El CPDH-Nariño

Denuncia ante la comunidad nacional e internacional la presunta TORTURA Y
EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL de la que fueron víctimas los
señores GUMERCINDO GUERRERO PRECIADO Y JOHN FREDDY GARCÍA BASTIDAS el pasado 4 de marzo en la vereda Paraíso, municipio de Roberto Payán por parte de la brigada del Ejército Nacional que opera en la costa pacífica del departamento de Nariño.

HECHOS:

1. Aproximadamente a las 12 del día 4 de marzo de 2013 posterior al
combate sostenido entre tropas del Ejército Nacional y miembros del grupo
subversivo de las FARC – EP, fueron retenidos los Señores GUMERCINDO
GUERRERO PRECIADO Y JOHN FREDDY GARCÍA BASTIDAS quienes luego fueron
trasladados a la capitanía del puerto de Tumaco lugar al cual ingresaron con vida.

2. El día 5 de marzo de 2013 sus familiares conjuntamente con un abogado
acudieron a la Capitanía del puerto de Tumaco y lograron información
tendiente a que los retenidos se les realizaban prácticas de tortura con el
objeto de obtener información.

3. El 7 de marzo de 2013 los cuerpos sin vida de los Señores GUMERCINDO
GUERRERO PRECIADO Y JOHN FREDDY GARCÍA BASTIDAS fueron entregados a sus familiares en el Hospital de Tumaco con evidentes signos de tortura y
quemaduras con ácido en su rostro.

Se puede observar que esta práctica de ser cierta, desconoce la
normatividad colombiana, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que de acuerdo al Código
Penal Artículos. 135, 137 y 178 esas conductas corresponden a los delitos
de Homicidio en Persona Protegida, Tortura en Persona Protegida y Tortura;
en términos del Derecho Internacional Humanitario que protege a las
personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y
restringe los medios y métodos de combate, este homicidio se reconoce como
Ejecución Extrajudicial o sumaria, pues de haber sido detenidos,
correspondía a los militares Respetarles la vida y la dignidad humana, sus
derechos, ponerlos en manos de la autoridad competente para adelantar el
debido proceso y no someterlos a vejámenes y actos de barbarie proscritos
por nuestra Constitución Política y la normatividad internacional.

Por los hechos denunciados:

RESPONSABILIZAMOS: Al Estado Colombiano, al Ministerio de Defensa al
Ejército Nacional de Colombia representado en el Batallón de Infantería de
Marina que opera en la costa pacífica nariñense, vereda paraíso, municipio
de Roberto Payán y a la Capitanía del Puerto de Tumaco donde unidades del
ejército cometen los crímenes mencionados.

*EXIGIMOS: *Al Ejército Colombiano, la Infantería de Marina y sus miembros
que operan en el pacífico nariñense, responsables de la comisión de estos
crímenes individualizar, investigar y sancionar disciplinariamente a los
responsables al tiempo que remitir el diligenciamiento a la Justicia Penal
Ordinaria, toda vez que es claro que estos delitos son considerados como de
Lesa Humanidad y no pueden ser amparados por El Fuero Penal Militar.

A la Fiscalía General de la Nación adelantar la investigación exhaustiva
que permita esclarecer la verdad de los hechos y se aplique con rigor la
justicia.

A la Procuraduría General de la Nación hacer el seguimiento a las
investigaciones tanto disciplinarias como penales que el caso amerita.

INSTAMOS: A la Comunidad Internacional, a las Organizaciones Sociales y
Defensoras de Derechos Humanos acompañar y estar atentos al desarrollo de
la investigación.

Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos – Nariño

La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social MARCHA PATRIÓTICA

La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social MARCHA PATRIÓTICA emite denuncia por el asesinato de nuestro compañero EDGAR SÁNCHEZ PAREDES, así como las amenazas, estigmatización, persecución y hostigamiento contra sus familiares y los dirigentes del Municipio de Soacha.

HECHOS
1. Desde hace cuatro (4) meses, en el barrio Divino Niño del municipio de Soacha, se difundió el rumor de la existencia de un plan para asesinar a varios dirigentes comunales y sociales de esa municipalidad; del mismo modo ha sido constante la presencia de personas y automóviles extraños en el sector.

2. El sábado 10 de noviembre de 2012, a las 7:30 am, EDGAR SÁNCHEZ PAREDES salió de su casa hacia la panadería del barrio llamada “Gojan” donde siempre tomaba café con sus vecinos y amigos; alrededor de las 8:30 am, cuando se encontraba fuera del lugar departiendo con un amigo, fue sorprendido por dos hombres desconocidos quienes lo atacaron con arma de fuego ocasionándole la muerte.

3. EDGAR SÁNCHEZ PAREDES, de 54 años de edad, era miembro del Movimiento Político y Social MARCHA PATRIÓTICA, militante del Partido Comunista, Ex irigente
sobreviviente del exterminio de La Unión Patriótica y miembro de la Junta de Ación Comunal en el municipio de Soacha.

