MOVICE

Denuncia Pública: Civiles armados en Sucre intimidan a Julia Torres, lideresa social e integrante del MOVICE, El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
MOVICE, los Capítulos Sucre y Atlántico, la empresa comunitaria La Alemania y las comunidades de La Lucha, Arroyo Arena y La Loma en San Onofre, Sucre, denunciamos la intimidación en contra de la Sra. Julia Torres el 28 de mayo 2013 y dado los antecedentes graves en su contra, solicitamos de manera urgente que la comunidad nacional e internacional la acompañe.

Hechos:

El día 28 de mayo 2013 seis hombres vestidos de civil, por lo menos dos armados con armas cortas, entraron en la finca donde trabaja la Sra. Mirian Julio,
preguntando de manera intimidante por la Sra. Julia Torres Cancio y su finca, la
Veinte.

El día 23 y 25 de mayo 2013, familiares de la Sra. Torres notaron la presencia de
personas desconocidas, vestidas de negro, pasando por la finca y cerca de la casa de la Sra. Torres.

Antecedentes:

La Sra. Torres es representante legal de la Empresa Comunitaria Alemania,
organización de campesinos desplazados en proceso de retorno a la finca la
Alemania, San Onofre, Sucre y viuda del líder del retorno Rogelio Martinez.

El Sr Martínez fue asesinado el 18 de Mayo 2010 a las 6.30 pm, por 7 hombres
fuertemente armados, vestidos de negro y con el rostro cubierto, cerca de su
residencia ubicada en la finca la Alemania en el sector del Veinte; el mismo lugar
donde se encontraron los hombres armados en este nuevo hecho.

La presencia de los civiles armados tuvo lugar después de que el día 23 de mayo de 2013, los miembros de la Infantería de Marina que realizaban controles perimetrales de manera permanente en el predio la Alemania se retiraron de la Finca, sin ninguna notificación oficial a la comunidad ni a las organizaciones acompañantes. En el momento de la retirada de la tropa, la Sra. Torres se dirige al cabo que coordinaba el pelotón para preguntarle el motivo de su retiro y este responde que eran ordenes de arriba.

Contexto:

El predio de la Alemania, es un bien colectivo que consta de 553 hectáreas
tituladas como un bien común y proindiviso por el antiguo INCORA a 53 familias del municipio de San Onofre Sucre en el año de 1997. Los campesinos lograron trabajar las tierras hasta el año 2000, fecha en que se dio la primera incursión
paramilitar del Bloque Héroes de los Montes de María quien tenían su centro de
operación en el municipio de San Onofre, desde esa fecha la población campesina se desplazó forzadamente de su territorio por las violaciones a los derechos humanos perpetrados por este grupo que dejo 14 personas asesinadas y una desaparecida, todas ellas socios de la Empresa Comunitaria la Alemania. Desde esta fecha hasta el 2005 Rodrigo Mercado Peluffo alias Cadena comandante del grupo paramilitar Héroes de los Montes de María se apoderó de la finca.

En el año de 2006 y después de la salida de los paramilitares del predio, el Sr.
Rogelio Martínez, representante legal de la empresa comunitaria Alemania y otras familias de la Alemania deciden retornar voluntariamente a su territorio.

En el año de 2008 empiezan las amenazas e intimidaciones contra el Sr. Martínez, llegando al número de 23 agresiones dirigidas contra él por las acciones que realizaba en la defensa de su territorio.

En 2010 la Sra. Julia Torres y a su familia fueron otorgados medidas cautelares en 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Exigimos:

Al estado y gobierno colombiano:

-La permanecía de los controles perimetrales por parte de la fuerza pública en la
finca Alemania, el sector de la Lucha, Arroyo Arena y La Loma, ubicadas en el
municipio de San Onofre ya que la comunidad está denunciando la permanencia de personas extrañas en estos lugares.

-Que se activen de forma inmediata la implementación de las medidas de protección de la familia de Julia Torres y Rogelio Martínez en el marco de las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
-Que se activen todas la recomendaciones emitidas por la Corte Constitucional en el marco de la sentencia T-211/10 donde declara la situación de desplazamiento forzado a la comunidad de la Finca la Alemania por el sin número de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos contra esta comunidad campesina.

-Que se acelere el proceso de investigación del asesinato de Rogelio Martínez,
representante legal de la finca Alemania y que se conozca la verdad de los hechos,se aplique justicia y reparación integral a su familia como a la comunidad a la cual pertenecía.

Por favor dirigirse a:

Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26, Palacio de Nariño, Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 596 0631
E-mail: buzon1@presidencia.gov.co

Eduardo Montealegre
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01, Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 570 20 00 Ext 1113; (+57 1) 414 90 00
Email: luis.montealegre@fiscalia.gov.co, contacto@fiscalia.gov.co,
denuncie@fiscalia.gov.co, ricardo.gonzalez@fiscalia.gov.co

Andrés Villamizar, Director, Unidad Nacional de Protección
Dirección de correspondencia:
Avenida Calle 26 No. 59-41/65 Bogotá D.C. Colombia
PBX: (571) 4269800
andres.villamizar@mininterior.gov.co
twitter: @villamizar

Juan Carlos Pinzón Bueno
Ministro de Defensa
Avenida El Dorado con Carrera 52, CAN, Bogotá D.C.
Tl: (+ 57 1) 222 1874, +571 315 0111 Ext 3301, (+57 1) 266 1003

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE

31 de mayo 2013

www.movimientodevictimas.org

MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crimen es de Estado, MOVICE,
denuncia la ejecución extrajudicial del campesino MANUEL ENRIQUE MARTÍNEZ CARDONA, en Tierra Alta, Córdoba, el 5 de mayo 2013.

El Sr. Martínez Cardona fue atacado por el Ejército Nacional,en el corregimiento de la Osa, municipio Tierra Alta, Cordoba, en horas de la mañana el día 5 de mayo, resultando gravemente herido. Falleció hacia las 4 a.m. del 6 de mayo en el hospital de Tierralta, Córdoba.Esta acción militar, que constituye otro ataque
indiscriminado contra la población civil, tuvo lugar luego de la Acción Humanitaria
y solidaria emprendida para la protección y promoción de los Derechos Humanos los días 26 y 27 de abril, llevadas a cabo en el corregimiento de Crucito.

Es de resaltar que la Acción Humanitaria, desde la preparación de la misma, fue
estigmatizada y atacada por la fuerza pública, por autoridades civiles de la
región. De esta forma, se niega el derecho a la defensa y protección de los
Derechos Humanos y a la libre expresión.

Nos parece aberrante, que en el marco de los diálogos de paz, el Ejercito Nacional siga atacando a la población civil y sin que se pronuncie el gobierno nacional.

Este asesinato se suma a los de Elver Cordero, el 9 abril y Ermes Enrique Vidal
Osorio, el 23 de marzo, también en el departamento de Córdoba. Estos dos fueron reclamantes de tierra.

Exigimos:

Que las autoridades estatales realicen una investigación de los hechos, para
asegurar que los militares responsables de ordenar esta acción militar contra la
población civil estén juzgados y condenados.

Que el gobierno se pronuncie contra las acciones que el Ejercito Nacional sigue
realizando contra la población civil.

Que las organizaciones nacionales e internacionales se comuniquen con las
autoridades, para exigir que estas exigencias se cumplan.

Dirijanse a:

Presidente Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26, Palacio de Nariño, Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 596 0631
Email: buzon1@presidencia.gov.co , comunicacionesvp@presidencia.gov.co

Angelino Garzón
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

Fax: (+57 1) 596 0651

Teléfono: +571 334 4507

Email: comunicacionesvp@presidencia.gov.co
contactovicepresidencia@presidencia.gov.co ppdh@presidencia.gov.co

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
14 mayo 2013

MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, denuncia la amenaza y falso señalamiento contra Argemiro Lara e Ingrid Vergara, ambos integrantes del MOVICE capitulo Sucre además de los demás integrantes del proceso de retorno a la finca La Europa, Ovejas, Sucre.

La amenaza se encontró en varios panfletos difundidos en la finca La Europa, el día 9 de mayo de 2013, los cuales acusan al Sr. Lara de ser tercer comandante del grupo guerrillero PRT, y se refieren a Ingrid como su mano derecha. Además señala que el comité de Argemiro está integrado por personas que vienen trabajando el caso de la Europa, y el cual incluye a miembros de la guerrilla, acusación que carece de fundamento alguno.

