La población indígena Nonam en el Valle del Cauca, se encuentra aterrorizada por las amenazas de muerte que han recibido del grupo paramilitar “Los Rastrojos”. La comunidad se encuentra sin garantías de protección humanitaria.

Prensa Rural

La población indígena Nonam en el Valle del Cauca, se encuentra aterrorizada por las amenazas de muerte que han recibido del grupo paramilitar “Los Rastrojos”. La comunidad se encuentra sin garantías de protección humanitaria.

A pesar que desde noviembre pasado fue informado el gobierno de Colombia de las amenazas de incursión paramilitar al bajo Calima, en absoluto se realizó acción alguna para evitar lo que hoy está pasando.

Alias El Zurdo al mando de los paramilitares se traslado desde Buenaventura a la zona rural y se encontraría operando directamente en el río San Juan. Por las recientes operaciones paramilitares se generó el desplazamiento forzado de 40 familias del caserío Palestina. En este poblado solamente se encuentran 5 familias a quienes se les ha obligado a abstenerse de realizar comunicación telefónica alguna.

Los paramilitares amenazaron con incursionar en la comunidades de Malaguita, Perea, Puerto Pizario de las comunidades indígenas Nonam. Igualmente se conoció de la persistente amenaza de muerte en contra de la población indígena Nonam que habitan el Resguardo Humanitario y Biodiverso de Santa Rosa de Guayacán. La amenaza obedece a las denuncias realizadas por el desplazamiento forzado en 2010 y los pronunciamientos con exigencia al gobierno para evitar esta nueva incursión que ha generado ya nuevos desplazamientos forzados.

De acuerdo con los testimonios de los desplazados hay una restricción a la libre movilización, los afrocolombianos e indígenas que quedan aún en el bajo Calima y San Juan, después de las 4:00 p.m. no pueden transportarse, tanto los centros de salud y de educación se encuentra sin quien los asista.

Según los desplazados en Docoro han sido desaparecidas varias personas y se ha observado sobre el río Calima y San Juan partes de los cuerpos de personas.

En Buenaventura, donde se encuentran los desplazados temen a los paramilitares, ya que estos mantienen el control en los barrios, continúan cobrando vacunas, vinculan a niñas y niños que transitan en motos armados como parte del control social. Los paramilitares en muchos barrios han impedido que después de las 5 p.m las personas salgan de sus viviendas.

Los desplazados en Buenaventura por segunda vez temen las repercusiones que sus denuncias puedan generar sobre los habitantes del Resguardo Nonam en Santa Rosa y las comunidades negras.

Desde noviembre pasado la Unidad Nacional de Protección ante la Comisión Interamericana d Derechos Humanos se comprometió a brindar medidas de protección a las comunidades indígenas y negras, así como, garantizar la operación humanitaria de organismos de derechos humanos. Hoy los hechos evidencian que nada se ha hecho.

Prensa Rural

La población indígena Nonam en el Valle del Cauca, se encuentra aterrorizada por las amenazas de muerte que han recibido del grupo paramilitar “Los Rastrojos”. La comunidad se encuentra sin garantías de protección humanitaria.

A pesar que desde noviembre pasado fue informado el gobierno de Colombia de las amenazas de incursión paramilitar al bajo Calima, en absoluto se realizó acción alguna para evitar lo que hoy está pasando.

Alias El Zurdo al mando de los paramilitares se traslado desde Buenaventura a la zona rural y se encontraría operando directamente en el río San Juan. Por las recientes operaciones paramilitares se generó el desplazamiento forzado de 40 familias del caserío Palestina. En este poblado solamente se encuentran 5 familias a quienes se les ha obligado a abstenerse de realizar comunicación telefónica alguna.

Los paramilitares amenazaron con incursionar en la comunidades de Malaguita, Perea, Puerto Pizario de las comunidades indígenas Nonam. Igualmente se conoció de la persistente amenaza de muerte en contra de la población indígena Nonam que habitan el Resguardo Humanitario y Biodiverso de Santa Rosa de Guayacán. La amenaza obedece a las denuncias realizadas por el desplazamiento forzado en 2010 y los pronunciamientos con exigencia al gobierno para evitar esta nueva incursión que ha generado ya nuevos desplazamientos forzados.