ANTECEDENTES

1. Los días 21, 22 y 23 de abril del 2012, en Bogotá, se constituye LA MARCHA PATRIÓTICA como MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO, en medio de una fuerte ola de estigmatización y criminalización por distintos entes del estado y medios de comunicación. Desde entonces se ha desarrollado una campaña mediática de instigación a crímenes contra los miembros de nuestro movimiento.

2. Desde enero de 2012, grupos paramilitares han hecho pública su presencia en el territorio de Soacha, con acciones sistemáticas de asesinato y boleteo con panfletos, a pesar ser un municipio ampliamente militarizado.

RESPONSABILIZAMOS:

Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, a la Alcaldía de Soacha en Cabeza del señor Juan Carlos Nemocon, y a los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía, por el asesinato de EDGAR SÁNCHEZ PAREDES y demás violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas contra los miembros de nuestro movimiento producto del fuerte proceso de estigmatización, criminalización y persecución anunciada en los antecedentes.

PETICIONES:

1. Que el Fiscal General de la Nación investigue y sancione a los actores intelectuales y materiales del asesinato de nuestro compañero EDGAR SÁNCHEZ PAREDES, en la misma cuerda procesal que adelanta su despacho por las violaciones a los derechos humanos y al DIH cometidas contra los miembros del movimiento político y social Marcha Patriótica.

2. Que el Gobierno Nacional llevar a cabo las medidas pertinentes que brinden garantías y efectividad de los Derechos Humanos del movimiento político y social Marcha Patriótica, en cumplimiento de los Artículos 11, 20, 37, 38, 40, 56 y 107 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que faculta a las personas y organizaciones a vivir, reunirse, expresarse, manifestarse, fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos.

3. Que la Procuraduría General de la Nación en ejercicio del poder preferente investigue los hechos aquí denunciados y proceda con las acciones disciplinarias a que haya lugar.

November 26, 2011

By ASOCBAC
Translated by IPO

REGARDING THE BREWING GENOCIDE AND EXTERMINATION OF OUR ASSOCIATION

The Campesino Association of Bajo Cauca, ASOCBAC, publicly denounces the assassination of Fredy Jimenez, the vice president of the Local Action Committee of Acacias in the municipality of Taraza. This crime was committed Wednesday, November 23, by a paramilitary group that operates in that area. At 5:00 in the afternoon, Fredy Jiminez was murdered only 500 meters from the school in the area known as La Viuda while traveling to the municipal capital of Taraza, on his way from Cañon de Iglesias.

This crime is the result of the State’s systematic and generalized persecution and criminalization of our Association. The Association has been falsely and illegally accused of guerrilla activity by numerous public officials, including Luis Alfredo Ramos, the Governor of Antioquia; Andres Julian Rendon, the Antioquia State Secretary; as well as Didier Adnres Upegui, the Municipal Secretary of Taraza. ASOCBAC has suffered these accusations due to our leadership in strikes and the struggle to protect the rights of peasant farmers in Bajo Cauca.

a Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño ASOCBAC NIT: 900264352-5, denuncia a la opinión pública nacional e internacional el asesinato del vice presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda las Acacias, Municipio de Taraza y líder de *ASOCBAC *en ese Municipio FREDY JIMENEZ. *Crimen cometido por un grupo paramilitar que opera en Taraza, el pasado día Miércoles 23 de * *Noviembre promediando las 5 de la tarde, en la carretera que de la cabecera municipal conduce al Cañón de Iglesias, a unos 500 metros antes de la escuela del sector conocido como la Viuda.

Por CCAJAR

“..todas las noches por unas rendijas yo miraba pasar gente secuestrada con las manos atrás y amordazados en la boca para ser cruelmente asesinadas en el matadero municipal de Mapiripán, escuchábamos todas las noches gritos de personas que estaban siendo torturadas y asesinadas pidiendo auxilio”.

Así describió el juez municipal de Mapiripán, Leonardo Iván Cortés Novoa, el horror de las torturas y el suplicio de quienes fueron descuartizados: lanzando los pedazos de cuerpos al río Guaviare para que éste se los tragara; dejando algunos cadáveres en el municipio y tirando al pie de los que huían, el perro ahorcado de la profesora por el “Mochacabezas”, para dejar muestra de lo que el cabecilla paramilitar Carlos Castaño llamara “el combate más grande que han tenido las autodefensas en su historia”, confesando haber asesinado a 49 personas.

