Por el espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos

Los defensores de derechos humanos siguen siendo criminalizados en el Magdalena Medio

El Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, escenario que aglutina a las organizaciones sociales y defensoras de DDHH en Barrancabermeja y el Magdalena Medio, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la política de criminalización practicada por el Gobierno nacional a través de acciones abiertas y encubiertas.

Los dirigentes de la ACVC han sido sometidos a la persecución judicial a través de testigos comprados; y de los seis encarcelados todos fueron puestos en libertad, evidenciando que todo fue producto de un descarado montaje.

Los paramilitares, protegidos por la Ley de Justicia y Paz, antes que confesar sus atrocidades, siguen utilizando la mentira como arma de guerra, pretendiendo justificar sus acciones criminales buscando convertir a los sobrevivientes de sus acciones vandálicas, de víctimas a victimarios. De igual manera, utilizando las “versiones”, preparan montajes orientados a la judicialización y el encarcelamiento de los dirigentes sociales y defensores de DDHH, es el caso de David Ravelo Crespo, reconocido dirigente de Barrancabermeja.

Los paramilitares, a través de diferentes denominaciones, aterrorizan a la población civil y a los dirigentes, asesinándolos, amenazándolos o conminándolos a salir de la región. Son expresión de este proceder los casos de Ebert Sony Cárdenas, Luis Arango Crespo y Honorio Llorente, quienes fueron vilmente asesinados, encontrándose en total indefensión por negligencia estatal. Los casos recientes donde son amenazadas dos destacadas dirigentes sociales de Barrancabermeja, María Calderón, dirigente de la Uso; y Luz Almansa, coordinadora de Asfades Barrancabermeja; quienes por medio de correos electrónicos fueron declaradas objetivo militar por los paramilitares.

Por lo anterior:

EXIGIMOS al Estado colombiano y al Gobierno Nacional garantizar , proteger y respetar los derechos Humanos de los pobladores (as) de la región del Magdalena Medio, brindándole plenas garantías a los dirigentes sociales y de DDHH para el ejercicio pleno de sus funciones. Investigar los hechos de sangre que se vienen sucediendo en aras de contrarrestar la impunidad que se evidencia en la región.

SOLICITAMOS a la comunidad internacional el acompañamiento a los y las dirigentes que el Estado colombiano pretende criminalizar para que se condene esta practica aberrante.

INVITAMOS a la más amplia solidaridad a las organizaciones y comunidad en general para con los compañeros (as) que se pretenden criminalizar, exigiendo al Gobierno parar esta práctica de criminalización.

Por la Asociación Campesina del Catatumbo

La La Asociación Campesina del Catatumbo- ASCAMCAT, denuncia una vez más una nueva infracción al derecho internacional humanitario cometida por parte del ejército nacional, en el Campamento de Refugio Humanitario, ubicado en la vereda Caño Tomas, en el municipio de Teorama, Norte de Santander.

Denunciamos que siendo las 8:05 a.m del 16 de noviembre, ingresaron arbitrariamente al refugio Humanitario tropas de la Brigada Móvil No. 5 y Batallón No 45, los militares no quisieron identificarse ante el los voluntarios acompañantes del Observatorio Internacional de Paz – IPO y los líderes campesinos, quienes reclamaban la identificación de los mandos a cargo de los militares, la respuesta fueron insultos hacia la comunidad.

Este hecho no es nuevo, como lo hemos denunciado anteriormente los militares entraron al refugio humanitario los pasados 18 de julio y 27 de septiembre, respectivamente.

Le exigimos a los organismo de control del Estado vigilar estas conductas y hacer observar a los efectivos militares el Derecho Internacional Humanitario. El campamento de refugio humanitario fue reconocido por el Gobernador del Departamento de Norte de Santander William Villamizar Laguado, como una iniciativa de convivencia y paz adelantada por las comunidades campesinas organizadas del Catatumbo.

Este comunicado es el único pronunciamiento oficial realizado por el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y la única información veraz y confiable sobre los hechos, respecto al ataque a la Representante Legal del Comité, Dra. Islena Rey Rodríguez.

Por Cahucopana

Del 3 al 7 de octubre Gerardo Acero, miembro de la Corporación Acción Humanitaria de la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), realizó una visita a la ciudad de Ginebra, Suiza, con el fin de exponer ante el Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, la situación de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la relación que éstas tienen con la presencia de la multinacional AngloGold Ashanti en el municipio de Remedios, Antioquia.

