“Limpiar y mantener”: falsos positivos y eliminación de la organización social

Informe de la ACVC sobre la violación de derechos humanos y de infracciones  al derecho internacional humanitario en el Valle del Río Cimitarra: 2004 -2008

Listado de siglas utilizadas

DDHH – Derechos Humanos
DIH – Derecho Internacional Humanitario
CREDHOS - Corporación Regional Para la Defensa de los Derechos Humanos 
BCB- Bloque Central Bolívar 
AUC - Autodefensas Unidas de Colombia 
FARC – EP – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
ELN – Ejército de Liberación Nacional
OFP – Organización Femenina Popular
REINICIAR -  Corporación para la defensa y promoción de los DDHH
ACVC – Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra  
USO – Unión Sindical Obrera
ECOPETROL – Empresa colombiana de petróleos
ETTDDHH - Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos
CAHUCOPANA – Corporación Acción Humanitaria para la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
DAS- Departamento Administrativo de Seguridad
ZRC- Zona de Reserva Campesina

La Región

El Valle del Río Cimitarra hace parte de la región del Magdalena Medio, ubicada al nororiente del país. El Magdalena Medio se extiende  a lo largo de más de 400 kilómetros del Valle Medio del Río Magdalena, abarca 41 Municipios de Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Boyacá, Santander, Bolívar, Cesar y Magdalena. El Magdalena Medio es una región de poblamiento reciente y de desplazamientos forzados masivos asociados a actividades extractivas (pesca, madera, oro, petróleo, marihuana, coca) y a coyunturas políticas (la guerra de los mil días, la violencia liberal-conservadora, el surgimiento de las guerrillas, el surgimiento del paramilitarismo actual). 

El Magdalena Medio no es una región político-administrativa, inicialmente el concepto de región fue introducido por el ejército colombiano para definir una territorio de “orden público”  en un vasta zona de colonización campesina. Con el tiempo, los procesos sociales, políticos y económicos fueron configurando una región geográfica y cultural, con una importancia económica estratégica para la élite económica y política del país, caracterizada por ciclos de integración y desintegración y conflictos irresueltos alrededor de las economías de enclave (explotación y refinación petrolífera, minería aurífera, palma africana), la concentración y tenencia de la tierra, la ganadería extensiva y el narcotráfico.

El valle del río Cimitarra a su vez se haya subdividido geográficamente en tres subregiones demarcadas por la serranía de San Lucas y el Río Cimitarra: nordeste antioqueño (Municipio de Remedios), valle del río Cimitarra (Municipios de Yondó y Cantagallo) y sur de Bolívar ( Municipio de San Pablo). La extensión territorial de la Zona de Reserva Campesina - ZRC es de unos 500.000 kilómetros cuadrados y cuenta con una población aproximada de 500.000 habitantes.

La ACVC también desarrolla actividades en Barrancabermeja, capital regional donde tiene su oficina central, en el Municipio de Simití y recientemente en la zona de Guamocó, en el Municipio de Santa Rosa.

La situación de DDHH

El somero contexto regional anterior enmarca las graves violaciones a los derechos humanos que han sido una constante durante las últimas décadas en el Valle del Río Cimitarra. Situación que continuó agravándose durante el periodo comprendido entre inicios de 2004 e inicios de 2008.  Control político, social, económico y militar en cascos urbanos y zonas rurales de la región por parte del paramilitarismo, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, amenazas, torturas, violaciones a la libertad de prensa, desplazamientos forzados, fumigaciones indiscriminadas del Plan Colombia, infracciones al DIH, bloqueos alimentarios y sanitarios, ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército y criminalización de las organizaciones sociales caracterizan la situación que ha sido catalogada como de “crisis humanitaria” por parte de la iglesia, de organizaciones sociales y  de defensa de los derechos humanos.
   
Con la supuesta desmovilización paramilitar y la implementación de la “ley de justicia y paz” por medio de la cual el gobierno busca garantizar la impunidad para los perpetradores de crímenes de guerra y de violaciones a los derechos humanos se ha visto un cambio de modalidades en la ejecución de las violaciones. Se pasó de la incursión de grupos paramilitares en las zonas rurales, del control parcial de estas zonas y del control de los accesos a estas zonas, donde se asesinaba y extorsionaba a los pobladores rurales, a la modalidad de la desparición forzada y el asesinato selectivo, al sicariato por parte de grupos que se hacen llamar “aguilas negras”. Por su parte el ejército retomó la práctica de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos de campesinos, los que son presentados posteriormente como guerrilleros dados de baja en combate (“falsos positivos”).

Las violaciones a los derechos humanos producto de la violencia política y la represión estatal contra las organizaciones sociales han derivado en la criminalización de organizaciones, mediante la modalidad de judicializaciones basadas en “informes de inteligencia” del ejército y el DAS, así como en testimonios de informantes a sueldo, desertores de la guerrilla e incluso de antiguos habitantes de la región, a los que mediante coerciones, intimidaciones y sobornos se les ha convertido en informantes contra sus anteriores vecinos.

“Limpiar y mantener”

Durante estos años la Acción Integral del ejército (que entre otras cosas, según el comando sur, debe ser una coordinación interagencial civil-militar)  en el territorio del Valle del Río Cimitarra había consistido en organizar actividades paralelas a las que gestiona la ACVC. El Ejército se ha dedicado también a participar de manera deliberante en cuanta actividad de interlocución hemos realizado con las instituciones estatales y gubernamentales. Últimamente, se ha centrado en oponerse a la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, papel que antes desempeñaban los alcaldes puestos por el paramilitarismo, el senador  Carlos Arturo Clavijo, vinculado recientemente a lo que llaman ”el caso  de la parapolítica” y los jefes de las bandas paramilitares. 

El 29 de Septiembre de 2007 eran allanadas nuestras sedes y detenidos por agentes del DAS y efectivos del Ejército Nacional nuestros compañeros Andrés Gil, Evaristo Mena, Óscar Duque y Mario Martínez, actualmente recluídos en la cárcel Modelo de Bucaramanga. Al mismo tiempo eran emitidas otras 7 órdenes de captura contra  el resto de dirigentes y miembros de la Junta Directiva de la ACVC: Luis Carlos Ariza, Gilberto Guerra, Miguel Cifuentes, Miguel González Huepa, Ramiro Ortega, Wilson Vega y Eladio Polo.

Existen en el expediente de la Fiscalía otros 7 nombres de personas con órdenes de captura, a quienes hacen ver como parte de la ACVC. Estas otras personas, algunas de las cuales ni siquiera conocemos, nunca han pertenecido a nuestra organización. Como caso relevante entre estas se encuentra Sandra Solano, una ex-funcionaria del Programa de Desarrollo y Paz de Magdalena Medio – PDPMM, (entidad que ejecuta la estrategia de cooperación europea denominada Laboratorio de Paz) y del Fondo Mundial para la Naturaleza – WWF (por sus siglas en inglés) que jugó un importante papel en la implementación de la cooperación europea en la región y quien debiera abandonar el país debido a los señalamientos del senador Carlos Arturo Clavijo. 

En el expediente existen cuatro líneas claras de sindicaciones que se expresan en boca de 18 informantes (desertores de la guerrilla,  campesinos habitantes de la región ”reinsertados” e informantes a sueldo) y de informes de inteligencia del DAS y de la policía(El ejército se ha cuidado de aparecer en el expediente como fuente de los informes de inteligencia): 1. La ACVC es un aparato político de las FARC. 2, La ACVC calumnia y denigra del ejército por orden de las FARC. 3. La ACVC obtiene ingresos por compra y venta de pasta de coca y  4. La ACVC financia a las FARC a través de los proyectos de cooperación del PDPMM y del Laboratorio de Paz de la Unión Europea.
Antes de detallar las sindicaciones es necesario decir que el expediente y sus anexos no presentan ninguna prueba por las supuestas actividades ilícitas de la ACVC englobadas en la sindicación genérica de Rebelión. Afortunadamente el fiscal se abstuvo de tener en cuenta, al menos por ahora, otros absurdos contenidos en el expediente, como un caso de secuestro, el hurto de búfalos y el robo continuado de gasolina en el que estarían inmersos directivos de la ACVC, disparates que bien reflejan el grado de montaje y de maquinación que representa la actual persecución política contra la ACVC.

Frente a la primera sindicación cabe recordar que la ACVC es una organización social campesina, democrática y legalmente constituida que tiene una junta directiva y unas esructuras de trabajo (equipo administrativo, equipo de campo, equipo técnico, equipo de comunicaciones) que se eligen y designan en asambleas generales  realizadas periódicamente de acuerdo a los estatutos de la organización. La ACVC es interlocutora de instituciones y organismo nacionales e internacionales. La ACVC ha afirmado acuerdos con los últimos tres gobiernos de Colombia, incluso con el de Uribe Velez, después de  movilizaciones campesinas realizadas para exigir el derecho a la vida e inversión social en nuestra región.

Los informantes manifiestan que “los miembros de la ACVC hablan con la guerrilla”. La ACVC ha manifestado en numerosos espacios que nuestra política en pro del desarrollo, la justicia, la convivencia y la paz implica una interlocución permanente con las partes del conflicto. La sociedad regional sabe que hemos interlocutado con todas las guerrillas presentes en la región, que hemos llegado a acuerdos humanitarios necesarios para mitigar el impacto de la guerra sobre el campesinado y que cuando las guerrillas han infringido el DIH la ACVC las ha denunciado públicamente.

La ACVC ha interlocutado permanentemente con el Estado, con el ejército y sus instituciones, llegando a acuerdos en materia de desarrollo y derechos humanos, desafortunadamente siempre incumplidos. La ACVC le ha exigido al Estado colombiano desligarse de estrategias y prácticas irregulares de guerra sucia contra pobladores civiles, así como llevar a la justicia a los agenciadores y sicarios del paramilitarismo en la región. La ACVC le ha dicho al Estado colombiano que mientras no respete el principio de distinción y sea un violador de derechos humanos es ilegítimo ante  el campesinado. Nadie quiere a quien le mata.

En referencia a la segunda línea de sindicaciones, vale anotar que una gran parte de nuestras denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales y paraestatales han sido verificadas por organizaciones nacionales e internacionales. Incluso antes del gobierno de Uribe cada una de nuestras denuncias por hechos violatorios graves eran verificadas por el Ministerio del Interior. La ACVC denuncia porque se violan derechos humanos, porque es nuestro deber ético, la denuncia y el deseo de hacer justicia buscan que las atrocidades que vivimos a diario no se repitan. 

En nuestro país existe un marco constitucional, unos protocolos y convenios internacionales firmados por el estado colombiano  e incluso unas normas de la guerra que se deben respetar y existen unos mecanismos de impunidad institucionalizados que permiten que todo lo anterior se irrespete. Solo faltaría que las víctimas no pudiesen del todo denunciar las violaciones a las que son sometidas.

Respecto a la tercera línea  de sindicaciones, busca hacer ver que la ACVC es una organización de narcotraficantes: La ACVC ha participado en numerosos foros nacionales e internacionales planteando una salida estructural al problema de los cultivos de coca y al narcotráfico, proponiendo una formula de sustitución de la coca en el corto plazo que se está ensayando en la aldea comunitaria de Puerto Matilde. La fórmula es muy sencilla para que funcione, condiciones de vida digna, proyectos productivos de autonomía alimentaría  y un poco de tranquilidad, es decir sin fumigaciones ni represión militar ni calumnias. Los búfalos de Puerto Matilde, por ejemplo, no son robados, fueron adquiridos con dinero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Los campesinos de nuestra región viven en gran parte de la coca porque no tienen otra alternativa y cuando han optado por una de manera autogestionada se han visto abocados al fracaso debido a  la absurda intervención represiva del Estado: los semilleros de cacao y algunos cultivos han sido fumigados en el proyecto de  San Pablo. ¿El estado colombiano realmente quiere que se sustituyan los cultivos? Pese a la propaganda gubernamental siempre hemos mantenido que los campesinos cocaleros no son narcotraficantes y hemos denunciado el crimen de las fumigaciones indiscriminadas que destruyen los pastos del ganado y los cultivos de pancoger, envenenan el agua , matan las gallinas, enferman a los niños y hacen abortar a las mujeres. 

Según la cuarta línea de sindicaciones todo el dinero que nosotros hemos gestionado para proyectos de desarrollo es para las FARC. Los informantes hablan de que los proyectos son realmente testaferrato para beneficiar a la guerrilla. Un informante se atreve a aseverar que el proyecto de la Cruz Roja Española, financiado con el proyecto ECHO de la Unión Europea y que consiste en brigadas de salud sirve para introducir logística, municiones y armas a la guerrilla. 

Según estas sindicaciones la Unión Europea estaría financiando a las FARC  a través de la ACVC y el PDPMM. Los informantes dicen que Francisco de Roux, director del PDPMM y del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio es plenamente conciente de esta maniobra y se extienden contra él en una serie de señalamientos, donde lo menos que afirman es que es auxiliador de la guerrilla.

La ACVC ha sido la organización más crítica con el actual modelo de cooperación de la unión europea materializado en el laboratorio de paz del Magdalena Medio. Pero las cosas en su sitio, decir que el modelo es  para financiar a las FARC solo sirve para desarticular una relación de cooperación multilateral que hace parte de un proceso que es necesario mejorar, no destruir.

El expediente de la fiscalía contra la ACVC sirve para transparentar un ataque al modelo de cooperación internacional actual en las regiones, detrás del cual es muy probable que estén las instituciones militares y  el Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República. 