De acuerdo con los testimonios de los desplazados hay una restricción a la libre movilización, los afrocolombianos e indígenas que quedan aún en el bajo Calima y San Juan, después de las 4:00 p.m. no pueden transportarse, tanto los centros de salud y de educación se encuentra sin quien los asista.

Según los desplazados en Docoro han sido desaparecidas varias personas y se ha observado sobre el río Calima y San Juan partes de los cuerpos de personas.

En Buenaventura, donde se encuentran los desplazados temen a los paramilitares, ya que estos mantienen el control en los barrios, continúan cobrando vacunas, vinculan a niñas y niños que transitan en motos armados como parte del control social. Los paramilitares en muchos barrios han impedido que después de las 5 p.m las personas salgan de sus viviendas.

Los desplazados en Buenaventura por segunda vez temen las repercusiones que sus denuncias puedan generar sobre los habitantes del Resguardo Nonam en Santa Rosa y las comunidades negras.

Desde noviembre pasado la Unidad Nacional de Protección ante la Comisión Interamericana d Derechos Humanos se comprometió a brindar medidas de protección a las comunidades indígenas y negras, así como, garantizar la operación humanitaria de organismos de derechos humanos. Hoy los hechos evidencian que nada se ha hecho.

MOVICE – Sucre

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capitulo Sucre quien acompaña el proceso de reclamación de tierras de los campesinos y campesinas de la finca la Europa ubicada en el municipio de ovejas- Sucre región de los Montes de María, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional y a los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales nuevos hechos de amenazas que atentan contra la integridad de los campesinos y campesinas que están en proceso de retorno voluntario.

HECHOS
El día 13 de febrero del 2012 el señor ARGEMIRO LARA BARRETO presidente de la Asociación Campesina de la Vereda la Europa, recibe una llamada de un familiar a su celular numero 3145859247 donde le comunica que en el taxi de Sincelejo a el municipio de Ovejas donde venía la esposa del sobrino a la altura del municipio de Corozal se subió un hombre que vestía pantalón de color gris, con una cachucha gris, y un suéter a rayas, era de color trigueño tenia bigote y llevaba una mochila donde se le veía la cacha de una arma, el hombre se baja del vehículo en la carretera trocal de occidente e ingresa a la finca de la Europa por el sector conocido como el “corral de los muchachos”. Al poco tiempo recibe otra llamada del cual no identifica el número y escucha la voz de un hombre que le dice “ARGEMIRO ponte pilas que hay tres hombres extraños en la finca” y le cuelgan el teléfono. Inmediatamente la comunidad le informa de los hechos a la policía del municipio de Ovejas, los cuales hicieron presencia en la finca.
A las 8.11 de la noche del día 13 de marzo de 2012, los campesinos de la finca la Europa escuchan el sonido de varios disparos aproximadamente 20 en el sector del Bajo, la comunidad se comunicó con la Infantería de María y les dijeron que si se habían dado disparos a un animalito del monte. Al día siguiente varios campesinos que se encontraron con miembros de la infantería les dijeron que en la noche anterior habían cuatro hombres en el sector del bajo y que ellos le dijeron alto y estos salieron huyendo y unos de los hombres les disparo.

Por ASOCBAC

ASOCBAC solidarimente y con beneplacito de la comunidades campesinas y
autoridades Indigenas Zenu del Alto San Jorge, solicita que el Estado Colombiano garantice
los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado por las fumigaciones
con glifosato que han dañado sus cultivos licitos y de pan coger y por los abusos de
autoridad de la fuerza pública en el area, asentados en el predio la Granja del Municipio de
Puerto Libertador Córdoba. Se les tome la declaración de desplazamiento masivo por medio
de sus lideres, se les registre en el RUPD y se les garantice la ayuda humanitara de
emergencia a la que tienen derecho.

