 de mayo de 2013; sus predios habían sido apoderados de forma fraudulenta en el 2010 por el palmero JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO; desde el día del retorno, las familias han sido objeto de intimidación por parte del Fuerza Pública y civiles con radios al servicio del despojador.

En el día de hoy, (mayo 29) se está radicando ante el Alcalde de Chimichagua AMAURI VILLARREAL TORDECILLA, escrito de oposición por parte de cada una de la familias de la Comunidad Campesina de Pitalito, en la que mediante una argumentación jurídica sólida se solicita denegar las pretensiones del palmero FERNANDEZ DE CASTRO, evitando cualquier desalojo de las familias. Una vez radicada la oposición, el Alcalde municipal debe tomar una decisión de fondo.

Esperamos que en esta ocasión no se repita lo ocurrido en el 2010, en la que el mandatario local de Chimichagua, junto con el personero municipal de la época, apoyados por la fuerza pública y Ejercito Nacional, desplazaron forzadamente a los campesinos que por varios años han ejercido la posesión sobre estos predios.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) expresa su apoyo a la acción de retorno a las tierras de la comunidad de la vereda Pitalito, ubicada en jurisdicción de los municipios de Chimichagua y Curumaní del departamento del Cesar, el cual se realiza el día de hoy, 21 de mayo. Asimismo, expresamos nuestro respaldo a los abogados que acompañan a la comunidad, al Equipo Jurídico Pueblos y a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, los cuales hacen parte del Comité de Impulso del MOVICE.

La comunidad de Pitalito fue víctima de desplazamiento forzado a partir del 24 de
junio de 2010, debido a actos violentos en su contra, protagonizados por miembros del Ejercito Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y un grupo de civiles armados al servicio de Juan Manuel Fernández de Castro, terrateniente y empresario palmero, dueño de la empresa Orlandesca y afiliado a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma).

Antecedentes:

Desde la época del desplazamiento, la comunidad y aquellos que la acompañan han sido víctimas de a una serie amenazas, atentados, señalamientos y hostigamientos, entre ellos:

El 7 de septiembre 2012, el Sr. Jhonel Cárdenas Castrillo, líder comunitario y de
restitución de tierras que acompaña a la comunidad desplazada de Pitalito, sufrió un atentado contra su vida en el municipio de Curumaní (Cesar)

El 24 de junio de 2010, veinte familias de la vereda Pitalito -Municipio de
Chimichagua y Curumaní- fueron víctimas de desplazamiento forzado por parte
de la irregular actuación de diversos funcionarios públicos, quienes
siguiendo indicaciones de JUAN MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO, reconocido
palmicultor, supuesto ex militar y gran terrateniente, procedieron al
expulsarlos violentamente de su territorio.

Sus viviendas fueron destruidas, sacaron sus pertenencias y cada miembro de
la comunidad: hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas, jóvenes, fueron
subidos a un camión de la Policía, al parecer del ESMAD y trasladados a
inmediaciones del casco urbano de Curumaní.

Por aproximadamente veintisiete años, estas familias fueron poseedoras de
las tierras que conforman la Vereda de Pitalito, ubicada en jurisdicción de
los municipios de Chimichagua y Curumaní en el departamento de Cesar –
Colombia. De su trabajo derivaron el sustento de sus hijos y una vida digna
para todos los miembros de la comunidad; a la vez que protegieron el
ambiente; desarrollaron una economía campesina, se organizaron desde 1989
en la Junta de Acción Comunal; el Municipio de Chiriguaná construyó una
escuela, siendo la maestra contratada por la diócesis de Valledupar, y en
general, construyeron por años su proyecto de vida campesina.

Como es conocido públicamente, la población campesina y urbana de centro
del departamento del Cesar fue víctima del Terrorismo de Estado a través
del accionar paramilitar, quienes actuando en conjunto con la Fuerza
Pública, despojaron de sus territorios a centenares de familias con el
objetivo de apoderarse de sus tierras, en unas ocasiones –mediante masacres
y muertes selectivas- y en otras, mediante ventas forzadas por debajo del
valor real del inmueble, obligando mediante el uso de armas a la firma de
contratos de compraventa, para después protocolizarlas ante la Notaría o
ante el Personero Municipal, tal como sucedió con la Comunidad Campesina de
Pitalito.

MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crimen es de Estado, MOVICE,
denuncia la ejecución extrajudicial del campesino MANUEL ENRIQUE MARTÍNEZ CARDONA, en Tierra Alta, Córdoba, el 5 de mayo 2013.

El Sr. Martínez Cardona fue atacado por el Ejército Nacional,en el corregimiento de la Osa, municipio Tierra Alta, Cordoba, en horas de la mañana el día 5 de mayo, resultando gravemente herido. Falleció hacia las 4 a.m. del 6 de mayo en el hospital de Tierralta, Córdoba.Esta acción militar, que constituye otro ataque
indiscriminado contra la población civil, tuvo lugar luego de la Acción Humanitaria
y solidaria emprendida para la protección y promoción de los Derechos Humanos los días 26 y 27 de abril, llevadas a cabo en el corregimiento de Crucito.

