El 7 de junio de 2013, siendo las 10:05 a.m. mientras que el abogado LEONARDO JAIMES MARIN, acompañado de PBI y un miembro de la comunidad transitaban en el vehículo asignado a su esquema de protección; entre la vereda Pitalito al casco urbano de Curumaní, a la altura del cruce donde termina la vereda, lugar donde se encuentra ubicado un portón, se percataron de la presencia de un hombre subido en un árbol tomando fotografías tanto del vehículo como de sus integrantes.

Ante esta situación, el abogado del Equipo Jurídico Pueblos y la Fundación comité de solidaridad con los presos políticos; descendió de la camioneta y solicitó al sujeto explicación de las razones por las que se encontraba tomando fotografías, a lo que respondió que él trabajaba para FERNANDEZ DE CASTRO, y en actitud nerviosa se negó a informar cuáles fueron las órdenes precisas recibidas de su jefe, atinando simplemente a decir “hablen con el señor JUAN MANUEL”, y a señalar que estaba allí controlando el portón por cuanto lo han dejado abierto y se han perdido 35 reses, tratando de insinuar que la comunidad es la responsable. Es de aclarar unos minutos antes había pasado por ese punto la camioneta conducida por JOSE ALBEIRO MARTINEZ, integrante de la comunidad, lo que permitiría inferir que también fue fotografiada.

Por medio de irregularidades jurídicas, terror militar, y en concomitancia con el personero de Chimichagua quien se desplaza con militares en una camioneta sin placas que la identifiquen, se pretende desplazar de nuevo a 17 familias de la comunidad de Pitalito en el Cesar. Estas familias retornaron a su vereda Pitalito, después de dos años y medio de ser sometidos a desplazamiento forzado, a la persecución y a la estigmatización. El principal actor de este crimen con fines de despojo es por el palmicultor JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO.

En irregular actuación inicia jurídicamente el lanzamiento de la comunidad retornada a Pitalito Cesar

HACEMOS UN LLAMADO PARA EVITARLO

El viernes 24 de mayo de 2013, cerca de las 10:50 de la mañana hasta la 1:40 de la tarde, hicieron presencia en el asentamiento humanitario donde actualmente se encuentran 17 familias retornadas de la comunidad Campesina de Pitalito, el personero de Chimichagua CARLOS ALBERTO SERRANO CABALLERO, el inspector de este municipio HECTOR POLO MARTINEZ, y el Teniente Coronel RÓMULO FONSECA, comandante del Batallón Especial y Vial No. 3, custodiados por efectivos del Ejército Nacional, con el propósito de efectuar inspección ocular dentro de la querella policial de lanzamiento interpuesta el día anterior por el palmicultor JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO.

Los funcionarios, que se movilizaban en una camioneta doble cabina sin placas; al llegar al asentamiento humanitario pretendieron empadronar a las familias y acompañantes. Uno de los militares tomó fotografías a los miembros de la comunidad, al abogado del Equipo Jurídico Pueblo y voluntario de la FCSPP ROMMEL JOHNATAN DURAN CASTELLANOS, y a los acompañantes internacionales.

La presencia de los funcionarios públicos aquí citados, y los militares, se justificó bajo el argumento de adelantar una inspección ocular en el marco de un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, iniciado por JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO el día anterior (22 de mayo) ante el Alcalde de Chimichagua contra “indeterminados” con el que pretende en forma concreta que se ordene el desalojo contra la comunidad.

La inspección ocular practicada en el asentamiento humanitario genera preocupación por las múltiples irregularidades percibidas por todos los presentes:

- Inicialmente produce curiosidad que la diligencia fuera ordenada sólo un día después de haberse interpuesto personalmente, por FERNANDEZ DE CASTRO la querella policiva, cuando es conocido por todos la lentitud de esta clase de actuaciones administrativas.

- La presencia del Comandante del Batallón Especial y Vial No. 3 Teniente Coronel RÓMULO FONSECA, quien además coordinó prácticamente la diligencia tomando vocería procediendo a reunir a la comunidad en la caseta comunitaria, incluso grabando la reunión desde su teléfono celular.

- El papel desarrollado por el Personero, funcionario del Estado, supuestamente representante de la sociedad encargado de la protección de los derechos humanos, quien generó inquietud entre las familias por su clara postura a favor FERNANDEZ DE CASTRO y los señalamientos contra la comunidad de estar afectando el derecho a la propiedad privada del querellante.

En el transcurso de la diligencia, el Personero de Chimichagua CARLOS ALBERTO SERRANO CABALLERO y el Teniente Coronel FONSECA, requirieron a los acompañantes internacionales (del Observatorio Internacional de Paz – IPO) para que se identificaran plenamente, e incluso realizaron el registro fotográfico de los documentos de identidad de uno de ellos.

El Personero guardó total silencio respecto a la presencia en la diligencia de civiles con radios de comunicaciones supuestamente trabajadores del palmero JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO.

La Comunidad Campesina de Pitalito retornó a su territorio el 21 de mayo de 2013; sus predios habían sido apoderados de forma fraudulenta en el 2010 por el palmero JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO; desde el día del retorno, las familias han sido objeto de intimidación por parte del Fuerza Pública y civiles con radios al servicio del despojador.

En el día de hoy, (mayo 29) se está radicando ante el Alcalde de Chimichagua AMAURI VILLARREAL TORDECILLA, escrito de oposición por parte de cada una de la familias de la Comunidad Campesina de Pitalito, en la que mediante una argumentación jurídica sólida se solicita denegar las pretensiones del palmero FERNANDEZ DE CASTRO, evitando cualquier desalojo de las familias. Una vez radicada la oposición, el Alcalde municipal debe tomar una decisión de fondo.

Esperamos que en esta ocasión no se repita lo ocurrido en el 2010, en la que el mandatario local de Chimichagua, junto con el personero municipal de la época, apoyados por la fuerza pública y Ejercito Nacional, desplazaron forzadamente a los campesinos que por varios años han ejercido la posesión sobre estos predios.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) expresa su apoyo a la acción de retorno a las tierras de la comunidad de la vereda Pitalito, ubicada en jurisdicción de los municipios de Chimichagua y Curumaní del departamento del Cesar, el cual se realiza el día de hoy, 21 de mayo. Asimismo, expresamos nuestro respaldo a los abogados que acompañan a la comunidad, al Equipo Jurídico Pueblos y a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, los cuales hacen parte del Comité de Impulso del MOVICE.

La comunidad de Pitalito fue víctima de desplazamiento forzado a partir del 24 de
junio de 2010, debido a actos violentos en su contra, protagonizados por miembros del Ejercito Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y un grupo de civiles armados al servicio de Juan Manuel Fernández de Castro, terrateniente y empresario palmero, dueño de la empresa Orlandesca y afiliado a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma).

