ASCNA

La Asociación Campesina del Norte de Antioquia, ASCNA, identificada con NIT 900488021-
4. Oficia a las agencias del ministerio público y denuncia públicamente. Los hostigamientos y
agresiones violatorias del derecho de reunión y asociación que el Estado colombiano viene
cometiendo de forma sistemática y planificada por medio de agentes Estatales, paramilitares y de
la fuerza pública en contra de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia ASCNA.

HECHOS.

1. Es de nuestro conocimiento que en las recientes semanas paramilitares pertenecientes al
auto nombrado grupo de los Paisas, quienes ejercen control socia disciplinante por medio del
terrorismo de Estado en el sitio el Doce de Taraza, vienen indagando a ASCNA, basados en los
constantes señalamientos realizados por el ejército colombiano a través de su emisora
Colombia estéreo, con sede en mencionado lugar.

2. Los días 29 y 30 de Enero del presente año la ASCNA realizó una capacitación a sus
afiliados en derechos humanos en el municipio de Yarumal Antioquia, la cual fue motivada
pedagógicamente por el Programa Somos Defensores. A pesar de haber notificado por escrito
a las autoridades locales del evento, su carácter y objetivos, los participantes en este taller
fuimos víctimas de constantes seguimientos y filmaciones por personal de civil de los
organismos de seguridad del Estado. Hasta llegar a realizar un retén cuando regresaban los
asistentes al taller a sus lugares de origen siendo fotografiados e interrogados de forma
arbitraria por parte de agentes de la policía Yarumal, los cuales preguntan específicamente
por el taller realizado.

3. Desde la tarde del 1 de febrero en el Municipio de Taraza fue detectado un seguimiento por
hombres de civil al compañero Jorge Ríos destacado dirigente Campesino del Bajo Cauca
Antioqueno y asesor de organización de ASCNA. Los individuos incluso pasaron la noche en
inmediaciones de su lugar de residencia. Al ver que legadas las 10 de la mañana del día 2 de
Febrero y estos sujetos permanecían allí, nos comunicamos con la OACNUDH para que por
medio del comando de policía de Taraza se estableciera quienes eran estos personajes.
Obteniendo como respuesta que eran miembros de la inteligencia de la policía SIJIN, bajo una
tarea de investigación abierta contra los dirigentes campesinos del Bajo Cauca Antioqueno.
Nos preocupa esta situación ya que es manifestación de la sistemática persecución contra ASCNA
como lo sucedido contra nuestras dirigentes Ana Francisca Pérez y Yolanda de la Misericordia
Restrepo victimas de falso positivos judiciales.
Ante estos hechos de flagrante de violación a los derechos humanos:

Exigimos:

1. Se garantice el derecho de asociación, Expresión, reunión y movilización a los habitantes del
norte de Antioquia y bajo Cauca Antioqueno y en específico a los asociados de
ASCNA.

2. Se garantice el derecho a defender los derechos humanos a los dirigentes campesinos del
Norte de Antioquia y Bajo Cauca Antioqueno.

3. Se abran investigaciones oficiosas por parte de la procuraduría general de la Nación y las
fiscalías delegadas en derechos humanos, contra el comando de policía Yarumal, contra el
comando de policía Taraza y contra la SIJIN Por violación de los derechos humanos en los
fundamentales de Asociación, reunión, expresión y movilización que ha sido víctima ASCNA y
sus asociados.

4. Se abra similar investigación sobre la emisora Colombia estéreo del ejército colombiano y
además se les investigue por difamación, y concierto para delinquir ya que buscan propiciar
el exterminio de las asociaciones campesinas del bajo cauca y las del norte de Antioquia
porque somos críticos a su plan de consolidación.

5. . Respetar la intimidad y vida de Jorge Ríos, como su derecho a defender los derechos
humanos de las comunidades.

6. Respetar la vida e intimidad como su derecho a defender los derechos humanos de las
comunidades de Luz Mery López dirigente campesina del municipio de Anorí afiliada a ASCNA
detenida arbitrariamente hace 6 meses, absuelta y declarada inocente por un Juez de la
República el pasado 31 de enero y puesta en libertad.
ASCNA.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071 Fax: (+57 1) 566.20.71
comunicacionesvp@presidencia.gov.co
ppdh@presidencia.gov.co

Vicepresidente de la República de Colombia ANGELINO GARZÓN
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
Teléfonos (57 1) 444 2120 – 444 2122
Fax: (57 1) 596 0651
E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co Twitter: @angelino_garzon

MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA.
ministro@minjusticia.gov.co

DEFENSOSIA DEL PUEBLO. JORGE ARMANDO OTÁLORA
defensoria@defensoria.org.co

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN EDUARDO MONTEALEGRE
Diagonal 22B No. 52-01 – Bogotá, D.C.
Teléfonos: 570 20 00 – 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co denuncie@fiscalia.gov.co

MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA.
ministro@minjusticia.gov.co

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
quejas@procuraduria.gov.co

ASCNA

El día 10 de Septiembre de 2012, en la cabecera del Municipio de Campamento- Antioquia, se llevó a cabo la audiencia social del proceso de garantías, este evento, fue convocado por la Asociación Campesina del Norte de Antioquia- ASCNA, la Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos- Nodo Antioquia, y el Proceso Social de Garantías Antioquia, debido a la grave situación de derechos humanos de los territorios de Campamento, Anorí, Guadalupe y Taraza.

En esta actividad hizo presencia campesinos y campesinas de las diferentes regiones del Norte del departamento, así mismo asistió funcionarios de la Alcaldía del Municipio de Campamento: Secretaría de Gobierno y representantes del Ministerio Público.

Durante la audiencia se reiteró por parte de las y los asistentes la grave situación de derechos humanos, que se expresa en diferentes violaciones entre ellas: los continuos señalamientos y hostigamientos (fotografías) de parte de la Brigada XIV del Ejército contra miembros la Asociación Campesina del Norte de Antioquia- ASCNA expresando que estos hacen parte de la insurgencia o que son pirámides (captadoras de recursos), vulnerando así no solo el derecho a la libre Asociación, sino también la labor de defensa de los derechos humanos. De igual manera se visibilizó como a través de la, emisora del Ejercito nacional, se ha señalando a líderes que asistieron a la marcha realizada en Bogotá y convocada por el Movimiento político y social de Marcha patriótica, de ser colaboradores de la guerrilla, poniendo en grave riesgo la vida de estos pobladores, a esto se suma, que presuntos miembros de la fuerza pública (Ejército) han comentado en la vereda San Basilio que si campesinos salen al paro programado de Octubre de 2012, les van hacer quemadas sus viviendas. A través de esta misma emisora, el Ejército, saluda a campesinos y campesinas que han sido críticos con las acciones de la fuerza pública por sus violaciones de derechos humanos en el territorio de Taraza, pretendiendo con ello poner en el escenario público una filialidad que no existe, lo cual pone en grave riesgo la vida de los pobladores, pues estos viven en una zona de conflicto donde hacen presencia paramilitares y guerrillas.

