La Asociación Campesina del Norte de Antioquia –ASCNA- celebra la libertad que se ha venido dando de los campesinos y campesinas detenidos entre el 2011 y 2012 en los diferentes municipios del Uraba, Norte y Nordeste Antioqueños. En lo que va corrido del año 2013, 15 personas han recuperado su libertad.

CREDHOS y MOVICE

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denunciamos y rechazamos la reciente condena judicial emitida contra el defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo, dirigente de CREDHOS y el MOVICE en el Magdalena Medio, a pesar de una serie de graves irregularidades en su proceso judicial.

David Ravelo fue condenado a 18 años y 3 meses de prisión por ser, según la decisión judicial, plagada de irregularidades, el autor intelectual del asesinato del
funcionario local David Núñez Cala en hechos ocurridos en 1991. Desde su
encarcelación el 14 de septiembre 2010, diversas organizaciones y personalidades han denunciado muchos vicios e irregularidades de forma y de fondo en el proceso contra Ravelo Crespo, entre ellos, varios diputados británicos, la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, el congresista Iván Cepeda y numerosas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.¹

Una de las más graves de estas irregularidades fue revelada el 22 de noviembre de 2012, cuando se comprobó que el fiscal, William Gildardo Pacheco Granados, quien actúo en el proceso había sido destituido en 1991 por la Procuraduría General de la Nación, cuando se desempeñaba como teniente de la Policía Nacional.² El Fiscal Pacheco Granados desde esa época había sido destituido de la Policía por su participación en la desaparición forzada de un joven en la ciudad de Armenia, lo cual descalifica de manera permanente su ejercicio de cualquier cargo público. (Articulo 76 del Decreto 261/2000).³

Diversas anomalías de este tipo han afectado el derecho al debido proceso de Ravelo Crespo desde el inicio del proceso. Las pruebas en contra de David Ravelo
consistieron principalmente en las falsas declaraciones de dos paramilitares
desmovilizados, quienes se beneficiaron de reducciones de penas en sus sentencias a cambio de sus falsos testimonios, en el marco de la Ley 975 (de Justicia y Paz). Con el agravante que éstos falsos testigos habían sido denunciados por Ravelo Crespo como autores de graves violaciones de los derechos humanos en la ciudad de Barrancabermeja. Estos dos paramilitares figuran entre los sólo tres testigos de cargo, mientras Pacheco Granados (el Fiscal), hizo caso omiso a más de 30 testimonios que demostrarían la falsedad de sus testimonios.

Tampoco se tuvo en cuenta que otro testigo declaró durante el juicio, que los dos
antiguos paramilitares intentaron sobornarlo para que respaldara las acusaciones
contra Ravelo Crespo. Y finalmente el fiscal cerró la etapa de investigación sin
aceptar gran parte de las pruebas presentadas por la defensa de David Ravelo.
Mientras transcurría el juicio de Ravelo Crespo, integrantes de su familia y los
miembros de CREDHOS continuamente sufrían amenazas de muerte y hostigamientos por parte de los grupos paramilitares.

Otra situación procesal que no ha sido clara, ocurrió con las circunstancias en la
que se conoció el fallo, ya que este fue expedido con fecha del 16 de noviembre de 2012 y hasta el 11 de diciembre no se había notificado al defensor procesal ni al procesado y sólo se conocían rumores callejeros, impidiendo así a los afectados
interponer los recursos legales que otorga la ley de manera oportuna y efectiva en flagrante violación al debido proceso.

Frente a este panorama, varias organizaciones sociales y defensoras de derechos
humanos dirigirán una carta al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en la que le informan de estas y otras irregularidades en el caso y en la que le
solicitan se tomen las medidas necesarias al respecto. Asimismo, el abogado Alirio
Uribe Muñoz, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ya ha anunciado la
apelación de la condena.

Exigencias:

1) La libertad inmediata de David Ravelo Crespo, así como la absolución de todos los falsos cargos que hacen parte del montaje judicial del que Ravelo es víctima.
2) Reales garantías de protección a David Ravelo Crespo, todos los integrantes de su familia, y los otros integrantes de Credhos.
3) Que la Fiscalía General de la Nación retire de inmediato al fiscal William
Gildardo Pacheco de su cargo, teniendo en cuenta el Decreto 0261 de 2000.

Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos)
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
14 de diciembre 2012

[1] Organizaciones Internacionales expresan serias preocupaciones por las
irregularidades en el proceso judicial que llevó a la condena de David Ravelo
Crespo, defensor de derechos humanos colombiano. http://bit.ly/UCKcNh
[2] Iván Cepeda. Denuncian irregularidades en proceso judicial de defensor de
derechos humanos David Ravelo. http://bit.ly/SVr0hv
[3] CCAJAR. Investigador en el caso del defensor de DDHH David Rabelo. Fiscal 22
antiterrorismo, William G. Pacheco fue destituido por participar en desaparición
forzada. http://bit.ly/SVqDn2

CPDH Caldas

ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO, MEDIOS DE COMUNICACION ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES Y NACIONALES, OFICINAS EN COLOMBIA DE ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS, COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, MOVIMIENTO SOCIAL DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS, MOVIMIENTO SINDICIAL, ESTUDIANTIL, COMUNIDAD EN GENERAL.

DENUNCIAMOS

Detención arbitraria de ocho profesionales de diferentes disciplinas egresados de la Universidad de Caldas, en capturas simultaneas realizadas en Bogotá, Manizales, Cali, Huila y Risaralda. Estas capturas fueron realizadas violentando la dignidad de los profesionales pues fueron capturados en sus lugares de trabajo (hospitales, colegios, fundaciones) frente a sus pacientes, alumnos, compañeros de trabajo, con despliegue de fuerza intimidatoria. Además se trata de un proceso que data del año 2006 sin que los detenidos hubiesen sido notificados

ANTECEDENTES.

1.Los y la capturados eran estudiantes de la Universidad de Caldas en el año 2006 de las áreas de Medicina, Sociología, Trabajo Social, Biología, Filosofía y Letras.

2.La y los detenidos terminaron sus estudios universitarios y desde entonces están dedicados a ejercer su profesión y cualificarse a través de realización de posgrados y maestrías en sus correspondientes disciplinas.

HECHOS

1.El día 22 de noviembre en horas de la tarde, entre las 2 y las 5 p.m. fueron privados de su libertad en diferentes ciudades del país, siete profesionales hombres y una mujer; trasladados a Manizales.

2.En audiencia pública tanto de legalización de captura como de imputación de cargos, realizadas durante los días viernes 23 y sábado 24, el fiscal 12 informó que las capturas fueron ordenadas el día 20 de noviembre en audiencia privada por la juez quinta penal y hechas efectivas el 22 de Noviembre, es decir a los dos días. (llama la atención esta rapidez para hacer efectivas las capturas si se compara con asuntos de delicada trascendencia para la vida del país, por ejemplo funcionarios del anterior gobierno nacional con ordenes de captura que no han sido efectivas varios años después de ser emitidas)

3.El sustento para las capturas está basado en declaraciones y señalamiento recibidos a personas acogidas al programa de desmovilización (informantes) por hechos supuestamente ocurridos en el año 2006.

4.Llama la atención y causa mucha preocupación el hecho que el fiscal 12 de Manizales, al momento de relacionar supuestas pruebas contra la y los profesionales, presenta un escrito extenso en el que aparece una mención a la Unión Patriótica haciendo ver este proceso como “un revés que sufrió la insurgencia armada y por eso crea un nuevo proceso, el PC3 organización a la que pertenecen los capturados”. Esto demuestra que el genocidio estatal cometido contra la UP así como la persecución, hostigamiento y señalamiento a sus sobrevivientes se mantiene.

5.El juez de garantías actuó dando por ciertas las imputaciones, condenando a la y los profesionales sin empezar la etapa de juicio, violentando el derecho a la presunción de inocencia, pero además mostrando una gran indolencia e irrespeto a la dignidad humana, pues ante la petición hecha por la representante de la Procuraduría General de la Nación y los abogados de la defensa de otorgar el beneficio de la detención preventiva domiciliaria, se negó, sin importar el estado de salud de la profesional en medicina ni de los padres de avanzada edad de uno de los profesionales en cuya responsabilidad recae el sustento y cuidado de sus ancianos padres.

