MOVICE

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia ante los organismos de control, la comunidad nacional e internacional y las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos las violaciones de derechos humanos que se dieron el miércoles 13 de marzo de 2013 al rededor de las 10:08 am, en donde se produjo una fuerte explosión frente a la sede de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), organizaciones Defensoras de Derechos Humanos que hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE), en el departamento de Norte de Santander.

Aproximadamente a las 7:00 am, cuando Olga Quintero, miembro de junta directiva de la asociación, llegaba a la oficina; se percató de ser vigilada por un hombre que conducía una motocicleta negra y portaba un casco integral que le cubría el rostro, quien hablaba por celular mientras la observaba. Pero en el momento que el individuo se dio cuenta de que ella lo había visto, dejó de hablar por teléfono y disimuló. Lo cual hace suponer que podría tratarse de un seguimiento por parte de actores armados ilegales, momentos antes de la detonación.

Posteriormente, dos hombres en una motocicleta RX 115 negra, pese a la prohibición de “parillero” que rige en la ciudad de Cúcuta debido a los altos índices de inseguridad y sicariato, pasaron a baja velocidad frente al inmueble donde funcionan las dos Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos y arrojaron un explosivo de bajo poder contra la reja de la casa, el artefacto rebotó y explotó aproximadamente 3 segundos después de ser lanzado, mientras los motorizados se alejaron a gran velocidad hacia la avenida Guaimaral.

Aunque no hubo daños físico o materiales que lamentar, en la sede ni en las viviendas vecinas, los miembros de las organizaciones si consideran que la situación no ha sido fortuita ni casual y que obedece al accionar del paramilitarismo en la ciudad de Cúcuta. “Por supuesto entendemos que, esta situación, tiene que ver con nuestro trabajo en defensa de los Derechos Humanos en la región del Catatumbo, el impulso de la Constitución de una Zona de Reserva Campesina, lo cual ha sido una propuesta estigmatizado desde el mismo Ministerio de Defensa”.

Desde el día de ayer, se viene desarrollando la asamblea general del equipo ejecutivo de la Junta Directiva de ASCAMCAT y la mayoría de los directivos se encontraban en el interior del inmueble en el barrio Ceiba 2 de Cúcuta en el momento en que se presentaron lo hechos, cabe resaltar que varios de ellos cuentan con medidas de protección por parte del Ministerio del Interior y Justicia, entre ellos: José del Carmen Abril, Juan Carlos Quintero, Guillermo Antonio Quintero y Olga Lucía Quintero.

“Debido al accionar paramilitar en la ciudad de Cúcuta, tememos por nuestras seguridad ya que, uno de los modos en que actúan es arrojando granadas al interior de las casas para acabar indiscriminadamente con cualquier persona que se encuentre allí en ese momento”.

“Es más preocupante aún si tenemos en cuenta, que debimos insistir por espacio de 20 minutos para poder contactarnos con la policía; si las respuesta de las autoridades no es eficaz, el riesgo de para nosotros es mayor”. Así lo aseguró uno de los voceros de la asociación que se encontraba allí en el momento en que se presentaron los hechos.

Después de varios intentos a la lineas 112 y 123, pudieron comunicarse con la Policía Nacional y luego de 40 minutos de hacerse presentado los hechos, acudieron al sitio varios agentes de policía para apersonarse de la situación. El Teniente Coronel Zapata de la policía Metropolitana de Cúcuta, arribó también a la sede de la asociación para atender directamente la situación y ofreció medidas de protección para la oficina.De la misma manera, el Capitán Torres, de la MECUC y agentes especialistas en explosivos inspeccionaron los restos que dejó la explosión.

Cabe anotar que este no es el primer incidente de seguridad que del que son víctima los miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo, ni el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. El pasado 7 de Enero, de este año, en el municipio de Ocaña, 2 desconocidos que se movilizaban en motocicleta, en un intento claro de atentar contra sus vidas, persiguieron e intentaron colocar una granada en la parte delantera del carro donde se movilizaban Olga Quintero, Juan Carlos Quintero y Guillermo Antonio Quintero, miembros todos de la Asociación.

ASCAMCAT y la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, solicitan la atención de la comunidad internacional para que trasladen su preocupación a las autoridades colombianas, demandándoles garantías de seguridad para los miembros de la asociación y de la CCALCP. Así mismo responsabilizan al Estado Colombiano por cualquier atentado o incidente de seguridad que se presente contra los miembros.

Exigimos al Gobierno Nacional

1. Tomar las medidas necesarias en aras de garantizar y proteger los derechos fundamentales de los y las integrantes de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP) y en general de los miembros del Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE), en el departamento de Norte de Santander.
2. Que la Fiscalía General de la Nación y demás organismos de control investiguen los hechos acá denunciados y se individualicen a los responsables. con el fin de iniciar un camino eficaz para la superación de la impunidad.

Solicitamos a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos.

