por Ascamcat (Asociación Campesina del Catatumbo)

En el marco de la celebración del día del medio ambiente, el pasado 5 y 6 de junio la Asociación Campesina del Catatumbo realizó una jornada de sensibilización y solidaridad con la vereda de Caño Mariela, del municipio de Teorama en el Catatumbo bajo (Norte de Santander).

Durante la jornada participaron campesinos de las veredas de Brisas del Catatumbo, La Unión Baja y Martillo Bajo, municipio del Tarra; La India, Morro Frío y Río Chiquito, del municipio de Tibú; Caño Azul y Cooperativa de Sapahadana del municipio de Convención; y Caño Escondido, Caño Mariela y El Suspiro, del municipio de Teorama. También asistieron las comunidades Brubucanina, Suerera y Asanbaricayra de la etnia Barí, y Asocbarí.

En el encuentro, el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez informó acerca del proceso de solicitud de licencia ambiental hecha por la empresa carbonífera Geofising EU. ante el Ministerio del Medio Ambiente, la cual apunta a la explotación a cielo abierto del carbón que se encuentra en la vereda de Caño Mariela (Teorama), en una extensión de 1531 hectáreas, de las cuales pretende explotar durante el primer año 60.000 toneladas proyectando llegar el quinto año a 790.00 toneladas.

Valiéndose de argumentos falaces, esta empresa carbonífera representada legalmente por Jairo Cuellar, pone en riesgo el vulnerable ecosistema que constituye la reserva forestal Serranía de los Motilones, al igual que la permanencia en el territorio de los campesinos y de las comunidades indígenas Barí. La empresa ha fundamentado su solicitud de levantamiento de la zona de reserva forestal sobre la vereda de Caño Mariela aduciendo que actualmente en la vereda no habitan campesinos ni indígenas, cuando la vereda además de ser territorio ancestral Barí, es el hogar de varias familias campesinas.

Así mismo, Geofising EU. ha venido aplicándole a la comunidad campesina encuestas amañadas e incoherentes, aprovechándose de la baja condición de escolaridad del campesinado catatumbero con el fin de respaldar su funesta iniciativa.

Otro de los argumentos que ha utilizado es que en la vereda hay cultivos de uso ilícito, motivo por el cual la vocación de la reserva forestal ha cambiado, además que la caracterización ambiental de la vereda es de un gran rastrojo. Sin embargo, si bien en la zona había cultivos de coca que fueron erradicados de manera forzosa y manual el pasado mes de abril, las áreas afectadas por la siembra de cultivos ilícitos no son susceptibles para perder el uso establecido y reglamentado para la zona de reserva forestal. También es importante aclarar que la caracterización ambiental de la vereda es de bosque tropical húmedo, rico en biodiversidad, motivo por el cual es considerado como zona de conservación.

Finalmente, Geofising EU. propone el desvío de Caño Mariela, Caño Danta y Caño Pereza y en un término de 20 años reencauzarlo para evitar un daño irreparable en el ecosistema de Caño Mariela. Sin embargo, el consumo de las poblaciones que allí habitan dependen de éstos afluentes y son hábitat natural de especies endémicas, tanto de flora como de fauna, y es precisamente allí donde se encuentran las reservas de carbón.

Recordemos que el Catatumbo hace parte de la reserva forestal Serranía de los Motilones. Ésta es una de las siete reservas forestales nacionales, además de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Río Magdalena, la Sierra del Cocuy, la cordillera Central, el Pacífico y la Amazonía, creadas mediante la Ley segunda de 1959 para la Economía y el Desarrollo Forestal, la protección de los suelos y de la vida silvestre.

La Serranía de los Motilones cuenta con una superficie de 65.280.321 hectáreas en el departamento de Norte de Santander, fue declarada la reserva en 998.581 Ha, de las cuales hoy en día se han sustraído 445.890, es decir el 44%, y actualmente está constituida por 552.691 Ha. La conforman territorios de los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, El Tarra y Tibú, que cuentan con una población aproximada de 106.452 habitantes.

En la jornada de sensibilización y solidaridad con Caño Mariela se realizaron actividades de arreglo y embellecimiento de la vereda, así como la instalación de vallas alusivas a la defensa de la vida, la naturaleza, el territorio y la cultura.

Laboratorio experimental del modelo privatizador en Colombia

Investigación: Danilo Urrea y Juana Camacho
Con la colaboración de Eva Doménech

Publicaciones Censat Agua Viva
Noviembre de 2007

Para CENSAT Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia es un agrado presentar el resultado de nuestra reciente investigación en el caribe colombiano: Agua y trasnacionales en la Costa Caribe, laboratorio experimental del modelo privatizador en Colombia.

Este trabajo es un aporte a la resistencia de los pueblos de la Costa Caribe que ven vulnerados sus derechos fundamentales con la implementación del modelo privatizador de la gestión del agua y del saneamiento básico, que favorece la participación de las corporaciones trasnacionales, a través de sus filiales, al tiempo que genera condiciones desfavorables para la vida de la gente.

Se espera que las investigaciones que aquí se presentan se constituyan en herramienta para la consolidación de un proceso articulado para la defensa del agua en el país, que haga frente tanto a las condiciones actuales como a las amenazas que se ciernen, y que tenga como horizonte la exigencia de la justicia ambiental, que es justicia para con los seres humanos y que reconoce dignidad a la naturaleza.

Asimismo, esperamos que este documento aporte también a las luchas del movimiento internacional en defensa del agua, teniendo en cuenta que es un intento por develar las estratégias de las corporaciones trasnacionales en nuestros países, y por generar tanto herramientas como procesos articulados para la defensa de nuestros bienes comunes.

Esperamos entonces que esta publicación sea de su interés, y estamos seguros que nuestro trabajo mancomunado hará posible nuestros sueños: el agua viva, como bien común para nuestros pueblos.

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Fuente: Ambientalistas en accion, diciembre 2007
http://www.censat.org/ambientalistas/61/Documentos.html

In Paraguay, terra dei grandi fiumi, c’è l’ Acuífero Guaraní, la terza (o la prima) riserva d’acqua dolce del pianeta. Una risorsa strategica scarsa che ha già scatenato gli appetiti. Quelli di Usa e Brasile per esempio

