Verdad Abierta

Este lunes en tres lugares del país, conectados con sistemas de video, se dará inicio a una nueva fase del proceso con los paramilitares: la primera audiencia colectiva de reparación de daños. Un experimento con pocos antecedentes en el mundo.

Mampuján quedó deshabitado hace exactamente 10 años y hoy es un pueblo fantasma. Las 180 familias huyeron en estampida en una noche de terror. El vicefiscal Fernando Pareja (en la foto de barba y gorra), quien le ha dado un nuevo impulso al proceso de Justicia y Paz, recorrió el lugar y sostuvo reuniones con las víctimas.

La Corte Penal Internacional lleva ya 12 años operando y aún no ha logrado llevar a juicio ninguno de sus casos. El vicefiscal Fernando Pareja trae el dato a cuento para dar una idea de la importancia que tiene la audiencia de reparación que comienza este lunes en Bogotá, en conexión vía videoconferencia con Mampujancito, población de los Montes de María, y con Cartagena.

Después de cinco años de comenzar a poner en práctica la Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de más de 33.000 paramilitares, con este caso se abre la última etapa del proceso.

Esta es una audiencia inédita en el país. Se trata de que las víctimas debatan con sus victimarios cómo van a reparar el daño que les causaron. En este caso son 1.456 personas las que se han identificado como víctimas. Y una vez termine la audiencia de reparación, que se estima dure dos semanas, los magistrados tendrán un mes para entregar la sentencia.

¿En qué consiste el caso? ‘Diego Vecino’, comandante del bloque Héroes de los Montes de María, había sido secuestrado por el ELN. Y estaba convencido de que lo habían mantenido cautivo cerca de Mampuján. Un corregimiento de Marialabaja, Bolívar, en donde según los recuerdos de una veintena de sus nativos, vivían 180 familias. “Era un pueblo del que quien llegaba quedaba enamorado. Buena ‘atendencia’, buena comida, buena dormida”, cuenta uno de los abuelos. “Uno llegaba en cualquier día de la semana y uno se preguntaba si había fiesta por la alegría de los jóvenes anota otro. Nos reuníamos a recitar las décimas, tomábamos ron y conversábamos”.

A las 7 de la noche del 10 de marzo del año 2000, un grupo armado al mando de Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, llegó, ordenó a todos reunirse en la cancha de fútbol y formarse en fila india. Uno a uno fueron pasando para ser examinados por alguien que tenía su rostro cubierto con un pasamontañas. Al parecer, no encontraron a quien buscaban. Y tres horas después, antes de irse, advirtieron: “Si cuando volvamos mañana hay alguien en este pueblo, se muere”. De inmediato todos huyeron en estampida. Tres semanas antes en un corregimiento vecino, El Salado, habían caído papeles de un helicóptero que anunciaban la muerte y luego se dio una de las masacres más cruentas del país.

Tomaron a siete hombres de la población como rehenes y guías. Al grupo de ‘Cadena’, que estaba conformado por 60 hombres armados, se le unieron otros 90 en Mampuján que venían de San Juan Nepomuceno al mando de alias ‘el Gallo’ y de alias ‘Amaury’, subalternos de ‘Jorge 40’ y Salvatore Mancuso.

Los habitantes dejaron abandonadas sus pertenencias. Los siete guías fueron dejados en libertad en la madrugada. Los paramilitares iban en busca del supuesto campamento en el que había estado secuestrado ‘Vecino’ y en donde murió su escolta, un oficial retirado de la Infantería de Marina. Según Úber Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, cuando llegaron a Las Brisas no encontraron el campamento, ‘Cadena’ montó en cólera y dio la orden de sacar a las personas de sus casas. Asesinaron a 11 hombres, entre ellos dos hermanos y su padre y otros tres hermanos.

Por estos hechos, la fiscal Yolanda Gómez Martínez le formuló cargos a Edwar Cobos Téllez, jefe del frente Montes de María, y a Úber Bánquez Martínez, del frente Canal del Dique. Ellos dos, ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ estarán presentes en la audiencia. Los demás 160 hombres armados que participaron no han sido capturados. Esta audiencia marcará el derrotero de cómo se harán muchas otras en el futuro. El vicefiscal Pareja, quien en los últimos meses le ha dado un gran impulso a este proceso, espera que puedan citar otras cinco más este año. De ser así, el proceso de Justicia y Paz, que parecía estancado, tomaría nuevos bríos.