1. A la comunidad internacional. Enviar cartas a las diferentes instituciones locales y nacionales en apoyo al trabajo de los Defensores de Derechos Humanos y hacer un monitoreo constante de lo que pasa en el día a día en el departamento de Santander.
2. Se continúe con el seguimiento y los monitoreos frente a la gravísima situación de derechos humanos por el que atraviesan los y las defensoras de derechos humanos en Colombia.
3. Exigir al Gobierno Colombiano una respuesta frente a las investigaciones que se han hecho en cuanto a las violaciones de derechos humanos contra organizaciones y miembros que hacer parte del MOVICE.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
MOVICE

por Asociación Campesina del Catatumbo

La región del Catatumbo-Norte de Santander en Colombia, ha sido brutalmente golpeada por la incursión paramilitar. Estructuras paramilitares que con el proceso de desmovilización quedarían desarticuladas. No obstante, las organizaciones Sociales y de Derechos Humanos que hacemos presencia en esta región, hemos evidenciando y denunciado que las estructuras del paramilitarismo no desaparecieron, y que por el contrario, siguen generando terror (amenazas de muerte, de exterminio, etc.) ahora como grupos denominados Águilas Negras, Rastrojos, Comando Escorpión, etc.

por Asociación Campesina del Catatumbo

El pasado 30 de diciembre de 2010, denuncian los habitantes del casco urbano del municipio del Tarra, siendo las 7:30 pm en el Barrio 1ro de Enero, fueron asesinados por desconocidos el señor RAFAEL DIAZ GUERRERO de 32 años y HENRY ALVAREZ PINZON de 19 años, cuando departían con amigos y familiares, Rafael Díaz se encontraba de visita ya que él vivía en municipio de Abrego, Norte de Santander.

Asociación Campesina del Catatumbo

El pasado 30 de diciembre, según denuncian los habitantes del casco urbano del municipio del Tarra, siendo las 7:30 p.m. en el Barrio Primero de Enero, fueron asesinado por desconocidos el señor Rafael Díaz Guerrero de 32 años y Henry Álvarez Pinzón de 19 años, cuando departían con amigos y familiares. Rafael Díaz se encontraba de visita ya que él vivía en el Municipio de Ábrego, Norte de Santander.

_Asociación Campesina del Catatumbo _

EL Comité Permanente de Refugio Humanitario de la Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT, denuncia ante la opinión pública la grave crisis que vive nuestra población debido a la constante violación a los Derechos Humanos y nuestra población debido a la constante violación a los Derechos Humanos y a la infracción al Derecho Internacional Humanitario en la región.

Esta problemática se ha venido incrementando en los últimos meses, al mismo tiempo que se incrementa el pie de fuerza pública y la llegada de empresas nacionales y trasnacionales saqueadoras de la riqueza en el Catatumbo.

Es así como denunciamos los atropellos cometidos contra el compañero César Acosta Sabala, retenido arbitrariamente por la Policía Nacional de Colombia el día lunes 29 de noviembre en el puesto del corregimiento de La Gabarra, Municipio de Tibú. El campesino fue retenido desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, tiempo en el cual fue golpeado por un sargento y posteriormente fotografiado. Gracias a los reclamos de la población civil, a su empeño para que lo liberaran, se logro que lo soltaran y respondieran por él.

Responsabilizamos a la policía de La Gabarra por esta acción contra el compañero, dada la gravedad de la situación esperamos que la fuerza pública se haga responsable de sus actos; ojalá no le suceda nada malo al humilde poblador, rechazamos tajantemente acciones violatorias como esta, pues generan miedo, preocupación e inseguridad en la comunidad campesina.

por El Comité permanente del refugio humanitario

Los constantes atropellos que vivimos los habitantes del Catatumbo, sumado a
la desamparo por parte del estado, hace que en la región se haga necesaria
la denuncia de todos los hechos que violan los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario, esto con el fin de generar conciencia entre
nosotros y tener presente que siempre seremos capases de construir un país
en paz y con verdadera justicia, en una efectiva unidad entre los sectores
más necesitados.

Por eso rechazamos profundamente la muerte de Miler Avendaño Peñaranda de 28
años, asesinado el día martes 16 de noviembre, en la vereda los cedros, del
municipio del Tarra, presuntamente por actores armados ilegales de la zona.
El era miembro del comité ejecutivo municipal del Polo en el municipio del
Tarra, así como presidente de la junta de acción comunal de la vereda Unión
Alta del municipio del Tarra. También rechazamos a muerte del compañero
Yurgen Pallares de 37 años de edad, asesinado el día domingo 14 de noviembre
aproximadamente a las 3 de la tarde, presuntamente por actores armados
ilegales de la zona. El se encontraba en portas a empezar su campaña para la
alcaldía de Convención.

Todos estos hechos dejan ver la necesidad que tiene el pueblo de buscar la
paz através del dialogo, de la construcción de proyectos que en realidad
cuenten con el campesinado, y sobre todo que le sirva para crear un plan de
vida que preserve la cultura campesina y la permanencia en el territorio.
—
Asociación Campesina del Catatumbo

_ por Comité Permanente de Refugio Humanitario en la Región del Catatumbo_

Desde el pasado 04 de noviembre de 2010, con la presencia de más de cien campesinos, fueron tomadas pacíficamente las Alcaldias de Teorama, Convenciòn, y El Tarra, con el objetivo de que el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal cumpla con los compromisos adquiridos en la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA), y además, brinde soluciones efectivas a la grave crisis humanitaria que azota a la región del Catatumbo.

Simultáneamente, en la ciudad de Cúcuta, desde el 03 de noviembre hacen presencia ochenta campesinos, a fin de que la Comisión Política del Comité Permanente de Refugio Humanitario proceso que impulsa y hace veeduría a las MIA interlocute con el Gobernador del Norte de Santander y encuentre salidas concertadas a los incumplimientos y la crisis del campesinado.