Es de resaltar que la Acción Humanitaria, desde la preparación de la misma, fue
estigmatizada y atacada por la fuerza pública, por autoridades civiles de la
región. De esta forma, se niega el derecho a la defensa y protección de los
Derechos Humanos y a la libre expresión.

Nos parece aberrante, que en el marco de los diálogos de paz, el Ejercito Nacional siga atacando a la población civil y sin que se pronuncie el gobierno nacional.

Este asesinato se suma a los de Elver Cordero, el 9 abril y Ermes Enrique Vidal
Osorio, el 23 de marzo, también en el departamento de Córdoba. Estos dos fueron reclamantes de tierra.

Exigimos:

Que las autoridades estatales realicen una investigación de los hechos, para
asegurar que los militares responsables de ordenar esta acción militar contra la
población civil estén juzgados y condenados.

Que el gobierno se pronuncie contra las acciones que el Ejercito Nacional sigue
realizando contra la población civil.

Que las organizaciones nacionales e internacionales se comuniquen con las
autoridades, para exigir que estas exigencias se cumplan.

Dirijanse a:

Presidente Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26, Palacio de Nariño, Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 596 0631
Email: buzon1@presidencia.gov.co , comunicacionesvp@presidencia.gov.co

Angelino Garzón
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

Fax: (+57 1) 596 0651

Teléfono: +571 334 4507

Email: comunicacionesvp@presidencia.gov.co
contactovicepresidencia@presidencia.gov.co ppdh@presidencia.gov.co

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
14 mayo 2013

MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, denuncia la amenaza y falso señalamiento contra Argemiro Lara e Ingrid Vergara, ambos integrantes del MOVICE capitulo Sucre además de los demás integrantes del proceso de retorno a la finca La Europa, Ovejas, Sucre.

La amenaza se encontró en varios panfletos difundidos en la finca La Europa, el día 9 de mayo de 2013, los cuales acusan al Sr. Lara de ser tercer comandante del grupo guerrillero PRT, y se refieren a Ingrid como su mano derecha. Además señala que el comité de Argemiro está integrado por personas que vienen trabajando el caso de la Europa, y el cual incluye a miembros de la guerrilla, acusación que carece de fundamento alguno.

Es también de preocupación que la amenaza cita detalles del esquema de seguridad del. Sr. Lara, tal y como lo relacionado con el chaleco antibalas, lo que pone en riesgo su vida, y da cuenta acerca de los niveles de información que manejan quienes ejecutan estas amenazas sobre los sistemas físicos de protección.

Contexto:
Esta amenaza es la segunda que recibe Ingrid Vergara en menos de dos semanas. El día 30 de abril llegó al celular de su hija, Cendy Torres Vergara, una amenaza que decía: “hola perra mataron a tu mama jajajaja“ enviado desde el celular número 3015887494.

El Sr Argemiro, la Sra Vergara y demás miembros de la comunidad de la Europa han sufrido una serie de amenazas y hostigamientos sistemáticos desde el 2011.

Muchos de los abusos cometidos en contra de integrantes del Movice en esta región del país han sido perpetrados por miembros de la fuerza pública, y por el
administrador de la empresa Arepas Don Juancho, que adquirió parcelas de la finca de manera ilegal en 2008, y ha venido presionando a los demás dueños de estos territorios desde ese entonces. Por ejemplo, la comunidad ha sido objeto de grabaciones ilegales por parte de la Policía y se han reportado tomas ilegales de fotografías por parte de representantes de la empresa Arepas Don Juancho además del porte ilegal de armas por los mismos. Además de las amenazas por parte de grupos paramilitares y la quema de varias casas.

La situación de amenazas contra el Capítulo MOVICE en Sucre, departamento donde se ubica la finca La Europa, conllevó a que el 8 de noviembre 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH otorgara medidas cautelares a 17 miembros de sus miembros, entre ellos, a Ingrid Vergara.

Exigimos:
Que las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía y el SIJIN, realicen una
investigación de esta amenaza y demuestren resultados concretos.

Que la Unidad Nacional de Protección garantice la seguridad del Sr. Lara y la Sra.
Vergara, y los demás integrantes del proceso de retorno a La Europa y el Capítulo Sucre del Movice, garantías que no se están llevando a cabo.

Que las organizaciones nacionales e internacionales se comuniquen con las
autoridades colombianas, para exigir que cumplan con las acciones arriba
mencionadas.

