por Albeiro Rodas

A paramilitary group under the name of Los Rastrojos (The Stubble), threatened different NGOs of Human Rights in Colombia. The threats that circulated through the Internet, were dated April 10.They did an exhaustive and long process of investigation, they said in their communicated codified as No.003, to different organizations of human rights, associations of displaced people and unionists of the states of Nariño, Valle, Cauca, Putumayo, Risaralda, Quindío, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Meta, Boyacá and Antioquia, according to their own declaration. They declared to the Colombian public opinion that those organizations are related to guerrilla groups. Los rastrojos claim that those NGOs are allegedly defending the human rights.

Sette persone uccise dai gruppi armati nel Bajo San Juan

www.asud.net
(24 maggio 2008)

Abbiamo appena ricevuto la notizia che ha invaso le nostre anime di amarezza e mancanza di speranza. Il compagno Ovidio Málaga, extragovernatore di Puerto Pisario, nel Basso San Juan, e altri cinque compagni afrocolombiani, sono stati assassinati. I corpi sono stati trovati a García Gómez, territorio collocato tra il Chocó ed il Valle.

Il governatore uscito per andare dal fratello, insieme a Rodrigo López, un afrocolombiano, non è tornato a casa. La comunità non ha informazioni su chi possano essere i responsabili. Quello di cui si è certi è della grande mobilitazione dei gruppi armati nella zona del Basso San Juan.

Ieri si ha avuto notizia dell’omicidio di altri cinque compagni afrocolombiani nella zona. Ma al momento non si conoscono i dettagli.

La fonte d’informazione dice che “questa è una zona militare, sotto il controllo delle Forze Amate”. Il municipio si trova vicino a Bahía Málaga, un megaprogetto portuario ed una grande base militare dello Stato Colombiano. A Puerto Pisario, territorio delle Comunità Nere, esiste una base militare. Nei territori indigeni e afro, dove si sono commessi i delitti, si sta progettando il passaggio di un oleodotto. Il territorio coinvolto si trova a sud del Chocó e nelle vicinanze della Valle del Cauca.

Oggi verrà riportato il corpo del leader della Madre Terra, “Nel dolore. Siamo confusi. L’omicidio di un leader indigeno costituisce la morte di un processo e di una comunità”, ha detto il portavoce di San Juan.

Di fronte a questi fatti, la comunità esige dal governo un’inchiesta che faccia luce sull’accaduto e che compia giustizia. L’importante è che l’impunità non vinca anche in questa dolorosa situazione. “Esigiamo il sostegno della ONIC, del CRIC e delle altre organizzazioni indigene e agli organismi dei diritti umani. Speriamo che non ci lascino soli visto che gli assassini e gli usurpatori contano sul silenzio”.

L’Associazione dei Capi Indigeni del Nord del Cauca, rifiuta con forza questo crimine che compie per l’ennesima volta l’aggressione sistematica contro i popoli indigeni e afrocolombiani. Ci addolora e ci preoccupa la situazione di questi popoli che non hanno commesso nessun reato e che si oppongono alla guerra e difendono la vita. La questione principale è che questa gente vive nei territori di grosso d’interesse economico. Ed è per questo che li uccidono e li terrorizzano, come è successo in tutto il territorio nazionale. Ci uniamo all’esigenza e alla richiesta di solidarietà e sostegno attivo. Invitiamo il movimento indigeno ed afrocolombiano e tutte le organizzazioni sociali e popolari in Colombia, di appoggiare la comunità di San Juan in questo momento doloroso.

Ci facciamo eco delle parole del portavoce Wounann il quale, nel dolore ha manifestato: “siamo pacifici, sappiamo perché abbiamo il territorio”.

Sappiamo che abbiamo il territorio per la pace e la vita e dobbiamo unirci per impedire che chi vuole sfruttarlo, uccidano ed espellano le nostre sorelle e fratelli.

Staremo attenti. Per adesso ci uniamo nel dolore e nella tristezza e chiediamo di seminare di vita e solidarietà la terra irrigata dal sangue innocente ed esigiamo giustizia. I colpevoli devono essere scoperti e rispondere per le loro colpe.

ASSOCIAZIONE DEI CAPI INDIGENI DEL NORD DEL CAUCA. ACIN (CXAB WALA KIWE)
www.nasaacin.org

Unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD de la Policía Nacional atacaron a los indígenas con camiones antidisturbios y con gases lacrimógenos causando la muerte a cuatro indígenas, heridas a 24 más y 19 indígenas están desaparecidos.

El incumplimiento y desconocimiento permanente de los acuerdos por parte del gobierno en cabeza de Uribe, hacen que la situación del Choco empeore cada vez más. El pasado 27 de abril se firmo un acta entre el gobierno y la comunidad, en la que se acordaron unos puntos sobre estos cuatro temas la educación, de salud, territorio y derechos Humanos; ya han pasado más de 15 días y a la fecha más de 14.000 niños y niñas de las comunidades indígenas siguen sin poder acceder a la educación, así mismo, el resto de lo acordado no tiene ningún avance.

Las autoridades indígenas insistieron y han estado en reuniones con las instituciones del gobierno departamental del Chocó, pero ante la falta de resultados pasado un mes, los pueblos indígenas decidieron tomarse pacíficamente la carretera que conduce de Quibdó a Medellín en el Kilómetro Dieciocho, sin embargo, este gobierno cree que la presencia en las regiones se hace de forma armada, agrediendo las comunidades y asesinando su gente, de hecho si hubo presupuesto para trasladar más de 200 soldados ESMAD que se mantienen en la zona, golpeando a los niños y adultos y aniquilando las comunidades indígenas.

Fuente: Indymedia Colombia, mayo 30, 2007

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
colombia.indymedia.org

www.prensarural.com

Estamos remitiendo para su adhesión y la de los amigos y amigas del planeta, de la vida, y de los pueblos afrodescendientes Curvaradó y Jiguamiandó que afirman sus derechos al territorio, a su existencia y a la supervivencia de la tierra, al ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, solicitando una cita urgente para dejar constancia del incumplimiento de su palabra de restituir y devolver 25 mil hectáreas de tierra, que fueron ocupadas y sembradas ilegalmente de palma de aceite, destruidas ambientalmente, luego de 13 desplazamientos forzados a través de la estrategia paramilitar y protegidas en la actualidad en las nuevas tácticas paramilitares de “Águilas Negras”, “Convivir”, “servicios de seguridad” y por la inacción del ejecutivo para adoptar medidas administrativas.

Si desea apoyar a las comunidades los invitamos a enviar su carta de petición de la reunión al ministro Andrés Felipe Arias ministro@minagricultura.gov.co tel: 00571 3419005 Ex 302-303

Secretaria Privada Andrea Juliana Silva Cortés Tel 00571 3423602 Ex 307 PBX 00571 3341199

Bogotá, 2 de febrero de 2007

Doctor Andrés Felipe Arias Leiva Ministro de Agricultura Ciudad

Ref. Solicitud de cita tema avance palma aceitera Curvaradó y Jiguamiandó

Cordial saludo

En cinco ocasiones de manera pública, el señor ministro comunicó la voluntad política del gobierno nacional de resolver la situación de ilegalidad de la ocupación de predios de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y el Jiguamiandó para la implementación de los monocultivos de palma aceitera. Y hoy en Cartagena en desarrollo de una reunión de Cooperación, el director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, manifestó que iban a devolver las tierras del Curvaradó y Jiguamiandó.

A través de la emisora W Radio, la revista Semana y el noticiero de televisión CMI, anunció la devolución de 25 mil hectáreas de tierras que pertenecían a las comunidades afrodescendientes, situación que sería resuelta en diciembre de 2006.

En la instalación de la Mesa de Tierras en el Hotel Tequendama de Bogotá, el 5 de septiembre de 2006, el señor ministro hizo una detenida presentación del caso Curvaradó y Jiguamiandó ilustrando al nutrido auditorio con presencia institucional, la sociedad civil y sectores de la comunidad internacional sobre la situación del Curvaradó.