Con el ingreso de los campesinos y las campesinas a las instalaciones municipales, se informó a cada uno de los Alcaldes y a sus equipos de trabajo de los propósitos de dicha manifestación, haciendo especial énfasis en su carácter pacífico, de otro lado, se solicitó la presencia de los personeros municipales para que fueran veedores y garantes de las jornadas, en igual sentido, se comunicó a la Defensoría Regional y Provincial.

Tras tres días de pacífico asentamiento, el día de ayer – 07 de Noviembre de 2010- entre las 04:30 a.m. y las 05:00 a.m. el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en una operación conjunta con la SIJIN, irrumpió violentamente a las instalaciones de las Alcaldías de Teorama y Convención, desalojando a los campesinos que allí se albergaban, y propiciando graves violaciones a sus derechos fundamentales.

Con el ingreso del ESMAD a la Alcaldía de Teorama fueron agredidos ocho campesinos, de los cuales dos recibieron heridas de gravedad, representadas en fracturas en la clavícula, femur y lesiones en la cabeza, por lo que fueron traslados de urgencia al municipio de Ocaña, los demás heridos reportan lesiones en sus brazos propiciadas por elementos cortopunzantes y hasta el momento, no han recibido asistencia médica alguna.

Previo a la remisión de algunos de los heridos a Ocaña, las ocho personas lesionadas junto con dos de los líderes de la jornada pacífica, fueron detenidos, es de resaltar, que uno de ellos fue esposado por el Teniente Coronel Antonio Vitoria quien le manifestó de manera grotesca su complacencia por su retención, posteriormente, procedieron a aislarlo de los demás retenidos, llevándolo hacia una calle oscura en la que le amenazaron de muerte, no obstante, gracias a la intervención de la comunidad fue llevado a la Estación de Policía, allí fueron filmados, fotografiados y obligados a firmar un documento en el que reconocían su pertenencia a la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), y hacia el medio día recuperaron su libertad.

En similar sentido, el desalojo en Convención dejó diecisiete heridos, uno de gravedad que fue remitido a la ciudad de Cúcuta con serias lesiones en una de sus manos; de otro lado, a medida que iba siendo evacuada la Alcaldía, los campesinos debían aglomerarse junto a la iglesia para ser filmados y fotografiados con nueve cámaras portadas por miembros de la SIJIN, quienes, además, sacaron arbitrariamente de la multitud a ocho líderes de la manifestación, los trasladaron hasta Ocaña, y los pusieron a disposición de la Fiscalía Seccional de este mismo municipio, la cual al poco tiempo de tenerlos bajo su custodia los puso en libertad.

Además del brutal desalojo del ESMAD, que trajo consigo más de veinte campesinos heridos y detenciones arbitrarias, fueron hurtados por los mismos miembros de este escuadrón las donaciones en dinero hechas por el campesinado del Catatumbo, cuya cifra asciende a los cuatro millones de pesos, cámaras fotográficas y algunos enseres, asimismo, propiciaron los daños a las instalaciones de las Alcaldías que hasta antes de su ingreso se conservaban en el mismo estado en el que fueron recibidas por los funcionarios que allí laboran.

Como consecuencia de lo anterior, los campesinos asentados en Convención y Teorama se han desplazado a diferentes puntos de estos municipios sin haber recibido alguna ayuda de carácter institucional pues sus pertenencias, vestuario y reservas alimenticias debieron ser abandonadas para salvaguardarse de la irrupción.

Por los anteriores hechos el Comité Permanente de Refugio Humanitario EXIGE:

Al Gobierno Nacional:
Convocar inmediatamente a una reunión de alto nivel en la que participen las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, así como el Comité Permanente de Refugio Humanitario, con el objetivo de dar cumplimiento a los acuerdos hechos en el marco de las Mesas de Interlocución y Acuerdo (MIA) y construir concertadamente soluciones a la crisis humanitaria que afronta la región del Catatumbo.

A las Autoridades del orden departamental y municipal:
Exhortar al Gobierno Nacional para que se propicie una reunión de alto nivel en la que participen las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, así como el Comité Permanente de Refugio Humanitario, con el objetivo de dar cumplimiento a los acuerdos hechos en el marco de las Mesas de Interlocución y Acuerdo (MIA) y construir concertadamente soluciones a la crisis humanitaria que afronta la región del Catatumbo.

Hacer inmediata presencia en los asentamientos campesinos a fin de garantizar su derecho a la protesta y brindar la atención que corresponda para su pleno ejercicio.

A la Policía Nacional – Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD):
Su retiro inmediato de las jornadas de protesta campesina, el respeto por la vida y la integridad de sus participantes, y la devolución de los bienes hurtados a la comunidad en el desalojo hecho en las Alcaldías de Teorama y Convención el domingo 07 de noviembre del año en curso.

A los entes de investigación penal y disciplinario:
Iniciar las investigaciones correspondientes a fin de individualizar y sancionar a los miembros del ESMAD y de la SIJIN que se extralimitaron en el uso de la fuerza y de sus funciones, lo cual conllevó a las lesiones a la integridad física de veinticinco campesinos y a la detención arbitraria de dieciocho.