Ogni secolo ha il suo oro. Il petrolio, l’oro nero per cui si sono combattute le guerre del secolo XX (che non sono finite…), l’acqua, l’oro blu per cui si combatteranno le guerre del secolo XXI.
Il Paraguay lo sa. Uno dei suoi miti fondativi, la Guerra del Chaco contro la Bolivia, fu una guerra per il petrolio fra i nord-americani della Standard Oil of New Jersey dei Rockefeller e gli anglo-olandesi della Royal Dutch Shell, ma in quell’inferno boreale, fra il 1932 e il 1935, i 60-90 mila morti boliviani e i 30-50 mila paraguayani morirono per l’acqua. Di sete, scannandosi fra loro per le poche pozze d’acqua di quel deserto vuoto. La guerra iniziò per il petrolio (che non fu trovato) ma finì per essere una guerra per l’acqua.
Se il petrolio e il gas del Chaco probabilmente si troveranno – a pochi km, Tarija e Santa Cruz, sud della Bolivia, e a Formosa, nord dell’Argentina, ne sono piene -, in Paraguay l’acqua c’è già, sopra e sotto la superficie. Tanta. Dolce e pulita.
Se è vero che non più dell’1% o, secondo l’Unesco, del 2.5% dell’acqua della terra è dolce e potabile, è un fatto che un quarto di quell’acqua si trova nel Cono sud dell’America latina. E il vero paradiso terrestre dell’acqua è qui, in Paraguay, con l’Acuífero Guaraní e i grandi fiumi che scorrono dentro o intorno al paese, come il Paraná e il Paraguay, l’Uruguay e il Pilcomayo, l’Iguazú e il Bermejo, l’Apa e il Negro; con le cateratte di Iguazú e le centrali idroelettriche di Yaciretá (condivisa con l’Argentina) e Itaipú (condivisa con il Brasile, la più grande del mondo).
Un tesoro sepolto
Quest’oceano d’acqua dolce forma la Cuenca del Plata – un bacino idrografico di 3.2 milioni di km fra Argentina, Brasile, Bolivia, Uruguay e Paraguay – che, alla confluenza dei fiumi Paraná e Uruguay, diventa poi l’estuario del Rio de la Plata e, oltrepassate Buenos Aires e Montevideo, dopo 320 km sbocca nell’Atlantico.
Il Sistema Acuífero Guaraní (il SAG) della Cuenca del Plata è il cuore pulsante. Una risorsa strategica, ambita da molti. Un immenso giacimento d’acqua dolce sotterraneo che copre 1.2 milioni di km quadrati – 4 volte l’Italia -, il terzo del pianeta o, per altri, il primo perché i suoi limiti precisi non sono ancora conosciuti. 71 mila km quadrati in Paraguay, 59 mila in Uruguay, 840 mila in Brasile a nord – dove si connette con il grande Pantanal del Mato Grosso e di lì con l’Amazzonia -, 226 mila in Argentina a sud – dove arriva fino alla Pampa e di lì potrebbe connettersi con laghi e ghiacciai della Patagonia. Secondo gli esperti la sua ricarica annuale è fra i 160 e i 250 km cubici e «dato che un km cubico equivale a un miliardo di litri d’acqua – dice Ramón Fogel, sociologo del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios paraguayano -, questa riserva d’acqua può soddisfare le necessità di 360 milioni di persone per 100 anni usando solo il 10% della sua capacità totale».
Un tesoro sepolto, scoperto dai brasiliani negli anni ’30 del ’900, tanto prezioso quanto fragile e vulnerabile. La sua ricarica naturale, per via diretta attraverso le piogge o per via indiretta attraverso l’infiltrazione verticale, può essere danneggiata dai residui industriali e domestici scaricati nei fiumi e – il pericolo più attuale – dai pesticidi e agrotossici di cui si fa un uso smodato da quando il fertilissimo est paraguayo, trasformatosi in terra franca dell’immigrazione terrateniente dei brasiliani (i «brasiguayos»), è diventato uno dei paradisi della soia transgenica di cui il Paraguay è il settimo produttore mondiale e il quarto esportatore dopo Usa, Brasile e Argentina.
Anche se solo il 6% dell’Acuífero è in territorio paraguayano e la metà della sua ricarica naturale avviene in Paraguay e, più esattamente, nell’area della Triple Frontera. La regione malfamata fra Paraguay, Brasile e Argentina che gli americani di Washington dicono sia infestata, oltre che dal crimine organizzato – contrabbando di tutto e in particolare di droga e armi, riciclaggio di denaro sporco, traffico di donne e di auto -, dal «terrorismo islamico».
Un’area quindi da tenere sotto stretto controllo militare, meglio se permanente. E, visto che per di più racchiude una «risorsa dell’umanità», da «internazionalizzare». Anche se internazionalizzazione spesso fa rima con privatizzazione. Un ossimoro solo apparente.
«L’insistenza del Dipartimento di Stato Usa sulle attività illecite che si verificano nelle Tre frontiere e sui loro legami con il terrorismo internazionale coincide con gli interessi del potere globale e in questa ottica dev’essere vista: la minaccia terrorista e una risposta a livello militare s’incastrano non solo con la ricerca di nuovi nemici dopo il collasso del socialismo reale, ma innanzitutto con la pretesa di controllare le risorse naturali del pianeta considerate strategiche e infine anche con il tentativo di rendere il più difficile possibile l’integrazione fra i paesi del Mercosud», dice il sociologo Ramón Fogel qui ad Asunción. «Altro che cellule terroriste: gli Stati uniti hanno messo la Banca mondiale e l’Organizzazione degli Stati americani alla testa d’un progetto che si propone di scoprire la consistenza esatta di questa risorsa, assicurarne l’uso sostenibile, evitarne la contaminazione e soprattutto tenerla sotto stretto controllo», diceva qualche giorno fa a Buenos Aires Elsa Buzzone, una storica, specializzata in geopolitica, del Cemida, Centro de militares para la democracia argentina, e ricorda le centinaia di «basi scientifiche» e militari che gli Usa, l’Onu e altri organismi internazionali hanno installato in luoghi sensibili del mondo e dell’America latina – «6 in Argentina e una ventina intorno all’Amazzonia» – ufficialmente per monitorare fenomeni ambientali e rilevare eventuali «esplosioni atomiche». I realtà gli obiettivi veri sono altri. Sia il primo Foro Social de la Triple Frontera, nel 2004 a Puerto Iguazú, il lato argentino delle Tre frontiere, sia il secondo, nel 2006 a Ciudad del Este, il lato paraguayo, li hanno inquadrati con chiarezza: le spinte a militarizzare e internazionalizzare la regione si devono al fatto che gli Stati uniti la considerano primo la porta d’accesso alla conca amazzonica, secondo una delle riserve d’acqua dolce più importanti del pianeta, terzo una miniera straordinaria di ricchezza ambientale e biodiversità che fa gola al big pharma, quarto un ambito territoriale strategico per il controllo dei tre paesi.
I tre assi strategici Usa
Anche Adolfo Pérez Esquivel, il Nobel argentino per la pace del 1980 e il fondatore del Serpaj, il Servicio Paz y Justicia, non ha dubbi: «i tre assi» su cui si muovono gli Stati uniti in America latina sono il Plan Puebla-Panamá, il Plan Colombia e la Triple Frontera con l’Acuífero Guaraní e la Cuenca del Plata.
Per gli Usa e forse anche per certi ambienti dell’Onu, l’Amazzonia e (sia pure, per ora, con minore insistenza) la Patagonia devono essere prima che brasiliana e argentina «patrimonio dell’umanità». E anche l’ Acuífero Guaraní, di cui si parla molto meno, dovrebbe esserlo.
Ma che significa «patrimonio dell’umanità»? Le stesse parole per esprimere due visioni del mondo contrapposte. Una che guarda alla grande riserva d’acqua dolce che scorre qui sotto come a una risorsa ambientale comune, compartita fra i 4 paesi che la posseggono, legata al diritto alla vita, anzi un «diritto umano» tout court, come ha detto il presidente boliviano Evo Morales, che quindi «non può essere un business privato». L’altra che considera l’acqua e l’Acuífero una risorsa strategica con un preciso – e crescente – valore economico che può o deve essere privatizzata, come il petrolio e il gas, per farla fruttare e produrre profitti. Fra queste due posizioni inconciliabili ce n’è una terza che forse è quella buona. L’acqua come risorsa dell’umanità ma che, come qualsiasi altra risorsa, appartiene al paese che la possiede, che la può e deve sfruttare e però, ancora con le parole di Morales, «non può diventare mai un affare privato ma deve restare sempre un servizio pubblico».
A qualcuno non sarà sfuggito che a essere alternativamente proclamate «patrimonio dell’umanità» o «merce» sono sempre le risorse degli «altri», dei paesi deboli e periferici. L’acqua preziosa su cui galleggia questo paese non fa eccezione.
Nel ’94 i 4 soci fondatori del Mercosud – Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay – si accordarono per dare vita a un «Proyecto de Protección del Acuífero Guaraní y Desarrollo Sustentable», dotandolo di un modesto budget di 26 milioni di dollari. Poi sull’onda delle privatizzazioni che negli anni ’90 imperversavano in America latina, col pretesto di una mancanza di fondi, affidarono il Progetto alla Banca mondiale. Il 22 maggio 2003, la Banca mondiale e i 4 paesi del Mercosud si riunirono a Montevideo per rifirmare il Progetto del ’94 ma questa volta finanziato dal Global Environment Facilities (con sede a Washington di cui è parte la stessa Banca mondiale, nato nel ’91 per «aiutare» i paesi in via di sviluppo a impiantare programmi compatibili con l’ambiente globale), dal Dipartimento per lo sviluppo sostenibile dell’Organizzazione degli Stati americani (l’Osa, storico strumento di controllo Usa sull’America latina, con sede a Washington), dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (l’Aiea, con sede a Vienna, la stessa che maneggia la crisi con l’Iran) e da organismi ambientali dei governi di Germania e Olanda. Il Progetto si propone di «appoggiare» i 4 paesi dell’ Acuífero per «elaborare e mettere in pratica congiuntamente un comune ambito istituzionale, legale e tecnico per utilizzare e preservare il SAG».
Solo per questo? Non ci credono il sociologo paraguayano Ramón Fogel e la storica argentina di geo-politica Elsa Buzzone, e neanche i movimenti, le ong e i gruppi arttivi nella Tripla Frontera, quali la Red Social o il Grito das Aguas: loro hanno chiarissima la convinzione, che il Progetto sotto controllo del Banco mondiale in realtà si proponga altro: «cercare informazioni strategiche per conto delle grandi corporazioni interessate a investire nel mercato dell’acqua e ottenere il controllo privato delle nostre risorse ambientali».
L’acqua dolce è una delle più strategiche, oltrettutto rinnovabile e pulita. Eccesso di sospetto e dietrologia? Certo a pensare male si fa peccato ma spesso – visti i precedenti vicini e lontani – ci si azzecca. E’ sicuro comunque che quando, più presto che tardi, si scatenerà la guerra aperta per l’Acuífero Guaraní, le precedenti «guerre dell’acqua», come quella del 2000 a Cochabamba, sembreranno giochini da playstation.
Il Paraguay dei grandi fiumi, periferico, misterioso, chiuso orgogliosamente su se stesso, «un’isola circondata dalla terra ferma», rivelerà allora la sua importanza strategica nascosta. Le avvisaglie ci sono già. In tutta quest’acqua qui sotto sta cuocendo qualcosa di brutto.