Es también de preocupación que la amenaza cita detalles del esquema de seguridad del. Sr. Lara, tal y como lo relacionado con el chaleco antibalas, lo que pone en riesgo su vida, y da cuenta acerca de los niveles de información que manejan quienes ejecutan estas amenazas sobre los sistemas físicos de protección.

Contexto:
Esta amenaza es la segunda que recibe Ingrid Vergara en menos de dos semanas. El día 30 de abril llegó al celular de su hija, Cendy Torres Vergara, una amenaza que decía: “hola perra mataron a tu mama jajajaja“ enviado desde el celular número 3015887494.

El Sr Argemiro, la Sra Vergara y demás miembros de la comunidad de la Europa han sufrido una serie de amenazas y hostigamientos sistemáticos desde el 2011.

Muchos de los abusos cometidos en contra de integrantes del Movice en esta región del país han sido perpetrados por miembros de la fuerza pública, y por el
administrador de la empresa Arepas Don Juancho, que adquirió parcelas de la finca de manera ilegal en 2008, y ha venido presionando a los demás dueños de estos territorios desde ese entonces. Por ejemplo, la comunidad ha sido objeto de grabaciones ilegales por parte de la Policía y se han reportado tomas ilegales de fotografías por parte de representantes de la empresa Arepas Don Juancho además del porte ilegal de armas por los mismos. Además de las amenazas por parte de grupos paramilitares y la quema de varias casas.

La situación de amenazas contra el Capítulo MOVICE en Sucre, departamento donde se ubica la finca La Europa, conllevó a que el 8 de noviembre 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH otorgara medidas cautelares a 17 miembros de sus miembros, entre ellos, a Ingrid Vergara.

Exigimos:
Que las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía y el SIJIN, realicen una
investigación de esta amenaza y demuestren resultados concretos.

Que la Unidad Nacional de Protección garantice la seguridad del Sr. Lara y la Sra.
Vergara, y los demás integrantes del proceso de retorno a La Europa y el Capítulo Sucre del Movice, garantías que no se están llevando a cabo.

Que las organizaciones nacionales e internacionales se comuniquen con las
autoridades colombianas, para exigir que cumplan con las acciones arriba
mencionadas.

Por favor diríjanse a:
Angelino Garzón
Vicepresidente de la República (Encargado del Programa presidencial por los derechos
humanos)
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
Fax: (+57 1) 596 0651
Teléfono: +571 334 4507
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co
contactovicepresidencia@presidencia.gov.co ppdh@presidencia.gov.co

Eduardo Montealegre
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01, Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 570 20 00 Ext 1113; (+57 1) 414 90 00
Email: luis.montealegre@fiscalia.gov.co, contacto@fiscalia.gov.co,
denuncie@fiscalia.gov.co, ricardo.gonzalez@fiscalia.gov.co

Andrés Villamizar, Director, Unidad Nacional de Protección
Dirección de correspondencia: Avenida Calle 26 No. 59-41/65 Bogotá D.C. Colombia
PBX: (571) 4269800 andres.villamizar@mininterior.gov.co
twitter: @villamizar

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

10 mayo 2013

por MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, Capítulo Sucre, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional y las autoridades nacionales una nueva amenaza que atenta contra la integridad física de la defensora de derechos humanos y secretaria técnica del MOVICE Capítulo Sucre INGRID VERGARA y su familia.

HECHOS

El día 30 de abril de 2013 a las 6:28 de la tarde al celular número 3015887494 perteneciente a CENDY TORRES VERGARA hija de INGRID VERGARA llegó un mensaje de texto cuyo contenido es el siguiente: “hola perra mataron a tu mama jajajaja” (negrilla nuestra). Situación que vulnera la integridad física y psicosocial de la defensora de derechos humanos y su familia.

ANTECEDENTES

El Capítulo del MOVICE Sucre, surge como una apuesta que se niega a la impunidad y al anquilosamiento del paramilitarismo en la vida política, económica y social del departamento. Se conforma desde las experiencias de organizaciones de derechos humanos, sociales y de oposición política del departamento, que por décadas han sido exterminadas por el accionar del paramilitarismo en el departamento.

A raíz del trabajo de denuncia y visibilización de la infiltración paramilitar en el poder político local y regional, las agresiones y amenazas en contra de los integrantes del MOVICE Capítulo Sucre han sido constantes. El MOVICE ha podido recopilar más de 130 agresiones contra sus integrantes en Sucre desde su conformación en 2006, entre las que figuran atentados, asesinatos a personas protegidas, allanamientos ilegales, amenazas directas, amenazas a familiares, montajes judiciales, detenciones, señalamientos e intimidaciones. Las personas que han desarrollado un trabajo destacado dentro del Capítulo se encuentran en una situación en la que seriamente corren riesgo sus vidas e integridad física.

Situación esta que obligó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH a otorgar el día 8 de noviembre de 2006 medidas cautelares a 17 miembros del MOVICE Sucre, entre ellos, a INGRID VERGARA.

DENUNCIAMOS:

por MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE- Capítulo Valle del Cauca, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Valle del Cauca – CSPP-, la Asociación para la Investigación y Acción Social – NOMADESC, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia-SINTRAUNICOL Subdirectiva Cali, el Colectivo Memoria Viva, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional las amenazas contra Héctor Enrique Martínez quien pertenece al MOVICE Capitulo Valle del Cauca.

Hechos:

· El día 13 de abril de 2013, en la carrera 40 con calle 39 a las 9:30 p.m. del barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali, el señor Héctor Martínez fue interceptado por dos sujetos en moto, usando casco, con la placa de la moto levantada para evitar ser identificados, quienes le dijeron “deje de estar influenciando a la comunidad para que denuncie los abusos de autoridad de la policía, le va a pasar lo mismo que le paso a su hijo”.

· El día 29 de abril de 2013, en calle 39 con carrera 45, cerca de las 12:00 M. en el barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali, nuevamente fue interceptado por dos sujetos en moto, usando casco, con la placa de la moto levantada para evitar ser identificados y quienes le repitieron nuevamente la amenaza.

Antecedentes:

HECTOR FABIO MARTÍNEZ REYES hijo de HECTOR MARTÍNEZ, fue asesinado por miembros de la policía Nacional adscritos a la estación el Diamante, el 26 de mayo de 2012, en el barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali. Los miembros de la fuerza pública alteraron la versión de los hechos y hasta la fecha la Fiscalía General de la Nación no ha presentado resultados concretos en la investigación que adelanta por estos hechos.

Su padre el señor HECTOR MARTINEZ, realizó una caminata de Cali hasta Bogotá con el propósito de denunciar, visibilizar y exigir justicia. También ha realizado múltiples acciones encaminadas a la búsqueda de justicia en este crimen que se encuentra en la impunidad.

Solicitudes:

MOVICE- Capitulo Valle del Cauca

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Valle del Cauca –CSPP-

Asociación para la Investigación y Acción Social –NOMADESC

MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE Capítulo Sucre, denuncia una vez más nuevos actos de amenazas e intimidaciones en contra de varios miembros de la Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar al igual que en contra del congresista IVAN CEPEDA CASTRO e INGRID VERGARA CHAVEZ, secretaria técnica del Movice, Capitulo Sucre

Hechos:

El día 11 de marzo 2013 a las 10:30 PM la defensora de Derechos Humanos y miembro de la mesa de Víctimas del municipio del Carmen de Bolívar MARY LUZ VASQUEZ recibió un mensaje de texto a su celular número 3106201760 proveniente del celular número 31267870. El mensaje expresaba:
“guerrilleros GUSTAVO FGARDO MARILUS RONAL LUIS ALFREDO ROBINSON CASTILLA MARQUEZA MRIVEL SIGUEN DENUNCIANDO Y COBRANDO VACUNAS PARA IVAN CEPEDA Y INGRI Y LAS PLATAS LAS LLEVAN LOS GUERILLEROS NAYIVI EL SAPO DE EDGARDO CON MARILUZ CREEN QUE EL EXPARACO DEL PERSONERO LOS BA HA SALBAR EL REMEDIO PARA USTEDES ES LA MUERTE YA ESTAMOS EN EL PRADO AORA LAMEN A LA POLICIA SI ELLOS ESTAN CON NOSOTROS Y BAMOS POR TODOS USTEDES LLAMEN A IVAN CEPEDA O A INGRI”.