Comisión Interclesial Justicia y Paz

Horas y más horas, hasta sumar cuatro días. Entre el 9 y el 13 de julio, luego de once meses y cinco días del desplazamiento forzado, 28 integrantes de la comunidad Nonam realizaron su segunda entrada de armonización, práctica medicinal, dignificación y verificación.

Verdadabierta.com

VerdadAbierta.com documenta, como nunca antes se había hecho, cómo el Instituto de la Reforma Agraria se prestó para que ‘Jorge 40’ y sus amigotes pudieran legalizar miles de hectáreas de tierras usurpadas a la fuerza a campesinos pobres en el Magdalena.

por Notiagen

Según cifras de Integración Social están llegando 54 familias desplazadas al día a Bogotá y no todas forman parte de las listas oficiales ni por lo tanto acceder a las posibles ayudas. Este caso demuestra la omisión del Estado frente a los derechos de las personas desplazadas. Este jueves 10 de marzo fueron desalojadas once familias que habían sido desplazadas por la violencia de distintas regiones del país del edificio que ocupaban en el barrio de Santa Fe.

por Alfredo Molano Bravo

En el reciente Foro de Tierras, Prosperidad y Paz, el Ministro de Agricultura reiteró el compromiso del Gobierno de pagar la enorme deuda moral a los campesinos despojados y desplazados de sus tierras restituyéndoles dos millones de hectáreas en cuatro años, en contraste con las 13.000 hectáreas que Uribe devolvió en ocho.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

por Humanidad Vigente

Humanidad Vigente hace un llamado urgente a la Procuraduría y demás organismos de control para que protejan los derechos humanos de mujeres, hombres, niños y niñas que actualmente se encuentran en ocupación de hecho de un lote del municipio de Teorama, Norte de Santander, y quiénes han recibido diferentes “razones” o “mensajes” en los cuales las autoridades municipales advierten a los ocupantes que si no desalojan voluntariamente, entraran a desalojar con el grupo ESMAD de la policía Nacional.

El lote público ubicado en la avenida Belén en la vereda El Juncal, al parecer de propiedad del municipio de Teorama, fue ocupado pacíficamente desde el pasado 10 de junio por aproximadamente 10 familias provenientes de la vereda El Limón, de este mismo municipio, víctimas del desplazamiento forzado, quienes llegaron solicitando ayuda humanitaria, orientación y protección a las autoridades.

Igualmente, en ese mismo lote se albergan otras 60 familias entre las que se encuentran víctimas de la masacre de la Gabarra, Norte de Santander, quienes no han recibido respuesta efectiva a su sufrimiento pese a casi una década de la mencionada tragedia. Ante la carencia de un plan de atención municipal al desplazado, estas familias ocuparon pacíficamente el lote de propiedad del municipio e iniciaron acercamientos con las autoridades municipales, no obstante no han dado resultados. Entre el 15 y el 18 de junio se adelantaron reuniones en las que participaron representantes de los desplazados que ocupan el predio, el alcalde de Teorama, Luis Cediel Madariaga, el personero de Teorama, Elitu Camargo y el delegado de la Defensoría del Pueblo de Ocaña.

En estas reuniones el Alcalde expresó que diligenciaría todo el procedimiento necesario para gestionar un proyecto de viviendas de interés social que beneficiaría a las 40 familias más necesitadas que actualmente viven en el lote. Sin embargo, al día siguiente negó dicha afirmación y aseguró que no iba a adelantar ninguno proyecto hasta que el Concejo Municipal no autorice los recursos.

Por otro lado, el Alcalde a través de la emisora Radio Catatumbo de Ocaña, calificó de manera despectiva a las víctimas del desplazamiento como personas de falsas necesidades “opositoras del gobierno”.

Ante esta situación, Humanidad Vigente hace un llamado a los organismos de control, especialmente a la Procuraduría General de la Nación, al Gobierno Nacional, a la comunidad internacional y a la sociedad civil para que se solidaricen e intervengan prontamente, pues las autoridades municipales pretenden darle tratamiento de orden público a una situación eminentemente de reconocimiento y exigencia de derechos.

