MOVICE – Sucre

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capitulo Sucre quien acompaña el proceso de reclamación de tierras de los campesinos y campesinas de la finca la Europa ubicada en el municipio de ovejas- Sucre región de los Montes de María, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional y a los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales nuevos hechos de amenazas que atentan contra la integridad de los campesinos y campesinas que están en proceso de retorno voluntario.

HECHOS
El día 13 de febrero del 2012 el señor ARGEMIRO LARA BARRETO presidente de la Asociación Campesina de la Vereda la Europa, recibe una llamada de un familiar a su celular numero 3145859247 donde le comunica que en el taxi de Sincelejo a el municipio de Ovejas donde venía la esposa del sobrino a la altura del municipio de Corozal se subió un hombre que vestía pantalón de color gris, con una cachucha gris, y un suéter a rayas, era de color trigueño tenia bigote y llevaba una mochila donde se le veía la cacha de una arma, el hombre se baja del vehículo en la carretera trocal de occidente e ingresa a la finca de la Europa por el sector conocido como el “corral de los muchachos”. Al poco tiempo recibe otra llamada del cual no identifica el número y escucha la voz de un hombre que le dice “ARGEMIRO ponte pilas que hay tres hombres extraños en la finca” y le cuelgan el teléfono. Inmediatamente la comunidad le informa de los hechos a la policía del municipio de Ovejas, los cuales hicieron presencia en la finca.
A las 8.11 de la noche del día 13 de marzo de 2012, los campesinos de la finca la Europa escuchan el sonido de varios disparos aproximadamente 20 en el sector del Bajo, la comunidad se comunicó con la Infantería de María y les dijeron que si se habían dado disparos a un animalito del monte. Al día siguiente varios campesinos que se encontraron con miembros de la infantería les dijeron que en la noche anterior habían cuatro hombres en el sector del bajo y que ellos le dijeron alto y estos salieron huyendo y unos de los hombres les disparo.

Por ASOCBAC

ASOCBAC solidarimente y con beneplacito de la comunidades campesinas y
autoridades Indigenas Zenu del Alto San Jorge, solicita que el Estado Colombiano garantice
los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado por las fumigaciones
con glifosato que han dañado sus cultivos licitos y de pan coger y por los abusos de
autoridad de la fuerza pública en el area, asentados en el predio la Granja del Municipio de
Puerto Libertador Córdoba. Se les tome la declaración de desplazamiento masivo por medio
de sus lideres, se les registre en el RUPD y se les garantice la ayuda humanitara de
emergencia a la que tienen derecho.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

por Humanidad Vigente

Humanidad Vigente hace un llamado urgente a la Procuraduría y demás organismos de control para que protejan los derechos humanos de mujeres, hombres, niños y niñas que actualmente se encuentran en ocupación de hecho de un lote del municipio de Teorama, Norte de Santander, y quiénes han recibido diferentes “razones” o “mensajes” en los cuales las autoridades municipales advierten a los ocupantes que si no desalojan voluntariamente, entraran a desalojar con el grupo ESMAD de la policía Nacional.

El lote público ubicado en la avenida Belén en la vereda El Juncal, al parecer de propiedad del municipio de Teorama, fue ocupado pacíficamente desde el pasado 10 de junio por aproximadamente 10 familias provenientes de la vereda El Limón, de este mismo municipio, víctimas del desplazamiento forzado, quienes llegaron solicitando ayuda humanitaria, orientación y protección a las autoridades.

Igualmente, en ese mismo lote se albergan otras 60 familias entre las que se encuentran víctimas de la masacre de la Gabarra, Norte de Santander, quienes no han recibido respuesta efectiva a su sufrimiento pese a casi una década de la mencionada tragedia. Ante la carencia de un plan de atención municipal al desplazado, estas familias ocuparon pacíficamente el lote de propiedad del municipio e iniciaron acercamientos con las autoridades municipales, no obstante no han dado resultados. Entre el 15 y el 18 de junio se adelantaron reuniones en las que participaron representantes de los desplazados que ocupan el predio, el alcalde de Teorama, Luis Cediel Madariaga, el personero de Teorama, Elitu Camargo y el delegado de la Defensoría del Pueblo de Ocaña.

