El jueves 17 de enero, pocos dias antes de la Asamblea parlamentaria bi-regional EUROLAT en Santiago solamente 284 de los 754 eurodiputados votaron a favor de una resolución para seguir negociando un TLC entre la UE y MERCOSUR. Un gran número de asambleistas simplemente no votaron, mientras 87, incluyendo la Izquierda Unitaria (GUE/NGL) y los Verdes votaron en contra, y 7 se abstuvieron.

Alfredo Molano Bravo

Recorrido por una región del norte del país, muy productiva pero donde el conflicto de tierras no se detiene.

por Héctor Mondragón

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Perú y la Unión Europea, que se encuentra en proceso de ratificación, se negoció en lo fundamental antes de hacer alguna clase de estudio de impacto y el único que se hizo se publicó casi al finalizar las negociaciones. Aunque fue un estudio muy limitado, pone de presente los graves impactos en numerosas áreas. A continuación se hace un análisis del estudio de impacto, dentro del marco de una reflexión sobre este tratado, realizado para la Alianza Social Continental por Héctor Mondragón, coordinador del Grupo de Agricultura de la ASC.

Adam Isaacson

Income inequality in Latin America today

Starting in 2001, the UN Development Program’s annual Human Development Reports began to publish estimates of the income of the wealthiest and poorest 10 percent of countries’ populations. The ratio between what each tenth earns in a year offers a useful measure of social and economic inequality.

por Escuela Nacional Sindical

Los presidentes de las tres centrales sindicales coincidieron en su rechazo al Tratado de Libre Comercio que hoy firmó el presidente Álvaro Uribe Vélez con la Unión Europea, el cual calificaron como inconveniente para el país en la medida en que castiga la producción nacional y afecta muchos puestos de trabajo.
“Los acuerdos de libre comercio no son dañinos en sí mismos — señaló Julio Roberto Gómez, director de la Confederación General del Trabajo, CGT, — . El problema es el contenido de los mismos, porque los TLC no establecen suficientes cláusulas de protección a la producción colombiana, y eso nos va a traer muchas complicaciones en términos de desempleo y pérdida de recursos económicos”.

por Agencia Prensa Rural

Con la realización del reciente foro sobre Ferticol, se reavivó el debate sobre el futuro de esta empresa regional. Desidia estatal, mala gestión y administración y la presión de los intereses politiqueros y privados caracterizan la lamentable situación de una industria íntimamente ligada a la vida económica del Magdalena Medio.

por Fernando Castrillón del Colectivo de Trabajo Jenzerá. Diagonal

La pérdida de confianza y los acuerdos con sus vecinos más cercanos no ha sido obstáculo para que el Gobierno colombiano impulse la IIRSA. Así lo hacía ver cuando declaraba ante la Asamblea Mundial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que esta iniciativa busca “desarrollar una infraestructura puntera, acorde con las necesidades de desarrollo del país y los retos comerciales que se avecinan, que cuente con mayor participación del sector privado y que funcione bajo esquemas empresariales modernos, dinámicos y eficientes”.

De los diez ejes y 162 grupos de proyectos de la IIRSA, Colombia participa en dos ejes y diez grupos que se han incorporado en los planes de desarrollo y en los planes a largo plazo. Se han priorizado los proyectos Hidrovía Río Meta, Carretera Pasto-Mocoa y paso de frontera Cúcuta-San Antonio, considerados cuellos de botella para el desarrollo y la integración. Estos proyectos coinciden estratégicamente con los corredores de recursos minero-energéticos, de biodiversidad y producción de agrocombustibles, entre otras materias primas que Colombia privilegia en las relaciones con EE UU y Europa.

Esta integración no se basa sólo en la construcción de carreteras, puertos, puentes y dragado de ríos, sino sobre todo en la extracción sistemática e intencionada de los recursos de los territorios colectivos de las comunidades negras y de los pueblos indígenas y en los cambios en el uso del suelo que permitan el tráfico de mercancías, energía y comunicaciones. Asimismo, potencia los fines especulativos sobre la tierra, que benefician a los políticos asociados a los grupos armados legales e ilegales.