Antecedentes:

Desde la época del desplazamiento, la comunidad y aquellos que la acompañan han sido víctimas de a una serie amenazas, atentados, señalamientos y hostigamientos, entre ellos:

El 7 de septiembre 2012, el Sr. Jhonel Cárdenas Castrillo, líder comunitario y de
restitución de tierras que acompaña a la comunidad desplazada de Pitalito, sufrió un atentado contra su vida en el municipio de Curumaní (Cesar)

El 24 de junio de 2010, veinte familias de la vereda Pitalito -Municipio de
Chimichagua y Curumaní- fueron víctimas de desplazamiento forzado por parte
de la irregular actuación de diversos funcionarios públicos, quienes
siguiendo indicaciones de JUAN MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO, reconocido
palmicultor, supuesto ex militar y gran terrateniente, procedieron al
expulsarlos violentamente de su territorio.

Sus viviendas fueron destruidas, sacaron sus pertenencias y cada miembro de
la comunidad: hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas, jóvenes, fueron
subidos a un camión de la Policía, al parecer del ESMAD y trasladados a
inmediaciones del casco urbano de Curumaní.

Por aproximadamente veintisiete años, estas familias fueron poseedoras de
las tierras que conforman la Vereda de Pitalito, ubicada en jurisdicción de
los municipios de Chimichagua y Curumaní en el departamento de Cesar –
Colombia. De su trabajo derivaron el sustento de sus hijos y una vida digna
para todos los miembros de la comunidad; a la vez que protegieron el
ambiente; desarrollaron una economía campesina, se organizaron desde 1989
en la Junta de Acción Comunal; el Municipio de Chiriguaná construyó una
escuela, siendo la maestra contratada por la diócesis de Valledupar, y en
general, construyeron por años su proyecto de vida campesina.

Como es conocido públicamente, la población campesina y urbana de centro
del departamento del Cesar fue víctima del Terrorismo de Estado a través
del accionar paramilitar, quienes actuando en conjunto con la Fuerza
Pública, despojaron de sus territorios a centenares de familias con el
objetivo de apoderarse de sus tierras, en unas ocasiones –mediante masacres
y muertes selectivas- y en otras, mediante ventas forzadas por debajo del
valor real del inmueble, obligando mediante el uso de armas a la firma de
contratos de compraventa, para después protocolizarlas ante la Notaría o
ante el Personero Municipal, tal como sucedió con la Comunidad Campesina de
Pitalito.

MOVICE Sucre

El día 27 de enero de 2013, siendo las 3:30 de la tarde el señor LUIS ARRIETA OLIVERA, campesino de la finca La Europa, recibe una llamada de su hijo DEIVI DAVID ARRIETA MERCADO identificado con cédula de ciudadanía número 1.101.812.665 de Ovejas Sucre. En la llamada le dice “papi me cogió el ejército aquí donde Orlando, me llevaron para el comando, estoy en el comando, tráigame los documentos del colegio y apúrate antes que me lleven porque me van a llevar”. El señor le pregunta si les había mostrado el carnet estudiantil y él responde que sí, pero que no le habían prestado atención. A raíz de esto el señor LUIS ARRIETA se dirige al comando de Infantería de Ovejas con los documentos de estudio de su hijo; al llegar, un soldado le pregunta “que se le ofrece?” El señor le dice que venía a traer lo documentos de su hijo donde demostraba que él sí estaba estudiando, el soldado le dice que espere un momento, que el comandante no está allí, que dentro de poco llegaba. Al poco tiempo llega el comandante y el señor LUIS ARRIETA se le acerca a la persona que le dijeron era el comandante y le dijo “mire señor comandante aquí están los papeles del niño donde se demuestra que sí está estudiando, esta persona le dijo que ya no se podía hacer nada porque esa decisión estaba tomada, el señor le dice que además de ser estudiante era el único hijo varón que tenía y además era desplazado de la Finca la Europa, el militar le dice “déjelo que se gane la libreta y además el muchacho refiriéndose a DEIVI DAVID ARRIETA dijo que él no quería depender de ustedes para la libreta, además ustedes no tienen plata, y déjelo que él va es a cuidar unas playas”. Esta persona recibe los documentos y los guardó, no los devolvió. Al momento de salir al camión donde llevan aproximadamente 10 muchachos el joven DEIVI DAVID ARRIETA MERCADO le grita a su papá “papi yo te juro por mami que yo no me entregué, ellos me persiguieron (el joven se transportaba en una moto que él conducía) y me cogieron y me llevaron para el comando”. El señor LUIS ARRIETA le dice por último al que figuraba como comandante que le devolviera los documentos de su hijo pero éste dijo que el joven llevaba los documentos y de inmediato el camión que los transportaba se fue.

SEGUNDO HECHO

El día 15 de enero de 2013, el joven DAVID JESUS MORENO OCHOA, identificado con cedula de ciudadanía 1.101.815.890 de Ovejas, joven en proceso de retorno de la finca la Europa del municipio de Ovejas, se encontraba en el hospital de esta localidad cuando lo abordaron miembros del Ejército. Le pidieron los documentos de identidad y al darse cuenta que era mayor de edad y no poseía la libreta militar le entregaron una boleta de citación a primer examen de aptitud psicofísica de las Fuerzas Militares de Colombia Ejercito Nacional. Con esta citación debía presentarse al Distrito de Sincelejo o a cualquier unidad del Ejército para comenzar a resolver su situación militar; la fecha de presentación era para el día 27 de enero del 2013 a las 7 de la mañana, esta citación estaba firmada por VEGA VILORIA ANUAR.

El día 27 de enero de 2013 como era su obligación el joven DAVID JESUS MORENO OCHOA se presenta en compañía de su papá, PEDRO ULISES MORENO, campesino de la finca la Europa, al comando de la Infantería de Marina del municipio de Ovejas para solucionar su situación militar. Al llegar al comando el joven entra con su papá y se dirige a un uniformado que se encontraba llenando los papeles; el papá de DAVID le dice a esta persona “mire mi teniente, yo tengo tres hijos que están a mi cargo, dos menores de edad, y quien responde por mí y su mamá (personas de la tercera edad) es mi hijo; además mi hijo es desplazado del predio la Europa por la violencia y no quiere prestar el servicio militar”. Después de esto al señor PEDRO ULISES MORENO le dijeron que saliera y a su hijo lo aislaron de él, al poco tiempo llegaron unas madres de varios jóvenes que habían reclutado llorando para que no se les llevaran a sus hijos, y los militares le dijeron que se fueran a llorar a sus casas porqué allí no había un funeral. El señor PEDRO ULISES MORENO volvió a ver a su hijo a las 4 de la tarde cuando lo embarcaron en un camión donde iban aproximadamente 10 jóvenes más. El joven DAVID JESUS MORENO OCHOA actualmente se encuentra entre los jóvenes que han iniciado el proceso de retorno a la finca la Europa y hace parte de un grupo que acompaña el SENA en capacitación bajo lo acuerdos establecidos entre el Estado y la comunidad la Europa en el marco del proceso de retorno y restitución de tierras.