En estas reuniones el Alcalde expresó que diligenciaría todo el procedimiento necesario para gestionar un proyecto de viviendas de interés social que beneficiaría a las 40 familias más necesitadas que actualmente viven en el lote. Sin embargo, al día siguiente negó dicha afirmación y aseguró que no iba a adelantar ninguno proyecto hasta que el Concejo Municipal no autorice los recursos.

Por otro lado, el Alcalde a través de la emisora Radio Catatumbo de Ocaña, calificó de manera despectiva a las víctimas del desplazamiento como personas de falsas necesidades “opositoras del gobierno”.

Ante esta situación, Humanidad Vigente hace un llamado a los organismos de control, especialmente a la Procuraduría General de la Nación, al Gobierno Nacional, a la comunidad internacional y a la sociedad civil para que se solidaricen e intervengan prontamente, pues las autoridades municipales pretenden darle tratamiento de orden público a una situación eminentemente de reconocimiento y exigencia de derechos.

Humanidad Vigente resalta que en este caso ni el Gobierno Municipal, ni el Comité Municipal de Desplazados han tomado cartas en el asunto para propiciar las soluciones a la comunidad desplazada por la violencia y por el contrario pretenden un uso arbitrario y exagerado de la fuerza pública desconociendo las garantías del debido proceso a las familias que se han visto obligadas a ocupar pacifica y temporalmente el lote del municipio.

Humanidad Vigente solicita se le prevenga al Alcalde municipal de Teorama, Norte de Santander, que la utilización de la fuerza pública y concretamente el ESMAD de la Policía Nacional constituye una violación a los derechos fundamentales de la población desplazada que se encuentra pacifica y temporalmente haciendo ocupación de hecho de un lote del municipio, en caso de que persista en la idea de utilizar dicha fuerza, ello de acuerdo con el pronunciamiento que hiciera nuestra Corte Constitucional en la Sentencia T-068/10, Referencia: expediente T-2.249.911

Así mismo, es importante que el Gobierno Municipal inicie de inmediato las medidas necesarias para otorgar la asistencia de emergencia a las familias en situación de desplazamiento que actualmente se encuentran en posesión del lote de terreno, consistente en atención de salud, comida, vestuario y las demás que se requieran atender.

Igualmente, el Alcalde municipal de Teorama, debe iniciar las acciones tendientes a lograr la estabilización socioeconómica de las víctimas bien sea en el proceso de retorno o en el marco de un reasentamiento voluntario de las víctimas.

“Las familias desplazadas tienen derecho a la protección oportuna efectiva, una vivienda digna, derecho que para ellos se ha tornado fundamental por tratarse de personas desplazadas, y, además, por su íntima vinculación con otros derechos fundamentales como la protección especial debida a los niños, especialmente si son menores de un año, a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia, a la salud y a la seguridad social, a la educación y al mínimo vital.”**
— – *Acción de Tutela instaurada por Nidia Rosario Chaguendo Palechor contra la Alcaldía Municipal de Fusagasugá, Magistrado Ponente: Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil diez (2010)). **Ibídem.

por Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, seccional Arauca, denuncia, condena y rechaza enérgicamente ante la comunidad regional, nacional e internacional la forma vil y violenta como fueron desalojadas 164 familias desplazadas que, ante la carencia de vivienda y la indolencia del gobierno municipal y departamental, se tomaron de manera pacifica desde el sábado 6 de marzo un predio que pertenecía al Departamento, en el sector de Costa Hermosa en la capital de Arauca.

El martes 9 de marzo, el grupo antimotines y de caballería de la Policía Nacional irrumpió en el predio de manera violenta, desalojó a hombres, mujeres, ancianos y niños hiriendo a varios de ellos.

