por MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE- Capítulo Valle del Cauca, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Valle del Cauca – CSPP-, la Asociación para la Investigación y Acción Social – NOMADESC, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia-SINTRAUNICOL Subdirectiva Cali, el Colectivo Memoria Viva, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional las amenazas contra Héctor Enrique Martínez quien pertenece al MOVICE Capitulo Valle del Cauca.

Hechos:

· El día 13 de abril de 2013, en la carrera 40 con calle 39 a las 9:30 p.m. del barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali, el señor Héctor Martínez fue interceptado por dos sujetos en moto, usando casco, con la placa de la moto levantada para evitar ser identificados, quienes le dijeron “deje de estar influenciando a la comunidad para que denuncie los abusos de autoridad de la policía, le va a pasar lo mismo que le paso a su hijo”.

· El día 29 de abril de 2013, en calle 39 con carrera 45, cerca de las 12:00 M. en el barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali, nuevamente fue interceptado por dos sujetos en moto, usando casco, con la placa de la moto levantada para evitar ser identificados y quienes le repitieron nuevamente la amenaza.

Antecedentes:

HECTOR FABIO MARTÍNEZ REYES hijo de HECTOR MARTÍNEZ, fue asesinado por miembros de la policía Nacional adscritos a la estación el Diamante, el 26 de mayo de 2012, en el barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali. Los miembros de la fuerza pública alteraron la versión de los hechos y hasta la fecha la Fiscalía General de la Nación no ha presentado resultados concretos en la investigación que adelanta por estos hechos.

Su padre el señor HECTOR MARTINEZ, realizó una caminata de Cali hasta Bogotá con el propósito de denunciar, visibilizar y exigir justicia. También ha realizado múltiples acciones encaminadas a la búsqueda de justicia en este crimen que se encuentra en la impunidad.

Solicitudes:

MOVICE- Capitulo Valle del Cauca

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Valle del Cauca –CSPP-

Asociación para la Investigación y Acción Social –NOMADESC

Por CCAJAR

“..todas las noches por unas rendijas yo miraba pasar gente secuestrada con las manos atrás y amordazados en la boca para ser cruelmente asesinadas en el matadero municipal de Mapiripán, escuchábamos todas las noches gritos de personas que estaban siendo torturadas y asesinadas pidiendo auxilio”.

Así describió el juez municipal de Mapiripán, Leonardo Iván Cortés Novoa, el horror de las torturas y el suplicio de quienes fueron descuartizados: lanzando los pedazos de cuerpos al río Guaviare para que éste se los tragara; dejando algunos cadáveres en el municipio y tirando al pie de los que huían, el perro ahorcado de la profesora por el “Mochacabezas”, para dejar muestra de lo que el cabecilla paramilitar Carlos Castaño llamara “el combate más grande que han tenido las autodefensas en su historia”, confesando haber asesinado a 49 personas.

En la pasada semana, la identificación de falsas víctimas por la Fiscalía de Justicia y Paz, que fueron indemnizadas por el Estado colombiano, ha desatado una campaña mediática y el anuncio de sanciones ejemplares contra aquellos que el presidente Santos ha llamado “avivatos”, “corruptos”, que minan la credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Sin embargo varias de estas supuestas falsas víctimas ya habían sido identificadas desde 2008, e incluso varios años antes, por el Estado colombiano ¿por qué hasta ahora se dieron a conocer?

por Humanidad Vigente

Gloria Constanza Gaona, la jueza Penal del circuito de Saravena que llevaba el caso de la violación de 2 niñas de 13 y 14 años y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanitos de 9 y 6 años, el pasado octubre en Tame, fue asesinada en la mañana de este martes por un sicario en el municipio de Saravena en Arauca.

Humanidad Vigente y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Arauca repudian y lamentan profundamente el asesinato de la Jueza y las consecuencias que este atentado contra la vida y la justicia tendrán en el desarrollo del proceso que actualmente adelantaba la Jueza contra el Subteniente Raúl Muñoz Linares confeso violador de las 2 menores y presunto homicida de los hermanitos Jaimes Torres, en hechos sucedidos en el mes de octubre de 2010 cuando el militar comandaba la patrulla ’Buitres 2’ adscrita a la Brigada Móvil No 5 del Ejército Nacional.