El día 14 de marzo de 2013 en horas de la noche a las 8 y 53 de la noche, la defensora de derechos humanos e integrante de la Mesa de Víctimas del municipio del Carmen de Bolívar MARY, LUZ VASQUEZ, recibió un mensaje de texto amenazante a su celular número 3106201760; el mensaje fue enviado desde el celular número 3126787072. Dice lo siguiente:

“MALPARIDOS GUERRILLEROS NO HAN HECHO CASO PERO NO PASARAN DEL CATORCE DE MARSO EDGARDO MARILUS MARIVEL LUIS ALFREDO ROBINSON CASTILLA MARQUESA RONAL GUSTAVO NAYIVI O SUS HIJOS SANGRE EN EL CARMEN”.

Antecedentes

La Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar fue creada en 17 de febrero 2012. Es un espacio de coordinación de las victimas para la exigencia de Derechos en el marco de la ley 1448 y su capítulo sobre la Restitución de Tierra, desde su existencia varios de sus miembros han sufrido varias amenazas, las cuales han sido denunciadas ante las autoridades competentes sin que hasta el momento se den ningún resultados sobre las investigaciones realizadas. A continuación citamos estas amenazas.

El día 20 de febrero del 2013, a las 09:38 a.m., MARILUZ VASQUEZ recibió un mensaje de texto del celular 3126575791 a su número privado 3106201760. El mensaje dice:

“HOLA GUERRILLEROS LO QUE FALTA ES QUE SE SIENTEN EN LA MESA DE DIALOGO EDGARDO MARILUZ MARIVEL MARQUESA ROBINSON RONAL GUSTAVO LUIS ALFREDO QUE SON LOS QUE PIDEN VACUNAS EN TODOS LOS MONTES DE MARÍA COMANDADOS POR CEPEDA HAY QUE SALIR DE USTEDES”.

El día 6 de marzo 2013, varios miembros de la Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar se dirigían hacer un acompañamiento a las víctimas al corregimiento de San Isidro municipio del Carmen de Bolívar y además estaban con dos funcionarios de la personería del municipio del Carmen de Bolívar. En ese momento entró un mensaje al celular de MARILUZ VASQUEZ número 3106201760 el mensaje de texto decía “EDGARDO, MARYLUZ, RONALD, MARIVEL, MARQUEZA, ROBINSON, LUIS ALFREDO, ROBINSON CASTILLA, MARQUEZA GUERRILLEROS NO QUIEREN ENTENDER QUE NOSOTRSO SOMOS LOS QUE MANADAMOS EN LA ADMINISTRACION QUIEREN MUERTE YA VEMOS O NOS TOCARA CAMBIAR AL PERSONERO, QUE ESTA CON USTEDES, SABIENDO QUE EL TIENE QUE HACER LO QUE NOSOTROS DIGAMOS”.

MARILUZ VASQUEZ llamó de inmediato a los demás acompañantes de la misión, para contar lo que pasaba. Estando en el desarrollo de la actividad en el municipio de San Isidro Labrador, recibieron el segundo mensaje de texto del mismo número donde llegó la llamada anterior que decía “ESGARDO, MARYLUZ, RONALD, MARQUEZA, EL PERSONERO EL TORCIDO ESE QUE QUIERE HECER DIGALE QUE SALVE A LOS TRES QUE VAMOS A MATAR HOY O A TRES DE SUS HIJOS TENEMOS QUE ACABAR CON USTEDES GUERRILLEROS, HOY EMPIEZA LA GUERRA BUSQUENSE EN FACEBOOK COMO ESTAN UNIFORMADOS DE LAS FARC. MARYLUZ VASQUEZ”. Se comunicó enseguida con varios miembros de la Mesa de Víctimas y les informó lo ocurrido. De igual manera los funcionarios de la personería que acompañaban la misión se comunicaron con las autoridades las cuales les dijeron que abandonaran el lugar, pues según ellos, no había seguridad para ellos en el sitio.

Exigencia:

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Capitulo Sucre, ve con mucha preocupación la grave situación de seguridad por la cual atraviesan los miembros de la Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar y el Movice, así como los procesos que ellos acompañan en defensa del territorio y los Derechos Humanos.

De igual manera hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes encargadas de la protección de estos defensores y defensoras de derechos humanos a que se les brinde las medidas de protección necesarias para el libre desarrollo de sus actividades de acompañamiento a víctimas, medidas que deben ser acordadas con los beneficiarios.

También hacemos un llamado urgente a los entes encargados de investigar a que se realicen las acciones pertinentes para investigar, judicializar y sancionar a las personas o grupos que han estado amenazando la labor de estos defensores de derechos humanos.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capìtulo Sucre

MOVICE

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia ante los organismos de control, la comunidad nacional e internacional y las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos las violaciones de derechos humanos que se dieron el miércoles 13 de marzo de 2013 al rededor de las 10:08 am, en donde se produjo una fuerte explosión frente a la sede de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), organizaciones Defensoras de Derechos Humanos que hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE), en el departamento de Norte de Santander.

Aproximadamente a las 7:00 am, cuando Olga Quintero, miembro de junta directiva de la asociación, llegaba a la oficina; se percató de ser vigilada por un hombre que conducía una motocicleta negra y portaba un casco integral que le cubría el rostro, quien hablaba por celular mientras la observaba. Pero en el momento que el individuo se dio cuenta de que ella lo había visto, dejó de hablar por teléfono y disimuló. Lo cual hace suponer que podría tratarse de un seguimiento por parte de actores armados ilegales, momentos antes de la detonación.

Posteriormente, dos hombres en una motocicleta RX 115 negra, pese a la prohibición de “parillero” que rige en la ciudad de Cúcuta debido a los altos índices de inseguridad y sicariato, pasaron a baja velocidad frente al inmueble donde funcionan las dos Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos y arrojaron un explosivo de bajo poder contra la reja de la casa, el artefacto rebotó y explotó aproximadamente 3 segundos después de ser lanzado, mientras los motorizados se alejaron a gran velocidad hacia la avenida Guaimaral.

Aunque no hubo daños físico o materiales que lamentar, en la sede ni en las viviendas vecinas, los miembros de las organizaciones si consideran que la situación no ha sido fortuita ni casual y que obedece al accionar del paramilitarismo en la ciudad de Cúcuta. “Por supuesto entendemos que, esta situación, tiene que ver con nuestro trabajo en defensa de los Derechos Humanos en la región del Catatumbo, el impulso de la Constitución de una Zona de Reserva Campesina, lo cual ha sido una propuesta estigmatizado desde el mismo Ministerio de Defensa”.

Desde el día de ayer, se viene desarrollando la asamblea general del equipo ejecutivo de la Junta Directiva de ASCAMCAT y la mayoría de los directivos se encontraban en el interior del inmueble en el barrio Ceiba 2 de Cúcuta en el momento en que se presentaron lo hechos, cabe resaltar que varios de ellos cuentan con medidas de protección por parte del Ministerio del Interior y Justicia, entre ellos: José del Carmen Abril, Juan Carlos Quintero, Guillermo Antonio Quintero y Olga Lucía Quintero.

“Debido al accionar paramilitar en la ciudad de Cúcuta, tememos por nuestras seguridad ya que, uno de los modos en que actúan es arrojando granadas al interior de las casas para acabar indiscriminadamente con cualquier persona que se encuentre allí en ese momento”.

“Es más preocupante aún si tenemos en cuenta, que debimos insistir por espacio de 20 minutos para poder contactarnos con la policía; si las respuesta de las autoridades no es eficaz, el riesgo de para nosotros es mayor”. Así lo aseguró uno de los voceros de la asociación que se encontraba allí en el momento en que se presentaron los hechos.