En los hechos represivos, la señora Martha Cecilia Chilito fue golpeada y luego arrastrada de los cabellos por todo el terreno. Esta infamia la cometió el mayor de la Policía de apellido Arias. La señora Martha fue llevada al hospital por las múltiples heridas, de donde pensaban sacarla para judicializarla, situación que se evitó gracias a la oportuna intervención de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Arauca. En estos momentos la señora se encuentra hospitalizada.

El niño Jorman Macías Chilito, hijo de la señora Martha, también fue llevado al hospital porque al ver lo que el mayor Arias le hacía a su progenitora, intercedió para defenderla y este siniestro personaje lo golpeó, causándole múltiples convulsiones.

Otras personas heridas en este hecho que debe ser rechazado por toda la comunidad son: el señor José Ignacio Aldana, de 37 años, golpeado en el estómago por el mayor Arias; la niña Kelly Yohana Ruiz, de 16 años, fue golpeada por el mayor Arias y pateada luego por otros policías; la niña Estefani Lorena Sanabria, de año y medio de edad, fue golpeada con el escudo que llevaba un policía antimotines; al señor Charles Caro Robles un policía le arrebato su cédula de ciudadanía y se la destrozó.

El policía de placa numero 1132836 le dijo al líder de los desplazados Pedro Julio Quintero antes del desalojo que “la boca le sabia a sangre, que esperaba que le dieran la orden para acabar con todos”.

Ante estos lamentables y repudiables hechos exigimos de las autoridades competentes una exhaustiva investigación contra el mayor Arias y todos los servidores públicos que actuaron de manera violenta contra estas indefensas personas, violándoles sus mas elementales derechos.

por Agencia Prensa Rural

Corresponsales campesinos informaron a Prensa Rural que un grupo de cinco hombres armados viene haciendo presencia desde el viernes 26 de febrero en las veredas La Esperanza y Siberia, de Tame (Arauca). Los armados se presentaron ante la comunidad como integrantes del ELN y amenazaron con hacer “limpieza” y con robar ganado a la comunidad.

Llama la atención que estos hechos ocurren en un territorio con fuerte presencia del Ejército colombiano, pues el miércoles 24 dos helicópteros, aparentemente militares, hicieron tres viajes a la vereda La Esperanza, donde el jueves 25 se reunió una gran cantidad de tropa.

El campesinado de las veredas mencionadas está muy preocupado por las amenazas y la inminencia de combates, por lo que se prevé un desplazamiento de las comunidades, que piden a las organizaciones defensoras de derechos humanos estar alerta ante esta situación. Piden también a los actores armados que se respete a la población civil y se cumpla con las normas del derecho internacional humanitario.

Comunicado público martes 5 de mayo de 2009

La Asociación Agraria de Santander (Asogras) rechaza la falta de compromiso con la seguridad de los dos dirigentes campesinos de Santander, César Augusto Tamayo y Rosendo Duarte.
Hechos

El 22 de abril de 2009, la Asociación solicitó manera escrita y urgente la atención por parte del Gobierno Nacional, en especial del Ministerio del Interior y Justicia a través del Programa de Protección, los cuales hicieron caso omiso al llamado que hiciera nuestra organización.

El jueves 30 de abril de 2009, al no tener atención de los entes del Estado, los compañeros César y Rosendo decidieron salirse de la zona con el acompañamiento del Observatorio Internacional de Paz (IPO) desde la ciudad de Bucaramanga con destino a la ciudad de Bogotá.

El señor alcalde de Sabana de Torres Dr. Uriel Velandia Gutiérrez tiene previsto para el miércoles 6 de mayo de 2009 el desalojo de más de 200 familias.

En lo que va corrido del año tenemos diez compañeros detenidos, entre ellos dos mujeres, dos compañeros asesinados y siete familias desplazadas.
Exigimos al gobierno colombiano

1. Atención de manera inmediata, que proteja la integridad física, sicológica de las familias campesinas afiliadas a Asogras.

2. Que se respete la vida de los campesinos afiliados a la Asociación Agraria de Santander (Asogras) y que le permitan a nuestros afiliados vivir en su territorio.