La IIRSA tampoco es una vía para la integración de los pueblos, y menos una manera de aliviar las difíciles condiciones de las regiones de Putumayo y Nariño, donde se adelanta la carretera Pasto-Mocoa. Por contra, constituye un elemento adicional a la delicada crisis del país y es un riesgo que afecta la vida y la integridad de las comunidades indígenas, negras y campesinas, las cuales están sometidas a presiones no sólo de actores armados legales e ilegales, sino a poderosos intereses económicos. La implantación de más de 20.000 hectáreas de coca, dos masacres en el último año sobre el pueblo awá con un saldo de 18 indígenas asesinados, más de 60.000 desplazados en los dos últimos años, la permanencia de varios frentes de las FARC y del ELN y de nuevos grupos de paramilitares, el minado de varias zonas, la militarización de la vida de las comunidades y la irrupción de prácticas que desestructuran los tejidos social, económico, político y cultural de pueblos y procesos organizativos, constituyen situaciones que impiden una real participación de las comunidades y la toma de decisiones de manera libre y consentida.

Su sacrificio no fue en vano. Al contrario, fue el primer paso para que los empleados de todo el mundo contaran con un horario de trabajo justo y emprendieran diversas luchas para defender sus derechos. Desde ese entonces, a lo largo del planeta se tiene el primero de mayo como Día del Trabajo.

La jornada sirve para que en cada país se haga un balance de cómo está el panorama laboral. La tradición del primero de mayo, sin embargo va más allá, y siempre es una jornada eminentemente política, en la que los trabajadores hacen sentir su visión de país.

En la actual coyuntura crítica ese carácter político se va hacer sentir aún más en Colombia este primero de mayo. “En esta oportunidad, las centrales sindicales en coordinación con las plataformas de derechos humanos, organizaciones sociales y algunos partidos políticos hemos considerado que el primero de mayo de 2008 debe tener un contenido muy político”, dice Fabio Arias, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La razón es que “el país atraviesa por la mayor crisis política de su vida republicana en el llamado escándalo de la parapolítica, que deslegitima absolutamente todas las acciones que provienen desde el Congreso y el gobierno. Este debe ser el contexto central en el cual se desarrolla este primero de mayo porque el movimiento sindical ha sido una de las principales víctimas del paramilitarismo”, explica Arias.

Por eso,este año la manifestación es especial. En ella, las organizaciones sociales llaman a la unidad nacional para derrotar la parapolítica, rechazar la segunda reelección presidencial, apoyar a la Corte Suprema de Justicia en sus investigaciones de políticos vinculados con grupos paramilitares y la búsqueda de un acuerdo humanitario para que los secuestrados por las Farc queden libres.

También rechazan la propuesta de crear un tribunal especial que juzgue a altos funcionarios de la justicia, el gobierno y el Congreso. Para Pedro Santana, presidente de la ONG Viva la Ciudadanía, con esa idea se busca “socavar la independencia de la Corte y su investigación”.

Además de la agenda política en esta versión del Día del Trabajo, las centrales obreras, por supuesto, también hacen su balance sobre la situación laboral.

Desde el punto de vista de los sindicatos que no es el de todos los trabajadores- la congelación del Tratado de Libre Comercio en el Congreso de los Estados Unidos es un logro. Según Julio Roberto Gómez, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), este acuerdo, “lejos de ser un tratado comercial, es un pacto de adhesión de la economía colombiana a la estadounidense” y por eso, considera, no es conveniente no sólo en materia laboral, sino económica. Y por eso él y sus colegas se le opusieron. La dinámica interna electoral estadounidense terminó poniendo el TLC en el refrigerador. Habrá que esperar a ver si algún acuerdo de última hora entre demócratas y republicanos lo salve antes de que termine el año, pero lo más probable es que sólo volverá a ser debatido en 2009.

Otro motivo de celebración de los sindicatos colombianos es que en marzo pasado se creó la Confederación Sindical de las Américas, una gigantesca organización que agrupa a más de 50 millones de trabajadores del continente que luchan porque se cumplan los derechos laborales.

Finalmente, las centrales tienen como motivo de satisfacción los dos años de vigencia del acuerdo tripartito entre las centrales obreras, el gobierno y los empresarios. Éste ha servido especialmente para la implantación de una oficina permanente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Colombia y la creación de una unidad especial de fiscales y jueces para que investiguen y juzguen a los responsables de crímenes de sindicalistas.

El mundo sindical reconoce los esfuerzos del Estado por proteger mejor a sus trabajadores, pero señalan que todavía falta batante. A pesar de que se creó la unidad especial para hacer justicia en los asesinatos de líderes sindicales, la impunidad todavía es demasiado grande.

Desde 1986, según cuentas de la Escuela Nacional Sindical (Ens), van 2.578 asesinatos de personas pertenecientes a organizaciones sindicales. De esos, los jueces sólo han dictado sentencia en 76 casos. Quedan cerca de 2.500 casos sin resolver.