Humanidad Vigente, representante de las víctimas, considera que este caso evidencia la utilización de mecanismos de impunidad que se aplican en Colombia a miles de casos como éste, de graves violaciones a los derechos humanos y en especial a los derecho de los niños , niñas y adolescentes: maniobras diltatorias de la defensa, hostigamiento a los testigos, persecución judicial, y ahora, el asesinato de la jueza de Saravena, la doctora Gloria Constanza Gaona.

Entre esas maniobras dilatorias se encuentran la renuncia de 4 abogados en 5 meses, la solicitud de suspensión de audiencia en 2 ocasiones, la asistencia de las abogadas defensoras a la audiencia preparatoria sin los documentos pertinentes, la no remisión del militar a Saravena en las fechas indicadas, que buscan la libertad del único detenido por vencimiento de términos, tal como fue advertido por la jueza en su última intervención en este proceso.

_ por MOVICE_

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado manifiesta a la opinión pública nacional e internacional su rechazo y preocupación por la liberación de más de 30 militares implicados en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales de 11 jóvenes de Soacha.

Hechos

El pasado día jueves 7 de enero de 2010 fueron puestos en libertad 17 militares, el 12 de enero otros 6 militares y hoy, 13 de enero, podrían quedar en libertad el coronel Gabriel Rincón Amado y otros seis uniformados.
La defensa de los militares que durante el proceso de forma estratégica ha dilatado el proceso, argumenta que los militares acusados de desaparición forzada agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, tienen que ser puestos en libertad por vencimiento de términos. Este argumento fue respaldado durante el juicio por la Procuraduría General de la Nación. Según el personero de Soacha, Fernando Escobar, podrían en total quedar libres 42 militares de los 47 que se encuentran detenidos por las ejecuciones de los jóvenes de Soacha ante la solicitud que ha hecho la defensa.

Antecedentes

Las ejecuciones extrajudiciales se han constituido como una práctica sistemática bajo los sucesivos gobiernos de Alvaro Uribe Vélez, hecho que es ilustrado por los más de 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales que está investigando la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. El asesinato de personas protegidas por el
Derecho Internacional Humanitario, fue tipificado en los convenios de Ginebra como crimen de Lesa Humanidad.
Las amenazas en contra de los testigos y las familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales han sido constantes durante el 2008 y 2009. A pesar de una petición al Ministro del Interior, los testigos y familiares amenazados, hasta la fecha no cuentan todavía con una protección adecuada.

Peticiones

Exigimos a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura, a los jueces de garantías y a los tribunales competentes, así como al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, adoptar todas las medidas que sean necesarias para permitir el avance de los procesos, la protección de los testigos y familiares de las víctimas y el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición.

Exigimos a la Procuraduría Nacional de la Nación ejercer su labor como ente controlador en función de la población civil y no de la Fuerza Pública.

Pedimos a los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos que condenen públicamente la excarcelación de los militares involucrados en estos crímenes de Lesa Humanidad, exijan la protección de los testigos y familiares y el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición al Estado Colombiano.

Solicitamos a la Corte Penal Internacional elevar su observación en los procesos que se adelantan en contra de miembros del ejercito nacional de Colombia por las ejecuciones extrajudiciales de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y pronunciarse frente a la posible situación de impunidad que se está
presentando por la puesta en libertad de los presuntos autores materiales de estos hechos.

Por Humanidad Vigente, 7 de agosto de 2009

Mediante decisión del día 9 de Julio del presente año la Procuraduría Nacional Delegada para los Derechos Humanos emitió pliego de cargos contra el TENIENTE CESAR CASTELLANOS LEON, los soldados JOSE LUIS RENTERIA MARULANDA, JAIRO ADOLFO FERNANDEZ y NELSON ALBERTO OQUENDO GARCIA, por su responsabilidad en el asesinato del joven campesino CARLOS MARIO GARCIA.

CARLOS MARIO era un reconocido joven campesino de 21 años de edad, trabajador y transportador de madera, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ojos Claros del Municipio de Remedios en Antioquia y parte del grupo juvenil de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra –ACVC-.

El día 25 de marzo de 2.007 fue detenido y asesinado por miembros del Ejercito Nacional pertenecientes al Batallón Calibio en zona rural del municipio de Remedios, fue presentado por la emisora del Batallón como un “guerrillero dado de baja en combate” como resultado de la operación Atenea.