3. La protección y que se cumplan los derechos constitucionales, consagrados en la legislación nacional, en pro de la vida digna del pueblo colombiano enmarcado dentro de un estado social de derecho y democrático.

4. Protección de manera inmediata a las más de 200 familias que están en eminente riesgo de desalojo por el señor alcalde de Sabana de Torres.
Solicitamos a la comunidad nacional e internacional

1. Solidaridad y acompañamiento a los campesinos de la Asociación Agraria de Santander (Asogras) en la protección de sus derechos fundamentales y el derecho a una vida digna, y en tal sentido como colombianos consideramos que tenemos el derecho a la tierra y por eso estamos en posesión de ella.

2. Llamamos a la solidaridad a todas las organizaciones sociales, sindicales y populares que hacen presencia en nuestro territorio a estar alertas en la exigencia al estado colombiano para que se garanticen los derechos constitucionales de la población desplazada por la violencia que se vive hoy en Colombia.

3. Estén atentos frente al posible desalojo programado por el señor alcalde de Sabana de Torres para el miércoles 6 de mayo de 2009 a partir de las nueve de la mañana.

New death threats against members of the Yira Castro Legal Corporation and sabotage of the Yira Castro web site
Incidents follow earlier attacks against Colombian human rights NGO

On February 4th, a new death threat was sent by email to the Yira Castro Legal Corporation and the National Coordination of Internally Displaced People. The threat was directed against the lawyers Irene Lopez and Claudia Erazo, members of the Yira Castro Legal Corporation, and Rigoberto Jimenez, a leader of forcibly displaced people in Colombia. The email was sent by “aguilas.negras@yahoo.es”. [Aguilas Negras, or Black Eagles, are “new” paramilitary groups in Colombia.]

The email reads [with repeated spelling mistakes in the original Spanish]: “Members of Yira Castro Irene Lopez and Claudia H, in 2008 we were following you and watching what you do every day, and we have found that you still support the National Coordination of Internally Displaced People, and specifically the FARC guerrilla Rigoberto Jimenez, who thinks that because the state if protecting him, he’ll get away from us. We have express orders from the Capital Block of the Aguilas Negras to kill him as soon as possible, and if we have to take out his bodyguards, too bad for them, and if Yira Castro keeps supporting that Guerrilla we won’t be responsible [for what could happen].

Sincerely,

Aguilas Negras AUC Capital Block”

This is the eighth email that we have received since July 2007 with the same language, the same purpose, and apparently the same sender. However, so far we have not received any response from the state investigative bodies that would allow us to identify where the emails come from and who is responsible for them.
In addition to this situation, from Tuesday February 3rd to Sunday February 8th, our web site was blocked. The web server administrators informed us that this was due to manipulation and sabotage by a hacker.

These recent incidents follow a series of attacks and repeated harassment against the Yira Castro Legal Corporation in the past year and a half. In June 2007, the Yira Castro Legal Corporation was the victim of a break-in at their office and the robbery of important information related to legal proceedings concerning forced displacement and land theft. These proceedings were filed in defense of the right to truth, justice and comprehensive reparation for victims of forced displacement, in legal actions initiated through the so-called Justice and Peace Law. In addition, from July 2007 until the present, the leader of forcibly displaced people Rigoberto Jimenez and ourselves have received a series of death threats by alleged paramilitares operating in the city of Bogota.

It also highlights the lack of guarantees for the defense of human rights in Colombia that the incidents of attacks, harassment, and intimidation which we suffer only lead to the formal opening of criminal investigations, without the diligence and competence demanded by the seriousness of these events. As is to be expected, the cases concerning the criminal abuses we have reported have been closed, without any substantial decision having been made.