28/11/2007
Maurizio Matteuzzi
Asunción
www.ilmanifesto.it

“Un fogón sin leña no hace fuego y la leña sin fuego no arde, así como una tradición indígena sin su lugar donde vivirla es como un fogón sin leña y sin fuego. Por eso los indígenas del la Sierra, los Ikja o Arhuacos, los Kággaba o Kogi y los Wiwa o Arzarios, en vos viva y palabra de Mamas, pedimos el derecho que tenemos a nuestra tierra, a nuestro cuerpo en el cual desarrollar nuestro espíritu, nuestra tradición y ley. Así dice nuestro saber y memoria cultural, así pensamos y lo decimos”
Grupo Semilla

Bogotá.- Indígenas wayúu, que habitan la península de La Guajira, que comparten Colombia y Venezuela, anunciaron ayer una protesta para obligar a paralizar la construcción de un gasoducto binacional de 225 km que Bogotá y Caracas aspiran a inaugurar en octubre.

Los wayúu pidieron la intervención del presidente venezolano, Hugo Chávez, para lograr que se atiendan sus peticiones. Los aborígenes protestan porque técnicos de Petróleos de Venezuela ingresaron a su territorio sin autorización para realizar las labores relacionadas con la construcción del ducto, dijo la Organización Nacional de Indígenas de Colombia.

El oleoducto unirá a Punta Ballenas en Colombia con Maracaibo en Venezuela y se estima que en sus primeros cuatro años transportará unos 150 millones de pies cúbicos de gas, dijo AFP.

“Protestamos porque nuestra comunidad no ha sido consultada y además los técnicos ingresaron sin permiso, talando árboles y destruyendo casas”, señaló Lubumba Wangriken, portavoz de la comunidad wayúu.

3.000 indígenas wayúu anunciaron que bloquearán los trabajos hasta tanto no se consulte a las 62 poblaciones por las cuales pasará la tubería.Una protesta similar en enero se saldó después de que Pdvsa se comprometiera a compensar a los indígenas.

Fuente: El Universal.com del 25 de julio de 2007

BIRMINGHAM, Alabama, EEUU (AP) – Abogados de familiares de tres dirigentes sindicales asesinados en Colombia pidieron el miércoles a los miembros del jurado que hagan responsable de las muertes a la empresa carbonera Drummond Limited, con sede en Alabama, acusando a la compañía de tener vínculos con escuadrones de la muerte que actúan en la nación sudamericana.

En Colombia, un líder paramilitar está acusado de ordenar la muerte de Víctor Orcasita y Valmore Locarno, dos dirigentes sindicales que fueron arrastrados a la fuerza de un autobús que acababa de salir de una minas de Drummond y asesinados.

En otro incidente siete meses después, Gustavo Soler fue asesinado tras suceder a Locarno como presidente del sindicato.

Rusty Johnson, un abogado de los familiares de las víctimas y del sindicato en el que militaban, dijo que Drummond había tratado de congraciarse con grupos paramilitares que combatían a las guerrillas izquierdistas en Colombia, pues suponía que los insurgentes tenían respaldo sindical.

Por su parte, un abogado de Drummond dijo que los asesinatos de 2001 formaban parte de una trágica historia de violencia en Colombia, pero que la compañía negaba toda responsabilidad en los asesinatos, y no tenía vínculo alguno con los paramilitares colombianos.

“Nadie en Drummond cree que es correcto ayudar en asesinatos”, dijo Bill Jeffress, un abogado de la compañía.

La mina de Drummond en La Loma, Colombia, produce anualmente 25 millones de toneladas de carbón.

Según el gobierno colombiano, más de 800 sindicalistas han sido asesinados en los últimos seis años lo cual convierte a Colombia en el país más peligroso del mundo para la organización del trabajo y muy pocos de esos crímenes han sido esclarecidos.

Una subcomisión del Congreso en Washington realizó audiencias el mes pasado sobre los negocios de Drummond y de la bananera Chiquita Brands International, que reconoció haber pagado a los militares 1,7 millones de dólares en fondos de protección a lo largo de seis años.

El Departamento de Justicia aplicó a Chiquita una multa de 25 millones de dólares por efectuar esos pagos.

Fuente: Univision.com, 11 de Julio de 2007
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/usa/7151988.html

Madrid.- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró en Madrid que su país va a denunciar a Colombia ante la Corte Internacional de La Haya por las fumigaciones antidroga en la frontera entre ambos países.

“Vamos a presentar una demanda ante la Corte Internacional de La Haya porque los daños causados son terribles: hay cultivos destruidos, hay enfermedades, se presume incluso que ha habido muertes”, dijo Correa durante su intervención en el foro Tribuna Americana.

El presidente ecuatoriano, quien se encuentra en visita privada de cuatro días en la capital de España, calificó las fumigaciones antidroga llevadas a cabo por Bogotá en el marco del Plan Colombia contra el narcotráfico como un “abuso, una agresión de Colombia, que por ahora está detenida y no la vamos a tolerar más”; reseñó AFP.

Correa matizó que Colombia es “un país hermano” y recalcó las buenas relaciones de Quito con el gobierno del presidente Alvaro Uribe, “pero entre hermanos también puede haber abusos”.

Según un informe de una comisión de expertos ecuatorianos, las aspersiones aéreas de cultivos de coca con herbicida glisfofato son cancerígenas y afectan el medio ambiente.

“Cuando bombardean con glifosfato en la frontera y mucha parte de ese químico pasa a nuestra frontera, tenemos que protestar y no lo vamos a tolerar y utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para detener esta agresión, entre ellos demandas internacionales”, añadió el mandatario ecuatoriano, en su segundo día de visita en Madrid.

La denuncia tiene también por objetivo “remediar en algo los daños causados” con una reparación por parte de Colombia.