El ministro señaló tres casos de acrecentamientos de tierras, y en particular el de Lino Antonio Díaz Almario que de 18 hectáreas , por la acción de los empresarios, pasó a poseer cerca de seis mil, lo que equivaldría, según palabras del ministro, a que el río Curvaradó se hubiese extendido hasta el golfo de Urabá. Agregando que la responsabilidad no era del estado y del gobierno como se pretendía señalar en algunos medios, sino que la responsabilidad era del narcoterrorismo que delinque en esa zona del país.

Hoy el director de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y director de Acción Social de la Presidencia de la República, Dr. Luis Alfonso Hoyos, señaló en la instalación de la Conferencia Nacional sobre Cooperación y Derechos Humanos de Cartagena, que se ha descubierto la falsedad de situaciones como “la del que tenía 18 hectáreas y apareció teniendo muchas más” y que “las 25 mil hectáreas iban a ser devueltas a las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó”. Cuando otro de los ponentes que representaba al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado señaló que eso no estaba ocurriendo, el funcionario respondió que le correspondía al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Defensa iniciar el proceso de entrega de tierras.

Señor ministro, las manifestaciones públicas en nada corresponden a la realidad. Las decisiones administrativas del Incoder, la presencia militar de la Brigada 17 en el territorio colectivo del Curvaradó, las actuaciones de los empresarios de la palma contra miembros de las comunidades propietarias de la tierra, las amenazas contra las personas que se resisten a perder sus propiedades y las actividades de mantenimiento, extracción de frutos, limpieza de plantaciones y resiembra del cultivo no son coherentes con la voluntad política expresada públicamente a esta problemática, altamente sensible a la opinión nacional e internacional.

En las resoluciones del Incoder del 5 y 6 de diciembre del 2006 (2658 y 2672 respectivamente), si bien se reconoce el absurdo jurídico de la accesión o acrecentamiento de tres propiedades, que suman mas de 15 mil Ha, y deja entrever la ilegalidad de las escrituras públicas que a través de ellas se elevaron, y se informa a la Fiscalía para que determine la responsabilidades de tipo penal; no hay ninguna decisión efectiva que signifique la devolución de las hectáreas accedidas a los consejos comunitarios del Curvaradó y Jiguamiandó, sus verdaderos dueños.

Las aplazadas decisiones transitan por los laberintos de los procedimientos administrativos de la Superintendencia de Notariado y Registro mientras el monocultivo de palma de los empresarios que usted califica como narcoterroristas avanza, amparado por la presencia institucional del estado a través de los efectivos de Brigada 17, llegando sus frutos hasta la planta procesadora en Bajirá, Extractora Bajirá S.A.

Del mismo modo la decisión del Incoder amplió el plazo para validar títulos individuales de 1993 (fecha de la sanción de la ley 70) al 2000 (fijación en lista previa a la adjudicación de los territorios colectivos a las comunidades negras del Curvaradó y Jiguamiandó), posibilitando la legalización de títulos que amparan las siembras ilegales de los palmicultores. También se excluyen de las dos actuales resoluciones, 12 títulos individuales de campesinos y afrodescendientes que vienen haciendo sus reclamos porque han sido ocupadas sus tierras por el agronegocio en cuestión.

A esta situación se suman, señor ministro, las amenazas recientes de asesinato contra campesinos que reclaman sus tierras en las zonas humanitarias del Curvaradó y Jiguamiandó, por estructuras paramilitares conocidas como “Águilas Negras”, vinculadas a los sectores palmicultores de la zona, como es de conocimiento del Programa Presidencial de Derechos Humanos, de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia y de la Fiscalía General de la Nación.

El señor Enrique Petro, junto con acompañantes nacionales e internacionales, después de regresar a las tierras que legalmente le pertenecen y constituir allí una zona humanitaria, donde habitan otros afectados por la ocupación de sus predios con palma de aceite, fue demandado por “ocupación de hecho” por parte de los empresarios, argumentando que esas tierras les pertenecían, adjuntando una de las escrituras con la que legalizaron el acrecentamiento de las tierras que hemos citado.

La fecha de diciembre de 2006 fijada por el señor ministro para la devolución de las tierras de las comunidades, se aplazó indefinidamente. A partir de este aplazamiento se están beneficiando los empresarios de la palma que diariamente movilizan camiones llenos del fruto que transportan hasta la extractora de Mutatá y diariamente más de 400 operarios realizan actividades de recolección del fruto, limpieza de canales, limpieza de las plantaciones, resiembra de palmas transplantadas de los viveros y adecuación de nuevas tierras para adelantar nuevas siembras.

Aparte de la expropiación de tierras que se repite en multitud de territorios palmíferos en todo el mundo, es muy cuestionada la siembra de este fruto por el daño ambiental, más en una región de altísima biodiversidad. El Internacional Herald Tribune publicó un artículo en el que científicos replantean la bondad del biodiesel de palma aceitera, en lo que al calentamiento global del planeta se refiere. El seguimiento del ciclo de vida de este monocultivo, con el comienzo en la desecación y drenaje de las tierras donde el mismo se va a desarrollar, conlleva una liberación a la atmósfera de enormes cantidades de CO2, que para nada son compensadas con las menores emisiones de la combustión del biodiesel obtenido con esta planta. Desde esta óptica ya se están frenando las subvenciones a los cultivos de palma aceitera en todo el mundo. Quizás nuestro país tarde en darse cuenta de esto.

Esta situación, señor ministro, hace que sea urgente una reunión entre los representantes legales de los consejos comunitarios del Curvaradó y Jiguamiandó, las organizaciones de derechos humanos que les vienen acompañando, y miembros de la comunidad internacional que venimos haciendo seguimiento a esta grave situación que padecen las comunidades.

Cualquier información relacionada con la reunión solicitada puede hacerla llegar a la calle 62 No 17-26 telefax 3463613 Bogotá.

Agradecemos su atención y pronta respuesta.

Consejo Mayor de la Cuenca del Curvaradó. Consejo Mayor de la Cuenca del Jiguamiandó Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

colombia.indymedia.org

Memoria y Justicia

Desde el viernes 5 de diciembre y hasta el miércoles 31 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar con abierta complicidad de la Fuerza Pública incursionó en los caseríos Bella Flor Remacho, Urada, Santa Fé de Churima, Llano Rico, Apartadocito, Arrastradero, Zapayal, Brisas de Curvaradó, Nueva Esperanza, Andalucía y Puerto Lleras, ubicados en los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, asesinando a 20 campesinos, y desapareciendo forzadamente a 11 más. El grupo paramilitar había salido, en su mayoría de la población de Bajirá y la acción contó con el apoyo de helicópteros.

Durante el recorrido de muerte, los paramilitares asesinaron a RUBIEL SAN PEDRO TUBERQUIA, ABEL GUISAO, VICTOR RAMIREZ SOTO, ESTEBANA BERRIO, AURELIO AGUDELO, ELISEO MARTINEZ, ANDRES CASTAÑO, GERARDO CARVAJAL, LUIS ENRIQUE CORREA, JOSE TEOFEBES GOMEZ, GERARDO VARGAS, LIBARDO y ARGEMIRO CORREA, a este último, los paramilitares lo decapitaron y le metieron la cabeza en el estómago y fueron desaparecidos de Santa Fé y Buena Vista PABLO LOPEZ, ESTHER HERNANDEZ, MANUEL CUESTA, ALCIDES DOMICO, JULIO ARTURO GARCES, JOSE HERNANDEZ, EDISON MANUEL HERNANDEZ, VARTICA HERNANDEZ, PABLO LOPEZ, MARIO Y SU HERMANO (se desconoce sus apellidos).