El encuentro se llevó a cabo en el marco de la consulta realizada por la ONU a organizaciones sociales victimas del accionar de las empresas multinacionales.

Las propuestas de nuestra organización se enfocaron hacia la necesidad de que se reconozcan, garanticen y protejan los derechos de las comunidades en contextos donde operan multinacionales, teniendo en cuenta que debe ser el Estado el que genere todos las acciones para ello y castigue las acciones violatorias de los derechos humanos.

Por Colombia también participaron de la consulta el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Jurídica Yira Castro, y la Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos, quienes presentaron el contexto general de las violaciones a los derechos humanos en el marco de la explotación de recursos y prestación de servicios públicos.

Además de esta actividad, Cahucopana participó en el lanzamiento de la campaña internacional por “la defensa del derecho a proteger los derechos humanos”, así como también en la Coordinación de Integración Latinoamericana, presente en la ciudad de Ginebra.

Por la Asociación Campesina del Catatumbo

El domingo 27 de septiembre, a las 5:40 pm, al mando del teniente Torres y los cabos Granados y Gómez, entraron al Campamento Refugio Humanitario unos 50 militares del Batallón de Infantería No. 13 “General Custodio García Rovira”, perteneciente a la 30a. Brigada del Ejército Nacional.

Al igual que el 18 de julio, cuando tropas militares ingresaron al Campamento Refugio Humanitario, algunos uniformados se cubrieron el rostro ante los campesinos, y se negaron a identificar a su mando. Finalmente, el teniente Torres se presentó, asumió su responsabilidad, y señaló que hacía presencia allí porque con la visita del gobernador el 29 de agosto “se había dado permiso de pasar por ahí”, lo cual no es cierto.

El teniente Torres alegó también que se había metido por “la maraña” (selva) y no por los caminos donde está bien señalizada la prohibición del tránsito de personal armado por el campamento humanitario.

Del suceso hay registro audiovisual en poder de la comunidad, que de igual manera fue filmada por los soldados.

Por la Asociación Campesina del Catatumbo

El sábado 3 de octubre en la vereda El Suspiro, corregimiento de San Juancito, municipio de Teorama (Norte de Santander), tropas del Batallón No. 46 Héroes de Saraguro adscritos a la 30a. Brigada, del Ejército Nacional, han estado solicitándoles a los campesinos que les firmen un documento para enviarlo a la ciudad de Bogotá, donde desmentían todos los comentarios y denuncias que se han hecho sobre el Ejército por las “falsas” violaciones a los derechos humanos, argumentan los militares. Algunos campesinos se resistieron a dar las firmas y manifiestan gran preocupación por el actuar de los militares.

Además vale agregar que desde que tienen presencia los militares en la vereda El Suspiro, hace un mes, están apareciendo grafitis en los arboles donde se hace alusión a “Negro AUC P.I”, situación que ha generado temor, como han denunciado los campesinos de la zona.

Una vez más les solicitamos a los organismos de control que vigilen las acciones de los militares, especialmente en la región del Catatumbo, donde día a día son violados los derechos humanos.

Por el Comité Ejecutivo Departamental de ASOGRAS
Bucaramanga, 8 de Septiembre de 2009

La Asociación Agraria de Santander (ASOGRAS), se permite denunciar ante la comunidad Nacional e Internacional la grave situación que viene presentando el Municipio de Sabana de Torres.

Hechos
El día 7 de Septiembre de 2009, siendo las 5:10 P.M, en el casco urbano del Municipio de Sabana de Torres, el señor LUIS ALFONSO YEPES PATIÑO, Afiliado a nuestra Asociación fue objeto de un atraco dentro de su residencia del cual le propinaron un disparo en la pierna Izquierda dejándolo herido y además le fueron hurtados $2.300.000.

Antecendentes
La Asociación Agraria de Santander ASOGRAS, desde el año 2004, ha sido victima de constantes asedios esto es producto del trabajo que desarrollamos por la defensa, protección, divulgación de los DDHH y el DIH, la defensa de la tierra y el territorio, estos hechos que son del conocimiento de las autoridades competentes que evidencian la persecución sistemática de la cual venimos siendo víctimas.