En este marco de agresiones, es constante del accionar de la fuerza pública, los empadronamientos, hostigamientos, restricción a la movilidad, restricción de alimentos y confinamientos a población campesina; se han presentado casos donde presuntos miembros del Ejército, solicitan a campesinos de Taraza, información de donde está la insurgencia, y a cambio se les permitiría pasar alimentos, lo cual es una acción no solo de hostigamiento sino de involucramiento de población civil en acciones propias de inteligencia militar, vulnerando el principio de distinción. Se denunció así mismo durante el evento como en la zona de Guadalupe, Campamento, Raudal- Raudal Viejo, Taraza- Valdivia, el Ejército Nacional ha acampado y utilizado bienes civiles, incurriendo en infracciones al DIH, el hecho más reciente ha sido en el mes de Agosto, donde tropas de la Brigada XIV acamparon en la casa comunal de la Vereda de San Basilio, donde miembros de la fuerza pública expresaron que para llevarse a cabo reuniones comunitarias organizadas deben estar autorizadas por parte de ellos, violando el derecho a la libre asociación.

En este contexto de violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, se denunció frecuentes disparos por parte de miembros del Ejército en medio de caseríos en el punto las Torres- Vereda la Colmena y San Roque; en cuanto al tema de infracción al DIH, por parte de la insurgencia, se denunció la muerte de tres campesinos a causa de unas explosiones en mediaciones de Teresita y Montebello.

Respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, también se expresó la preocupación por las propuestas de “desarrollo sostenible” ejecutadas por el Estado- Administración Municipal, las cuales desconocen la realidad campesina de auto sostenimiento, y por el contrario profundizan las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de la población. A esto se añade las preocupaciones del campesinado por la imposición de las mediadas fito- sanitarias que se están exigiendo a la producción de la panela y la leche.

Se denunció durante la actividad que desde el año 2002, cuando el Ejercito Nacional bombardeo el Centro de Salud de la Vereda San Pablo, este no ha sido reconstruido, lo que afecta la vida de los pobladores y en especial el derecho a la salud ya que no existe las condiciones para responder a una urgencia, ni prestar los servicios integrales a la comunidad. Se llama la atención sobre la necesidad de tomar medidas de mitigación del riesgo en la Vereda San Roque, ya que el invierno se llevó parte del Trapiche comunitario.

Finalmente, se denuncia el hecho ocurrido el día 9 de Septiembre de 2012, día antes de llevarse a cabo la Audiencia Regional de Garantías, en Campamento, cuando en medio de las requisas realizadas por la Policía Nacional en el Parque del Municipio, se tomaron fotografías de manera ilegal a los campesinos que llegaron de Taraza, hecho que fue constatado por el representante de Ministerio Público y los delegados internacionales de IPO, a quienes durante el hecho les fue requerido sus documentos de identidad y les fue indagado por sus nombres, cargo, organización y funciones laborales (empadronamiento), desconociendo el papel no solo del funcionario público sino el trabajo que realizan los brigadistas internacionales en el acompañamiento a la defensa de los derechos humanos que realiza la ASCNA.

Por otro lado la comunidad que participó en la Audiencia manifestó la problemática de incomunicación que viven, ya que prácticamente en todo el territorial rural no existe cubrimiento de telefonía fija ni móvil, y en muchas veredas donde anteriormente había cobertura de esta última, por razones desconocidas dejo de funcionar, siendo esto un aspecto que demora la denuncia de violaciones a los derechos humanos del que son objeto la población y la negación del derecho a la comunicación.

Por todo lo anterior se exige:

1. Al Estado colombiano- a las fuerzas militares no minimizar ni deslegitimar la labor de defensa de derechos humanos que realiza la ASCNA.

2. Al Estado colombiano- a la fuerza pública cesar toda forma de hostigamiento como es la toma de fotografías y señalamientos de pertenecer a grupos ilegales, contra la población civil, líderes y lideresas y funcionarios de ASCNA ya que esto viola los derechos humanos, el debido proceso y pone en riesgo la vida de la comunidad.

3. Al Estado colombiano garantizar los derechos a la libre asociación, de movilidad y protesta.

4. Al Estado- a la fuerza pública, respetar y garantizar el principio de distinción.

5. Al Estado reconstruir el Centro de Salud de la Vereda San pablo.

6. Al Estado- Administración Local abrir participación a la población campesina en las políticas de desarrollo local.

7. Al Estado colombiano- militares- respetar el principio de distinción, y no someter al campesinado y líderes a presiones para obtener información del actuar de la Insurgencia o grupo ilegales.

8. El Estado debe respetar y garantizar el derecho a defender los derechos humanos por parte de los líderes, lideresas, campesinos y la Asociación Campesina del Norte de Antioquia.

9. Cesar toda forma de hostigamiento, persecución y señalamientos a la labor legítima y legal que desarrolla la Asociación Campesina del Norte de Antioquia.

10. Se exige al Ministerio Público Investigar y sancionar a los funcionarios públicos que hayan cometido violaciones a los DDHH.

11. Se exige el cumplimiento de las directivas presidenciales sobre el respaldo y garantía de la labor de defensa de los derechos humanos.

12. Se exige al Estado colombiano cumplir con todos los compromisos adquiridos en el proceso de la mesa nacional de garantías.

13. Se exige al Estado garantizar el derecho a la comunicación.

Suscriben

Asociación Campesina del Norte de Antioquia- ASCNA

Nodo Antioquia Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos- Nodo Antioquia.

Proceso Social de Garantías Antioquia.

November 26, 2011

By ASOCBAC
Translated by IPO

REGARDING THE BREWING GENOCIDE AND EXTERMINATION OF OUR ASSOCIATION

The Campesino Association of Bajo Cauca, ASOCBAC, publicly denounces the assassination of Fredy Jimenez, the vice president of the Local Action Committee of Acacias in the municipality of Taraza. This crime was committed Wednesday, November 23, by a paramilitary group that operates in that area. At 5:00 in the afternoon, Fredy Jiminez was murdered only 500 meters from the school in the area known as La Viuda while traveling to the municipal capital of Taraza, on his way from Cañon de Iglesias.

This crime is the result of the State’s systematic and generalized persecution and criminalization of our Association. The Association has been falsely and illegally accused of guerrilla activity by numerous public officials, including Luis Alfredo Ramos, the Governor of Antioquia; Andres Julian Rendon, the Antioquia State Secretary; as well as Didier Adnres Upegui, the Municipal Secretary of Taraza. ASOCBAC has suffered these accusations due to our leadership in strikes and the struggle to protect the rights of peasant farmers in Bajo Cauca.

a Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño ASOCBAC NIT: 900264352-5, denuncia a la opinión pública nacional e internacional el asesinato del vice presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda las Acacias, Municipio de Taraza y líder de *ASOCBAC *en ese Municipio FREDY JIMENEZ. *Crimen cometido por un grupo paramilitar que opera en Taraza, el pasado día Miércoles 23 de * *Noviembre promediando las 5 de la tarde, en la carretera que de la cabecera municipal conduce al Cañón de Iglesias, a unos 500 metros antes de la escuela del sector conocido como la Viuda.