Por favor diríjanse a:
Angelino Garzón
Vicepresidente de la República (Encargado del Programa presidencial por los derechos
humanos)
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
Fax: (+57 1) 596 0651
Teléfono: +571 334 4507
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co
contactovicepresidencia@presidencia.gov.co ppdh@presidencia.gov.co

Eduardo Montealegre
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01, Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 570 20 00 Ext 1113; (+57 1) 414 90 00
Email: luis.montealegre@fiscalia.gov.co, contacto@fiscalia.gov.co,
denuncie@fiscalia.gov.co, ricardo.gonzalez@fiscalia.gov.co

Andrés Villamizar, Director, Unidad Nacional de Protección
Dirección de correspondencia: Avenida Calle 26 No. 59-41/65 Bogotá D.C. Colombia
PBX: (571) 4269800 andres.villamizar@mininterior.gov.co
twitter: @villamizar

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

10 mayo 2013

por MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, Capítulo Sucre, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional y las autoridades nacionales una nueva amenaza que atenta contra la integridad física de la defensora de derechos humanos y secretaria técnica del MOVICE Capítulo Sucre INGRID VERGARA y su familia.

HECHOS

El día 30 de abril de 2013 a las 6:28 de la tarde al celular número 3015887494 perteneciente a CENDY TORRES VERGARA hija de INGRID VERGARA llegó un mensaje de texto cuyo contenido es el siguiente: “hola perra mataron a tu mama jajajaja” (negrilla nuestra). Situación que vulnera la integridad física y psicosocial de la defensora de derechos humanos y su familia.

ANTECEDENTES

El Capítulo del MOVICE Sucre, surge como una apuesta que se niega a la impunidad y al anquilosamiento del paramilitarismo en la vida política, económica y social del departamento. Se conforma desde las experiencias de organizaciones de derechos humanos, sociales y de oposición política del departamento, que por décadas han sido exterminadas por el accionar del paramilitarismo en el departamento.

A raíz del trabajo de denuncia y visibilización de la infiltración paramilitar en el poder político local y regional, las agresiones y amenazas en contra de los integrantes del MOVICE Capítulo Sucre han sido constantes. El MOVICE ha podido recopilar más de 130 agresiones contra sus integrantes en Sucre desde su conformación en 2006, entre las que figuran atentados, asesinatos a personas protegidas, allanamientos ilegales, amenazas directas, amenazas a familiares, montajes judiciales, detenciones, señalamientos e intimidaciones. Las personas que han desarrollado un trabajo destacado dentro del Capítulo se encuentran en una situación en la que seriamente corren riesgo sus vidas e integridad física.

Situación esta que obligó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH a otorgar el día 8 de noviembre de 2006 medidas cautelares a 17 miembros del MOVICE Sucre, entre ellos, a INGRID VERGARA.

DENUNCIAMOS:

por MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE- Capítulo Valle del Cauca, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Valle del Cauca – CSPP-, la Asociación para la Investigación y Acción Social – NOMADESC, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia-SINTRAUNICOL Subdirectiva Cali, el Colectivo Memoria Viva, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional las amenazas contra Héctor Enrique Martínez quien pertenece al MOVICE Capitulo Valle del Cauca.

Hechos:

· El día 13 de abril de 2013, en la carrera 40 con calle 39 a las 9:30 p.m. del barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali, el señor Héctor Martínez fue interceptado por dos sujetos en moto, usando casco, con la placa de la moto levantada para evitar ser identificados, quienes le dijeron “deje de estar influenciando a la comunidad para que denuncie los abusos de autoridad de la policía, le va a pasar lo mismo que le paso a su hijo”.

· El día 29 de abril de 2013, en calle 39 con carrera 45, cerca de las 12:00 M. en el barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali, nuevamente fue interceptado por dos sujetos en moto, usando casco, con la placa de la moto levantada para evitar ser identificados y quienes le repitieron nuevamente la amenaza.

Antecedentes:

HECTOR FABIO MARTÍNEZ REYES hijo de HECTOR MARTÍNEZ, fue asesinado por miembros de la policía Nacional adscritos a la estación el Diamante, el 26 de mayo de 2012, en el barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali. Los miembros de la fuerza pública alteraron la versión de los hechos y hasta la fecha la Fiscalía General de la Nación no ha presentado resultados concretos en la investigación que adelanta por estos hechos.

Su padre el señor HECTOR MARTINEZ, realizó una caminata de Cali hasta Bogotá con el propósito de denunciar, visibilizar y exigir justicia. También ha realizado múltiples acciones encaminadas a la búsqueda de justicia en este crimen que se encuentra en la impunidad.

Solicitudes:

MOVICE- Capitulo Valle del Cauca

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Valle del Cauca –CSPP-

Asociación para la Investigación y Acción Social –NOMADESC

Hace 8 años fue asesinado Nicolás Neira, un joven de 15 años que se encontraba marchando por la carrera 7 con calle 18. El padre de Nicolás, Yuri Neira, desde aquel 1 de mayo ha luchado para esclarecer los hechos. Según testimonios de miembros de la Policía, Nicolás murió tras ser pisoteado por una estampida de gente que salió corriendo luego de que un grupo de anarquistas lanzó papas explosivas contra la multitud; pero, civiles que presenciaron el hecho aseguran que lo que produjo la muerte de Nicolás fue un golpe propinado por un miembro del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) en la cabeza del joven.