En la pasada semana, la identificación de falsas víctimas por la Fiscalía de Justicia y Paz, que fueron indemnizadas por el Estado colombiano, ha desatado una campaña mediática y el anuncio de sanciones ejemplares contra aquellos que el presidente Santos ha llamado “avivatos”, “corruptos”, que minan la credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Sin embargo varias de estas supuestas falsas víctimas ya habían sido identificadas desde 2008, e incluso varios años antes, por el Estado colombiano ¿por qué hasta ahora se dieron a conocer?

por MOVICE

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE denuncia
a la comunidad nacional e internacional hostigamientos y amenazas contra la
activista del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Blanca Nubia
Díaz, y su nieto Jhan Frank Díaz de Luque. Estos hechos estarían relacionados
con la denuncia que se adelanta ante la Fiscalía contra los paramilitares de
“Jorge 40” por el asesinato de su hija, Irina del Carmen Villero Diaz, en el 2001.
Hechos

1. El día 28 de julio de 2011, llegando a la plaza de Paloquemado, el nieto de
Blanca Nubia Díaz, Jhan Frank Díaz de Luque, estaba esperando a su abuela
para adelantar unos trámites ante la Fiscalía. Jhan Frank fue abordado por dos
sujetos, quienes le dijeron: “quédese quieto que no le vamos a hacer nada y
siga caminando”. Jhan Frank les respondió “yo no tengo nada, solo el celular”.
A lo que ellos respondieron “venga para acá piribo” y lo agarraron por los
brazos.
Los dos hombres le dijeron que “en esta ciudad no hay espacio para dos
enemigos … nosotros conocemos a su mamá, ella se llama Aracely De Luque,
y sabemos de su abuelita Blanca Nubia, que hace y con quienes anda… siga
caminando y si voltea ya se imagina lo que le va a pasar”. Finalmente, los dos
hombres se fueron hacia atrás.

2. El día 01 de agosto en la calle 37 con Caracas un hombre abordó a Blanca
Nubia Díaz y le manifestó: “yo soy un policía secreto que estamos en
investigación de lo que está pasando y como hubo un robo grande en Lourdes,
en el banco, estamos averiguando. Al frente hay una cámara que la está
filmando, déme la cédula e identifíquese”. A lo que Blanca Nubia Díaz
respondió “yo no le voy a dar mi cédula, usted quien es, identifíquese usted”. El
hombre respondió “ya la esta filmando una cámara, señalando hacia el frente”.
Blanca Nubia Díaz comencó a gritar como si hubiese unos policías a la espalda
del señor y éste emprendió la huida.
Actualmente, el nieto de la señora Díaz se encuentra con acompañamiento
psicosocial y tiene mucho temor. Blanca Nubia Díaz teme por su seguridad y la
de su familia, pues al parecer estas personas le están haciendo un riguroso
seguimiento.
Exigimos – Que el Estado Colombiano garantice los derechos a la vida, integridad y a la
libertad de Blanca Nubia Díaz, su núcleo familiar y los demás integrantes del
MOVICE. – Que la Fiscalía investigue de manera pronta y eficaz los hechos arriba
denunciados para establecer los orígenes de las amenazas y que los
responsables sean sancionados. – Que el Ministerio de Interior y de Justicia cumpla su compromiso de reanudar
el dialogo con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, según lo
acordado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

4 de Agosto de 2011

Las Organizaciones abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional el asesinato del que fue víctima la líder comunitaria ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA, quien pertenecía a la Asociación Líderes Hacia Adelante Por Un Tejido Humano de Paz (LATEPAZ), a la Mesa Interbarrial de Desconectados y a la Ruta Pacífica de las Mujeres en la ciudad de Medellín, Antioquia.

ANTECEDENTES

ANA FABRICIA llegó a Medellín hace cerca de una década huyendo de las matanzas cometidas por grupos paramilitares de las que fueron víctimas varios de sus familiares en la región del Urabá, desde entonces se asentó como desplazada en el barrio La Cruz de la comuna tres (Manrique).
Desde esa época, ANA FABRICIA denunció con claridad los hechos y exigió se investigara a los responsables. Por su calidad de líder comunitaria, inmediatamente se vinculó a diferentes procesos organizativos de desplazados y de mujeres en el barrio La Cruz y en la ciudad de Medellín.
En el año 2002 se inició el proceso de paramilitarización en los barrios de Medellín, entre ellos La Cruz y La Honda, denunciando ANA FABRICIA CÓRDOBA estos hechos y la connivencia de la fuerza pública con los grupos paramilitares.
Particularmente la señora CÓRDOBA fue clara en señalar a miembros de la Policía pertenecientes a la Estación de San Blas (Manrique) de apoyar la estructura paramilitar en la zona, además de cometer actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra jóvenes del barrio, entre ellos a uno de sus hijos.
Estas denuncias le acarrearon persecuciones, señalamientos y amenazas que fueron denunciados ante los Organismos de Control de la ciudad, la Alcaldía de Medellín y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Suboficina Medellín.
A raíz de las persecuciones de las que fue objeto, fue víctima de un montaje judicial en el año 2004, como supuesta colaboradora de la guerrilla de las FARC y como consecuencia de ello, estuvo dos meses privada de la libertad en la cárcel del Buen Pastor, siendo finalmente absuelta de los cargos.
Posteriormente, su hijo CARLOS MARIO OSPINA fue asesinado, hecho del que ANA FABRICIA también culpaba a la Policía del barrio La Cruz por las constantes persecuciones y maltratos de los que CARLOS MARIO había sido objeto con sus otros dos hijos, también por parte de agentes policiales.
La señora ANA FABRICIA CÓRDOBA denunció constantemente a la Policía de la ciudad por actos de intimidación en su contra. Denunció en varias ocasiones el allanamiento a su vivienda sin orden judicial a altas horas de la noche acusándola de proteger a grupos armados. En otras ocasiones, civiles también entraron a su casa a intimidarla. Por lo anterior se veía obligada a dormir en diferentes casas por fuera del barrio como medida para proteger su vida.
A finales del año 2009 fue acreedora de un subsidio de vivienda por ser madre cabeza de familia desplazada y adquirió una vivienda en el barrio Popular de la comuna uno de la ciudad, situación que no mejoró del todo su seguridad pues denunciaba que la vivienda estaba ubicada en un sector muy conflictivo de la comuna, y las amenazas en su contra no cesaron.
El 7 de julio de 2010 fue asesinado su hijo JONATAN ARLEY OSPINA CORDOBA de 19 años de edad. Desde ese mismo instante ANA FABRICIA denunció a la policía del barrio La Cruz como la responsable del hecho, a raíz de ello cursa actualmente una investigación en La Fiscalía.