El miércoles 31 de diciembre, siendo aproximadamente las 9:00 a.m., los paramilitares terminaron su recorrido de muerte, interceptaron en el sitio Caño Claro a un grupo de campesinos, entre ellos dos menores de 12 y 6 años de edad y un anciano, quienes se desplazaban hacia el caserío de Llano Rico. Los paramilitares obligaron a las víctimas a tenderse en el suelo y los niños fueron separados de los mayores y encerrados en una casa. Allí les fue exigido el documento de identidad e interrogados, siendo finalmente asesinados LUIS EMERSON MARTINEZ. MIGUEL ENRIQUE CARDOZO, WILFREDO PIMIENTO.

Se conoció del asesinato de ANDRES ALVAREZ, ANTONIO HEREDIA, CARLOS RODRIGUEZ, y VICTOR SOTO, durante el mismo mes de diciembre.

En la acción militar encubierta fue quemado el pueblo de Buena Vista y otros caseríos cercanos, mantuvieron cautivo por más de 20 días a un menor de 12 años, quemaron viviendas, destruyeron bienes indispensables para la subsistencia de la población. Y el 31 de diciembre para garantizar la salida de las unidades militares, se realizaron bombardeos en cerro Cara de Perro y los paramilitares volvieron a sus bases armadas.

Por los hechos de ese diciembre negro de 1.997 se produjo el desplazamiento de 1.200 personas, la mayoría llegaron a Pavarandó, sumándose a los más de 4.000 campesinos, la mayoría afrodescendientes, que desde el mes de marzo se encontraban desplazados forzadamente en este lugar, con un cerco militar de tropas de la Brigada 17 del ejército.

Esta masacre fue precedida por el asesinato de INOCENSIO DIAZ el 31 de octubre de 1997, cuando paramilitares incursionaron hacia las 4:00 p.m. en el corregimiento de Llano Rico y procedieron decapitar al campesino. En el mismo corregimiento de Llano Rico, el 27 de mayo del mismo año, entre 30 y 40 paramilitares llegaron al lugar, reunieron a todo el pueblo a las 6:00 p.m. Solicitaron documentos de identidad y seleccionaron a tres personas. Asesinaron a FIDEL SUESCUN, JOSE PITALUA, y un poblador apodado “Perica”. Al día siguiente, los paramilitares sacaron de su casa al campesino EDILBERTO JIMENEZ, lo llevaron a un kiosco en el parque central, le cortaron el pelo al estilo militar, lo amarraron y lo pasearon por el pueblo, luego junto a la casa de sus padres, lo asesinaron.

EL GENESIS DE LA DESTRUCCION.

La incursión paramilitar el 20 de diciembre de 1996 al municipio de Riosucio (Chocó), la “Operación Génesis” desarrollada en febrero de 1997, comandada por el General (ret.) Rito Alejo del Río Rojas con al participación de paramilitares y militares de la Brigada 17 de Carepa (Antioquia). Los asesinados y desaparecidos de diciembre de 1997 en Jiguamiandó y Curvaradó.

EL DESARROLLO DE LA DESTRUCCION.

Hoy, la destrucción humana y ambiental en el Bajo Atrato chocoano continúa. Los centenares de crímenes de Lesa Humanidad en total impunidad, la apropiación ilegal de tierras amparada en “legalidades” de resoluciones del INCODER. La implementación de los agronegocios de la palma aceitera, la deforestación, los monocultivos de “Baby” de MULTIFRUIT (Del Monte), la explotación minera en el cerro “Cara de Perro” por la Muriel y la proyección de la Carretera Panamericana para el TLC y PPP, continúa como parte de la GENESIS DE LA DESTRUCCION.

Ante la destrucción en el bajo Atrato, la afirmación del derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria.

Ante la destrucción en el bajo Atrato, propuestas de vida desde las Zonas Humanitarias, propuestas de defensa del Territorio desde las Zonas de Biodiversidad.

Ante la destrucción en el bajo Atrato, la afirmación de derechos de las familias de los consejos comunitarios del Curvaradó y Jiguamiandó, de las familias de los consejos comunitarios del Cacarica, asociadas en CAVIDA, desde la afirmación de la Memoria de los familiares de las víctimas de la violencia política en Riosucio, asociadas en CLAMORES.

RUBIEL, ABEL, VICTOR, ESTEBANA, AURELIO, ELISEO, ANDRES, GERARDO, LUIS, JOSE, GERARDO, LIBARDO, ARGEMIRO, PABLO, ESTHER, MANUEL, ALCIDES, JULIO, JOSE, EDISON, VARTICA, PABLO, MARIO Y SU HERMANO, LUIS EMERSON, MIGUEL, WILFREDO, ANDRES, ANTONIO, CARLOS, VICTOR, INOCENSIO, FIDEL, JOSE, “Perica”, EDILBERTO…

en la Memoria

RUBIEL, ABEL, VICTOR, ESTEBANA, AURELIO, ELISEO, ANDRES, GERARDO, LUIS, JOSE, GERARDO, LIBARDO, ARGEMIRO, PABLO, ESTHER, MANUEL, ALCIDES, JULIO, JOSE, EDISON, VARTICA, PABLO, MARIO Y SU HERMANO, LUIS EMERSON, MIGUEL, WILFREDO, ANDRES, ANTONIO, CARLOS, VICTOR, INOCENSIO, FIDEL, JOSE, “Perica”, EDILBERTO…

Sin Olvido

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

www.rebelion.org

Un alto dirigente del partido del presidente Uribe, director de una multinacional, utilizaba a los grupos paramilitares para dividir a una comunidad afro-colombiana y quitarles su tierra.

Un alto dirigente del Partido Conservador, integrante de la coalición que apoya al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, es el gerente de una empresa agrícola que se ha beneficiado de la intimidación violenta de grupos paramilitares contra comunidades afro-colombianas para arrebatarles tierras y utilizarlas para cultivos de plátanos.

Se trata de Juan Manuel Campo, miembro del directorio nacional del Partido Conservador, uno de los aliados del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, que está siendo investigado por la Fiscalía por sus actividades al frente de la compañía multinacional estadounidense Multifruits, desde el 2004.

Según denuncias de varias organizaciones no gubernamentales (ONG), esa empresa utilizó artimañas jurídicas y la ayuda de presiones de grupos paramilitares para dividir a la comunidad afro-colombiana, dueña de las tierras, y firmar una alianza estratégica que le permitió producir los plátanos.

Ana Carmen Martínez, una de las desplazadas por grupos paramilitares de ese territorio, que según establece la Constitución pertenece a su comunidad, manifestó que los “paras” decían que en esa zona operaban guerrillas de izquierda, pero que eso simplemente era “un pretexto por quitarnos las tierras. Porque saben que son tierras productivas y que las necesitan para sus megaproyectos”.

Multifruits firmó un contrato con la multinacional estadounidense Del Monte Fresh Produce para exportar cada semana 52 toneladas de plátanos a los mercados de Estados Unidos y Europa desde terrenos disputados por comunidades afro-colombianas en el departamento del Chocó, en el noroeste del país.

La investigación por parte de la Fiscalía supone un nuevo eslabón en el escándalo que acecha al Gobierno de Uribe desde que sus aliados políticos fueron acusados por la Corte Suprema de Justicia de participar en la creación y financiamiento de grupos paramilitares, culpables de masacres contra la población civil y de apoderarse de enormes cantidades de terrenos en la década pasada.

Las averiguaciones indican que los grupos paramilitares, que se han desmovilizado como parte de un proceso de paz con el Gobierno, disfrutaron durante sus años alzados en armas de una relación simbiótica con dirigentes políticos y empresariales. Tres congresistas han sido encarcelados recientemente por esos vínculos.

Juan Manuel Campo, sin embargo, sería el primer caso en el cual un político con un alto cargo ha sido acusado de sacar provecho económico de sus vínculos con los grupos paramilitares.