A nuestro modo de ver el gobierno actual busca desvirtuar el modelo de cooperación anterior para darle un carácter abiertamente contrainsurgente a la cooperación internacional  europea articulándola  a la “Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social” -  o mejor Plan Colombia II a través  de la Agencia presidencial para la Acción Social y de los Laboratorios de Paz. Se trata de pasar de la cooperación internacional para el desarrollo y la paz hacia un nuevo modelo de cooperación civico-militar que oxigene más el plan de guerra de los Estados Unidos y Uribe. 

Los resultados de lo que el gobierno llama recuperación, fortalecimiento y consolidación ya los tenemos claros. El pasado 27 de Enero fue asesinado por militares del batallón Calibio el joven campesino Miguel Ángel González Gutiérrez, se trata de el caso más reciente de falsos positivos en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. 

Este último hecho grafica tristemente la operación desplegada en el Valle del río Cimitarra desde hace tres años de manera permante que busca la “recuperación social y militar” de nuestro territorio.  Según el ministerio de defensa “El nuevo plan de guerra potencializa la experiencia adquirida en la combinación entre el componente militar y la acción integral para la recuperación social y militar del territorio."  Por su parte la política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD), programa del segundo mandato de Uribe, plantea que “se afiancen los importantes logros alcanzados en el primer cuatrienio y se avance en la recuperación final de las zonas donde aún persista presencia de grupos terroristas y narcotraficantes.”

Según el ministro de defensa Juan Manuel Santos y sus subalternos, el recuperar consta de una buena dosis de limpieza y mantenimiento: “Tenemos que ir a las zonas más apartadas donde hay narcotráfico, grupos ilegales y pobreza.’ [...] Ahora alinearemos nuestros esfuerzos de modo que lo permita al Estado de ir y limpiar y después mantener estas zonas –lo que los militares llaman ‘limpiar y mantener’ [...] ’”

Los Acuerdos de julio de 2007 e Incumplimiento de los mismos parte del Estado Colombiano.

Durante el de julio de 2007, 900 campesinos de la Zona de Reserva campesina establecen un campamento de Refugio Humanitario en la ciudad de Barrancabermeja, para exigirle el levantamiento de la suspensión de la ZRC y la superación de la crisis humanitaria generada por los continuos atropellos que la Fuerza Pública viene ejerciendo contra la población civil: ejecuciones extrajudiciales, amenazas, detenciones arbitrarias e ilegales, entre otras acciones.
A partir de esta acción de hecho emprendida por los campesinos se establece una mesa de interlocución entre el Estado y la comunidad, que da como resultado la firma de un acta de compromisos frente a los temas de Zona de Reserva Campesina, fumigaciones de cultivos de uso ilícito, Derechos Humanos y garantías de retorno para la comunidad.  Luego de formalizarse estos acuerdos con el Gobierno Nacional la comunidad decide retornar a sus sitios de origen.
El retorno y la firma de los acuerdos, distinto a lo esperado, no significó un mejoramiento de la situación de las comunidades de la Zona de Reserva Campesina y de las organizaciones presentes allí, como lo es la ACVC. Al contrario, tras los acuerdos firmados continúan la violación a los Derechos Humanos y las Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública presentes en la zona y se da paso a la judicialización de toda la Junta Directiva de la ACVC, a fin de limitar su papel de liderazgo en el restablecimiento de la Zona de Reserva Campesina y de denuncia frente al accionar de las Fuerzas Militares en la región.
En los mencionados acuerdos, uno de los puntos en los que se comprometió el Gobierno Nacional fue el respeto a los Derechos Humanos, es así como se comprometió a que “El comando de divisiones del Ejército reiterará instrucciones a la fuerza respecto a: Uso adecuado de la identificación de sus miembros, trato respetuoso y digno de las comunidades, respeto a los bienes civiles, combate a los grupos ilegales armados, el gobierno mantendrá las instrucciones para el uso responsable de informantes y desertores”. Frente a estos compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en lo referente al respeto de los DD.HH y el DIH, la situación existente en la Zona de Reserva campesina es la siguiente:
1.	Uso adecuado de la identificación por parte de los miembros de la Fuerza Pública: La comunidad continúa manifestando que los militares en la mayoría de ocasiones no se presentan ni señalan el batallón al que pertenecen ni al mando de quién se encuentran, cubren sus distintivos y nombres, utilizan pasamontañas, entre otras acciones tendientes a dificultar la identificación de los militares y por tanto la denuncia de sus acciones.
2.	Trato respetuoso y digno con las comunidades: Los militares continúan teniendo en una actitud hostil hacia las comunidades, profiriendo amenazas contra  los líderes campesinos y dificultando el desarrollo de los procesos comunitarios. A esto se suma que cuando adelantan este tipo de acciones obligan a los  campesinos a firmar un documento en el que consta el buen trato por parte de militares. 
-	El 23 de noviembre de 2007 líderes comunitarios del sur de Bolívar fueron detenidos por más de una hora por tropas del Ejército Nacional en la vereda Alto San Juan bajo el argumento de portar varios ejemplares de la revista La Marcha, uno de los órganos de difusión de la ACVC, pero que según los militares que adelantaron la acción es una revista que “saca la guerrilla”.
-	el 4 de octubre a las 6am, en el municipio de Cantagallo fue allanada la residencia del señor Ambrosio Santiago Ardila por agentes que se identificaron como miembros de la Sijín sin presentar orden de allanamiento con el argumento que desde Bogotá habían recibido la información de que desde su número celular personal se habrían realizado llamadas extorsivas. Ambrosio Santiago Ardila es un dirigente popular y comunitario quien además es el presidente del Polo Democrático Alternativo en Cantagallo (Sur de Bolívar).
-	El 14 de enero miembros del Batallón Calibio, adscrito a la 14a. brigada del Ejército Nacional, llegaron a la vereda Notepases, municipio de Yondó (Antioquia), en el sitio conocido como Matecaña abordaron al campesino Saúl Serrano Ramírez para interrogarlo por alias “Diomedes” un comandante guerrillero de las FARC. Según la denuncia dada por el señor Serrano a la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), la tropa lo intimidó y amenazó exigiéndole información sobre el insurgente.
3.	Respeto a los bienes civiles: Otra de las acciones más comunes por parte de la Fuerza Pública es el hurto de bienes de la población civil. Constantemente la ACVC recibe denuncias de robos de objetos personales, animales domésticos, dineros y enseres en general por parte de los militares. 
-	Los casos que evidencia este tipo de prácticas ilegales por parte de la Fuerza Pública es el ocurrido el 26 de septiembre de 2007 en la vereda Muribá del municipio de San Pablo, en donde soldados del Ejército Nacional al mando del teniente Mahecha llegan encapuchados a la finca del señor Salvador Martínez y luego de maltratarlos e interrogarlos por la insurgencia, le roban la suma de 5 millones 80 mil pesos. 

-	Otro hecho fue el ocurrido el 23 de noviembre de 2007 soldados ingresaron a la finca de una campesina de Alto San Juan, San pablo Bolívar,  y robaron dos cadenas, unos aretes de oro y dos millones pesos en efectivo. Adicionalmente, la amenazaron y obligaron a firmar un documento de "buen trato".

-	El 28 de enero habitantes de la zona denunciaron que soldados del Batallón Calibío llegaron a una finca y después de violentar la puerta de la casa entraron, robaron un mercado y algunas gallinas. Es de mencionar que en esta finca se encuentra el ganado de siete familias beneficiadas con el proyecto de la Corporación Ayuda Humanitaria Acción Social, que después de la movilización realizada en julio de 2007 por campesinos de la región debido a las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares, donó un mercado y dos cabezas de ganado a cada familia.

4.	Combate a los grupos armados ilegales: Aún cuando la presencia militar en la Zona de Reserva Campesina ha venido en aumento, el accionar de grupos armados ilegales en muchas ocasiones no identificados, ha venido creciendo. Así lo evidencia los siguientes casos:
-	El homicidio del señor Pedro Canole por parte de miembros del ELN en la vereda Santo Domingo del municipio de Cantagallo, el día 17 de julio de 2008. 
-	El homicidio del un joven raspachín conocido por el nombre de Jonatan, el día 27 de julio de 2007 en la vereda Alto san Juan en el municipio de San Pablo, acción adelantada según los habitantes de la zona por un grupo guerrillero.
-	Hombres armados llegan a la vereda El Tamar del municipio de Remedios, a la casa del campesino Hernán Dario Gallego, preguntan por él y al no encontrarlo golpean a su hijo Álvaro Andrés.
-	Ingreso y requisa por parte de hombres armados a la vivienda del señor José Brand y Gustavo Hernández el día 24 de agosto de 2007 en la vereda La Unión del municipio de Yondó.
-	Asesinato del señor Juan Rey en la vereda Las Colinas del municipio de San Pablo, el día 2 de enero de 2008 por parte de hombres encapuchados sin identificar.
5.	Uso responsable de informantes y desertores: Es de público conocimiento el patrullaje conjunto de militares con paramilitares desmovilizados o desertores de la insurgencia, quienes se encargan de amenazar a los campesinos y señalar a quienes serán posteriormente ejecutados extrajudicialmente y presentados como guerrilleros  muertos en combate.
Entre los casos de amenazas proferidas por paramilitares y militares están:
-	El 20 de julio de 2007, José Nelson Ramírez López, alias Arturo, paramilitar desmovilizado, envió una lista de seis personas que, según él, serán asesinadas por los paramilitares. Estas personas son: Álvaro Manzano, José Manuel Atencio, Nury Cárcamo, Raúl Guerrero, Rubén Guerrero y Telésforo Bonilla. 

-	4 de agosto de 2007 el señor Rodolfo Triana Rodríguez, alias “Galloparado”, desmovilizado de los grupos paramilitares, junto a los reinsertados conocidos con los alias de “Bombillo” y “Culeco”, dieron a un campesino de la vereda Notepases (municipio de Yondó), una lista con los nombres de varios campesinos de la vereda, diciéndole que a partir del 20 de agosto se comenzaría a asesinar a esas personas. Añadieron que ya tienen las personas encargadas de hacer los asesinatos: Bombillo, Bleyner, Culeco y dos paramilitares nuevos. Estos desmovilizados permanecen en el casco urbano de Yondó

-	8 de agosto de 2007 vía correo electrónico las organizaciones sociales reciben una amenaza de muerte por parte de un grupo que se identificó como el Bloque Central de las “Águilas Negras”.

-	El 28 de enero de 2008 desde las 8 am tropas del Batallón Calibío retuvieron en su propia casa al campesino Luis Alberto Restrepo, en la vereda Dosquebradas del municipio de Remedios, Antioquia. Los militares llegaron a la casa del señor Restrepo acompañado por el ex campesino Jesús Maria Piñeres, quien antes de hacer parte del programa de reinserción del gobierno, era afiliado a la junta de acción comunal de la vereda Puerto Nuevo Ité y era conocido en la región por ser campesino.

Los casos más recientes de ejecuciones extrajudiciales son:
- Carlos Mario García de 22 años de edad, fue detenido por el Batallón Calibío el 25 de marzo de 2007 en la vereda Ojos Claros, jurisdicción del municipio de Remedios, apareciendo muerto el 26 de marzo de 2007 cuando fue presentado por la tropa como guerrillero dado de baja en combate;
-El 27 de junio fue asesinad el campesino Cruz Adelio Brand, en hechos ocurridos el 27 de junio, quien se desempeñaba en ese momento como presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Unión municipio de Yondó (Antioquia), fue asesinado por soldados del Batallón Nueva Granada y luego lo presentaron como “guerrillero dado de baja en combate”.
-A las 5am tropas al mando del teniente Páez adscritas al Batallón Calibío de la 14a. Brigada, se llevaron al señor Parmenio Manuel Hernández Anaya, de 42 años de edad, poblador de la Zona de Reserva Campesina, quien se encontraba en su vivienda ubicada en la vereda La Poza, zona rural del municipio de Cantagallo (Bolívar). Cinco días después, en Barrancabermeja, su cuerpo sin vida es presentado a su familia con un tiro en la espalda y vestido de camuflado
-	Miguel Ángel González Gutiérrez, de 23 años de edad, miembro activo de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) e hijo de Miguel Ángel González Huepa, directivo de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), fue asesinado por tropas del batallón Calibío de la 14a. Brigada de la Séptima División del ejército colombiano, el domingo 27 de enero de 2008 en la vereda Puerto Nuevo Ité (La Cooperativa) del municipio de Remedios hacia las 7:30 de la noche.

Además de lo anterior, es de resaltar el proceso de judicialización contra la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra, quien ha liderado el proceso de levantamiento de la suspensión de la Zona de Reserva Campesina y las denuncias por violaciones de los derechos Humanos y el DIH por parte de la Fuerza Pública en la zona.
Es así como el  29 de septiembre: En la vereda El Cagüí, en la ciénaga de San Lorenzo, zona rural del municipio de Cantagallo (sur de Bolívar) fueron detenidos por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Andrés Gil, Evaristo Mena y Óscar Duque, miembros de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), quienes se encontraban en una reunión con la comunidad. Ante la oposición de los campesinos, los agentes realizaron disparos al aire. Andrés y Óscar son fundadores de la ACVC y actualmente hacen parte de la junta directiva de la asociación. Ya el 5 de octubre de 2006, Óscar había sido detenido arbitrariamente por el ejército, siendo liberado en días posteriores. Así mismo, en la ciudad de Barrancabermeja, las autoridades allanaron el apartamento de la ACVC, ubicada en el edificio La Tora. Al lugar arribaron a las cuatro de la tarde cerca de 50 soldados junto a agentes del DAS. También en Barrancabermeja fue detenido en su residencia Mario Martínez, directivo de la ACVC.  Luego, el 1ro. de octubre: es allanada la oficina regional de la ACVC, ubicada en Barrancabermeja. Son decomisados CPU, documentación y archivos de la asociación.