HECHOS

Desde la muerte de JHONATAN ARLEY y sus consecuentes denuncias, la señora ANA FABRICIA fue objeto de reiteradas Amenazas por parte de desconocidos.
La Policía Metropolitana del Valle del Aburrá le propuso a ANA FABRICIA la práctica de un Análisis de Riesgo, que únicamente implica una evaluación para eventuales medidas de chequeo de seguridad, por parte del órgano policial.
ANA FABRICIA se negó a dicho análisis, por la desconfianza que le generaba los antecedentes que señalan a la Policía como el organismo que siempre la persiguió a ella y a su familia.
En la sesión del Comité Metropolitano de Derechos Humanos, realizada en el mes de abril de 2011, ANA FABRICIA hizo de público conocimiento las amenazas de las que era víctima.
El día 7 de junio de 2010, ANA FABRICIA CÓRDOBA fue asesinada cuando se movilizaba en un bus de la ruta Santa Cruz, por un hombre que le disparó en la cabeza con un arma con silenciador, quien después emprendió la huida.
El asesinato de ANA FABRICIA CÓRDOBA, evidencia la constante persecución y agresión contra los y las líderes comunitarias que trabajan en las diferentes regiones del país. Pese a todas las denuncias es clara la negligencia de parte de las autoridades que no le garantizaron la vida.
Desde julio de 2010 hasta abril de 2011 se han registrado 206 agresiones individuales contra defensores y defensoras, de los cuales 34 han sido asesinatos. En el mismo periodo, 127 organizaciones sociales o de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo la vida e integridad de sus miembros y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos¹

EXIGIMOS

- Se adelanten las investigaciones pertinentes, que logren esclarecer los hechos, móviles y
autores materiales e intelectuales de este asesinato. – Que el Estado Colombiano brinde garantías reales a los líderes comunitarios, defensores de
derechos humanos y víctimas del conflicto armado en Colombia. – Que se garantice la vida y la integridad de los familiares sobrevivientes de la señora ANA

FABRICIA CÓRDOBA
8 de junio de 2011

Suscriben

Corporación Jurídica Libertad
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –Seccional Antioquia-
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Capítulo Antioquia-
Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

MOVICE

El MOVICE denuncia nacional e internacionamente los graves hechos ocurridos en el municipio de San Onofre (Sucre) contra los integrantes de la familia VERBEL ROCHA, quienes han sido víctimas de asesinatos sistemáticos, desplazamiento forzado, amenazas y daño en bien ajeno; hechos que han sido ampliamente denunciados ante las autoridades competentes sin que hasta el momento se hayan dado resultados sobre las investigaciones sin que se hayan adoptado medidas para su protección.

La familia VERBEL ROCHA hace parte del MOVICE Capítulo Sucre desde el año 2006 participando de varias actividades en el municipio de San Onofre con el propósito de visibilizar la víctimas de crímenes de Estado y los niveles de impunidad a la que han sido sometida. El 4 de enero de 2005 el señor GUILLERMO VERBEL ROCHA, veedor ciudadano que hacía seguimiento a casos de corrupción en el municipio de San Onofre, fue asesinado por parte de la estructura paramilitar que continua operando en la región.

HECHOS:

El día 23 de marzo de 2011 aproximadamente a la 6:15h de la tarde, los señores ORLANDO ENRIQUE VERBEL ROCHA, EDER VERBEL ROCHA y un menor de edad hijo de EDER VERBEL ROCHA regresaban de la jornada de trabajo de su finca llamada Puerto Colombia ubicada en el sector de la vía del corregimiento del Higuerón del municipio de San Onofre.

Cuando se transportaban en una motocicleta aproximadamente a 200 metros de su finca se encontraron con dos hombres armados quienes sin mediar palabras dispararon contra los tres miembros de la familia hiriendo de muerte a EDER VERBERL ROCHA, a quien además le propinaron culatazos y patadas. El hermano de Eder, el señor ORLANDO VERBEL ROCHA y el niño, logran escapar del sitio evadiendo los disparos.