Regarding the blocking of our web site, we would like to emphasize that one of the Yira Castro Legal Corporation’s emails was the object of a controversial order to intercept emails, issued by the Antiterrorism Unit. The intercept order, which came to light in November 2007, was based on a report by police intelligence agency SIJIN, which indicated an alleged network of support for guerrilla groups. This reveals once again the strong official stigmatization of our work. Although in theory this order was revoked, we are unaware of the multiple criminal processes in which, based on these reports, our communications have been under surveillance. This incident revives the long-standing request by the human rights movement that intelligence archives with information about NGOs and people linked to NGOs be made public and purged. This is part of the already reiterated human rights recommendations made by the international community, and in particular by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, to the Colombian government.

Therefore, we believe that it is urgent to bring the following requests to the Colombian state:

1. Carry out criminal investigations which would clarify these incidents and sanction those responsible.

2. Offer the protection measures necessary to guarantee the life and physical integrity of Rigoberto Jimenez and his family, as well as that of the members of the Yira Castro Legal Corporation.

3. Give current information about the process of discovery and purging of intelligence archives in which individuals and organizations linked to human rights work are involved, especially those in which the Yira Castro Legal Corporation and its members are mentioned.

4. Make a public statement against these attacks and recognize the legitimacy of our work, as well as of the work carried out by victims of forced displacement and their organizations.

Yira Castro Legal Corporation

February 9th, 2009

Bogota – Colombia

LA CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO, DENUNCIA NUEVAS AMENAZAS DE MUERTE EN CONTRA DE SUS MIEMBROS, ASÍ COMO EL SABOTAJE DE SU PÁGINA WEB, HECHOS QUE SE SUMAN A LOS YA CONOCIDOS ATAQUES SUFRIDOS POR ESTA ONG DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA.

El día 4 de febrero, llegó al correo electrónico de la Corporación Jurídica Yira Castro y al de la Coordinación Nacional de Desplazados un nuevo mensaje de amenaza, dirigida contra las ABOGADAS IRENE LÓPEZ y CLAUDIA ERAZO, miembros de la Corporación Jurídica Yira Castro y contra el líder de población desplazada RIGOBERTO JIMENEZ; emitida desde: aguilas.negras@yahoo.es.

El correo dice textualmente: “Señores de la Yira Castro : Irene López y Claudia H, en el 2008 estubimos tras sus paso vigilando sus que aceres diario y hemos comprobado que ustedes continuan a pollando a la coordinación Nacional desplazados y Congretamente al Guerrillero de la Farc Rigoberto Jimenez que secre que pro que el estado le brindo proteccion se va a escapar de nosotros te nemos orden espresa del bloque capital de las Aguilas negras de asisinarlo lo antes posible y si toca darles a los escoltas lo sintimos por ellos, y si la yira castro continuan a pollando a ese Guirrillero no respondemos

Atentamente

Aguilas Negras AUC Bloque Capital”

Este es el octavo correo electrónico que desde julio de 2.007 hemos recibido con idéntico lenguaje, mismo objetivo y al parecer idéntico remitente. Sin embargo, a la fecha, ninguna respuesta hemos obtenido de los órganos investigativos del estado que nos permitan identificar de donde provienen y quienes son los responsables.

A esta situación, se suma el que desde el día martes 3 de febrero hasta el domingo 8 del mismo mes, nuestra página web estuvo bloqueada, siendo informadas por los administradores del hosting que esto se debió a la manipulación y sabotaje de un hacker.

Estos nuevos hechos se suman a una serie de ataques y hostigamientos que la CJYC ha recibido desde hace año y medio. En junio de 2.007, la CJYC fue víctima del saqueo de su sede y del robo de importante información relacionada con procesos por desplazamiento forzado y despojo de tierras; adelantados en defensa de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las victimas del desplazamiento; en los procesos iniciados en aplicación de la llamada ley de justicia y paz. Así mismo, desde el mes de julio de 2.007 hasta la fecha, hemos recibido junto al líder de población desplazada Rigoberto Jiménez, una serie de amenazas de muerte por parte de presuntos paramilitares que operan en la ciudad de Bogotá.