Humanidad Vigente resalta que en este caso ni el Gobierno Municipal, ni el Comité Municipal de Desplazados han tomado cartas en el asunto para propiciar las soluciones a la comunidad desplazada por la violencia y por el contrario pretenden un uso arbitrario y exagerado de la fuerza pública desconociendo las garantías del debido proceso a las familias que se han visto obligadas a ocupar pacifica y temporalmente el lote del municipio.

Humanidad Vigente solicita se le prevenga al Alcalde municipal de Teorama, Norte de Santander, que la utilización de la fuerza pública y concretamente el ESMAD de la Policía Nacional constituye una violación a los derechos fundamentales de la población desplazada que se encuentra pacifica y temporalmente haciendo ocupación de hecho de un lote del municipio, en caso de que persista en la idea de utilizar dicha fuerza, ello de acuerdo con el pronunciamiento que hiciera nuestra Corte Constitucional en la Sentencia T-068/10, Referencia: expediente T-2.249.911

Así mismo, es importante que el Gobierno Municipal inicie de inmediato las medidas necesarias para otorgar la asistencia de emergencia a las familias en situación de desplazamiento que actualmente se encuentran en posesión del lote de terreno, consistente en atención de salud, comida, vestuario y las demás que se requieran atender.

Igualmente, el Alcalde municipal de Teorama, debe iniciar las acciones tendientes a lograr la estabilización socioeconómica de las víctimas bien sea en el proceso de retorno o en el marco de un reasentamiento voluntario de las víctimas.

“Las familias desplazadas tienen derecho a la protección oportuna efectiva, una vivienda digna, derecho que para ellos se ha tornado fundamental por tratarse de personas desplazadas, y, además, por su íntima vinculación con otros derechos fundamentales como la protección especial debida a los niños, especialmente si son menores de un año, a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia, a la salud y a la seguridad social, a la educación y al mínimo vital.”**
— – *Acción de Tutela instaurada por Nidia Rosario Chaguendo Palechor contra la Alcaldía Municipal de Fusagasugá, Magistrado Ponente: Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil diez (2010)). **Ibídem.

por Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, seccional Arauca, denuncia, condena y rechaza enérgicamente ante la comunidad regional, nacional e internacional la forma vil y violenta como fueron desalojadas 164 familias desplazadas que, ante la carencia de vivienda y la indolencia del gobierno municipal y departamental, se tomaron de manera pacifica desde el sábado 6 de marzo un predio que pertenecía al Departamento, en el sector de Costa Hermosa en la capital de Arauca.

El martes 9 de marzo, el grupo antimotines y de caballería de la Policía Nacional irrumpió en el predio de manera violenta, desalojó a hombres, mujeres, ancianos y niños hiriendo a varios de ellos.

En los hechos represivos, la señora Martha Cecilia Chilito fue golpeada y luego arrastrada de los cabellos por todo el terreno. Esta infamia la cometió el mayor de la Policía de apellido Arias. La señora Martha fue llevada al hospital por las múltiples heridas, de donde pensaban sacarla para judicializarla, situación que se evitó gracias a la oportuna intervención de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Arauca. En estos momentos la señora se encuentra hospitalizada.

El niño Jorman Macías Chilito, hijo de la señora Martha, también fue llevado al hospital porque al ver lo que el mayor Arias le hacía a su progenitora, intercedió para defenderla y este siniestro personaje lo golpeó, causándole múltiples convulsiones.

Otras personas heridas en este hecho que debe ser rechazado por toda la comunidad son: el señor José Ignacio Aldana, de 37 años, golpeado en el estómago por el mayor Arias; la niña Kelly Yohana Ruiz, de 16 años, fue golpeada por el mayor Arias y pateada luego por otros policías; la niña Estefani Lorena Sanabria, de año y medio de edad, fue golpeada con el escudo que llevaba un policía antimotines; al señor Charles Caro Robles un policía le arrebato su cédula de ciudadanía y se la destrozó.