Orlando puso la situación en conocimiento de unos soldados de la Infantería de Marina que se encontraban cerca al lugar los hechos, los infantes acompañaron a el señor Orlando hasta donde se encontraba su hermano tendido y aproximadamente media hora después, llegó la patrulla de la policía.

Los asesinos debidamente identificados corresponden a los nombres de JOSE MANUEL RIVERA DE AVILA alias el “BEGUETA” y EDER ANTONIO ARROYO HENANDEZ” “alias PÓLVORA” ambos detenidos unas horas después del asesinato y puesto en libertad EDER ANTONIO ARROYO unos minutos después por razones que desconocemos.

CONTEXTO:

El Capítulo Sucre desde su nacimiento en 2006 ha sido víctima de más de 80 agresiones, entre las que figuran atentados, asesinatos a personas protegidas, allanamientos ilegales, amenazas directas, amenazas a familiares, montajes judiciales, detenciones, señalamientos e intimidaciones El espiral de violencia en contra del MOVICE en SUCRE obedece a un patrón de exterminio sistemático, el día 18 de mayo de 2010 fue asesinado ROGELIO MARTINEZ MERCADO miembro del capítulo y desde el 15 de noviembre de 2008, el secretario técnico del Capítulo CARMELO AGAMEZ se encuentra detenido víctima de un montaje judicial, así como amenazas y hostigamientos permanentes contra los miembros de este capítulo.

Este asesinato confirma las denuncias hechas por el MOVICE en las que se ha llamado la atención sobre la permanencia de la estrategia paramilitar en la región y el país, y la amenaza que estos grupos representan para las víctimas, organizaciones sociales y la sociedad civil en general. El MOVICE constata nuevamente que en desarrollo de la Política de Prosperidad Democrática persisten los Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por estructuras paramilitares.

EXIGIMOS:

Responsabilizamos al Estado Colombiano de la integridad física y de la vida de los integrantes del MOVICE en Sucre.

por CUT (comunicado) / Agencia Pensamiento Crítico (contexto)

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, a través del Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad, condena el vil asesinato del compañero Manuel Esteban Tejada, quien se desempeñaba como docente de la Institución Educativa “Palma Soriana”, del Municipio de Planeta Rica, Departamento de Córdoba. 
Afiliado a la Asociación de Maestros de Córdoba – ADEMACOR, fue asesinado el pasado 10 de enero, hacía las 6:00 a.m., cuando sujetos armados llegaron a su lugar de residencia y le propinaron varios disparos.

por Asociación Campesina del Catatumbo

El pasado 30 de diciembre de 2010, denuncian los habitantes del casco urbano del municipio del Tarra, siendo las 7:30 pm en el Barrio 1ro de Enero, fueron asesinados por desconocidos el señor RAFAEL DIAZ GUERRERO de 32 años y HENRY ALVAREZ PINZON de 19 años, cuando departían con amigos y familiares, Rafael Díaz se encontraba de visita ya que él vivía en municipio de Abrego, Norte de Santander.

por Hernán Durango

El domingo anterior fue asesinado por sicarios en la ciudad de Ayapel el presidente de la Asociación de Mineros en Ayapel, Fernán López Rivera, de 52 años de edad, quien gozaba de gran aprecio en el Municipio por su espíritu de liderazgo. El crimen se presentó después que el dirigente minero presidió una reunión en la ciudad, donde los temas centrales fueron el proceso de legalización de las minas y sus últimas gestiones en Bogotá y Montería.

Asociación Campesina del Catatumbo

El pasado 30 de diciembre, según denuncian los habitantes del casco urbano del municipio del Tarra, siendo las 7:30 p.m. en el Barrio Primero de Enero, fueron asesinado por desconocidos el señor Rafael Díaz Guerrero de 32 años y Henry Álvarez Pinzón de 19 años, cuando departían con amigos y familiares. Rafael Díaz se encontraba de visita ya que él vivía en el Municipio de Ábrego, Norte de Santander.

por MOVICE proteccion

El MOVICE repudia el asesinato de Óscar Manuel Maussa Contreras, quién había participado de forma activa en diferentes espacios nacionales del MOVICE como delegado del Capítulo Chocó.

Hechos

Óscar Manuel Maussa Contreras, líder de restitución de tierras y uno de los dirigentes de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan), corregimiento de Turbo (Antioquia) fue asesinado el pasado 24 de noviembre en la vereda el Cañito del municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar). Óscar Maussa fue asesinado con un fuerte golpe en la cabeza mientras estaba amarrado a un árbol. Según la necropsia lo lapidaron alrededor de las siete de la noche y agonizó hasta las dos de la mañana.

Antecedentes

Entre 1996 y 1998 fueron desplazadas forzadamente por paramilitares, para apropiarse de sus tierras, numerosas familias del corregimiento de Blanquicet del municipio de Turbo (Antioquia). Entre ellas, fueron desplazadas las 12 familias socias de Cootragroblan. El 23 de mayo de 2005, el Fiscal Seccional 72 de Chigorodó ordenó la restitución del bien inmueble “La Esperanza” a sus legítimos propietarios de Cootragroblan. Sin embargo, las amenazas por parte de los grupos paramilitares presentes en la zona impidieron que los socios de Cootragroblan retornaran a sus tierras.