Terminó el Congreso para la Paz, organizado por Congreso de los Pueblos, que tuvo lugar en Bogotá entre 18 y 22 de Abril 2013. Para los miembros del sector campesino del Nororiente, y no son los únicos, la paz no se puede lograr en el marco del sistema económico actual, en particular si no se da un alto a las políticas de locomotora minera.

Naciones Unidas

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, condenan el asesinato del señor Ever Cordero Oviedo, líder comunitario, desplazado y presidente de la mesa de víctimas de Valencia, Córdoba, quien ayer antes de su muerte se encontraba en Valencia organizando los eventos conmemorativos del día de las víctimas.

“Nos preocupa esta muerte violenta porque es el segundo asesinato en las últimas dos semanas que afecta a líderes de tierras en Valencia. El señor Ever Cordero tenía amplia trayectoria y era reconocido por las instituciones y la sociedad civil por su liderazgo en temas de tierras y de víctimas”, dijeron los representantes de estas agencias de la ONU.

Las agencias de la ONU, que suscriben este comunicado, expresan sus condolencias a los familiares del señor Cordero, y al movimiento de víctimas en el país.

Las agencias de la ONU expresan su consternación y preocupación por la falta de protección eficaz que enfrentan las víctimas en varias regiones del país, y por la situación de violencia, control, presiones y amenazas que viven ante la presencia de diferentes grupos armados.

Las agencias de la ONU instan a las autoridades pertinentes a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de este crimen, y de otros crímenes de víctimas ocurridos en los últimos años, ya que superar la impunidad es imprescindible para lograr una verdadera protección de las víctimas en Colombia.

Las agencias de la ONU esperan que las instituciones del Gobierno, entre ellas la Unidad Nacional de Protección, puedan tomar medidas efectivas para proteger la vida y la seguridad de los defensores de derechos humanos, haciendo énfasis especial en aquellos líderes y lideresas que se encuentran en las regiones.

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, denuncia la amenaza
recibida el día de 1 de abril de 2013 contra 92 organizaciones y
líderes sociales y políticos, a quienes estigmatiza y declara como
“objetivo militar permanente y enemigos”, por “atacar las buenas y nobles
intenciones del alto gobierno a favor de la paz, o de lo contrario irán más
allá de las amenazas…”

En el panfleto se amenaza a organizaciones como: SINTRAMIENERGÉTICA,
FUNTRAENERGÉTICA, SINTRACARBÓN, FUNDACIÓN ARCO IRIS, CPDH, MOVICE, CODHES,
COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, y el PDA, etc.

Además se nombran dirigentes sindicales y defensores de los derechos
humanos de reconocida trayectoria como: Yonis Ojeda Lobo, Sabas Brito
Mendoza, Horacio Llanos, Sergio Becerra Moreno, Igor Díaz López, y los
Senadores Alexander López, Jorge Enrique Robledo y Guillermo Jaramillo,
entre otros.

Este grave hecho se suma a las 991 amenazas que han proferido estos grupos
al movimiento sindical colombiano durante el gobierno del Presidente Juan
Manuel Santos en medio que no se conoce ninguna acción de la justicia
contra los autores materiales o intelectuales, lo que permite la violación
generalizada de los derechos humanos y una flagrante impunidad, cuando lo
que sufrimos es una sistemática revictimización, como lo vivimos en el mes
de enero que recibimos del mismo grupo “Los Rastrojos Comandos Urbanos”,
una amenaza colectiva a las organizaciones sindicales, incluida la CUT
Nacional, y lo más preocupante es el silencio guardado por las autoridades,
agravado con que no se ha determinado ninguna nueva medida de protección a
los dirigentes afectados por esta amenaza.

Rechazamos las acusaciones sin fundamento hacia los líderes y defensores de
derechos humanos de tener presuntos vínculos con la insurgencia y exigimos
las garantías constitucionales a los derechos fundamentales de libertad
sindical y de asociación. Nos preocupa que en momentos en que se han
abierto procesos de diálogo y solución política negociada al conflicto
armado, el Estado omita su responsabilidad constitucional de aplicar
justicia a quienes desde la ilegalidad atentan contra la convivencia
democrática.

Por lo anterior instamos al Estado colombiano, al Presidente de la
República, al Ministerio del Interior, y la UNP a proteger y garantizar la
vida e integridad física de las personas y organizaciones que en este
panfleto son nombradas.

Llamamos a la comunidad nacional e internacional, y al movimiento sindical
internacional a expresar su rechazo y enviar pronunciamientos al gobierno
colombiano frente a esta grave amenaza.

El CPDH-Nariño

Denuncia ante la comunidad nacional e internacional la presunta TORTURA Y
EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL de la que fueron víctimas los
señores GUMERCINDO GUERRERO PRECIADO Y JOHN FREDDY GARCÍA BASTIDAS el pasado 4 de marzo en la vereda Paraíso, municipio de Roberto Payán por parte de la brigada del Ejército Nacional que opera en la costa pacífica del departamento de Nariño.