EXIGIMOS

1.A la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo estar atentos y garantizar que se cumpla el debido proceso, así como ordenar a quien corresponda revisión del estado de salud de la profesional en medicina trasladada a la institución carcelaria Villa Josefina de la ciudad de Manizales.

2.A los organismos de control del Estado, el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, las direcciones de las instituciones carcelarias de varones y mujeres de la ciudad de Manizales a respetar el debido proceso y la dignidad humana de la y los profesionales, teniendo en cuenta que la privación de la libertad no lleva en ningún momento a la privación de los Derechos Humanos de las personas.

3.A los medios de comunicación nacional y local a respetar la dignidad de la y los profesionales, ser objetivos en la presentación de la noticia y abstenerse de emitir conceptos que violenten el derecho a la presunción de inocencia.

LLAMAMOS

A los Organismos de Control del Estado, medios de comunicación, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, Oficinas en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas, del Comité Internacional de la Cruz Roja; a los movimientos: sindical, estudiantil, femenino, cívico popular y comunidad en general a exigir el respeto por el debido proceso, los derechos humanos y la dignidad humana de los profesionales. CARLOS ANDRES OSPINA PARRA, ALEXANDER PEREZ JIMENEZ, LESNER ALMENARES GOMEZ, ANDRES FELIPE ALVAREZ DAVILA, YHOAN DAVID RUIZ RINCON, LILIANA CAMPO AVILA, JULIO CESAR MURRILLO GARCIA.

JUNTA DIRECTIVA CPDH CALDAS

Confidencial Colombia

Durante la última semana varias personas han sido capturadas por, presuntamente, pertenecer a las Farc. Organizaciones campesinas y de Derechos Humanos sostienen que se trata de civiles sin ninguna relación con la insurgencia. Algunas de estas personas están vinculadas directamente con el movimiento Marcha Patriótica.

Asociación Campesina del Norte de Antioquia – ASCNA

Fue presentada por los medios oficiales como ideóloga de un frente guerrillero

La Asociación Campesina del Norte de Antioquia ASCNA con NIT:900488021-4, organización de base que Asocia a familias Campesinas de los municipios del Norte de Antioquia denuncia públicamente a la opinión pública nacional e internacional la persecución y los señalamientos de que viene siendo víctima por parte del estado colombiano y del del Ejército Nacional.

Hechos:

Hoy 14 de septiembre de 2012 ha sido detenida arbitrariamente, en el Municipio de Campamento, Antioquia, nuestra Presidenta Ana Pérez. Bajo cargos de rebelion, terrorismo y hurto. La detención fue realizada por hombres de civil por órdenes de la Fiscal 51 epecializada Maria Fabiola Muñetón, reconocida nacionalmente por sus violaciones al debido proceso. Exigimos se garantice el debido proceso de nuestra Presidenta y que cese la persecución contra nuestra organización

El día 9 de septiembre de 2012 en el parque del municipio de campamento fueron capturados por la Policía Nacional los campesinos, Federico Antonio Taborda Adarbe e Ignacio León Zabaleta Ruíz, habitantes del corregimiento Raudal viejo de Valdivia, quiénes hacen parte de una comisión del Comité de Trabajo de nuestra Asociación en dicho corregimiento y se dirigían al Municipio de Campamento para participar en una Audiencia de derechos humanos el día 10 de Septiembre donde se denunció la grave situación que soportan los y las habitantes del Norte de Antioquia.

Durante la captura varias personas asociadas a la ASCNA y acompañantes internacionales del Observatorio Internacional de Paz, IPO (por sus siglas en inglés) estuvieron atentas al procedimiento e indagando por información sobre la causa de la detención, la cual no fue suministrada por la fuerza pública, argumentando que esta información solo la entregarían a un abogado.

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos se permite comunicar y denunciar ante organismos internacionales de derechos humanos, organizaciones defensoras de derechos humanos y la opinión pública en general, que en las últimas tres semanas de agosto/2012, nuestra Fundación ha sido victima de ataques cibernéticos y robo de información.