Es igualmente un revelador de la falta de garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia, que los actos de ataque, hostigamiento e intimidación de que somos víctimas, solo lleven a la apertura formal de investigaciones penales, sin que se adelanten con la diligencia y competencia que la gravedad de los hechos demanda. No hace falta reiterar que las denuncias penales por nosotras interpuestas, se encuentran actualmente archivadas, sin que se haya producido ninguna decisión de fondo en las mismas.

Con relación al bloqueo de nuestro sitio web, consideramos pertinente resaltar que uno de los correos electrónicos de la Corporación Juridica Yira Castro, fue objeto de la controvertida orden de interceptación emitida por un fiscal especializado de la Unidad Antiterrorismo , la cual fue conocida en el mes de noviembre de 2.007. Dicha orden emitida con base en un informe de inteligencia de la Policía Judicial , que señalaba una presunta red de apoyo a grupos insurgentes; devela una vez más, la fuerte estigmatización oficial a nuestra labor. Si bien esta orden en teoría fue revocada, desconocemos los múltiples procesos penales en los cuáles con base en dichos informes, nuestras comunicaciones son objeto de escudriñamiento. Este hecho revivió la histórica solicitud del movimiento de derechos humanos, por conocer y depurar los archivos de inteligencia que contengan información sobre ONG y personas vinculadas a estas; hecho que hace parte de las ya reiteradas recomendaciones de la comunidad internacional y en particular de la OACNUDH al gobierno colombiano en materia de derechos humanos.

Por ello, consideramos urgente elevar al estado Colombiano las siguientes solicitudes:

Corporación Juridica Yira Castro

Febrero 9 de 2.009

Bogotá – Colombia

Bogotá D.C., 21 de julio de 2008
COMUNICADO PÚBLICO

CONTINÚA LA REPRESIÓN MILITAR CONTRA LOS HABITANTES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO – META, ES EVIDENTE UN NUEVO DESPLAZAMIENTO.

NO BASTO CON EL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE MAS DE 800 FAMILIAS DESDE EL AÑO 2002, EL DESARRAIGO CULTURAL, EL ROMPIMIENTO DEL TEJIDO FAMILIAR Y LA DESTRUCCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES.

LA FEDERACION NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA – FENSUAGRO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AGRICOLAS INDEPENDIENTES DEL META – SINTRAGRIM, VE CON MUCHA PREOCUPACIÓN LA REPRESION MILITAR POR PARTE DE LA COMISION ESPECIAL DEL BATALLON 21 VARGAS, QUE SE REGISTRA HOY CONTRA LOS HABITANTES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META.

HECHOS:

En los días siguientes de la Misión Humanitaria realizada los días 21 y 22 de Mayo en las veredas de Campo Alegre y La Esmeralda han ocurridos varios hechos que preocupan a los pobladores de estas veredas y las veredas circunvecinas. El ejercito adscrito al Batallón 21 Vargas mediante una comisión móvil que controla este territorio con patrullajes permanentes, han realizado allanamientos a las casa de los campesinos buscando no se sabe que, hechos que han sido con evidente intención de amedrentar y causar mas terror a los campesinos y campesinas que han resistido lo mismo que los que han retornado a la región buscando alternativa de supervivencia para ellos y sus familias.

La situación que allí se vive es incontrolable ya que las autoridades civiles del municipio del Castillo no tienen control y parece que tampoco información de lo que allí viene sucediendo con los desmanes de la fuerza publica como aquí lo manifestamos seguidamente.

ANTECEDENTES:

Junio 21 de 2008, vereda Caño Lindo, Inspección de Miravalles (El Castillo, Meta). Una familia de campesinos fue obligada a desplazarse por presión y amenazas de efectivos del Ejército Nacional, tropas adscritas al Batallón 21 Vargas, fueron intimidados y acusados de acusándolos de subversivos y colaboradores, tuvieron salir corriendo dejando todo lo que habían construido; se vieron obligados a desplazarse hacia Bogotá. Según la denuncia de la señora Graciela Sum: ‘junto con su esposo y sus dos hijos menores de edad, salieron corriendo de la finca e ir hacia Bogotá caminando por trochas y solicitando solidaridad en el transporte a los vehículos por tramos, hasta que llegaron a la ciudad de Bogotá y sin conocer a nadie, tuvieron que dormir en la calle varios días, hasta que fueron auxiliados por personas caritativas y finalmente organizaciones sociales’.

