Efe

La sentencia alcanza a un teniente y a siete soldados de un batallón del Ejército Nacional implicados en hechos registrados el 14 de marzo de 2006 en la zona rural de Yarumal, (Antioquia).

El Espectador

Se le sindica de ser uno de los responsables del asesinato de 11 jóvenes que fueron hechos pasar como integrantes de grupos armados ilegales.

por Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Para el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, este sentido de fallo, que reconoce las ejecuciones extrajudiciales como Crímenes de Lesa Humanidad, constituye, no sólo, un avance importante en la lucha contra la impunidad contra los cientos de militares implicados en los mal llamados falsos positivos, sino un llamado a las autoridades competentes que siguen este tipo de casos, para que además de tener en cuenta la decisión judicial, no se presten a las dilaciones sin justificación de los defensores de los militares, que pretenden ocultar una verdad a gritos.

por Agencia Prensa Rural

Un fiscal de Derechos Humanos y DIH radicó escrito de acusación ante un juez especializado de Sincelejo en contra de dos suboficiales de inteligencia, que reconocieron su responsabilidad como cómplices en los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

por Ángel Gonzalo

En 2008 se descubrió que el ejército había ejecutado a más de una docena de hombres jóvenes de Soacha, localidad pobre cercana a Bogotá. El gobierno se vio obligado a reconocer que las fuerzas de seguridad eran responsables de ejecuciones extrajudiciales, así como a adoptar medidas para abordar el problema. Los jóvenes habían sido atraídos al norte del país con la promesa de un empleo. Una vez ejecutados el ejército los presentaba como “guerrilleros muertos en combate”.

Isabel Coello

El general que investigó los “falsos positivos” en Colombia reveló al embajador de EEUU que era un “fenómeno generalizado”. Wikileaks destapa las presiones de la cúpula militar para ocultarlo

por Efe

Los nuevos restos se suman a los de 412 de personas no identificadas exhumadas en 182 tumbas y 110 bóvedas del cementerio. Las autoridades judiciales de Colombia encontraron los restos de otras 66 personas sin identificar en el cementerio de Granada, población sureña en la que previamente habían sido encontradas 412 osamentas en la misma condición, informaron fuentes del Legislativo en Bogotá.

Por International Peace Observatory- IPO

Luz Marina de Soacha, madre de una víctima de los falsos positivos, cuenta su historia.

Por International Peace Observatory- IPO

Luz Marina de Soacha, madre de una víctima de los falsos positivos, cuenta su historia.

por Humanidad Vigente

Con fotos en tamaño real de jóvenes víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y repitiendo en voz alta una y otra vez “nuestros hijos no eran guerrilleros” , caminaron por las calles de Ocaña, Norte de Santander, madres, hermanas, tías y otras mujeres que viajaron desde Soacha para la movilización. La marcha formó parte de las actividades programadas durante el Primer Encuentro de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Foro de Lucha contra la Impunidad que se llevó acabo el pasado 5 de septiembre de 2010.

por Contravía

La petición se hizo en el “Primer Encuentro de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Foro de Lucha contra la Impunidad” en los casos denominados como ’falsos positivos’, en Ocaña, Norte de Santander. Con el objetivo de impulsar y visibilizar las investigaciones por las muertes de jóvenes presentados por el Ejército como miembros de grupos armados, las madres, convocaron al presidente de la República Juan Manuel Santos, a una reunión el próximo 6 de marzo de 2011, día Internacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

por Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

Sin duda alguna, la decisión del juez representa un paso importante en la obtención de verdad y justicia, pero es lamentable que al igual que en otros casos, estas personas fueron recluidas en una guarnición militar, lugar que no representa una garantías para las víctimas y la sociedad, pues se les permite sostener el contacto con la estructura de poder estatal desde la cual se han perpetrado estos crímenes de lesa humanidad.