Después de varios intentos a la lineas 112 y 123, pudieron comunicarse con la Policía Nacional y luego de 40 minutos de hacerse presentado los hechos, acudieron al sitio varios agentes de policía para apersonarse de la situación. El Teniente Coronel Zapata de la policía Metropolitana de Cúcuta, arribó también a la sede de la asociación para atender directamente la situación y ofreció medidas de protección para la oficina.De la misma manera, el Capitán Torres, de la MECUC y agentes especialistas en explosivos inspeccionaron los restos que dejó la explosión.

Cabe anotar que este no es el primer incidente de seguridad que del que son víctima los miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo, ni el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. El pasado 7 de Enero, de este año, en el municipio de Ocaña, 2 desconocidos que se movilizaban en motocicleta, en un intento claro de atentar contra sus vidas, persiguieron e intentaron colocar una granada en la parte delantera del carro donde se movilizaban Olga Quintero, Juan Carlos Quintero y Guillermo Antonio Quintero, miembros todos de la Asociación.

ASCAMCAT y la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, solicitan la atención de la comunidad internacional para que trasladen su preocupación a las autoridades colombianas, demandándoles garantías de seguridad para los miembros de la asociación y de la CCALCP. Así mismo responsabilizan al Estado Colombiano por cualquier atentado o incidente de seguridad que se presente contra los miembros.

Exigimos al Gobierno Nacional

1. Tomar las medidas necesarias en aras de garantizar y proteger los derechos fundamentales de los y las integrantes de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP) y en general de los miembros del Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE), en el departamento de Norte de Santander.
2. Que la Fiscalía General de la Nación y demás organismos de control investiguen los hechos acá denunciados y se individualicen a los responsables. con el fin de iniciar un camino eficaz para la superación de la impunidad.

Solicitamos a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos.

1. A la comunidad internacional. Enviar cartas a las diferentes instituciones locales y nacionales en apoyo al trabajo de los Defensores de Derechos Humanos y hacer un monitoreo constante de lo que pasa en el día a día en el departamento de Santander.
2. Se continúe con el seguimiento y los monitoreos frente a la gravísima situación de derechos humanos por el que atraviesan los y las defensoras de derechos humanos en Colombia.
3. Exigir al Gobierno Colombiano una respuesta frente a las investigaciones que se han hecho en cuanto a las violaciones de derechos humanos contra organizaciones y miembros que hacer parte del MOVICE.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
MOVICE

El movimiento de Victimas de Crímenes de Estado capitulo Sucre, la Asociación de trabajadores agropecuarios y campesinos del departamento de Sucre ASOTRACDES-FENSUAGRO y las comunidades de: Pedregal, Damasco, Villa Colombia, Medellín, El Campin, La Conquista, el Charcón, La Represa, La Coquera, las Babillas, Oso, San Francisco, Loma el Banco, Noche Oscura, Borrachera, Capiro, Mira Mar, Los Andes, La China, Sabaneta, La Represa ubicadas en el municipio de Ovejas denunciamos los siguientes hechos:

Desde el día 26 de febrero de 2013, a las 3 de la tarde, las comunidades campesinas descritas con anterioridad, todas ellas desplazadas por la violencia y retornadas, se encuentran sin el servicio de anergia eléctrica. Dada esta circunstancia y después de haber agotado todos los recursos de diálogo y conversación con los entes encargados de suministrar este servicio público, y al no encontrar ninguna respuesta después de 15 días sin energía eléctrica, las comunidades decidieron realizar una protesta pacífica en la Trocal del Caribe en el lugar llamado el restaurante el cura a 7 kilómetros del municipio de Ovejas; la protesta empezó en horas de la tarde.

Estando los campesinos en el lugar aproximadamente a las 3 de la tarde, llegaron el grupo de escuadrones de antidisturbios ESMAD, disparando gases lacrimógenos sin ninguna consideración, golpeando e hiriendo a muchos de los campesinos que se encontraban de manera pacífica en el lugar de la protesta. Denunciamos de igual manera que en esos momentos el bus escolar del municipio de Ovejas que transportaba estudiantes a esa hora, iba pasando por el lugar de los hechos, situación que los miembros del ESMAD no respetaron y los jóvenes y niños que se trasportaban en el vehículo recibieron lesiones por el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos. Los miembros del ESMAD que se transportaba en moto ingresaron de forma violenta a las casa de los campesinos de la vereda el Palmar y Pedregal, sacando a golpes a los campesinos acusándolos de ser guerrilleros y “gonorreas hijueputas”.

Exigencias:

El movimiento de Victimas de Crímenes de Estado Capitulo Sucre, la Asociación de trabajadores agropecuarios y campesinos del departamento de Sucre ASOTRACDES-FENSUAGRO y las comunidades de: Pedregal, Damasco, Villa Colombia, Medellín, El Campin, La Conquista, el Charcón, La Represa, La Coquera, las Babillas, Oso, San Francisco, Loma el Banco, Noche Oscura, Borrachera, Capiro, Mira Mar, Los Andes, La China, Sabaneta, La Represa ubicadas en el municipio de Ovejas hacemos las siguientes exigencias:

1- Estas comunidades fueron desplazadas por la violencia en el año de 2001 y retornados en el año de 2005, en el retorno se realizaron unos acuerdos y compromisos anivel nacional, departamental y municipal. En esto acuerdos se planteó la necesidad de resolver los derechos fundamentales de la comunidad, entre ellos el acceso a los servicios públicos básicos; hasta el momento ninguno de estos acuerdos se ha cumplido y hoy encontramos a unas comunidades sumidas en una pobreza absoluta, razón por la cual exigimos establecer una mesa de diálogo entre la comunidad y el gobierno nacional, departamental y municipal para concertar el cumplimiento de los planes de retornos establecidos en los acuerdos pactados con las comunidades campesinas.

2- Que se investigue y sancione los atropellos y abuso de autoridad perpetrados por el ESMAD y la policía en el marco de la protesta pacífica realizada por esta comunidades campesinas.

3- Exigimos que el alcalde del municipio de Ovejas, como máxima autoridad del municipio, asuma su compromiso con la defensa de los derechos de estas comunidades vulnerables.

4- Solicitamos a los entes de control e investigación que sean vigilantes frente a los derechos vulnerados a estas comunidades, teniendo en cuenta que muchas de estas veredas son objeto de protección especial, según el informe de riesgo elevado a alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.

Movimiento de víctimas de crímenes de estado capitulo Sucre.

La Asociación de trabajadores agropecuarios y campesinos del departamento de Sucre ASOTRACDES-FENSUAGRO.

Comunidades de: Pedregal, Damasco, Villa Colombia, Medellín, El Campin, La Conquista, el Charcón, La Represa, La Coquera, las Babillas, Oso, San Francisco, Loma el Banco, Noche Oscura, Borrachera, Capiro, Mira Mar, Los Andes, La China, Sabaneta del municipio de Ovejas Sucre

Marcha contra la brutalidad policial y por el desmonte del ESMAD el dia 24 de febrero, organizada annualmente en Medellin y Bogotá, siempre el día de la creación de este escuadrón, en esperanza que estos cumpleaños sean los ultimos…

El Movice y diversas organizaciones sociales y de víctimas, dieron a conocer durante el VI Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes Estatales, sus perspectivas y propuestas de cara a los diálogos de paz vigentes. Se trata de 11 puntos sin los cuales, según estas organizaciones, resulta imposible llegar a una paz que permita superar el conflicto político, social y armado del país.

MOVICE Sucre

Bogotá, Colombia. 13 de febrero de 2013.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, denuncia la amenaza de muerte recibida por la hija de un defensor de derechos humanos del departamento de Sucre, el 12 de febrero 2013. La amenaza nombra a varios integrantes del capítulo Sucre del MOVICE. En esta amenaza se dice: “procederemos con sus respectivas familias, a ver si les duele”.
Esta amenaza, firmada por las Águilas Negras, evidencia la persistencia de las estructuras paramilitares y los crímenes de Estado en el país, lo que se constituye en un obstáculo estructural para que se pueda lograr una paz verdadera.