Junio 22 de 2008, (El Castillo, Meta). Tropas del Ejército Nacional adscritas al Batallón 21 Vargas con sede en Granada – Meta llegaron hasta la residencia de Pedro Delgado y amenazaron de muerte a su hijo Israel Delgado.

El 11 de junio de 2008 (9:00 a.m.), vereda Caño Lindo, Inspección de Miravalles (El Castillo, Meta). Tropas del Ejército Nacional llegaron hasta la residencia del campesino José Nazareo Rocha a quien intimidaron con armas de fuego (aparentemente fusil). Al igual que ocurrió con los campesinos Caro y Murillo y procedieron a interrogarlos y empadronarlos. Según la denuncia: ‘…. El señor militar o presunto paramilitar que está realizando los empadronamientos y que se presenta como el Sargento ‘Soreya’, ha sido identificado por los campesinos de la región como el presunto paramilitar al que en años anteriores se le conoció como el alias de ‘El Capitán’ que operaba en el Municipio de Lejanías Meta (…), ese es el mismo paramilitar que en Lejanías tenía la función de firmar los permisos para el tránsito de alimentos (mercado)…’. La denuncia agrega: ‘… el sargento ‘Soreya’ y/o el paramilitar alias el ‘Capitán’, amenazó al campesino Rocha diciéndole que si avisaba al Ejército o a la guerrilla ellos hacían barrida…’. Y concluye el testimonio ‘… uno de los militares que está adelantando el censo o empadronamiento en la vereda, formaba parte de la escolta del TENIENTE CORONEL MAURICIO MONSALVE DUARTE que el día 22 de mayo de 2008, estuvo en la vereda la Esmeralda…’.

El día viernes 23 de mayo de 2008, 11:00 a.m., vereda La Esmeralda (El Castillo): Los pobladores informan que el Ejército Nacional, tropas del Batallón 21 Vargas, se presentaron en la casa del campesino EFRAIN CARO ANSOLA, con CC No. 3.121.559, quien vive en la parte alta de la vereda. El campesino se encontraba en su finca haciendo los quehaceres normales del campo cuando los militares rodearon la casa y con tono amenazante lo maltrataron con palabras vulgares y lo acusaron de ser auxiliador de la guerrilla y tener vínculos con la subversión. Posteriormente lo amenazan de muerte diciendo que si se encontraban a la guerrilla en el camino se devolvían y lo mataban, en seguida le hicieron firmar un documento en el que se certificaba buen trato y con el carbón del sartén donde había tostando el café en grano para consumo domiciliario procedieron a colocar sus huellas dactilares. Finalmente los señores del Ejército Nacional le dicen que tiene que irse de su finca o de lo contrario que no respondían por su vida. Así mismo los militares hicieron otra amenaza a Don Efraín: ‘… Si la guerrilla nos llega a atacar le vamos a quitar la cabeza y la vamos a hacer rodar por la montaña abajo…’. Las unidades militares indagaron a Don Efraín por la presencia de la guerrilla en la zona a lo que él respondió: ‘… si la guerrilla ha estado por acá, no puedo hacer nada…’. El campesino EFRAÍN CARO ANSOLA en el momento está nuevamente desplazado desde el día 23 de mayo del 2008 de la finca que tenía en posesión y se encuentra dentro de la vereda La Esmeralda y en condiciones de difíciles ya que su poca economía fue perdida a causa de tener que dejarlo todo abandonado buscando proteger su vida obligado por las amenazas del Batallón 21 Vargas y con ello la fuerza pública le están violando sus derechos fundamentales.