Su tío, Rodolfo Campo, es un exitoso empresario en el sector agrícola y es desde agosto de este año director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), la agencia estatal que ha sido acusada en repetidas ocasiones de corrupción y que tiene como una de sus funciones la redistribución de tierras en el campo.

Ambos provienen del departamento del César, en el norte del país, donde los grupos paramilitares dominaron amplios territorios con mano de hierro.

La elite política de esa región se benefició de la intervención de los grupos paramilitares en las campañas electorales y permitieron que sus comandantes desfalcaran las arcas públicas, aseguraron fiscales, senadores de partidos de oposición y víctimas entrevistadas por la agencia de noticias AP.

La Comisión Colombiana de Juristas y otro grupo defensor de derechos humanos, Justicia y Paz, presentaron la denuncia contra Multifruits y Juan Manuel Campo ante una mesa conformada por varias organizaciones del estado y ONG para examinar casos de tierras que fueron apropiadas ilegalmente.

La multinacional Del Monte Fresh Produce no negó que tiene un contrato con Multifruits, aunque manifestó en un correo electrónico que “no opera plantaciones o posee tierras en Colombia” y que “compra de varios cultivadores” en el puerto de Turbo, la puerta de salida para las exportaciones de Multifruits, en el departamento de Chocó.

La creación de Multifruits ocurrió en el 2001, el mismo año que los grupos paramilitares declararon públicamente su intención de controlar la cuenca fluvial de Cacarica, donde se encuentra su plantación. En 1997 comenzaron con su campaña para tomar el control de la zona: expulsaron a cientos de campesinos de sus tierras y asesinaron y desaparecieron a sus opositores.

En abril del 2005, Multifruits hizo una alianza estratégica con un grupo que decía representar la comunidad de Cacarica, a pesar de que la Corte Constitucional dictaminó el año anterior que ese grupo no era el representante legal de la comunidad. Ese caso surgió por las protestas de la comunidad por la deforestación ilegal en el territorio a manos de empresas madereras.

Campo manifestó durante una entrevista telefónica que él es uno de los inversores que fundó Mutifruits, pero negó tener algún vínculo comercial con los grupos paramilitares y dijo que no sabía sobre el dictamen de la Corte Constitucional.

“Mi labor en esa zona es producir plata (dinero), no es ninguna otra distinta a producir plata”, aseguró. “Sé de las noticias que se conocen de la incursión paramilitar en esa zona pero no conozco ningún detalle sobre el asunto”, añadió.

La AP dice tener una copia del contrato entre Multifruits y la filial de Fresh Del Monte en Colombia. El mismo establece una producción eventual en 20 mil hectáreas, aunque Campo aseguró que los cultivos de la empresa sólo abarcan 120 hectáreas. Campo dijo que Multifruits exporta actualmente unas 1.500 cajas de plátanos.

Según una estimación del gobierno, la población civil ha sido forzada a abandonar unas 6,8 millones de hectáreas desde 1980 por la presencia de grupos paramilitares y la guerrilla de izquierda.

En muchos casos, los grupos ilegales armados despojaron a gente para sembrar la coca, pero en la zona del Caribe los desplazados fueron forzados a vender sus terrenos a precios muy bajos a personas con vínculos a los grupos paramilitares.

tpp.revolt.org

Decimos no, porque la implementación de estos proyectos afectan la ley de origen de los pueblos indígenas que rigen la existencia en armonía con la naturaleza, nos indica las formas de relacionarnos con ella y consagra nuestra autodeterminación como pueblos.

Decimos no, porque la vida del ser humano, la de nuestros pueblos y la de la naturaleza no se negocian.

TERCER ENCUENTRO INTERETNICO

Comunidad indígena de Isla

Murindó, Antioquia

Octubre 20 y 21 de 2006

Durante dos días nos reunimos delegados de los Consejos Comunitarios de las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Curvaradó, Arquía y Murindó; la Organización Indígena de Antioquia OIA, los Cabildos Mayores de Frontino, Urrao, Murindó y Vigía del Fuerte del departamento de Antioquia; la Asociación de Cabildos Mayores OREWA, los Cabildos Mayores de Bojayá, y Carmen del Darien del departamento del chocó; igualmente el Comité Todos Unidos Por la Vida del casco urbano de Murindó. Dando continuidad al proceso de discusión sobre los aspectos que atentan contra la vida de nuestros pueblos y del territorio e invocando el espíritu de nuestros ancestros y la memoria de nuestros mártires asesinados y desparecidos por el terrorismo de Estado, analizamos que:

1. Vivimos momentos difíciles por las amenazas y acciones que buscan la destrucción de nuestras comunidades mediante la implementación de proyectos agroindustriales como los de palpa aceitera, banano, cacao y caucho; ganadería extensiva, explotación mecanizada e industrial de la madera que destruye nuestros bosques nativos y la implementación de proyectos de reforestación como la teca; proyectos de infraestructura como la terminación de la carretera panamericana en el Darien, la construcción de la carretera Mutatá–Pavarandó-Murindó-Vigía del Fuerte, la canalización y privatización de ríos, la instalación del poliducto Venezuela Colombia, y la explotación minera por parte de la empresas extranjeras a través de contratos de concesión como el suscrito entre la gobernación de Antioquia y la empresa Muriel Maning Corporation, en la que se entrega a estadounidenses los territorios del cerro Careperro (Batolito de Mandé), ubicado en territorio tradicional y colectivo de comunidades indígenas y afrodecendientes de los municipios de Carmen de Darien (Chocó) y Murindó (Antioquia).

2. Estos proyectos destruyen las comunidades, pueblos y grupos étnicos que habitan la región, así como las reservas de biodiversidad consideradas patrimonio de la humanidad. Proyectos que son implementados por empresas extranjeras gracias a la militarización y paramilitarización que pretende controlar el territorio y destruir las organizaciones populares; lo anterior avalado por las políticas de Estado que se reflejan en leyes que favorecen la usurpación del territorio y la apropiación de los recursos, tales como la ley de bosques y páramos, el proyecto de ley denominado estatuto agrario y la ley de aguas, entre otros.

3. En la región continua adelante la consolidación del modelo de Estado que incluye la legalización e incorporación de los grupos paramilitares en función de los intereses económicos del capital global, que no es más que la implementación en la región del tratado de libre comercio.

Por lo anterior, las comunidades indígenas, afrodecendientes y mestizas que habitamos los territorios afectados hemos decidido:

• Decir no a la exploración y explotación minera del cerro Careperro y demás megaproyectos diseñados para esta región del Atrato.

• Igualmente decir no al proceso de consulta previa a las comunidades por ser un mecanismo tergiversado y deslegitimado en Colombia.

• Decimos no, porque la aplicación de estos proyectos significa la desaparición de comunidades, pueblos y etnias que habitan esta parte del Pacífico colombiano.

• Decimos no, porque la vida del ser humano, la de nuestros pueblos y la de la naturaleza no se negocian.

• Decimos no, porque el territorio pertenece a las comunidades y pueblos que ancestralmente la hemos habitado, trabajado, protegido y cuidado.

• Decimos no, porque estos territorios le pertenecen a las futuras generaciones quienes están encargadas de garantizar nuestra existencia.

• Decimos no, porque esta región es patrimonio de toda la humanidad, luego su destrucción afecta a todos.

• Decimos no, porque estos proyectos favorecen exclusivamente al gran capital de las empresas multinacionales, quines actúan con la participación directa del Estado, quien hace uso de su aparato de guerra, paralelo con la modificación y aprobación de leyes que facilitan la explotación de nuestros recursos; por tanto el Estado colombiano es igualmente responsable de la destrucción de las comunidades y pueblos que habitamos esta región.

• Decimos no al proceso de consulta previa porque el Estado de forma arbitraria ha delegado a las empresas multinacionales la realización de la consulta, desconociendo el carácter participativo y decisivo de las comunidades y pueblos y se utiliza como mecanismo para legalizar decisiones tomadas a espalda de los legítimos dueños.

