La Asociación Campesina del Norte de Antioquia –ASCNA- celebra la libertad que se ha venido dando de los campesinos y campesinas detenidos entre el 2011 y 2012 en los diferentes municipios del Uraba, Norte y Nordeste Antioqueños. En lo que va corrido del año 2013, 15 personas han recuperado su libertad.

Por MOVICE

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) rechaza y denuncia los bombardeos contra la población civil realizados el 27 de octubre del 2011 en el nordeste antioqueño. Dichas bombas cayeron en la finca de la vicepresidenta de la Corporación acción humanitaria por la convivencia y la paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA) organización campesina que hace parte tanto del MOVICE a nivel nacional como de la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio (ASORVIMM). Exigimos que se investiguen estos hostigamientos proferidos contra de la población civil que se sabe habita en la zona y que se abstenga de realizar este tipo de acciones bélicas que ponen en riesgo la vida, la integridad física y la permanencia de los campesinos.

Hechos
1. El día 27 de octubre de 2011, en jurisdicción del Municipio de Remedios, Nordeste antioqueño, en la Vereda Dos Quebradas, a orillas del río Tamar, en la finca Tres Cruces, de propiedad de la señora Fanny del Socorro García Tapias, vicepresidenta de CAHUCOPANA, siendo las 11:05 de la noche, aviones pertenecientes al Ejército Nacional descargaron cinco bombas de alto poder las cuales cayeron a escasos 1000 metros de la vivienda, donde se encontraban 5 adultos y 3 menores de edad.

2. Esto tuvo como repercusión una afectación física y psicológica de los miembros de la familia y en general a las comunidades cercanas al sitio de los hechos. Una de las consecuencias ha sido la crisis nerviosa generada a la señora Fanny del Socorro García quien tuvo que ser dirigida a la ciudad de Barrancabermeja para que se le preste la atención medica requerida.

3. Estos hechos han generado en las comunidades miedo y preocupación generalizados por la incertidumbre de que estos sucesos pueden volver a presentarse, teniendo en cuenta además que ha sido una región violentada y con un alto riesgo de desplazamiento, debido a ser este, un territorio en disputa por actores armados legales e ilegales.

por Agencia Prensa Rural

La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al ex presidente de la cámara de representantesa César Pérez García, para que responda por la masacre en la que murieron 43 personas en el municipio de Segovia el 11 de noviembre de 1988.
El abogado del excongresista, Dagoberto Charry, había solicitado la práctica de varias pruebas, sin embargo, la Sala Penal se las negó y lo llamó a juicio basándose en los convenios del Derecho Internacional Humanitario.

por Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

El día miércoles 22 de septiembre de 2010, se reunieron en la sede del Sindicato de Trabajadores Mineros y de la Energía (SINTRAMIENERGETICA), seccional Segovia, diferentes organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos, con motivo de verificar las denuncias presentadas por los trabajadores mineros y población en general, en relación a las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, cometidas por personal uniformado y unidades del Escuadrón móvil antidisturbios(ESMAD) de la Policía Nacional, en hechos ocurridos el día 20 de septiembre del año en curso..

HECHOS

El día 20 de septiembre de 2010, a la 1 y treinta de la tarde los trabajadores mineros de la compañía Frontino Gold Mines, agremiados en el sindicato SINTRAMIENERGETICA y pobladores del municipio de Segovia (Antioquia), se encontraban realizando una jornada de protesta pacifica en el sector conocido como Subestación Electrificadora, en contra del proceso de liquidación de dicha empresa adelantado por el gobierno nacional. En momentos en que se disponían a almorzar fueron agredidos por personal uniformado y unidades del ESMAD de la Policía Nacional, al mando del Coronel Narciso Martínez, subcomandante del Departamento de Policía Antioquia, quien impartió la orden al mayor Luis Arbey Guevara Jurado, comandante del distrito de policía No 3 con sede en este municipio, para que adelantara todas las actividades que considerara pertinentes para desarticular a como diera lugar dicha jornada de protesta pacifica, la cual había sido convocada y coordinada por el Comité Central de Paro con el apoyo del Comité de Gremios, la Veeduría Ciudadana y la población en general de Segovia y sin que en ningún momento se realizara algún tipo de bloqueo de vías u otro hecho de provocación para cometer tal acción que mas parece hecha por criminales y no por una verdadera fuerza publica legalmente constituida.