por Comunicación Alternativa Popular para la Paz

Hoy, tres años y medio después y luego de rigurosa investigación que contó con una nueva y sofisticada tecnología de reconstrucción de los hechos, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, Despacho 13 a cargo de la Dra. Claudia Patricia Arguello, dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación, y ordenó la captura de siete de los militares comprometidos, por el delito de Homicidio en Persona Protegida. Se trata de un crimen contra el Derecho Internacional Humanitario tipificado en el artículo 135 del Código Penal.

por Asociación Campesina del Catatumbo

Enmarcados en la conmemoración del 2º aniversario de las ejecuciones extrajudiciales (mal llamados “Falsos Positivos”), ocurridos en Norte de Santander, este sábado 4 de septiembre a partir de las 8:00 am y hasta las 6:00 pm, se llevará a cabo una jornada de acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas en la sede de la Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña (ASODEPO) en el barrio Brisas de Polaco del municipio de Ocaña.

Prensa Colectivo

Dos años y medio después de presentarse las ejecuciones extrajudiciales de los 16 jóvenes de Soacha, en tres de los casos, no se han abierto investigaciones formales. Así lo reporta el informe “Soacha: la punta del Iceberg” presentado por la Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes), una de las organizaciones que realizan acompañamiento a los familiares víctimas de estos hechos.

por Agencias

La ONU denunció este jueves, 27 de mayo, que en Colombia existe “un patrón de ejecuciones extrajudiciales” y que la impunidad abarca el 98,5 por ciento de los casos. Philip Alston, relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, así lo indicó en el informe, publicado este jueves y realizado tras su visita a Colombia en junio de 2009, en el que también afirma que persisten “graves problemas” en relación con las políticas de seguridad en el país.

El Espectador

Dicha cifra contrasta con los datos que arrojan las confesiones de los pocos paramilitares que han rendido versiones libres.

Una organización no gubernamental (ONG) de la comunidad jesuita en Colombia aseguró el jueves en Bogotá que la fiscalía de este país ha recibido denuncias sobre unos 150.000 casos de ejecuciones extrajudiciales en zonas que están bajo la influencia de grupos paramilitares.

La fiscalía “afirma que la exploración en 400 municipios bajo influjo paramilitar arroja 300.000 denuncias referidas a 150.000 ejecuciones extrajudiciales”, dijo el coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el sacerdote Javier Giraldo.

El religioso advirtió de que dicha cifra contrasta con los datos que arrojan las confesiones de los pocos paramilitares que han rendido versiones libres ante la entidad judicial.

Los ultraderechistas “se refieren a 30.000 crímenes de ejecución extrajudicial”, señaló Giraldo durante una intervención ante el II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición Forzada, Procesos de Exhumación, Justicia y Verdad, que se reúne en Bogotá.

El encuentro, que concluye este viernes, reúne desde el miércoles a unos 400 delegados de 27 países de África, América, Asia y Europa, convocados por una coalición de nueve ONG de España, Guatemala y Colombia.

“La fiscalía afirmó recientemente haber exhumado 2.828 cadáveres de 2.316 fosas, habiendo sido identificados y entregados a sus familiares 721 restos óseos”, dijo Giraldo.

El jesuita observó que, también de manera reciente, se ha denunciado que en la localidad de La Macarena (sur) existe “una sola fosa con más de 2.000 cadáveres sepultados clandestina e ilegalmente por el Ejército”.

La fiscalía, continuó, también “afirma haber abierto 50.000 expedientes por desaparición forzada desde finales de los años ochenta, la mayoría de ellos inactivos”.

La época mencionada coincide con la reunión de los grupos paramilitares en la organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se disolvió a mediados de 2006 con el desarme de más de 31.000 paramilitares, dentro de un proceso de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Además, la Fiscalía General ha informado de que investiga más de 2.000 casos de víctimas de “falsos positivos”, como se conoce en Colombia el asesinato de civiles por militares que los presentan como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios.

“No se puede afirmar, desgraciadamente, que la sociedad colombiana esté conmocionada por estas evidencias”, se lamentó Giraldo, quien criticó que los medios masivos de comunicación de su país asignen a estas informaciones un espacio “enormemente inferior” al que dedican a los deportes, la farándula o la delincuencia común.