Exigimos
A los Organismos de Control del Estado, iniciar las investigaciones necesarias para identificar y de ser posible judicializar a los responsables de los hechos relatados. Al Gobierno municipal, departamental y nacional a brindar las medidas de protección que garanticen la seguridad al señor LUIS ALFONSO YEPES PATIÑO y de los miembros de la Asociación Agraria de Santander ASOGRAS y la comunidad Sabanera y a salvaguardar de su integridad física y su derecho de asociación y a la comunidad en General.

Llamamos
A la solidaridad del Movimiento Sindical, el Movimiento Social de Paz, a las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, Ministerio del Interior y justicia, Gobernación de Santander, Naciones Unidas, Mapp-OEA, que hacen presencia en Santander y a nivel nacional, a los Organismos de Derechos Humanos Internacionales que hacen presencia en nuestro territorio a estar alertas en la exigencia al estado colombiano para que se garantice el libre y constitucional derecho a ejercer la oposición democrática y civilista, del Gobierno del estado Colombiano reclamamos protección Urgente.

Por Agencia Prensa Rural

Desde el 21 de agosto del año en curso tropas del Batallón Nueva Granada del Ejército Nacional y la Policía Antinarcóticos que acompañan a un grupo de erradicadores se acamparon en el acueducto de la vereda La Floresta, jurisdicción del municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar.

La comunidad ha manifestado que militares y erradicadores están contaminado el agua que consumen más de 14 familias del caserío y sus alrededores. La junta de acción comunal de la vereda de La Floresta conformó una comisión para hablar con el ejército para exigirle que se retirara del acueducto y que no se bañaran ni arrojaran residuos de comida dentro de la quebrada. La respuesta del ejército fue afirmativa, pero hasta el momento no se ha efectuado.

La comunidad manifiesta que en la vereda se están presentando casos de infecciones
estomacales en niños y adultos a raíz de la llegada de la tropa.

www.prensarural.org

Por FENSUAGRO

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO – CUT, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, de la detención que fuera objeto nuestro compañero ALIRIO GARICA, fiscal de FENSUAGRO.

HECHOS

Este mismo día fueron detenidos los compañeros GUSTAVO RODRÍGUEZ, quien fue puesto en libertad el mismo 10 de agosto/09 en horas de la noche y la compañera SANDRA RESTREPO de la FEU, de igual manera se conoció que hay orden de detención contra MAURICIO CUBILLOS del Colectivo de Derechos Humanos Domingo Taborda y LUIS MIGUEL MENDOZA de la FEU.

ANTECEDENTES

1. El día 09 de Marzo de 2009, a la seis (6) de la mañana fue allanada la residencia de la Compañera ROSALBA GAVIRIA TORO, esposa del Compañero ALIRO GARCÍA y detenida por la Fiscalía de Armenia Quindío, quien es afiliada al Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Calarcá, Delegada por el Sindicato a la Junta Nacional de Fensuagro y miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio la Adíela de la ciudad de Armenia.

2. En el año 2008, el 16 de julio de 2008, un vehículo Rodeo de color azul oscuro con vidrios oscuros, con placa BIB-815, estuvo merodeando la Casa del Compañero ALIRIO GARCÍA Y ROSALBA GAVIRIA su Esposa que se encuentra ubicada en el barrio la Adíela, de la ciudad de Armenia – Quindío, quien trasportaba personas extrañas un hombre y una mujer los cuales tenían cámara y filmaban la vivienda, dichas personas estuvieron por varios minutos y luego se fueron.
3. El día 9 de diciembre del 2004 los compañeros Alirio García, fiscal de FENSUAGRO, su esposa Rosalba Gaviria y Hernando Hernández, líder social indígena, fueron víctimas de un inquisidor seguimiento cuando salían de la oficina de la Federación en Bogotá, por parte de varios sujetos que luego fueron identificados como unidades de una supuesta fuerza especial de inteligencia de la Base de Logística 11 Sur del Ejército, de este grupo de seguimiento la Policía logró detener a dos militares identificados, supuestamente, como: Nancy Romero Tovar y William Niño Burgos, del servicio de Inteligencia de la base en mención.
No es desconocido para la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, de las pretensiones del Gobierno Nacional, de querer deslegitimar, desprestigiar y acabar con nuestra organización agraria a través de montajes y persecuciones burdos, poniendo tras las rejas familias enteras, con el sopretexto de que son auxiliadores de las FARC, para con ello acabar con toda voz de protesta, rompiendo el tejido familiar y organizacional como sucediera en el caso del compañero Miguel Ángel Bobadilla que fue detenido con su Esposa y al cabo de dos años, su esposa fue puesta en libertad, pues las pruebas que supuestamente tenía la fiscalía, nunca fueron claras para incriminarla, pero si lesionarían su familia gravemente y hoy se registra la misma situación con nuestro compañero Fiscal.