Hechos

El 12 de febrero del 2013, la hija de un defensor de derechos humanos del departamento de Sucre, encontró una hoja impresa que se había arrojado debajo de la puerta de su casa. La hoja llevaba una amenaza que había sido enviada por correo electrónico el 9 de diciembre 2011, con el siguiente mensaje:

“[…] ustedes los miembros del movice son unas ratas a las que hay que exterminar hemos decidido darles otra estocada mas a este movimiento de terroristas que le quita la tierra a la gente de bien para entregarselas a guerrilleros que se hacen pasar por campesinos, de manera que daremos de baja a sus cabecillas en Sucre nos referimos a ingrid Vergara Y a Juan David Diaz quienes se han dedicado a desinformar a nivel nacional e internacional nuestra valiosa labor en defensa de la patria secundando al terrorista mayor IVAN CEPEDA. En la lista le siguen Adolfo Verbel, Veronica Montaño, Adil Melendres. Jorge Velasquez, alena Martinez, Candelaria Barrios Y Adriana Porras. El principio del fin comenzo para ustedes y no les deseamos una feliz navidad por que no la tendrán AGUILAS NEGRAS POR UNA COLOMBIA LIBRE DE GUERRILLA”

En esta ocasión, los agresores habían impreso otro mensaje debajo de la amenaza original: “Ya que hicieron caso omiso a esta información procederemos con sus respectivas familias, a ver si les duele”.

Antecedentes:

El MOVICE capítulo Sucre ha sufrido más de 130 agresiones desde su fundación. La más reciente de estas fue una amenaza de muerte recibida por correo electrónico el 23 de noviembre 2012, firmada por el Ejército Antirestitución, contra los siguientes integrantes del MOVICE capítulo Sucre y líderes de tierras de los Montes de María:

“Ivan Cepeda. Ingrid Vergara. Guatavo Arrieta. Franklin Torres. Maribel Vazquez. Robison Castilla. Pedro Geney. Jeison Pava Reyes. Juan David Diaz. Ronald Castilla”.

Igualmente, el representante a la cámara e integrante del Comité de Impulso Nacional del MOVICE Iván Cepeda Castro, ha sufrido repetidas amenazas y una campaña de desprestigio como consecuencia de su labor a favor de las víctimas. El 6 de febrero 2013, Iván Cepeda puso en conocimiento un presunto plan que se estaría fraguando encaminado a realizar un atentado en su contra. Dicho plan fue revelado a través de una llamada telefónica anónima, en la cual se informa que los hermanos Pedro y Santiago Gallón Henao le habrían pagado a un grupo armado enviado hasta el municipio de Melgar (Tolima) para preparar desde allí un atentado contra el representante Cepeda.

Exigimos:

Al Presidente Juan Manuel Santos:

1. Que adopte las medidas necesarias para el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares y cesen los vínculos con funcionarios públicos y actores privados.

2. Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de los integrantes del Movice capítulo Sucre, algunos/as de ellos/as beneficiarios/as de Medidas Cautelares de la CIDH, y sus familiares, además del representante Iván Cepeda.

Al Fiscal General de la Nación:

1. Que investigue, identifique y sancione a los responsables de estas amenazas y presente públicamente los resultados en un tiempo razonable.

2. Se investigue y sancione a los promotores y financiadores de dichas estructuras paramilitares, así como de los funcionarios públicos y actores privados por sus vínculos con dichas estructuras.
A la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y a la Unidad Nacional de Protección:

1. Que brinde las garantías necesarias de protección de los derechos y garantías fundamentales a los y las integrantes del MOVICE que vienen siendo amenazados por su trabajo en el departamento de Sucre, además de sus familiares.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE
13 febrero 2013

El video grabado durante la marcha de Hector Martinez a la fiscalia de Bogota el 23 de Noviembre 2012.

CREDHOS y MOVICE

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denunciamos y rechazamos la reciente condena judicial emitida contra el defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo, dirigente de CREDHOS y el MOVICE en el Magdalena Medio, a pesar de una serie de graves irregularidades en su proceso judicial.

David Ravelo fue condenado a 18 años y 3 meses de prisión por ser, según la decisión judicial, plagada de irregularidades, el autor intelectual del asesinato del
funcionario local David Núñez Cala en hechos ocurridos en 1991. Desde su
encarcelación el 14 de septiembre 2010, diversas organizaciones y personalidades han denunciado muchos vicios e irregularidades de forma y de fondo en el proceso contra Ravelo Crespo, entre ellos, varios diputados británicos, la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, el congresista Iván Cepeda y numerosas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.¹

Una de las más graves de estas irregularidades fue revelada el 22 de noviembre de 2012, cuando se comprobó que el fiscal, William Gildardo Pacheco Granados, quien actúo en el proceso había sido destituido en 1991 por la Procuraduría General de la Nación, cuando se desempeñaba como teniente de la Policía Nacional.² El Fiscal Pacheco Granados desde esa época había sido destituido de la Policía por su participación en la desaparición forzada de un joven en la ciudad de Armenia, lo cual descalifica de manera permanente su ejercicio de cualquier cargo público. (Articulo 76 del Decreto 261/2000).³

Diversas anomalías de este tipo han afectado el derecho al debido proceso de Ravelo Crespo desde el inicio del proceso. Las pruebas en contra de David Ravelo
consistieron principalmente en las falsas declaraciones de dos paramilitares
desmovilizados, quienes se beneficiaron de reducciones de penas en sus sentencias a cambio de sus falsos testimonios, en el marco de la Ley 975 (de Justicia y Paz). Con el agravante que éstos falsos testigos habían sido denunciados por Ravelo Crespo como autores de graves violaciones de los derechos humanos en la ciudad de Barrancabermeja. Estos dos paramilitares figuran entre los sólo tres testigos de cargo, mientras Pacheco Granados (el Fiscal), hizo caso omiso a más de 30 testimonios que demostrarían la falsedad de sus testimonios.

Tampoco se tuvo en cuenta que otro testigo declaró durante el juicio, que los dos
antiguos paramilitares intentaron sobornarlo para que respaldara las acusaciones
contra Ravelo Crespo. Y finalmente el fiscal cerró la etapa de investigación sin
aceptar gran parte de las pruebas presentadas por la defensa de David Ravelo.
Mientras transcurría el juicio de Ravelo Crespo, integrantes de su familia y los
miembros de CREDHOS continuamente sufrían amenazas de muerte y hostigamientos por parte de los grupos paramilitares.

Otra situación procesal que no ha sido clara, ocurrió con las circunstancias en la
que se conoció el fallo, ya que este fue expedido con fecha del 16 de noviembre de 2012 y hasta el 11 de diciembre no se había notificado al defensor procesal ni al procesado y sólo se conocían rumores callejeros, impidiendo así a los afectados
interponer los recursos legales que otorga la ley de manera oportuna y efectiva en flagrante violación al debido proceso.

Frente a este panorama, varias organizaciones sociales y defensoras de derechos
humanos dirigirán una carta al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en la que le informan de estas y otras irregularidades en el caso y en la que le
solicitan se tomen las medidas necesarias al respecto. Asimismo, el abogado Alirio
Uribe Muñoz, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ya ha anunciado la
apelación de la condena.

Exigencias:

1) La libertad inmediata de David Ravelo Crespo, así como la absolución de todos los falsos cargos que hacen parte del montaje judicial del que Ravelo es víctima.
2) Reales garantías de protección a David Ravelo Crespo, todos los integrantes de su familia, y los otros integrantes de Credhos.
3) Que la Fiscalía General de la Nación retire de inmediato al fiscal William
Gildardo Pacheco de su cargo, teniendo en cuenta el Decreto 0261 de 2000.

Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos)
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
14 de diciembre 2012

[1] Organizaciones Internacionales expresan serias preocupaciones por las
irregularidades en el proceso judicial que llevó a la condena de David Ravelo
Crespo, defensor de derechos humanos colombiano. http://bit.ly/UCKcNh
[2] Iván Cepeda. Denuncian irregularidades en proceso judicial de defensor de
derechos humanos David Ravelo. http://bit.ly/SVr0hv
[3] CCAJAR. Investigador en el caso del defensor de DDHH David Rabelo. Fiscal 22
antiterrorismo, William G. Pacheco fue destituido por participar en desaparición
forzada. http://bit.ly/SVqDn2

MOVICE

Denunciamos las amenazas y hostigamientos de los que el integrante del Movice Capítulo Caldas, Seir Antonio Gaitán Domínguez ha sido víctima desde que lideró el 27 de octubre de 2012 la marcha del “Comité por la Dignidad de los/as Salamineños/as” en el departamento de Caldas. Hechos que demuestran una vez más las nulas garantías para el ejercicio de la protesta social y la exigencia de los derechos.