También denunciamos que durante la diligencia a ninguno de los familiares de los jóvenes se les dijo qué unidad militar del Ejército estaba realizando la acción de reclutamiento, y al llegar el día lunes 28 al puesto de Infantería de Marina del municipio de Ovejas para solicitar el nombre de la unidad y de su comandante en este lugar, solo le dijeron que ellos no sabían de nada, que solo habían prestado el lugar para realizar el reclutamiento.

SOLICITUDES

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca la Europa también denuncia que el día 27 y 28 de enero según información de varios habitantes del municipio de Ovejas se dio durante todo el día “batidas” que consistían en perseguir a los hombres jóvenes que realizaban sus labores diarias, violando lo estipulado por la Corte en la sentencia C-879 de 2011, donde advierte que las populares batidas o “redadas” comúnmente realizadas por el Ejército Nacional son procedimientos irregulares que va en contra de lo estipulado en el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia, y que además sobre interpreta lo dicho en la Ley 48 de 1993, que reglamenta el Servicio Militar Obligatorio y las condiciones para el reclutamiento y la incorporación a las Fuerzas Militares.

La Corte advirtió que quienes no se hayan inscrito para definir su situación militar no pueden ser retenidos indefinidamente en cuarteles o distritos militares, ni ser incorporados automáticamente a las Fuerzas Militares o a la Policía, afirmando que “según la Ley 48, las Fuerzas Militares dentro de sus obligaciones, no pueden entender la ley ‘en el sentido que otorga competencia a las autoridades militares para realizar batidas indiscriminadas con el fin de identificar a los remisos y luego conducirlos a los lugares de concentración, pues esa práctica implicaría incurrir en detenciones arbitrarias prohibidas por el Artículo 28 constitucional”, reza el fallo.

En el caso de los dos jóvenes miembros de la comunidad de la Europa, víctimas de delito de desaparición forzada, acudimos a la ley 1448 o Ley de Víctimas, que dice que las víctimas no están obligadas a prestar el servicio militar a menos que ellos lo decidan.

Por todo lo anterior solicitamos que los jóvenes DEIVI DAVID ARRIETA MERCADO y JESUS DAVID MORENO OCHOA regresen en el menor tiempo posible al seno de su familia y de la comunidad en retorno de la Finca la Europa de donde nunca debieron ser alejados.

Movice

Las organizaciones firmantes, denuncian ante la comunidad nacional e
internacional, las plataformas de Derechos Humanos, los órganos de control e
investigación del Estado Colombiano, que personas desconocidas prendieron fuego al
kiosco comunitario de la empresa comunitaria de la finca La Alemania, lugar de
reuniones y demás actividades comunitarias de los campesinos.

HECHOS

El sábado 27 de octubre del año en curso, a eso de las 8:40 P.M, manos criminales
prendieron fuego a la casa y/o salón comunitario ubicado en el campamento de la
finca Alemania, en el sector La Lucha del municipio de San Onofre, Departamento de
Sucre. Estos hechos sucedieron en momentos en que gran parte de las familias
compartían en una fiesta familiar, aproximadamente a 1kl y ½.

En esos momentos únicamente se encontraban en el campamento 2 mujeres y un hombre,
aparentemente los responsables esperaron que una de las familias a eso de las 8: 00
PM cerraran las puertas de su casa para cometer el ilícito.

En el mes de julio del 2012 específicamente el día 20, personas desconocidas
intentaron entrar a la casa de la familia Torres Martínez, familia del asesinado
líder campesino Rogelio Martínez, hecho que fue frustrado debido a que en los
alrededores se encontraba una comisión del Batallón de Infantería, quienes hicieron
disparos al aire para espantar a los presuntos delincuentes.

ANTECEDENTES

Los recientes antecedentes a este hecho alimentan el clima de preocupación entre
los socios y socias de la empresa comunitaria Finca La Alemania, al igual que a las
Organizaciones de Derechos Humanos de índole Regional, Local y Nacional que vienen
haciendo acompañamiento a esta comunidad, los casos ocurridos en el departamento de
Sucre y en la región Caribe referente a la defensa de la tierra y el territorio en
donde campesinos(as) han sido asesinados y adicionalmente han quemado las casa de
reunión comunitaria, hechos presentados durante lo corrido del año 2011 y lo que
va corrido del 2012 así lo demuestran el caso de la finca la Europa, en el
municipio de Ovejas departamento de Sucre.

Los casos ocurridos en el mes de septiembre y octubre en donde esta comunidad de la
finca La Alemania fue objeto de robos de animales y de los alambres de las cerca de
los potreros, al igual que de extorsiones en las fincas aledañas a la Alemania en
donde algunos delincuentes han sido capturados.

Durante 15 años, las familias campesinas de la finca la Alemania han sostenido una
lucha incansable por sus derechos a la tierra y al territorio, ya que les fue
arrebatada de manera violenta por los paramilitares del Bloque Héroes de Montes de
María comandado por Rodrigo Mercado alias cadena, quien las declaro objetivo
militar “por ser colaboradorae de la guerrilla”.

En el 2006 estas familias inician su retorno sin el apoyo del estado, pero con el
acompañamiento por organizaciones sociales y el liderazgo de Rogelio Martínez quien
fue asesinado el 18 de mayo de 2010, pero a pesar del asesinato de su líder y las
constantes amenazas a su familia y a los miembros de la junta directiva, las
familias han logrado restablecer sus procesos productivos, elaborar sus duelos y
fortalecer el tejido social y organizacional; a través de procesos jurídicos que
han tenido que llevar hasta instancias como La Corte Constitucional y a través de
ello han ganado el derecho a permanecer en su tierra y territorio.

No obstante el Ministerio del Interior proporcionó medidas materiales de protección
consistentes en medios de comunicación a la familia Martínez Torres y a Hernán
Meléndez, los cuales fueron recogidos posteriormente para cambio de operador y a la
fecha no los han devuelto a los protegidos.

En estos momentos estas familias como toda la comunidad de la Alemania se encuentra
completamente incomunicada con las autoridades y sin ninguna nueva protección.

SOLICITAMOS

1.Iniciar las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer estas
sistemáticas y constantes agresiones a los socios y socias de la finca la Alemania.

2.De forma URGENTE, adelantar la evaluación del proceso de garantía con las
organizaciones sociales, de derechos humanos que hacen acompañamiento permanente a
esta comunidad en retorno en el municipio de san Onofre Dpto. de Sucre.

3.Solicitamos a las organizaciones de la sociedad civil expresar su solidaridad
Enviando comunicaciones a representantes del Estado y de la Fiscalía General
La Nación solicitando la pronta investigación de los hechos aquí narrados.

4.Solicitamos a la comunidad internacional solicitar informes a las instituciones
del estado frente a las Investigaciones adelantadas y las medidas adoptadas
respecto de las agresiones cometidas a los propietarios de la finca la Alemania.

5.Solicitamos a la UNP adoptar medidas urgentes para la comunidad finca la Alemania.