HECHOS: El primer incidente fue el descubrimiento a principios de agosto de 2012, cuando se detectó que en uno de los computadores del area de investigaciones en nuestra oficina nacional, desde el cual se alimenta la página web y se manejan nuestras comunicaciones, fue instalado un software espía que registraba toda la información y la enviaban vía internet a destinos desconocidos.

Sucesivamente se presentaron ataques a nuestra página web www.comitedesolidridad.com, dejándola inhabilitada totalmente desde el día 15 hasta el 18 de agosto cuando fue recuperada parcialmente gracias a los esfuerzos de la persona encargada de su administración. Sin embargo siguió siendo saboteada y presentó bloqueos temporales, al punto que sólo hasta ayer 24 de agosto se pudo finalmente recuperar en su totalidad.

De igual manera, en los últimos 15 días, nuestra cuenta de correo institucional fue utilizada para enviar virus y spam y se borraron los correos institucionales con la terminación @

También se utilizó nuestra cuenta institucional para enviar mensajes amenazantes a la persona encargada de administrar la comunicación por redes sociales en la seccional Antioquia.

El día 13 de agosto fue reemplazada la unidad de disco duro de uno de los computadores de nuestra seccional en el Atlántico, en la cual se almacenaba información de nuestro trabajo. En lugar del disco duro fue instalada una unidad diferente que no funciona. El robo ocurrió en las oficinas de nuestra seccional, compartida con las del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL).

Consideraciones

Estos robos y manipulación, tanto de información como de los medios utilizados por nuestra Fundación para comunicar y denunciar las múltiples violaciones de derechos humanos en Colombia, y que han ocurrido de manera simultánea, se presentan luego de que los compañeros José Humberto Torres, Franklin Castañeda y Walter Agredo, integrantes de nuestra Fundación hayan recibido amenazas de muerte en el pasado mes de julio.

De igual forma en momentos en que se viene informando de la grave situación de crisis humanitaria que se vive en las cárceles del país y que somete a más de ciento once mil personas presas a tratos crueles e inhumanos (sin salud, hacinados, con epidemias) crisis que viene siendo denunciada directamente por nuestra Fundación y por las personas privadas de libertad entre otras utilizando de nuestros medios de comunicación y denuncia.

Solicitudes

Por lo anterior exigimos a la Fiscalia General de la Nación iniciar investigación por estos hechos y dar con la captura y judicialización de los responsables a la mayor brevedad posible.

Exigimos del Gobierno Nacional garantías a nuestra labor y que se tomen las medidas necesarias para garantizar nuestros derechos a la vida, Integridad personal, libertad, intimidad y el derecho a defender los derechos humanos.

Solicitamos a las organizaciones de la sociedad civil expresar su solidaridad enviando comunicaciones a representantes del Estado y de la Fiscalia General de la Nación solicitando la pronta investigación de los hechos aquí narrados, así como la protección de los integrantes del CSPP.

Por Asociación Campesina del Norte de Antioquia

Desde el pasado Domingo 15 de Abril un temor ronda a toda la población de Anori Antioquia el ser victima de una captura masiva y arbitraria. Este fue el dia en que bajo orden de la fiscalía 29 especializada de Medellín y tras un fuerte bombardeo indiscriminado en varias Veredas del sector Anori – Dos Bocas, fueron detenidos por tropas del batallón Bombona de la Brigada 14 del ejercito Colombiano. Fueron privadas de la libertad 21 personas del casco urbano y rural de este Municipio por el presunto delito de rebelión y delitos conexos a esta acusación. Los cuales fueron conducidos a Medellín de inmediato, y siguiendo ritos del nuevo sistema penal acusatorio oral conducidos a la cárcel nacional de Bellavista. Siendo presentados por los medios de comunicación como integrantes de una red de apoyo a las Farc – en el municipio, vulnerando su presunción de inocencia, buen nombre y debido proceso en general. Esta captura es fruto de testimonios fabricados por un guerrillero converso conocido con el alias de Pájaro quien se desmovilizo en Febrero de 2011. Este ejercía un control armado ilegal que el Estado no logro reprimir durante mucho tiempo en zonas de este municipio por lo cual sin numero de campesinos, comerciantes y gentes del pueblo fueron obligados a prestarle algún tipo de servicio, bajo amenaza y en medio del ámbito de presión que ejercen los armados. En tal sentido con su desmovilización el Pájaro no ha cesado su presión y ejercicio de terror llamando a cientos de campesinos a decirles que los tiene en una lista para entregarlos a la fuerza publica, lo cual ha generado terror y zozobra que se ha incrementado con la captura masiva y arbitraria del 15 de Abril pasado.