Después el 19 de enero de 2008 fueron capturados, por militares pertenecientes al Batallón Calibio, Miguel González Huepa y Ramiro Ortega, dirigentes de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC). La captura de los dos líderes campesinos se produjo a la 5:30 pm en la vereda Puerto Nuevo Ité (La Cooperativa) del municipio de Remedios, en el nordeste antioqueño, en el momento en que culminaban una reunión con los habitantes de la vereda. Con las nuevas detenciones son seis los dirigentes de la ACVC

CRONOLOGÍA DE LA BARBARIE: 2004-2008

AÑO 2004

14 de enero de 2004: En el sitio conocido como La Ratonera, de la vereda El Porvenir, jurisdicción del Municipio de Remedios, desde las 10 a.m. del día sábado 10 de enero hicieron presencia más de 200 hombres armados provenientes del casco urbano de Remedios. Según los testimonios de los campesinos entre los uniformados se encontraban efectivos de los Batallones Tacines y Palaguas, así como reconocidos sicarios paramilitares.

Inicialmente asesinaron al campesino Caifás N. (se desconoce el apellido), luego procedieron a asesinar al campesino Juan Carlos N. (se desconoce el apellido), en el paraje llamado Bureo. Posteriormente detuvieron a Germán Gil, campesino de 60 años, a quien le rasuraron la barba como medida de intimidación hacia los otros pobladores, para después torturarlo y asesinarlo. Todas sus propiedades fueron hurtadas, incluidas 70 cabezas de ganado vacuno.

La campesina Odilia Ochoa, fue brutalmente violada y todas sus pertenencias robadas.

http://www.prensarural.org/acvc20040114.htm

21 de enero de 2004, desde las 7 de la mañana se estableció un reten paramilitar en el sitio reconocido como la rompida a 20 minutos de la armada nacional, aproximadamente de 150 a 200 paramilitares retuvieron 4 chalupas y varios motor canoas (80 campesinos aprox), robándoles los alimentos que llevaban y algunos enceres, calculando una perdida aproximada de $15.000.000 a estos campesinos, indicando que estos no tenían el permiso para transitar ya que no fueron comprados en los sitios que ellos le han dicho a la comunidad,

El 5 de febrero, allanamiento a la vereda No te Pases, a las 5:10 AM, inicio la operación, el Capitán  de apellido Roa de Yondó, con 18 soldados, entre los cuales dos personas presuntos paramilitares, uno de ellos se llama RODOLFO TRIANA RODRÍGUEZ, con CC 15.452.085 de Yondó, con el alias de “Gallo Parao”, y el otro se llama ERMES FRANCISCO FLORES REYES, con el alias de “Pipa”.

De una casa se robaron $500.000 pesos y dos lociones avaluadas en $150.000 pesos, un par de botas Brahma para hombre, 4 pares de medias nuevas, dos desodorantes avaluados en 20.000, un mercado avaluado en 50.000, cinco galones de gasolina 30.000, una escopeta calibre 16 avaluada en 150.000, 8 cartuchos de la misma avaluados en 40.000,  entre otras cosas amenazaron a varias amas de casa y les amenazaron con quemar las casas pero al final no lo hicieron, Además se robaron algunas gallinas y cerdos. 

http://www.prensarural.org/acvc20040328.htm
  
12 de febrero, desaparecido en el casco urbano de San Pablo el señor JESÚS DANILO VALDERRAMA ARIAS, proveniente de la vereda el Jardín jurisdicción del mismo municipio, hasta la fecha no se conoce de su paradero, Este mismo día desaparecieronn al joven de 17 años de nombre DANILO MOSQUERA, proveniente de la vereda La Fría y el día viernes reconocieron el cadáver en el rió Magdalena en el sitio conocido como Canaletal, el cadáver que tenia indicios de tortura llevaba las manos atadas a la espalda.

13 de febrero, militares de la XIV BRIGADA, entraron  a la vereda Puerto Nuevo Ite y trataron mal a los campesinos con insultos y no los dejaron movilizar, además a un monumento que había a los campesinos masacrados en 1996, estos militares le pusieron una bomba y lo hicieron explotar..

17 de febrero, uniformados que decían ser militares instauraron un reten en el Puerto de la Vereda Bocas del Don Juan, restringiendo la movilización.

18 de febrero a cinco minutos de la vereda el Bocas del don Juan uniformados que decían ser paramiliatres de las AUC, instauraron un reten en el sitio conocido como Bocas del San Pedro

19 de febrero, uniformados que decían ser paramilitares llegaron a la vereda La Poza jurisdicción del Municipio de Cantagallo, todos los campesinos Aproximadamente 100 familias de esta vereda, se han desplazado selva adentro y no conocemos de su suerte.

En lo que va corrido del año, hemos conocido por denuncias por los campesinos, que en el caño el Cedro que comunica al brazo de la Rompida con el Río Cimitarra, han contado 18 cadáveres flotando en las aguas, son personas que no son de la región, presumimos que los paramilitares las traen de otras partes las  torturan y las asesinan en la Rompida y las botan al río.

http://www.prensarural.org/acvc20040328.htm

10 de marzo: Miles de personas protestaron, en el municipio de San Pablo por el asesinato de Fidel Peña, un comerciante local, de los pocos que se atrevía a mantener relaciones comerciales con los campesinos del área rural. 

Hacía las 5 y 30 de la mañana del día lunes 9 de marzo, cuando se disponía a abrir su establecimiento comercial, ubicado en pleno centro de la población  a dos cuadras de la estación de policía, el comerciante fue ultimado a balazos por dos sicarios paramilitares que se movilizaban en una motocicleta.

http://colombia.indymedia.org/news/2004/03/11077.php

20 de mayo se desarrolla un fuerte operativo paramilitar en la zona rural del municipio de San Pablo. 400 paramilitares pertenecientes  al Bloque Central Bolívar incursionaron en las veredas Alto Cañabraval, Villa Nueva, Monte Carmelo, La Golondrina, Corregimiento Cerro Azul, Bajo Cañabraval y Aguasucia,. En la Golondrina mataron a un señor de apellido Quintero, en Villanueva, capturaron y golpearon al señor Joaquín Mejía y a su hijo. En Cerro Azul mataron a Virgilio Arenise. Hasta el día 25 de mayo se encontraban unos 200 hombres en la vereda Alto Cañabraval y otros 200 en las veredas Villanueva y Monte Carmelo. En Cerro azul se encuentra otro grupo más grande.

http://www.prensarural.org/acvc20040530.htm

El 24 de mayo Alto Cañabraval: Los paramilitares llegaron. Se presentó un combate entre los paramilitares y la insurgencia desde las 11:30 am hasta las 05:00 pm. En el momento del combate estaban recibiendo clase los niños en la escuela. Al escuchar el enfrentamiento tan cerca entraron en pánico, por lo que fue muy difícil controlarlos y calmarlos por parte de los profesores. Algunos de los niños se orinaron, lloraban y gritaban. Después de estos hechos los paramilitares se tomaron al casco urbano y sus cercanías hasta el día 28, cuando comienzan a movilizarse hacia la vereda El Jardín. En la vereda Alto Cañabraval los paramilitares estuvieron tres días, este grupo quemó cuatro casas; asesinaron a Franklin Quintero y golpearon brutalmente a su esposa, torturaron a otros tres campesinos: Edwin Rúa, Javier Centeno, a Teodoro Rangel le cortaron el cabello con un machete y forzaron a trabajar a la campesina Omaira Rueda como cocinera, la cual abortó su bebé a causa de los enfrentamientos. A otros campesinos los obligaron a transportar agua y sus maletas. 
Cerro Azul: en esta vereda asesinaron a Virgilio Arenice.

http://www.prensarural.org/acvc20040630a.htm

El día 28 de Mayo los paramilitares se encontraban concentrados en la vereda Monte Carmelo. Este es un grupo de refuerzo que viene desde Córdoba con 1000 hombres y se encuentran allí, asediando, asesinando y aterrorizando a la población campesina.

El día 29 de mayo se desarrollaron combates entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares, en los caseríos de Alto Cañabraval, donde hay una población de 650 habitantes de los cuales 200 son niños. En la vereda Monte Carmelo, donde hay una población de 460 habitantes de los cuales 140 son niños, además del maltrato físico, colocan a estas comunidades como trincheras.

Vereda El Jardín: la comunidad decidió desplazarse temporalmente hacia el monte, mientras que pasaba el operativo paramilitar. Así, cuando el 29 de mayo incursionó este grupo a la vereda, no encontró a nadie y dispusieron sus casas como hospitales y vivienda y luego de utilizarlas las quemaron con todos sus enseres, quedando los campesinos con lo que tenían puesto. En total se sabe de 31 casas quemadas, se comieron muchos animales como gallinas, cerdos y vacas y las que no alcanzaron a comerse las mataron. No se sabe de abusos a la población ya que no hubo contacto con el grupo porque la gente estaba escondida, pues habían recibido amenazas anteriores "que si los encontraban los iban a colgar y a pelar".

El 5 de junio, tropas de la XIV Brigada del Ejército llegaron a la vereda Cooperativa, Pto. Nuevo Ité, entrando por la Ratonera y pasando por la vereda El Porvenir. En la Cooperativa capturaron un campesino a quien le dicen 'Pechuga' (José Batista Llorente), cuando se encontraba en su finca. A él lo amarraron de pies y manos y lo tiraban por una loma, volvían y lo subían y otra vez lo tiraban, luego en un momento pusieron a bailar a un militar, un moreno alto, encima de la humanidad de 'Pechuga', ¡pobrecito hasta se vomitó! A él lo tuvieron retenido un día completo. Estos hombres estaban al mando del teniente González.

El 6 de junio, Otro día, ahí mismo en la Cooperativa, detuvieron a Evaristo Mena Mena. Los tipos, los mismos de la Brigada XIV se metieron a la casa, entonces Evaristo se metió debajo de la cama. Los manes empezaron a chuzarlo con un arpón y diciendo 'Den gracias que venimos con este uniforme, porque si no lo matábamos aquí mismo'. Evaristo es miembro del Comité No. 1 de Derechos Humanos en la región, por eso lo acusan de ser un miliciano de la guerrilla.

En la misma vereda, después detuvieron también a Nino, otro campesino, sindicándolo de ser guerrillero. Lo cogieron y lo dejaron a cargo de una persona, que luego comprobamos que es un paramilitar. Ese tipo lo torturó, le pasaba una macheta por la garganta diciéndole que cantara. En ese momento el mismo teniente González gritó: 'quítenle a ese muchacho, porque lo va a matar', con lo que se demostró que se lo entregaron a una persona que venía con ellos en el operativo y que no era del Ejército. A Nino lo obligaron a firmar un documento donde aceptaba que el Ejército lo había tratado bien durante el tiempo que lo tuvieron retenido.

http://www.prensarural.org/acvc20040731.htm

El día 26 de Junio en el sitio conocido como Quiebra Pata, en la vía que comunica al casco urbano de San Pablo con la vereda Alto Cañabraval, a diez minutos de un retén militar del batallón Nueva Granada, se observó un retén de hombres con prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, los cuales procedieron a robar dinero y  mercados de los campesinos que se movilizaban en carros de transporte público, en estos mismos hechos fue secuestrado un campesino sin identificar y fue hurtada una camioneta.

http://www.prensarural.org/acvc20040630.htm

El 27 de Junio paramilitares del Bloque Conquistadores de Yondó, los cuales son parte del Bloque Central Bolívar fueron avistados en la vereda La Represa, ubicada a 5 minutos del casco urbano de Yondó, de la base militar del Batallón Plan Vial y Energético N° 7 y del comando de Policía del Magdalena Medio de Yondó. Los paramilitares se encuentran acumulando abundante logística, por lo que se teme la comisión de una nueva masacre o incursión paramilitar en la región.

http://www.prensarural.org/acvc20040630.htm

El 28 de Junio en la vereda Alto Cañabraval se produjeron enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército, en esta zona operan la guerrillas de las FARC y el ELN. Como resultado de los combates murió un soldado del Batallón Nueva Granada. En retaliación el ejército se dirigió al la casa del campesino Rubiel (apellido por confirmar), procediendo a torturar al campesino, a su mujer y a sus dos hijos menores de edad.

http://www.prensarural.org/acvc20040630.htm

Julio 11 de 2004, El operativo militar Sol de Oriente 3 se realiza, por parte de la V y la XIV brigadas, desde el pasado 7 de junio, en zonas rurales de los municipios de Yondó, Cantagallo, San Pablo y Remedios. Durante su desarrollo han sido incineradas cuatro casas campesinas, dos en la vereda Puerto Nuevo Ité y dos en la vereda Cañaveral.

El 11 de julio soldados de la XIV Brigada con sede en Puerto Berrío, al mando del teniente González, robaron, sacrificaron y se comieron un búfalo perteneciente al proyecto "Ganadería Campesina de Búfalos de Puerto Matilde", iniciativa financiada y auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Laboratorio de Paz del Magdalena Medio. 

http://www.prensarural.org/acvc20040714.htm

15 de julio llegaron otra vez y detuvieron a dos muchachos en la vereda Ojos Claros, luego los golpearon y los torturaron psicológicamente. A uno de ellos le taparon los ojos y le pasaban la macheta por el lomo, por el cuello, mientras lo amenazaban y lo intimidaban. Así los tuvieron durante todo el día, después los dejaron libres. Los hombres que cometieron estos atropellos se identificaron como del Batallón Palagua, y decían: 'Sí, pa`l agua, pa` la tierra, pa`l aire, pa` lo que quieran'. 

http://www.prensarural.org/acvc20040731.htm

Desde el día 22 de agosto de 2004, se han presentado fumigaciones indiscriminadas en los siguientes sitios de los municipios de San Pablo y Simití: Alto Cañabraval, La Unión, La Fría, Paraíso, Golondrina, Vallecito, El Diamante, Montecarmelo y Aguas Lindas entre otros.