Suscriben:

“Fundación Infancia Feliz

“Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

“Agenda Caribe

“Movimiento de víctimas de crímenes de Estado – Movice.

Asociación Campesina del Norte de Antioquia – ASCNA

La Asociación Campesina del Norte de Antioquia ASCNA NIT:900488021-4, denuncia públicamente y estipula queja formal ante las agencias del Ministerio Público y organismos de control del Estado. Que durante los últimos días afiliados de ASCNA en el Municipio de Campamento Antioquia, han recibido llamadas amenazantes por parte de paramilitares de los mal llamados Urabeños venidos al parecer del bajo Cauca, con asiento en la cabecera municipal y algunas veredas de Campamento. Yarumal, Angostura y Guadalupe, en las que advierten “que la ASCNA debe despegarla de la zona”, además han preguntado con frecuencia sobre la actividad y las personas que asistieron a la audiencia de garantías en derechos humanos realizada el pasado 10 de Septiembre del presente año en la cual la comunidad expuso sus denuncias en cuanto a violaciones a los derechos humanos en la zona.

Además esta agresión se presenta después de la detención arbitraria de nuestra presidenta Ana Francisca Perez quien ha sido sometida la escarnio público, el señalamiento, sin haber sido vencida en juicio, violando su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Mostrando claramente que esta es una persecución política contra el derecho de Asociación en lo fundamental y que se conjuga con la persecución que esta siendo sometida ASCNA en el momento.

Nos llama la atención que por lo que hemos logrado indagar siempre que se presentan detenciones arbitrarias por ordenes de la fiscalía 51 especializada Maria Fabiola Mejia Muñeton se presentan este mismo tipo de actuaciones amenazas, señalamiento, escarnio público “presentó la capturas de jóvenes campesinos de San José como responsables del atentado al establecimiento La Barra Cervecera de Apartadó, ocurrido el 22 de mayo de 2004, difundiendo masivamente sus fotografías. Uno de ellos, gracias a la “información” masivamente difundida de El Colombiano, comenzó a recibir en la prisión amenazas de muerte de paramilitares, quienes creyeron a ciegas en la “información” de El Colombiano y por ello le anunciaron que cuando saliera de la cárcel sería asesinado sin compasión. Hoy es claro que todo fue un montaje urdido por el agente de DAS Renember Fernández Curico, la Intendente investigadora del CEAT Sandra Janeth Gil, con la complicidad de la Fiscal 51 Especializada, María Fabiola Mejía Muñetón. A uno de los detenidos le pagaron cinco millones de pesos para acusar a los otros, autoinculpándose él mismo, abusando de manera escalofriante de su ingenuidad jurídica y de su ambición de dinero. ¿Por qué, una vez que la misma “justicia” en la que dice creer El Colombiano, los absolvió, su diario no ha reparado tan criminal “información”? ¿Ignora usted, Señora Ana Mercedes, las consecuencias tan terribles que este montaje tuvo para sus víctimas, sus familias y sus comunidades? ¿No le causa esto ninguna preocupación ni remordimiento?” Carta del padre Javier Giraldo a Ana Mercedes Gomez : http://www.revistanumero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=697.

Responsabilizamos por acción u omisión sobre estas violaciones a los derechos humanos, al Estado Colombiano en general, en cabeza de la presidencia de la república y el ministerio de interior, a la fiscalía 51 especializada, a las autoridades locales del municipio de Campamento Antioquia, a la autoridad de policía con sede en mencionado Municipio y a la brigada XIV del ejercito que hace presencia y control en el área. Sobre la vida honra y bienes de los afiliados de la misma Asociación Campesina del Norte de Antioquia ASCNA.

EXIGENCIAS

Acorde a los derechos fundamentales consagrados en la constitución de 1991, el Estado Colombiano debe garantizar la existencia de la Asociación Campesina del Norte ASCNA. Que significa garantizar que ninguna persona sera violentada en sus derechos humanos, por participar, promover o hacer parte como socio de esta Asociación. Así mismo debe garantizara nuestros derechos de asociación, protesta, movilidad y expresión, pues al momento están siendo ultrajados y violados por agentes Estatales de control legales e ilegales.
Se proteja la vida de los campesinos y campesinas del norte de Antioquia.
Se garantice a Ana Francisca Perez Presidenta de ASCNA detenida de forma arbitraria un debido proceso y un juicio justo, no se le señale, ni estigmatice mas y con ello se contribuya a parar definitivamente el señalamiento existente sobre ASCNA.
Que con referencia al debido proceso del caso de nuestra Presidenta, se establezca un equipo de seguimiento técnico disciplinario ( Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Procuraduría, Fiscalía ), que ejerza seguimiento sobre este caso, se estudie a la vez posibilidad de trasladar este proceso a otro fiscal, pues es nuestra posición que la Fiscalía 51 especializada en cabeza de la Doctora Maria Fabiola Mejia Muñeton no es garantía alguna de imparcialidad procesal y debido proceso para este caso.
Cese toda estigmatización, persecución y señalamiento en contra de ASCNA y sus procesos en defensa del territorio, los derechos humanos, la producción soberana alimentaria Campesina.

ASCNA:
NIT: 900488021-4.

ppdh@presidencia.gov.co
MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA.
ministro@minjusticia.gov.co
DEFENSOSIA DEL PUEBLO.
defensoria@defensoria.org.co
DR VOLMAR PEREZ DEFENSOR DEL PUEBLO COLOMBIA.
secretaria_privada@hotmail.com

Asociación Campesina del Norte de Antioquia – ASCNA

Fue presentada por los medios oficiales como ideóloga de un frente guerrillero

La Asociación Campesina del Norte de Antioquia ASCNA con NIT:900488021-4, organización de base que Asocia a familias Campesinas de los municipios del Norte de Antioquia denuncia públicamente a la opinión pública nacional e internacional la persecución y los señalamientos de que viene siendo víctima por parte del estado colombiano y del del Ejército Nacional.

Hechos:

Hoy 14 de septiembre de 2012 ha sido detenida arbitrariamente, en el Municipio de Campamento, Antioquia, nuestra Presidenta Ana Pérez. Bajo cargos de rebelion, terrorismo y hurto. La detención fue realizada por hombres de civil por órdenes de la Fiscal 51 epecializada Maria Fabiola Muñetón, reconocida nacionalmente por sus violaciones al debido proceso. Exigimos se garantice el debido proceso de nuestra Presidenta y que cese la persecución contra nuestra organización

El día 9 de septiembre de 2012 en el parque del municipio de campamento fueron capturados por la Policía Nacional los campesinos, Federico Antonio Taborda Adarbe e Ignacio León Zabaleta Ruíz, habitantes del corregimiento Raudal viejo de Valdivia, quiénes hacen parte de una comisión del Comité de Trabajo de nuestra Asociación en dicho corregimiento y se dirigían al Municipio de Campamento para participar en una Audiencia de derechos humanos el día 10 de Septiembre donde se denunció la grave situación que soportan los y las habitantes del Norte de Antioquia.