HECHOS:

1. Aproximadamente a las 12 del día 4 de marzo de 2013 posterior al
combate sostenido entre tropas del Ejército Nacional y miembros del grupo
subversivo de las FARC – EP, fueron retenidos los Señores GUMERCINDO
GUERRERO PRECIADO Y JOHN FREDDY GARCÍA BASTIDAS quienes luego fueron
trasladados a la capitanía del puerto de Tumaco lugar al cual ingresaron con vida.

2. El día 5 de marzo de 2013 sus familiares conjuntamente con un abogado
acudieron a la Capitanía del puerto de Tumaco y lograron información
tendiente a que los retenidos se les realizaban prácticas de tortura con el
objeto de obtener información.

3. El 7 de marzo de 2013 los cuerpos sin vida de los Señores GUMERCINDO
GUERRERO PRECIADO Y JOHN FREDDY GARCÍA BASTIDAS fueron entregados a sus familiares en el Hospital de Tumaco con evidentes signos de tortura y
quemaduras con ácido en su rostro.

Se puede observar que esta práctica de ser cierta, desconoce la
normatividad colombiana, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que de acuerdo al Código
Penal Artículos. 135, 137 y 178 esas conductas corresponden a los delitos
de Homicidio en Persona Protegida, Tortura en Persona Protegida y Tortura;
en términos del Derecho Internacional Humanitario que protege a las
personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y
restringe los medios y métodos de combate, este homicidio se reconoce como
Ejecución Extrajudicial o sumaria, pues de haber sido detenidos,
correspondía a los militares Respetarles la vida y la dignidad humana, sus
derechos, ponerlos en manos de la autoridad competente para adelantar el
debido proceso y no someterlos a vejámenes y actos de barbarie proscritos
por nuestra Constitución Política y la normatividad internacional.

Por los hechos denunciados:

RESPONSABILIZAMOS: Al Estado Colombiano, al Ministerio de Defensa al
Ejército Nacional de Colombia representado en el Batallón de Infantería de
Marina que opera en la costa pacífica nariñense, vereda paraíso, municipio
de Roberto Payán y a la Capitanía del Puerto de Tumaco donde unidades del
ejército cometen los crímenes mencionados.

*EXIGIMOS: *Al Ejército Colombiano, la Infantería de Marina y sus miembros
que operan en el pacífico nariñense, responsables de la comisión de estos
crímenes individualizar, investigar y sancionar disciplinariamente a los
responsables al tiempo que remitir el diligenciamiento a la Justicia Penal
Ordinaria, toda vez que es claro que estos delitos son considerados como de
Lesa Humanidad y no pueden ser amparados por El Fuero Penal Militar.

A la Fiscalía General de la Nación adelantar la investigación exhaustiva
que permita esclarecer la verdad de los hechos y se aplique con rigor la
justicia.

A la Procuraduría General de la Nación hacer el seguimiento a las
investigaciones tanto disciplinarias como penales que el caso amerita.

INSTAMOS: A la Comunidad Internacional, a las Organizaciones Sociales y
Defensoras de Derechos Humanos acompañar y estar atentos al desarrollo de
la investigación.

Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos – Nariño

La solidaridad es el arma más útil para desplegar en la lucha. El despojo de tierra, discriminación por parte de las fuerzas armadas, la estigmatización y la falta de apoyo del Estado, son temas que conocen todos los campesinos de los Montes de María.Aunque cada finca tiene su historia y sus obstáculos, el discurso de juntarse y gritar por una voz es algo con que todos pueden estar de acuerdo.

MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE Capítulo Sucre, denuncia una vez más nuevos actos de amenazas e intimidaciones en contra de varios miembros de la Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar al igual que en contra del congresista IVAN CEPEDA CASTRO e INGRID VERGARA CHAVEZ, secretaria técnica del Movice, Capitulo Sucre

Hechos:

El día 11 de marzo 2013 a las 10:30 PM la defensora de Derechos Humanos y miembro de la mesa de Víctimas del municipio del Carmen de Bolívar MARY LUZ VASQUEZ recibió un mensaje de texto a su celular número 3106201760 proveniente del celular número 31267870. El mensaje expresaba:
“guerrilleros GUSTAVO FGARDO MARILUS RONAL LUIS ALFREDO ROBINSON CASTILLA MARQUEZA MRIVEL SIGUEN DENUNCIANDO Y COBRANDO VACUNAS PARA IVAN CEPEDA Y INGRI Y LAS PLATAS LAS LLEVAN LOS GUERILLEROS NAYIVI EL SAPO DE EDGARDO CON MARILUZ CREEN QUE EL EXPARACO DEL PERSONERO LOS BA HA SALBAR EL REMEDIO PARA USTEDES ES LA MUERTE YA ESTAMOS EN EL PRADO AORA LAMEN A LA POLICIA SI ELLOS ESTAN CON NOSOTROS Y BAMOS POR TODOS USTEDES LLAMEN A IVAN CEPEDA O A INGRI”.