“Si siguiéramos al ritmo de la producción de unas 40 sentencias anuales, que es más o menos el ritmo que tiene esta unidad, nos demoraríamos 60 años para superar la impunidad, bajo el supuesto de que no volviera a ocurrir un sólo homicidio más y la unidad especial se mantuviera”, dice Luciano Sanín, director de la Ens.

Pero la violencia contra quienes militan en organizaciones sindicales, si bien cayó en forma drástica en los últimos años, es preocupante su aumento en 2008. En los cuatro meses de este año han sido asesinados 24 sindicalistas, cifra que supera en un 71 por ciento los 14 homicidios ocurridos en igual periodo del año pasado. Tan aterrador como el creciente número de víctimas es la nueva manera de matar. En los recientes casos, los asesinos han utilizado armas blancas y han dejado los cadáveres mutilados o torturados, para dejar un adicional mensaje de terror.

Gómez de la CGT dice que la persecución de los sindicatos también es legal. Explica que han tenido dificultades para registrar sindicatos nuevos y se están firmando contratos laborales que impiden que el empleado se sindicalice.

Durante los seis últimos años, el Ministerio de la Protección Social les ha negado el registro a 234 nuevos sindicatos. Si se tiene en cuenta que cada uno debería tener al menos 30 trabajadores, quiere decir que unos 7 mil no han podido sindicalizarse. (Ver tabla)

Otra movida hostil hacia la sindacalización, según Arias, de la CUT, es que “todo proyecto de reestructuración en empresas estatales, especialmente en el sector de la salud, viene acompañado del despido de todos los trabajadores. La vinculación de los nuevos se hace mediante cooperativas de trabajo asociado, que en el mejor de los casos representa una disminución de hasta la tercera parte del salario de los trabajadores que estaban anteriormente”. Además, ese tipo de vinculación impide que el empleado se sindicalice.

Según la Ens, “cada vez un mayor número de empresas vienen condicionando la firma de una nueva convención colectiva a una duración mayor de la pactada en el convenio vigente, condición que imponen, en muchos casos, apoyados en situaciones de correlación de fuerzas que no favorecen a los sindicatos”.

Eso se ha visto reflejado en una notoria reducción de negociaciones entre empleados y empleadores. La Ens hizo una comparación entre el período actual y uno hace 10 años. Entre 1996-1997 se suscribieron 1.579 convenios colectivos de los cuales 983 eran convenciones colectivas, 592 eran pactos colectivos y 5 contratos sindicales, con una cobertura de 462.641 beneficiarios. Entre 2006 y 2007, en cambio, se suscribieron 925 convenios colectivos, de los cuales 639 eran convenciones colectivas, 276 pactos colectivos y 10 contratos sindicales, con una cobertura de 176.948 beneficiarios.

“Esto muestra una significativa caída en la negociación colectiva y su cobertura porque 285.693 beneficiarios perdieron sus garantías convencionales, aproximadamente un 62 por ciento de los beneficiarios de hace una década hoy están desprotegidos. Este fenómeno encuentra explicación en los enormes obstáculos jurídicos y prácticos que se imponen a las organizaciones para existir y desenvolverse libremente”,dice el estudio de la Ens.

La mayor debilidad sindical, aseguran los dirigentes, deja a los trabajadores sin posibilidades de reprochar frente a situaciones como la inequitativa distribución de la riqueza.

“El crecimiento económico del 7.52 por ciento en el año 2007 no ha tenido efectos en la creación de empleos decentes en Colombia, especialmente en los sectores financiero, comercio y servicios comunales, sociales y personales. Por el contrario la precariedad laboral y el subempleo siguen extendiéndose”, dicen las centrales obreras en un informe. (Ver tabla)

Fabio Arias, de la CUT, explica que “trabajo decente es trabajo con derechos laborales y con libertades sindicales y esa es la excepción hoy en Colombia”. Según dice, esto se da porque las empresas vienen entregándoles la contratación de su personal a terceros, como cooperativas de trabajo asociado, o contratando por prestación de servicios. Estos dos tipos de vinculación implican que el empleado pague su propia seguridad social y hace que se reduzcan sus ingresos. Eso ha generado que pocos sean los empleados que disfrutan de una verdadera protección social. (Ver tabla)

Un estudio de la Universidad Nacional titulado ‘Bienestar y Macroeconomía 2007’, señala que incluso en los años de recesión se tenían más trabajadores vinculados permanentemente a las empresas que en los últimos años, cuando la economía ha crecido en un promedio del 5 por ciento anual.