Durante la captura varias personas asociadas a la ASCNA y acompañantes internacionales del Observatorio Internacional de Paz, IPO (por sus siglas en inglés) estuvieron atentas al procedimiento e indagando por información sobre la causa de la detención, la cual no fue suministrada por la fuerza pública, argumentando que esta información solo la entregarían a un abogado.

ASCNA

DENUNCIA PÙBLICA

La Asociación Campesina del Norte de Antioquia ASCNA con NIT:900488021-4, organización de base que Asocia a familias Campesinas de los municipios del Norte de Antioquia denuncia públicamente a la opinión pública nacional e internacional los señalamientos que viene siendo víctimas por parte del Ejército Nacional.

Hechos

El día 9 de septiembre de 2012 en el parque del municipio de campamento fueron capturados por la Policía Nacional los campesinos, Federico Antonio Taborda Adarbe e Ignacio León Zabaleta Ruíz, habitantes del corregimiento Raudal viejo de Valdivia, quiénes hacen parte de una comisión del Comité de Trabajo de nuestra Asociación en dicho corregimiento y se dirigían al Municipio de Campamento para participar en una Audiencia de derechos humanos el día 10 de Septiembre donde se denunció la grave situación que soportan los y las habitantes del Norte de Antioquia.

Durante la captura varias personas asociadas a la ASCNA y acompañantes internacionales del Observatorio Internacional de Paz, IPO (por sus siglas en inglés) estuvieron atentas al procedimiento e indagando por información sobre la causa de la detención, la cual no fue suministrada por la fuerza pública, argumentando que esta información solo la entregarían a un abogado.

En este procedimiento los acompañantes internacionales y los asociados a la ASCNA fueron fotografiados ilegalmente por agentes de la policía

El día 12 de septiembre de 2012, en horas del medio día la emisora del Ejercito Nacional con sede en el corregimiento El Doce (12) de Tarazá, emitió una información donde anunciaban la captura en combate de Federico Antonio Taborda Adarbe e Ignacio León Zabaleta Ruíz, siendo esto totalmente falso, pues estos campesinos no fueron capturados en combate como lo puede constatar el acompañamiento internacional.

Estas falsas afirmaciones hacen parte de un proceso de señalamiento, hostigamiento y persecución contra la Asociación Campesina del Norte de Antioquia.

Exigimos del Estado Colombiano frenar la persecución contra nuestra Asociación y garantice el derecho a la organización y defensa del territorio y los derechos humanos del pueblo colombiano.

Exigimos del Estado Colombiano el cumplimiento de los compromisos en el marco de la Mesa Nacional de Garantías para la labor de defensores, líderes y lideresas sociales por la defensa de los Derechos Humanos.

Exigimos del Estado Colombiano garantizar el debido proceso.

Convocamos a la comunidad nacional e internacional para que estén atento frente la persecución a la Asociación Campesina del Norte de Antioquia y al movimiento social colombiano en general

ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL NORTE DE ANTIOQUIA

ASCNA

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá

Fax. 5662071 Fax: (+57 1) 566.20.71

comunicacionesvp@presidencia.gov.co

ppdh@presidencia.gov.co

Vicepresidente de la República de Colombia ANGELINO GARZÓN

Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

Teléfonos (57 1) 444 2120 – 444 2122

Fax: (57 1) 596 0651

E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co Twitter: @angelino_garzon

MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA.

ministro@minjusticia.gov.co

DEFENSOSIA DEL PUEBLO. JORGE ARMANDO OTÁLORA

defensoria@defensoria.org.co

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN EDUARDO MONTEALEGRE

Diagonal 22B No. 52-01 – Bogotá, D.C.

Teléfonos: 570 20 00 – 414 90 00

contacto@fiscalia.gov.co denuncie@fiscalia.gov.co

Por Asociación Campesina del Norte de Antioquia

Desde el pasado Domingo 15 de Abril un temor ronda a toda la población de Anori Antioquia el ser victima de una captura masiva y arbitraria. Este fue el dia en que bajo orden de la fiscalía 29 especializada de Medellín y tras un fuerte bombardeo indiscriminado en varias Veredas del sector Anori – Dos Bocas, fueron detenidos por tropas del batallón Bombona de la Brigada 14 del ejercito Colombiano. Fueron privadas de la libertad 21 personas del casco urbano y rural de este Municipio por el presunto delito de rebelión y delitos conexos a esta acusación. Los cuales fueron conducidos a Medellín de inmediato, y siguiendo ritos del nuevo sistema penal acusatorio oral conducidos a la cárcel nacional de Bellavista. Siendo presentados por los medios de comunicación como integrantes de una red de apoyo a las Farc – en el municipio, vulnerando su presunción de inocencia, buen nombre y debido proceso en general. Esta captura es fruto de testimonios fabricados por un guerrillero converso conocido con el alias de Pájaro quien se desmovilizo en Febrero de 2011. Este ejercía un control armado ilegal que el Estado no logro reprimir durante mucho tiempo en zonas de este municipio por lo cual sin numero de campesinos, comerciantes y gentes del pueblo fueron obligados a prestarle algún tipo de servicio, bajo amenaza y en medio del ámbito de presión que ejercen los armados. En tal sentido con su desmovilización el Pájaro no ha cesado su presión y ejercicio de terror llamando a cientos de campesinos a decirles que los tiene en una lista para entregarlos a la fuerza publica, lo cual ha generado terror y zozobra que se ha incrementado con la captura masiva y arbitraria del 15 de Abril pasado.

Alias el Pájaro ha venido presionando además de comerciantes, a los lideres del
pasado paro de Enero de 2011, en especial a los que sirvieron de negociadores
por parte de la comunidad, algunos de los cuales como Jorge Mesa han sufrido
continua persecución y hostigamientos que han llegado al ametrallamiento por
parte de helicópteros de la Brigada 14 del ejercito, de su finca ubicada en la
vereda las Conchas de este municipio.

Por tanto la ASOCIACION CAMPESINA DEL NORTE DE ANTIOQUIA ASCNA
NIT: 900488021-4. Hace un llamado al Estado Colombiano a garantizar los
mínimos fundamentales del Debido Proceso como son derecho a un proceso
judicial abierto, justo e imparcial y que posibilite a los implicados ejercer su
derecho de defensa.

Al Estado y la opinión pública en general a respetar la presunción de inocencia y
buen nombre tanto de los actuales privados de la libertad en este proceso como
de la comunidad del Municipio de Anori.

Se investigue y haga seguimiento al proceso de desmovilización de alias el Pájaro
pues no entendemos si esta reinsertando porque sigue ejerciendo presiones y
dinámicas de atemorización sobre la población civil de este municipio.

Se garantice la vida, libertad y demás derechos humanos de los lideres
campesinos del Municipio de Anori y se investiguen las presiones indebidas, tratos
crueles y torturas que ha sufrido Jorge Mesa por parte de la brigada 14 del ejercito colombiano.