Toda la comunidad de la zona reacciono ante la injusticia y la mentira sobre estos hechos. Inmediatamente denunciaron ante las autoridades civiles lo que realmente sucedió, el valor y la indignación de la comunidad campesina permitió que el Ejercito, al menos por esta vez, no pudiera sostener su mentira oficial sobre los hechos.

Son repetidos y conocidos los hechos de sistemática violación a los derechos humanos contra la población campesina en que están comprometidos miembros de este Batallón en la región del Nordeste Antioqueño y valle del Rio Cimitarra. Recordemos que el 8 de julio de 2008, en la vereda Puerto Matilde, jurisdicción de Yondó (Antioquia) soldados del Batallón Calibio, al mando del teniente Flórez, asesinaron al campesino Aicardo Antonio Ortiz y en hechos recientes miembros de este mismo batallón atacaron sexualmente a dos niñas en la región.

Recientemente la revista Semana en un articulo del 28 de Julio, denuncia el asesinato de Carlos Mario en medio del contexto de violación a los derechos humanos de la región del Nordeste Antioqueño.

http://www.semana.com/noticias-problemas-sociales/oro-plomo/126589.aspx

por Cahucopana

El jueves 26 de marzo fue enviada por los paramilitares una amenaza de muerte a la Corporación Jurídica Yira Castro, organización defensora de los derechos humanos. En particular, se refieren a las abogadas Blanca Irene López y Claudia Erazo.

Este hecho se suma a una serie de hostigamientos y persecuciones en su contra, a causa de su labor en defensa de los derechos de los desplazados y las comunidades campesinas.

En la antigua sede de la organización no gubernamental se había intentado el ingreso violento, constatado por el forcejeo que presentaron las chapas de la oficina. También se había dado la obstrucción injustificada de trámites legales de funcionarios de la corporación, y el seguimiento intimidatorio de personas extrañas. Así mismo, la corporación sufrió un allanamiento ilegal a su sede, el 22 de junio de 2007, cuando le fueron hurtados computadores y archivos.

Igualmente, el 15 de octubre de 2007 había sido amenazada la abogada Blanca Irene López, quien recibió un mensaje manuscrito en su vivienda en el que se anunciaba su muerte.

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), organización campesina que ha trabajado conjuntamente con la Corporación Jurídica Yira Castro en la defensa de los derechos humanos, repudia estos hechos que buscan infructuosamente intimidar a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones que asesoran a los sectores populares.

Enviamos nuestro mensaje de solidaridad y aliento a las compañeras amenazadas y las invitamos a no mermar su valiente labor por los derechos humanos. Exigimos a las autoridades colombianas cumplir con su obligación de investigar y castigar estos hechos criminales, así como proteger efectivamente a los defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, comunidades y población civil en general.

By Maureen Maya

On January 16, 2009, the DAS (Colombian political police) raided the Salmon Cultural Center. On Saturday, two hitmen tried to kill Yury Neira. Yury Neira still has not seen justice done for the murder of his son Nicolas by the police. Instead, state security forces have relentlessly threatened Yury. Those who should be investigating and sanctioning the perpetrators of Nicolas’ murder, in complete impunity for more than three years, have refused to administer justice.

The criminal state’s complicity is clear

On the afternoon of January 16th, a heavily armed group of agents from the DAS, along with agents from the CTI police force and anti-explosives cars, carried out an illegal raid on the Salmon Cultural Center. The Salmon Cultural Center, also known as Piso Dos, is widely recognized as a meeting place for alternative young people. The Center hosts a variety of cultural activities, including film screenings, dance workshops, painting, private concerts, academic activities, and political study and analysis meetings.

Yury Neira, who has coordinated the Salmon Cultural Center’s activities for three and a half years, has been targeted for repression by state security forces. On May 1st, 2005, his young son Nicolas Neira, only 15 years old, was beaten to death by the Colombian riot police. The riot police, called the ESMAD, had come out to repress the yearly workers’ demonstration. Nicolas died, suffering severe brain damage, two days later in the hospital. The medical report indicates that his skull had several fractures, one of them 26 centimeters long. These wounds revealed an unjustifiable brutality, especially considering that Nicolas was an unarmed youth whose asthma prevented him from running and saving himself from the savage police attack.