Como producto de estos actos represivos por parte de personal uniformado y unidades del ESMAD, resultaron heridas alrededor de 53 personas, las cuales tuvieron que ser remitidas a diferentes hospitales debido a la gravedad de sus heridas; estos hechos se cometieron en presencia de niños, mujeres embarazadas, ancianos, incluso de la Defensora Publica adscrita a la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia y que labora en el municipio de Segovia la Doctora Piedad Arango, quien exigió a los agentes del ESMAD que respetaran la integridad física de los ciudadanos, haciendo caso omiso a este llamado, y por el contrario la agredieron de manera física y verbal, sin contemplación alguna.

Al igual se pudo verificar por esta comisión que las viviendas de los sectores aledaños al sitio de los hechos fueron violentados por estas unidades del ESMAD, como lo fue lanzar gases lacrimógenos contra estas viviendas, sin tener presente que allí se encontraban civiles, además varias de estas viviendas resultaron con averías en sus estructuras, debido a dichos atropellos, convirtiéndose estos hechos en daño en bien civil, tipificado como una grave infracción al D.I.H. También se pudo verificar las innumerables amenazas de muerte hechas contra diferentes pobladores presuntamente por parte de unidades de la Sijin de Segovia y personas armadas ajenas al proceso organizativo, las cuales se han infiltrado en las protestas y según denuncia de los pobladores pertenecen a la Policía Nacional, los cuales les han hecho saber que “luego de las protestas viene lo bueno, lo de nosotros”, al igual que grabaciones y fotografías que el personal de la Sijin viene realizando en varios sectores del municipio de Segovia contra la población en general

Ante estos hechos las organizaciones sociales que suscribimos este documento, exigimos a las instituciones del Estado Colombiano encargadas de velar por el respeto a los derechos humanos, como lo son la Procuraduría General de la Nación, Defensoría Nacional del Pueblo, Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, Comisión de Paz del Senado y Cámara de representantes, Fiscalía General de la Nación, para que adelanten todas las investigaciones pertinentes que conduzcan a identificar y sancionar a los agentes de la policía nacional y miembros del ESMAD responsables de estas violaciones a los Derechos Humanos y al D.I.H.

A la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le solicitamos respetuosamente, instar al gobierno nacional para que brinde todas las garantías políticas en materia de Derechos Humanos, las cuales les permita al pueblo Colombianos adelantar las actividades de protesta y reivindicación en relación a la defensa de la vida, la soberanía nacional y la dignidad de nuestro pueblo.

Invitamos a las organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos y a la comunidad nacional e internacional a que se solidaricen con esta grave situación y expresen su rechazo y denuncia por tales hechos ante los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

Suscriben el presente documento. Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (ASODESAMUBA), Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos(CREDHOS), Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra(ACVC), Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño(CAHUCOPANA), Corporación Jurídica Yira Castro, Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco(AHERAMIGUA), Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional Agraria y Popular(CONAP).

por CAHUCOPANA

DENUNCIAMOS

1.Que el día 20 de septiembre los trabajadores de la empresa Frontino Gold Mines de Segovia agremiados en SINTRAMINERGETICA, junto a pequeños mineros campesinos y otros sectores populares en horas de la tarde realizaban una marcha de protesta por las calles del casco urbano del municipio, cuando fueron atacados violentamente por la policía del ESMAD trasladada desde Medellín exclusivamente para reprimir a los trabajadores. Según la denuncia preliminar de la organización sindical, se registraron aproximadamente medio centenar de heridos, siendo la protesta desvertebrada y los implementos como carpas, pancartas, sonido y ollas objeto de la furia vandálica del organismo policial.

