Por Humanidad Vigente

La audiencia preparatoria de juicio contra el subteniente del Ejército, Raúl Muñoz Linares, acusado por la Fiscalía de violar 2 niñas y asesinar a una de ellas junto a sus dos hermanitos menores en zona rural de Tame en Arauca, quedó nuevamente suspendida a la espera del pronunciamiento del Tribunal.

Efe

La sentencia alcanza a un teniente y a siete soldados de un batallón del Ejército Nacional implicados en hechos registrados el 14 de marzo de 2006 en la zona rural de Yarumal, (Antioquia).

El Espectador

Se le sindica de ser uno de los responsables del asesinato de 11 jóvenes que fueron hechos pasar como integrantes de grupos armados ilegales.

por Humanidad Vigente

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de no conceder la petición de nulidad de la audiencia preparatoria solicitada por la defensa del subteniente Raúl Muñoz Linares, en el caso de la violación de 2 niñas y posterior homicidio de una de ellas junto a sus hermanitos en zona rural de Tame, Arauca, en octubre de 2010.

Por Humanidad Vigente

Humanidad vigente celebra la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordena
trasladar el proceso contra el subteniente Raúl Muñoz Linares a la ciudad de
Bogotá.

Humanidad Vigente

El señor José Álvaro Torres recibió una llamada al celular de su hija mayor donde le advertían que tenía que salir de Saravena si no quería que le mataran otro hijo. El día anterior, los abogados de Humanidad Vigente, recibieron llamadas intimidatorias.

El jueves 24 de marzo en horas de la mañana, entró una llamada al celular de la hija mayor del señor José Álvaro. Una voz masculina preguntó quién contestaba y luego sentenció: “ah usted es la hija del perro hijueputa, dígale que ya le dimos por donde más le duele y que vamos seguir dándole, no descansaremos hasta matarle otro hijo, tienen que largarse de Saravena, sabemos donde están viviendo”. Don Alvaro y su familia están refugiados temporalmente en el edificio de las organizaciones sociales de Arauca.

A esta amenaza, se suman las llamadas intimidatorias dirigidas a integrantes de Humanidad Vigente el día 22 de marzo. El mismo día en que fue asesinada la Juez que llevaba el caso, doctora Gloria Constanza Gaona, en Saravena Arauca, una integrante de la organización recibió dos llamadas al teléfono de su casa, donde se ordenaba “llevar dos tintos a la oficina de Olga” y 30 minutos después, la misma voz de mujer llamó a ordenar “tres tintos para la oficina de Lucho”.

Olga Silva, abogada titular representante de la víctimas del caso de los niños de Tame, y Luis Alfonso Ruiz, director de Humanidad Vigente, presentaron ante la Fiscalía una denuncia penal formal ante estos hechos intimidatorios que coinciden con el asesinato de la Jueza, con las amenazas a la familia de las víctimas y con los hechos sucedidos semanas anteriores contra potenciales testigos de la comunidad como la judicialización del líder comunal José Toroca, quién desde octubre de 2010 ha participado activamente en la denuncia de lo sucedido con las niñas víctimas de violación y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanitos.

Humanidad Vigente expresa su preocupación ante las versiones oficiales que señalan como móviles del asesinato de la Jueza Gaona los casos de narcotráfico y terrorismo que se adelantaban en su despacho, estas declaraciones dadas por diferentes autoridades pueden distraer y confundir a la opinión pública. De otro lado, se percibe como contradictorio que las autoridades militares y de policía aseguren que la Jueza llevaba complicados casos contra miembros de las Farc y Eln y a su vez no estuvieran brindado la seguridad y protección correspondiente.

Ante la situación de riesgo en la que se encuentra la familia Torres, exhortamos al Ministerio del Interior, Procuraduría, Fiscalía y Defensoría a tomar con urgencia las medidas de protección necesarias.