• Decimos no, porque la implementación de estos proyectos afectan la ley de origen de los pueblos indígenas que rigen la existencia en armonía con la naturaleza, nos indica las formas de relacionarnos con ella y consagra nuestra autodeterminación como pueblos.

En consecuencia, hemos decidido un plan de actividades que permitan hacer realidad la defensa del territorio, que comprenda el fortalecimiento de las organizaciones, la articulación de los diversos sectores, la movilización, el diseño de estrategias jurídico políticas y la formación permanente de nuestras comunidades. Actividades que comprenden, entre otras, la participación en las audiencias mineras y de biodiversidad del Tribunal Permanente de los Pueblos, la participación en las peregrinaciones convocadas en el marco de los diez años de la operación génesis desarrollada por la brigada 17 y paramilitares contra las comunidades campesinas del bajo Atrato y Urabá.

Invitamos:

A las comunidades negras, mestizas e indígenas que habitan la región a fortalecer sus procesos organizativos en defensa del territorio.

A las organizaciones regionales, nacionales e internacionales de indígenas, campesinos y afrodecendientes a apoyar el proceso de resistencia que se adelanta en esta región del país.

Al conjunto del movimiento popular y social, a las organizaciones ambientalistas, a sectores de la Iglesia y en general a todas las organizaciones sensibles con esta problemática, a sumarse a esta defensa de la vida, el territorio y la dignidad de nuestros pueblos.

Invitamos a la solidaridad de los diversos pueblos del mundo para que conozcan, defiendas y apoyen nuestra propuesta.

22 de octubre de 2006

Comunidad indígena de Isla

Suscribe,

Consejo Comunitario de la cuenca del río Jiguamiandó

Consejo Comunitario de la cuenca del río Curvaradó

Consejo Comunitario de la cuenca del río Arquía

Comunidades campesinas de las comunidades de Bartolo, Canal, Pital, Esperanza Nueva y Murindó Viejo de la cuenca del río Murindó

Organización Indígena de Antioquia OIA

Cabildo Mayor Indígena de Frontino

Cabildo Mayor Indígena de Urrao

Cabildo Mayor Indígena de Murindó

Cabildo Mayor Indígena de Vigía del Fuerte

Asociación de Cabildos Mayores OREWA

Cabildo Mayor Indígena de Bojayá

Cabildo Mayor Indígena de Carmen del Darien

Comité Todos Unidos Por la Vida de Murindó

Instituciones acompañantes:

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Corporación Jurídica Libertad

Diócesis de Quibdó

www.cdpsanjose.org

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó quiere nuevmaente dejar constancia de nuevas acciones en contra de nuestro proceso, los hechos que ponemos a consideracion y como constancia a la historia y la humanidad son: – El dia 25 de septiembre a las 6 a.m. llegó un grupo de 30 a 40 hombres armados a una casa ubicada a quince minutos de San Josesito (exactamente a un lugar conocido como como la Antena). Alli se encontraba la señora que habita dicha casa. Varios de los hombres llevaban la cara tapada con pañoletas que decían Autodefensas de Colombia. Ellos mismos dijeron que eran las autodefensas y le mostraron brazaletes que decían AUC. Además cargaban fusiles de los que utiliza el ejército y también llevaban AK de los que usan los paramilitares. Le dijeron que estaban de nuevo operando por alli y que la misión número uno era el exterminio de esa h.p. comunidad de paz, y que por ello necesitaban informacion y colaboración. Luego sacaron una lista de nombres y le dijeron que necesitaban varios líderes y acompañantes para asesinarlos, ella les respondió que no le preguntaran por nadie porque ella no sabía nada ya que no salía de la casa y no conocia nada. También le preguntaron si los gringos estaban en la comunidad ya que eso les impedía entrar para poder hacer una barrida pero que tarde o temeprano iban a hacerlo y que iban a limpiar esa zona de guerrilla y la comunidad era la principal guerrillera. El tipo que le hablaba y le preguntaba le dijo que le quedaba prohibido decir algo y que si lo hacía, se atuviera a las concecuencias. Después de ello se fueron. El lugar de dicha presencia paramilitar dista 10 minutos de San José, donde se encuentran el ejército y la policía en forma permanente. A cinco minutos de dicho lugar se encuentra constantemente otra tropa del ejército. Esto claramente evidencia la relacion de este grupo paramilitar con la fuerza pública. – El dia 15 de septiembre llegó a la comunidad un documento de la fiscalia de derechos humanos de Bogotá, en el cual se le solicitaba a la comunidad que por favor entregara al señor Arturo David quien sabian era de la comunidad y vivía alli, que era requerido por una orden de captrua por el delito de guerrillero y acusado de atacar una delegación de la fiscalia en el 2005. Anexaban a ello la notificacion de la orden de captura de Arturo David.

Ante esto la comunidad exigió inmediatamente la presencia de la defensoria y procuraduria para que que hicieran acciones en contra de ese atropello y señalamiento contra la comunidad: primero porque el señro Arturo David dejó de pertenecer a la comunidad desde enero de 2004 y desde ese moemnto no vive dentro de la comunidad, información que se ha hecho pública y que la Fiscalía conoce. Segundo la accion de la Fiscalía es totalmente irregular como lo reconoció la defensoria y la procuraduria pues esas notificaciones y acciones las tiene que hacer un organismo de control y no le compete a la comunidad. Esto simplemente tiene un caracter de señalamiento contra la comunidad de guerrillera y la búsqueda de judicializar a los líderes. – El dia 10 de septiembre hacia las 10:40 a.m. miembros del eejrcito interceptaron a dos jovenciatas de la comunidad una de 11 años y la otra de 12 años en la carretera entre San Josesito y San José. Los militares les dijeron que ellos sabían que vivían en San Josesito y eran de la comunidad, que necesitaban que colaboraran con ellos y les ofrecieron $ 20.000 diarios si les decian todos los movimientos e informacion de la comunidad y en especial de los lideres. Que por cada persona que lograran conseguir que trabajara para ellos les pagaban $ 100.000. Ellas les dijeron que no y que no les molestaran. Ellos les dijeron que tranquilas que lo pensaran y que si se decidian ellos estaban por ahi.

Tdodos estos hechos evidencia lo que hemos ya expresado durante varias semanas: la preapracion y orquestación de una masacre contra miembros de la comunidad, la presencia paramilitar evidencia el juego de la llamada desmovilizacion y solamente muestra una vez mas la búsqueda de exterminio contra la comunidad por parte del Estado colombiano utilizando para ello las fuerzas militares en accion conjunta con los paramilitares.

Estamos en este momento en un fuerte proceso formativo y organizativo y por ello sabemos que estos planes de muerte como todos los que se han hecho contra la comunidad no triunfarán. El objetivo es que reine la muerte, el miedo y la impunidad como forma de vida pero nuestra opcion es por la justicia, la vida y la solidaridad creando dia a dia un mundo alternativo. Agradecemos el apoyo nacional e internacional para seguir caminado en nuestras busquedas de vida diferente

www.elcolombia.com.co

En el Hospital San José de Tadó, del municipio de Tadó, en Chocó, la persona que llegue con una herida debe llevar el hilo de sutura.

El centro de salud no tiene ni para pagar la factura del teléfono porque desde junio las cuentas fueron embargadas por un fallo originado en un problema salarial.

Tadó está localizado a dos horas por carretera, o trocha como le dicen otros, de Quibdó.

Sobrevivir en la localidad es poco menos que imposible, toda vez que la única fuente de empleo es la administración Municipal. Quien no logre un puesto allí tiene que rebuscarse la comida en la selva o los ríos. La situación del ente municipal es tan compleja como la de sus habitantes y, de no realizar los correctivos del caso, el futuro que le espera en los mapas de Planeación Nacional tiene cara de corregimiento.

Este no es el único municipio de Chocó en esa situación. Los 31 que tiene el departamento son de categoría sexta, la más baja, y 21 de ellos podrían perderla y rebajar a la de corregimiento.