En esta audiencia no solo se decidirá cómo los dos paramilitares van a reparar este daño colectivo, sino que se determinará el compromiso que tiene el Estado. En la audiencia estarán presentes la Gobernación de Bolívar, el presidente de la Asamblea, el alcalde de Marialabaja y todas las autoridades encargadas del tema de reparación en el país, para definir su participación.

“Casi me atrevería a decir que esa experiencia de reparación colectiva como la que vamos a comenzar en Colombia son contadas en el mundo. De lo que conozco, estaría el caso de Marruecos, el actual príncipe escogió algunos casos para hacer reparación, o el de Alemania con Israel, que era en dinero. Lo de Sudáfrica más bien fueron ceremonias de sanación social pero no de reparación del daño”, concluyó Pareja.

Human Rights Watch

Government must Protect Civilians, Prosecute Groups’ Members and Accomplices

Colombia needs to respond effectively to the violent groups committing human rights abuses that have emerged around the country in the aftermath of the flawed demobilization of paramilitary groups, Human Rights Watch says in a report released today (3 Feb 2010).

Human Rights Watch

Colombia debe responder de manera efectiva frente a los violentos grupos que están cometiendo abusos contra civiles y que han surgido a lo largo del país luego de la deficiente desmovilización de los grupos paramilitares, señala Human Rights Watch en un informe difundido en el día de hoy (Febrero 3, 2010).

En menos de dos días el congreso de la República aprueba dos leyes con las que, una vez más, socava los derechos de las victimas y favorece la impunidad en el país.
El proyecto de ley fue aprobado por un Congreso que adolece de una profunda crisis de ilegitimidad, en un ambiente que negó las más mínimas garantías para el debate y la deliberación, desconociendo frontalmente el querer de las víctimas y de sus organizaciones, así como los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Para que ayude a esclarecer los miles de crimenes que cometió, el gobierno suspendió por seis meses la extradición a Estados Unidos de Éver Veloza, alias H.H. El ex paramilitar ha dicho que quiere colaborar con la verdad y la ley de Justicia y Paz, antes de irse.

www.semana.com
Fecha: 08/13/2008 –

Durante una reunión entre el presidente Álvaro Uribe, el fiscal general Mario Iguarán expresó inquietud por la la eventual autorización del ejecutivo a la extradición del desmovilizado paramilitar Éver Veloza, alias ‘H.H’, a los Estados Unidos.

La preocupación de Iguarán obedece a que el ex jefe paramilitar del Bloque Bananeros en Urabá y Bloque Calima en el Valle del Cauca, aún tiene mucho qué contar sobre masacres, muertes, fosas y vínculos entre políticos con paramilitares.

En varias oportunidades (incuida una entrevista con Semana.com que puede ver más abajo) ‘H.H’ dijo que si era extraditado se quedarían sin resolver verdades sobre los más de diez años en que los paramilitares dominaron extensas zonas rurales del país. Según decía el desmovilizado, si él se iba, la verdad también.

Ante la inquietud de Iguarán, el presidente Uribe decidió aplazar por seis meses la extradición de “H.H”. Un tiempo que bien aprovechado puede servir para esclarecer tantos crímenes y abusos sobre los que la víctimas áun esperan respuestas.

Desde que fueron extraditados a Estados Unidos los principales jefes paramilitares el pasado 13 de mayo, ninguno ha colaborado con la Ley de Justicia y Paz en Colombia, pese a las declaraciones de buenas intenciones de algunos.

Los gobierno de Colombia y Estados unidos también han dicho que están buscanod mecanismos para lograrlo, pero hasta ahora no se ha concretado una forma jurídica viable dentro del sistema judicial norteamericano.

Recientemente, el desmovilizado paramilitar había hablado con Semana.com sobre sus intenciones de seguir declarando en el proceso de Justicia y Paz.