A las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos:
Solidarizarse con el pueblo catatumbero y exigir del Gobierno Colombiano así como de su fuerza pública y policial el respeto y las garantías para ejercer su derecho a la asociación, a la libertad de expresión y a la protesta; así como, el cumplimiento a los acuerdos hechos en el marco de las Mesas de Interlocución y Acuerdo (MIA) y la construcción concertada de soluciones a la crisis humanitaria que afronta esta región.

San José de Cúcuta, Noviembre 08 de 2010

_por Juntas de Accion Comunal de las veredas de Teorama y el Tarra, Norte de Santander

La erradicación simultánea de cultivos de uso ilícito, que se inició desde el pasado domingo 3 de octubre del presente año en el Catatumbo medio y bajo, generó la protesta generalizada de al menos 800 campesinos de la zona, cifra que cada día aumenta, siendo en la actualidad alrededor de 2.500 campesinos los que se han unido a la protesta para exigir al gobierno que pare su campaña de erradicación forzada y nos brinde alternativas integrales de desarrollo que garanticen el desarrollo de la economía campesina y la permanencia del campesinado en el territorio. Desde el pasado 11 de octubre se crearon otros asentamientos en la vereda de Mesones Corregimiento de San Pablo, Municipio de Teorama, a la cual se le han unido las veredas de sus alrededores, también se están uniendo a las protestas las demás veredas de los municipios de Teorama, El Tarra y parte de las veredas del municipio de San Calixto.

Parece que a los gobiernos que han pasado y los de turno no les importa la situación en la que vivimos los campesinos de la región del Catatumbo, pues ya llevamos 10 días de protesta y no hemos recibido ninguna respuesta por parte del gobierno. El gobierno nacional parece más interesado en que los campesinos del Catatumbo encontremos la muerte por el hambre, junto a nuestros hijos y familias, o nos desplacemos a las ciudades a vivir en la miseria, dejando atrás nuestras tierras en total libertad para el saqueo de nuestras riquezas naturales.

Así mismo, denunciamos el abandono por parte del gobierno departamental ya
que algunos campesinos hemos tenido que salir desplazados de nuestras casas
debido a la presencia de las fuerzas militares, que se están situando en nuestras viviendas en flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario. Este es el caso de uno de nuestros habitantes de la vereda Planada, corregimiento del Aserrío, Municipio de Teorama, a quien el pasado 11 de octubre siendo las 5:00 de la mañana, miembros del Ejército Nacional en compañía de algunos erradicadores, irrumpieron sus predios dando como resultado un desplazamiento de nuestro habitante con su familia hacia zonas cercanas por el riesgo que implica la presencia de los militares en sus tierras.

Igualmente, hacemos un llamado a las autoridades del orden local para que hagan presencia en los asentamientos donde se concentran los campesinos afectados, y solicitamos la presencia en estos lugares de la Cruz Roja Internacional, Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, con el fin de verificar el estado de las comunidades y servir de puente para la apertura de diálogo con el gobierno departamental y nacional.

Los campesinos del Catatumbo exigimos vida digna para nuestras comunidades y
una pronta solución a nuestras problemáticas, que evidentemente no es la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito sino el desarrollo de alternativas productivas para estabilizar la economía campesina.

por Humanidad Vigente

Humanidad Vigente envió una comunicación a la Defensoría del Pueblo donde alerta de manera temprana de la gravedad de los hechos que han ocurrido en el sector de Vera Larga, corregimiento El Aserrío del municipio de Teorama (Norte de Santander) .

Recuento de los hechos

1.El pasado 03 de octubre de 20010, debido a la erradicación simultánea de cultivos de uso ilícito, alrededor de 2.500 campesinas y campesinos de la zona del Catatumbo medio y bajo, realizaron una propuesta para exigir al gobierno nacional que parara dicha actividad y brindara alternativas integrales a fin de garantizar el desarrollo de la economía campesina y su permanencia en el territorio.

2.El 11 de octubre, se crearon otros asentamientos en la vereda de Mesones, corregimiento de San Pablo del municipio de Teorama (Norte de Santander), en la cual convergieron campesinas y campesinos de las veredas de los municipios de El Tarra y de San Calixto.

3.Debido a lo anterior, y como es de conocimiento público, el comandante de la Región 5, brigadier general ORLANDO PINEDA GÓMEZ, manifestó el arribo a la región de alrededor de 180 unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD, grupo especial adscrito a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, las cuales efectivamente se encuentran en la región; indicando además que se realizarían capturas de presuntos miembros de la subversión que se encontraban en la protesta realizada por el sector campesino.

4.El día de hoy, 15 de octubre, a través de la Asociación Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT, hemos recibido la noticia que en dicha zona, miembros del ESMAD han lesionado gravemente con gases lacrimógenos a siete personas cuyos nombres no tenemos por imposibilidad en la comunicación, entre ellas dos menores de edad, mientras que en el sector de Vera Larga del corregimiento de Aserrío, zona rural del municipio de Teorama, tropas del Ejército Nacional incendiaron tres (3) viviendas, con lo que se ha generado el desplazamiento de varias familias del sector.

5.De igual manera, han informado que los miembros del Ejército Nacional, han intimidado a las personas que se encuentran en el sector, diciendo frases como la siguiente: “saquen de sus casas el uniforme y pongánselo para que los podamos matar como subversivos”. Hechos que ponen en riesgo la seguridad física y emocional de las personas que se encuentran en dicho sector.