El día 14 de marzo de 2013 en horas de la noche a las 8 y 53 de la noche, la defensora de derechos humanos e integrante de la Mesa de Víctimas del municipio del Carmen de Bolívar MARY, LUZ VASQUEZ, recibió un mensaje de texto amenazante a su celular número 3106201760; el mensaje fue enviado desde el celular número 3126787072. Dice lo siguiente:

“MALPARIDOS GUERRILLEROS NO HAN HECHO CASO PERO NO PASARAN DEL CATORCE DE MARSO EDGARDO MARILUS MARIVEL LUIS ALFREDO ROBINSON CASTILLA MARQUESA RONAL GUSTAVO NAYIVI O SUS HIJOS SANGRE EN EL CARMEN”.

Antecedentes

La Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar fue creada en 17 de febrero 2012. Es un espacio de coordinación de las victimas para la exigencia de Derechos en el marco de la ley 1448 y su capítulo sobre la Restitución de Tierra, desde su existencia varios de sus miembros han sufrido varias amenazas, las cuales han sido denunciadas ante las autoridades competentes sin que hasta el momento se den ningún resultados sobre las investigaciones realizadas. A continuación citamos estas amenazas.

El día 20 de febrero del 2013, a las 09:38 a.m., MARILUZ VASQUEZ recibió un mensaje de texto del celular 3126575791 a su número privado 3106201760. El mensaje dice:

“HOLA GUERRILLEROS LO QUE FALTA ES QUE SE SIENTEN EN LA MESA DE DIALOGO EDGARDO MARILUZ MARIVEL MARQUESA ROBINSON RONAL GUSTAVO LUIS ALFREDO QUE SON LOS QUE PIDEN VACUNAS EN TODOS LOS MONTES DE MARÍA COMANDADOS POR CEPEDA HAY QUE SALIR DE USTEDES”.

El día 6 de marzo 2013, varios miembros de la Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar se dirigían hacer un acompañamiento a las víctimas al corregimiento de San Isidro municipio del Carmen de Bolívar y además estaban con dos funcionarios de la personería del municipio del Carmen de Bolívar. En ese momento entró un mensaje al celular de MARILUZ VASQUEZ número 3106201760 el mensaje de texto decía “EDGARDO, MARYLUZ, RONALD, MARIVEL, MARQUEZA, ROBINSON, LUIS ALFREDO, ROBINSON CASTILLA, MARQUEZA GUERRILLEROS NO QUIEREN ENTENDER QUE NOSOTRSO SOMOS LOS QUE MANADAMOS EN LA ADMINISTRACION QUIEREN MUERTE YA VEMOS O NOS TOCARA CAMBIAR AL PERSONERO, QUE ESTA CON USTEDES, SABIENDO QUE EL TIENE QUE HACER LO QUE NOSOTROS DIGAMOS”.

MARILUZ VASQUEZ llamó de inmediato a los demás acompañantes de la misión, para contar lo que pasaba. Estando en el desarrollo de la actividad en el municipio de San Isidro Labrador, recibieron el segundo mensaje de texto del mismo número donde llegó la llamada anterior que decía “ESGARDO, MARYLUZ, RONALD, MARQUEZA, EL PERSONERO EL TORCIDO ESE QUE QUIERE HECER DIGALE QUE SALVE A LOS TRES QUE VAMOS A MATAR HOY O A TRES DE SUS HIJOS TENEMOS QUE ACABAR CON USTEDES GUERRILLEROS, HOY EMPIEZA LA GUERRA BUSQUENSE EN FACEBOOK COMO ESTAN UNIFORMADOS DE LAS FARC. MARYLUZ VASQUEZ”. Se comunicó enseguida con varios miembros de la Mesa de Víctimas y les informó lo ocurrido. De igual manera los funcionarios de la personería que acompañaban la misión se comunicaron con las autoridades las cuales les dijeron que abandonaran el lugar, pues según ellos, no había seguridad para ellos en el sitio.

Exigencia:

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Capitulo Sucre, ve con mucha preocupación la grave situación de seguridad por la cual atraviesan los miembros de la Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar y el Movice, así como los procesos que ellos acompañan en defensa del territorio y los Derechos Humanos.

De igual manera hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes encargadas de la protección de estos defensores y defensoras de derechos humanos a que se les brinde las medidas de protección necesarias para el libre desarrollo de sus actividades de acompañamiento a víctimas, medidas que deben ser acordadas con los beneficiarios.

También hacemos un llamado urgente a los entes encargados de investigar a que se realicen las acciones pertinentes para investigar, judicializar y sancionar a las personas o grupos que han estado amenazando la labor de estos defensores de derechos humanos.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capìtulo Sucre

MOVICE

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia ante los organismos de control, la comunidad nacional e internacional y las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos las violaciones de derechos humanos que se dieron el miércoles 13 de marzo de 2013 al rededor de las 10:08 am, en donde se produjo una fuerte explosión frente a la sede de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), organizaciones Defensoras de Derechos Humanos que hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE), en el departamento de Norte de Santander.