2. Las fumigaciones han afectado cultivos de maíz, yuca, plátano, caña, fríjol, pastos, selva virgen y cuerpos de agua.

3. Los días 22 y 23 de agosto se presentaron bombardeos y ametrallamientos sobre el corregimiento Cañabraval Alto. Según los testimonios de los pobladores, alrededor del caserío cayeron siete bombas a unos 15 metros de las casas de habitación; entre ellas una que cayó muy cerca de una trilladora comunitaria de maíz y otra que cayó muy cerca de la escuela del poblado.

El día sábado 23 de octubre a las 2:00 pm se registraron combates durante media hora entre miembros del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC-EP y el ELN, en un lugar ubicado entre las veredas Puerto Matilde (a una hora del caserío) y Hueco Frío. Se reportó la muerte de un soldado, otro fue herido.

El mismo día y en el mismo sitio, después de los combates, fue detenida, torturada y amenazada Luz Imelda Vanegas, 23 años, bajo la acusación de ser guerrillera. En los mismos hechos fue detenido el niño Luis Ángel Vargas López, 8 años, quien también fue amenazado y torturado. Una de sus cejas fue cortada con la navaja de uno de los soldados.

Igualmente fueron retenidos durante cuatro días arbitrariamente por el Ejército Ciro Antonio González Aguilar y Mirta Quiroga Barrera, así como cinco raspadores de hoja de coca, sin identificar, que trabajaban en su finca

http://www.prensarural.org/acvc20041027.htm

Era el miércoles 27 de octubre, José había salido de la finca de Óscar Montoya a eso de las 6:30 de la tarde. Se dirigía a su casa. Nadie lo volvería a ver vivo.

José Albeiro Aguirre tenía 37 años, era vecino de la vereda Puerto Matilde, a orillas del río Cimitarra, desde hace cuatro años y medio vivía allí, su oficio era ser campesino jornalero, hacía parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Tenía cédula, la Nº 91.440.512 expedida en Barrancabermeja y hasta un carnet del Sistema de Selección de Beneficiarios (Sisbén). A la altura de la finca de Juan Rincón, a escasos 20 minutos a pie de Puerto Matilde, José fue abaleado por el Ejército. Eran entre las 6:45 y las 7:00 de la noche.

José no conoció nunca al coronel Ricardo Andrés Bernal, comandante del Batallón Antiaéreo Nueva Granada (Bagra). El coronel por lo visto tampoco conocía a la víctima, pues al referirse a José asesinado dijo que "había sido dado de baja en combate un terrorista entre San Francisco y Jabonal, se trata de alias John Jairo Sánchez, con antecedentes penales y orden de captura". Además, según las tropas de la contraguerrilla Nº 45, que se encontraban en el lugar del asesinato, José "tenía un fusíl AK 47 y 47 cartuchos

27 de diciembre de 2004, amenaza por correo electrónico contra Miguel Cifuentes miembro de la junta directiva de la ACVC y toda su familia que se encuentra viviendo en el municipio de Yondó Antioquia. Anexamos el E-mail.

----- Original Message -----
From: "xxxxx xxxxxxxx" 
To: prensa_rural@colombia.com
Subject: ESO ES MENTIRA
Date: Mon, 27 Dec 2004 03:04:48 -0500

LA ACVRC SI TIENE VINCULOS DIRECTOS CON LA GUERRILA DE LAS 
FARC. MIGUEL CIFUENTES NO SE OLVIDE QUE SUS HERMANITAS VIVEN 
LAS TRES ACA EN YONDO SU MADRECITA ENLAS AMERICAS Y SU 
PAPA. ESO NO SE LE PUEDE OLVIDAR A UN GEUERRILLERO DE CORBATA 
COMO USTED.

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AÑO 2005

El día 22 de marzo se realiza una operación militar sobre las veredas Dos quebradas y Puerto Nuevo Ité (La Cooperativa) en el municipio de Remedios del Nordeste Antioqueño y en las veredas Jabonal y Puerto Matilde, en jurisdicción del municipio de Yondó.

Con las tropas oficiales del Estado colombiano se encuentra el reconocido paramilitar residenciado en Barrancabermeja Carlos E. Lombana, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.557.848 de Puerto Salgar, Cundinamarca.

Este paramilitar del Bloque Central Bolívar es el mismo que el día 23 de diciembre del 2002 intentó asesinar junto a otros cinco sicarios del paramilitarismo a Henry Palomo, vicepresidente en ese momento de la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (Asodesamuba). En esa oportunidad, gracias al accionar oportuno de la Defensoría Regional del Pueblo y de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del Magdalena Medio, se logró rescatar con vida a Henry de sus captores.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20050324.htm

El día 6 de abril, efectivos del Batallón Plan Vial y Energético Nº 6 provenientes del municipio de Segovia se tomaron ilegalmente la finca del proyecto de ganadería campesina de doble propósito ubicada en la vereda La Cristalina, en el Nordeste Antioqueño.

Los militares al mando de los oficiales Mario Serpa, Zapata y Sánchez amenazan con hurtar un motor Lister, un enfriador, y con detener y llevarse arbitrariamente al administrador del proyecto.

La finca y los bienes que el Ejército pretende robar fueron adquiridos con financiamiento de la Unión Europea a través del Laboratorio de Paz.

En esta finca serán ubicadas 66 novillas de 450 kilos cada una, las cuales están en proceso de adquisición. Con estos animales se iniciará la recría, los campesinos serán beneficiados con microhatos ganaderos.

El proyecto ganadero hace parte de la estrategia de seguridad alimentaria de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra en las zonas rurales de Yondó, Remedios, Cantagallo y San Pablo.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20050421.htm
Abril 20: asesinaron al comerciante Jesús Pinzón a plena luz del día en el casco urbano de San Pablo, lo que provocó una reacción de indigación e ira de los habitantes del pueblo hacia los paramilitares, produciéndose enfrentamientos con la Policía y disturbios durante 72 horas.

http://www.prensarural.org/rueda-jerez20050421.htm

El día 24 de abril a las 4 pm fue detenido por militares del Batallón Nueva Granada Álvaro Manzano, reconocido dirigente agrario del Magdalena Medio, ex presidente de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y ex concejal por la Unión Patriótica en el municipio de Yondó.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20050425a.htm

25 de abril, El Ejército retuvo arbitrariamente y trasladó al casco urbano de Segovia al administrador de la finca, Reinaldo Restrepo. Igualmente robó un motor lister, un televisor, un enfriador y las tejas de zinc que fueron compradas para adecuar la infraestructura del proyecto. El Ejército está argumentando, para justificar su accionar violatorio, que la finca es propiedad de la guerrilla. Recordamos a la Brigada XIV del Ejército y a la opinión pública nacional e internacional, que la tierra de la finca, los bienes y las 117 cabezas de ganado que llegarán a La Cristalina el próximo miércoles, hacen parte de un proyecto comunitario de seguridad alimentaria de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, financiado con dineros de la Unión Europea, a través del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20050425.htm

27 de abril, Los combates entre paramilitares del Bloque Central Bolívar (BCB) y fuerzas combinadas del ELN y las FARC-EP se presentan desde el mediodía de hoy en la vereda Cerro Azul donde se encontraban los paramilitares desde ayer, como previamente había sido alertado por la ACVC.

Durante los combates fue asesinada la niña Gisella Fernández, de 19 meses de edad. Su padre, Pastor Fernández fue herido en los brazos.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20050427.htm

2 de mayo, Las comunidades del Nordeste Antioqueño, en las zonas rurales de los municipios de Segovia y Remedios, han iniciado un desplazamiento organizado hacia la vereda Lejanías, donde permanecerán en un Refugio Temporal Interno, hasta que cese el operativo militar de la XIV Brigada del Ejército y los combates entre militares y guerrilleros de las FARC-EP y el ELN.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20050502.htm
6 de mayo, Los campesinos detenidos arbitrariamente el martes 3 de mayo y posteriormente conducidos al casco urbano de Segovia son Ancízar Acevedo (c.c. 70.600.346), Naval Alfonso Jaramillo Alcaraz, de 23 años y Jorge Hugo Díaz. Estos campesinos, a quienes se les acusa de rebelión, son de la vereda Lejanías y fueron capturados cuando limpiaban un camino rural a la 10 de la mañana.

6 de junio, A las 5:55, cerca de la terminal de buses de la ciudad de Barrancabermeja, fue detenido nuevamente, esta vez por el jefe del puesto operativo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jairo Carrillo, nuestro compañero Álvaro Manzano, ex presidente de la ACVC y ex concejal del exterminado movimiento político Unión Patriótica (UP).

El sábado 25 de junio entre las nueve de la mañana y las cuatro de la tarde fueron detenidos los siguientes campesinos cocaleros de la parte alta del municipio de San Pablo: Gilma Isabel Londoño, de 34 años, madre de seis hijos (a quien separaron de un niño de brazos durante la detención), Johana Delgado Fuentes, Evelio Leal López (de la vereda Caño Frío), Alquiber Hurtado Muñoz (único con orden de captura), Ramón Emilio Zapata (de la vereda Monte Carmelo), Jaime Alberto Orozco Uribe, Esteban Donaldo y Santiago Genaro.

Hacía las cuatro de la tarde del sábado fue detenido ilegalmente el vehículo que conducía Jacinto Leal, quien con su hijo Evelio Leal se dirigía a su finca en la vereda Caño Frío. Los funcionarios estatales detuvieron y usaron arbitrariamente el vehículo para seguir con las detenciones usando como escudo a Evelio Leal. Después de un par de horas decidieron decomisar arbitrariamente el carro y llevarse detenido a Evelio junto con las otras siete personas.

Los funcionarios emprendieron el camino de regreso a San Pablo al atardecer del día sábado llevándose a los detenidos arbitrariamente. Hacia las 7 pm, cuando la caravana se encontraba a unos 30 minutos del casco urbano de San Pablo, fue sorprendida por una explosión y una emboscada guerrillera. En la zona operan guerrilleros del ELN y las FARC-EP. Producto del ataque resultaron muertos cuatro de los policías que participaron en las detenciones y que se movilizaban en el carro incautado ilegalmente a Jacinto Leal.

En los medios de comunicación Vanguardia Liberal y Caracol TV se ha presentado a los campesinos detenidos como guerrilleros, y al carro en el que se movilizaban los policías muertos como incautado a la guerrilla.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20050506.htm

28 de julio, Como si no fueran suficientes las detenciones ilegales, los montajes judiciales, las órdenes de captura contra líderes, los seguimientos y las interceptaciones ilegales sobre los medios de comunicación, ahora el Estado colombiano se ha ideado una nueva modalidad para entorpecer la labor social de la ACVC.

Consiste en programar, en nombre nuestro, eventos y poner a informantes, organizaciones ficticias y saboteadores a colapsar el correo electrónico y el teléfono con insultos y recriminaciones. Esta modalidad se complementa con llamadas intimidatorias de informantes a líderes comunitarios, en algunas ocasiones invitándolos a reinsertarse y a ser parte de la red de informantes.

Se trata de la "acción integral" propagandizada por el coronel Leonardo Castillo, de la V Brigada, como "la acción política contra los brazos políticos de la guerrilla".

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20050728a.htm

10 - 30 de julio, se realizaron tres acciones cívicas – militares, en las Vereda Santo Domingo municipio Cantagallo, Vereda Lejanías Municipio de Remedios y Vereda Puerto Matilde Municipio de Yondó.

Las tres actividades se realizaron en el marco de una operación militar que reúne a más de tres mil hombres de la segunda división del ejército, accionar caracterizado por detenciones arbitrarias, saqueos, reinserciones forzadas de civiles, reclutamientos forzados de campesinos, prohibiciones para trabajar en los cultivos de coca, desplazamiento de familias campesinas e infracciones al DIH.

La acciones cívico – militares buscan poner al campesinado en contra de su organización, así mismo reclutar de manera soterrada a los pobladores rurales para convertirlos en informantes y soldados campesinos.

Las acciones cívico – militares pretenden maquillar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército en el marco de los operativos militares Sol de Oriente y Centella y hacen parte de las denominadas “acciones integrales” con las que el Estado colombiano busca desarticular y criminalizar/ a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, mediante informes de inteligencia e ilegales montajes judiciales.

14 de agosto, Sigifredo Castaño fue encontrado en la vereda Campo Bijao, en jurisdicción del municipio de Remedios el día 7 de agosto. El cadáver del campesino apareció vestido de camuflado guerrillero. Previamente Luis Sigifredo había sido detenido en su finca de la vereda Caño Tigre por militares del Batallón Calibío, adscritos a la XIV Brigada del Ejército. En una ocasión anterior Luis Sigifredo ya había sido retenido ilegalmente por el Ejército y transportado en helicóptero hasta el municipio de Segovia, donde fue liberado.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20050814.htm

El 13 de octubre a las 5 pm, en la vereda Las Nutrias fue detenido por militares del batallón Calibío, Wilson Bermúdez Betancurt. Ante esta detención ilegal, la defensoría regional del pueblo interpuso un hábeas corpus, al cual el ejército respondió que Wilson se encontraba en condición de reinsertado con ellos por su propia voluntad.