2.Que los trabajadores de la Frontino y los pequeños mineros desde el día 4 de septiembre se han declarado en protesta permanente, clamando ante el gobierno nacional, departamental y municipal solución favorable, a los 1600 despedidos y a los 200 pensionados, a los enfermos y lisiados que de un momento a otro quedaron en la calle como consecuencia del zarpazo dado por Álvaro Uribe Vélez al vender a una transnacional los bienes e infraestructura que son de los trabajadores, legítimos propietarios de la Frontino. Hasta la fecha el gobierno de Santos además de eludir las soluciones ha ordenado a la fuerza pública reprimir a los trabajadores desplazando el día hoy 200 unidades más del ESMAD. La totalidad de la junta directiva del Sindicato se haya amenazada de muerte, un dirigente sindical esta parapléjico por efecto de un atentado en la localidad, existe alta concentración de ejército, policía, servicios de inteligencia y ESMAD.
Cuestión que aumenta la zozobra y agrava el conflicto.

URGENTE LLAMAMOS

Al gobierno Nacional, departamental y municipal. Devolver a los trabajadores y a la población, los bienes arrebatados; cesar la represión y la violencia contra quienes legítimamente defienden lo que les corresponde; respetar los derechos humanos y otorgar las garantías para ejercer el derecho a la protesta ciudadana.
A las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, al pueblo del Nordeste. Solidarizarse con los trabajadores, pequeños mineros y campesinos y a mantenerse unidos en la lucha hasta obtener la restitución de bienes y derechos arrebatados.

Dado en Remedios, septiembre 21 de 2010.

Organizaciones que se solidarizan:

Corporación Acción Humanitaria Por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana)
Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra (ACVC)
Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (REINICIAR)
Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)

por Cahucopana

En estos momentos, los miembros de Sintraminergética atraviesan una grave situación de seguridad. En primer lugar, porque han sido víctimas de amenazas y persecuciones por parte de paramilitares, como las realizadas días antes a través de mensajes de texto en los cuales dice “Muerte a sindicalistas”. De otro lado, los esquemas de seguridad dados por el Ministerio del Interior y de Justicia fueron quitados, situación que pone en mayor vulnerabilidad a dichas personas.

por Agencia Prensa Rural

Según informa el delegado de Funtraminergética, Fernando Ramirez, el domingo 12 de Septiembre se reunieron en asamblea 300 trabajadores de la Frontino Gold Mines con el fin de socializar lo avanzado dentro del paro cívico en el municipio de Segovia. La asamblea se produjo luego de que el Presidente de Sintramienergética Seccional Segovia, Dairo Rúa, interviniera el pasado 7 de septiembre ante la comisión Quinta del Senado de la República, para mostrar la situación de los trabajadores despedidos, pensionados y pequeños mineros de Segovia y Remedios.

por Revista Semana

La Corte Suprema de Justicia asumió el proceso del político antioqueño César Pérez García que busca establecer su presunta responsabilidad en la masacre ocurrida en Segovia (Antioquia) el 11 de noviembre de 1988. Esa noche, un grupo de paramilitares disparó indiscriminadamente contra la población civil y dejó 43 muertos y 45 heridos. (Lea cómo fue la masacre).

por Agencia Prensa Rural

Entre el 28 de marzo y el 3 de abril, atendiendo a la convocatoria realizada por Equipos Cristianos de Acción por la paz (ECAP) y la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), en la vereda Santa Marta, del municipio de Remedios (Antioquia), se llevó a cabo la comisión denominada “realidad rural”. La acción pública estuvo acompañada de la lectura de un documento donde se hizo alusión a las incursiones del Ejército Nacional, su modo de operar y las consecuencias de éstas.

por CAHUCOPANA

Una de las exigencias más sentidas de la población en el campo de los Derechos Humanos es la del disfrute y acceso a la educación. Para las comunidades campesinas del Nordeste Antioqueño, ésta sólo se ha limitado a una larga espera de nombramiento de profesores y de aditamentos que posibiliten una educación de calidad.

Por Cahucopana

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste
Antioqueño (Cahucopana) denuncia que el pasado sábado 21 de noviembre, en la
vereda La Ratonera del municipio de Remedios, Antioquia, fue encontrado sin
vida el cuerpo del señor Luis Alberto Aris Pran, de 32 años de edad. Según
algunas versiones, el homicidio fue perpetrado por paramilitares que operan
en la región y entre los que se encontraba un desertor del Ejército
Nacional.