November 1st, 1011

By ASOCBAC
Translated by IPO

The Campesino Association of Bajo Cauca, Antioquia (ASOCBAC) publicly denounces yesterday’s arbitrary and illegal detention of Fernando Escudero, who is both the president of the local action committee of San Sereno of the municipality of Santa Rita Ituango and a member of ASOCBAC. At 10:45 in the morning, after casting his ballot in the local elections, Escudero was stopped by Corporal González, a SIJIN (Special Police) officer. Despite having no arrest warrant, González took Escudero to the police station, where he illegally registered and photographed Escudero, as well as copying the information from the SIM card of his cellphone. We repeat that there was no judicial order or arrest warrant issued that authorized these police actions.

Mr. Escudero was freed after three hours, through the efforts of the Human Rights Office of Ituango.

ASOCBAC

La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño *ASOCBAC NIT:
900264352-5, *denuncia a la opinión pública nacional e internacional la
detención arbitraria e ilegal de que fue victima el dia de ayer, el señor
Fernando Escudero Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San
Sereno del corregimiento de Santa Rita Ituango y Fiscal de nuestra
Asociación. Hechos ocurridos a las 10:45 de la mañana, cunado después de
sufragar el señor Escudero fue retenido por un sub oficial de la SIJIN Cabo
González quien lo condujo hasta la estación de policía del corregimiento de
Santa Rita, lo retuvo sin orden judicial alguna, lo empadrono tomándole
foto a su documento de identidad y a él mismo, igualmente tomo su celular
sustrajo la simcard y copio los números de teléfono registrados en ella,
todo repetimos sin orden judicial alguna que autorizara tal procedimiento.

El señor Escudero fue puesto en libertad por mediación de la personeria de
Ituango, luego de tres horas de retención ilegal.

ASOCBAC rechaza esta detención arbitraria e ilegal de nuestro compañero
fiscal de la misma, la considera una flagrante violación a los derechos
humanos del compañero como una criminaliización a ASOCBAC. Que se da en el
contexto en que se ha señalado por medio de un blogpot anónimo e ilegal a
una lista de 800 personas del municipio de Ituango como colaboradores de la
guerrilla con no se sabe que pretensiones

Responsabiliza al comando de policía del corregimiento de Santa Rita
Ituango al mando del Teniente Ortiz y al Cabo González de la SIJIN en este
sitio por la seguridad personal del señor Escudero.

Se inicie una investigación penal y disciplinaria contra estos policiales
por responsabilidad en acción y omisión en violación de Derechos humanos.

Se cumpla lo pactado en Taraza en octubre del presente año entre ASOCBAC y
el Gobierno Nacional “El Estado Colombiano no ha criminalizado, ni
criminalizara ninguna asociación u organización en esta región.”.

Since September 16th of this year the campesino and indigenous population of Alto San Jorge has been displaced by glyphosate fumigations on their land, including the Zenú reserve and the Nudo de Paramillo national park. Those affected have stated that the fumigation destroyed their legal food crops, which primarily consist of rice.

One of the factors which caused this forced displacement has been one Army official’s continued abuse of authority. Capitan Cuervo is an officer in the region, and has been the subject of multiple complaints regarding human rights violations and infractions of International Humanitarian Law. The leaders of the Communal Action Committees have had their rights to free association, participation, and autonomy systematically infringed upon by Capitan Cuervo, which violates the International Humanitarian Law’s principle of distinction.

The make-up of the objective causes of this displacement, after a week of encampment in la Granja in Puerto Libertador, Córdoba, has been superficially evaluated by Acción Social (the state body which evaluates displacement), which has refused to classify this dramatic situation as a large-scale forced displacement, and which has also denied humanitarian aid to the displaced. Acción Social asserts that Law 387 of 1997 does not consider glyphosate fumigations to be a cause of displacement, and neither can the Colombian state or its members be said to be the agents of such an action.

by ASOCBAC
Translated by IPO

Since September 16th of this year the township Juan Jose in the municipality of Puerto Libertador, Córdoba has been forcibly displaced by glifosato fumigations, as well as by the security forces’ abuse of authority in the “nudo de Paramillo” – Alto San Jorge region.

At this time 2000 people find them themselves forcibly displaced in the municipal seat of Puerto Libertador. The majority of the displaced are women, children, campesinos and indigenous.

The fumigations occurred within the Zenú reserve in Alto San Jorge, and have destroyed the harvest of rice and other food crops. In this area there have been no alternatives created to substitute for the cultivation of illegal crops. Moreover, Captain Alex Cuervo, the commander of the Defensive Action Combined Force (FUCAD) Nudo de Paramillo Mobile Brigade 17, has been denounced for violating human rights and criminalizing the civilian population. In addition to instituting a blockade on food and supplies entering the region, he has also illegally photographed and registered the inhabitants and local leaders. He is also responsible for the demolition, without any official order, of the community’s meeting hall in Juan Jose, as well as the robbery of the community’s books. Additionally, on August 20th he ordered that the president of the local action committee be stripped of his title and then subjected him to psychological harassment. All of these acts are in flagrant violation of the people’s ability to organize, the right to free association, as well as the principle of distinction under International Humanitarian Law.

por ASOCBAC

Desde el día 16 de Septiembre del presente año se viene presentando un
desplazamiento forzado del corregimiento de Juan Jose Municipio de Puerto
Libertador Córdoba por las fumigaciones con glifosato y abusos de autoridad
de la fuerza pública en el sector de nudo de Paramillo – Alto San Jorge.

A la Fecha son 2000 personas en situación de desplazamiento forzado en la
cabecera Municipal de Puerto Libertador sitio la granja, las cuales están
compuestas por una mayoría de niños y mujeres, campesinos e indígenas.