Alias el Pájaro ha venido presionando además de comerciantes, a los lideres del
pasado paro de Enero de 2011, en especial a los que sirvieron de negociadores
por parte de la comunidad, algunos de los cuales como Jorge Mesa han sufrido
continua persecución y hostigamientos que han llegado al ametrallamiento por
parte de helicópteros de la Brigada 14 del ejercito, de su finca ubicada en la
vereda las Conchas de este municipio.

Por tanto la ASOCIACION CAMPESINA DEL NORTE DE ANTIOQUIA ASCNA
NIT: 900488021-4. Hace un llamado al Estado Colombiano a garantizar los
mínimos fundamentales del Debido Proceso como son derecho a un proceso
judicial abierto, justo e imparcial y que posibilite a los implicados ejercer su
derecho de defensa.

Al Estado y la opinión pública en general a respetar la presunción de inocencia y
buen nombre tanto de los actuales privados de la libertad en este proceso como
de la comunidad del Municipio de Anori.

Se investigue y haga seguimiento al proceso de desmovilización de alias el Pájaro
pues no entendemos si esta reinsertando porque sigue ejerciendo presiones y
dinámicas de atemorización sobre la población civil de este municipio.

Se garantice la vida, libertad y demás derechos humanos de los lideres
campesinos del Municipio de Anori y se investiguen las presiones indebidas, tratos
crueles y torturas que ha sufrido Jorge Mesa por parte de la brigada 14 del ejercito colombiano.

ASCNA
NIT:900488021-4.

por MOVICE

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE denuncia el
reciente intento de parte del INPEC de trasladar al detenido político, dirigente de
la organización de derechos humanos Credhos y líder del MOVICE David Ravelo Crespo.
Es imprescindible que no se efectúe dicho traslado a la cárcel La Picota en Bogotá,
para garantizar la seguridad y la salud de David Ravelo.

El MOVICE exige que se den garantías de que no se trasladará a David Ravelo en
ningún momento. Aunque de momento parece que se ha suspendido el traslado,
solicitamos a la comunidad nacional e internacional estar vigilantes frente a
posibles futuros intentos de traslado.

Seguimos exigiendo que se libere y se absuelva a David Ravelo y a los otros
integrantes del MOVICE injustamente detenidos.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

29 de diciembre de 2011

Por MOVICE

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado rechazamos de manera enérgica y vehemente la estrategia de persecución configurada en montajes judiciales contra quienes exigen y defienden los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. Esta vez, dichos montajes se utilizan en contra de Juan David Díaz, quien además de ser miembro del MOVICE, Capítulo Sucre, es hijo de Eudaldo Díaz, Alcalde del municipio del Roble, asesinado bajo órdenes del entonces Gobernador Salvador Arana.
Su asesinato es dolorosamente recordado en Colombia, pues el Alcalde Eudaldo Díaz denunció ante un consejo comunitario presidido por el ex presidente Alvaro Uribe Vélez que iba a ser asesinado, y en efecto fue desaparecido y asesinado.

Hechos

Los días 19 y 20 de diciembre Juan David estuvo en indagatoria en Sincelejo por dos procesos que tiene en su contra. Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), quien lleva la defensa de algunos de los procesos, se tiene información de tres procesos en donde se ha señalado a Juan David como responsable de diferentes delitos, todos derivados de ser supuesto miembro de estructuras paramilitares que actuaron en el departamento de Sucre. Estas investigaciones se han abierto por remisión de la Fiscalía 10 de Justicia y Paz en donde han rendido versión libre los autores materiales de la desaparición forzada y homicidio agravado del entonces alcalde del Municipio el Roble, Eudaldo Díaz, padre del médico Juan David Díaz Chamorro.