De otro lado, el domingo 13 de diciembre, en la vereda Campo Bijao del
municipio de Remedios, Antioquia, fue asesinado Sergio Alonso Gallego, de 31
años de edad, quien se desempeñaba como vendedor de una de las tiendas de la
región. Sobre este hecho se desconocen los móviles e identidad de los autores.

Por lo anterior, Cahucopana exige a las autoridades competentes que realicen
las investigaciones pertinentes que lleven a aclarar los hechos, autores y
móviles de éstos crímenes.

por Cahucopana

Hace algunos días, celebramos 5 años de resistencia y lucha de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste antioqueño. Esto lo hicimos en medio de un balance de actividades que nos permitió evaluar lo realizado y construir una agenda de trabajo que permita dar continuidad a lo ya realizado. También nos posibilitó, reiterar el compromiso con las comunidades campesinas para seguir en la lucha y defensa de los derechos humanos y de nuestro territorio.

por Shameel Thahir Silva

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño CAHUCOPANA concentra sus esfuerzos en el trabajo integral por la defensa y el respeto. CAHUCOPANA, es una organización campesina fundada el 4 de diciembre de 2004.

La Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz en el Nordeste Antioqueño (Cahucopana) denuncian ante las organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales, y ante la opinión pública en general, los hostigamientos que tropas del Ejército Nacional realizaron en contra de miembros de nuestras organizaciones y de la comunidad campesina de la vereda Cañaveral en el municipio de Remedios (Antioquia) durante la realización de un taller para promotores y promotoras de derechos humanos.

por Cahucopana

Como parte del trabajo de promoción, defensa y formación en Derechos Humanos dirigida a los campesinos de la región del Nordeste antioqueño, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) viene realizando una serie de talleres en diferentes veredas de la región, con el fin de construir herramientas desde las comunidades para la defensa de los DDHH y el derecho a la tierra y el territorio.

Por Cahucopana

Del 3 al 7 de octubre Gerardo Acero, miembro de la Corporación Acción Humanitaria de la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), realizó una visita a la ciudad de Ginebra, Suiza, con el fin de exponer ante el Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, la situación de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la relación que éstas tienen con la presencia de la multinacional AngloGold Ashanti en el municipio de Remedios, Antioquia.

El encuentro se llevó a cabo en el marco de la consulta realizada por la ONU a organizaciones sociales victimas del accionar de las empresas multinacionales.

Las propuestas de nuestra organización se enfocaron hacia la necesidad de que se reconozcan, garanticen y protejan los derechos de las comunidades en contextos donde operan multinacionales, teniendo en cuenta que debe ser el Estado el que genere todos las acciones para ello y castigue las acciones violatorias de los derechos humanos.

Por Colombia también participaron de la consulta el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Jurídica Yira Castro, y la Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos, quienes presentaron el contexto general de las violaciones a los derechos humanos en el marco de la explotación de recursos y prestación de servicios públicos.

Además de esta actividad, Cahucopana participó en el lanzamiento de la campaña internacional por “la defensa del derecho a proteger los derechos humanos”, así como también en la Coordinación de Integración Latinoamericana, presente en la ciudad de Ginebra.

por Cahucopana
prensarural.org/spip/spip.php?article2906

El domingo 30 de agosto, en la carretera que conduce de la vereda El Porvenir a la vereda Santa Marta, jurisdicción del municipio de Remedios (Antioquia), fue asesinado el señor Javier Alberto Gómez Soto, quien se desempeñaba como conductor. Fue interceptado por dos hombres que transitaban en moto, quienes luego de darle muerte se identificaron como paramilitares.

Por otro lado, militares del Batallón Calibío en esta misma ruta vienen ejerciendo un fuerte control, exigiéndoles a los campesinos salgan personalmente a los pueblos a proveerse de alimentos, alegando que este mercado no se puede hacer por medio de encargos, lo que representa un nuevo bloqueo económico por parte del Ejército Nacional en esta región, donde en épocas anteriores los campesinos tuvieron que padecer esta crisis alimentaria, que generó el desplazamiento de muchos campesinos.