Reiteramos con fuerza, que FENSUAGRO es una organización autónoma, clasista, que lucha por la defensa del campo, por la Reforma Agraria, por la paz con justicia social y por la unidad del movimiento obrero y popular, rechaza de manera enérgica la persecución y exterminio del que viene siendo víctima nuestros afiliados y organizaciones de base y responsabiliza al Estado Colombiano de lo que le pueda ocurrir a la dirigencia de FENSUAGRO. Igualmente clama por justicia y la solidaridad del movimiento Sindical, social y popular nacional e internacional.

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL

1. Se le garantice al compañero ALIRIO GARCIA, el derecho al debido proceso, a un juicio limpio, justo y la garantía de sus derechos fundamentales.
2. Se garantice la vida, la integridad física y psicológica del Compañero ALIRO GARCÍA.
3. Libertad inmediata del Compañero ALIRIO GARCIA.
4. Que cese la persecución, amenazas y señalamientos contra los líderes y Dirigentes de la Federación y del movimiento Campesino en general.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

1. Hacer un llamado al gobierno nacional para que garantice la vida, la integridad física y psicológica, de las dirigentes Sindicales Campesinos en Colombia.
2. Solicitamos la Solidaridad Moral, política y de Acompañamiento a los Compañeros ALRIO GARCIA y su esposa, la Compañera ROSALBA GAVIRIA TORO, detenidos en la Ciudad de Armenia – Quindío.

Por la fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, Saravena, 10 de agosto de 2009.

ACCIÓN URGENTE

Desde, el 20 de julio, han sido asesinadas por lo menos 6 personas en el
departamento de Arauca, y difundidas amenazadas de muerte a las comunidades,
aumentando la grave crisis humanitaria que vive la región.

El día sábado 8 de agosto, se cometieron dos asesinatos en jurisdicción del
municipio de Saravena; el primero de ellos en la inspección de Puerto Nariño,
aproximadamente a las 3:00 p.m., donde murió el señor NELSON PARADA PARADA, de 35
años de edad, quien se dedicaba a expender gasolina; y el segundo tuvo lugar en el
Barrio Pablo Antonio Hernández, siendo las 4:00 p.m., dejando como víctima a FREDDY
ANTONIO SANTANDER, de 48 años.
El 7 de agosto, en la vía que de Arauca conduce a Tame, en el sitio ‘Las Casetas’,
resultó muerto el señor PEDRO NEL BAUTISTA ZABALA, de 28 de edad, conductor de la
empresa JCP contratista de la OXY en Caricare. Según informaciones periodísticas, en
un ataque de la guerrilla, donde también murió un militar y resultó herido otro.
El 4 de agosto, fue ultimado con arma de fuego, el señor GAMER CRUZ CASTRO, en la
vereda Puerto Nariño del municipio de Saravena, aproximadamente a las 12:00 M.

En el Barrio el Prado, del casco urbano de Saravena, el 27 de julio, aproximadamente
las 4:00 p.m., resultó muerto con arma de fuego el señor LUIS ALBERTO GALINDO
PORRAS.

El señor FABIO MAPE DÍAZ, conductor de la empresa contratistas (EMINDUMAR), al
servicio de la industria del petróleo, fue asesinado, el día 20 de julio, en la vía
al complejo de Caricare, en un retén montado por la organización rebelde FARC.

De otro lado, en la vereda Panamá de Arauca, jurisdicción del municipio de
Arauquita, fueron distribuidos unos panfletos, con amenazas a los pobladores, a
nombre de “Las Águilas Negras”.

Este departamento altamente militarizado, especialmente Saravena y el corredor vial
que une a Tame con Arauca, denominado Ruta de los Libertadores, y en cuya cercanía
existe un complejo para la exploración y explotación petrolera en el área conocida
como Caricare, continua convertido en un escenario de guerra donde se asesina,
atemoriza, desplaza y se persigue al tejido social.