En el mismo sentido menciona el CCAJAR que hay otras posibles investigaciones que le abrirán en contra de Juan David Díaz, lo que demuestra una estrategia de los paramilitares en contra del hijo del alcalde, no solo para deslegitimarlo sino para buscar que él termine en la cárcel en donde se teme que sea más vulnerable para recibir un atentado en contra de su vida. Pues Juan David ha recibido repetidas amenazas contra su vida y la de su familia.

HOY SE CUMPLEN 40 DIAS DE INJUSTO CAUTIVERIO DE LUIS ALFREDO FERNÁNDEZ, MIEMBRO DEL COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS (CPDH) DE ALGECIRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Campesino en el municipio de Algeciras Huila, fiscal del Comité Permanente por la Defensa de los DDHH (CPDH) Seccional Algeciras, defensor de DDHH, sobreviviente de la UP, perteneció a FENSUAGRO (Federación Nacional Sindical Agropecuaria), prisionero político desde el 02 de Octubre de 2011, víctima de una persecución política, por su calidad de defensor de DDHH.

LUIS ALFREDO FERNÁNDEZ, es un campesino que vive en el municipio de Algeciras, en la vereda Bella Vista, tiene 4 hijos, vive con su esposa, su hijo mayor, su hija menor y su nieto, es padre cabeza de familia. Su sustento económico lo adquiere de lo que gana producto de su trabajo en la finca.

LUIS ALFREFO es un ejemplo del campesino, defensor de DDHH, líder en la comunidad, con una incansable lucha por la dignidad humana, trabajador y víctima directa del conflicto político, social y armado que vive nuestro país en una modalidad que sistemáticamente viene aplicando el actual gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación a través de las “detenciones masivas ” y los “montajes judiciales”, principalmente en las zonas rurales y desafortunadamente silenciada por los medios de comunicación.

October 24, 2011

By FENSUAGRO
Translated by IPO

At about 10:00AM on Sunday, October 16th, the human rights secretary of FENSUAGRO received information from the community of La Uribe that the Army and Police were carrying out operations there. Several people were arrested and taken to the military in the town of La Julia, Meta. The community later learned that those arrested were moved to Granada, Meta, where they were transferred to the District Attorney and are being accused of rebellion.
The arrested are the following:
a. EDGAR RAMÍREZ, Businessman, resident of La Julia
b. HERMINSON HERNÁNDEZ, who was detained in 2006, and again now.
c. LUIS ALBERTO GUTIERREZ URIBE, Campesino, resident of the village El Pacer and Green Party candidate for the municipal council.
d. RUBEN DARIO OSORIO, Campesino, President of ASOPROAJU and POLO Democratic Alternative candidate for the municipal council.
e. MARIA ENELIDA BERMUDEZ URIBE, Businesswoman in La Julia.
f. JOHANY BERMUDEZ PINZON, who works loading trucks and transporting people on the river.
g. CARLOS JULIAN USECHE, a young peasant from the village La Primavera and member of ASOPROAJU.

por Fensuagro

El día domingo 16 de octubre/11, siendo aproximadamente las 10:00 a.m la secretaria de derechos humanos de la Federación, tuvo conocimiento por información de la comunidad que se estaban desarrollando acciones conjuntas entre Ejército Nacional y Policía Nacional donde eran detenidas varias personas que fueron conducidas a la base militar que se encuentra ubicada en el caserío de la Inspección Segunda Municipal de la Julia del Municipio de Uribe – Meta y posteriormente la comunidad conoció que fueron trasladadas a la Ciudad de Granada – Meta, poniéndolas a orden de la Fiscalía 27 de esta municipalidad y que se les estaba acusando de rebelión.