En estos momentos Wilson, de 32 años, es obligado a caminar vestido de camuflado junto con los soldados. En las noches es recluido en la base militar de Santo Domingo.

Wilson ha manifestado a los campesinos que se encuentra con el ejército contra su voluntad y que no se ha reinsertado en ningún momento, pues es un aserrador con mujer e hijos. El ejercito tuvo que dejarlo en librtad después de mas de un mes con esta captura ilegal.

El 19 de octubre a las 6 pm fue asesinado en su casa del barrio Boston de la ciudad de Barrancabermeja el conductor de canoa Ernesto Díaz Polanco. Sicarios paramilitares ingresaron a su casa y le dispararon en repetidas ocasiones. Ernesto Díaz trabajaba con su embarcación cubriendo el recorrido por el río Magdalena desde Barrancabermeja hasta la vereda Yanacué.

25 de octubre, John Jairo Yotagrí, vecino de la vereda Carrizal, identificado con cédula de ciudadanía Nº 71.083.784, fue detenido a la 11:30 am del 21 de octubre, mientras laboraba en la mina de oro La Esperanza, a 10 minutos del caserío.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20051025.htm

12 de noviembre: aparecieron muertos en su residencia la señora Diana Patricia Arrieta Rodríguez y el señor Wilson Bravo Niño. Cuenta la comunidad que estaban en piyamas cuando los encontraron y sus tres hijos estaban a los alrededores de los cadáveres. Al parecer los asesinaron cuando aun estaban durmiendo. Dicen que se escucharon varios disparos en la madrugada. El contexto que rodea esta muerte es que desde hace casi un año, la V Brigada del Ejército ha instalado una base militar rodeando el caserío de Santo Domingo, en una clara violación al derecho internacional humanitario (DIH).

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20051118.htm

El día 22 de diciembre de 2005, siendo las 11 pm, al momento de entrar a la casa de un amigo en el barrio 9 de Octubre del casco urbano de Yondó, fue víctima de un atentado el campesino Uricel Sánchez Meneses, vecino de la vereda Notepases. A Uricel le dispararon en seis ocasiones.
El mismo día 22 de diciembre de 2005 fueron perseguidos por los mismos paramilitares los campesinos Jairo Sánchez y Jhonys Barrionuevo, vecinos de la vereda Notepases, directivos de la junta de acción comunal. 

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20060228.htm

Desde el 29 de diciembre del 2005, algunas personas vienen realizando llamadas a estas veredas amenazando que en las fiestas de fin de año y año nuevo van a atacar matar y quemar estos caseríos, a través de llamadas telefónicas de reconocidos paramilitares, vienen haciendo terrorismo telefónico a estas comunidades, que no solo sufren la presencia militar pues los toman como escudos humanos sino también estas amenazas

AÑO 2006

El lunes 13 de febrero, en horas de la tarde fue desaparecido en la vereda Lejanías, jurisdicción del municipio de Cantagallo, el campesino Albeiro Meza. Hasta el momento se desconoce su paradero.

El día miércoles 15 de febrero, siendo las 7 am en la vereda Campo Bijao, jurisdicción del municipio de Remedios, seis encapuchados vestidos de camuflado detuvieron a Julio César Aparicio Díaz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.752.142, procediendo a torturarlo durante dos horas, hasta las 9 am.

El mismo día 15 de febrero a las 9 am salió de la finca La Estrella hacía el caserío de Puerto Nuevo Ité el campesino José Gustavo Castañeda, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.170.296. José nunca llegó al caserío y hasta el momento se encuentra desaparecido. En esta vereda se encuentra el mismo Batallón Calibío.

Durante estas desapariciones se encuentra operando el Batallón Calibío.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20060216.htm

El 18 de febrero, a las 7 pm, paramilitares presumiblemente provenientes del casco urbano de Cantagallo, asesinaron en la vereda La Victoria a Guido Romero, vicepresidente de la junta de acción comunal.  Los paramilitares llegaron a la vereda preguntando por Guido. Lo detuvieron y lo condujeron a la cancha de fútbol donde lo asesinaron delante de toda la comunidad. 

Las amenazas han sido proferidas por Rodolfo Triana Rodríguez, alias 'Gallo Parao', un antiguo vecino de esta vereda, ex miliciano de las FARC, que posteriormente ingresó a las AUC y quien reiteradamente ha sido visto en diferentes partes de la región como militar con batallones del ejército.

Rodolfo Triana se desmovilizó recientemente, el 13 de diciembre, junto con otros paramilitares de Yondó en el municipio de Remedios y tendría que estar siendo investigado por sus delitos. Sin embargo fue visto el 23 de diciembre, vestido de militar, con miembros del Batallón Plan Vial y Energético Nº 7 en la vereda Bocas del Don Juan, sobre el río Cimitarra.

Los amenazados de muerte son Álvaro Manzano, Gildardo Sabas, Rubén Guerrero y Nury Cárcamo (viuda del asesinado dirigente de la ACVC, Orlando Triana Moncada).

El "desmovilizado" comandante paramilitar del casco urbano del municipio de San Pablo convocó a una reunión el día 22 de febrero. A la reunión asistieron cinco comerciantes, el comandante de la Policía de San Pablo y un miembro de una junta de acción comunal, el resto de juntas de acción comunal y dirigentes comunitarios se negaron a asistir a la reunión.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20060221a.htm

El día 20 de febrero, miembros del ejército que se encontraban en la vereda Santodomigo llegaron a las 9 am al caserío de la vereda Puerto Matilde. El teniente Leguizamón al mando del capitán Guzmán procedió a entrar uniformado y armado a las instalaciones del teléfono público del caserío, violando el reglamento comunitario del teléfono.

El día 25 de febrero se realizó una llamada al teléfono celular de Flor Marly Cañas, la llamada se efectuó desde el teléfono célular número 312 3331856. Un hombre que se identificó como 'El Zarco' de las AUC del sur de Bolívar la amenazaba con que "debería abandonar inmediatamente la ciudad de Barrancabermeja".

Detenciones arbitrarias, torturas y saqueos son algunas de las violaciones cometidas por los batallones del Ejército (Calibío, Nueva Granada, Plan Vial y Energético Nº 7). Hasta el momento tres campesinos de la región se encuentran desaparecidos sin que nadie de razón de su paradero.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20060228.htm

El día 22 de febrero a las 3 pm fue encontrado el cadáver de Róbinson Alberto González. Presentaba disparos de fusil: dos en la cabeza, uno en el pie derecho, otro en la mano derecha y otro en el tórax. El sitio donde se encontró el cuerpo está ubicado entre las veredas Campo Bijao y Caño Tigre.

Hasta el momento continúa desaparecido José Gustavo Castañeda, identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.170.296, quien desapareció el 15 de febrero a las 9 am entre la finca La Estrella y el caserío de la vereda Puerto Nuevo Ité.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20060223.htm

El sábado 11 de marzo, los hermanos Juan Gabriel (18) y James Pablo Barahona Lombana (17) fueron torturados durante tres horas por militares del Batallón Calibío. Los hechos ocurrieron en la finca de su familia ubicada a media hora de camino del caserío de la vereda Puerto Matilde.

Los militares amarraron a los dos muchachos, les cubrieron los ojos, encendieron una motosierra y amenazaron a los campesinos con trozarlos si no les indicaban el paradero de la guerrilla.

El sábado 11 de marzo, el campesino Joan Harley Hoyos fue detenido en Hueco Frío, sitio de la vereda San Francisco, durante 24 horas por efectivos del Batallón Calibío. 

El  12 de marzo, Jhon Jairo Soto fue detenido también en Hueco Frío y torturado de la misma forma que los hermanos Barahona. Uno de los torturadores llevaba pegado el apellido Páez en el uniforme.

Los detenidos y torturados han sido obligados a firmar un documento de buen trato por parte del ejército.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20060313.htm

18 de marzo, siendo las 11:40 de la mañana en de la vereda La Concha, jurisdicción del municipio de Cantagallo, en inmediaciones de la finca de la campesina María Esther, enfrentamientos entre la guerrilla y unidades del ejército colombiano pertenecientes al Batallón Plan Vial y Energético No. 7 fue herida en un brazo la niña Liliana Granada, de 11 años, hija del campesino Jairo Granada.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20060323.htm

El día martes 28 de marzo a las 7:30 pm fue recibida una llamada telefónica en la oficina central de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), una voz de un hombre que no quiso identificarse advirtió a un directivo de la ACVC sobre la inminencia de una masacre, que se cometería el día jueves 30 en el caserío de la vereda Puerto Matilde, municipio de Yondó.

En otros hechos, el campesino Darío Gómez, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Las Nutrias, fue detenido cuando se dirigía hacia la vereda La Concha por miembros del ejército y torturado con un machete. Posteriormente fue liberado.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20060329.htm

Desde el día sábado 1 de abril, tropas del Ejército Nacional han ocupado la vereda La Poza, en jurisdicción del municipio de Cantagallo, en el valle del río Cimitarra. El domingo 2, desde el mediodía se han presentado fuertes combates con la guerrilla. Aviones y helicópteros han realizado ametrallamientos y bombardeos indiscriminados sobre la zona.

A la llegada del ejército, fue detenido, amarrado y maltratado física y verbalmente el señor conocido como "el negro Trino", en la finca propiedad del señor Trino Suárez. Así mismo, en medio del combate fue lanzado un mortero a la parcela ubicada en frente de la finca del señor Magdaleno Palencia, artefacto que cayó a escasos cinco metros de la vivienda de Lucely María Álvarez Martínez, y en la que se encontraba con su familia. Afortunadamente el impacto no produjo ninguna víctima humana, salvo daños materiales.

lunes 3 de abril, las tropas del ejército están ubicadas alrededor de la finca de la señora Rubiela Santos Beltrán. Allí han maltratado física y verbalmente a los señores William Cleves y Rafael Barbosa. A este último, en contra de su voluntad, lo han obligado a cargar agua para los soldados.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20060403.htm

El miércoles 17 de mayo, a las 10 de la mañana, el señor Luís Enrique Ramírez Neme, comerciante de este municipio del Magdalena Medio, fue victima de una intentona de atentado contra su vida. 

Se evidencia una vez más que la supuesta desmovilización paramilitar no ha garantizado que su tradicional accionar de extorsión y terror, cobrando impuestos a la comunidad, se deje de implementar. Utilizando amenazas de muerte e intentando llevarlas a cabo, los paramilitares extorsionaban a Luís Enrique, quien se negó a pagar argumentando que los paramilitares se han desmovilizado ya, como se ha hecho saber a la comunidad. 

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20060518.htm

El día jueves 25 de mayo desaparece  Mercedes Rojas Naranjo, persona que se encontraba en la vereda La Corona, jurisdicción del municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar. Los testigos de la comunidad informan que en horas del mediodía, hombres armados que vestían de civil, presuntamente paramilitares, llegaron hasta La Corona, llevándose a Mercedes con ellos en chalupa (canoa motorizada). Desde ese momento se desconoce el paradero de esta persona.

http://www.prensarural.org/acvc/acvc20060527.htm

El 7 de agosto, en la vereda Alto Cañabraval, del municipio de San Pablo, Sur de Bolívar, tropas de la Quinta Brigada del ejército oficial detuvieron arbitrariamente a ocho personas, entre ellas a tres menores de edad.

Las personas detenidas son: María Fidelina López, de 20 años, Alexánder Bastidas, de 19 años, Yurani Bastidas, de 14 años, Ledys Bastidas, de 35 años, Mariela Bastidas, de 3 años, Hernando Arango, de 15 años, Arnulfo Pinzón, de 22 años, y Arnulfo Hernández, de 26 años, todos campesinos habitantes de esta zona del Magdalena Medio.

Al joven Alexánder Bastidas lo maltrataron, insultaron y golpearon con un machete, hasta causarle cortaduras en su piel. Así mismo, a Ledys Bastidas y su hija Mariela, fueron maltratadas por los soldados. Los militares también robaron radios y rompieron las bombas de fumigar potreros.

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article19

El mismo dia 7 de agosto, en la vereda Muribá, del municipio de Cantagallo, el señor Luis Alfredo Ramos, de 30 años de edad, fue capturado por soldados,  sobre las 6 de la tarde, siendo maltratado física y verbalmente. El militar encargado de dar la orden fue el teniente Mahecha, de la Quinta Brigada del Ejército Nacional

El asesinato del señor Carlos Trujillo, cometido por las FARC el día 25 de julio del año en curso, y las amenazas directas e intimidaciones de militares del Batallón Plan Especial Energético y Vial No. 8, adscrito a la XIV Brigada del Ejército Nacional, quienes bajo el mando del cabo López, amenazaron a los campesinos afirmando que "tan pronto nosotros salgamos de la zona, en el mes de septiembre habrá incursión de los paramilitares del BCB, que están en la base de Puerto López".

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article64

Jueves 5 de octubre, en la vereda La Concepción, ubicada en el área rural limítrofe de los municipios de Yondó (Antioquia) y Cantagallo (Bolívar), en el valle del río Cimitarra, cuando los soldados ingresaron a la vivienda de Oscar Enrique y lo detuvieron sin presentar ninguna orden de captura.

Entre el 4 y 5 de octubre, fueron detenidos de forma arbitraria a seis labriegos, gracias a la presión de decenas de pobladores de la vereda La Concepción, municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar, las tropas del batallón Luciano D’Luyer no tuvieron más alternativa que liberarlos.