Denunciamos las amenazas y hostigamientos de los que el integrante del Movice Capítulo Caldas, Seir Antonio Gaitán Domínguez ha sido víctima desde que lideró el 27 de octubre de 2012 la marcha del “Comité por la Dignidad de los/as Salamineños/as” en el departamento de Caldas. Hechos que demuestran una vez más las nulas garantías para el ejercicio de la protesta social y la exigencia de los derechos.

ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES Y NACIONALES, OFICINAS EN COLOMBIA DE ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS, MOVIMIENTO SOCIAL DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS, MOVIMIENTO SINDICIAL, ESTUDIANTIL, COMUNIDAD EN GENERAL.

HECHOS:

- El 27 de octubre de 2012, las organizaciones sociales y cívicas de Salamina (Caldas), agrupadas en el “Comité por la Dignidad de los/as Salamineños/as”, indignados/as con los altos costos de los servicios públicos y la falta de atención a la satisfacción de las necesidades básicas de los/as habitantes del Municipio, realizaron una movilización por la ciudad. Esta marcha, en la que participaron unas 200 personas, estuvo acompañada por el MOVICE Capítulo Caldas, toda vez que la violación del derecho a la vida es otro de los problemas que los afecta sensiblemente.

Después de la marcha, dos jóvenes que se movilizaban en una moto abordaron de manera intimidatoria a Seir Antonio Gaitán Domínguez y lo amenazaron poniéndole un dedo en el pecho diciendo: “sabe que, te vas de Salamina hijo de puta, te vas”. Hecho denunciado posteriormente a la Policía.

-El 25 de noviembre en las oficinas de las organizaciones sociales de Salamina se dejaron mensajes intimidatorios dirigidos a Seir Antonio Gaitán Domínguez conminándole a dejar la actividad de defensa de los usuarios de servicios públicos y de las víctimas que participaron en la marcha del 27 de octubre.

-El 26 de noviembre rondó por frente de la casa de Seir Antonio Gaitán Domínguez, un sujeto desconocido durante unas 2 horas según vecinos del lugar, alertando de esta situación llamó al cuadrante de Policía, quien contestó al tercer intento y llegó 15 minutos después de que el sujeto se había ido.

SOMOS SEMILLA SOMOS MEMORIA SOMOS EL SOL QUE RENACE CONTRA LA IMPUNIDAD. MOVICE CAPITULO CALDAS.

El 27 de noviembre una representante del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo visitó a Seir Antonio Gaitán Domínguez para constatar sus denuncias. Seir durante la visita recibió una llamada preguntando insistentemente quien contestaba y si el número pertenecía al municipio de Salamina, de igual forma mientras se constataba la situación de derechos humanos en el municipio se pudieron detectar movimientos sospechosos de seguimiento.

-El día 3 de diciembre del año que cursa, en la sala de denuncias de a Fiscalía de la Nación, seccional Manizales se radico la denuncia penal en la que además del relato de los hechos, se pide a la Fiscalía investigación y protección de la vida e integridad física y psicológica del señor Seir Antonio Gaitán Domínguez.

EXIGIMOS:

Al señor Presidente de la Republica Dr. JUAN MANUEL SANTOS.

1. Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida del integrante del Movice Capítulo Caldas, Seir Antonio Gaitán Domínguez.
2. Que emita un pronunciamiento público de respaldo al trabajo legítimo que realizan los y las defensoras de derechos humanos y su contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia.

Al Fiscal General de la Nación:

1. Que investigue, identifique y sancione a los responsables de estas amenazas y hostigamientos, presentando públicamente los resultados en un tiempo razonable.

LLAMAMOS:

A las organizaciones de Derechos Humanos Internacionales, al movimiento sindical, popular, juvenil, a los medios de comunicación, comunidad en general, estar alertas y exigir al gobierno colombiano reales y eficaces medidas de protección para el señor Seir Antonio Gaitán Domínguez y su familia a fin de garantizarle el pleno goce de su derecho a la vida digna.

SOMOS SEMILLA SOMOS MEMORIA SOMOS EL SOL QUE RENACE CONTRA LA IMPUNIDAD. MOVICE CAPITULO CALDAS.

MOVICE

Bogotá, Colombia. 26 de noviembre de 2012. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, denuncia las continuas amenazas de muerte a defensores y defensoras de derechos humanos en la región de Montes de María (Bolívar y Sucre) y a integrantes del Movice, incluyendo el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro.

Estas amenazas de muerte evidencian la persistencia de las estructuras paramilitares en el país, lo que se constituye en un obstáculo estructural para que las víctimas puedan participar en procesos de exigencia de derechos.

Hechos

El 23 de noviembre se recibió a los correos de la área de protección del Movice y de los integrantes del Capítulo del MOVICE en Sucre Juan David Díaz, Pedro Geney e Ingrid Vergara así como del abogado del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos Jeison Paba una amenaza del correo eantrest@yahoo.es con el siguiente contenido:

“ULTIMO COMUNICADO ORDEN DE BATALLA.
el fracaso y deshonroso proceso de desmovilización de las AUC y la guerra decretada por el gobierno actual en cabeza de JUAN MANUEL SANTOS y su sequito de traidores y los malditos guerrilleros , la perdida de la tranquilidad en zonas a causa de la debilidad de este gobierno, nos han llevado al rearme y conformación del ejercito ANTIRESTITUCION el cual mantiene unos principios de lucha, decisión y fidelidad, El extermino total de la guerrilla colombiana y la reorganización social, política y económica de nuestro país.
Bolívar, sucre y córdoba ya conocen nuestro accionar en donde nuestro objetivo central es lograr la aniquilación total de todos los que son guerrilleros y tiene afinidades con estas organizaciones terroristas y evitar a toda costa el robo de tierras a las personas honradas de estas regiones que piden no dejarlas en esta lucha. La expansión de nuestra lucha ya es casi un hecho en Meta, putumayo y Antioquia nuestra fortaleza sin duda surge del debilitamiento de este gobierno frente a la lucha contra la guerrilla
Después de meses de investigación hemos decidido comenzar a limpiar los montes de maría de la intentona de las FARC POR VOLVER A RETOMARLA y comenzaremos con los auxiliadores de estos grupos que se disfrazan de defensores de derechos humanos y que nos son mas que defensores de guerrilleros disfrazados de victimas y campesinos despojados, no crean estos personajes que se salvaran de que arreglemos cuentas con ellos en cualquier parte del país iremos a buscarlos y no importa si están protegidos los podrán proteger pero no alcanzaran los equemas para proteger a sus familias sapos hijueputas, esta no es una advertencia ya es una orden para nuestro ejercito.
IVAN CEPEDA. INGRID VERGARA. GUATAVO ARRIETA. FRANKLIN TORRES. MARIBEL VAZQUEZ. ROBISON CASTILLA. PEDRO GENEY. JEISON PAVA REYES. JUAN DAVID DIAZ. RONALD CASTILLA.
Estos van a ser los primeros con los que ajustaremos cuentas y seguiremos con todos los que participan como auxiliadores, ideólogos, testaferros de la guerrilla.

No permitiremos el retorno de la guerrilla a nuestros montes de maría.
EJERCITO ANTIRESTITUCION.
LLEGAMOS PARA QUEDARNOS.”

Antecedentes:

1. Desde el 2 de noviembre se recibieron constantes mensajes con amenazas a los integrantes de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar conformada por las organizaciones sociales y sus familias, en especial, para GUSTAVO ARRIETA PÉREZ, MARIBEL VÁZQUEZ, MARILUZ VÁZQUEZ, EDGARDO FLORES MARTÍNEZ, ROBISON CASTILLA CADAVID y RONALD CASTILLA VÁZQUEZ.
2. El 4 de julio de 2012 desde el correo antirestitucion@gmail.com se envió una amenaza de muerte a los correos de: Yessika Hoyos, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear (Ccajar); Iván Cepeda Castro, Representante a la Cámara; área de comunicaciones del Ccajar y área de protección del Movice. En dicho correo se declara objetivo militar y señala de guerrilleros a 13 defensores/as de derechos humanos y líderes políticos incluyendo su nombre y fotografía, muchos de éstos defensores son integrantes y voceros del MOVICE.
3. El 1 de junio de 2012 se recibió en la casa en Sincelejo (Sucre) del integrante del capítulo Movice Sucre, Juan David Díaz un paquete con una amenaza firmada por “Ejército Antirestitución”.
4. El día 22 de mayo de 2012 a las 10:30 de la mañana, varios miembros de la Mesa Municipal del Víctimas del Carmen de Bolívar, recibieron información de un listado que maneja la Fiscalía del municipio del Carmen de Bolívar, en la que se expresa la intención de asesinar a un grupo de personas representantes de organizaciones de víctimas y defensores y defensoras de derechos humanos del municipio del Carmen de Bolívar.