Aproximadamente a las 7:00 am, cuando Olga Quintero, miembro de junta directiva de la asociación, llegaba a la oficina; se percató de ser vigilada por un hombre que conducía una motocicleta negra y portaba un casco integral que le cubría el rostro, quien hablaba por celular mientras la observaba. Pero en el momento que el individuo se dio cuenta de que ella lo había visto, dejó de hablar por teléfono y disimuló. Lo cual hace suponer que podría tratarse de un seguimiento por parte de actores armados ilegales, momentos antes de la detonación.

Posteriormente, dos hombres en una motocicleta RX 115 negra, pese a la prohibición de “parillero” que rige en la ciudad de Cúcuta debido a los altos índices de inseguridad y sicariato, pasaron a baja velocidad frente al inmueble donde funcionan las dos Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos y arrojaron un explosivo de bajo poder contra la reja de la casa, el artefacto rebotó y explotó aproximadamente 3 segundos después de ser lanzado, mientras los motorizados se alejaron a gran velocidad hacia la avenida Guaimaral.

Aunque no hubo daños físico o materiales que lamentar, en la sede ni en las viviendas vecinas, los miembros de las organizaciones si consideran que la situación no ha sido fortuita ni casual y que obedece al accionar del paramilitarismo en la ciudad de Cúcuta. “Por supuesto entendemos que, esta situación, tiene que ver con nuestro trabajo en defensa de los Derechos Humanos en la región del Catatumbo, el impulso de la Constitución de una Zona de Reserva Campesina, lo cual ha sido una propuesta estigmatizado desde el mismo Ministerio de Defensa”.

Desde el día de ayer, se viene desarrollando la asamblea general del equipo ejecutivo de la Junta Directiva de ASCAMCAT y la mayoría de los directivos se encontraban en el interior del inmueble en el barrio Ceiba 2 de Cúcuta en el momento en que se presentaron lo hechos, cabe resaltar que varios de ellos cuentan con medidas de protección por parte del Ministerio del Interior y Justicia, entre ellos: José del Carmen Abril, Juan Carlos Quintero, Guillermo Antonio Quintero y Olga Lucía Quintero.

“Debido al accionar paramilitar en la ciudad de Cúcuta, tememos por nuestras seguridad ya que, uno de los modos en que actúan es arrojando granadas al interior de las casas para acabar indiscriminadamente con cualquier persona que se encuentre allí en ese momento”.

“Es más preocupante aún si tenemos en cuenta, que debimos insistir por espacio de 20 minutos para poder contactarnos con la policía; si las respuesta de las autoridades no es eficaz, el riesgo de para nosotros es mayor”. Así lo aseguró uno de los voceros de la asociación que se encontraba allí en el momento en que se presentaron los hechos.

Después de varios intentos a la lineas 112 y 123, pudieron comunicarse con la Policía Nacional y luego de 40 minutos de hacerse presentado los hechos, acudieron al sitio varios agentes de policía para apersonarse de la situación. El Teniente Coronel Zapata de la policía Metropolitana de Cúcuta, arribó también a la sede de la asociación para atender directamente la situación y ofreció medidas de protección para la oficina.De la misma manera, el Capitán Torres, de la MECUC y agentes especialistas en explosivos inspeccionaron los restos que dejó la explosión.

Cabe anotar que este no es el primer incidente de seguridad que del que son víctima los miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo, ni el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. El pasado 7 de Enero, de este año, en el municipio de Ocaña, 2 desconocidos que se movilizaban en motocicleta, en un intento claro de atentar contra sus vidas, persiguieron e intentaron colocar una granada en la parte delantera del carro donde se movilizaban Olga Quintero, Juan Carlos Quintero y Guillermo Antonio Quintero, miembros todos de la Asociación.

ASCAMCAT y la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, solicitan la atención de la comunidad internacional para que trasladen su preocupación a las autoridades colombianas, demandándoles garantías de seguridad para los miembros de la asociación y de la CCALCP. Así mismo responsabilizan al Estado Colombiano por cualquier atentado o incidente de seguridad que se presente contra los miembros.

Exigimos al Gobierno Nacional

1. Tomar las medidas necesarias en aras de garantizar y proteger los derechos fundamentales de los y las integrantes de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP) y en general de los miembros del Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE), en el departamento de Norte de Santander.
2. Que la Fiscalía General de la Nación y demás organismos de control investiguen los hechos acá denunciados y se individualicen a los responsables. con el fin de iniciar un camino eficaz para la superación de la impunidad.

Solicitamos a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos.