El miércoles 4 de octubre, en horas de la tarde, soldados pertenecientes a unidades de la 5ª Brigada del Ejército Nacional arribaron a la vereda La Concepción (Cantagallo, Bolívar), donde detuvieron arbitraria e injustificadamente a cinco campesinos: Martín Vergara, Indrei Ramírez, Silvio Granada, Darío García y Gilberto Cabarca Meza.

El jueves 5 de octubre, hacia el mediodía, detuvieron a Orlando Sastre, y luego a Óscar Enrique Duque, líder social y directivo de la ACVC. En horas de la noche, Óscar Enrique y las cinco personas retenidas el día 4 fueron liberadas, pero antes obligadas a firmar el documento de “buen trato”.

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article70

El día 7 de septiembre del año en curso, siendo la 1:30 de la tarde, arribaron tropas del Ejército Nacional a la finca “La Esperanza”, donde detienen injustificadamente a siete personas, entre ellas a dos menores de edad. Los nombres de los detenidos son: Blanca Senaida Barrientos, Jairo Alberto Díaz, María Teresa Ortega, Álvaro Andrés Barrientos, Rafael Antonio Chamorro, John Felipe Chamorro Ortega (menor de edad), y Edith Francelly Díaz Barrientos (menor de edad).

El día 8 de septiembre los soldados llegaron a la vivienda de Jairo Alberto Díaz, deteniéndolo junto con Doris León Montoya y Darío Alberto Arboleda. Jairo fue amarrado y amenazado con un revolver sobre su cabeza.

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article148

El 29 de septiembre, miembros del Batallón Calibío llegaron a la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, a la finca del señor Pedro Canole, afiliado a la junta de acción comunal de la vereda, y después de violentar las cerraduras hurtaron los siguientes objetos: Un mercado, un radio, tres lociones, un pavo, tres cuchillos, tres cremas humectantes para el cuerpo, dos galones de Amina 480 (veneno para fumigar potreros), ½ galón de Gramosol (veneno para fumigar potreros), dos cobijas y cuatro cucharas.

El 8 de octubre, miembros del Batallón Calibío llegan a la vereda Caño Dorada del municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, a la finca del señor José Arleny Jaramillo y hurtan los siguientes objetos: herramientas de trabajo en mina de oro, embudo de tanqueo de motor, utensilios de cocina, un radio marca Sony, collar de plata, víveres y una linterna.

El mismo 8 de octubre, según información suministrada por campesinos de la zona, llegan a otra finca vecina de la misma vereda Caño Dorada y haciéndose pasar por guerrilleros, se llevan una escopeta que se hallaba en la vivienda, y exigen para devolverla que se les entreguen tres gallinas. Ante lo cual, los trabajadores de la finca se vieron obligados a entregar los tres animales a fin de recuperar la escopeta.

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article90

El día 31 de octubre, siendo las 10:00 de la mañana, unos 15 uniformados que se identificaron como pertenecientes al Batallón Nueva Granada llegan al sitio conocido como Los Cocos, allanando sin orden judicial una vivienda campesina. En los hechos, los soldados intimidan a la señora Carolina Ariza Cortés, insultándola y llamándola “guerrillera”, y detienen a José Alquíber, agricultor reconocido por la comunidad. La detención se lleva a cabo sin presentar ninguna orden de captura, y valiéndose del señalamiento de un desertor de la guerrilla que acompaña a las tropas. Así mismo, al señor José, mediante un montaje, le fueron colocadas dos armas para justificar su detención.

Durante el hecho, fueron interrogadas dos niñas de 6 y 7 años, quienes fueron conducidas por los soldados, junto con la señora Carolina, por un tramo de un kilómetro.

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article148

El martes 31 de octubre, se encuentra desaparecido Alquíber, habitante de la vereda El Jardín, en zona rural del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, Ése día, Alquíber se encontraba en su finca, cuando soldados de la Quinta Brigada del Ejército Nacional lo capturaron injustificadamente.

Tropas del Batallón Nueva Granada, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, y con sede en Barrancabermeja, detuvieron injustificadamente a tres personas de la vereda El Jardín, zona rural del municipio de San Pablo, sur de Bolívar.

Las tres personas, campesinos en condición de población civil, son Darío Manuel Martínez, de 16 años de edad, Luis Manuel Martínez, de 47 años y padre de Darío, y Alquíber Trujillo.

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article117

El martes 21 de noviembre. Ovidio Betancur, agricultor y habitante de la vereda Alto Cañabraval, zona rural del municipio de San Pablo, desapareció en el casco urbano de este municipio del sur de Bolívar en horas de la madrugada.

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En el mes de noviembre del 2006, el ejército asedió e intimidó a la familia de Gilberto Guerra en el nordeste antioqueño. En la vereda Ojos Claros, del municipio de Remedios, su hermano José Alfredo Guerra fue amenazado de muerte por supuestamente estar involucrado con la guerrilla. Igual amenaza recibió Enrique Guerra en la misma vereda.

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article218

El día 27 de diciembre de 2006 a las 11 am, un hombre armado uniformado con el logo de las FARC, abordó a Sandra Castro, vecina de la vereda Notepases, líder comunitaria en salud, colaboradora del hospital del municipio de Yondó "Héctor Abad Gómez", y la obligó que lo acompañara a atender a una enferma.

El día 30 de diciembre, el desertor en compañía de militares del Batallón Calibío regresó a la vereda Notepases preguntando por Sandra, sindicándola de ser la "enfermera de la guerrilla y amante de un guerrillero". Su casa fue allanada por el ejército sin orden judicial

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article206

El 30 de diciembre, militares del batallón Calibío, asentados en base de la vereda San Francisco llegan a la casa de José Angel Blanco, en la vereda Notepases, donde en ese momento residía Benjamín Sanchez Quiceno. Entre los militares se encontraba el desertor de la FARC alias ’Cristian’. Los militares insultaron a Benjamín diciéndole: "en esta vereda hay muchos hijueputas que le colaboraban a la guerrilla y usted es uno de esos, usted le da de comer a la guerrilla".

Los militares amenazaron con la pronta presencia de los paramilitares.

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article257

El día 11 de diciembre, en la vereda San Francisco, municipio de Yondó, fueron detenidos arbitrariamente por militares del Batallón Calibío dos muchachos. Uno de ellos era Eduard Alberto Guerra. Cuando los militares se enteraron de que era hijo de Gilberto Guerra le dijeron que “sabemos que su papá está en la ciudad. La familia tiene que responder porque todos son auxiliadores de la guerrilla, todos son iguales, coordinados por Gilberto, tenemos que cazarlo”. 

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AÑO 2007

El 1 de enero los paramilitares se fueron para regresar el día 8 a la casa de Benjamín, identificándose ya como paramilitares. Una patrulla de militares había ingresado a la vereda el día 7. Entre los militares se encontraba José Nelson Ramírez López, alias ’Arturo’, reconocido paramilitar de la región. Este paramilitar se dedicó a atemorizar a la población con una lista negra, en la que se encontraba en primer lugar el nombre de Benjamín.

21 de enero: Durante 2006, efectivos del ejército han iniciado una campaña de difamaciones en la región alegando la supuesta clandestinidad e ilegalidad del programa. Anteriormente, Radio Uno de RCN en Barrancabermeja había sufrió presiones por parte del Ejército Nacional para que el programa no pasara información sobre violaciones a los derechos humanos.

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8 de enero:  a las 7 pm 15 militares del batallón Calibío que se identificaron como paramilitares se acercaron nuevamente a la casa de Benjamín, lo tiraron al piso y le apuntaron con sus fusiles: "perro hijueputa, guerrillero, pensó que se nos iba a escapar, venimos a matarlo". Al caer al piso, Benjamín dejó caer un bolso con dinero. El paramilitar ’Arturo’ solicitó que se lo pasaran, robándose los 800 mil pesos que se encontraban en el bolso.

Benjamín finalmente, ante las amenazas, tuvo que ser evacuado de la vereda el día 12 de enero acompañado por dos voluntarias del International Peace Observatory.

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11 de marzo, siendo aproximadamente las 9:00 am, soldados del Batallón de Artillería N. 5 “Capitán José Antonio Galán”, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, y con puesto de mando en Socorro, Santander, irrumpieron en la reunión del equipo de trabajo de la seccional Sur de Bolívar de la ACVC que se desarrollaba en la vereda Villanueva (municipio de San Pablo), y han intentado capturar a nuestro compañero Eulises Porras Rojas.

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article286

17 de marzo, en la vereda Lejanías, del municipio de Cantagallo, donde se observó el patrullaje de hombres de negro que saltaban al lado y lado del camino, intimidando a la población civil campesina habitante de esta región.

Siendo las 9:00 de la noche, aprovechando la oscuridad, un individuo vestido de negro y encapuchado se abalanzó con un puñal sobre una campesina, de nombre Yolanda Cuervo Ateortúa. Ella, con mucha valentía, esquivó la primera puñalada que le fue lanzada, pero el hombre le lanzó una nueva puñalada que le cortó la piel de un brazo y el vientre. Yolanda gritó y le pegó con la linterna de alumbrar en la cabeza al agresor. Con los gritos hizo que un vecino se acercara corriendo a socorrerla.

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25 de marzo: miembros del Batallón Calibío de la XIV Brigada del Ejército Nacional, bajo el mando del teniente Castellanos, detienen al joven Carlos Mario García, de 22 años de edad, en la vereda Ojos Claros, jurisdicción del municipio de Remedios.

26 de marzo: líderes campesinos de la comunidad buscan mediar para obtener la libertad del joven Carlos Mario. Desde la ACVC se puso en conocimiento de la detención a la Defensoría del Pueblo Regional, buscando proteger la vida e integridad del joven. Cerca al lugar donde se encontraba la base militar instalada en la vereda Ojos Claros se escucharon unos disparos, lo que alertó a la comunidad, siendo informados de que el joven Carlos Mario García había sido asesinado y que entregarían su cadáver a los familiares.

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article333

27 de marzo: las comunidades afectadas buscan refugio en la vereda Puerto Nuevo Ité, zona rural de Remedios, nordeste antioqueño.

1ro. de abril: Las comunidades campesinas del nordeste antioqueño se declaran en campamento de refugio humanitario en Puerto Nuevo Ité.

3 de abril: la cifra de personas concentradas en el campamento de refugio humanitario llega a 350, quienes provienen de las veredas Camelias, Dosquebradas y Ojos Claros, entre otras.

8 de abril: visita del delegado de la Cruz Roja Internacional.

9 de abril: Un helicóptero de la gobernación de Antioquia arribó a Puerto Nuevo Ité. En él arribaron la alcaldesa y el personero de Remedios y un asesor de la gobernación. Los funcionarios públicos visitaron el campamento de refugio humanitario y constataron la situación de los campesinos allí desplazados. A su regreso, el asesor de la gobernación manifestó falsamente esa misma noche del 9 de abril en Caracol Radio que la gente estaba refugiada por amenazas de la guerrilla y que se sentía amenazada por la ausencia de las autodefensas, en un nuevo intento de causar desinformación en torno a la problemática de estas comunidades y desvirtuar la responsabilidad estatal en la violación a los derechos humanos, en la que están involucradas las autoridades estatales.

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article363

9 y 10 de abril: jornada de salud en el refugio por parte del hospital de Yondó “Héctor Abad Gómez” y del hospital de Remedios.

10 de abril: rueda de prensa en Bogotá con voceros campesinos. “Que no nos sigan asesinando” fue el pedido ante la opinión pública y los medios de comunicación.

10 y 11 de abril: soldados del Batallón Calibío del Ejército Nacional e integrantes de la Sijin intentaron entrar al refugio, argumentando que supuestamente iban a verificar que todo estuviera bien. Se valieron también de la excusa de comprar alimentos para ingresar al refugio. A su salida del caserío, dejaron volantes de invitación a la desmovilización y deserción, en un lugar donde sólo se encuentra población civil.

12 al 15 de abril: es convocada una comisión de verificación y acompañamiento.

12 de abril: la comisión arriba al refugio. Se realiza una reunión entre los miembros de la comisión y representantes de la ACVC, Cahucopana y de las comunidades refugiadas. Se hace una evaluación de la situación humanitaria de la región.

13 de abril: La comisión de verificación visita las veredas de Dosquebradas y Ojos Claros.

14 de abril: en asamblea comunitaria se elabora el borrador del documento de solicitudes y peticiones al gobierno nacional. Se formulan consideraciones respecto al manejo adecuado del campamento.

15 de abril: regreso de la comisión.

25 de abril: Encuentro de solidaridad por el Nordeste Antioqueño en Bogotá. Se da presentación del informe de la comisión de verificación.

27 de abril: arriban en un helicóptero un juez militar y un procurador, acompañados por el Ejército. Los funcionarios solicitaron tomar declaraciones de los padres de Carlos Mario y del testigo Peter. Pero la comunidad se negó a que los funcionarios iniciaran las investigaciones, ya que exigen que este asesinato, como los anteriores, sea tratado por la justicia ordinaria, ya que se trata de la muerte de un civil.

30 de abril: personalidades del mundo como los académicos Noam Chomsky y Howard Zinn, parlamentarios españoles y daneses, el gobierno de Cataluña, la alcaldía de Barcelona y decenas de sindicatos y organizaciones sociales de Europa y los Estados Unidos dirigen una carta a Álvaro Uribe Vélez en las que manifiestan su profunda preocupación por la crisis humanitaria en el Magdalena Medio y solicitan que se investigue los recientes casos de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército colombiano.

7 de mayo: se realiza en el campamento de refugio humanitario una asamblea agraria donde los campesinos debaten sobre cómo seguir adelante. En esa asamblea decidieron seguir resistiendo y realizar en junio una gran movilización en la ciudad de Barrancabermeja para visibilizar la grave crisis humanitaria regional.