“Llevan siete años fumigando y los efectos en la frontera norte son desastrosos, hay poblados destruidos, cultivos destruidos, tierra estéril, enfermedades en la población y tiene que responsabilizarse Colombia por todos estos daños”, concluyó el presidente ecuatoriano.

Fuente: El Universal, 11 de junio de 2007

LA PAZ (AP) – Un ministro boliviano calificó de “irresponsables” las declaraciones del ex ministro del Interior y Justicia colombiano Fernando Londoño, quien aseguró en España que el presidente Evo Morales utiliza a la coca para legitimar sus reivindicaciones indigenistas.

“Es una aseveración irresponsable y poco informada”, aseguró el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en declaraciones a la radio Erbol el martes.

Londoño “fue parte del anterior gobierno en Colombia que dio inicio a la fumigación de cocales y estamos viendo que ese método no ha traído buenos resultados en erradicación y están provocando a Colombia conflictos internacionales con Ecuador”, señaló.

El ex ministro colombiano disertó la semana pasada en Madrid en el curso “La democracia frente al terrorismo”, organizado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales.

Londoño aseguró entonces que la industria de la cocaína sirve aún hoy para financiar algunos gobiernos, como a su juicio sucede con el gobierno de Bolivia, que supuestamente encubre la utilización de la droga y de la violencia con fines políticos, según despachos de prensa conocidos aquí.

Morales se encumbró a la política desde las lides sindicales cocaleras.

Fuente: Univision.com, 10 de Julio de 2007
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/7150337.html

Un tempo, 2 miliardi di ettari di foreste tropicali ricoprivano il pianeta.
Circa la metà – tra i 750 e gli 800 milioni – è già andata perduta, al ritmo di 11-15 milioni all’anno. Per intenderci, scompare annualmente una superficie pari a quella di un Paese europeo di media grandezza.
Basandosi su questi dati, alcune proiezioni apocalittiche (ma non troppo) indicano nel 2090 l’anno in cui le foreste tropicali saranno cancellate dalla terra.
Tra il 2000 e il 2005, l’Amazzonia ha perduto 12,8 milioni di ettari di foresta, mentre la Repubblica Democratica del Congo rischia di vedere cancellato il 40 per cento del proprio patrimonio forestale entro il 2050.
Cina, COLOMBIA, Congo, Brasile, India, Indonesia, Myanmar, Malesia, Messico, Nigeria e Thailandia: questa è la lista dei Paesi che, complessivamente, attuano oltre il 70% del diboscamento mondiale.

La causa principale della deforestazione è l’agricoltura su piccola scala, soprattutto la coltivazione basata sull’abbattimento e l’incendio.
E’ la cosiddetta tecnica “slash-and-burn”: si abbattono gli alberi e poi si dà fuoco al sottobosco. La cenere fertilizza il suolo, rendendolo immediatamente coltivabile. Ma nel giro di pochi anni, la terra si inaridisce e diventa necessario distruggere un altro pezzo di foresta.
Nel mondo, questo tipo di agricoltura è praticato da circa 200 milioni di contadini, perlopiù nativi.

Quasi altrettanto dannose sono però le attività commerciali di sfruttamento del legname e di allevamento degli animali da pascolo. In questo caso, le responsabilità sono più estese e coinvolgono anche aziende e consumatori europei.
Teoricamente, le compagnie del legname hanno licenze per operare solo in aree limitate, vere e proprie “riserve” di alberi destinati al commercio. Le concessioni sono date in appalto dai governi locali e dovrebbero corrispondere a criteri di ecosostenibilità. Sostanzialmente, è permesso tagliare un numero di alberi compatibile con la velocità di ricrescita degli stessi. Questa varia a seconda delle specie e delle zone.
Ma l’estrazione di legname avviene spesso in forma illegale al di fuori delle concessioni.

Secondo Greenpeace, ad esempio, il 90 per cento del taglio in Papua Nuova Guinea avviene illegalmente, senza consultazioni con le comunità indigene che, in base alla Costituzione, sono proprietarie della selva.
Così, il 60 per cento delle grandi foreste di Papua è già stato distrutto.
Il legno più pregiato di quella zona è il merbau, che alimenta il mercato del parquet di lusso. Si tratta di un albero a crescita lenta, che ha bisogno di 75-80 anni per raggiungere una dimensione di interesse commerciale. Al ritmo attuale di disboscamento, sarà estinto entro il prossimo ciclo di “rotazione”.L’assalto è guidato da multinazionali malesi, che saccheggiano anche la confinante Indonesia. Il legname arriva poi in Europa attraverso rotte che attraversano la Cina.
Proprio l’Indonesia vanta il primato del più alto tasso di deforestazione, con un ritmo di quasi 1,8 milioni di ettari all’anno; circa 51 chilometri quadrati al giorno.

In questo business, sempre secondo Greenpeace, c’è di mezzo anche il nostro Paese, come nel “caso Fipcam”, in Camerun.
L’Italia è il primo importatore di legno dal Paese africano. La Fabrique Camerounaise de Parquet è solo di nome un’azienda locale: i capitali sono italiani.
A seguito di controlli fatti tra il 2004 e il 2007, è emerso che la compagnia tagliava alberi fuori dalla propria concessione, per un totale di circa 3mila metri cubi di legname prelevato illegalmente. La Fipcam è stata multata, ma l’ammenda è ben poca cosa in confronto ai proventi del legname illegalmente commercializzato.

Attenzione al parquet, dunque. Perché sia ecosostenibile, è importante che sia certificato. La certificazione più credibile è quella rilasciata dal Forest Stewardship Council (Fsc), riconosciuta anche da associazioni ambientaliste come Greenpeace e Wwf. Aderiscono al Fsc anche comunità indigene e gruppi di consumatori.
L’organizzazione offre la garanzia che il legno non provenga “da foreste tagliate illegalmente o aree forestali in cui vi sono palesi violazioni dei diritti umani e tradizionali, né da piante geneticamente modificate né da foreste ad alto valore di conservazione”. Per i semilavorati e i prodotti finiti viene invece assicurata la rintracciabilità, che permette di risalire e controllare tutte le fasi di lavorazione, fino alla foresta da cui proviene il legno grezzo.
La certificazione tutela quindi sia l’ecosistema, sia il consumatore.

Ma quanti e quali sono i danni della deforestazione?
Molti, dalla distruzione della biodiverstà alla sottrazione di risorse per le popolazioni indigene; dalla desertificazione nelle aree secche a erosione, frane e smottamenti nei territori piovosi e collinari.
In tempi di Live Earth, ci soffermiamo sull’effetto serra. La deforestazione influisce sul global warming in due sensi: direttamente, attraverso le emissioni di CO2 e di metano prodotte dagli incendi; indirettamente, in virtù del mancato assorbimento dell’anidride carbonica da parte del patrimonio forestale andato perso.
Tanto che un rapporto della Banca Mondiale e del governo britannico sostiene che “le emissioni prodotte dalla deforestazione e dagli incendi sono cinque volte maggiori di quelle di origine non-forestale”.

Gabriele Battaglia

fuente: salvadanaio.economia.alice.it
11 de julio 2007

A continuación se extrae un fragmento de la investigación, en concreto en lo referido a la construcción de la presa de Salvajina en el norte del Cauca (Colombia) que tuvo un elevado impacto ambiental, social y cultural y que actualmente en manos de Unión Fenosa. En este extracto, los investigadores hilan con la mínima intervención un conjunto de testimonios de las personas que sufrieron directamente la construcción de la presa y la represión ante la demanda del respeto a sus derechos.

Con la construcción del embalse de Salvajina, en 1980, en el Departamento del Cauca, se inicia un proceso de compra de tierras, migraciones y empobrecimiento de los pobladores aledaños al río.