Los denominados “ejércitos anti restitución” son grupos paramilitares que hacen hoy presencia en algunos departamentos del país como Nariño, Sucre, Cesar y Córdoba. En 40 de los 54 municipios en los que se desarrolla el Plan Nacional de Consolidación Territorial, como es el caso de municipios de Montes de María, ha habido un incremento de la presencia paramilitar . Lo evidencia así el informe sobre Ovejas (Sucre) del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo del 25 de junio de 2012 hace público que “se ha conocido información que refiere a la presencia de hombres armados, vestidos de negro, que en algunas ocasiones se han presentado como miembros de las Águilas Negras y en otras como “guardianes de las Tecas” (…) no se puede descartar la posibilidad que dichas expresiones transiten a la configuración de un grupo armado cuya finalidad sea impedir la aplicación de la política de restitución.”

Se evidencia así la continuación del paramilitarismo en nuestro país, la reingeniería del mismo, y las dificultades normativas y tangibles para un retorno y una permanencia en el territorio con garantías de no repetición. Durante el gobierno actual, hemos documentado 25 personas que han sido asesinadas por liderar procesos de restitución de tierras o por ser familiares de éstas.

Las amenazas de muerte constituyen hechos intimidatorios para que los defensores y defensoras de derechos humanos de Montes de María e integrantes del Capítulo del Movice en el departamento de Sucre, desistan de sus reclamaciones y abandonen sus procesos organizativos y sociales.

Exigimos:

Al Presidente Juan Manuel Santos:

1. Que adopte las medidas necesarias para el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares que hoy se identifican como “Ejército Antirestitución” y cesen los vínculos con funcionarios públicos y actores privados.
2. Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de lideres y lideresas reclamantes de tierras y defensores y defensoras de derechos humanos en la región de Montes de María (Bolívar y Sucre) y de los integrantes del Movice, algunos/as de ellos/as beneficiarios/as de Medidas Cautelares de la CIDH.
3. Que se emita un pronunciamiento público de respaldo al trabajo legítimo que realizan los y las defensoras de derechos humanos y su contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia y las justas reclamaciones de tierras por su condición de víctimas del despojo.

Al Fiscal General de la Nación:

1. Que investigue, identifique y sancione a los responsables de estas amenazas y presente públicamente los resultados en un tiempo razonable.
2. Se investigue y sancione a los promotores y financiadores de dichas estructuras paramilitares, así como de los funcionarios públicos y actores privados por sus vínculos con dichas estructuras.

A la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y a la Unidad Nacional de Protección:

1. Que brinde las garantías necesarias de protección de los derechos y garantías fundamentales a los líderes y lideresas reclamantes de tierras que vienen siendo amenazados por su trabajo en el departamento de Sucre y Bolívar.

Movice

Bogotá, Colombia. 2 de noviembre de 2012. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, denuncia las continuas amenazas de muerte a líderes y lideresas reclamantes de tierras y defensores y defensoras de derechos humanos en la región de Montes de María (Bolívar y Sucre). Desde el 2 de Octubre integrantes de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar, conformada por organizaciones sociales y acompañada por el MOVICE, Capítulo Sucre, vienen recibiendo, a través de mensajes de texto a sus celulares, amenazas de muerte, evidenciando así la persistencia de las estructuras paramilitares en el país, lo que se constituye en un obstáculo estructural para que las víctimas puedan participar en procesos de exigencia de derechos.

Hechos:

1. El 2 de noviembre se recibió un mensaje de texto proveniente del celular 3114199191 “Mariluz hoy es dia de los difuntos cuidense dile a marivel y al tio de roland”.
2. El 1 de noviembre se recibió un mensaje de texto proveniente del celular 3114199191 “Marilus porque no viajaron para Sincelejo con el sapo del tio de ronal siempre que el viene ustedes viajan el guien se cree ranbo ese sapo las tiene calientes ya bi que ustedes no quieren salir del Carmen solo quedan mariluz marivel y el tio de sonal pero tienen que salir”.
3. El 31 de octubre se recibió un mensaje de texto proveniente del celular 3126743761 “Guien les ba a causar la muerte llego al Carmen quiere decir que t ni marivel hacen caso se dejan mandar del tio ronal hoy es dia de las brujas será que hoy duerme bien”.
4. El 26 de octubre se recibió un mensaje de texto proveniente del celular 3126743761 “marilus cepeda vasques marivel sigue con el tio de ronal y ustedes siguen peliando tierra y denunciando ojo”.
5. El 20 de octubre se recibió un mensaje de texto proveniente del celular 3126743761: “Y ese milagro que no han salido a denunciar, si lo hacen es peor para ustedes, les quedan pocos días, váyanse para donde Cepeda que él no va a venir a sus funerales, y si quieren tierras, trabajen”.
6. El 2 de octubre se recibió un mensaje de texto proveniente del celular 321 5297091 a uno de los amenazados: “primera advertencia: no queremos en el Carmen de Bolívar esos que se hacen llamar defensores de ddhh: Gustavo arrieta, marqueza gonzalez, los ladrones de asvida, maribel vasquez, Edgardo florez nallivis mercado luis alfredo v están plenamente identificados llegamos para quedarnos: ejercito antirrestitución”.

Antecedentes:

1. El 4 de julio de 2012 desde el correo antirestitucion@gmail.com se envió una amenaza de muerte a los correos de: Yessika Hoyos, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear (Ccajar); Iván Cepeda Castro, Representante a la Cámara; área de comunicaciones del Ccajar y área de protección del Movice. En dicho correo se declara objetivo militar y señala de guerrilleros a 13 defensores/as de derechos humanos y líderes políticos incluyendo su nombre y fotografía, muchos de éstos defensores son integrantes y voceros del MOVICE.

2. El 1 de junio de 2012, el integrante del capítulo Movice Sucre, Juan David Díaz, encontró en el piso de la terraza de la casa (Sincelejo, Sucre), un paquete que traía diez velas blancas envueltas en un papel y amarradas con una cinta. En el papel estaba el siguiente escrito: “JUAN DAVID Quedas advertido y en conocimiento pues te tenemos plenamente identificado y ubicado sabemos que eres uno de los hijueputas que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbirtrariedades despojar de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de un puñado de guerrilleros malparidos como los que ahora haciendose pasar por victimas quieren apropiarse de la europa y la alemania. […] Llegamos para quedarnos EJERCITO ANTIRRESTITUCION”.

3. El día 22 de mayo de 2012 a las 10:30 de la mañana, varios miembros de la Mesa Municipal del Víctimas del Carmen de Bolívar, recibieron información de una persona, quien pidió reserva de identidad por su seguridad. Esta persona les dijo que hay un listado que maneja la Fiscalía del municipio del Carmen de Bolívar, en la que se expresa la intención de asesinar a un grupo de personas representantes de organizaciones de víctimas y defensores y defensoras de derechos humanos del municipio del Carmen de Bolívar, lista que estaría encabezada por:
GUSTAVO ARRIETA PÉREZ, presidente de la Mesa Municipal de Víctimas del Carmen de Bolívar.
MARIBEL VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, secretaria de la mesa de víctimas del municipio del Carmen del Bolívar.
ROBISON CASTILLA CADAVID, miembro de la Mesa de Víctimas del municipio del Carmen de Bolívar.
RONALD CASTILLA VÁZQUEZ, representante de la Organización de Víctimas de Caño Negro del municipio del Carmen de Bolívar y miembros de la Mesa de Víctimas del mismo municipio.