El motivo del desplazamiento es que el glifosato quemo cosechas de arroz a y
pan coger, se está realizando sobre territorio del resguardo zenú del Alto
San Jorge y no se les ha generado alternativas para la sustitución de cultivos
de uso ilícito. Además de .las intimidaciones del ejercito FUCAT nudo de
Paramillo Brigada Móvil 17 en el área, al mando del Capitán Alex Cuervo
quien denuncian como un criminalizador, señalador, y violador de los
derechos humanos que además de instaurara un confinamiento de alimentos e
insumos agrícolas en la región, empadronar y fotografiar permanentemente a
los habitantes, y presidentes de acciones comunales. Ha allanado sin orden
judicial alguna la sede comunal del corregimiento de Juan Jose, sustraído
sus libros de atas y cuantas y en reunión del 20 de Agosto del presente,
ordeno que mencionado presidente fuera destituido del cargo por la comunidad
por no ser de su agrado, sometiéndolo aun constante acoso psicológico en su
casa, en flagrante violación a la autonomía organizativa del campesinado, al
derecho de asociación y participación fundamentales constitucionales y al
principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario.

por ASOCBAC

La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño ASOCBAC organización de base, integrada por familias de la sub región del bajo Cauca, Ituango y Sur de Córdoba, Constituida legalmente con NIT: 900264352-5 en cumplimiento de sus principios misionales en defensa de la Tierra y el Territorio, de los Derechos Humanos, la autonomía y la soberanía alimentaria. Denuncia públicamente el despalzamiento forzado iniciado el dia de hoy, de que esta siendo victima las comunidades del corregimiento Juan Jose municipio de Puerto Libertador Cordoba, que integran el territorio del alto San Jorge nudo de Paramillo, sucitado
por las fumigaciones con glifosato y abusos de autoridad de la fuerza pública de la brigada movil 17 BACOT – 108 al mando del capitan Alex Cuervo, sobre estas.
Las comunidases estan integradas por indigenas zenú del Cabildo Buenavista y campesinos de esta región. Las cuales en el momento se estan asentando en el sitio La Granja en el municipio de Puerto Libertador.

La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño ASOCBAC, organización de
base, integrada por familias de la sub región del bajo Cauca, Ituango y Sur
de Córdoba, constituída legalmente con NIT. 900264352-5 en cumplimiento de
sus principios misionales en defensa de la Tierra y el Territorio, de los
Derechos Humanos, la autonomía y la soberanía alimentaria, denuncia
públicamente a la opinión nacional e internacional, la CRIMINALIZACIÓN DE
LA ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO. Que se viene realizando por autoridades civiles como la secretaria de gobierno de Antioquia y
militares del departamento de Antioquia atravez de los medios de comunicación, señalandonos como los convocantes a un posible paro minero en
la sub region.

Ademas plantean su extrañesa por reuniones sostenidas la semana pasada en
puerto Valdivia con delegados agrarios de diferentes zonas del país con el
fin de gestar la federación agraria de Antioquia, Choco y Cordoba. La cuál
se hizo con pleno conocimiento de la administración municipal de Valdivia y
consta en permiso firmado por esta a nuestra solicitud.

Aclaramos:

No estamos convocando paros ni marchas en el momento.

Si se da un paro minero es de estos port sus reivindicaciones ante la
criminalización minera que esta haciendo el gobierno Departamental y tienen
todo el derecho a realizarlo, como lo promulga el articulo 37 de la
constitución nacional.

ASOCBAC ejerce los derechos que le son necesarios para Asociarse,
participar, reunirse,movilizarnos por el territorio nacional, manifestarase
y expresarce libremente y por eso nos amparan los articulos 20, 24,37, 38,
39 y 40 de la constitución politica nacional.

Es menester del Estado Colombiano garantizarnos estos Derechos.

Nos parece que en el momento las autoridades locales de Tarazá y Valdivia
como el secretario de gobierno Departamental Andres Julian Rendon hacen
estos señalamientos y criminalización sobre loa ASOCBAC con fines de
beneficios politiqueros en las proximas elecciones de Octubre.

Cese la persecución, estigmatización y criminalización de ASOCBAC.

Garantice nuestro derecho a la libre expresión, movilidad por el
territorio nacional, a manifestarnos, a asociarnos y participar politicamente.

Se abra una investigación diciplinaria en contra del Secretario de
Gobierno Departamental Andres Julian Rendon, por persecución,
estigmatización y criminalización de ASOCBAC y sus dirigentes.

Se proteja la vida, honra y bienes de los afiliados de ASOCBAC y de sus
dirigentes.

fsantos@presidencia.gov.co

ppdh@presidencia.gov.co

ministro@minjusticia.gov.co

defensoria@defensoria.org.co

secretaria_privada@hotmail.com

quejas@procuraduria.gov.co

NIT: 900264352-5

Fundación Sumapaz, Corporación Jurídica Libertad, Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos – GIDH, Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, – CORPADES, Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburra, Mesa de Derechos Humanos Comuna 6, Corporación en Derechos Humanos Contracorriente, Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, Cedecis, Corporación Itagüí Nueva Gente, Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño – ASOCBAC, Asociación de Mujeres Ideales de Ituango – AMII