ASCNA
NIT:900488021-4.

Por ATCH

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL HUILA (A.T.C.H), LA CORPORACION DE DERECHOS HUMANOS JOSE ANTONIO GALAN (CORPOJAG). DENUNCIAMOS ANTE LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INSTITUCIONES, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, DE DERECHOS HUMANOS. LOS CONSTANTES SEÑALAMIENTOS, ATROPELLOS QUE VIENEN SIENDO VICTIMAS LAS COMUNIDADES DE: NUEVA REFORMA, VERSALLES, RIO BLANCO, RIO NEGRO, LA LIBERTAD, DARIEN, LAS PERLAS, LAURELES, VENADITO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE BARAYA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. ESTOS HECHOS HACEN PARTE DEL GRAVE PROCESO DE AMENAZAS E INTIMIDACION QUE SE HA VENIDO ADELANTANDO EN LOS ULTIMOS AÑOS POR MIEMBROS DE ORGANISMOS DEL ESTADO (MILITARES PERTENECIENTES AL BATALLON TENERIFE, NOVENA BRIGADA, GAULA, DAS) QUE HAN TENIDO COMO BLANCO LAS COMUNIDADES CAMPESINAS MENCIONADAS.

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL HUILA A.T.C.H,LA CORPORACION DE DERECHOS HUMANOS JOSE ANTONIO GALAN (COR`POJAG). RECHAZA CUALQUIER TIPO DE AMENAZA E INTIMIDACION EN CONTRA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE BARAYA, MIEMBROS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.
DE MANERA ENFATICA RECHAZAMOS LA ESTIGMATIZACION, HOSTIGAMIENTO Y PERSECUSION EN CONTRA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS ATENTANDO CLARAMENTE CONTRA EL BUEN NOMBRE Y LA VIDA E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y SUS FAMILIAS.
EXIGIMOS SE ADELANTEN LAS ACCIONES PERTINENTES EN RELACION A ESCLARECER EFECTIVAMENTE LOS RESPONSABLES DE DICHOS HECHOS Y TOMAR ACCIONES PARA QUE GARANTICEN LA NO REPETICION.
RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO NACIONAL, EN CABEZA DEL SEÑOR JUAN MANUEL SANTOS, AL MINISTRO DE DEFENSA, AL MINISTRO DEL INTERIOR Y JUSTICIA, AL VICEPRESIDENTE, A LOS DEMAS MIEMBROS DEL GOBIERNO NACIONAL, A LAS FUERZAS MILITARES DE CUALQUIER ACCION ADELANTADA CONTRA LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS MANCIONADAS, POR SU OBLIGACION HA RESPETAR, PRESEVAR LA VIDA DE LOS CIUDADANOS Y LA PROTECCION Y MATERIALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GENERAL.

Por Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE CASO FINCA LA ALEMANIA-EMPRESA COMUNITARIA LA ALEMANIA-, CORREGIMIENTO DE PITA ABAJO, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Informamos a la opinión pública, en medio de este ambiente mediático y político generado por el Estado colombiano, en el que deslegitima, desprestigia y estigmatiza a las víctimas, líderes y lideresas, organizaciones acompañantes y defensoras de los derechos humanos; que después de casi una década de trabajo denunciando las injusticias cometidas contra la población campesina desplazada y despojada de sus tierras desde el 2001, de la finca La Alemania, por el accionar paramilitar del bloque Héroes de los Montes de María, al mando de Rodrigo Mercado Peludo alias CADENA, que le impidió a la comunidad, el pago de un crédito colectivo que había
adquirido con la Caja Agraria, para cancelar el valor de compra del predio para cultivar e implementar proyectos productivos. Por el no pago de dicha deuda, la entidad bancaria exigió cuantiosas sumas de dinero, embargando y secuestrando, dicho bien inmueble. Es de entender y comprender dicha imposibilidad de pago, teniendo en cuenta, las condiciones en las que quedaron estos labrero(a)s después de la arremetida violenta a la que fueron sometidos/as.

Por tales motivos, y en aras de salvaguardar los derechos de estas comunidades, desde la Corporación Jurídica Yira Castro, que acompaña el proceso desde hace varios años, al igual que otras organizaciones hermanas, instauramos una acción de tutela, en el mes de agosto de 2010, en contra del Juzgado Segundo (2) Civil del Circuito de Sincelejo, La Caja Agraria en Liquidación y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, solicitando que se protegieran los derechos fundamentales de esta población a la vivienda digna, al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, al derecho a la defensa, al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad, a la
restitución de tierras y a la dignidad humana, declarando la nulidad de todo lo actuado por vía de hecho y se suspendiera el cobro y ejecución de las obligaciones, sentencia que fue negada en primera y segunda instancia, revisada por la Corte Constitucional, Sala Octava (8), resolviendo el día 20 de Septiembre de 2011, lo siguiente:

Por ASOCBAC

La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño, ASOCBAC NIT:
900264352-5, denuncia a la opinión pública nacional e internacional el incumplimiento por parte del Estado Colombiano de los acuerdos a que llegó
con nosotros en Marzo 1 de 2011, en el municipio de Tarazá, con los cuales
acordamos suspender el desplazamiento que veníamos desarrollando durante
fines del mes de Febrero y retornar a nuestras tierras.

En él se acuerdan una serie de puntos en cuanto a inversión social a
nuestras zonas rurales del Bajo Cauca Antioqueño, proyectos productivos y
pago de daños a cultivos lícitos y de pan coger por fumigaciones, igualmente
una serie de compromisos en derechos humanos y respeto a la organización
campesina y sus dirigentes.

Tras siete meses de firmados los acuerdos encontramos que han sido nulos
los proyectos productivos, que han llegado a la zona, ni mucho menos se
pagaron daños y perjuicios hechos a cultivos lícitos y de pan coger por las
fumigaciones con glifosato, la inversión social en nuestras zonas rurales es
cero, las pocas escuelas que hay están derruidas y a punto de caerse, sin
centros de salud, ni planes de atención básica en salud para la zona rural,
no se le ha realizado mantenimiento a las vías de penetración lo que
incrementa el costo de la vida, junto con las mujeres y niños nos estamos
muriendo de hambre porque el veneno del glifosato ha quemado nuestro suelo y
subsuelo, además se judicializa la actividad minera artesanal que
tradicionalmente para nosotros era legal y legítima forma de rebuscarnos una
mejora en nuestros ingresos.

por Notiagen

Organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y de pobladores urbanos han convocado para los días comprendidos entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2011 al Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, para elaborar mandatos al respecto. Esta convocatoria pretende reunir en la sede de la Universidad del Valle en Cali (Valle del Cauca) entre 10 mil y 12 mil personas.