Mario Flórez, contralor departamental, puso la voz de alerta en la Asamblea de Chocó. Al hacer una radiografía de los municipios sentenció que a la mayoría los perseguía en fantasma de la degradación de categoría.

Flórez advirtió que en esos municipios no se ha puesto en marcha la aplicación de la ley 617 de 2000 que establece normas para racionalizar el gasto público. La ley, que rige desde 2001, hasta ahora no ha sido aplicada debidamente y el plazo para acogerla se vence este año.

El caso más grave se presenta en Río Iró, un municipio que excedió sus gastos en 1.965 millones de pesos. Le siguen Juradó, Carmen del Darién y Atrato.

Por falta de voluntad

Aunque pueden encontrarse varias razones, es a la falta de voluntad política y administrativa a la que atribuye el Contralor Departamental la causa del incumplimiento de la 617.

Existen muchos factores que inciden, “pero lo que más hay es una falta de gestión, de interés y sentido de pertenencia”.

En los próximos días el Contralor presentará un comunicado para los alcaldes con el que pretende comprometerlos en la aplicación de la ley. El documento será uno más que se une a los 40 que se enviaron antes.

La deudas que acosan a las administraciones es otro ingrediente que se suma a esa falta de voluntad.

Actualmente, todo el departamento está en crisis por el embargo de los recursos. En la mayoría de los casos los jueces fallan a favor de ex empleados públicos demandantes, obligando al Departamento a pagar cuantiosas sumas.

Por ejemplo, si una persona es despedida y después de 45 días no se le han cancelado las cesantías, el municipio debe pagarle por cada día de retraso un día de salario, convirtiéndose en la carga de un empleado más.

Recientemente el gobernador de Chocó, Julio Ibargüen Mosquera, acusó a los jueces laborales por ayudar al desfalco del Departamento al fallar casos de ese tipo.

Flórez ha dicho que no considera exacto acusar a los jueces, es de nuevo la negligencia de los administradores la que genera los embargos.

En el 2005 el Contralor envió un comunicado a los alcaldes en el que les pedía pagar oportunamente las cesantías a los funcionarios retirados de los cargos “para que eso no se convirtiera en el bumerán que es hoy”.

El Contralor puede tener razón si se tiene en cuenta que en un municipio de categoría sexta el sueldo más alto de un funcionario está alrededor de dos millones 200 mil pesos y las cesantías no serían demasiado altas para un empleado de cargo menor.

Francisco Asprilla, secretario privado del alcalde de Tadó, ve el panorama diferente. Vive en un municipio de 16.000 habitantes donde la gente medio logra existir. “Si hoy comen, mañana no pueden”, cuenta.

Él es uno de los pocos privilegiados que recibe sueldo con el escaso dinero que le entra al municipio. En el pago de la nómina se agotan los ingresos.

Los últimos de la lista
La situación de Tadó es crítica. Tiene el último puesto en el ranking de desempeño fiscal que hizo Planeación Nacional. De los últimos 20 municipios de la lista de 1.084, cuatro pertenecen a Chocó.

Marino Ledesma asumió hace un año la Alcaldía de Tadó y no considera que la pésima calificación corresponda a su gestión. Sostiene el alcalde que está adelantando diligencias para desembargar dineros que necesita urgentemente la población.

Mientras el funcionario hace los trámites, el edificio de la alcaldía está por caerse y al director del hospital le toca doblarse para suplir la falta de médicos.

La situación empeorará si se convierte en corregimiento, pues los dineros entrantes disminuirían notablemente y la distribución la haría otro municipio. “Sería muy duro después de ser papá, ser hijo”, sentencia Francisco Asprilla.

Esta acción es una nueva agresión contra la población civil de la zona perpetrada por un actor armado en este caso el ejército quien abandona estos artefactos colocando en grave riesgo a la población civil como es el caso de Carlos quien ha perdido la vida. Es tal el descaro que además de la acción de muerte al dejar abandonado esta granada en un lugar de trabajo, la policía fácilmente habla contra la integridad de Carlos y la población civil de la zona como siempre lo ha hecho queriéndola relacionar con acciones y actores armados.

Nos solidarizamos con el dolor que vive en estos momentos la familia de Carlos a la cual brindamos nuestro apoyo. Pedimos la solidaridad nacional e internacional para exigirle al Estado que estos hechos irresponsables y asesinos cesen contra la población civil.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Julio 19 de 2006

Queremos dejar constancia de nuevos hechos que demuestran con claridad la persecución contra la comunidad por parte de la fuerza pública, así como el accionar paramilitar que se vive en la región de Urabá.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Abril 25 de 2006

Confirmado ¡EL EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA ASESINÓ A NELLY JOHANA DURANGO!!
Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Este nuevo golpe solo nos muestra que el Estado seguirá exterminándonos. Su descaro, la sevicia, la impunidad, la mentira y el descaro con que actúa no pareciera tener precedentes ni límites.

Hoy 15 de marzo se ha confirmado que el ejército asesinó a NELLY JOHANA DURANGO. El viernes 4 de marzo a las 5 p.m. en la vereda la Resbaloza Nelly fue sacada de su casa por miembros del ejército, dos testigos son contundentes en la forma insultante en que fue tratada y llevada Nelly por parte del ejército. Desde ese momento no se sabia de su paradero.

La Comunidad denunció la desaparición a la defensoría y procuraduría, quienes le averiguaron al ejército sobre el paradero de Nelly, el ejército respondió que no tenían tropas por la Resbaloza. Averiguaciones de la procuraduría llevaron a que existía un cuerpo similar a la descripción de Nelly en la morgue de Tierra Alta (Departamento de Córdoba). El cuerpo se informaba por parte del ejército se trataba de una guerrillera dada de baja. La comunidad con la procuraduría y la defensoría llevaron a que un familiar de Nelly pudiera ver si dicho cuerpo se trataba de Nelly. Hoy efectivamente se ha comprobado que el cuerpo es el de Nelly.

Creemos que el relato de los hechos lo dice todo, no existen palabras para poder calificar a un estado asesino que se ha ensañado contra nosotros, una fuerza pública que su actuar solo es de ser asesinos. Es evidente que después de la masacre del 21 de febrero realizada por el ejército asesinando a ocho personas se decidió que nos asesinarían de a uno a uno mensualmente, pues cada mes alguno de nosotros somos sentenciados a muerte por parte de la fuerza pública.

Han asesinado a Nelly con la misma infamia y mentira que siempre utilizan diciendo que nunca están en la zona, luego que se encuentra el cuerpo se dice que es guerrillero. No sabemos quien será el próximo asesinado de la comunidad pues es el decreto que ha firmado el gobierno y que ejecuta la fuerza pública con la complicidad de los organismos de control. Sabemos que nos exterminará este gobierno como no lo ha anunciado pero lo hará como lo ha hecho con nuestros amigos y amigas asesinadas: de pie y con dignidad. No retrocederemos, por el contrario retornaremos a Mulatos, Resbaloza, Esperanza estas tierras que nos quiere quitar el paramilitarismo.

Nelly tu juventud estará iluminándonos en estos retornos de vida, tu memoria estará con nosotros, ahora no tendrás justicia en nuestro país como ha sucedido con los que te han antecedido, pero este gobierno de muerte, esta fuerza pública asesina no podrán vivir sus últimos años tranquilos ante la justicia universal que los perseguirá y señalará. Gracias Nelly por tu vida.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 15 de 2006

****************************************************************
dhColombia
Red de Defensores no Institucionalizados de Colombia

*****************************************************************

[San José de Aartadó]
[13/01/06]
Comunidad de Paz de San José de Apartadó]

Hoy 12 de enero de 2006, el ejército asesinó a EDILBERTO VASQUEZ CARDONA de 53 años de edad, miembro de la zona humanitaria de Arenas Altas. Edilberto fue el primer líder de la zona humanitaria de Arenas Altas y fue remplazado por Arlen, también asesinado por el ejército. Hacia las 7 p.m. del 11 de enero, EDILBERTO se acostó a dormir en su casa ubicada entre Arenas Altas y Guineo Alto. Junto a él se encontraba su hijo de 12 años. En la mañana del 12 de enero, el ejército llegó muy temprano a su casa y lo hicieron salir a la fuerza. A unos 20 minutos de su casa en la finca de la comunidad de Arenas Altas, EDILBERTO fue asesinado a tiros por el ejército cuando eran las 7:15 a.m.