Así mismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, organizaciones defensoras de derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de los niños, medios de comunicación y opinión pública para que manifiesten su repudio y rechazo contra el asesinato de la valiente jueza Gloria Constanza Gaona y la persecución e intimidación contra la familia y los abogados de las víctimas de este atroz delito en el que fueron violentados todos los derechos de niñas y niños campesinos de nuestro país.

En Arauca no hay garantías judiciales

Desde el mes de noviembre de 2010, Humanidad Vigente, solicitó a través de la Fiscalía 51 de Derechos Humanos, el cambio de radicación del proceso a la ciudad de Bogotá, por considerar que no existían garantías para realizar una debida representación de las víctimas. Este llamado fue negado porque en opinión de la Fiscalía, no se configuraban las causales establecidas por la Ley para decidir positivamente esta solicitud. No obstante, el fue asesinada la Jueza Gloria Constanza Gaona. Así mismo, hoy estamos denunciando las amenazas en contra de la vida e integridad de las víctimas: Don Álvaro Torres y sus hijos sobrevivientes.

Humanidad Vigente, como representante de las víctimas, solicita al Consejo Superior de la Judicatura designar un Juez de Descongestión que adelante este proceso desde Bogotá para evitar actuaciones que entorpezcan el normal desarrollo de la administración de justicia y garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.

En este proceso se observan preocupantes mecanismos de impunidad que Naciones Unidas ha señalado como recurrentes en investigaciones sobre casos de violación a los derechos humanos. El año pasado, la comunidad denunció presiones por parte del Ejército Nacional, el 14 de marzo de 2011 se judicializó a uno de los líderes comunales más activos en la denuncia y rechazo de este crimen. De igual manera, la defensa ha obrado con maniobras dilatorias buscando la libertad del Subteniente Raúl Muñoz Linares por vencimiento de términos.

Humanidad Vigente hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que intervenga como defensor de los intereses de la sociedad de manera contundente y oportuna, ya que a la fecha, tras 5 meses de iniciado el proceso, y a pesar de existir agencia especial para este proceso, no ha tenido actuación alguna que defienda los intereses de la sociedad.

Finalmente, se extiende una respetuosa solicitud a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a la Delegación de la Unión Europea para que conforme a sus mandatos desarrollen acciones de observación y garantías de los derechos de las víctimas de este caso.

Natalia Herrera Durán

Tras el asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona Rangel, los representantes de las víctimas denuncian nuevas amenazas e intimidaciones.

por Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

El pasado 14 de marzo, la Fiscalía 11 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos profirió resolución de acusación contra Rodrigo Antonio Mercado Peluffo alias “Cadena” jefe paramilitar del Bloque Montes de María por dicha masacre, reconociendo dicha acción como crimen de Lesa Humanidad, por las conductas punibles endilgadas, de conformidad con la solicitud presentada por la abogada de la Corporación Colectivo de Abogados, Sandra Gamboa Rubiano.

por Agencia Prensa Rural

La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al ex presidente de la cámara de representantesa César Pérez García, para que responda por la masacre en la que murieron 43 personas en el municipio de Segovia el 11 de noviembre de 1988.
El abogado del excongresista, Dagoberto Charry, había solicitado la práctica de varias pruebas, sin embargo, la Sala Penal se las negó y lo llamó a juicio basándose en los convenios del Derecho Internacional Humanitario.

por Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Los abogados representantes de las víctimas de interceptaciones y persecuciones ilegales que adelantó el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-, le solicitaron al Juez Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, Elkin Alfaro Arbeláez, se traslade a cárceles de jurisdicción ordinaria, a todos los procesados, ex funcionarios de esta agencia de inteligencia y de la UIAF que actualmente están recluidos en instalaciones militares o del DAS.

por El Espectador

“No existe duda alguna de la militancia de Enilse de Rosario López Romero, alias La Gata, en el grupo ilegal de las Autodefensas Unidas de Colombia para los años 2000 y siguientes, y se ha podido demostrar su trato cercano con los jefes máximos de la agrupación paramilitar, colaborando con sus pretensiones ilícitas”. Con estas palabras y por el delito de concierto para delinquir agravado, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a nueve años de prisión a la polémica empresaria del chance en el departamento de Sucre.

por MOVICE

Durante los días 29 y 30 de enero de 2011, delegadas y delegados regionales del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, nos hemos reunido en la ciudad de Bogotá, para reflexionar sobre la situación de los derechos humanos y las políticas adoptadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y sus implicaciones para las víctimas en el país.