La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño ASOCBAC, organización de
base, integrada por familias de la sub región del bajo Cauca, Ituango y Sur
de Córdoba, constituída legalmente con NIT. 900264352-5 en cumplimiento de
sus principios misionales en defensa de la Tierra y el Territorio, de los
Derechos Humanos, la autonomía y la soberanía alimentaria, denuncia
públicamente a la opinión nacional e internacional, la CRIMINALIZACIÓN DE
LA ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO. Que se viene realizando por autoridades civiles como la secretaria de gobierno de Antioquia y
militares del departamento de Antioquia atravez de los medios de comunicación, señalandonos como los convocantes a un posible paro minero en
la sub region.

Ademas plantean su extrañesa por reuniones sostenidas la semana pasada en
puerto Valdivia con delegados agrarios de diferentes zonas del país con el
fin de gestar la federación agraria de Antioquia, Choco y Cordoba. La cuál
se hizo con pleno conocimiento de la administración municipal de Valdivia y
consta en permiso firmado por esta a nuestra solicitud.

Aclaramos:

No estamos convocando paros ni marchas en el momento.

Si se da un paro minero es de estos port sus reivindicaciones ante la
criminalización minera que esta haciendo el gobierno Departamental y tienen
todo el derecho a realizarlo, como lo promulga el articulo 37 de la
constitución nacional.

ASOCBAC ejerce los derechos que le son necesarios para Asociarse,
participar, reunirse,movilizarnos por el territorio nacional, manifestarase
y expresarce libremente y por eso nos amparan los articulos 20, 24,37, 38,
39 y 40 de la constitución politica nacional.

Es menester del Estado Colombiano garantizarnos estos Derechos.

Nos parece que en el momento las autoridades locales de Tarazá y Valdivia
como el secretario de gobierno Departamental Andres Julian Rendon hacen
estos señalamientos y criminalización sobre loa ASOCBAC con fines de
beneficios politiqueros en las proximas elecciones de Octubre.

Cese la persecución, estigmatización y criminalización de ASOCBAC.

Garantice nuestro derecho a la libre expresión, movilidad por el
territorio nacional, a manifestarnos, a asociarnos y participar politicamente.

Se abra una investigación diciplinaria en contra del Secretario de
Gobierno Departamental Andres Julian Rendon, por persecución,
estigmatización y criminalización de ASOCBAC y sus dirigentes.

Se proteja la vida, honra y bienes de los afiliados de ASOCBAC y de sus
dirigentes.

fsantos@presidencia.gov.co

ppdh@presidencia.gov.co

ministro@minjusticia.gov.co

defensoria@defensoria.org.co

secretaria_privada@hotmail.com

quejas@procuraduria.gov.co

NIT: 900264352-5

Coordinación nacional de organizaciones agrarias y populares – CONAP

Continúan las calumnias contra dirigentes campesinos de Astracatol, Sintragrim y la Coordinación Nacional de Desplazados

El viernes 12 de agosto de 2011 en horas de la mañana, fue emitida por Caracol Radio una noticia según la cual se dieron a conocer cuatro interceptaciones de las Farc, entre un presunto cabecilla del Comando Conjunto Central y uno de sus compañeros sobre la manera de infiltrar el Encuentro Nacional de Paz. Las supuestas interceptaciones abarcan el periodo comprendido entre el 20 de julio y el 2 de agosto del 2011. Entre los “supuestos” infiltrados se señala a un líder campesino de Sintragrim y a la Coordinación Nacional de Desplazados, CND.

El 17 de agosto de 2011, es emitida en Caracol Radio una nueva noticia sobre las supuestas interceptaciones en la que se señala que: “existen nuevas evidencias que demostrarían intenciones de las Farc de infiltrar el Encuentro Nacional de Paz (…) “Para los organismos de seguridad es claro que dichos videos y pronunciamientos llegaron a manos de algunos participantes en el Encuentro de parte de personas cercanas a la guerrilla que, como reveló el viernes Caracol Radio, se organizaron durante las semanas previas al evento para participar activamente en las charlas y debates (…) Un rol protagónico en la tarea de la guerrilla de infiltrar el Encuentro lo cumplió alias Jailer, quien opera principalmente en el Putumayo, el Huila y el Tolima, junto con alias El Profe, fuerte en la zona de Chaparral y Ríoblanco, y alias Valentina, cuyo eje de acción es Ibagué”.

Los señalamientos contra alias “JAILER” son proferidos en realidad contra JAILER GONZALEZ, dirigente sindical y presidente departamental de la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL TOLIMA – ASTRACATOL-, reconocido líder agrario quien ha sido objeto en varias ocasiones de montajes judiciales como la detención arbitraria que enfrentó el día 16 de abril de 2011 en la vereda Los Mangos, corregimiento La Marina del municipio de Planadas – Tolima.

Además de ser señalado como infiltrado de las FARC en el Encuentro por la Paz, la noticia de Caracol radio hace mención a su nombre enfatizando en que “Alias Jailer es una de las voces a las que tuvo acceso Caracol Radio y es quien da cuenta al Comando Conjunto Central de un “evento grandísimo”, según sus palabras, que habría de tener lugar en Barrancabermeja y en el que “toca participar con hartos participantes. Imagínese que nos están proponiendo que en Huila y Tolima nos toca sacar unas 2.000 personas (…) Uno de los puntos más delicados que estudian minuciosamente las autoridades, es la tarea que adelanta alias Jailer en el adoctrinamiento de estudiantes, algunos de los cuales tomaron efectivamente parte en el Encuentro de Paz, sin que sus organizadores tuvieran conocimiento. Aunque es un tema que pronto pasará a estudio de la Fiscalía, las autoridades han podido establecer perfectamente las identidades y fotos de al menos seis estudiantes, dos hombres y cuatro mujeres, a quienes Jailer contactó y adoctrinó, y que habrían logrado participar en el Encuentro”.

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – ASTRACATOL, constituida legalmente en 2007 como resultado de importantes procesos de movilización campesina en el departamento, es una organización agraria y sindical integrada por campesinos y colonos del Tolima que se han organizado para exigir la construcción democrática de una política agraria, así como garantizar la permanencia en el territorio y la defensa efectiva de sus derechos.

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – ASTRACATOL, ha venido denunciando en el último periodo las constantes violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidas por las unidades militares adscritas a la Sexta Brigada del Ejército Nacional y a la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima.

Como consecuencia de este proceso de denuncia, los campesinos junto a sus dirigentes han sido víctimas de señalamientos, hostigamientos, asesinatos y recurrentes violaciones a los derechos humanos por parte de las tropas del Ejército Nacional que hacen presencia en la región.

Comunidades del Guayabero, Regional DH Bajo Ariari

Puerto Cachicamo 18 de agosto de 2011

Las comunidades abajo firmantes en el presente documento denunciamos los atropellos y abusos de la política antidrogas aplicada en el gobierno del presidente Santos desde la oficina Nacional de estupefacientes contra las comunidades, sus intereses y bienes.