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la
grave situación de derechos humanos que vive el departamento de Antioquia;
en la actualidad siguen siendo persistentes y sistemáticas las agresiones
contra defensores, líderes, lideresas y organizaciones sociales de diversos
territorios, muestra de ello ha sido el caso de Ana Fabricia Córdoba, quien
fue asesinada en el mes de junio de 2011. Este crimen, aunado al
incumplimiento permanente a los compromisos adquiridos por el gobierno
nacional en las mesas territoriales y temáticas condujo a que el proceso de
Nacional Garantías, el cual se instaló en el 2008 por iniciativa de la
comunidad internacional y la sociedad civil articulada en las plataformas de
derechos humanos y paz, se suspendiera, se recuerda que dicho proceso de
garantías se implementó con la finalidad de que una vez logradas las mismas
se reanudarán la concertación del plan nacional de acción en derechos
humanos.
Entre enero y marzo de 2011, 96 defensores fueron víctimas de agresiones:
nueve defensores de derechos humanos fueron asesinados, 68 amenazados y 4
desaparecidos; 64 organizaciones vieron afectada su labor por algún tipo de
agresión (SIADDHH-SPD). El asesinato de líderes, asesinato de víctimas en
proceso de restitución de tierras, la desaparición forzada, los robos de
información y otras agresiones a organizaciones demuestran que las
garantías para la labor y la vida de las personas que defienden los derechos
humanos, están muy lejos de realizarse.”
En el departamento de Antioquia, el último año en la subregión de Urabá
líderes y lideresas del proceso de reclamación de tierras han sido víctimas
de desplazamiento forzado, amenazas, atentados y han sido asesinados 11
personas, situación que no se compadece con el supuesto éxito del proceso de
devolución de tierras que el gobierno ha publicitado. De igual manera se ha denunciado por parte de organizaciones campesinas y
sociales del Bajo Cauca e Ituango el riesgo debido a señalamientos de ser
miembros de grupos guerrilleros que operan en la zona o sus colaboradores
por parte de Funcionarios de la Gobernación de Antioquia, Fuerza Pública y
organismos de seguridad de Estado desconociendo la calidad de victimas del
desplazamiento forzado y las reivindicaciones por los impactos negativos de
los megaproyectos en el territorio (ver
http://colombialibresiempre.blogspot.com/2011/06/director-1.html).
En esta subregión del departamento continúan los hostigamientos y
señalamientos a través de reseñas ilegales de campesinos por parte del
ejército consistentes en trasladados de sus veredas en helicóptero a bases
militares en el departamento de Córdoba donde son reseñados y posteriormente
son dejados en libertad en condiciones desventajosas para su regreso al
territorio.
En la región del Cañón del Melcocho, en el oriente antioqueño se ha
denunciado dificultades con la fuerza pública destacada en dicho
territorio. Desde el año 2010 se ha denunciado la presencia de presuntos
desmovilizados de grupos ilegales, que han ocasionado desplazamiento forzado
de algunos de los habitantes, amenazas. Pero cabe notar que en esta zona
según informes oficiales no existe presencia de la guerrilla ni de
paramilitares, sin embargo se denunció el asesinato del Líder Comunal
William Andrés Álvarez quien fue sacado de su vivienda en horas de la
madrugada por cuatro individuos.
Es preocupante que la problemática de estas cuatro subregiones ha sido
denunciada ante las autoridades competentes y hasta la fecha no se ha
logrado esclarecer los hechos y mucho menos saber los responsables
intelectuales y materiales.
En el caso del Área Metropolitana sigue existiendo un amplio control
territorial, social, político y económico por parte de grupos paramilitares
hoy mal llamados BACRIM o combos, continúan los montajes contra los
defensores de derechos humanos y líderes sociales, el desplazamiento forzado
intraurbano y la amenaza contra procesos comunitarios en la ciudad. Además
se advierte el rol de justicia privada de estos grupos ilegales, lo cual
profundiza el control social. Ejemplo de esto es que en el último año han
sido asesinados aproximadamente 19 líderes y lideresas sociales en la
ciudad, entre ellos al líder Álvaro Garcés Pérez, presidente de la Junta de
Acción Comunal del barrio La Cruz del Municipio de Itagüí, quien fue
asesinado el 10 de junio de 2010. En esta misma acción criminal resultó
gravemente herido Humberto Alonso Muñoz Cardona vicepresidente de la misma
JAC, es preciso decir que meses antes de este hecho, circuló en este barrio
un panfleto en cual estos fueron amenazados.
Así mismo el 27 de agosto de 2010 fueron asesinadas Janet Vanessa
Aristizábal Amaya y María Elena Murillo Cardona lideresas comunales que
pertenecían al comité barrial de emergencia del barrio Santa Cruz parte
baja, las cuales fueron ejecutadas con tiros de gracia y sus cuerpos fueron
dejados a orillas del río Medellín en el sector del l Sinaí, comuna dos,
zona nororiental de la ciudad.
De igual manera se llama la atención sobre el asesinato del líder
comunitario Gustavo Jaramillo, quien era presidente de la Junta de Acción
Comunal del barrio Moravia (comuna 4- zona nororiental) en el mes de
septiembre de 2010, quien llevaba poco más de un año en el cargo
reemplazando al anterior presidente de la JAC quien también fue asesinado el
25 de abril de 2009. Igual suerte corrió el presidente de la JAC del barrio
Bello Oriente, comuna tres, Manrique
Desde mes de junio del 2011 año han sido asesinados en el Área Metropolitana
tres líderes y una lidereza social y hasta la fecha estos graves hechos
permanecen en la impunidad; es así como el 7 de junio del presente año fue
asesinada Ana Fabricia Córdoba lidereza de la población en situación de
desplazamiento forzado quien pertenecía a las organizaciones Mujeres
Aventureras y LATEPAZ (Lideres Adelante por un Tejido Humano de Paz) quien
había interpuesto una denuncia penal contra la fuerza pública por el
asesinato de su hijo en el año 2010. El sábado dos de julio del presente año fue asesinado el líder cultural y
deportivo de la comuna 16- Belén- Duber Henrney Álvarez; en otro lugar del
Valle del Aburra, esta vez en el Municipio de Caldas, fue asesinado el líder
comunitario y pre candidato al Concejo de dicho Municipio, Wilton Ramírez
Arroyave. La última agresión contra líderes, lideresas y defensores de
derechos humanos en la ciudad registrada hasta la fecha fue el asesinato de
William Bernardo Román Flórez, líder comunitario de los floricultores del
corregimiento San Cristóbal de Medellín, ocurrido el domingo 10 de Julio de
2011.
Las balas asesinas de las bandas paramilitares hoy mal llamadas BACRIM o
combos también han intentado acallar las voces de artistas urbanos, ejemplo
de esta situación es que entre el segundo semestre del 2010 y lo corrido de
este año, han sido asesinados aproximadamente 10 jóvenes entre líderes y
representantes de la cultura hip hop, entre ellos: Luis Alberto Pacheco
Medina quien fue asesinado el domingo 01 de mayo de este año y que era
miembro del Colectivo Clika. En esa misma fecha Jhonatan Vertel, un
reconocido líder de la agrupación Automático, desapareció de su residencia
ubicada en el barrio castilla, comuna 5 de Medellín, y el miércoles 4 de
mayo de 2011 fue reconocido su cuerpo en medicina legal.
A estas muertes se deben agregar las de Alejandro Sierra Yhiel, un joven de
17 años del grupo Ruta Difusa asesinado el sábado 26 de Marzo de 2011, David
Fernando Romero asesinado el 15 de marzo de 2011, Héctor Pacheco Marmolejo,
Kolacho, del grupo C15 asesinado el 24 de agosto de 2009.
De igual manera sigue siendo preocupante las amenazas, señalamientos y
desplazamientos intraurbanos contra las lideresas, líderes sociales y de
derechos humanos de la comuna 8- Villa Hermosa- donde por lo menos 15
líderes y lideresas (y sus familias) han sufrido algún tipo de agresión, o
en casos más específicos atentados y violencia sexual, esto por denunciar
las agresiones de grupos paramilitares adscritos a las estructuras de alias
Sebastián y Valenciano.
Se debe recordar el asesinato de Alexander Pulgarín, líder social y miembro
de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social- CORPADES- el 20 de
diciembre de 2009;, este crimen fue motivado por las denuncias que este
líder realizaba en contra de las estructuras paramilitares asentadas en este
territorio; las medidas de protección para este defensor llegaron un día
después de su muerte. Cabe anotar que CORPADES, ha sido víctima de amenazas
y de varios asesinatos de sus miembros, entre ellos tenemos los Judith
Vergara, hecho ocurrido el 22 de abril de 2007 y el de Víctor Hugo Gallego
Arboleda el 31 de diciembre de 2008
En otra parte de la ciudad, en la comuna tres- Manrique-, el pasado 28 de
junio de 2011 fueron desplazadas las lideresas Flor Inés Restrepo Vidales,
del barrio La Cruz, y Aura Oliva Vázquez, del Asentamiento de desplazados de
La Honda, ambas lideresas eran compañeras de Ana Fabricia Córdoba pues son
también parte de las organizaciones Mujeres Aventureras y LATEPAZ (Lideres
Adelante por un Tejido Humano de Paz). Igualmente en la comuna seis-Doce de
Octubre-, como retaliación del trabajo de denuncia realizado por la Mesa de
Derechos Humanos de este territorio, se encuentran amenazados 11 líderes y
lideresas, acabe a notar que en esta comuna las estructuras ilegales
interfieren en las diferencias entre las organizaciones sociales y
comunitarias. Esta particularidad no es propia de la comuna 6, estas mismas
situaciones se observan en otras zonas de la ciudad y el Área Metropolitana.
En este contexto de agresiones contra la labor de defensa de los derechos
humanos, se destaca que en el Municipio de Itagüí se han registrado amenazas
contra la Corporación Itagüí Nueva Gente, organización que ha denunciado
violaciones de los derechos humanos en este Municipio del sur del Área
Metropolitana.
Igualmente es preocupante lo que está sucediendo en el Corregimiento de
Santa Elena donde la Mesa de Desarrollo Local de la Vereda Mazo, denunció
amenazas y estigmatizaciones debido a sus labores de defensa de los
derechos de los pobladores de este corregimiento, estos hostigamientos se
presentaron el pasado mes de junio de 2011 cuando circuló un panfleto donde
convocaban a grupos al margen de la ley atentar contra la vida de los
integrantes de La Mesa de Desarrollo Local y a ejecutar la mal llamada
“limpieza social” en toda Santa Elena, principalmente en las veredas Mazo,
Piedra Gorda, Barro Blanco y el Rosario. Estas amenazas se presentan luego
que los días 11 y 12 de junio del año en curso, la comunidad realizara
actos conmemorativos por la demolición de su sede social para darle paso a
la construcción del Parque Arví .
Como organización comunitaria que promueve la defensa del territorio y sus
tradiciones, la Mesa ha rechazado la ubicación de porterías en las entradas
de las veredas, realizar empadronamientos sin causa aparente invadiendo así
la privacidad e intimidad de moradores, desalojar a los campesinos de sus
casas, y todo esto debido a la construcción y puesta en marcha del dicho
parque. La existencia de esta Mesa data de tiempo atrás la cual se ha
caracterizado por liderar la reivindicaciones más sentidas de la comunidad,
en diferentes derechos tales como el Derecho a la Salud, Participación
ciudadana, entre otros.
Los hechos descritos anteriormente demuestran la existencia de un patrón
generalizado y sistemático de agresión a la labor legítima que ciudadanos y
ciudadanas de manera particular o colectiva, defienden la vigencia de los
derechos humanos desde una perspectiva integral en los ámbitos rural y
urbano
Exigimos al gobierno nacional el cumplimiento de todos los compromisos
adquiridos en las reuniones del ámbito nacional del proceso de garantías y
en las mesas territoriales y temáticas realizadas que expresen una voluntad
política real para la protección efectiva de la actividad de que realizan
los y las defensoras de derechos humanos. Respaldamos la decisión de las
organizaciones sociales y comunitarias de suspender el proceso nacional de
garantías hasta que no se tenga una ruta clara para el cumplimiento de los
acuerdos, pues desde que se inicio el proceso de garantías se han mantenidos
las agresiones a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos
En ese sentido es importante señalar que los compromisos del Estado
colombiano en materia de defensores deben ser abordados de manera seria y
bajo la representación de un escenario concreto que asegure el cumplimiento
de los compromisos sobre el cual se deben hacer todos los esfuerzos y no
dispersar las responsabilidades creando otros espacios alternos que resultan
inoperantes.
En relación con lo anterior llamamos al gobierno nacional a respetar el
mecanismo del proceso de mesa nacional de garantías