Exigimos a las autoridades de justicia y control y al gobierno nacional tomar las
medidas urgentes que lleven a la protección de las personas y sus bienes; a los
actores armados (Estado y Organizaciones Rebeldes) los exhortamos a buscar caminos
distintos a la guerra para la superación de las causas estructurales que han
originado el conflicto social y armado; a la comunidad nacional e internacional, a
no dejar de monitorear, acompañar y solidarizarse con el pueblo y sus luchas, y
exigir al Estado colombiano el cumplimiento de sus compromisos frente a los mandatos
constitucionales, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA

Las Autoridades Indígenas Tradicionales del resguardo de
Cañamomo-Lomaprieta, denuncian ante las instituciones y organismos de
Derechos Humanos del Estado, a las organizaciones hermanas de carácter
social y popular, a los organismos internacionales defensores de los
Derechos Humanos, ONGs y a la opinión pública en general que:

No cesan las agresiones en contra de nuestra comunidad indígena por parte de los organismos de “inteligencia” y represión del Estado. El día miércoles 29 de Julio siendo las 6:45 de la tarde en la comunidad de Portachuelo perteneciente a nuestro resguardo, hicieron presencia en dos camionetas cuatro puertas de color blanco y azul oscuro con placas BIB 698 de Bogotá y OUB 987 de Manizales, ocho hombres vestidos de civil sin ningún tipo de identificación y fuertemente equipados con armas largas, quienes abordaron a un grupo de jóvenes que se hallaban jugando al fútbol en la cancha de la comunidad con la pretensión de tomar sus huellas de identidad, sus nombres y el número de sus documentos de identificación, hecho que generó gran pánico y temor en todos los comuneros, pues los atropellos y atentados contra la integridad de las personas por parte de hombres armados han sido recurrentes en esta comunidad, como los hechos ocurridos en el mes de noviembre del año 2006, en los cuales hombres del ejército nacional mediante una acción irregular pretendieron llevarse ilegalmente a un joven de esta comunidad.

Con esta experiencia del año 2006, los comuneros acudieron en la ayuda de los jóvenes, y procedieron a solicitar a dichos hombres civiles armados su identificación y la razón de su presencia en lugar, ya que no habían recibido ninguna información por parte de la autoridad indígena de presencia institucional en el área. Ante la presión de la comunidad estos individuos se identificaron como agentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS sin dar mayores especificaciones afirmado que “es rutina del DAS verificar que nada este pasando”.

Una vez sucedido los hechos los comuneros informan al gobernador del resguardo quien se comunica con el director del DAS Caldas Marcel Suárez para pedir claridad frente a estos hechos, situación que no ha sido aclarada hasta el momento.

Exigimos a las instituciones y organismos competentes que este hecho se investigue y se aclare debidamente, ya que nuestra comunidad indígena ha sido señalada en reiteradas ocasiones por funcionarios de la Fiscalía General y la Fuerza Pública como auxiliadores de la guerrilla, situación que pone en grave riesgo la tranquilidad, la vida, la integridad física y moral de nuestra comunidad.

De igual manera exigimos que se de cumplimiento a la directiva 016 del
Ministerio de Defensa donde se ordena coordinar con las Autoridades
Indígenas la presencia institucional en sus territorios.

Hacemos un llamado urgente a la solidaridad de las organizaciones hermanas,
ONGS y organismos internacionales de Derechos Humanos, para que cese el
ataque y persecución en contra de la organización indígena del resguardo de
Cañamomo-Lomaprieta y del Pueblo Embera Chamí de Caldas.

Manifestamos que seguiremos luchando por la defensa de nuestros territorios
ancestrales, la dignidad de nuestro pueblo y la libertad de nuestros
detenidos políticos.

Por la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

Las comunidades campesinas del Corregimiento de San Lorenzo y la Vereda
Isla No Hay Como Dios, denuncian ante la comunidad nacional e internacional
las constantes violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario cometidas por integrantes de la fuerza pública;
concretamente, unidades militares del Batallón Nueva Granada, pertenecientes
a la Quinta Brigada, al mando del sargento Alexander Muñoz, en desarrollo
de operaciones militares, han venido patrullando en compañía de
encapuchados, señalando campesinos que acusan ser miembros de la
insurgencia, propiciando con esto que se adelanten montajes judiciales, y
generando zozobra en la población, lo cual ha conllevado en muchas
ocasiones, al desplazamiento forzado.