“A la gente le decían: ‘le damos esta plata y usted con esto compra en otra parte’, y la gente como no sabía cuánto valía en otra parte, recibió esa plata y creía que con eso iba a comprar en otra parte una finca mejor que la que tenían, pero resulta que la gente no compró nada porque esa plata no le alcanzó para nada. Mucha gente se fue para Cali, Villa Rica o Jamundí, pero no compraron nada, pagaban arriendo, se gastaron la plata y les tocó volver acá. Casi se me olvida, algo curioso en cuanto al pago de las tierras, pagaban por ejemplo dos millones de pesos en billetes de 200, eso era un montón, entonces entró la locura y uno regalaba, otro tiraba. La gente volvió a ocupar estas tierras, mucha gente ha vuelto, otra se ha quedado en la ciudad, pagando arriendo o quién sabe. Eso ha sido una situación económica muy mala que ha creado una desestabilizad en la mayor parte de la gente. Por eso se hizo la marcha del 86, porque la gente volvió a reclamar estas tierras”.
El acta de la marcha del 86 fue firmada, entre el 13 y 14 de agosto con las comunidades indígenas, con el Incora, el gobierno nacional, el Gobernador del Cauca y las comunidades campesinas de la región, Lo que encontramos en el presente es un cumplimiento aproximado de un 30%. Según lo que uno escucha de la gente de la región es que la comunidad quiere retomar la organización, plantear una evaluación del acta y ejecutar lo que falta por hacer de esa misma acta. Como no se ha cumplido y el decreto sigue vigente, ahora con la nueva empresa y las organizaciones que surgen por la misma necesidad, se pretende organizar y promover para que lo del acta sea un justo cumplimiento del Estado.

“Después de la marcha, la negociación y el Acta del 86 cada uno llegó tranquilo a su casa, todos muy cansados. Nos seguimos reuniendo, muchos se reunían para exigir la indemnización de los mineros, porque mucha gente se quedó sin trabajo, supuestamente ya habían indemnizado algunos mineros, entonces se hizo una lista con la gente que tenía derecho a la indemnización y reubicación de los mineros. La empresa al verse tan apretada, ofreció pagarle 190.000 pesos a cada minero y la gente aceptó eso, pero eso no compensaba lo que se perdió, y hasta ahora no se ha visto la primera reubicación de un minero y los de la empresa dicen que ya han cumplido”.

“La gente también se siguió reuniendo para ir ejecutando lo que se había ganado en la marcha, pero como hubo mucha persecución, mucha agresión, a una gente le tocó retirarse. Un caso fue el del presidente de la Asociación Pro damnificados, llegaron a la casa, lo intimidaron y por seguridad y supervivencia le tocó irse, dejó abandonada la organización y que la retomaran otros líderes”.

“La organización se formó para la movilización y se llamó Asociación Pro damnificados, con personería jurídica número 18 de mayo del 86. Fue la única organización que quedó figurando con todo el peso, los instrumentos para seguirle el cumplimiento al acta de la Salvajina, pero luego con los nuevos líderes vinieron las discrepancias por intereses y demás, y se individualizaron las problemáticas y se dividió la organización. Por ejemplo, el acuerdo era colectivo entre indígenas y campesinos, luego los indígenas se separan, luego nace otra organización que se llama Asociación de Mineros Independientes, luego otra que se llama la Asociación de Impulso. Cuando se divide la asociación en 4 ramos, se pierde estabilidad, pero sigue la personería jurídica, porque a través de la organización se tienen muchas cosas: dotaciones de lancha, enseres, muchas cosas, por ejemplo esos planchones se consiguieron por allí. Los administradores que quedaron no supieron administrar, dejaron acabar todo, y de allí para acá ha sido muy difícil elegir líderes que se apersonen y administren como es. La deshonestidad se hizo presente y hasta allí llegó el proceso colectivo”.

“Otro ejemplo de la persecución es el caso del doctor Oscar Elías López, que fue el abogado de organizaciones que formamos parte de la movilización del 86 y que trabajó mucho para promoverla junto con los líderes. Cuando él interviene en un segundo momento del proceso, teniendo en cuenta que había sido uno de los cerebros de la movilización, es cuando le dan muerte un día cualquiera, tomándose un café en la ciudad de Bogotá por extraños, de eso hace aproximadamente unos 8 años en el 95, 96. Todo esto ha servido para que las organizaciones se vayan debilitando”.

Los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC – en Colombia, protagonizaron en 1986 multitudinarias protestas en contra de la construcción de la hidroeléctrica TSalvajinaT, a la vez que reclamaban compensaciones más justas por parte de la agencia constructora. (IWGIA newsletter, 47).

Estos acuerdos, de La Salvajina, El Nilo, Jambaló y La María, tienen como eje central la adquisición de tierras y la financiación de proyectos productivos con destino a las comunidades indígenas. Según los líderes indígenas del Norte del Cauca han tenido un mínimo cumplimiento, ya que de los 22 proyectos identificados por las comunidades indígenas, se aprobaron 11 y de estos solo se financió una parte de tres. También en el caso de la TSalvajinaT hay un aspecto pendiente referido al reconocimiento y pago de perjuicios por la utilización del territorio para la construcción de la represa y los derivados de la repercusión social, ecológica y cultural ocasionada por la construcción y desarrollo del proyecto.

Por: Campaña Prohibido Olvidar, 30 de junio de 2007

Durante el día de hoy se ha realizado un tribunal a las actividades de Repsol YPF en el mundo y en Colombia en particular. Los colectivos organizadores han presentado numerosos testimonios que demuestran las nefastas políticas sociales y ambientales de la transnacional. Por ello consideran que Repsol YPF se debe comprometer a restituir el daño causado y a cambiar de política

16 de junio de 2007

En la vista se han venido aportando diferentes pruebas e indicios sobre las consecuencias de las actividades de la corporación multinacional Repsol YPF en Colombia y en el resto del mundo:

Contribuyen al cambio climático global: En 2005, los barriles de petróleo que extrajo Repsol equivalieron a casi la mitad de las emisiones de todo el Estado español en ese año.

Tienen graves impactos ambientales y sobre los pueblos indígenas en Bolivia: Repsol efectúa sus operaciones petrolíferas en siete áreas protegidas de Bolivia y en el territorio de 17 pueblos indígenas.

Poseen efectos muy negativos sobre los pueblos indígenas y el entorno en Ecuador : Repsol YPF tiene actividades en el Parque Nacional Yasuní. Además forma partedel consorcio que explota el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que transporta el petróleo desde la selva amazónica hasta la costa pacífica y afecta a once áreas protegidas y a miles de personas.

Impactan social, cultural y ambientalmente en Argentina: El conflicto más conocido es la contaminación del yacimiento de Loma de la Lata, donde los restos de metales pesados hallados son 700 veces más altos de lo permitido por la legislación. Además, Repsol YPF ha provocado un desempleo masivo en poblaciones como General Mosconi, tras la adquisición de YPF.

Saquean los recursos de países como Bolivia y Argentina: Repsol se inscribió como propias las reservas de gas que controlaba en Bolivia, por lo cual está actualmente demandada. Por otra parte, la privatización de la empresa estatal argentina YPF estuvo repleta de irregularidades y denuncias.

Han producido impactos sociales y ambientales en el Estado español: Repsol YPF pretende construir plataromas en las costas de Lanzarote y Fuerteverntura que ponen en peligro más de diez Espacios Naturales Protegidos y chocan con los intereses turísticos de la zona. Por otra parte, en el año 2003, en la refinería de Puertollano (Ciudad Real), murieron nueve trabajadores por un incendio que podría haber sido evitado si hubiera habido mejores medidas de seguridad.

Tienen graves consecuencias sobre la situación de los derechos humanos en Arauca (Colombia):Por sus actividades en la región, en la que se vive una crisis originada por el conflicto armado y por la política de represión en contra de las organizaciones sociales, Repsol ha adquirido una corresponsabilidad, directa o indirectamente, en el incremento del conflicto social, político y militar, la destrucción de los ecosistemas de la región y el acoso a las culturas indígenas. Además, Repsol se ha desentendido de la responsabilidad en crímenes de lesa humanidad al financiar su compañía socia (Oxy) compañías de inteligencia mercenarias, en el apoyo al ejército norteamericano, y en la financiación de unidades militares que acumulan denuncias en materia de derechos humanos.