6.Nuestra organización ha puesto en conocimiento del la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y del coordinador general del ESMAD, coronel RODRIGUEZ la anterior situación, pero siendo las 3:55 de la tarde, desconocían de la situación, puesto que la orden de entrada del ESMAD había sido dada por el coordinador en Norte de Santander.

Por lo anterior, Humanidad Vigente ha solicitado al Defensor del Pueblo:

- ALERTAR DE MANERA TEMPRANA SOBRE LA POSIBLE OCURRENCIA DE GRAVES VIOLACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, sobre los pobladores de la zona rural del municipio de Teorama (Norte de Santander).

- La vida, la libertad, la seguridad e integridad personales de los habitantes de esta municipalidad, así como sus viviendas y pertenencias, se encuentran en grave riesgo de ser vulneradas, por la ocupación que actualmente vienen realizando el escuadrón del ESMAD y los miembros del Ejército Nacional, a pesar de la insistencia que se ha hecho de que se respete su condición de población civil y de las posibles afectaciones que podrían tener a partir de su permanencia en el sector.

- Es por eso que hoy por su intermedio solicitamos que realicen en el marco de su competencia, acciones de protección para la población civil y se den cuenta de las afecciones que puedan desplegarse de los hechos anteriormente denunciados.

De igual manera, que desde su despacho que realicen las acciones pertinentes para que:

- Las Fuerzas Militares y el escuadrón del ESMAD de la Policía Nacioal se retiren DE MANERA INMEDIATA de las veredas del municipio de Teorama, Norte de Santander; y que cesen las graves afectaciones a la vida e integridad, así como a las viviendas de las campesinas y campesinos que se encuentran realizando una protesta pacífica para el reconocimiento de sus derechos, a las mujeres, niñas, niños y jóvenes.

- Se establezca la información sobre las personas que han sido gravemente heridas y se han visto obligadas a desplazarse forzosamente, así como los impactos que sobre sus propiedades se han venido dando.

Se adelanten las investigaciones penales y disciplinarias conforme a los hechos arriba establecidos.

por Eva Lewis

El 5 de septiembre 2010, en un encuentro de víctimas del conflicto armado que tuvo lugar en Ocaña, Norte de Santander, miembros del International Peace Observatory (IPO) encontraron a José del Carmen Abril, ex presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT). Él, junto con 67 otras personas, fue acusado por el gobierno colombiano de ser colaborador de la guerrilla. Los cargos eran rebelión, concierto para delinquir, financiación de un grupo terrorista, ideólogo de un grupo terrorista y reclutador de personas al terrorismo. A pesar de esto José del Carmen defiende su inocencia y afirma que fue acusado por ser activista social y ofreció IPO una entrevista sobre las acusaciones y el estado actual de las órdenes de captura que él y los 67 otros campesinos tienen en su contra.

por prensa rural

La erradicación de cultivos de uso ilícito que se inició desde el pasado domingo 3 de octubre en el Catatumbo medio y bajo, desencadenó la protesta generalizada de al menos 800 campesinos de la zona, quienes se concentraron en las diferentes veredas y corregimientos de los municipios del Tarra y Teorama, para exigirle al gobierno que les brinde alternativas integrales de desarrollo, que garanticen la permanencia del campesinado en el territorio.

Desde hace más de una década de implementado el Plan Colombia en esta región, los gobiernos de turno no han tenido políticas claras frente a la problemática social de los cultivos de uso ilícito, pues las aspersiones aéreas con glifosato y la erradicación manual forzada no concertada no ha logrado su objetivo, si no que por lo contrario ha desplazado a los campesinos de sus territorios a vastas regiones llevando consigo los mismos cultivos de uso ilícito como única alternativa de sostenimiento.

Desde el lunes 4 de octubre, la vía El Tarra-Cúcuta se encuentra bloqueada por la protesta de al menos 200 campesinos del corregimiento de Filo Gringo y 300 se encuentran en la vereda San Martin, municipio de El Tarra con el fin de detener la erradicación no concertada. De igual manera se levantaron en protesta por medio de asentamientos provisionales los corregimientos de San Pablo, El Aserrío, Cecilia y San Juancito, pertenecientes al municipio de Teorama y el corregimiento de El Paso, del municipio del Tarra; ubicados ahora en cuatro asentamientos que están en las veredas de platanal, santa lucia, el socorro y vega larga del municipio de Teorama.

Hasta el momento se ha logrado la suspensión de la labor de erradicación a pesar que los grupos de erradicadores mantienen presencia en la región. Además, informaron que han hecho presencia de manera voluntaria autoridades del orden local de los municipios de Teorama, El Tarra y San Calixto, por lo que rechazan los señalamiento de parte de algunos medios de comunicación de Cucutá y de la policía sobre la supuesta detención de funcionarios públicos por parte de los campesinos.

Finalmente, hacen un llamado a la comunidad nacional e internacional a estar muy atentos a la situación de crisis humanitaria que se avecina para la región del Catatumbo si se hace efectiva la erradicación manual no concertada.

Igualmente solicitan el acompañamiento y veeduría de las alcaldías de Teorama y El Tarra, al igual que las personerías de Teorama, El Tarra y San Calixto, para que soliciten espacios de diálogo con el gobierno nacional y departamental donde los campesinos puedan exponer propuestas que les garanticen la permanencia en el territorio con vida digna para cada uno de ellos en la región.