Dentro de las bases del Plan de Desarrollo 2010 – 2014 propuesto por el Gobierno y denominado “Prosperidad para todos” se espera un incremento en la extracción de oro que trascienda de 44 toneladas anuales que se producían en el año 2008 a 72 toneladas anuales en el 2014. En 2008 se encontraban adjudicadas 8 millones 400 mil hectáreas a la minería; concesiones que se podrían cuadruplicar afectando principalmente territorios indígenas y afrodescendientes. Se trata de concesiones mineras que destruirán ecosistemas ubicados en
zonas de reserva forestal como el Cerro Sagrado Cara de Perro, nacimientos de agua del río Mazamorras y cerro Negro o páramos como El Almorzadero, Santurbán.

Invitamos al gobierno a conocer, a discutir y concertar las iniciativas de las comunidades urbanas y rurales respecto a las operaciones extractivas, de infraestructura y de agronegocios, propuestas que comprenden mejoramiento de la calidad de vida, de inversión en condiciones de equidad y de respeto a los derechos humanos y los ecosistemas.

Llamamos a la movilización social contra este desastroso proyecto de despojo y explotación de los recursos naturales del país, a boicotear a las empresas transnacionales que pretenden destruir los sistemas ecológicos.
Invitamos a las víctimas y a la sociedad, a decenas de testigos que se encuentran presionados a denunciar judicialmente los nexos de esas empresas y consorcios con los grupos paramilitares.

El MOVICE considera que la voluntad política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se debe materializar en hechos concretos, y no sólo en declaraciones de buenas intenciones. Para ello se requieren acciones tendientes a superar las condiciones de desigualdad social que subsisten en la sociedad colombiana; el desarrollo de una política de paz que incluya el desmonte efectivo del paramilitarismo; la reanudación de diálogos con los grupos guerrilleros; el respeto por el derecho humanitario, la garantía y protección para
las víctimas y organizaciones y el cumplimiento efectivo de los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral.

Paco Simón

El juzgado de instrucción número 46 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, por el espionaje que durante su gobierno realizó en España el servicio secreto colombiano, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contra activistas y organizaciones sociales españoles que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

Agencia Prensa Rural

El ex sub director de fuentes humanas del DAS, Germán Villalba, aceptó ante la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad en los delitos de interceptación ilegal de comunicaciones, concierto para delinquir y abuso de autoridad.

por Justice for Colombia

Un grupo de parlamentarios británicos han reclamado la liberación de presos políticos en Colombia. Los diputados se refirieron específicamente a cinco casos de destacados miembros de la sociedad civil que han sido encarcelados por el régimen en Bogotá sin haber sido condenado por delito alguno.

Adam Isaacson

Late Tuesday, Colombia’s Constitutional Court, part of its Supreme Court, decided by a 6-3 vote to strike down a defense cooperation agreement that Colombia’s government had signed with the United States in October 2009.

por Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado se dirige a la opinión
pública para poner en conocimiento que finalmente, luego de 7 meses de espera
del resultado de apelación interpuesta por la defensa a la resolución de
acusación contra Carmelo Agámez y tras casi 19 meses de privación de la
libertad, el Vice Fiscal General de la Nación ha decido confirmar el llamamiento
a juicio contra Carmelo Agámez Berrio.

De igual manera ordena que el juicio tenga lugar en la ciudad de Sincelejo
(Sucre), en contravía a la solicitud que la defensa realizó por considerar que
no había garantías para la realización del juicio en este departamento.