Fundación Sumapaz
Corporación Jurídica Libertad.
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, GIDH.
Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, CORPADES.
Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburra.
Mesa de Derechos Humanos Comuna 6.
Corporación en Derechos Humanos Contracorriente.
Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda
Cedecis.
Corporación Itagüí Nueva Gente.
Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño, ASOCBAC
Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, AMII

por ASOCBAC

Señalamiento y criminalización de la población civil del principio de Ituango y sus corregimientos por medio de panfletos.

La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño ASOCBAC organización de base, integrada por familias de la sub región del bajo Cauca, Ituango y Sur de Córdoba, Constituida legalmente con NIT: 900264352-5 en cumplimiento de sus principios misionales en defensa de la Tierra y el Territorio, de los Derechos Humanos, la autonomía y la soberanía alimentaria.* *Denuncia
públicamente a la opinión nacional e internacional los actos de sañalamiento
y criminalización de la población civil del Municipio de Ituango, acusandolos de milicianos y colaboradores del frente 18 de las Farc, por medio de panfletos anonimos que vienen circulando por internet desde el pasado 12 de Junio del presente año, que ha sido reproducido en diversas
formas en mencionado municipio, acto que ha sembrado Terror y zozobra en sus habitantes que temen actos de exterminio en su contra por parte de los autores anonimos de mencionado panfleto.

La amenaza velada se encuentra en el blogspot:

http://colombialibresiempre.blogspot.com/2011/06/lista-milicianos-de-iruango_12.html

La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño llama al Estado Colombiano, en cabeza de los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal, a las agencias del Ministerio público y de control a prevenir actos violatorios de los Derechos Humanos como masacres, exterminio selectivo, ejecución extrajudicial, etnocidio, desplazamiento forzado, detenciones
arbitrarias, que se puedan estar planificando en contra de los habittantes del área urbana y rural del municipio de Ituango. Asi mismo se garantice el principio de distinción sobre estos.

Solicitamos se abra una investigación penal y diciplinaria sobre las Brigadas Moviles 11, 18 y 25 de la VII División del Ejercito y sus despachos de inteligencia militar, asi como sobre el DAS y el CTI en Ituango, con el animo de prevenir cualquier tipo de impunidad en este caso. De igual forma
se rastrée el blogspot http://colombialibresiempre.blogspot.com/ y se judicialice por amenaza, zozobra y terrorismo.

Igualmente esta sentencia de la Corte interamericana de Derechos Humanos
nos expone el delito que se esta configurando de forma ciclica . La “amenaza de una pena”, para efectos del presente caso, puede consistir en la presencia real y actual de una intimidación, que puede asumir formas y graduaciones heterogéneas, de las cuales las más extremas son aquellas que implican coacción, violencia física, aislamiento o confinación, así como la amenaza de muerte dirigida a la víctima o a sus familiares. Dandonos muestra de una acción continua, sistematica y generalizada en relación con la presente denuncia que indica un crimen de lesa humanidad.

Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, movimientos sociales y populares a difundir masivamente esta denuncia y pronunciarse en pro de que el Estado Colombiano garantice los Derechos Humanos de los habitantes del municipio de Ituango.

fsantos@presidencia.gov.co

ppdh@presidencia.gov.co

ministro@minjusticia.gov.co

defensoria@defensoria.org.co

secretaria_privada@hotmail.com

quejas@procuraduria.gov.co

denuncie@fiscalia.gov.co

NIT: 900264352-5

La Asociación Campesina del Bajo Cauca ASOCBAC, denuncia públicamente que fruto de las fumigaciones con glifosato, que se realizaron de forma indiscriminada en las veredas del corregimiento de Pto Valdivia el día de ayer, la señora Diana Consuelo Bedoya Zapata cc:1010096998, de la vereda la América, resulto seriamente intoxicada. Encontrándose en grave estado de salud, hospitalizada en el municipio de Valdivia.

Llamamos al Estado Colombiano, ha respetar lo firmado el pasado Domingo 27 de Febrero, con los campesinos del bajo Cauca, representados por la ASOCBAC.

A las agencias del Ministerio Público Defensoría del Pueblo y Procuraduría a investigar el plan de mitigación de riesgo ambiental y de salud pública, con que cuentan estas fumigaciones. Aunque las autoridades anti narcóticos manifestaron verbalmente tenerlo, no lo han presentado y por lo visto estos dos últimos días, dejan muchas dudas, sobre si existe.

Se garantice la atención en salud prioritaria y gratuita para Diana Consuelo, así como una debida indemnización.

Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño

La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño ASOCBAC, denuncia a la opinión pública nacional e internacional, que el Estado Colombiano comienza a incumplir lo firmado con nosotros y por tal vía con los campesinos del bajo Cauca Antioqueño y que motivo nuestro retorno, el pasado Lunes 27 de Febrero.

Ya que sumado a que no quisieron reconocer este proceso como un desplazamiento forzado generado por las fumigaciones aéreas con glifosato y por tanto, aunque estipularon facilitar el retorno de los campesinos, a los del bajo Cauca Taraza y Valdivia, solo nos dieron el combustible para el transporte a nuestras veredas, sin aportar ayuda humanitaria alguna para la estabilización del retorno.

Sumado a esto desde las 10 de la mañana del día de hoy, hemos recibido numerosas llamadas de quejas de los campesinos de las veredas Monte Frío, Pensilvania, Santa Barbara, la América y la Meseta del corregimiento de Puerto Valdivia, quienes denuncian la fumigación aérea indiscriminada con glifosato por parte de las avionetas de Anti Narcóticos, en este territorio.

Lo cual nos llama la atención, ya que muestra el nivel de respeto a lo firmado y a la palabra dada por parte del Estado Colombiano, ya que si bien se dijo que se daba un plazo hasta el 18 de Marzo del presente año para que Anti Narcóticos culminara los cuatro días de tarea que le faltaban para cumplir con la misión de fumigaciones, también las mismas autoridades plantearon que seria en lugares de difícil acceso para los grupos de erradicación manual o donde no se pudiera entrar por razones de orden público, lo que no corresponde con el contexto de las veredas mencionadas.

Mas aún, estas veredas hacen parte de ocho veredas que están en un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos y que le planteamos al Estado y así se acordó en el punto de afectación a cultivos lícitos “Se priorizará la erradicación manual en corrales de 8 veredas con proyecto OIM”.

De tal forma exigimos que se cumpla con lo pactado, no se fumigue en las veredas con proyectos productivos se conforme en el menor tiempo posible, la comisión de verificación técnica a la afectación de cultivos lícitos, según lo firmado y se cite la comisión de verificación propuesta “con vocación permanente”, para el próximo lunes 28 de Marzo en el municipio de Tarazá con el fin de evaluar el desarrollo y cumplimiento de lo firmado, entre el estado y las comunidades representadas en ASOCBAC.

por ASOCBAC

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Hoy en medio de la crisis humanitaria que se presenta en el municipio de Tarazá, por el desplazamiento forzado por las fumigaciones con glifosato en el bajo Cauca y nudo de paramillo, 3000 campesinos desplazados de Taraza, Valdivia y Santa Rita Ituango, realizamos un cabildo abierto popular sobre la actual problemática del desplazamiento campesino, en el marco de las definiciones de la proclama Patriótica de Julio de 2010 definiendo:

Articulo primero: Ratificar las exignecias estipuladas al Estado Colombiano para solucionar este desplazamiento forzado y generar las condiciones de retorno de los campesinos en desplzamiento forzado a su territorio:

El cese inmediato de las fumigaciones aéreas en el bajo Cauca Antioqueño y nudo de Paramillo. Lo que no significa que nos opomemos a la erredicación de los cultivos de uso ilicito solo insistimos en que no sean realizadas por medios contaminantes del medio ambiente.
La reparación inmediata por perdidas de cultivos lícitos y proyectos productivos que el mismo Estado ha brindado a los Campesinos para la sustitución, los cuales han sido afectados por estas fumigaciones.
Garantías en Derechos Humanos para los campesinos desplazados por las fumigaciones con glifosato y sus dirigentes.
Inversión y proyectos productivos para sustituir los cultivos de uso ilícito concertados con la comunidad POR MEDIO DE LA asocbac, que garanticen su autonomía y soberanía alimentaria.
Se establezca una mesa de veeduría y seguimiento a los acuerdos a los que posiblemente se lleguen, compuesta por el Estado, la ASOCBAC, la procuraduría agraria y ambiental, defensoría del pueblo, procuraduría general de la nación, contraloria departamental, el INCODER, ACNUR, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.

Además que el Estado Colombiano, de forma inmediata se cumpla lo contemplado en materia de ayuda humanitaria y atención de emergencia a población en situación de desplazamiento forzado, contenidas en la ley 387 de 1997, en la sentencia T 025 sobre estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado en Colombia y sus respectivos autos de seguimiento. Ya que a tres días de estar desplazados es mínima o casi nula la ayuda recibida comparada con la cantidad de desplazados fruto de esta coyuntura, existentes en el coliseo y municipio de Tarazá, a la hora de hacer este comunicado, 3000 desplazados forzados por las fumigaciones con glifosato.

Definimos no volver a aceptar dialogo alguna, ni aceptar en reuniones de junta de acción comunal o veredal que cuente con presencia de la fuerza pública alguna, o con sus organismos de seguridad. Como población civil, solo reconocemos como interlocutor valido a las autoridades civiles del Estado Colombiano.

Sumado a solicitar la Senadora Piedad Córdoba, al representante a la cámara y miembro de la comisión de Tierras del Congreso de la República Ivan Cepeda y al representante Indígena Hernando Hernandez, el senador Jorge Robledo y la senadora de la comisión de paz del congreso Gloria Ines Ramirez, conformar una comisión facilitadora y de acercamiento entre nosotros y el Gobierno nacional, para solucionar lo mas pronto posible las causas que dan origen a este desplazamiento forzado. Una vez solucionado, hacer parte de la mesa de veeduría y seguimiento de lo que se pacte. Incluyendo las reivindicaciones de los mineros de nuestros territorio.

Nos declaramos en cabildo abierto popular permanente de los campesinos del bajo Cauca y Nudo de paramillo, hasta que se solucionen las causas que ocasionaron este desplazamiento forzado anteriormente expuestas.