Mayo 25 de 2008, veredas La Esmeralda y Caño Lindo (El Castillo, Meta). Los pobladores denunciaron que tropas del Ejército Nacional adscritas al Batallón 21 Vargas les dijeron a los campesinos que: ‘… ¿Cómo así?… para hablar con esa Misión sí asisten todos y cuando nosotros los citamos a una reunión no asisten (sic) vamos a convocar a una reunión a ver quiénes vienen…’. Este comentario es hecho como una clara amenaza contra los campesinos por haber participado en la Misión Humanitaria (mayo de 2008) y el haber denunciado las diferentes arbitrariedades cometidas por esta Comisión Especial del Batallón 21 Vargas de Granada (Meta).

Los días 21 y 22 de mayo de 2008, veredas Campo Alegre y La Esmeralda (El Castillo, Meta): La Misión Humanitaria de visita en dichas veredas recibió varios testimonios, según los cuales, el Ejército Nacional persigue y estigmatiza a los jóvenes retornados, hijos de los campesinos, a quienes sindican sin prueba alguna de ser milicianos o guerrilleros de las FARC. El asedio e intimidación de la tropa contra los jóvenes es tan fuerte que varios de ellos se han visto obligados a desplazarse de nuevo hacia las ciudades capitales por temor a ser asesinados y presentados con guerrilleros ante los medios de comunicación y posteriormente enterrados como NN en fosas comunes como ha ocurrido con otros pobladores de la zona.

El 14 de Mayo de 2008, hacía las 5:00 a.m, vereda La Floresta (El Castillo, Meta). Había dos encapuchados vestidos de negro con armas largas que se mantuvieron durante unas horas al lado de la escuela veredal. El Ejército Nacional estaba a solo unos 200 metros del caserío.

El 7 de mayo de 2008, vereda La Esmeralda (El Castillo, Meta). Tropas del Ejército Nacional a cargo del Mayor Baquero llegaron de forma altanera a la casa de los campesinos preguntando por Alba Nelly, quien se desempeña como presidente de la Junta de Acción Comunal, el Mayor Baquero afirmó que Alba Nelly había denunciado al Ejército por maltratos en el casco urbano del El Castillo. ‘…El militar insinuó al campesino: usted tiene comunicación con la guerrilla, ¿va a ‘llevar la nota’, agrega la denuncia. Debe señalarse que en días anteriores la comunidad de la vereda se había reunido en la vereda y documentaron denuncias por violaciones a los derechos humanos, por parte del ejército nacional y de grupos paramilitares.

El 21 de abril de 2008, vereda La Esmeralda (El Castillo, Meta): La Comisión Humanitaria de visita en la vereda (el 21 de mayo), conoció de diversas fuentes las continuas amenazas de que viene siendo objeto la familia propietaria de una de las tiendas (venta de víveres, abarrotes y licores) de la vereda La Esmeralda. Según las denuncias: ‘…Martha Rojas y Carlos Tapias, tiene una tienda en la Vereda La Esmeralda. En varias ocasiones han indagado por la relación de la pareja con la guerrilla, por el hecho de que comercian con víveres. El día 21 de abril el Ejército Nacional ha estado indagando por supuestas relaciones de los comerciantes con la insurgencia, preguntando a los pobladores del caserío. Estos señalamientos se han presentado en varias ocasiones. Los militares consideran que el abastecimiento del negocio tiene como destino la guerrilla, y que son los subversivos los que ‘consumen enlatados’. Preocupan estos señalamientos dado que el Sr. Tapias se desplaza siempre solo a Lejanías, y que durante estos desplazamientos pueda presentarse algún tipo de vulneración de sus derechos, así como a los de su familia, ya ha ocurrido ocasiones anteriores. Los señalamientos del Ejército respecto a los comerciantes constituye un hecho violatorio de las normas en materia de derechos humanos, dado que es una restricción de alimentos para la población’, agrega la denuncia

Exigimos del gobierno de la ‘seguridad democrática’ que garantice los derechos y libertades de los campesinos y líderes cívicos de la región del Alto Ariari.

En constancia,

AIDEE MORENO IBAGUE
RUBBY CASTAÑO

Secretaria de Derechos Humanos SINTRAGRIM – FENSUAGRO

– FENSUAGRO – CUT