El 1º de septiembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- dictó medidas cautelares a favor de las familias Maussa, Rodríguez, Bravo Pertuz y Tordecilla Cordero, miembros de Cootragroblan, quienes manifestaron temor ante posibles represalias por no ceder ante las presiones de los paramilitares que tomaron posesión de sus tierras y por haber activado el proceso judicial para lograr la restitución de la propiedad.

El 6 de octubre de 2007, en el municipio de Turbo (Antioquia), Óscar Maussa fue amenazado de muerte por el paramilitar conocido como “Julio Ospino”, miembro de las estructuras paramilitares que continúan operando en la región del Urabá, bajo las denominaciones de “Renacer” o “Convivir”, “Águilas Negras” y “Autodefensas Gaitanistas”, y por ello se vio obligado a desplazarse nuevamente fuera del Urabá antioqueño.

Como consecuencia del proceso penal que se abrió por la denuncia que presentó Óscar Maussa, el 5 de octubre de 2010, el Fiscal 36 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Medellín, ordenó la detención preventiva de Ramiro Enrique Álvarez Porras, alias “Napo” o “Móvil 8”, como coautor de los delitos de concierto para delinquir con fines de paramilitarismo, desplazamiento forzado e invasión de tierras y edificios.

Exigimos

- Que el Estado Colombiano brinda todas las garantías a la vida, la integridad física y psicológica de las familias que pertenecen a la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet.

- Que la Fiscalía esclarezca los hechos arriba denunciados y sancione a los responsables materiales e intelectuales.

- Que la presidencia de la República en su política de restitución tierras incluye un programa de protección integral a las personas que han sido afectadas por el despojo.

- Que el Estado Colombiano brinda todas las garantías a la Primera Audiencia Pública Agraria, que se realizará el 3 de diciembre de 2010 en Sincelejo (Sucre).

por Central Unitaria de Trabajadores – CUT de Colombia

36 lideres sindicales han sido asesinados en Colombia en lo corrido de este año así lo confirmó el Director del Departamento de Derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Luis Alberto Vanegas. Con relación al año 2009 para la misma fecha habían sido asesinados 26 líderes sindicales, presentándose un incremento de 10 asesinatos.

por Sintragrim

EL SINDICATO DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS INDEPENDIENTES DEL META – SINTRAGRIM y LA FEDERACION NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA – FENSUAGRO –CUT
DENUNCIA ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL EL ASESINATO DEL CAMPESINO NELSON MURILLO TABORDA EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO, DEPARTAMENTO DEL META CONTINÚA LA ARREMETIDA MILITAR Y PARAMILITAR CONTRA LA POBLACIÓN CAMPESINA DEL
MUNICIPIO DEL CASTILLO

HECHOS

El día jueves 09 de Septiembre de 2010 siendo aproximadamente la 1:00 p.m, el compañero y campesino NELSON MURILLO TABRODA fue asesinado en la vereda Caño Lindo jurisdicción del municipio de El castillo, en momentos que Nelson se
encontraba realizando trabajo agrícolas en una finca de vereda Lucitania cercana
a su vereda, fue sorprendido por un sujeto que se identifico como miembros de
las autodefensas, quien le propino varios disparos y huyo hacia un matorral.
Este hecho sucedió en presencia de su esposa, quien le grito que por que le
había hecho eso a Nelson, el sujeto le manifestando que eso era una tarea de
las Autodefensas.

Nelson es miembro de la Junta Acción Comunal de la vereda Caño Lindo y de la
Asociación de trabajador@s campesinos del Alto Ariari (ATCARI); además el
compañero es hermano de FERNEY MURILLO quien es miembro de la junta directiva
de SINTRAGRIM y también es hermano de ALBA NELLY MURILLO quien fuera presidenta de la Junta de Acción Comunal de la verada la esmeralda y desaparecida el pasado 15 de febrero de 2009 en la misma vereda que es asesinado su hermano NELSON.

Además denunciamos la negligencia de las autoridades, civiles y militares del
meta, debido a que desde el momento del asesinato de NELSON, solicitamos el
levantamiento del cadáver y a las horas de hoy 6 pm ninguna autoridad se ha
acercado al lugar, argumentando que por ser horas de la tarde es imposible
llegar al lugar; ahondando el dolor de su esposa, hijos familiares y compañeros
quienes se encuentran alrededor del cadáver.

ANTECEDENTES

El día 15 de septiembre/09, ALBA NELLY NURILLO TABORDA, hermana de NELSON fue desaparecida en la vía carreteables que conduce de la vereda Miravalles a la
vereda Caño Lindo, hasta el momento no se sabe nada de su paradero.

El día 7 de Mayo de 2010, siendo aproximadamente las 06:00 am, cuando se
encontraban el campesino NILSON RAMÍREZ junto con su esposa Maira y su hija
menor de edad, en el lavadero de su casa de habitación que está ubicada en la
vereda la Esmeralda del Municipio de El Castillo – Meta, fue asesinado en
hechos muy similares al asesinato de Nelson.