Ver documento completo: http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=263

=========================================================

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó quiere dejar constancia de hechos contra nuestro proceso:

JAIRO NO ES DE LA COMUNIDAD PERO HA SIDO PERSEGUIDO

La Comunidad de Paz de San Jose sigue solicitano la libertad de Jairo Usuga quien a pesar de no ser miembro de la comunidad es un joven de 20 años que ha estado en la zona con su mujer y una niña de dos años. El ya habia sido detenido en Mayo en la salida de San Jose por la policia y el ejército, en dicha ocasion varios reinsertados y paramilitares lo amenazaron.

Manifstamos nuestra solidridad con su familia, su nuña y su compañera en estos momentos de agresión.

Queremos como comunidad el poder compartir con ustedes en este tiempo de navidad la esperanza de que algún día podremos tener un mundo diferente, un mundo con justicia, sin impunidad en donde seamos respetados y podamos vivir en dignidad.

Esa esperanza la seguiremos luchando civilmente como lo hemos hecho hasta hoy y han sido cada uno de ustedes desde su solidaridad y apoyo los que han permitido que la esperanza no sea ilusión sino realidad de que cada día. Cada carta, mensaje, acción en pro de nuestra comunidad es un aliciente y un compromiso para cada uno de nosotros para seguir construyendo esta alternativa solidaria y comunitaria que le llamamos comunidad de paz.

Ha sido un año muy duro y difícil el estado busco por todos los medios aniquilarnos, el ejército asesino líderes como LUIS EDUARDO GUERRA, ARLEN RODRIGO SALAS DAVID, ALFONSO BOLIVAR y sus familias, una de las mayores masacres horrendas en nuestro país la hizo la fuerza publica contra nosotros. Además de ello el gobierno nos desplazó y nos tildó como guerrilleros fue su respuesta ante este horror. La persecución en diversas formas no se ha detenido, pero a la vez creemos que siendo tan terrible ha sido un año de esperanza, un año donde le hemos demostrado a los amos de la muerte que la vida no se puede destruir que pesa mas la dignidad que la mentira y el engaño, no nos pudo acabar el gobierno y creo que es un triunfo para la esperanza, para la posibilidad de lo alternativo, nuestro proceso no es de nosotros es de todos aquellos que creen en una humanidad diferente donde prime el ser humano la vida. Esa esperanza nos alienta a seguir, sabiendo que seguirán las acciones por acabarnos pero esa ilusión por la vida por crearla diariamente en nuestra comunidad nos hace sentir que es un momento no de muerte sino de vida y eso es navidad, por ello compartimos esta resistencia civil como una acción de navidad.

Queremos compartir que pese a lo difícil de estas semanas en Arenas con acciones de muerte por parte de la Fuerza Pública la gente sigue allí resistiendo civilmente y seguimos caminando solidariamente, por ello una nueva zona humanitaria se ha organizado se llama la Guatinaja y la constituyen 46 personas. Seguimos caminando en esperanza, en navidad.

De nuevo muchas gracias a cada uno de ustedes por su generosidad y solidaridad, de parte de nuestra comunidad una feliz navidad y un año en resistencia civil por la vida.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ
Diciembre 20 de 2005

www.rebelion.org

Delegados de las familias de los Consejos Comunitarios asociados en Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, CAVIDA; los Consejos Comunitarios Mayor del Curvaradó y Jiguamiandó, la Asociación de Familiares víctimas de la violencia socio política, CLAMORES, la Red de Alternativas y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz se unen a las expresiones de objeción a la ley aprobada en el congreso, calificada por el mismo diario El Tiempo, como “ley maderera”.

La ley es uno de los mecanismos que privatiza los territorios colectivos, que deniega los derechos colectivos, y que en la misma corriente de otras disposiciones legales, entre ellas la ley 975, mal llamada de justicia y paz”, legalizará las propiedades usurpadas, y propiciará que el modelo de desarrollo productivo feudalista empresarial del paramilitarismo encuentre nuevos mecanismos de control de la población y de destrucción de quiénes se opongan.

Una voz de alerta desde el Bajo Atrato, ante la reingeniería paramilitar a través de la desmovilización que anuncia acciones contra los habitantes de las Zonas Humanitarias del Cacarica y la nueva estructura de la estrategia paramilitar “Héroes del Atrato” que atacaría a las comunidades que habitan en las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó.

Bogotá, D.C 16 de diciembre de 2005

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

PENA DE MUERTE A BOSQUES Y AFROCOLOMBIANOS

Los pueblos afrocolombianos, las comunidades indígenas y la humanidad misma están siendo vulnerados en sus derechos a su supervivencia y sobrevivencia.

La ley maderera, aprobada el pasado martes por el Congreso, nunca fue consultada con la totalidad de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Las pocas consultas realizadas fueron un mecanismo para cumplir con una cierta formalidad pero no para incluir las objeciones de fondo y las iniciativas de reglamentación de la población

Fueron los sectores empresariales madereros, entre ellos los que han deforestado en el Bajo Atrato en zonas de control paramilitar, los que participaron en la formulación de la ley, su pensamiento, asociado a un modelo de desarrollo destructivo de pueblos, de seres humanos y del derecho de la humanidad a un ambiente limpio.

Hoy los voceros de los empresarios, que se encuentran en el Congreso de la República han reiterado que la ley es importante, porque protege los Parques Nacionales y los Territorios Indígenas y REGLAMENTA prácticas de comunidades que por ser pobres carecen de capacidades técnicas para proteger aéreas con bosques naturales, desarrollar planes de reforestación.

Las argumentaciones pretenden desconocer que la destrucción de bosques naturales, por ejemplo, en el bajo Atrato desarrolladas por Maderas del Darién, filial de Pizano S.A, Maderas del Atrato, Urapalma se ha desarrollado es por lógicas de desarrollo inequitativas, esclavistas, corruptas, violentas, antiecológicas.

Las empresas en muchas ocasiones han usando las necesidades de los pobladores para crear asociaciones campesinas bajo la cuales, con la “supuesta participación” de las comunidades han arrasado y destruido mecanizadamente bosques naturales como los Kativales y los robles para procesar triplex y enviarlo al mercado internacional.

Esa destrucción se ha realizado con engaños y falsos beneficios a las comunidades, mientras los pueblos son más miserables, las arcas empresariales se llena con la expoliación y la extracción.

No existen planes de reforestación serios y transparentes, como hoy puede constatarse se abren paso luego del arrasamiento forestal y la destrucción de millares de especies vegetales y animales y de la desertificación, a proyectos de palma, de banano “primitivo”, de coca con procesamiento, de ganadería extensiva. Cambia el nombre de la empresa pero no el sentido de la destrucción ambiental y humana.

Como si fuera poco, las empresas privadas, que han abusado de la miseria de los pobladores, usan de los sellos de certificación como el FSC para mostrarse como cumplidores de los requisitos internos ambientales, el derecho a la consulta y su actuación sin el uso de la violencia.

Pero es violenta el hambre, como el arrasamiento forestal, como la coincidencia de operaciones empresariales y el control paramilitar. A pesar de las desmovilizaciones la pasadas y las que ya se vienen encima, el Parque Nacional de los Katios es usado para operaciones paramilitares, para la deforestacipon controlada la siembra de coca, mientras a pocos kilómetros los militares desarrollan una persecución contra los habitantes de las Zonas Humanitarias en el Cacarica o con sistemas de control militar los paramilitares se apropian de propiedades, destruyen los bosques, venden las maderas que pasan por controles policiales y militares de la Brigada 17 o en el Salquí el Truandó deforestan con radios de comunicación y armas, pasan la madera arrasada por todos los controles ambientales, mientras a los afrocolombianos, indígenas y mestizos se les decomisa sus pocas rastras de madera.