1. Nosotros víctimas del conflicto social y armado que vive el país hace 50 años, nos hemos refugiado en estos territorios selváticos para conseguir el sustento de nuestras familias, por el abandono y exclusión del Estado, lo único que nos garantiza la subsistencia es la hoja de coca, (cultivamos coca por hambre).
2. Desde hace más de 10 años hemos sido víctimas de las fumigaciones y erradicación manual, por eso en algunas áreas de las riveras del río Guayabero, no se encuentra coca, debido a este proceso sistemático y se están fumigando los cultivos de pan coger, pastizales, fuentes de agua y selvas vírgenes como acorrió los pasados 23, 24, 27, 28, 29 de julio y el día 8 de agosto en las veredas Puerto Nuevo, San Jorge, El Charcón, Puerto Cachicamo, Alto Cachicamo, La Carpa, Alto Angoleta y Bajo Angoleta, El Tigre, La Rompida entre otras donde la coca se ha eliminado en un 97%.
3. De igual forma las áreas donde existe coca las fumigaciones vía aspersión aérea se hacen a gran altura, teniendo para ellos mayor cobertura pero para nosotros grandes perjuicios pues se causan daño no solo como lo relatamos en renglones anteriores si no que se están fumigando las viviendas sin importar si están habitadas o no, siendo perjudicados personas, animales domésticos entre otros.
4. Las veredas La Argentina y Miraflores aparecen en los mapas que identifica la reserva natural y también han sido objeto de estas fumigaciones con glifosato.
5. Debido a este envenenamiento masivo (hecho violatorio del Derecho Internacional Humanitario) han resultado con enfermedades cutáneas varias personas entre ellas (4) cuatro niños, (2) en la vereda El Silencio y (2) dos en Puerto Cachicamo, de igual forma la mortandad de animales como reses, chivos, gallinas y bestias entre otros se ha incrementado con las recientes fumigaciones.
6. Rechazamos categóricamente la violencia criminal, de manera asimétrica, en su aplicación contra nosotros humildes campesinos quienes hemos sido perseguidos siempre, ultrajados por las fuerzas armadas, envenenados por las avionetas de fumigación, excluidos por el Estado y vulnerados nuestros derechos. Hoy reclamamos que los organismos estatales resuelvan nuestra situación económica y social, ya que este estado nos ha dejado en la absoluta miseria.
Creemos además que la solución no es la represión militarista contra los campesinos cultivadores de hoja de coca, si no que se le debe dar una salida social al fenómeno del cultivo y producción de estupefacientes.
7. Debe haber un gran compromiso de la comunidad internacional, especialmente de las grandes potencias, que son los principales consumidores.
8. El juzgamiento que se nos da de narcotraficantes, traquetos o mafiosos, violadores de la ley 30 y lo cual se hace desde los despachos oficiales, oficinas de estupefacientes y medios de comunicación deberían dárselo a quienes cuidan las carreteras, puestos y aeropuertos, por donde transita y sale la cocaína que llega a Estados Unidos por los puertos de Nueva York y Miami.
9. Pedimos a las ONG’s de Derechos Humanos de manera modesta y comedida su solidaridad para con nosotros humildes campesinos y trabajadores que sobrevivimos de la producción de la hoja de coca, los invitamos a que conozcan el guayabero donde también SOMOS COLOMBIA, para que miren con sus propios ojos la realidad de nuestra gente, entonces así busquemos una solución conjunta al fenómeno del cultivo, producción y consumo de estupefacientes.

Agradecemos altamente su atención y apoyo en estos momentos tan dificultosos por los que atravesamos los pobladores de estas tierras, lo único que deseamos es la construcción de una sociedad más justa, digna y soberana para nuestros hijos.

Videos:

por ASOCBAC

Señalamiento y criminalización de la población civil del principio de Ituango y sus corregimientos por medio de panfletos.

La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño ASOCBAC organización de base, integrada por familias de la sub región del bajo Cauca, Ituango y Sur de Córdoba, Constituida legalmente con NIT: 900264352-5 en cumplimiento de sus principios misionales en defensa de la Tierra y el Territorio, de los Derechos Humanos, la autonomía y la soberanía alimentaria.* *Denuncia
públicamente a la opinión nacional e internacional los actos de sañalamiento
y criminalización de la población civil del Municipio de Ituango, acusandolos de milicianos y colaboradores del frente 18 de las Farc, por medio de panfletos anonimos que vienen circulando por internet desde el pasado 12 de Junio del presente año, que ha sido reproducido en diversas
formas en mencionado municipio, acto que ha sembrado Terror y zozobra en sus habitantes que temen actos de exterminio en su contra por parte de los autores anonimos de mencionado panfleto.

La amenaza velada se encuentra en el blogspot:

http://colombialibresiempre.blogspot.com/2011/06/lista-milicianos-de-iruango_12.html

La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño llama al Estado Colombiano, en cabeza de los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal, a las agencias del Ministerio público y de control a prevenir actos violatorios de los Derechos Humanos como masacres, exterminio selectivo, ejecución extrajudicial, etnocidio, desplazamiento forzado, detenciones
arbitrarias, que se puedan estar planificando en contra de los habittantes del área urbana y rural del municipio de Ituango. Asi mismo se garantice el principio de distinción sobre estos.

Solicitamos se abra una investigación penal y diciplinaria sobre las Brigadas Moviles 11, 18 y 25 de la VII División del Ejercito y sus despachos de inteligencia militar, asi como sobre el DAS y el CTI en Ituango, con el animo de prevenir cualquier tipo de impunidad en este caso. De igual forma
se rastrée el blogspot http://colombialibresiempre.blogspot.com/ y se judicialice por amenaza, zozobra y terrorismo.

Igualmente esta sentencia de la Corte interamericana de Derechos Humanos
nos expone el delito que se esta configurando de forma ciclica . La “amenaza de una pena”, para efectos del presente caso, puede consistir en la presencia real y actual de una intimidación, que puede asumir formas y graduaciones heterogéneas, de las cuales las más extremas son aquellas que implican coacción, violencia física, aislamiento o confinación, así como la amenaza de muerte dirigida a la víctima o a sus familiares. Dandonos muestra de una acción continua, sistematica y generalizada en relación con la presente denuncia que indica un crimen de lesa humanidad.

Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, movimientos sociales y populares a difundir masivamente esta denuncia y pronunciarse en pro de que el Estado Colombiano garantice los Derechos Humanos de los habitantes del municipio de Ituango.

fsantos@presidencia.gov.co

ppdh@presidencia.gov.co

ministro@minjusticia.gov.co

defensoria@defensoria.org.co

secretaria_privada@hotmail.com

quejas@procuraduria.gov.co

denuncie@fiscalia.gov.co

NIT: 900264352-5

por Caracol Radio

Los defensores de las tierras denuncian un plan de exterminio en su contra. Advierten que cada semana llegan nuevas amenazas.
La última amenaza la recibió esta semana el Movimiento de Víctimas de Estado en el departamento de Sucre donde declaran objetivo militar y anuncian el exterminio de cuatro dirigentes. La amenaza está firmada por las denominadas “Águilas Negras”.