El policía de placa numero 1132836 le dijo al líder de los desplazados Pedro Julio Quintero antes del desalojo que “la boca le sabia a sangre, que esperaba que le dieran la orden para acabar con todos”.

Ante estos lamentables y repudiables hechos exigimos de las autoridades competentes una exhaustiva investigación contra el mayor Arias y todos los servidores públicos que actuaron de manera violenta contra estas indefensas personas, violándoles sus mas elementales derechos.

por Agencia Prensa Rural

Corresponsales campesinos informaron a Prensa Rural que un grupo de cinco hombres armados viene haciendo presencia desde el viernes 26 de febrero en las veredas La Esperanza y Siberia, de Tame (Arauca). Los armados se presentaron ante la comunidad como integrantes del ELN y amenazaron con hacer “limpieza” y con robar ganado a la comunidad.

Llama la atención que estos hechos ocurren en un territorio con fuerte presencia del Ejército colombiano, pues el miércoles 24 dos helicópteros, aparentemente militares, hicieron tres viajes a la vereda La Esperanza, donde el jueves 25 se reunió una gran cantidad de tropa.

El campesinado de las veredas mencionadas está muy preocupado por las amenazas y la inminencia de combates, por lo que se prevé un desplazamiento de las comunidades, que piden a las organizaciones defensoras de derechos humanos estar alerta ante esta situación. Piden también a los actores armados que se respete a la población civil y se cumpla con las normas del derecho internacional humanitario.

Por Maureén Maya S.

“Nos sentimos como en un campo de concentración” Se prohíbe hacer entrevistas a los desplazados, entrar al parque y si se logra ingresar, por medio de alguna palanca, no está permitido el ingreso de cámaras ni grabadoras.

Un promedio de 2000 víctimas del desplazamiento forzado viven en el Parque Tercer Milenio de Bogotá desde hace más de 4 meses.

Por Martha Cecilia Delgado y Jickson Rodríguez Heredia

La historia nos convoca nuevamente a dirigir la mirada al antiguo Cartucho, hoy conocido como Parque Tercer Milenio. Para realizar este proyecto incluido en el plan centro, se desplazó a centenares de mal llamados desechables, de los cuales algunos fueron víctimas de la limpieza social; la amnesia colectiva hoy nos pasa cuenta de cobro con la repetición de hechos históricos frente a las denominadas “soluciones” por parte del estado a las problemáticas sociales colombianas: El día 16 de marzo de 2009 algunas familias provenientes de diferentes regiones del país en condición de desplazamiento…

por Codhes
La Asociación de Víctimas del Desplazamiento Forzado (Asovidesfor) solicitó la creación de una comisión especial de verificación de la crisis humanitaria que actualmente experimenta Arauca, a raíz de los efectos del conflicto armado en ese departamento.

Comunicado público martes 5 de mayo de 2009

La Asociación Agraria de Santander (Asogras) rechaza la falta de compromiso con la seguridad de los dos dirigentes campesinos de Santander, César Augusto Tamayo y Rosendo Duarte.
Hechos

El 22 de abril de 2009, la Asociación solicitó manera escrita y urgente la atención por parte del Gobierno Nacional, en especial del Ministerio del Interior y Justicia a través del Programa de Protección, los cuales hicieron caso omiso al llamado que hiciera nuestra organización.

El jueves 30 de abril de 2009, al no tener atención de los entes del Estado, los compañeros César y Rosendo decidieron salirse de la zona con el acompañamiento del Observatorio Internacional de Paz (IPO) desde la ciudad de Bucaramanga con destino a la ciudad de Bogotá.

El señor alcalde de Sabana de Torres Dr. Uriel Velandia Gutiérrez tiene previsto para el miércoles 6 de mayo de 2009 el desalojo de más de 200 familias.