Esa investigación académica da cuenta de que para 1992, había 539.807 trabajadores vinculados como permanentes y en 2006 cayeron a 324.822, lo que indica una disminución del 40 por ciento.

Fuera de eso, la contratación bajo la modalidad de temporales, ya sea directamente o por medio de agencias y cooperativas, ha aumentado al pasar de 94.858 en 1992 a 277.020 en 2006, lo que significa un aumento del 192 por ciento, según el estudio.

Desde la otra orilla, el gobierno ha dicho que el desempleo ha bajado, en parte gracias a esas políticas de flexibilización laboral que le permiten a las empresas contratar más trabajadores que les representa menor carga laboral. Es difícil saber si hay más gente empleada porque creció la economía o por las políticas laborales. Pero lo que sí es seguro es que un mayor número de personas tienen empleos más precarios. Es una tendencia mundial, de la cual Colombia no se ha escapado.

La jornada del primero de mayo es entonces un momento propicio para debatir acerca de las condiciones laborales de los colombianos, y también para vislumbrar, qué papel deben jugar sus dirigentes ante una crisis de legitimidad institucional como la que vive el país.

www.semana.com

La Cámara de Representantes de EEUU congeló este jueves indefinidamente, en medio de pugnas partidistas, la votación sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia asestando un revés político al Gobierno del presidente George W. Bush.

Con 224 votos a favor y 195 en contra, en donde sólo seis republicanos apoyaron la medida y diez demócratas la rechazaron, la cámara baja, dominada por la oposición demócrata, aprobó la resolución “H.Res1092” que elimina el plazo obligatorio de 90 días legislativos para votar el TLC y que, a efectos prácticos, congela indefinidamente su votación.

Sin un plazo arbitrario, la Cámara de Representantes examinará el TLC “en el tiempo apropiado y bajo condiciones apropiadas”, dijo la legisladora Louise Slaughter, presidenta del Comité de Reglas, antes de la polémica votación, que generó objeciones de la Casa Blanca.

La votación, que los legisladores hicieron siguiendo la línea de sus respectivos partidos, surge en momentos en que la Casa Blanca mantiene una incesante campaña a favor del TLC, esgrimiendo argumentos económicos, geopolíticos y de interés nacional.

En un comunicado, la representante comercial de EEUU, Susan Schwab, insistió en que la Casa Blanca realizó extensas consultas con el Legislativo y la maniobra demócrata sólo “convierte en perdedores a los trabajadores, agricultores y proveedores de servicios” en este país.

TeleSUR – Efe / AV

Los demócratas se oponen al TLC porque consideran que Colombia no garantiza los derechos humanos de los trabajadores.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció este lunes que envió al Congreso de su país el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, e instó a los legisladores a aprobarlo tan rápido como sea posible por razones de “seguridad nacional”

“El Congreso tiene que avanzar en el acuerdo con Colombia, se necesita que sea aprobado lo más pronto posible. La aprobación de este acuerdo es urgente por razones de seguridad nacional. Colombia es uno de nuestros más firmes aliados en el hemisferio occidental”, dijo el presidente Bush.

A partir de ahora, el Congreso tiene un lapso de 90 días para llevar a cabo la solicitud hecha por el mandatario estadounidense.

Los demócratas, mayoritarios en el Congreso, consideran que el TLC generaría una gran pérdida de empleos en Estados Unidos, a la vez que deploran la impunidad que existe en Colombia en materia laboral y de derechos humanos.

En un comunicado conjunto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el presidente del poderoso Comité de Medios y Arbitrios, Charles Rangel, dijero que, “bajo las actuales circunstancias, no podemos apoyar el Tratado de Libre Comercio con Colombia”, afirmaron Pelosi y Rangel.

“Pese a los avances logrados por el presidente (Álvaro) Uribe, Colombia sigue siendo un lugar peligroso para los sindicalistas. Además, para los que perpetran ese tipo de violencia existen pocas amenazas de que sean enjuiciados y castigados”, añadieron los dos representantes.

También enfatizaron que la decisión “sin precedentes” de Bush de saltarse los protocolos establecidos, “es contraproducente y pone en peligro las posibilidades de que se ratifique” el pacto.

“Algunos dicen que estas discusiones sobre asuntos laborales y TLC no son relevantes, pero sí son relevantes para mí cuando en un país un líder laboral es asesinado cada semana, afirmó por su parte el senador demócrata por Dakota del Norte Byron Dorgan.

“Es muy relevante cuando 97 por ciento de los asesinatos de líderes colombianos no han sido castigados”, añade.