El día 29 de agosto de 2010 a las 10: am fue allanada ilegalmente la casa de
LIDERMAN MURILLO TABORDA, por parte del ejército nacional quienes se
identificaron como Grupo Gaula de derechos humanos del Batallón 21 Vargas, donde lo amenazan y lo acusan de poseer armamentos de la guerrilla. En ese mismo hecho fue también amenazado y acusado de los mismos hechos el señor VIDAL LOAIZA YATE quien es vecino de LIDERMAN.

Además como es de conocimiento público que esta zona ha permanecido
permanentemente militarizada y aun así continúan extrañamente sucediendo hechos violentos en contra de los campesinos, que se resisten a un nuevo desplazamiento de sus territorios

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL

- Que las autoridades cumplan con el deber de hacer el debido levantamiento legal del cuerpo de Nelson Murillo Taborda y recoger los datos
necesarios para dar inicio a la investigación del caso.

- Que se inicie una investigación de los hechos que han venido ocurriendo
en la región y que generan una situación de incertidumbre y terror sicológico.

- Que se respete la vida y la integridad de la familia murillo Taborda
como de las comunidades de esta región.

- Que se brinde las garantías necesarias para continuar sobreviviendo las
familias campesinas en su fincas y territorio.

- Que se ponga a esta política de estigmatización, prosecución y asesinato
de los campesinos que se han venido dando en esta región, que podrían generar
un inminente desplazamiento masivo de estas comunidades.

SOLICITAMOS A.

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LAS NACIONES UNIDAS – A LA ACNUR – PENUC –
DEFENSORIA DEL PUEBLO NACIONAL Y REGIONAL – PERSONERIA MUNICIPAL – PROCURADURIA
NACIONAL Y REGIONAL – EL ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A ESTAS COMUNIDADES
CAMPESINAS.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones
sociales, sindicales y defensores de derechos humanos a rechazar este tipo de
hechos que enlutan a las comunidades campesinas que vienen siendo víctimas de
violación a los Derechos Humanos y al DIH.

JUNTA DIRECTIVA SINTRAGRIM
SECRETARIA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS FENSUAGRO -CUT
BOGOTA COLOMBIA

por Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos(cpdh)

De acuerdo a denuncia suministrada por el Comité Seccional De Derechos
Humanos Del Alto Guayabero, nos permitimos poner en conocimiento de la
comunidad nacional e internacional los siguientes:

HECHOS

1- La presunta detención, desaparición y ejecución extrajudicial de la señora Norma Irene Pérez identificada con C.C 40. 206.080, de quien no se volvió a tener conocimiento desde el día 7 de agosto de 2010 entre 7:00 a.m y 8:00 a.m, cuando se dirigía hacia su casa después de salir de una asamblea con la Junta de acción Comunal de dicha localidad, posteriormente su cuerpo fue encontrado en extrañas circunstancias el día 13 de agosto de 2010 en jurisdicción de la vereda la Unión, del municipio de la Macarena del departamento del Meta.

2- Se informa por parte del Comité Seccional De Derechos Humanos del Alto Guayabero que en la zona antes y después de la audiencia del 22 de julio de 2010, la región se encuentra fuertemente militarizada por tropas del Ejército Nacional que operan en dicho territorio, especialmente en los municipios de la Macarena, San José del Guaviare y San Vicente del Caguán. También la información de la comunidad a firma que *“el ejército se encuentra en la Vereda el OASIS, sitio cercano en donde ocurrieron los hechos”.

3- Norma Irene Perez, fue presidenta del Comité Veredal de derechos humanos de la vereda la unión y a su vez hacia parte de la junta de acción comunal con el comité de conciliación y miembro del Comité Regional de Derechos Humanos de la Región del Guayabero del Departamento del Meta. También participó en el comité organizador de la Marcha Patriótica llevada a cabo los días 19, 20 y 21 de julio de 2010 y de la Audiencia Pública realizada el día 22 de julio del mismo año en el municipio de la Macarena.

ANTECEDENTES

1- El Día 19, 20 y 21 de julio de 2010, se realizó en el país la Marcha Patriótica, con una importante participación ciudadana, la respuesta del Estado Colombiano fue la estigmatización, persecución y el bloqueo de los marchantes en varios lugares del país.

2- El día 22 de julio de 2010 en el municipio de la Macarena del Departamento del Meta se llevó a cabo gracias a proposición aprobada por el Congreso de la República en cabeza de la Senadora Gloria Inés Ramírez, la Audiencia pública titulada “La Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales de Colombia”. En dicha se pudo evidenciar la existencia de un cementerio de NN, así como también denuncias por parte de la comunidad de que en ese sitio se encontraría personas ejecutadas extrajudicialmente por parte de la fuerza pública.

3- El 25 de de julio de 2010 en visita del Presidente Álvaro Uribe, a la zona de la macarena mencionó que: *“el terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos*”.