9 de mayo: en el lugar conocido como La Troja, en cercanías a Puerto Nuevo Ité, dos hombres armados vestidos de negro, quienes se identificaron como miembros del grupo paramilitar “Águilas Negras”, llegaron a la casa de Henry Hoyos, presidente de la junta de acción comunal de esta vereda, amenazándolo para que desalojara el lugar en cinco minutos. A raíz de esta amenaza, la familia debió desplazarse al campamento humanitario en busca de seguridad. Así mismo, tropas del batallón Calibío realizaron patrullajes junto al señor Jesús Piñeros, antiguo residente de la vereda Puerto Nuevo Ité, quien se vinculó al programa de desmovilización sin haber pertenecido a ningún grupo armado, y actúa ahora como informante del ejército señalando a los campesinos.

20 de mayo: en el sitio conocido como Puerto Escalas, en Barrancabermeja, Jhon Henry Tejada Echavarría, de 22 años de edad, es detenido dos sujetos desconocidos, estando desde ése momento desaparecido. Jhon Henry trabajaba como ayudante en un motorcanoa que realiza transportes hacia el río Cimitarra.

1ro. de junio: En el marco de la campaña de solidaridad realizada en Cataluña (España) con el campesinado que se encuentra en el campamento de refugio humanitario en la vereda Puerto Nuevo Ité, la organización no gubernamental española Farmamundi realizó una donación de 60 kilogramos de medicamentos, correspondientes al diagnóstico de la situación sanitaria de los campesinos refugiados realizado por el equipo técnico de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. El equivalente de la donación de Farmamundi correspondió a 1.165 euros (3 millones de pesos). De otro lado, ciudadanos catalanes donaron a la campaña de solidaridad 624 euros, los cuales se invirtieron en la logística del refugio.

13 de junio: con la asistencia de 500 delegados de 32 organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles y populares de la región, sesionó en Barrancabermeja el foro comunal regional por la vida digna y la defensa de los recursos naturales. El evento congregó a líderes campesinos de 52 veredas del nordeste antioqueño, el valle del río Cimitarra y el sur de Bolívar, y contó con la presencia de conferencistas como Darío Fajardo, quien habló sobre territorio y recursos naturales; Jesús Aníbal Suárez, que tocó el tema de los cultivos de uso ilícito; y Yenly Méndez, quien se refirió a los derechos humanos y la crisis humanitaria de la región. El foro, mediante una declaración pública, resuelve ejecutar doce puntos como alternativa a la crisis humanitaria y plataforma de exigencia ante las autoridades respectivas.

19 de junio: se realiza la asamblea obrera, campesina, estudiantil y popular en Barrancabermeja, con el objetivo de articular acciones y unificar esfuerzos tendientes a la solución de la grave problemática de la población de Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

De otra parte, y por tercera vez en los últimos tres años, los pobladores del casco urbano de San Pablo, sur de Bolívar, realizan acciones masivas de protesta después de que se produjese un nuevo asesinato por parte de los grupos paramilitares. Eulises Jiménez Monsalve, un mototaxista que se encontraba desaparecido desde el miércoles 14 de junio, finalmente apareció asesinado el domingo 17, a 10 kilómetros del casco urbano. 200 mototaxistas de San Pablo protagonizaron disturbios durante la protesta, poniendo en jaque a las autoridades civiles y policiales del municipio. El asesino de Eulises, un sicario paramilitar conocido en el pueblo como "Mono Candela", logró huir de las masas enfurecidas que pretendían lincharlo. Los manifestantes quemaron los enseres de tres casas de presuntos paramilitares.

En la tarde, más de 500 campesinos ocupan el edificio del antiguo comisariato de Ecopetrol y se declaran en campamento de refugio humanitario en Barrancabermeja, dando continuidad al que se estableció en la vereda Puerto Nuevo Ité desde el primero de abril. La edificación, ubicada en el sector comercial, servía de sitio de abasto de alimentos para los trabajadores petroleros y en la actualidad se encontraba abandonada. El campamento es visitado por funcionarios de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la personería municipal, quienes levantan un censo para determinar las condiciones de los refugiados, en gran parte niños y mujeres.

20 de junio: El presidente Álvaro Uribe Vélez, que visita Barrancabermeja para un consultorio empresarial con alcaldes y empresarios, recibe la oposición del foro social de Barrancabermeja, que organizó una marcha de protesta. Uribe se reúne con voceros campesinos, quienes exigen una solución para la crisis humanitaria que afecta la región en su parte rural, así como justicia por el asesinato de civiles y un retorno con garantías. También se le expresó el firme empeño en que se levante la suspensión del la Zona de Reserva Campesina del valle del río Cimitarra.

26 de junio: Una comisión creada como parte de los acuerdos entre el movimiento popular y el presidente Álvaro Uribe Vélez a raíz del traslado del campamento campesino de refugio hacia Barrancabermeja, recorrió la región afectada por la crisis humanitaria. La comisión estuvo compuesta por delegados del programa de derechos humanos de la Presidencia de la República, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Laboratorio de Paz del Magdalena Medio y representantes de las organizaciones sociales de la región: la ACVC, Credhos y la USO. La comisión visitó la vereda La Poza, de Cantagallo (sur de Bolívar), donde se realizó una reunión con la comunidad y los funcionarios de la Fiscalía recibieron denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. La misma actividad se hizo en la tarde con habitantes del casco urbano de San Pablo. Para el día siguiente estaba previsto una visita a la vereda Lejanías, en Remedios, nordeste antioqueño, pero ésta se aplazó pues el Ejército aseguró que no había garantías de seguridad por la complicada situación de orden público de la zona.

27 de junio: El campesino Cruz Aldelio Brand, quien se desempañaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Unión, en zona rural de Yondó, (Antioquia), es asesinado por soldados del Batallón Nueva Granda, quienes lo muestran públicamente como "guerrillero dado de baja en combate".

4 de julio: Por segunda ocasión es suspendida por las autoridades gubernamentales la comisión de verificación a la zona del nordeste antioqueño. El argumento esgrimido en esta oportunidad fue el de que la gobernación de Antioquia no facilitó el préstamo de los helicópteros en los que se iba a transportar la comisión.

5 de julio: reunión de interlocución entre voceros campesinos y autoridades estatales. Se firma un acta de acuerdos que contempla cuatro puntos: el primero hace relación al establecimiento de una agenda de trabajo para darle vía al proceso de restablecimiento de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, atendiendo al pedido de la ACVC de que sea levantada la suspensión. El segundo punto, sobre derechos humanos, establece llevar a cabo la comisión de verificación al nordeste antioqueño, postergada en dos ocasiones. A su vez, las Fuerzas Militares reiterarán instrucciones a la tropa sobre comportamiento debido y respeto a los civiles; el programa presidencial de derechos humanos establecerá un funcionario en la zona por seis meses; y los organismos de control tomarán una serie de medidas para darle seguimiento a las denuncias realizadas y verificar la situación humanitaria regional. El tercer punto, sobre fumigaciones, establece la realización de una reunión con Acción Social en Bogotá para abordar soluciones a los daños perpetrados por las fumigaciones en los cultivos lícitos. El gobierno reitera que no se suspenderán las aspersiones, a pesar de su comprobado fracaso. El cuarto aspecto hace referencia a las garantías para el retorno. Se acordó que Acción Social entregara alimentos y cubriera los costos de transporte a los campesinos asentados en el campamento de refugio.

12 de julio: retornan a sus hogares los campesinos del nordeste antioqueño, el sur de Bolívar y el valle del río Cimitarra al levantarse el campamento de refugio humanitario, luego de formalizarse el acuerdo con el gobierno nacional.

17 de julio: Pedro Nel Canole Polo, de 50 años, habitante de la región desde hace más de dos décadas, fue retenido por dos integrantes del Ejército de Liberación Nacional en la vereda Santo Domingo, de Cantagallo, a las 12:30 pm, cuando aserraba madera en su finca. Una hora después, fue encontrado su cadáver en el sitio El Perillo, sobre el camino real que comunica a Santo Domingo con Puerto Matilde. Este hecho luctuoso constituye una violación al derecho internacional humanitario que la organización guerrillera asegura obedecer y que protege a quienes no participan directamente de las hostilidades.

20 de julio: el señor José Nelson Ramírez López, alias Arturo, paramilitar desmovilizado, envió una lista de seis personas que, según él, serán asesinadas por los paramilitares. Estas personas son: Álvaro Manzano, José Manuel Atencio, Nury Cárcamo, Raúl Guerrero, Rubén Guerrero y Telésforo Bonilla. Según Ramírez, el motivo para asesinar a estos campesinos es que su labor en defensa de los derechos humanos es trabajo encubierto de la guerrilla.

27 de julio: en la vereda Alto San Juan, zona rural de San Pablo (sur de Bolívar) fue asesinado un joven raspachín (jornalero recolector), conocido como Jonathan. Según informan los habitantes de esa vereda, un grupo guerrillero fue el que lo asesinó, dejando con el cuerpo un comunicado que contenía los motivos por el cual fue ejecutado. En el documento se afirma que fue por vicioso, ladrón y ser informante de los grupos paramilitares. Jonathan llevaba un año de estar trabajando como raspachín en las diferentes fincas de la región. La comunidad manifiesta que no se sabía su procedencia ni tenia familiares en la zona. Tampoco portaba documentos, sólo se le conoció el nombre de Jonathan. 

4 de agosto: el señor Rodolfo Triana Rodríguez, alias “Galloparado”, desmovilizado de los grupos paramilitares, junto a los reinsertados conocidos con los alias de “Bombillo” y “Culeco”, dieron a un campesino de la vereda Notepases (municipio de Yondó), una lista con los nombres de varios campesinos de la vereda, diciéndole que a partir del 20 de agosto se comenzaría a asesinar a esas personas. Añadieron que ya tienen las personas encargadas de hacer los asesinatos: Bombillo, Bleyner, Culeco y dos paramilitares nuevos. Estos desmovilizados permanecen en el casco urbano de Yondó, donde amenazan a los campesinos sin ningún inconveniente.

8 de agosto: En una amenaza de muerte, recibida vía correo electrónico, el Bloque Central de las “Águilas Negras” señala a un grupo de personas de Credhos y la ACVC, como también de otras organizaciones sociales, de tener nexos con grupos guerrilleros, y que por tal motivo, son declarados objetivo militar. Los paramilitares aseguraron además, que en los próximos días darían a conocer el nombre de más personas a quien amenazarían, pertenecientes a distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que trabajan en Barrancabermeja.

20 de agosto: dos civiles armados arribaron a la finca del campesino Hernán Darío Gallego en la vereda Tamar, preguntando por su paradero. Al no encontrarse, los dos hombres la emprendieron a golpes contra su hijo, Álvaro Andrés, de 25 años, quien en este momento se encuentra en la vereda San Francisco reponiéndose de la golpiza. En la zona se encuentran tropas del Batallón Calibío, adscrito a la 14a. Brigada del Ejército Nacional, comandadas por el sargento Ruiz.

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24 de agosto: En la vereda La Unión, jurisdicción del municipio de Yondó (Antioquia), personas extrañas ingresaron en horas de la madrugada a la casa del señor José Brand y de Gustavo Hernández y procedieron a requisar todo. Al no encontrar nada de su interés, se fueron del lugar. En la región solo se veía la presencia de tropas del Ejército Nacional, que patrullan con mucha frecuencia y llevan consigo a un desmovilizado como guía, conocido como Jairo. Este sujeto fue el causante de la muerte del presidente de la junta acción comunal de la vereda La Unión, Cruz Aldelio Brand, quien fue asesinado por el Ejército Nacional el pasado mes de junio. Este desmovilizado hizo señalamientos falsos e injustos sobre Cruz Aldelio y se prestó para realizar el montaje para presentarlo como caído en combate, siendo el más reciente "falso positivo" en la región. Estos hechos han causado que los campesinos, llenos de temor, se desplacen de sus parcelas para proteger su vida y la de su familia. La comunidad está preocupada por estos hechos que se están presentando en la región y exige al gobierno nacional seguridad y garantías para permanecer en sus tierras, así como el respeto de sus vidas y pertenecías.

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26 de septiembre: a las diez de la noche, en la vereda Muribá, del municipio de Cantagallo, Sur de Bolívar, soldados del Ejército Nacional que se encontraban encapuchados, bajo el mando del teniente Mahecha, llegaron a la finca del señor Salvador Martínez, preguntando que dónde tenía la plata y las armas, que dijera donde se encontraba la guerrilla. Después prosiguieron a maltratar e insultar a las personas que se encontraban en la casa. A los obreros los tiraron boca abajo y los encerraron en un cuarto. Los soldados robaron al señor salvador 5.080.000 pesos. Este dinero lo tenía el señor Salvador para invertirlo en la finca en siembra de pasto y cultivos de pancoger, y para pagar los jornales de los obreros que se encontraban trabajando en su parcela.

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29 de septiembre: En la vereda El Cagüí, en la ciénaga de San Lorenzo, zona rural del municipio de Cantagallo (sur de Bolívar) fueron detenidos por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Andrés Gil, Evaristo Mena y Óscar Duque, miembros de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), quienes se encontraban en una reunión con la comunidad. Ante la oposición de los campesinos, los agentes realizaron disparos al aire. Andrés y Óscar son fundadores de la ACVC y actualmente hacen parte de la junta directiva de la asociación. Ya el 5 de octubre de 2006, Óscar había sido detenido arbitrariamente por el ejército, siendo liberado en días posteriores. Así mismo, en la ciudad de Barrancabermeja, las autoridades allanaron el apartamento de la ACVC, ubicada en el edificio La Tora. Al lugar arribaron a las cuatro de la tarde cerca de 50 soldados junto a agentes del DAS. También en Barrancabermeja fue detenido en su residencia Mario Martínez, directivo de la ACVC. 