Además de la presencia de los órganos de control como Defensoría del Pueblo, y personerías en las zona de los asentamientos para verificar el estado de las comunidades allí asentadas.

• Con información de las Juntas de Acción Comunal de los Municipios de Teorama y El Tarra

por Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos

La COORDINACIÓN COLOMBIA ESTADOS UNIDOS CCEEU, Nodo Nororiente, coalición de más de 210 organizaciones sociales y Defensoras de Derechos Humanos, informa a la opinión pública que: 1. El día 30 de septiembre del año 2010, en la vereda la Angalia ubicada en el corregimiento de la Gabarra en el municipio de Tibú departamento Norte de Santander, erradicadores en compañía de tropas del Ejército Nacional y miembros de la policía Nacional de Colombia, ingresan a la finca de propiedad del señor Víctor Julio Cuberos, de 55 años de edad, para llevar a cabo procedimientos de erradicación.

2. Los miembros de la Fuerza Pública antes de acompañar la labor de los erradicadores intimidan al señor Víctor Julio Cuberos responsabilizándolo por los artefactos explosivos que puedan encontrar en la finca, sospechosamente luego de eso se escucha una explosión, presuntamente según de habitantes de la zona, este fue colocado y activado por el Ejercito Nacional.

3. Los miembros de la Fuerza Pública ocupan ilegal y arbitrariamente la finca del señor Víctor Julio Cuberos, ocupan los caminos de la vereda la Angalia impidiendo el tránsito por estos, vulnerando el derecho a la libre movilización (artículo 24 de la Constitución Política de Colombia) e impidiendo el retorno de los campesinos a sus fincas. Situación que se presenta desde las 9:00 de la mañana del 30 de septiembre y que se ha mantenido a lo largo del día.

4. Rechazamos estos hechos que abiertamente irrespetan los principios del Derecho Internacional Humanitario al desconocer los convenios de Ginebra de 1944 y los protocolos adicionales de 1977. Además estas son prácticas sistemáticas que el Ejército Colombiano realiza en la región del Catatumbo violando abiertamente el respeto a la dignidad humana y las demás libertades fundamentales de los campesinos de la vereda la Angalia y en especial del señor Víctor Julio Cuberos.

5. Denunciamos al ejército Colombiano por infringir el principio de Protección a los bienes de carácter civil indispensables para la sobrevivencia o cuya protección es indispensable para el desarrollo de la dignidad humana de las personas o de un pueblo en su conjunto, ya que desde las 9:00 de la mañana ha sido vulnerado este principio, al ser utilizado el bien mueble del Señor Víctor Julio Cuberos y al ocupar los caminos de la comunidad de la vereda la Angalia sin ninguna autorización de los propietarios de las fincas y de los habitantes de dicha vereda, de esta manera no sólo se están ocupando las viviendas y fincas, sino que están convirtiendo estos espacios en centros de operaciones militares, sin dejar la posibilidad de que sus propietarios se opongan, pues son coaccionados y amenazados.

6. Informamos que los miembros de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Angalia ante la persistencia de los hechos narrados, han decidido interlocutar con las tropas del Ejército Nacional que están ocupando su vereda e impidiendo el paso, para exigirles el respeto de los principios del DIH y el cumplimiento de sus obligaciones, para que cese la extralimitación de su autoridad permitiendo el transito libre y desocupando los bienes de la población civil de la vereda la Angalia.

7. Hacemos un llamado a las autoridades Estatales para que cumplan con su obligación de garantizar la plena aplicación de las normas internacionales del Derecho Internacional Humanitario y para que cesen inmediatamente las infracciones al DIH, exigimos a las autoridades civiles y militares y a los entes de control que actúen frente a los hechos aquí narrados ya que su omisión contribuye y mantiene las infracciones del DIH de las que son víctimas los campesinos de la vereda la Angalia y el señor Víctor Julio Cuberos, miembros de la sociedad civil que no hacen parte del conflicto armado.

8. Solicitamos a los organismos de control, que intervengan ante este y otros graves hechos que se han venido denunciando por las arbitrariedades de la Fuerza Pública contra la Población Civil en la región del Catatumbo, para que se tomen todas las medidas de prevención y protección de las comunidades campesinas e indígenas que allí habitan.

9. Exigimos a la Fuerza Pública (Ejercito Nacional), en todas sus actuaciones y conducción de las hostilidades respeto irrestricto del Derecho Internacional Humanitario, el cual están en la obligación de respetar y hacer respetar.