1. A la comunidad internacional. Enviar cartas a las diferentes instituciones locales y nacionales en apoyo al trabajo de los Defensores de Derechos Humanos y hacer un monitoreo constante de lo que pasa en el día a día en el departamento de Santander.
2. Se continúe con el seguimiento y los monitoreos frente a la gravísima situación de derechos humanos por el que atraviesan los y las defensoras de derechos humanos en Colombia.
3. Exigir al Gobierno Colombiano una respuesta frente a las investigaciones que se han hecho en cuanto a las violaciones de derechos humanos contra organizaciones y miembros que hacer parte del MOVICE.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
MOVICE

El movimiento de Victimas de Crímenes de Estado capitulo Sucre, la Asociación de trabajadores agropecuarios y campesinos del departamento de Sucre ASOTRACDES-FENSUAGRO y las comunidades de: Pedregal, Damasco, Villa Colombia, Medellín, El Campin, La Conquista, el Charcón, La Represa, La Coquera, las Babillas, Oso, San Francisco, Loma el Banco, Noche Oscura, Borrachera, Capiro, Mira Mar, Los Andes, La China, Sabaneta, La Represa ubicadas en el municipio de Ovejas denunciamos los siguientes hechos:

Desde el día 26 de febrero de 2013, a las 3 de la tarde, las comunidades campesinas descritas con anterioridad, todas ellas desplazadas por la violencia y retornadas, se encuentran sin el servicio de anergia eléctrica. Dada esta circunstancia y después de haber agotado todos los recursos de diálogo y conversación con los entes encargados de suministrar este servicio público, y al no encontrar ninguna respuesta después de 15 días sin energía eléctrica, las comunidades decidieron realizar una protesta pacífica en la Trocal del Caribe en el lugar llamado el restaurante el cura a 7 kilómetros del municipio de Ovejas; la protesta empezó en horas de la tarde.

Estando los campesinos en el lugar aproximadamente a las 3 de la tarde, llegaron el grupo de escuadrones de antidisturbios ESMAD, disparando gases lacrimógenos sin ninguna consideración, golpeando e hiriendo a muchos de los campesinos que se encontraban de manera pacífica en el lugar de la protesta. Denunciamos de igual manera que en esos momentos el bus escolar del municipio de Ovejas que transportaba estudiantes a esa hora, iba pasando por el lugar de los hechos, situación que los miembros del ESMAD no respetaron y los jóvenes y niños que se trasportaban en el vehículo recibieron lesiones por el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos. Los miembros del ESMAD que se transportaba en moto ingresaron de forma violenta a las casa de los campesinos de la vereda el Palmar y Pedregal, sacando a golpes a los campesinos acusándolos de ser guerrilleros y “gonorreas hijueputas”.

Exigencias:

El movimiento de Victimas de Crímenes de Estado Capitulo Sucre, la Asociación de trabajadores agropecuarios y campesinos del departamento de Sucre ASOTRACDES-FENSUAGRO y las comunidades de: Pedregal, Damasco, Villa Colombia, Medellín, El Campin, La Conquista, el Charcón, La Represa, La Coquera, las Babillas, Oso, San Francisco, Loma el Banco, Noche Oscura, Borrachera, Capiro, Mira Mar, Los Andes, La China, Sabaneta, La Represa ubicadas en el municipio de Ovejas hacemos las siguientes exigencias:

1- Estas comunidades fueron desplazadas por la violencia en el año de 2001 y retornados en el año de 2005, en el retorno se realizaron unos acuerdos y compromisos anivel nacional, departamental y municipal. En esto acuerdos se planteó la necesidad de resolver los derechos fundamentales de la comunidad, entre ellos el acceso a los servicios públicos básicos; hasta el momento ninguno de estos acuerdos se ha cumplido y hoy encontramos a unas comunidades sumidas en una pobreza absoluta, razón por la cual exigimos establecer una mesa de diálogo entre la comunidad y el gobierno nacional, departamental y municipal para concertar el cumplimiento de los planes de retornos establecidos en los acuerdos pactados con las comunidades campesinas.

2- Que se investigue y sancione los atropellos y abuso de autoridad perpetrados por el ESMAD y la policía en el marco de la protesta pacífica realizada por esta comunidades campesinas.

3- Exigimos que el alcalde del municipio de Ovejas, como máxima autoridad del municipio, asuma su compromiso con la defensa de los derechos de estas comunidades vulnerables.

4- Solicitamos a los entes de control e investigación que sean vigilantes frente a los derechos vulnerados a estas comunidades, teniendo en cuenta que muchas de estas veredas son objeto de protección especial, según el informe de riesgo elevado a alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.

Movimiento de víctimas de crímenes de estado capitulo Sucre.

La Asociación de trabajadores agropecuarios y campesinos del departamento de Sucre ASOTRACDES-FENSUAGRO.

Comunidades de: Pedregal, Damasco, Villa Colombia, Medellín, El Campin, La Conquista, el Charcón, La Represa, La Coquera, las Babillas, Oso, San Francisco, Loma el Banco, Noche Oscura, Borrachera, Capiro, Mira Mar, Los Andes, La China, Sabaneta del municipio de Ovejas Sucre