Hechos:

En el Corregimiento de San Lorenzo, en zona rural del Municipio de
Cantagallo (Bolívar), fueron detenidos bajo el supuesto delito de rebelión,
los campesinos: Antonio Bernabe Paraguas de 60 años, Luz Marina Ramirez
Carvajal, y Ana Luz Campo García. Estas detenciones fueron realizadas bajo
una orden judicial, impartida por el señor Lizandro de Jesus Vega Alvarez,
Juez Promiscuo Municipal de Simití (Bolívar), bajo una operación conjunta de
unidades militares del Batallón Nueva Granada, agentes del DAS, la
Armada Nacional, y unidades de la SIJIN de San Pablo.

Cabe anotar, que constantemente, se presentan integrantes de la SIJIN de
San Pablo, acompañados de encapuchados que toman fotografías a los
habitantes de los caseríos, y son los que dicen a quien se deben llevar o a
quien no, sin presentar la respectiva orden de captura, convirtiéndose esta
situación en un acto ilegitimo en contra de los derechos constitucionales de
los ciudadanos.

De otro lado, también es preocupante, que las unidades militares del
batallón Nueva Granada, que patrullan esta zona, se alojan en los caseríos,
ingresando de manera ilegal a las viviendas y en ocasiones, hurtando los
alimentos que tienen las personas para su sustento, exponiendo a la
población civil a un riesgo inminente, que es claramente, una infracción al
Derecho Internacional Humanitario, violando todos los tratados que en
materia de Derechos Humanos y DIH ha ratificado el Gobierno Colombiano.

Con todo este accionar de represión del Estado Colombiano, desarrollado en
el marco de la implementación de la seguridad democrática, que es utilizado
en contra de todas las comunidades campesinas del territorio del Valle del
Río Cimitarra, se esta generando un ambiente de zozobra y terror en la
población, a lo cual se le suma la política de erradicación de cultivos
de uso ilícito que se esta implementando en las veredas La Floresta, La
Panda, Lejanías y Sapo Escondido del municipio de Cantagallo; las veredas
Alto Cañabraval, Cerro Azul y Virgencitas del municipio de San Pablo; y las
veredas Paraíso y Aguas Lindas del municipio de Simití; en este sentido,
esta política niega cualquier solución concertada con las comunidades, y
en la que no existen proyectos de cultivos alternativos que puedan generar
seguridad y soberanía alimentaria para los pobladores de esta región, así
mismo, es de vital importancia anotar, que en el desarrollo de estas
operaciones de erradicación, ejecutadas por la Policía Anti narcóticos, la
comunidades han identificado la presencia de militares estadounidenses en
estos operativos.

Así las cosas, los campesinos y campesinas del Valle del Río Cimitarra,
solicitamos:

A las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, a las
organizaciones campesinas, a los medios de comunicación alternativos, a las
organizaciones indígenas, estudiantiles y populares y a la comunidad
nacional e internacional: que nos brinden su solidaridad y apoyo frente a
estas constantes violaciones a los derechos humanos, enviando sus
expresiones de solidaridad a favor de las comunidades, y de rechazo a las
agresiones cometidas por la fuerza publica del Estado Colombiano.

Al Gobierno Colombiano:

1. Detener la represión que actualmente se esta llevando a cabo en contra de
la población civil, a través de montajes judiciales.

2. Al gobierno del presidente Alvaro Uribe Velez: que garantice el respeto a
los Derechos Humanos; que cesen las fumigaciones y que se genere una
alternativa de sustitución de cultivos ilícitos que responda a los intereses
sociales, económicos y culturales de las comunidades campesinas

A la Procuraduria General de la Nación: que realice las respectivas
investigaciones de carácter disciplinario frente a estos hechos.

Por la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

Teniendo en cuenta el recrudecimiento de la represión, la criminalización y persecución hacia los campesinos que habitan la zona de reserva campesina, la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra –ACVC- pone en conocimiento los siguiente hechos y hace un llamado urgente para proteger la vida y la integridad de la población campesina ante episodios de violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario;

Hechos

En la Vereda San Lorenzo del corregimiento Isla no hay como dios en Cantagallo Sur de Bolívar fueron detenidos bajo el supuesto cargo de “Rebelión”, los campesinos Antonio Hernández Paraguas, Luz Marina Ramírez Carvajal y Ana Luz Campo García reconocidos en la región por su vida de labriegos en un operativo conjunto del DAS, la Armada, la SIJIN de la policía y el ejercito nacional. Una vez realizada su captura fueron puestos a disposición de la fiscalía del municipio de Simití y trasladados a la cárcel Modelo y al centro carcelario de mujeres Chimitá de Bucaramanga; los campesinos de la zona temen por esta ola de criminalización y persecución dado que sin tener ningún vinculo guerrillero se están creando procesos en contra de los campesinos que durante años han habitado esta zona.