1ro. de octubre: es allanada la oficina regional de la ACVC, ubicada en Barrancabermeja. Son decomisados CPU, documentación y archivos de la asociación.

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4 de octubre: a las seis de la mañana, en el municipio de Cantagallo fue allanada la residencia del señor Ambrosio Santiago Ardila por agentes que se identificaron como miembros de la Sijín sin presentar orden de allanamiento con el argumento que desde Bogotá habían recibido la información de que desde su número celular personal se habrían realizado llamadas extorsivas. Ambrosio Santiago Ardila es un dirigente popular y comunitario quien además es el presidente del Polo Democrático Alternativo en Cantagallo (Sur de Bolívar). Esta situación por demás irregular y claramente violatoria de la dignidad humana y los derechos humanos nos hace pensar que podría tratarse de un nuevo “falso positivo” cuyo único fin sería estigmatizar y judicializar sin pruebas, mediante montajes a los militantes del PDA en una maniobra encaminada a impedir el democrático ejercicio electoral de esta organización política y de sus militantes.

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23 de noviembre: en la vereda Alto San Juan, de la zona rural del municipio de San Pablo (sur de Bolívar), tropas del Ejército Nacional detuvieron arbitrariamente durante una hora, aproximadamente, a un campesino de la región y a miembros del equipo de campo de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC). Según los soldados, el motivo de la detención fue el hecho de portar ejemplares del boletín La Marcha, de la ACVC, que serían repartidos entre la comunidad de la vereda Muribá. Los uniformados afirmaron que los boletines "los saca la guerrilla", y acusaron a los miembros de la ACVC de ser sus colaboradores. También les fueron requisados los documentos de identidad, teléfonos celulares y un avantel de dotación de la asociación. Fueron pedidos los números de los equipos, encendidos y revisados. Después de una hora, los equipos fueron devueltos y permitido el paso. En las horas de la noche, los soldados ingresaron a la finca de una campesina de la misma región, robaron dos cadenas, unos aretes de oro y dos millones pesos en efectivo. Adicionalmente, la amenazaron y obligaron a firmar un documento de "buen trato".

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28 de diciembre de 2007: A las cinco de la mañana tropas bajo el mando del teniente Páez y adscritas al Batallón Calibío de la 14a. Brigada de la Séptima División del Ejército Nacional se llevaron al señor Parmenio Manuel Hernández Anaya, de 42 años de edad, poblador de la Zona de Reserva Campesina, quien se encontraba en su vivienda ubicada en la vereda La Poza, zona rural del municipio de Cantagallo (Bolívar). Cinco días después, en Barrancabermeja, su cuerpo sin vida es presentado a su familia con un tiro en la espalda y vestido de camuflado

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AÑO 2008
2 de enero: en la vereda Las Colinas del municipio de San Pablo, dos encapuchados asesinaron en su casa al señor Juan Rey. Los sicarios - quienes vestían de negro - se movilizaban en una motocicleta que dejaron estacionada en la vereda Cerro Azul, a pocos minutos de Las Colinas, mientras cometían el crimen. En Cerro Azul hay permanente presencia militar.
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El 14 de enero: miembros del Batallón Calibio, adscrito a la 14a. brigada del Ejército Nacional, llegaron a la vereda Notepases, municipio de Yondó (Antioquia), en el valle del río Cimitarra, y se dirigieron al sitio conocido como Matecaña, donde abordaron al campesino Saúl Serrano Ramírez para interrogarlo por alias “Diomedes” un comandante guerrillero de las FARC.
Según la denuncia dada por el señor Serrano a la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), la tropa lo intimidó, exigiéndole información sobre el insurgente. Además lo amenazó indirectamente de muerte al decirle “tenemos unos marranitos gordos que lo estamos cebando”, haciendo referencia a campesinos de la región que han sido amenazados recientemente por las tropas desplegadas en ésta región.
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19 de enero: fueron capturados, por militares pertenecientes al Batallón Calibio, Miguel González Huepa y Ramiro Ortega, dirigentes de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC). La captura de los dos líderes campesinos se produjo a la 5:30 pm en la vereda Puerto Nuevo Ité (La Cooperativa) del municipio de Remedios, en el nordeste antioqueño, en el momento en que culminaban una reunión con los habitantes de la vereda. Con las nuevas detenciones son seis los dirigentes de la ACVC.
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28 de enero desde las 8 am, tropas del Batallón Calibío mantienen retenido en su propia casa al campesino Luis Alberto Restrepo, en la vereda Dosquebradas del municipio de Remedios, Antioquia. los miembros del Batallón Calibío perteneciente a la 14a. Brigada del Ejército Nacional, llegaron a la casa del señor Restrepo acompañado por el ex campesino Jesús Maria Piñeres, quien antes de hacer parte del programa de reinserción del gobierno, era afiliado a la junta de acción comunal de la vereda Puerto Nuevo Ité y era conocido en la región por ser campesino.
También recibimos denuncia de robos perpetrados por otros miembros del mismo batallón en la vereda Puerto Nuevo Ité, perteneciente al mismo municipio antioqueño. Habitantes de la zona denunciaron que soldados del Batallón Calibío llegaron a una finca y, después de violentar la puerta de la casa, entraron, robaron un mercado y algunas gallinas. Es de mencionar que en esta finca se encuentra el ganado de siete familias beneficiadas con el proyecto de la Corporación Ayuda Humanitaria Acción Social, que después de la movilización realizada en julio de 2007 por campesinos de la región debido a las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares, donó un mercado y dos cabezas de ganado a cada familia.
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27 de enero: Miguel Ángel González Gutiérrez, de 23 años de edad, miembro activo de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) e hijo de Miguel Ángel Gonzáles Huepa, directivo de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), fue asesinado por tropas del batallón Calibío de la 14a. Brigada de la Séptima División del ejército colombiano. Este lamentable hecho ocurrió el domingo 27 de enero de 2008 en la vereda Puerto Nuevo Ité (La Cooperativa) del municipio de Remedios, en el Nordeste Antioqueño, siendo aproximadamente las 7:30 de la noche.
La sociedad colombiana es informada por el Ejército en sus medios de comunicación que "dieron muerte en combate al guerrillero alias ’Julián’ quien hacia parte de las filas insurgentes de la cuadrilla Raúl Eduardo Mahecha de las FARC" en la vereda de Dosquebradas (Remedios, Antioquia).

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4 de febrero: Las amenazas se dan después del asesinato del joven y líder campesino de la corporación Cahucopana Miguel González Gutiérrez. Los operativos militares no se detienen en las veredas antes mencionadas. Ahora lo que más preocupa a los habitantes de la zona es que los soldados del batallón Calibío están diciéndole a la comunidad que muy pronto llegarán las “Águilas Negras” a Puerto Nuevo Ité. La comunidad denuncia también que el ejército está presentándose en las casas sin ninguna insignia que los represente.

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5 de febrero:   a la casa del campesino Fidelino Guerrero, vecino de la vereda Dosquebradas, jurisdicción de Remedios (Antioquia), el miércoles 30 de enero a las 5:30 pm llegaron cinco soldados del batallón Calibío de la 14a. brigada del ejército nacional, junto con ellos se encontraba el desertor de la guerrilla conocido como Tulio, desmovilizado que ahora luce prendas militares de las fuerzas militares que viene sembrando terror en las comunidades del nordeste antioqueño. Este sujeto hizo que los soldados desplazaran a Fidelino, nuestro compañero campesino que por más de quince años ha vivido en la región, al amenazarlo con que “era mejor que se fuera porque su vida corre peligro”. Esta estrategia que viene implementando el ejército junto con desertores ha ido ocasionando desplazamiento en nuestras comunidades.
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6 de febrero: tropas del Batallón Nueva Granada en la vereda Alto Cañabraval del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, en horas de la noche después de que los campesinos terminan su día y se disponen a descansar en sus casas, los soldados aprovechando que no hay quien les reproche su proceder, acamparon en la casa de la familia de Erasmo González Olivella, miembro de la ACVC ya fallecido. Quienes viven allí al salir de sus habitaciones se encuentran con que la sala de su casa se ha convertido en campamento militar por parte de los soldados del Batallón Nueva Granada.

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13 de febrero: En la vereda de Dos Quebradas, después de la reunión informativa que se realizó sobre la comisión de verificación que visitará la zona el 15 de febrero, la tropa del ejército que ronda la zona se hizo presente preguntando por las personas que estuvieron dando la información acerca de la comisión de verificación. Como ellos ya no se encontraban en la vereda, optaron por lanzar una amenaza pública contra los campesinos diciéndoles que ellos (el ejército) "no vamos a permitir que los campesinos vayan a esa reunión". Es clara la intensión del ejército de amedrentar por medio del terror a la población civil. Es clara la intención de sabotear el derecho a la libre expresión ciudadana, negando el derecho a la libre circulación de los campesinos

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15 de febrero: arribó al caserío la comisión de verificación al nordeste antioqueño, la cual se conformó con representantes de entidades estatales, organizaciones sociales de Antioquia y el Magdalena Medio y por organismos internacionales. Ésta comisión recibió de la comunidad las denuncias de las múltiples violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y a la Constitución colombiana, constantes vejámenes en las que se incluyen amenazas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, judicializaciones, persecuciones, robos de sus pertenencias, presiones para firmar documentos de buen trato y extorsiones por parte de la fuerza pública.
16 de febrero, habiendo terminando la reunión de la comisión con la comunidad, el ejército ingresa al caserío, los miembros de la comisión le dicen a la fuerza pública que no podía estar dentro del caserío porque es exponer a la comunidad y se estaría violando una de las normas del derecho internacional humanitario, a lo que un soldado del Batallón Calibío respondió de manera muy agresiva: “¡Hijueputa! Si nosotros no podemos entrar, ¿entonces quién puede?”. Y como siempre sucede, no quisieron dar sus nombres. “Si ese es el trato que nos dan a nosotros, imagínense cómo deben tratar a los campesinos”, se le oyó a un integrante de la comisión
Febrero 17: Debido a la constante violación de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario por parte del estado colombiano y ejecutadas por el Ejército Nacional, los campesinos del nordeste antioqueño se desplazaron a la vereda Puerto Nuevo Ité (La Cooperativa) del municipio de Remedios, conformando un campamento humanitario. El objetivo es proteger sus vidas, es una medida de extrema seguridad para evitar que sigan los asesinatos selectivos, es buscar un refugio porque el ejército, en lo transcurrido del año, ha ejecutado extrajudicialmente a dos campesinos.
el ejército ingresan nuevamente al caserío de Puerto Nuevo Ité al mando del coronel Wilson Ramírez Cedeño e invitan a los campesinos refugiados en el sitio y a los habitantes del lugar a asistir al circo llamado acción cívico - militar, con lo que pretenden calmar el dolor de la muerte, terror que ellos mismos causan. Esta acción de doble moral la pretenden realizar el miércoles 20, como lo ordenó el coronel al mando de esta tropa militar.
Además están recogiendo documentos firmados “libremente” por algunos campesinos acusando a la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) y a la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) de ser los desplazadores de campesinos e incitadores a que se queden en el refugio humanitario, ya hemos denunciado que estos documentos que hacen firmar, como los de “buen trato”, se hacen bajo presión, sus armas oficiales empuñadas, algunas veces apuntando las cabezas de los firmantes.
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18 de febrero: un grupo de veinte hombres armados y vestidos con prendas militares que se identificaron como "Águilas Negras", instalaron un retén sobre la carretera San Pablo - Santa Rosa del Sur (Bolívar), a sólo cinco minutos del corregimiento de Santo Domingo, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Allí interceptaron el vehículo de la Asociación de Productores de Cacao del Sur de Bolívar (Aprocasur) en el que viajaban Miguel Daza, coordinador de Aprocasur y miembro de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas); y Jhon Martínez, conductor de Aprocasur. Luego de ser bajados a la fuerza del vehículo, fueron torturados y asesinados.
En el momento en que ocurrían estos hechos, por el mismo lugar pasaba en su motocicleta Wilmar Tabares, agricultor del corregimiento de Monterrey, municipio de Simití, sur de Bolívar; quien también fue obligado a bajarse de su vehículo para posteriormente ser asesinado. Wilmar portaba 12 millones de pesos, con los cuales se disponía a pagar una deuda. En el momento del levantamiento del cadáver por parte de la Policía, sólo fueron encontrados en sus bolsillos 5 millones.
Este grupo de hombres manifestó que son desmovilizados de las AUC que pretenden retomar el control político, económico y militar del sur de Bolívar
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Luis Horacio Ladino Guarumo, de 42 años, campesino, habitante de la vereda Caño Tigre, municipio de Remedios (nordeste de Antioquia), arriero de profesión y miembro del equipo de campo de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), fue ejecutado extrajudicialmente por tropas del Ejército Nacional en Campo Bijao, vereda de Remedios donde realizaba sus negocios de madera. El coronel Ramírez, comandante del Batallón Calibio del ejército colombiano, “explicó” esta acción de muerte diciendo que a las nueve de la mañana de hoy -marzo 19 de 2008- la tropa presente en esta zona y al mando del subteniente Manrique, lo sorprendió cuando instalaba una mina “quiebrapatas”, entonces, dice el coronel Ramírez, la tropa responde dándole muerte en el sitio.