Y como si fuera poco en medio de la desmovilización paramilitar se apoderan de propiedades familiares, los reinsertados anuncian que viene de nuevo una etapa del progreso, que es una imposición a las comunidades y se anuncia que las comunidades que no se vinculen a los esquemas de seguridad de redes de cooperantes correrán riesgos.

Por eso a las comunidades que han construido propuestas de protección alternativas a las políticas de seguridad se les anuncia que vendrán nuevas masacres, ya se anunció a los habitantes de las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó y en días pasados un desmovilizado anunció que para las Zonas Humanitarias del Cacarica se alista la muerta a los reductos de guerrilleros que allá habitan para poder desarrollar la etapa del progreso.

Aprobada la ley “maderera” se ataca al alma de los pueblos, al alma de la humanidad que desea una sociedad en armonía, donde los seres humanos podamos vivir en respeto con la vida natural.

Nos unimos a la comunicación de varias organizaciones y comunidades que objetan la ley forestal aprobada.

Consejo Mayor del Jiguamiandó

Familias del Consejo Mayor del Curvaradó

Familias de Consejos Comunitarios del Cacarica asociados en CAVIDA

Asociación de familias de víctimas de la violencia socio política de Riosucio, CLAMORES

Familias desplazadas del Bajo Atrato

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Chocó, Colombia, diciembre 15 de 2005

Una estocada mortal a los bosques naturales de Colombia

El 13 de diciembre de 2005 en la plenaria de la Cámara de Representantes, finalmente fue aprobada, luego de 11 intentos fallidos, la ley “maderera,” o mal llamada ley forestal, por 81 votos contra 11.

La bancada del gobierno votó en bloque esta iniciativa evadiendo la discusión que fue planteada por amplios sectores de la sociedad colombiana, como ambientalistas, el Procurador General, el Contralor General, los ex Ministros de Ambiente, las organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas y la oposición quijotesca de pocos parlamentarios.

La cuestionada ley se aprobó en medio de vergonzantes presiones de los Ministros de Agricultura y de Ambiente, quienes conjuntamente con la bancada uribista y los promotores de esta desafortunada iniciativa, hicieron oídos sordos a las numerosas dudas y críticas que ha generado todo este proceso de aprobación, y también a las denuncias ante la plenaria de que había “fuertes rumores” en el sentido de que a última hora se estaban haciendo ofrecimientos de dinero a los parlamentarios que ayudaran a aprobar el proyecto.

Las comunidades negras e indígenas, ambientalistas, sectores académicos, entre otros, hemos insistido conjuntamente en que la aprobación de la esta Ley afecta los intereses mayoritarios del país y sus reservas culturales, biológicas y democráticas.

Las desafortunadas declaraciones de los Ministros de Agricultura y Ambiente, las entendemos como su defensa a los intereses de las grandes empresas madereras forestales, y al programa Colombia forestal USAID.

Las organizaciones ambientalistas, indígenas, afrocolombianas, campesinas y otros sectores de la sociedad, expresamos el rechazo a esta Ley General Forestal, y hacemos un llamado para que cada ciudadano y cada organización que sienta vulnerado sus derechos a un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras, manifieste su rechazo ante las autoridades competentes en esta materia y adelanten iniciativas tendientes a que se reverse esta ley “maderera”.

Firman: Grupo Semillas, Swissaid, Censat Agua Viva, Cecoin, ILSA, Proceso de Comunidades Negras.

El Nuevo Herald/
Associated Press

BOGOTA – Las autoridades se empeñan el lunes en recuperar el control en una zona del oeste de Colombia en donde una ofensiva de los principales grupos guerrilleros dejó ocho policías muertos y 30 secuestrados.

El presidente Alvaro Uribe dijo el lunes que el ataque se produjo que “un pueblo minúsculo en plena selva, a donde había entrado la policía para taponar ese corredor de la delincuencia… ese había sido un paraíso de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”.

Sin embargo, afirmó a periodistas que “estamos recuperando la institucionalidad”.

El comandante de las fuerzas armadas, Carlos Alberto Ospina, consideró la región como “importante para las comunicaciones entre el interior y el océano y es un corredor importante para la entrada de materiales y por eso tiene gran importancia”.

La ofensiva se produjo el sábado, cuando más de 500 insurgentes arremetieron contra el caserío de San Marino, en Chocó, a unos 275 kilómetros al oeste de Bogotá. Cientos de soldados rastrean las selvas circundantes en busca del grupo de policías secuestrados.

El ministro de Interior, Sabas Pretelt, expresó que el secuestro tiene el fin de “sacar a sus guerrilleros de la cárcel”.

Germán García, el alcalde de Bagadó, el municipio al que pertenece la población atacada, declaró a la AP el lunes que en ese lugar no existió estación de policía hasta en marzo, cuando destacaron 60 policías para cuidar a unos 650 pobladores, mayormente negros e indígenas.

El edil opinó que recuperar el control de la zona “sería muy complicado”.

Los testigos hablaron de la presencia de guerrilleros tanto de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional (ELN), manifestó el alcalde.

Uno de los policías que participó en el combate y que salió herido de una pierna, Alex Misa, declaró a la emisora RCN el lunes que “nos rodearon bastantes, como 800, con bastante armamento, morteros, M-60, ametralladoras, nos defendimos hasta donde pudimos”.

“Yo estaba ubicado en el cerro y ahí cayeron cinco… a los heridos nos dijeron que nos fuéramos porque no podíamos caminar, nos perdonaron la vida”, relató.

El ELN, que en Cuba desarrolla un diálogo con el gobierno para explorar las posibilidades de negociar la paz, expresó que lo ocurrido no afecta los acercamientos que llevan a cabo.

El vocero de esa guerrilla, Antonio García, calificó, en declaraciones a radio RCN desde La Habana, como “un enfrentamiento, un hecho de violencia o una injusticia que hacen parte de la cotidianidad de la realidad colombiana”.

Otras acciones rebeldes se han registrado en los últimas horas en el país, que incluyen el derribo de dos torres eléctricas que dejaron sin energía a buena parte del departamento del Norte de Santander, lugar en donde explotó un carro bomba el fin de semana.

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, clamó a las guerrillas que concedan “una tregua navideña”.

La ofensiva ocurre cuando, aparte de los diálogos con el ELN, el gobierno espera una respuesta de las FARC para negociar un acuerdo humanitario para intercambiar a 59 personalidades en poder de los rebeldes por cientos de guerrilleros presos.

Las FARC y el ELN tienen 41 años de trayectoria en la lucha armada en Colombia, un conflicto que deja alrededor de 3.000 muertos anualmente.

NUEVAS AMENAZAS DE MASACRE

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó quiere dejar constancia de nuevas amenazas, los hechos que ponemos a consideración son los siguientes:

Pedimos la solidaridad nacional e internacional para que esta masacre que se nos anuncie no se realice, siempre nos han amenazado y luego dichas acciones de muerte son cumplidas el caso de la masacre de 8 personas en febrero y la muerte de Arlen Rodrigo Salas en Noviembre. El descaro del paramilitarismo y el actuar con la fuerza pública es total, por ello no podemos menos que seguir firmes ante esta acción de exterminio que ha decretado el gobierno contra nosotros. Aún con miedo seguiremos trabajando en solidaridad y comunidad y no retrocederemos en nuestros principios de neutralidad frente a cualquier actor armado. Agradecemos el apoyo nacional e internacional para que cesen las acciones de muerte en contra de nuestro proceso.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre14 de 2005