Igualmente en las veredas del Sur de Bolívar ; el Paraíso en el municipio de Simití y Alto Cañabraval en San Pablo, se agudiza la presencia de los grupos móviles de erradicación que hacen parte de la estrategia de Erradicación Manual Forzosa de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional ACCIÓN SOCIAL, que van acompañados de la Policía, el Ejército o la Armada Nacional para proteger estos grupo móviles pero que por el contrario exponen a las familias rurales ante la presencia de grupos armados sin respetar la normatividad de protección a la comunidad.

Peticiones

1. Exigimos al Estado colombiano detener la represión que actualmente se está llevando a cabo en contra de la población campesina a través de montajes judiciales.
2. Al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, exigimos que garantice el respeto a los derechos humanos de la población campesina, que cesen las fumigaciones y de la erradicación manual de coca; así como la generación de una alternativa de sustitución de cultivos ilícitos que responda con los intereses sociales, económicos y culturales campesinos.
3. A la Procuraduría General de la Nación, solicitamos que investigue y verifique el correcto accionar de las autoridades en la captura de los campesinos Antonio Hernández Paraguas, Luz Marina Ramírez Carvajal y Ana Luz Campo García.
4. A la Fiscalía General de la Nación, exigimos que se le garantice el debido proceso y todas las garantías procesales a los campesinos Antonio Hernández Paraguas, Luz Marina Ramírez Carvajal y Ana Luz Campo García.
5. Solicitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, organizaciones sociales y populares, organizaciones indígenas, organizaciones sindicales y estudiantiles, difundir esta información y brindar su solidaridad a través de su pronunciamiento sobre los graves hechos mencionados.

La Asociación Agraria de Santander (Asogras) se permite denunciar ante la comunidad nacional e internacional los hechos criminales de los que fue víctima el compañero Herber González Herrera, quien realizaba trabajos en conjunto con nuestra organización campesina.
Hechos

El sábado 25 de julio de 2009, siendo aproximadamente las dos de la tarde, Herber González Herrera fue sacado con engaños por una persona sin identificar para que lo trasladara a un lugar no identificado, pero fue encontrado muerto frente a la finca La Alegría, por la vía que conduce a Ecopetrol saliendo del casco urbano de Sabana de Torres. Le propinaron siete disparos de pistola 9 mm. Por información de la comunidad estos hechos se le atribuyen a grupos emergentes de los Rastrojos, que operan en el municipio de Sabana de Torres.
Antecedentes

La Asociación Agraria de Santander (Asogras), desde el año 2004, ha sido víctima de constantes asedios, amenazas, persecución y asesinatos por supuestos grupos emergentes del paramilitarismo, hoy autodenominados frentes Águilas Negras y Los Rastrojos, que operan en el departamento de Santander y Magdalena Medio, en especial en el municipio de Sabana de Torres, quienes además vienen amenazando a miembros del comité ejecutivo departamental de nuestra asociación, como ha sido denunciado ante autoridades competentes.

Esta ola de terror ha dejado el asesinato de cinco campesinos, el desplazamiento de 21 personas, la detención de 11 compañeros, las amenazas contra cuatro directivos departamentales y dos de la Subdirectiva Sabana de Torres.
Exigimos

A los organismos de control del Estado, iniciar las investigaciones necesarias para identificar y de ser posible judicializar a los responsables de los hechos relatados. Al gobierno municipal, departamental y nacional a brindar las medidas de protección que garanticen la seguridad de los miembros de la Asociación Agraria de Santander (Asogras) y a salvaguardar de su integridad física y su derecho de asociación.
Llamamos

A la solidaridad del movimiento sindical, el movimiento social de paz, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que hacen presencia en Santander y a nivel nacional, a los organismos de derechos humanos internacionales que hacen presencia en nuestro territorio a estar alertas en la exigencia al estado colombiano para que se garantice el libre y constitucional derecho a ejercer la oposición democrática y civilista. Del gobierno del estado colombiano reclamamos protección.