Situación que puso en grave riesgo a las organizaciones convocantes, organizaciones cívicas, y en general a todos los asistentes a la audiencia, en especial a la población campesina que asistió a realizar las denuncias.

4- El tres (3) de agosto de 2010, las organizaciones que respaldaron la audiencia declararon su rechazo pues dichas palabras del presidente Uribe y de la Cúpula Militar en la región de la Macarena pone en peligro la vida de los organizadores “Estamos indignados y ofendidos por tales comentarios. Además, estamos gravemente preocupados porque estas alegaciones evidentemente ponen en peligro las vidas de las víctimas, los defensores de derechos humanos y los políticos de la oposición que participaron en la audiencia. En vez de atacar a las víctimas y a los que intentan sacar a la luz las violaciones de derechos humanos, el Presidente Uribe debería estar apoyando sus esfuerzos y trabajando con ellos para asegurar que los soldados responsables sean llevados ante la justicia”

5- Siendo aproximadamente las 4:00 p.m. del día 16 de marzo de 2010, fue
asesinado el presidente del Comité de Derechos Humanos de la verda La Catalina, La Macarena Meta, Jhonny Hurtado, identificado con la cédula de ciudadanía No 17.625.833 de Villavicencio (meta), Hurtado tenía de 59 años de edad. Según los testigos «la víctima se encontraban desarrollando labores agrícolas en su parcela distante a 1 hora –a pie- del centro poblado de Puerto Catalina, cuando escuchó un disparo de arma de fuego, Jonny alcanzó a andar unos 30 metros cayo y luego murió. La Comisión de Derechos Humanos y D.I.H. del Bajo Ariari precisó:» Existe preocupación en toda la región del río Guayabero, porque la zona esta militarizada y según lo denunciado por esta Comisión; unidades militares han esbozado sindicaciones y amenazas contra líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos, la presión indebida de unidades militares de la Brigada Móvil No 7 adscritas a la Fuerza de Tarea Omega y de otras unidades es constante, entre otras
violaciones, es reiterada: la ocupación de los centros poblados, retenes,
empadronamiento, sindicaciones, amenazas etc. Preocupan a la comunidad en
general. Todo esto sumado a el horrendo crimen de que fue objeto nuestro
compañero Jhonny Hurtado llena de dolor y mucha preocupación al colectivo de
Defensores de Derechos Humanos, de DH Bajo Ariari”.

SOLICITUDES

1. Se investigue penal y disciplinariamente los hechos que dan con la presunta detención, desaparición y presunta ejecución extrajudicial de la señora Norma Irene Perez dirigente campesina de la región de la Macarena.

2. Se garantice el derecho a la justicia respecto a los hechos que dan con el asesinato de la dirigente Norma Irene Perez y demás dirigentes de la región ejecutados extrajudicialmente.

3. Se garantice el derecho a la vida a los miembros de las organizaciones cívicas y campesinas que participaron en la pasada audiencia del 22 de julio de 2010 y en la marcha patriótica del día 19, 20 y 21 de julio de2010.

La Voz del Cinaruco

Mientras las autoridades militares y de Policía entregaban ayer al cabo del proceso electoral un comportamiento ejemplar de los araucanos en desarrollo de los comicios para presidente de la República, el presidente de la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea Departamental, Ferney Tique Vargas dio a conocer esta mañana en Noticias Caracol una cifra de nueve víctimas en hechos violentos en sector rural de Arauquita y Tame.

Además del elevado número de personas asesinadas durante el fin de semana, el diputado en mención dijo que se han presentado desplazamientos en veredas como La Arenosa, Santo Domingo, El Guayabo y El Paraíso donde arrecian los combates ejército guerrilla, que obliga a las familias campesinas a buscar refugio fuera de su hábitat natural.

Saúl Velasco Bello, en la vereda El Botalón; Hugo Lancheros Gamboa y David Lancheros Sánchez, hijo del anterior, en la vereda La Esperanza de Tame, fueron asesinados el pasado 28 de mayo

José Alejandro Lozada, en la vereda Nuevo Mundo y Milton Carrillo Duarte, en la vereda El Paraíso fueron asesinados, según Tique Vargas el fin de semana. El diputado dio a conocer la identidad de dos víctimas en la vereda Santo Domingo de Tame, así como de la muerte anoche de Ramiro Rojas en la vereda La Arenosa, quedando por identificar otra persona asesinada en la vereda Caño Tigre.

Frente a estos hechos las autoridades militares y de Policía no se han pronunciado de manera precisa aunque reconocen que en efecto hay combates con la guerrilla, pero han oficializado este número elevado de víctimas.

por Verdad Abierta

Con la muerte de Rogelio Martínez ya son 15 los campesinos asesinados por reclamar la devolución de la finca La Alemania en San Onofre, Sucre, que los paramilitares les robaron hace diez años

La Corporación Jurídica Yira Castro, denuncia ante la opinión pública, nuevas amenazas de muerte en su contra, así como el asesinato del miembro del MOVICE Sucre, Rogelio Martínez.