Recordamos que el 15 de noviembre de 2008, Carmelo Agámez se presentó
voluntariamente en compañía de su abogado a la Fiscalía de Sincelejo, el Fiscal
le tomo la indagatoria y durante tres horas Carmelo insistió en su inocencia.
Pese a ello, el fiscal le impuso medida de aseguramiento. El defensor de
derechos humanos es investigado por el delito de concierto para delinquir por
pertenecer a grupos paramilitares, los mismos que ha denunciado vehementemente y
que lo han declarado en varias ocasiones objetivo militar.

El proceso judicial se caracteriza por sus graves irregularidades. En el mismo
están investigados políticos de la región comprometidos con el paramilitarismo y
denunciados por la comunidad de San Onofre, a varios de ellos se les ha
precluido la investigación y han quedado en libertad. En julio de 2009, el
Fiscal General de la Nación emitió una resolución en la que ordenó llamar a una
investigación penal en contra del fiscal que abrió la investigación contra
Carmelo Agámez por presuntos actos de corrupción y a la vez, ordenó que el
proceso de investigación saliera del departamento de Sucre y en consecuencia,
fuera conocido por el fiscal 28 de la Unidad Antiterrorismo de Bogotá. Esta
decisión fue variada por este último quien decidió devolver el ! proceso a su
lugar de origen.

Pedimos a las autoridades competentes que brinden las garantías procesales a
Carmelo.

A las organizaciones sociales que estén atentas a próximas solicitudes que se
realizaran desde el MOVICE una vez se establezca en que juzgado se llevara a
cabo el juicio.

Finalmente, agradecemos la solidaridad de las organizaciones y personas
expresada hacia el MOVICE y en especial, de nuestro compañero Carmelo y su
familia.

No más montajes judiciales
¡Libertad para Carmelo YA!

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
4 de agosto de 2010

Upside Down World

“The Circle is Closing” is the title of the report just released by Colombian magazine Semana [i]. It refers to how indeed the circle is closing on the Presidential Palace in Colombia, where the headquarters of a “criminal enterprise” involving Colombia’s secret services (DAS), function under the direct orders of President Alvaro Uribe and his advisors. This latest report provides evidence, not only of involvement, but direction, orders and full control from the Presidential Palace and the President’s closest friends and advisors of illegal and criminal operations. This criminal machinery has no parallel in history and a lot is to be unveiled yet. The Government and the President initially denied, then expressed concern and finally indignation at the accusations and against the evidence. The testimonies and documents provided and exposed in this report (and added to the already abundant existing proof) are conclusive.

por BBC Mundo

La Corte Provincial de Sucumbíos, en el oriente de Ecuador, ratificó este lunes una orden de captura contra el ex ministro de Defensa de Colombia y actual candidato presidencial de dicho país, Juan Manuel Santos, quien es juzgado por asesinato tras el bombardeo colombiano a un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano en marzo de 2008.

En dicho ataque, del cual el propio Santos ha dicho sentirse orgulloso de haber liderado, murieron 26 personas, entre ellas uno de los cabecillas de las Farc, ‘Raúl Reyes’, y el ecuatoriano Franklin Aisalla.

La Corte de Sucumbíos confirmó el pedido de captura, al resolver una apelación presentada por el abogado Wálter Lombeida, defensor de oficio de Santos.

Piden extradición

Durante la audiencia, la Fiscalía ecuatoriana señaló que insistirá ante la Corte Nacional de Justicia, el mayor tribunal de justicia del país, para que tramite la extradición de Santos por medio de la Cancillería ecuatoriana.

Santos y los generales colombianos Freddy Padilla, jefe de las Fuerzas Militares; Óscar Naranjo, jefe de la Policía; y Mario Montoya, ex comandante del Ejército, habían sido acusados por el fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, como autores de asesinato al haber dirigido el bombardeo.

El ataque a Angostura produjo el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, al ser calificado por Quito como una violación a la soberanía ecuatoriana.

Colombia ha pedido que se deje sin efecto el juicio en contra de las cuatro autoridades colombianas por el caso Angostura como una de las condiciones para poder normalizar las relaciones con Ecuador.