La comunidad expresa su preocupación por esta redada de detenciones masivas que se vuelven a recrudecer en el municipio, donde a través de esta situación se siembra el terror y la zozobra entre los habitantes, cuando estas personas según la comunidad son moradores del Municipio, personas reconocidas en la zona y ahora acusada injustamente de rebelión

Antecedentes

El 29 de octubre del año 2007, en horas de la mañana, los habitantes de la inspección La Julia, municipio de La Uribe, vieron que la policía patrullaba acompañada de encapuchados, quienes llegaron a varias residencias y detuvieron a sus moradores sin ninguna orden judicial. En la redada fueron detenidas arbitrariamente 12 personas: John Freddy Velásquez, Hipólito Calderón, Hugo Jaramillo, José Ángel Angarita, Víctor Murcia Ferreira, Luis Efrén Ramírez López, Nancy Castaño, Orlando Aguirre, Luis Hernando Sierra, José Díaz Cuellar, Mauricio Gallego, Darley Upegui y Eliécer Sierra, quienes fueron trasladadas a la Macarena y posteriormente a Bogotá colocándolas a ordenes de la Fiscalía 16 especializada. Tres días después, en el mismo caserío aterrizó un helicóptero y militares encapuchados detuvieron a otras cinco personas que corrieron la misma suerte.

Por Fundación Lazos de Dignidad, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive, Coalición por la Libertad de los prisioneros y prisioneras políticas, Observatorio de Derechos Humanos Ivan Ortiz, Federación Nacional Sindical Agropecuaria, FENSUAGRO, Federación de Estudiantes Universitarios

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos y denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que:

1. A partir del día dos de octubre de 2011, se han venido ejecutando ocho órdenes de captura en contra de miembros de organizaciones estudiantiles, cívicas y sociales de los departamentos del Huila y Caquetá. Las órdenes son emitidas por parte de la Fiscalía 16 especializada Nacional Contra el Terrorismo. En estas se imputan los delitos de rebelión, concierto para delinquir y administración de recursos relacionadas con actividades terroristas.

2. Las personas capturadas son reconocidos dirigentes estudiantiles, defensores de derechos humanos y dirigentes campesinos, entre ellos están: OMAR ALFONSO COMBITA (Líder social y rector del centro educativo de Santa Ramos) FABIÁN CAMILO ESCUDERO (Miembro de la Federación de estudiantes Universitarios, abogado y miembro Corporación por la denfesa de los derechos humanos INDEPAZ), OMAR MARÍN (Miembro de INDEPAZ y de la Federación de Estudiantes Universitarios), DARÍO SIERRA CASTRO (Presidente Junta de Acción Comunal de Aguililla, además miembro de la Asociación de Juntas Del Municipio de Puerto Rico, en el departamento del Caquetá), LUIS ALFREDO FERNÁNDEZ (Fiscal del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Seccional de Algeciras), CARLOS LUGO (Cantautor de música de protesta y activista del movimiento estudiantil), JORGE ELIECER GAITÁN (miembro del comité ejecutivo de la FEU) Y PAOLA SOTO (miembro de la Asociación Municipal de Colonos del Pato, AMCOP).

3. Estas injustas judicializaciones fueron realizadas el fin de semana Policía
Nacional, con allanamientos previos a sus viviendas, y con el traslado desde las
ciudades de Neiva y Florencia a la ciudad de Bogotá, sin las más mínimas
condiciones de cobijo y abrigo, además de ser aislados de sus familiares y amigos, alejando la posibilidad de una defensa técnica adecuada y oportuna. Denunciamos que en el caso de FABIAN CAMILO ESCUDERO, este sufrió triple fractura de Peroné, y a pesar de su convalecencia así se lo llevaron.

September 26, 2011

By the Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Political Prisoner Solidarity Committee Foundation)

Today, after three years of imprisonment without due process, Carmelo Agámez has been freed. Because of his work with MOVICE (the Movement of Victims of State Crimes) he has suffered this political and judicial persecution.

Carmelo was arrested on November 13th 2008, in his native department of Sucre, and falsely accused of belonging to paramilitary groups. It bears mention that Carmelo Agámez has frequently denounced paramilitary activity in the region.

From its beginnings, the prosecution of Carmelo was marked by irregularities. One of the first suspicious incidents occurred several days before his arrest, when several armed men (none of whom presented a police warrant) broke into his home. Later, on November 15th, he appeared with his lawyer at the District Attorney’s office in Sincelejo, Sucre, intending to bring to light that episode and submit a complaint asking for official protection.