Estos hechos someten a la comunidad campesina a un ambiente de zozobra e intranquilidad ante la amenaza de nuevas arremetidas contra la población, la cual ha sido golpeada reiteradamente por hechos atroces, desde hostigamientos, hurtos y muertes selectivas hasta ejecuciones extrajudiciales. En la vereda Puerto Nuevo Ité los campesinos se encuentran temerosos ante los rumores de una aparente arremetida paramilitar, lo que en ocasiones anteriores resultó ser real y no mera amenaza.

Exigimos:

Al estado colombiano, en aplicación de su “seguridad democrática”, el respeto integral de los derechos humanos de las poblaciones campesinas, que han sido las principales víctimas de esta política.

A la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría Regional, Defensoría del Pueblo, que se investiguen y se esclarezcan los hechos que cobraron la vida del señor Gómez Soto; se brinden las garantías de seguridad para la población campesina del Nordeste Antioqueño; se permita la libre movilidad y abastecimiento de los campesinos; y se investiguen los rumores que intimidan a los campesinos.

Solicitamos:

A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, que se solidaricen con los campesinos de esta zona y se sumen a nuestra denuncia en la búsqueda de que se establezca y se castigue a los culpables de este homicidio, a exigir el respeto por la vida y la integridad, y que no se permita ni una arremetida paramilitar en esta zona ni un bloqueo alimentario más.

Por Humanidad Vigente, 7 de agosto de 2009

Mediante decisión del día 9 de Julio del presente año la Procuraduría Nacional Delegada para los Derechos Humanos emitió pliego de cargos contra el TENIENTE CESAR CASTELLANOS LEON, los soldados JOSE LUIS RENTERIA MARULANDA, JAIRO ADOLFO FERNANDEZ y NELSON ALBERTO OQUENDO GARCIA, por su responsabilidad en el asesinato del joven campesino CARLOS MARIO GARCIA.

CARLOS MARIO era un reconocido joven campesino de 21 años de edad, trabajador y transportador de madera, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ojos Claros del Municipio de Remedios en Antioquia y parte del grupo juvenil de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra –ACVC-.

El día 25 de marzo de 2.007 fue detenido y asesinado por miembros del Ejercito Nacional pertenecientes al Batallón Calibio en zona rural del municipio de Remedios, fue presentado por la emisora del Batallón como un “guerrillero dado de baja en combate” como resultado de la operación Atenea.

Toda la comunidad de la zona reacciono ante la injusticia y la mentira sobre estos hechos. Inmediatamente denunciaron ante las autoridades civiles lo que realmente sucedió, el valor y la indignación de la comunidad campesina permitió que el Ejercito, al menos por esta vez, no pudiera sostener su mentira oficial sobre los hechos.

Son repetidos y conocidos los hechos de sistemática violación a los derechos humanos contra la población campesina en que están comprometidos miembros de este Batallón en la región del Nordeste Antioqueño y valle del Rio Cimitarra. Recordemos que el 8 de julio de 2008, en la vereda Puerto Matilde, jurisdicción de Yondó (Antioquia) soldados del Batallón Calibio, al mando del teniente Flórez, asesinaron al campesino Aicardo Antonio Ortiz y en hechos recientes miembros de este mismo batallón atacaron sexualmente a dos niñas en la región.

Recientemente la revista Semana en un articulo del 28 de Julio, denuncia el asesinato de Carlos Mario en medio del contexto de violación a los derechos humanos de la región del Nordeste Antioqueño.

http://www.semana.com/noticias-problemas-sociales/oro-plomo/126589.aspx

La historia de Puerto Nuevo Ité, se desarrolla a partir de situaciones propias de un conflicto político que se expresa en lo armado, escenario donde se construye la cotidianidad de los olvidados, los subordinados y los rebeldes.
Todo comenzó cuando un espacio natural se convirtió en un espacio social, donde se creó comunidad. Esta vereda tuvo su origen en el desplazamiento forzado que vivió nuestro país en los años cincuenta.