Provocan el desplazamiento y la destrucción de la cultura de los pueblos indígenas en Arauca: Repsol ha tratado de asegurarse nuevas reservas de crudo en unas áreas de exploración que se superponen con resguardos indígenas u’was y guahibos.

En vista de todos estos hechos, el tribunal ha considerado que existen indicios suficientes para acusar a Repsol YPF de ser culpable de:

Contribuir a la destrucción ambiental del planeta.

-Incrementar el desplazamiento de poblaciones indígenas.

-Continuar con el saqueo de recursos en los países del Sur.

-Operar en países donde se producen continuas violaciones de los derechos humanos.

-Poner en peligro la posibilidad de las generaciones presentes y futuras de continuar viviendo de una forma digna.

Por ello, el tribunal propone que la corporación se comprometa a:

Devolver la deuda ecológica que ha contraído con los países del Sur.

-Restituir a las comunidades indígenas su territorio en las condiciones más parecidas que se pueda a su situación antes de su presencia.

-Retirar toda su actividad de aquellas zonas donde la población local lo requiera de forma inmediata.

-Reconvertir su actividad desde la extracción, procesado y distribución de hidrocarburos, hacia las energías renovables, especialmente la eólica y la solar.

-A restituir a los pueblos donde está realizando sus actividades todos los recursos que de ellos ha tomado para su desarrollo social en armonía con el entorno.

Finalmente, desde este tribunal se ha convocado a la Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos que se celebrará en Bogotá (Colombia) entre los días 2 y 4 de agosto, donde un tribunal constituido al efecto y un jurado popular juzgarán a las empresas trasnacionales petroleras Oxy, BP y Repsol YPF por los impactos negativos de sus actividades en Colombia.

Redes organizadoras de la audiencia preliminar:

Campaña ¿Quién debe a quién?, Campaña Afectad@s por Repsol, Red de Hermandad y solidaridad con Colombia, Red Birregional Enlazando Alternativas.

Colectivos organizadores de la audiencia preliminar:

ACSUR-Las Segovias, ATTAC, COLICHE (La Rioja), Comité de Solidaridad Internacionalista (Zaragoza), Cristianos de Base, Ecologistas en Acción – Madrid, Ecologistas en Acción – Suroeste de Madrid, Espacio Alternativo, Observatorio de la Deuda en la Globalización (Barcelona), OMAL – Paz con Dignidad, Red de Apoyo Zapatista, RCADE – Retiro.

Autor: Redes y colectivos internacionales
Publicado: 05 julio 2007
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/33602

Grupo Semillas

El dia de ayer, 13 de Junio de 2007 en la plenaria de la Cámara de Representantes, fue aprobado El Estatuto Rural.

(.....)
La nota bevanda è sotto pressione: negli ultimi sei mesi 25 università anglosassoni l’hanno estromessa dalle onnipresenti macchinette, in seguito alle denunce di furto dell’acqua comunitaria nei villaggi nel Kerala (India del Sud) e di repressione antisindacale in Colombia.
E passando dalla Coca Cola alla coca e dall’India alla Colombia ecco che, come informa il quotidiano inglese Guardian, le immagini satellitari riprese dall’ufficio della Casa Bianca per il controllo delle droghe danno un brutto colpo al Plan Colombia patrocinato dagli Usa per la sedicente lotta alla droga: la coltivazione della materia prima della cocaina è cresciuta dell’8 per cento l’anno scorso, e del 27 per cento da quando, nel 1999, fu varato il Plan Colombia inizia con l’obiettivo di dimezzare la produzione di coca colombiana entro cinque anni, con operazioni militari (e paramilitari) e fumigazioni aeree – più volte denunciate da organizzazioni contadine, ambientaliste e per i diritti umani per il loro impatto sulla salute e sulle coltivazioni.
Ma per i villaggi colombiani tartassati dalla violenza negli ultimi anni si è profilata un’altra tragedia: gruppi paramilitari stanno estromettendo indigeni e coltivatori dalle loro terre per far posto alle piantagioni di palma da olio, materia prima per i «carburanti verdi» la cui domanda estera cresce. Quattro anni fa il paese non produceva un solo litro di agrodiesel, oggi è arrivato a 1,2 milioni al giorno, si è vantato il presidente Alvaro Uribe. Ma lo stesso governo ha dichiarato che in certe aree l’80 per cento della terra a palma da olio ha titoli irregolari. Secondo le denunce delle organizzazioni indigene, di Christian Aid e della stessa Fedepalma, federazione nazionale dei produttori di olio di palma, il nuovo business fa gola a grosse compagnie, ai paramilitari di destra e forse anche a gruppi armati di diverso e opposto schieramento. A differenza della coca, finora il principale introito dei gruppi armati, la palma da olio è perfettamente legale anzi incoraggiata e al riparo dal Plan Colombia e dalle sue fumigazioni. Ogni anno, secondo l’Alto Comm.Onu per i rifugiati, dalle zone in cui si coltiva sempre più palma (sulla costa caraibica) fuggono dalle minacce e dalle aggressioni 200 mila persone, aggiungendosi ai tre milioni di colombiani che nei decenni hanno lasciato le loro case.

da “il manifesto” del 09 Giugno 2007

www.disinformazione.it

Secondo l’Ufficio del Brevetto Europeo manca di innovazione.
Revocato per motivi tecnici il brevetto della multinazionale Monsanto su tutti i tipi di semi e di piante di soia geneticamente modificati.
Dopo 13 anni la corte d’appello dell’Ufficio del Brevetto Europeo, EPO, con sede a Monaco, ha infatti accolto le argomentazioni di un ampio fronte di organizzazioni della società civile, non riconoscendo al brevetto EPO301749 un elemento di novità e giudicando la documentazione insufficiente a rendere l’invenzione replicabile da altri scienziati.
La vicenda risale al 1994, quando Agracetus, una piccola impresa biotech statunitense, ottenne il brevetto per una tecnologia che copriva un’ampia varietà di piante e semi di soia trasformati geneticamente. Il gruppo ambientalista canadese RAFI, oggi ETC, organizzò una battaglia legale con il supporto di Greenpeace e di altre associazioni critiche verso il sistema di proprietà intellettuale sulla materia vivente, giudicato immorale e non valido sul piano tecnico.
Il monopolio garantito dal brevetto spinse anche alcune grandi industrie agrochimiche e sementiere ad unirsi al ricorso contro Agracetus, e fra queste la stessa Monsanto, che nella sua opposizione chiese il ritiro del brevetto in quanto privo dell’elemento innovativo. Ma le possibilità di profitto spinsero poi la multinazionale a cambiare strategia: nel 1996 Monsanto acquistò la matrice originaria dal centro di ricerca Agracetus e ne fece il più grande laboratorio di ricerca e trasformazione della soia.
Oggi l’azienda detiene il monopolio su tutte le varietà e i semi di soia ingegnerizzate, indifferentemente dal tratto o dalla tecnica impiegata, il che equivale a circa il 90% del mercato mondiale di soia transgenica. La sentenza dell’Ufficio del Brevetto Europeo rappresenta un traguardo importante nella lotta contro la privatizzazione della materia vivente in quanto ne intacca il principio cardine, quello della presunta innovazione.
“Consiglio dei Diritti Genetici”, 17 maggio 2007

www.informationguerrilla.org

Il professor Veronesi, che è in tournée per sponsorizzare il suo libro-spot sugli organismi geneticamente modificati, ha detto che «gli Ogm dovrebbero cambiare nome: non più modificati, ma organismi geneticamente migliorati». Si vede che non tutte le ciambelle riescono con il buco, se è vero che per la seconda volta il mais MON863 di Monsanto, messo sul mercato nel 2005 sia per il consumo umano che per uso mangimistico, grazie al solito lasciapassare della Commisione europea, ha mostrato segni di tossicità per gli organi interni (fegato e reni). Il nuovo studio, pubblicato ieri dalla rivista Archives of Environmental Contamination and Toxicology, è stato condotto dal professor Gilles Eric Séralini, presidente del Comitato di ricerca e di informazione indipendente sulla genetica (Criigen).