In the course of the trial Camilo’s lawyer, José Humberto Torres of the Political Prisoner Solidarity Committee Foundation (FCSPP), has exhausted all legal resources. He has petitioned for Camilo’s release to house arrest only to have it denied, despite the fact that numerous confessed paramilitaries and corrupt officials (“para-politicians”) involved in identical trials have been granted that meager concession.

por FCSPP

Hoy, luego de permanecer casi tres años privados de su libertad, sin ningún tipo de garantías procesales, perseguido política y jurídicamente por su labor como líder de las Víctimas y defensor de los derechos humanos en Colombia, Carmelo Agámez recupera su libertad.

Carmelo fue capturado el 13 noviembre de 2008 en el departamento de Sucre, su tierra natal, víctima de acusaciones falsas que lo referenciaban con el delito de concierto para delinquir por pertenecer a grupos paramilitares. Aquí vale resaltar que Carmelo Agámez venía denunciando el actuar paramilitar en esa zona del país.

El proceso judicial, contra el señor Carmelo estuvo, desde sus inicios, demarcado por irregularidades y arbitrariedades. Uno de los primeros incidentes, días antes de su privación de la libertad, fue el allanamiento ilegal efectuado por hombres que, armados y sin orden judicial para tal acción, realizaron de manera violenta en su vivienda. Tras estos hechos, el 15 de noviembre, Carmelo se presenta con su abogado en la fiscalía de Sincelejo Sucre con el fin de esclarecer los hechos y a rendir indagatoria luego de la cual un juez le impone medida de aseguramiento.
En lo largo del proceso, José Humberto Torres de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y abogado defensor de Carmelo manifestó haber agotado todos los recursos judiciales posibles en el caso, incluso la solicitud de detención domiciliaria la cual fue negada; esto a pesar que a parapolíticos y paramilitares confesos vinculados al mismo proceso judicial se les había concedido este beneficio.

Casi tres años después, de lo que algunos defensores han llamado como secuestro institucional contra defensores de derechos humanos, Carmelo Agámez retorna a la libertad por pena cumplida y sin haber sido condenado. Es decir, luego de permanecer, injustamente y sin pruebas reales en su contra, privado de su libertad en un tiempo promedio a la pena que se le impondría de haber sido hallado culpable.

por Andrés Gómez , Periódico El Turbión

El Turbión entrevistó al profesor Miguel Ángel Beltrán, quien hace menos de una semana recobró su libertad después de permanecer dos años encerrado en pabellones y cárceles de máxima seguridad. El académico habla del proceso en su contra, sobre la forma en que aún es estigmatizado por algunos medios, acerca de las cárceles colombianas y del conflicto armado que vive el país.

por Semana

En la noche del martes recuperó su libertad Miguel Ángel Beltrán, quien estuvo dos años recluido en La Picota, acusado de rebelión y concierto para delinquir. Su salida de la cárcel se dio luego de que la juez cuarta Especializada de Bogotá determinó que no había suficiente material probatorio para condenarlo, basada en una reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal cualquier prueba proveniente de los computadores de ‘Raúl Reyes’. “Triunfó la verdad, el pensamiento crítico no es terrorismo. Fueron dos años duros”, dijo a la prensa, tras conocer el fallo, el pasado viernes.

por Encuentro Nacional por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos

En Bogotá, durante los días 4 y 5 de junio del año 2011, nos encontramos 600 delegados provenientes de varias regiones del país, víctimas de las detenciones arbitrarias y los intencionados errores judiciales, de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes vividas de manera sistemática en las cárceles colombianas; así también, familiares de prisioneros políticos, organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles, políticas, profesorales, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos…

por Video Contravía

Carmelo Agámez está hoy encarcelado bajo un escandaloso montaje judicial, conozca en el video de Contravía esta realidad. Los montajes judiciales contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes, líderes agrarios, indígenas, afro descendientes, maestros, son una práctica sistemática del estado colombiano contra la oposición política, convirtiendo a Colombia en un país récord en presos políticos.