Since that day, Nicolas’ father undertook a brave battle to win justice in the name of his son and punishment for the killers. The costs of his bold decision have been extremely high. Not only did Yury lose his job, but he has been constantly persecuted. He has suffered two assassination attempts, four arbitrary arrests, constant surveillance, threats, false accusations, police harassment, and constant raids or attempted raids by state security forces. And in threatening letters sent by the paramilitary group “Aguilas Negras” (Black Eagles), Yury and other human rights defenders have been sentenced to death. Yury has been robbed, and even some of his son’s belongings were stolen, such as a bicycle that was stolen by the police and had its tires punctured. Although the bike was found in a police station and identified, it later mysteriously disappeared, in an incident that still has not been explained. In addition, armed men showed up at Yury’s mother’s house a couple of months ago, asking about Yury’s whereabouts.

Because he has demanded justice, Yury’s life has truly become a nightmare. He has been forced to constantly change the place where he sleeps; he has to regularly change cell phones; he can’t see friends anymore; is forced to seek a new place to sleep each night; he has to be suspicious of anyone walking next to him; and sometimes he’s even forced to disappear for short periods of crime as if he were a criminal.

The Procuraduria, Colombia’s internal affairs agency, has recognized that Nicolas was killed by the police, rather than trampled by other demonstrators as the police initially claimed. Nevertheless, the investigation has not advanced at all, and those responsible still have not been identified. A foreign reporter who covered the May Day march captured the exact moment when Nicolas was murdered. Although this evidence helped prove police responsibility for the crime, it only led to the journalist being threatened and forced to leave the country.

The justice system has refused to establish the truth about Nicolas’ murder. Rather, it has allowed the authorities to viciously harass the victim’s father. This harassment has not only kept Yuri from carrying out his daily activities, but has also kept him in a state of permanent tension and psychological stress.

The raid, which “coincidentally” took place when Yury was applying for information at the DAS, was carried out with a huge number of irregularities, all of which have been reported to the civilian authorities. When the police entered the cultural center, they broke locks and damaged the facilities, blocked lawyers and even the building’s owners from entering, and threatened, intimidated, and took pictures of civilians. Fortunately, a lawyer from CCAJAR (the Jose Alvear Restrepo Lawyer’s Collective), was able to get a video camera and filmed most of the raid. When the raid had already finished, after more than six hours, the police tried to enter the building again. Fortunately, at the same time lawyers, members of various social organizations, social and political leaders had gathered in front of the Israel Embassy to condemn the aggression against the Palestinian people and show their solidarity with the victims of this genocide. When they found out what was happening, they quickly came to the cultural center to surround Yury and managed to stop the police’s attempted second raid.

The police carried out their operation claiming that a guerrilla cell was operating out of the house, and that the owners were suspected of terrorism. Dogs that had been tortured in anti-drug and anti-explosives training were brought in, supposedly because there were weapons, drugs, and explosives in the house. As was to be expected, and as some of the police officers must have known, there was nothing in the house. Thanks to the immediate response of friends and NGOs, the police weren’t able to plant fake evidence to justify their brutal incursion. The planting of evidence in police raids has been going on for decades, without any sanction for their violations of basic human, civil, and constitutional rights.

Nevertheless, the persecution didn’t stop there. The next day, two armed men tried to enter the Salmon Cultural Center, asking for Yury. When Yury realized that the men were confused about the gender of the person that they planned to kill, he answered that “she” wasn’t there. One of the men ordered the other in an authoritarian tone of voice, “He’s Yury, do it, do it, it’s him”, but the other man hesitated in confusion. The young people who were with Yury immediately started to shout and call for help by phone. By the time the authorities arrived, the two men had already fled.

Yury’s difficult battle has become a brave example for human rights defenders and social organizations. He has not only managed to channel his pain into the development of beautiful and creative projects with a diverse group of young people, but he has also become a bridge between diverse sectors of society in Bogota.

This case must be brought to the international justice system, and trustworthy state security forces must offer Yury the necessary security measures. Although Nicolas’ murder was informally denounced to the Prosecutor of the International Criminal Court, and so the Court is aware of the case, the case should be officially filed with the Court as soon as possible. Given the ineffectiveness of the Colombian justice system and its apparent lack of political will to carry the case forward and apply sanctions, international bodies should act on the case before it is too late.

The Colombian state is responsible for the life of Yury Neira, and for any persecution or libelous false accusations inflicted on him.

We demand protection for Yury Neira.
We demand justice for Nicolas and full reparations for his family!