«Le analisi di Monsanto – spiega Séralini – non superano un controllo minuzioso. I loro protocolli statistici sono altamente discutibili. Peggio, l’azienda non ha effettuato una sufficiente analisi delle differenze nel peso degli animali studiati. Dati cruciali dei test delle urine sono stati cancellati dal dossier dall’azienda stessa». Secondo lo studio, il consumo di mais MON863 provoca l’alterazione di diversi parametri biologici (peso di reni e fegato, tasso di globuli rossi e trigliceridi) e la modificazione dell’urina.

Effetti che variano a seconda del sesso. «Nelle femmine – spiega – si osserva un aumento dei grassi e del zucchero nel sangue e un aumento del peso del corpo e del fegato, il tutto associato a una grande sensibilità epatica; nei maschi, è il contrario, con una perdita di peso nel corpo e nelle reni». Greenpeace, che insieme a Carrefour ha finanziato lo studio (è complicato ottenere finanziamenti pubblici per fare ricerca indipendente sugli ogm), chiede il ritiro immediato dal mercato del mais Monsanto. «L’attuale sistema autorizzativo per gli Ogm non ha più alcuna credibilità dopo che è stato approvato un prodotto ad alto rischio nonostante chiare evidenze dei possibili pericoli», dice Federica Ferrario di Greenpeace. I dati in questione, infatti, sono stati oggetto di un feroce dibattito fin dal 2003, quando sono state riscontrare alterazioni nel sangue degli animali.

E’ la prima volta che un Ogm autorizzato per il consumo umano dà segni di tossicità nei topi da laboratorio, eppure è impossibile sapere se i cittadini se lo sono già mangiato (con una concentrazione inferiore allo 0,9% non c’è obbligo di etichetta). Di sicuro, invece, gli ogm vengono ingurgitati da tutti gli animali che forniscono carne e latte. O quasi. Il Consorzio produttori della Fontina, per esempio, ha fatto sapere che darà solo mangime «pulito» alle vacche da latte. Ma non tutta l’industria casearia ha il coraggio di dire no agli ogm per garantire prodotti sempre più qualificati, compresi quei formaggi che sono il nostro fiore all’occhiello del «made in Italy» nel mondo.

Fonte: Il Manifesto, 14 marzo 2007

Javier Orozco y Javier Arjona
La Nueva España

Colombia tiene páramos y selvas húmedas, algunos de los ríos más caudalosos del mundo, miles de riachuelos y lagunas, su costa sobre el océano Pacífico es una de las regiones más lluviosas del planeta, tiene territorios en los Andes y en la Amazonía , regiones que son de las últimas reservas de agua dulce del planeta.

Podrá parecer chocante a nuestros oídos sensibles el uso del término «guerra», pero las comunidades y pueblos así han identificado el acoso y robo de agua de ríos, lagunas y páramos, en Bolivia y en otros muchos países. La Guerra del Agua, en Cochabamba, por fortuna, fue ganada por la población. En el documental exhibido en Langreo se evidencia el robo del agua, no sólo del río Tunari por empresas extranjeras como Suez, con participación de la española Abengoa, sino la presión de estas empresas para obligar a legislar que hasta el agua de lluvia les pertenecía.

El incremento inmediato de las tarifas al 300 por cien y el afán desmedido de lucro provocaron la sublevación popular en Cochabamba, no como una explosión espontánea, sino como resultado de la articulación de los numerosos colectivos, comunidades y grupos relacionados con el uso comunitario del agua para consumo de la población o de las comunidades de regantes, para construir tras el triunfo en el año 2000 una gestión participativa del recurso en la región.

Las empresas extranjeras, no obstante, han seguido presionando, incordiando, y tratando de interferir en el uso del agua, amarrándose a los contratos fraudulentos obtenidos con sobornos y demandando al Estado boliviano con sumas supermillonarias que jamás habían invertido en el país: hasta el año pasado no se llegó a un acuerdo con Abengoa, que reclamaba todavía 25 millones de dólares por la usurpación del bien común.

Tras Cochabamba, ha sido la capital La Paz quien ha sufrido el intento privatizador de Aguas del Ilimani, y han tenido que ser de nuevo los pobladores los que impusieran cordura, con sus movilizaciones y revertieran el negocio atroz.

Nada de extraño tiene, pues, el que un nuevo Gobierno, nacido de expectativas y luchas como la de la guerra del agua o la de la guerra del gas, que limitaron parcialmente la usurpación de recursos naturales energéticos y acabaron con la huida del país del presidente Sánchez de Losada, un nuevo Gobierno como el de Evo Morales haya nombrado un Ministerio del Agua, a cuyo frente ha designado un líder popular curtido en esas movilizaciones, con el objeto de trasladar una gestión participativa según los usos y costumbres tradicionales, respetuoso con el medio de los indígenas aymaras y quechuas, que supieron por milenios utilizar armónicamente la sangre de la tierra y el agua desde una concepción donde las comunidades juegan un papel central. Un modelo de gestión roto, brutalmente, por la imposición de políticas extranjerizantes, europeizadas, coloniales y depredadoras impuestas por el Banco Mundial, que han supuesto un destrozo increíble de bosques, nacederos de agua, lagos y lagunas sagradas.

La Coordinadora del Agua y la Vida de Cochabamba, que articula a centenares de organizaciones de la zona, nacida al calor de estas luchas por la soberanía de los recursos naturales, bien merecería el mejor de los premios, en Langreo, en Asturies, en Europa, por el ejemplo de cordura y raciocinio trasladado a las calles y a las instituciones para revertir el saqueo contemporáneo de recursos naturales. Y los muertos de la guerra del agua o de la guerra del gas (todos del campo popular) bien merecerían honrarse en la defensa a ultranza de estos recursos en-todo-el-mundo.

Javier Orozco Peñaranda pertenece al Colectivo de Colombianos Refugiados en Asturias y Javier Arjona a la ONG Soldepaz Pachakuti. Javier Orozco y Javier Arjona
La Nueva España

www.agenciaenpie.org
Camilo Raigozo

El agua es la base esencial de toda forma de vida en nuestro planeta y tal vez en el universo. Es la parte fundamental de todos los organismos vivos y es el medio físico de multitud de ecosistemas de incalculable valor ecológico y social. En la actualidad, todos los ecosistemas (ríos, cuencas, lagos, humedales, bosques, páramos ciénagas, etcétera.), se encuentran seriamente amenazados por una gestión inadecuada de los recursos hídricos basada en modelos insostenibles de uso del agua.

Además de esos peligros, las voraces e insaciables ambiciones de los grandes capitales mundiales de querer apoderarse del agua del planeta para su exclusivo beneficio económico, tal como lo hacen con el petróleo, varias organizaciones sociales nacionales y extranjeras, vienen organizando un frente de lucha que se opone a tan diabólico plan, en el que las grandes masas humanas quedarían excluidas al acceso al vital liquido.

Es así como el pasado 24 de febrero, en el auditorio de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, cerca de un centenar de líderes de diferentes organizaciones sociales y barriales de la capital colombiana, se dieron cita para organizar la Campaña de Unidad Nacional en Defensa Del Agua y construir un Comité de Impulso, amplio, diverso y democrático, para promover un referendo de origen popular, que modifique la Constitución Nacional, con el objetivo de elevar el agua a la categoría de derecho fundamental de los colombianos. Es decir garantizar constitucionalmente que cualquier colombiano pueda acceder al suministro de agua, independientemente de su capacidad económica para pagar el costo del servicio.