En lo que va corrido del año tenemos diez compañeros detenidos, entre ellos dos mujeres, dos compañeros asesinados y siete familias desplazadas.
Exigimos al gobierno colombiano

1. Atención de manera inmediata, que proteja la integridad física, sicológica de las familias campesinas afiliadas a Asogras.

2. Que se respete la vida de los campesinos afiliados a la Asociación Agraria de Santander (Asogras) y que le permitan a nuestros afiliados vivir en su territorio.

3. La protección y que se cumplan los derechos constitucionales, consagrados en la legislación nacional, en pro de la vida digna del pueblo colombiano enmarcado dentro de un estado social de derecho y democrático.

4. Protección de manera inmediata a las más de 200 familias que están en eminente riesgo de desalojo por el señor alcalde de Sabana de Torres.
Solicitamos a la comunidad nacional e internacional

1. Solidaridad y acompañamiento a los campesinos de la Asociación Agraria de Santander (Asogras) en la protección de sus derechos fundamentales y el derecho a una vida digna, y en tal sentido como colombianos consideramos que tenemos el derecho a la tierra y por eso estamos en posesión de ella.

2. Llamamos a la solidaridad a todas las organizaciones sociales, sindicales y populares que hacen presencia en nuestro territorio a estar alertas en la exigencia al estado colombiano para que se garanticen los derechos constitucionales de la población desplazada por la violencia que se vive hoy en Colombia.

3. Estén atentos frente al posible desalojo programado por el señor alcalde de Sabana de Torres para el miércoles 6 de mayo de 2009 a partir de las nueve de la mañana.

Colombian lawyers’ defense of land rights brings them into the line of fire

In early February, the Colombian human rights lawyers’ collective “Yira Castro Legal Consortium,” a group that often works closely with IPO, found yet another unwelcome email in their inbox:

“Members of the Yira Castro Consortium Irene Lopez and Claudia H, in 2008 we were following you and watching what you do every day, and we have found that you still support the National Coordination of Internally Displaced People, and specifically the FARC guerrilla Rigoberto Jimenez… We have express orders from the Capital Block of the Aguilas Negras to kill him as soon as possible… and if Yira Castro keeps supporting that Guerrilla we won’t be responsible [for what could happen].

Sincerely,
Aguilas Negras AUC Capital Block” ¹

When four young lawyers got together in 2001 to form the Yira Castro Legal Consortium, named after the late Colombian Communist Party leader Yira Castro, they knew that their work might put them in danger. Thousands of human rights lawyers and others who have struggled for social justice have been killed in Colombia’s US-financed dirty war. But in the past two years, persecution by the state and by pro-government paramilitary groups has become an inescapable daily reality for the lawyers of Yira Castro, as well as for social leader Rigoberto Jimenez.

por Cecilia Tamplenizza – IPO

El pasado mes de noviembre se realizó, después de un desplazamiento masivo en la región del Tolima de las comunidades de las veredas de Las Pavas, Vegas del Café, El Piñal y Palmira hacia la cabecera municipal de Dolores, la MISION HUMANITARIA POR EL RESPETO A LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA DE LOS CAMPESINOS EN SU TERRITORIO.

El Observatorio Internacional de Paz (IPO) acompañó a las organizaciones de derechos humanos que se comprometieron a apoyar a las comunidades campesinas afectadas por el conflicto, efectuando una comisión de verificación de las denuncias y de las causas del desplazamiento. Hay que subrayar que en el 2006 las mismas familias ya habían sufrido un desplazamiento causado por el conflicto armado interno. Otra vez, la mayor preocupación de los campesinos de la zona está relacionada con cuestiones de orden público. Durante la gira a las veredas se pudo comprobar como la guerra en esta zona se adentra en las casas de los civiles, el ejército no respetando, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) acampa dentro de las fincas de los campesinos, estropeando y consumiendo sin permiso los cultivos. Se vio como las casas quedan entremedio de balaceras. Además se observó que las fuerzas militares acampan demasiado cerca de escuelas, en una se encontraron escritos como “guerrillas seban a morir perros” acompañada por un dibujo de un fusil.