By International Peace Observatory

International Peace Observatory condemns actions by the Colombian Army’s Thirtieth Brigade on September 7, 2010, in the municipality of El Tarra, Norte de Santander department. During a fact-finding mission to investigate incidents that took place in El Tarra on August 15, members of the Thirtieth Brigade filmed, detained, and made unfounded accusations against IPO volunteers and members of the fact-finding mission. We would like to express our concern over the use of these irregular procedures, particularly the unfounded accusations that were made. In addition to violating Presidential Directive 07 of 1999, these accusations put those Colombian and foreign civilians who were present at risk, by involving them in the conflict.

por Humanidad Vigente

Con fotos en tamaño real de jóvenes víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y repitiendo en voz alta una y otra vez “nuestros hijos no eran guerrilleros” , caminaron por las calles de Ocaña, Norte de Santander, madres, hermanas, tías y otras mujeres que viajaron desde Soacha para la movilización. La marcha formó parte de las actividades programadas durante el Primer Encuentro de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Foro de Lucha contra la Impunidad que se llevó acabo el pasado 5 de septiembre de 2010.

por International Peace Observatory

Denunciamos que el 7 de septiembre de 2010 en el Tarra, Norte de Santander, en el marco de la Comisión de Verificación de los hechos ocurridos el 15 de agosto en el mismo municipio, miembros de la Brigada XXX filmaron, retuvieron y realizaron señalamientos a miembros de IPO y de la comisión. Queremos hacer saber nuestra preocupación por el uso de estos procedimientos irregulres, y en especial por los señalamientos realizados, que además de incumplir la Directiva Presidencial 07 de 1999, ponen en riesgo a la población civil presente, nacional e internacional, al implicarla en el conflicto.

Durante el episodio, los soldados de la base militar, auspiciados en las trincheras, estaban realizando registro fotográfico y de video de las personas miembros de la comisión, así como de los observadores internacionales. En todo momento, los alegatos de los miembros de IPO fueron ignorados, impidiendo la interlocución y el libre ejercicio del trabajo de observación y verificación que ha sido reconocido a la organización, hostigando y adoptando una agresividad desmesurada hacia los defensores de los derechos humanos y señalando el legítimo trabajo que se viene realizando.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado expresa su profunda
preocupación por las nuevas agresiones de la que ha sido víctima la Corporación
Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), organización defensora de Derechos
Humanos que persigue como fin social acercar el derecho a las comunidades, a los
sectores sociales y populares en el Nororiente Colombiano, acompañando las justas
causas de las comunidades campesinas, indígenas y víctimas en la defensa y
realización de sus derechos y frente a la graves amenazas que enfrentan en sus
territorios.

Hechos

El día 6 de septiembre de 2010, siendo aproximadamente las 2:05 de la tarde, la Sra.
Yuliana Rico abogada de la Corporación, se dirigía caminando hacia la oficina de la
Corporación en Bucaramanga y llegando allá, fue atacada y agredida físicamente por
un hombre que colocó un puñal en su pecho, y la empujó al suelo, ocasionándole
heridas en sus brazos y manos. El hombre le quito el celular que llevaba consigo
Yuliana Rico. El agresor se dispuso a huir, subiéndose a una moto donde le esperaba
otra persona.

Antecedentes

El 4 de agosto de 2010 a las 4.40 pm, dos hombres armados que se movilizaban en una
motocicleta asaltaron a la Sra. Judith Maldonado Mojica, directora de CCALCP, cuando
esta bajaba de su vehículo enfrente de su oficina en la ciudad de Bucaramanga. Los
hombres la golpearon y le dijeron se va a hacer matar hijoeputa. Finalmente se
llevaron su bolso con documentos y equipos de comunicación. El mismo día a las 2.00
pm la Sra. Judith Maldonado Mojica y la Sra. Julia Adriana Figueroa Cortés, también
directiva de CCALP, fueron seguidas por dos hombres que se movilizaban en una moto.

El 12 de marzo de 2010, la Sra. Judith Maldonado Mojica recibió un mensaje del grupo
paramilitar Águilas Negras en su buzón de voz: Ustedes se metieron en un
problema; un problema del que no van a salir. Vamos a colocar una bomba; vamos a
colocar una donde ustedes serán los culpables. Se metieron en la comunidad y no
entrarán más. Se metieron donde no debieron. Se lo digo, una bomba donde ustedes
serán los culpables. Oiga Judith, su organización se metió y arruinaron los planes;
los planes que las Águilas Negras teníamos contra ellos. La van a pagar. La van a
pagar muy caro.

Exigimos

- Que la Fiscalía realiza una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e
imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los
responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e
imparcial y aplicarles las sanciones penales previstas por la ley

Responsabilizamos al Estado Colombiano de la vida y la integridad física de los
integrantes de CCALCP

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

10 de Septiembre de 2010

por Contravía

La petición se hizo en el “Primer Encuentro de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Foro de Lucha contra la Impunidad” en los casos denominados como ’falsos positivos’, en Ocaña, Norte de Santander. Con el objetivo de impulsar y visibilizar las investigaciones por las muertes de jóvenes presentados por el Ejército como miembros de grupos armados, las madres, convocaron al presidente de la República Juan Manuel Santos, a una reunión el próximo 6 de marzo de 2011, día Internacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Por Humanidad Vigente

La comisión de verificación que se reunió en la Casa de la Cultura del municipio del Tarra, Norte de Santander, el martes 7 de septiembre, denunció que miembros de la Brigada Móvil No. 23 pretendieron sabotear la jornada de trabajo en la que se estaba elaborando un informe sobre la situación humanitaria en la región.

La comisión de verificación fue convocada por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) con el objetivo de documentar y reconstruir lo sucedido el 15 de agosto de 2010, cuando en una clara violación al principio de distinción del DIH y atentando contra la vida de los niños y jóvenes del Catatumbo, miembros de la Brigada Móvil No 23 asesinaron a un joven de 16 años.