Un ‘‘no’‘ rotundo

Otra voz de peso demócrata es la de Hillary Clinton senadora y pre candidata presidencial quien dijo estar “decepcionada” con la decisión del presidente Bush, de enviar al Congreso el TLC con Colombia, y reiteró que votará en contra del mismo.

“He dicho de manera consistente durante varios meses que me opongo a firmar cualquier tratado de comercio con Colombia mientras que la violencia en contra los sindicalistas continúe, y mientras los perpetradores no sean llevados a la justicia”, dijo Clinton en un comunicado.

A juicio de la senadora demócrata por Nueva York, Estados Unidos debe impulsar acuerdos comerciales “que promuevan los derechos humanos y los derechos laborales, y que no dejen pasar por alto los atroces abusos”.

La Central Unitaria de Trabajadores en Colombia ha registrado más de 2 mil 500 asesinatos de sindicalistas desde 1986 y aproximadamente 98 por ciento de estos asesinatos aún no ha sido aclarado.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, admitió en conversación telefónica con el presidente colombiano, Álvaro Uribe, que será difícil la aprobación en el Congreso del acuerdo comercial.

TeleSUR / rf – MC

Although the Democratic Party has made it clear that it will oppose the free trade agreement with Colombia, President George W. Bush sent the trade deal Tuesday to the U.S. Congress, which now has 90 working days to vote on it.
While one of the arguments set forth by Clinton in her opposition to the FTA is the violation of labour rights in Colombia, Penn is an adviser to corporations like Coca Cola, which is facing legal action in connection with the murders of trade unionists in its bottling plants in Colombia.

Un grupo de la central de trabajadores estadounidense AFL-CIO, una de las más influyentes de ese país, se encuentra de visita en Colombia. Su líder, Linda Chavez-Thompson, denunció que debido a la falta de protección del Estado colombiano los movimentos sindicales de la nación suramericana están desapareciendo.

Una delegación de la influyente central sindical estadounidense AFL-CIO de visita en Colombia, rechazó este martes que el Congreso de su país apruebe este año el Tratado de Libre Comercio (TLC) con este país suramericano, y anunciaron que exigirán al nuevo gobierno de Washington que lo renegocie.

“No vamos dejar aprobar el TLC en 2008. Sólo podría ser aprobado en 2009 y debe ser renegociado por el nuevo gobierno, que esperamos sea demócrata, porque los republicanos no respetan los derechos de los sindicalistas”, dijo Linda Chavez-Thompson, vicepresidenta ejecutiva de AFL-CIO.

Chávez–Thompson aseguró que su organización tiene el respaldo suficiente en la Cámara Alta del parlamento estadounidense para impedir que se apruebe el TLC que el presidente republicano de Estados Unidos, George W. Bush y su par colombiano, Álvaro uribe Vélez, firmaron en 2006, y advirtió que la aprobación final también dependerá de la renegociación de este contrato.

Denunció que el TLC Colombia–EEUU vulnera los derechos de los trabajadores colombianos y estadounidenses por igual y que no desean que con este pacto comercial suceda lo mismo que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), rubricado en 1994 entre Canadá, México y EEUU, donde se incumplieron las promesas formuladas.

“No queremos que con el TLC con Colombia o con cualquier otro país pase lo mismo que con el que se firmó con Canadá y México”, puntualizó la líder sindical.

Según Chávez-Thompson, a pesar que es ahora cuando están conociendo la situación de los movimientos sindicales en Colombia y que aún tienen por delatne muchas reuniones, afirmó que en este país los sindicatos están desapareciendo porque no hay garantías.

“Cuando veamos que se protege adecuadamente a los trabajadores sindicalizados y se les respeten todos los derechos laborales, le diremos al gobierno colombiano que estamos listos para abordar el TLC”, añadió.

Precisamente, la falta de garantías para los sindicatos en Colombia, que han derivado en el asesinato de varios de sus líderes y la situación de desprotección a los Derechos Humanos, son algunas de las razones que esgrime la oposición demócrata que domina el Congreso para mantener paralizadas las deliberaciones sobre el TLC, hasta que Colombia no solucione estos importantes tópicos.

La delegación de sindicalistas norteamericanos será recibida por Uribe, quien espera que antes que finalice 2008 el TLC bilateral será aprobado.

Con ese propósito, desde finales de 2007 Washington y Bogotá han coordinado una serie de visitas a Colombia de congresistas estadounidenses, especialmente demócratas, para intentar convencerlos de los “avances” de Colombia en la protección a sus agremiados.

TeleSUR – Afp – Efe – Invertia / mm – RN