El responsable del Banco de Datos del Cinep dijo que esto “no es desgraciadamente una novedad”.

También señaló que “desde hace muchos años los medios masivos dedican muchas horas a la semana a darles la palabra a las familias de los secuestrados por la guerrilla, cuyo número se calcula hoy, con cifras del mismo Gobierno (…), en 66 casos”, más no se le da la difusión correspondiente a los casos de ejecuciones extrajudiciales, dijo luego.

En estos mismos medios “no se dedica ningún espacio a las familias de los desaparecidos ni de los masacrados ni de los privados injustamente de su libertad”, enfatizó el sacerdote jesuita

por Karim Khalili

Los llamados “gestores de paz” y la organización Manos por la Paz forman parte de una estrategia contrainsurgente, que ha sido funcional a la actual política de Seguridad Democrática, cerrando los posibles espacios políticos para lograr acuerdos humanitarios entre las partes en conflicto y estigmatizando y criminalizando la labor de la oposición política y los defensores de derechos humanos de forma sistemática.

por El Tiempo

De los 49 militares procesados por reclutar con engaños y asesinar a 11 jóvenes pobres de Soacha, ya sólo queda uno en prisión. Han ido saliendo libres por vencerse los plazos sin haber sido juzgados.

Además del teniente Néstor Jaime Mosquera, recobraron la libertad dos suboficiales y 14 soldados.

Los militares son investigados por el homicidio de Julián Oviedo Monroy, el joven que tenía problemas motrices y que en su momento fue presentado como miembro de una banda delincuencial.

Por este caso sólo permanece detenido el coronel Álvaro Diego Tamayo.

El llamado a juicio de ellos se presentó el 1 de julio del 2009 y trascurrieron más de 90 días sin que se haya iniciado, razón por la cual se decretó el vencimiento de términos.

“Es muy grande este proceso y se han presentado cerca de 400 elementos materiales probatorios y eso demoró la situación”, explicó Pedro Condia, abogado de uno de los militares.

Los militares son investigados por el homicidio de Julián Oviedo Monroy, un joven que tenía problemas motrices y que en su momento fue presentado como miembro de una banda delincuencial.

Con ellos, ya son 48 los militares procesados por el caso Soacha que recobran la libertad. El año pasado lo había hecho otro grupo de uniformados.

Las familias, por su parte, mostraron su indignación pero no su sorpresa. “Ya había pasado con unos militares por lo que nos imaginamos que esto se iba a repetir y que quedaran en libertad los responsables de las muertes de nuestros hijos”, dijo la mamá de Julián Oviedo.

Algunos de los militares que habían recobrado la libertad estuvieron en retiros espirituales en el 2009 con sus familias.

Fiscalía llamó a juicio a presunto reclutador de ‘Falsos positivos’

Cristóbal Junior Mestra Támara habría convencido de viajar a Montería y Urabá, mediante promesas de trabajo, a cuatro jóvenes, que según la Fiscalía, fueron reportados por el Ejército como NN (personas sin identificar, del latín “Nomen Nescio”) muertos en combate con las Farc. El supuesto enfrentamiento habría tenido lugar en la vereda Ajizal (Chocó).

Los jóvenes muertos son Alberto Mario Arias Manjarrés, Luis Armando Campo Mercado, Edwin Enrique Arias Chávez y José Ulises Pérez. Las víctimas fueron reconocidas por sus familiares mediante fotografías tomadas por agentes del CTI durante la inspección a cadáveres.

Maestra Támara fue acusado en los delitos de desaparición forzada agravada, concierto para delinquir agravado y homicidio agravado por los hechos ocurridos el 12 de febrero de 2004. Está detenido en la cárcel de Valledupar.

http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/otros-17-militares-de-falsos-positivos-de-soacha-quedaron-en-libertad-por-vencimiento-de-terminos_7441669-1