Así mismo, la Comisión está recibió otras denuncias correspondientes a los abusos de la Fuerza Pública, con lo que se elaboró un informe para fundamentar y apoyar la solicitud de la comunidad de trasladar la base de la Brigada Móvil No. 23 fuera del casco urbano de El Tarra y de igual forma exigir el respeto por los derechos humanos y el cumplimiento a los principios del derecho internacional humanitario.

Ascamcat y Humanidad Vigente denuncian que hacia las 12 del medio día, del martes 7 de septiembre, miembros de la Brigada Móvil No. 23 irrumpieron en la Casa de la Cultura donde se celebraba la reunión entre habitantes de El Tarra y veredas vecinas con algunos funcionarios públicos como el personero del municipio, un representante de la oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Norte de Santander, la secretaria de gobierno del El Tarra, el inspector de Policía, y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y miembros de organizaciones internacionales.

El soldado Luis Carlos Caicedo entró con una cámara filmadora haciendo registro audiovisual de las personas participantes de la comisión y de la comunidad allí presente. Cuando los militares fueron abordados por el Observatorio Internacional de Paz (IPO), el subteniente Andrés Fernando Osorio Acosta argumentó que “el registró fílmico se realizaba atendiendo motivos de seguridad y ordenes del teniente coronel Jorge Andrade”.

Posteriormente, al solicitar mayor claridad en el accionar de los militares, quienes no están autorizados para realizar este tipo de registro de la comunidad, Andrade aseguró que la cámara de vídeo estaba prendida porque con ella estaban buscando minas antipersonal en las calles. Vale la pena resaltar que las calles del municipio de El Tarra, son calles pavimentadas y no corresponde a zona rural.

Al caer la tarde del 7 de septiembre, miembros de la comisión de verificación se dirigieron al sitio donde el 15 de agosto resultó muerto un meno de edad, para hacer fotografías y vídeos para alimentar la investigación emprendida por la comisión de verificación.

Denuncian los miembros de la comisión que minutos después de llegar al lugar se vieron rodeados por un grupo de más o menos 30 militares quienes les acusaban de estar fotografiando y grabando al Ejército. Los militares exigieron revisar las cámaras fotográficas y de vídeo, allí pudieron comprobar que no existía ningún registro de ellos o de sus instalaciones.

Acto seguido, los soldados solicitaron la identificación de un periodista español que acompañaba la misión, le preguntaron sobre su origen, destino y actividad en Colombia, y tomaron nota de sus datos; además, advirtieron que los extranjeros no podían transitar por esa zona, pues está declarada como zona especial de orden público y requerían un permiso especial. Los acompañantes internacionales de IPO aseguran que tal restricción no existe y que ellos constantemente hacen acompañamiento a la comunidad en esa región.

Ascamcat y Humanidad Vigente, reiteran que la comisión convocada se trataba de una acción legítima de la sociedad civil con el objetivo de verificar la situación de DDHH en la región.

Por su parte, el Teniente Salcedo descalificó la comisión y continuando con sus prácticas estigmatizadoras contra los defensores de derechos humanos aseguró que “esas comisiones lo que hacen es defender guerrilleros y asustar a mis tropas. Además, los extranjeros no deberían meterse en asuntos internos del país”

Andrade manifestó que iba a tomar contacto con el DAS para verificar los documentos de los extrangeros, además se comunicó con funcionarios de la SIJIN, pero no se supo qué hablaron o qué les comentó. Igualmente, tomó contacto con el capitán Calderón, encargado de derechos humanos de la Brigada que tiene sede en Cúcuta. La comisión solicitó interlocutar directamente con el capitán Calderon con quien IPO ya tenido contacto anteriormente explicando la labor de acompañamiento internacional que se realiza la región.

Durante el episodio, que duró más de una hora, los 30 militares que rodeaban la comisión y otros que estaban apostados en las inmediaciones del pueblo, hicieron registro fotográfico de los miembros de la comisión. Finamente, tras la mediación del personero de El Tarra – señor Luis Alejandro Collante Miranda – los militares dejaron proseguir a los miembros de la comisión y regresaron al sitio de alojamiento en El Tarra.

Ascamcat y Humanidad Vigente manifestamos preocupación por estas acciones de sabotaje y registro emprendidas por miembros de la Fuerza Pública contra la jornada de denuncia organizada por la comunidad.

Igualmente, exigimos se garantice la seguridad de las personas que participaron en la comisión de verificación y de los campesinos y campesinas que han realizado denuncias sobre los abusos de la Brigada Móvil No. 23.

Finalmente, ponemos al corriente de lo sucedido a la Defensoría del Pueblo, y solicitamos a las autoridades de orden regional, nacional e internacional adelantar las investigaciones y el seguimiento pertinente a las acciones que los militares mencionados quienes han saboteado el normal desarrollo de la jornada de trabajo de la comisión y verificación y según denunció la misma comunidad hostiga y estigmatiza permanentemente a los campesinos y defensores de derechos humanos.

por Asociación Campesina del Catatumbo

Enmarcados en la conmemoración del 2º aniversario de las ejecuciones extrajudiciales (mal llamados “Falsos Positivos”), ocurridos en Norte de Santander, este sábado 4 de septiembre a partir de las 8:00 am y hasta las 6:00 pm, se llevará a cabo una jornada de acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas en la sede de la Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña (ASODEPO) en el barrio Brisas de Polaco del municipio de Ocaña.