Como póder cabildante popular legitimo constituimos un consejo de cabildantes compuesto por, dos campesinos desplazados forzados de Santa Rita Ituango, dos de Tarazá, dos de Valdivia. Para llevar la voceria y las conversaciones con las autoridades civiles del gobierno nacional.

Fundar la FEDERACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA, CORDOBA, CHOCO. En vias de ampliar la lucha por los derechos del campesinado y las comunidades atoctonas a la vida, la libertad, la tierra y el territorio.

Participar masivamente en nuestros territorios y en escenarios nacionales en las convocatorias como el primero de Mayo, reivindicando como campesinos nuestro derecho al trabajo y a la tierra para quien la trabaja.

POR ULTIMO RECHAZAMOS Y DENUNCIAMOS LA ACTITUD HOSTIL Y DE SEÑALAMIENTOS PRESENTADA EN HORAS DE LA TARDE EN LA ALCALDIA DE TARAZÁ CUANDO PRETENDIAMOS ASISTIR A UNA REUNION CON LOS ALCALDES DE SANTA RITA Y TARAZA Y FUIMOS ACOSADOS Y HOSTIGADOS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, GENERAL PINTO COMANDANTE DE LA VII DIVISIÓN DEL EJERCITO Y CORONEL RIOS DEL EJERCITO NACIONAL, QUIENES AL ENTERARSE DE LA DISPOSICIÓN DE NUESTRAS COMUNIDADES A NO SENTARSE EN MESA ALGUNA CON FUERZA PÚBLICA, AGREDIERON Y SEÑALARON A NUESTROS CABILDANTES Y VOCEROS. DE SER MILICIANOS DE COMANDANTES DE LAS FARC Y DE SER CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD, QUE PODRAN SER JUZAGADOS POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, POR EL DELITO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO.

LO CUÁL NOS PARECE UNA CLARA AGRESIÓN PSICOLOGICA Y ESTIGMATIZACIÓN POR PARTE DE OFICIALES DE ALTO RANGO DEL EJERCITO NACIONAL PONE EN GRAVE PÉLIGRO LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL COMO LA VIDA DE NUESTROS VOCEROS.

EXIGIMOS QUE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, COMIENCE UNA INVESTIGACIÓN OFICIOSA CONTRA ESTOS DOS ALTOS MANDOS POR VIOLACIÓN SISTEMATICA A LOS DERECHOS HUMANOS, INFRACCIONES CONTINUADAS Y GENERALIZADAS AL PRINCIPIO DE DISTINCIÓN CONTEMPLADO EN EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, QUE CONSTITUYEN CRIMENES DE GUERRA.

La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño ASOCBAC, desde le
pasado mes de Enero del presente año , hizo conocer a la opinión pública en
general, su absoluto rechazo a las nuevas fumigaciones con glifosato en el
bajo Cauca y nudo de Paramillo, que están realizando los gobiernos
departamental y nacional, con el fin de combatir los cultivos ilícitos en la
región.

Igualmente planteamos que así se rompía de forma unilateral el compromiso
de no fumigación en el bajo Cauca, acordado en Julio de 2008. Sin tomar en
cuenta las afectaciones ambientales, económicas, sociales y de orden público
que pueden derivarse de tal acción.

Contextualizamos que desde mediados del 2008 los campesinos del bajo Cauca
Antioqueño han venido sustituyendo los cultivos ilícitos, encontrándose
muchas veredas de la zona certificadas como libres de ilícitos por la
oficina de naciones unidas para tales efectos. Encontrándonos desarrollando
un proyecto de cacao como sustitución y sembrando diversos productos de pan
coger para nuestra subsistencia, mismos los cuales fueron fumigados en
Noviembre – Diciembre de 2009, contaminando nuestros suelos, aguas y
cultivos.

Obteniendo como respuesta del gobierno nacional y departamental, una
grandilo0cuente negativa reflejada en la continuación de las fumigaciones
aéreas con glifosato en todo el bajo Cauca, contaminándonos con su veneno,
generando junto a la persecución a la pequeña minería hambruna y miseria en
nuestra región, que solo se puede explicar bajo la intención del Estado
Colombiano, los grupos capitalistas criollos y las empresas multinacionales
de depredar nuestras riquezas naturales,desplazarnos forzadamente y
desalojarnos de nuestro territorio.

Por tales motivos cientos de familias campesinas y comunidad en general de
los municipios que componen el bajo Cauca Antioqueño, protestamos y nos
movilizamos hoy exigiendo cesen de inmediato las fumigaciones aéreas con
glifosato en el bajo Cauca Antioqueño,

Que se el Estado concerté con las comunidades un plan de sustitución de
cultivos de ilícitos, que en verdad busque solucionar en verdad las causas
de esta problemática, genere un desarrollo local alternativo y sustentable
en la región.

De igual forma nos continuamos oponiendo a que por medio de estas
coyunturas y bajo la necesidad y el hambre de los campesinos y comunidades
en general de la región, a proyectos y programas que desde el Estado se han
convertido en formas de control social, como los impulsados por de Acción
Social y el ejercito Colombiano, que por medio de familias en acción,
guardabosques y juntos, concentran los proyectos de sustitución en el Centro
de Coordinación de Acción Integral CCAI, o doctrina de acción cívico militar
para la consolidación de la seguridad democrática, la cual entro a operar en
el bajo Cauca Antioqueño, Ituango y Nudo de Paramillo, bajo directiva
presidencial 001 de Marzo de 2009.

Por lo tanto, llamamos a la opinión pública nacional e internacional, a las
organizaciones sociales y populares a rechazar las fumigaciones con
glifosato sobre el territorio del bajo Cauca y nudo de Paramillo, a
manifestar su solidaridad en la efectiva y en la práctica con esta lucha que
hoy comienza.

Llamamos a las agencias del ministerio publico en el bajo Cauca Antioqueño,
a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y
departamental, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, a velar y garantizar el cumplimiento de los derechos
humanos pro parte del Estado hacia los campesinos y comunidad del bajo Cauca
en protesta.

Exigimos al Estado Colombiano en cabeza de sus autoridades departamentales
y nacionales, a respetar los derechos humanos de la comunidad del bajo Cauca
en protesta, así como a generar prontamente canales pacíficos que permitan
dar pronta solución a esta problemática.

Rechazamos la forma hostil y grosera como por vía celular en horas de la
tarde de hoy, el gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos increpo y
amedrento a nuestros voceros en Valdivia y lo hacemos responsable por la
seguridad e integridad personal de nuestros voceros en Taraza y Valdivia.

por ASOCBAC

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA.

RECHAZO ABSOLUTO A NUEVAS FUMIGACIONES CON GLIFOSATO EN EL BAJO CAUCA
ANTIOQUEÑO Y NUDO DE PARAMILLO.

Fraternalmente:
ASOCBAC