Los denominados “ejércitos anti restitución” son grupos paramilitares que hacen hoy presencia en algunos departamentos del país como Nariño, Sucre, Cesar y Córdoba. En 40 de los 54 municipios en los que se desarrolla el Plan Nacional de Consolidación Territorial, como es el caso de municipios de Montes de María, ha habido un incremento de la presencia paramilitar . Lo evidencia así el informe sobre Ovejas (Sucre) del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo del 25 de junio de 2012 hace público que “se ha conocido información que refiere a la presencia de hombres armados, vestidos de negro, que en algunas ocasiones se han presentado como miembros de las Águilas Negras y en otras como “guardianes de las Tecas” (…) no se puede descartar la posibilidad que dichas expresiones transiten a la configuración de un grupo armado cuya finalidad sea impedir la aplicación de la política de restitución.”

Se evidencia así la continuación del paramilitarismo en nuestro país, la reingeniería del mismo, y las dificultades normativas y tangibles para un retorno y una permanencia en el territorio con garantías de no repetición. Durante el gobierno actual, hemos documentado 25 personas que han sido asesinadas por liderar procesos de restitución de tierras o por ser familiares de estas.

Las amenazas de muerte constituyen hechos intimidatorios para que los defensores y defensoras de derechos humanos de Montes de María e integrantes del Capítulo del Movice en el departamento de Sucre, desistan de sus reclamaciones y abandonen sus procesos organizativos y sociales.

Exigimos

Al Presidente Juan Manuel Santos:

1. Que adopte las medidas necesarias para el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares que hoy se identifican como grupos anti- restitución y cesen los vínculos con funcionarios públicos y actores privados.
2. Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de lideres y lideresas reclamantes de tierras y defensores y defensoras de derechos humanos en la región de Montes de María (Bolívar y Sucre) y de los integrantes de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar conformada por las organizaciones sociales y sus familias; así como al resto de integrantes del capítulo Sucre del MOVICE, en especial, para GUSTAVO ARRIETA PÉREZ, MARIBEL VÁZQUEZ, MARILUZ VÁZQUEZ, EDGARDO FLORES MARTÍNEZ.
3. Que emita un pronunciamiento público de respaldo al trabajo legítimo que realizan los y las defensoras de derechos humanos y su contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia y las justas reclamaciones de tierras por su condición de víctimas del despojo.

Al Fiscal General de la Nación:

1. Que investigue, identifique y sancione a los responsables de estas amenazas y presente públicamente los resultados en un tiempo razonable.
2. Se investigue y sancione a los promotores y financiadores de dichas estructuras paramilitares, así como de los funcionarios públicos y actores privados por sus vínculos con dichas estructuras.

A la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y a la Unidad Nacional de Protección:

1. Que brinde las garantías necesarias de protección de los derechos y garantías fundamentales a los líderes y lideresas reclamantes de tierras que vienen siendo amenazados por su trabajo en el departamento de Sucre y Bolívar.

En el municipio de Palmira (Valle del Cauca) siendo las 7.40 a.m. de hoy 10 de
octubre, la señora ALFAMIR CASTILLO (madre de Darbey Mosquera Castillo, quien fuera
ejecutado por tropas de la Octava Brigada), cuando se dirigía a la ciudad de
Santiago de Cali, en la ruta de trasporte público, fue abordada por un hombre de
piel trigueña que se acercó a ALFAMIR, le puso un arma de fuego en el pecho y le
manifestó dígale al sapo del abogado que se va a morir y usted también. El hombre
de inmediato se tiró del bus y salió corriendo perdiéndose de la vista de ALFAMIR y
de las personas que viajaban en el bus.

Este individuo que profirió esta nueva amenaza en contra de la señora ALFAMIR
CASTILLO y quienes representan las víctimas, los abogados GERMAN ROMERO SANCHEZ y
JORGE ELIECER MOLANO RODRIGUEZ, es la misma persona que la siguió a ella, el 13 de
enero de 2012, cuando salía de la Fiscalía General de la Nación Seccional Valle del
Cauca, de denunciar las amenazas en su contra.

Previo a estas amenazas 7 integrantes del Batallón Martires de Puerres fueron
condenados a la pena de 43 años de prisión por la Ejecución Extrajudicial ALEX
RAMIREZ y DARVEY MOSQUERA. Es preocupante que estas amenazas se hagan 48 horas antes
de la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra del
Mayor Josue Yobanni Linares y el Capitan Julio César Alvarez Pedreros, mandos de
esta Unidad militar.

Las víctimas y sus abogados han solicitado al Ministro de la Defensa retirar a los
Coroneles EMIRO JOSÉ BARRIOS JIMÉNEZ y JORGE ENRIQUE NAVARRETE, quienes aparecen
pagando informantes por la muerte de estos jóvenes y quienes actualmente adelantan
curso de ascenso a Generales. El primero de ellos recientemente fue interrogado por
la Fiscalía como indiciado en estos crímenes.

Inmediatamente ocurridos los crímenes y durante el transcurso de las audiencias de
juicio los familiares de estos jóvenes, sus abogados, como los testigos de los
hechos e incluso funcionarios judiciales han sido objeto de intimidaciones, amenazas
y graves hostigamientos que han puesto en riesgo su vida e integridad personal.

Instamos al Estado colombiano para que se ordenen las medidas de protección
necesarias para salvaguardar la vida de ALFAMIR CASTILLO, los demás familiares de
este caso, sus abogados y los funcionarios judiciales intervinientes. Asimismo, que
dado el avance de las investigaciones en el proceso, se ordene las medidas
pertinentes para apartar de sus cargos hasta que finalice el proceso penal a los
Coroneles EMIRO JOSÉ BARRIOS JIMÉNEZ y JORGE ENRIQUE NAVARRETE.

Octubre 10 de 2012

Asociación para la Investigación y Acción Social NOMADESC

dhColombia

MOVICE- Capítulo Valle del Cauca

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Valle del Cauca
CSPP

SINTRAUNICOL Subdirectiva Cali.

Corporación Sembrar

MOVICE

El representante Iván Cepeda denunció amenazas a líderes de reclamación de tierras en Bolívar.

El representante Iván Cepeda Castro puso en conocimiento una nueva acción de intimidación contra defensores de derechos humanos y líderes de organizaciones campesinas que reclaman tierras en el municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar).

A través de un mensaje de texto al celular de cada uno de los amenazados, el martes 2 de octubre, el denominado ‘Ejército antirrestitución’ les advierte que ya los tienen plenamente identificados y que ese grupo llegó para quedarse en la zona.

El contenido del mensaje es el siguiente:

“PRIMERA ADVERTENCIA: NO QUEREMOS EN EL CARMEN DE BOLIVAR ESOS QUE SE HACEN LLAMAR DEFENSORES DE DDHH: GUSTAVO ARRIETA, MARQUEZA GONZALEZ, LOS LADRONES DE ASVIDA, MARIBEL VASQUEZ, EDGARDO FLOREZ NALLIVIS MECARDO LUIS ALFREDO V ESTAN PLENAMENTE IDENTIFICADOS LLEGAMOS PARA QUEDARNOS: EJERCITO ANTIRRESTITUCION”.

Para el representante Cepeda, esta es una muestra apenas de la situación que tienen que vivir los campesinos que reclaman tierras en todo el país. Dijo que además de las recompensas que ofreció el Gobierno Nacional para quien dé información sobre estos grupos, se debe exigir celeridad en la investigación sobre los mismos y sus patrocinadores.

“Resulta sumamente grave que justo un día después de que el Gobierno difunde ampliamente el ofrecimiento de recompensas por información que conduzca a los grupos antirrestitución, hoy aparezca uno de ellos amenazando en Carmen de Bolívar, sin que sepamos cómo avanzan las investigaciones al respecto”, señaló Cepeda.

El congresista le solicitó a las autoridades y al Gobierno Nacional, a través de sus ministerios y oficinas encargadas, que se investigue a fondo la existencia del mencionado ejército antirrestitución y se extremen las medidas de protección para los campesinos y campesinas que buscan recuperar sus tierras en esa región.

El Movimiento de víctimas de crímenes de estado – MOVICE, Capitulo Caldas, realiza su II Encuentro Departamental durante los días 14, 15 y 16 de septiembre 2012.