Paradoja colombiana

Igualmente, se pediría que en la Constitución quede incluido que el servicio público de acueducto y alcantarillado, sea prestado exclusivamente por el Estado o por acueductos comunitarios sin ánimo de lucro en todo el territorio nacional. Así mismo, se busca establecer una especial y adecuada protección a los ecosistemas estratégicos del ciclo hidrológico.

Colombia vive la paradoja de ser uno de los países con mayores recursos hídricos del mundo, sin embargo, gran parte de su población padece la escasez del vital líquido. Hace solo dos semanas, en Quibdó, capital del departamento más lluvioso del mundo, Chocó, sus 150 mil habitantes no tuvieron agua potable y vivieron una grave situación de emergencia que aún no está solucionada. Según el Ideam, más del 70 por ciento de los colombianos no tendrán acceso al agua potable en el año 2025.

La oferta hídrica en Colombia es de 58 litros por segundo por kilómetro cuadrado. Cuatro veces el promedio suramericano y siete veces el promedio mundial. Esta abundante disponibilidad de agua no es utilizada para satisfacer las necesidades de los nacionales. Así, el país forma parte del problema mundial consistente en que a pesar de ser el agua un elemento natural renovable, es cada día más escaso. Regiones enteras del planeta se tornan áridas o padecen prolongadas sequías y cientos de millones de personas no disponen del líquido vital, por lo que los grandes consorcios ven en el agua una fuente de negocios y especulación financiera. Las políticas de libre mercado están convirtiendo las fuentes de agua en atractivo de las grandes multinacionales.

En el informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del año pasado, este pidió a los gobiernos que reconozcan al agua como un derecho humano fundamental y que suministren a sus habitantes agua potable para evitar enfermedades. El mismo informe señala que más de mil millones de personas no tienen acceso a agua potable y, anualmente 1,8 millones de niños mueren como consecuencia de enfermedades ocasionadas por el consumo de agua sucia. El informe también sostiene, que las causas de la crisis del agua radican en la pobreza, la desigualdad social y las relaciones de poder sin equilibrios, y no tanto en la escasez del líquido.

Dictadura del capital financiero

Las fuentes de agua, las cuencas, los bosques, los páramos, los humedales y las aguas subterráneas, sagradas para los 82 pueblos indígenas que habitan el territorio colombiano, no sólo están amenazadas sino indefensas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como agencias oficiosas de la estrategia de las multinacionales, presionan la entrega en concesión de las fuentes naturales del líquido y de los sistemas públicos de acueducto y alcantarillado y los gobiernos obedientes a sus mandatos van adecuando la legislación a los mismos.

A partir de la Constitución Nacional de 1991 y la Ley 142 de 1994, se propiciaron políticas de privatización y concesión de acueductos, que hoy se quieren profundizar. De aprobarse una Ley del Agua, con base en un proyecto como el que fue presentado el año pasado, y se implemente el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, este vital elemento acabará siendo una mercancía más en manos de poderosas multinacionales que impondrán condiciones de mercado, similares a las que hoy tiene el petróleo.

Los colombianos no dispondrán de fuentes de agua, pero las multinacionales sí dispondrán de fuentes de jugosas ganancias. Vivendi, Suez, Aguas de Barcelona y otras transnacionales ya controlan importantes acueductos del país. La industria nacional, el agro y los sectores comercial y residencial, habrán de soportar los incrementos tarifarios y la dictadura que sobre el recurso ejercerá el capital financiero internacional.

www.eltiempo.com

La cifra es superior a los 4,7 kilos que se estimaban anteriormente, según un informe anual sobre narcotráfico en el mundo de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife).

Basada en los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) sobre el 2005, la Jife (un anexo de la ONU que analiza el tema de narcotráfico) calcula que Colombia produce unas 600 toneladas de cocaína pura al año.

La cifra es similar a la producción calculada en el 2000, cuando el número de hectáreas era poco menos del doble: 162 mil frente a 86 mil en el 2005.

El informe de Jife, que será revelado hoy en Viena (Austria), explica por qué desde comienzos de la década, cuando el número de hectáreas de coca empezó a bajar en Colombia después de varios años de crecimiento sostenido, el precio de la cocaína en las calles de los países consumidores no ha tenido un aumento significativo.

Ese punto le ha valido no pocas críticas en los Estados Unidos a la efectividad del Plan Colombia, la estrategia bandera contra el narcotráfico de los gobiernos de Bogotá y Washington.

La conclusión es que la capacidad de producción de los narcocultivos ha estado subestimada casi a la mitad: “Desde el año pasado, con la Dirección de Estupefacientes, se hizo nuevo cálculo de producción por hectáreas explica Camilo Uribe, de Jife“.

El punto es clave porque, para Naciones Unidas, el país va por buen camino y no debe “desfallecer” en su lucha contra el narcotráfico. “No se pueden comparar cifras anteriores a 2005”, señala Uribe.

Los investigadores del Simci hicieron el año pasado varias investigaciones sobre el rendimiento de los cultivos en las diferentes regiones. Encontraron que los de Guaviare, Putumayo y Caquetá siguen siendo los más productivos, mientras que los de Cauca y Nariño, donde hoy se concentran los sembrados, no lo son tanto.

250 toneladas a Europa

El informe de la Jife señala que aunque hay noticias alentadoras sobre la disminución de consumo en los Estados Unidos entre la población joven, los países europeos están compensando el cierre de algunos mercados para los ‘narcos’. Y aunque la producción en Perú y Bolivia promedia las 40 mil hectáreas, el mayor exportador de clorhidrato de cocaína sigue siendo Colombia.

La Jife también advertirá sobre los riesgos que se corren con la expansión del narcotráfico y sus negocios a otros países de la región.

Fuentes que conocen el informe señalan que este incluirá una alerta sobre la existencia de cultivos de coca en países como Ecuador y Venezuela, que tradicionalmente eran considerados como países de paso del tráfico de droga.

www.rebelion.org

Estudios científicos de la Universidad Católica (PUCE) de esta capital revelan hoy que una mayor exposición al glifosato causa daños irreversibles en el ser humano.

El médico especializado en genética y catedrático de la PUCE, Cesar Paz, resaltó que ese herbicida, de fabricación estadounidense, solo o acompañado, causa graves afectaciones al entorno y en los humanos.

Quienes están expuestos a un 30 por ciento de ese producto tienen más probabilidades de desarrollar cáncer y en el caso de las gestantes tienen un 20 por ciento más de posibilidades de abortar, subrayó el científico.

Advirtió que la exposición en un 15 ciento provoca la probabilidad de nacimientos con malformaciones.

El galeno destacó la necesidad de adoptar una posición más firme frente a las fumigaciones colombianas, pues los estudios demuestran los daños que ocasiona el glifosato.

Paz apuntó que en las plantas sucede algo parecido. Según una investigación de su efecto en cebollas, realizada por Mariana Moyón, experta de la Universidad Central, las plantas sufrieron severos daños.

En este caso se descubrieron células con doble núcleo, lo cual implica malformación y destrucción del material genético.

Grupos de derechos humanos denunciaron que el riego con ese tóxico ha afectado la salud de más de cinco mil ecuatorianos, muchos de los cuales presentan problemas genéticos irreparables. Además, suman cientos las hectáreas de tierra cultivable destruidas.

El herbicida es utilizado por Colombia para acabar con las plantaciones de coca y su uso fue suspendido hace un año en una franja de 10 kilómetros de la frontera con Ecuador, tras el reclamo del gobierno nacional.

La decisión de reanudar las aspersiones aéreas en la zona limítrofe por parte de Bogotá provocó malestar en Quito, cuya cancillería llamó ayer a consulta a su embajador en el vecino país.

Ecuador exigió el cese de las fumigaciones en la zona fronteriza y advirtió que solo dialogará con Colombia después de suspenderse ese riego.