Por la Asociación Campesina de Arauca – ACA

La Asociación Campesina de Arauca pone en conocimiento de la comunidad nacional e internacional, defensores de derechos humanos, la información sumistrada por la comunidad de la vereda Caño Azul, jurisdicción del municipio de Tame (Arauca), por medio de la cual se denuncia que en este lugar, el 27 de julio de 2009, tropas del Ejército Nacional dejaron gravemente herido al joven Wilson Javier Garces Cácua, identificado con c.c. no. 1116790593 de Arauca, cuando la víctima se encontraba trabajando en la recolección de maíz.
El joven se encuentra muy grave en el hospital de Arauca capital. La comunidad y los familiares de la víctima han solicitado una comisión de verificación para dirigirse hacia el lugar de los hechos.

La ACA rechaza enérgicamente estos hechos y todos los que han trascurrido, así como la falta de garantías para el bienestar y la protección de nuestros campesinos.

Por lo anterior, solicitamos a la procuraduría su intervención para que se hagan de manera urgente las averiguaciones y comunicaciones correspondientes, así como para establecer las circunstancias y motivos que originaron estos hechos.

Por la Asociación Campesina del Catatumbo

En la mañana del sábado 18 de julio, a las 5 de la mañana, alrededor de treinta uniformados del Batallón Mecanizado G Maza de la Brigada 30 del Ejército Nacional irrumpieron en el campamento de refugio humanitario por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la defensa del territorio, ubicado en la vereda Caño Tomás, corregimiento de Fronteras del municipio de Teorama (Norte de Santander).

Los soldados infringieron las normas del Derecho Internacional Humanitario y en especial contrariaron la voluntad de las comunidades de 24 veredas de la región del Catatumbo que nos hemos instalado en este refugio como un mecanismo de protección de la vida, y por lo cual, hemos exigido el no ingreso de grupos armados al mismo.

El campamento de refugio humanitario fue conformado como alternativa a problemáticas humanitarias y a los efectos de la seguridad democrática como las ejecuciones extrajudiciales, las fumigaciones indiscriminadas sobre todo tipo de cultivos, la erradicación forzada de plantaciones de coca, y la amenaza permanente contra nuestra permanencia en el territorio. Desde el 29 de abril a la fecha estamos a la espera de que las autoridades e instancias estatales atiendan nuestro llamado para concertar la solución de estas problemáticas.

Armed intimidation against the accompaniment mission in Alto Ariari, El Castillo – Meta
29.07.08
Corporación Reiniciar / Tuesday 29th July 2008

The organization Reiniciar alerts the national and international community and human rights defenders regarding the grave security situation currently facing the Accompaniment Mission in Alto Ariari that is in the municipality of El Castillo, Meta, for the presence and patrol of heavily armed men in the community of La Esmeralda a few minutes outside the main urban center of El Castillo.

According to information from the community, at 9.30 in the morning of the 29th July 2008, six heavily armed men in civilian clothing and traveling in a red vehicle with registration number GGZ026, arrived in the community of La Esmeralda and began to patrol the area in an intimidating fashion.

The Mission to Alto Ariari seeks to make a presence and bring accompaniment to the community of this region in front of the grave situation regarding public order and violation of human rights that has been committed by the military forces assigned to this region.

Composed of various national and international human rights organizations, the Mission seeks to raise awareness over the problems that put in risk the lives, integrity and tranquility of these communities in Alto Ariari.

The situation is worrying as the Accompaniment Mission seeks to interview the people of the region to investigate the current serious human rights situation, however, the presence of armed civilian men is an indication of the repression that could be unleashed if the people speak with the Mission.

Reiniciar protests strongly against these intimidating acts against the Accompaniment Mission and requests that the local, departmental and national authorities bring about the necessary security to the communities of the region as well as the members of the Mission.

Humanidad Vigente and the Campesino Association of Arauca (ACA) have announced that on Wednesday the 18th June of this year, troops from the national army implemented a checkpoint in the village of Laurales in the municipality of Tame. They detained four farmers who were travelling by horse whilst transporting livestock. The army requested that they dismount and they undertook a search. At this same moment, an explosive in the ground exploded which killed one of the farmers and one of the soldiers. Another member of the village was also seriously injured by the blast and numerous other persons were wounded.

With great concern, Humanidad Vigente and ACA have called out to the national community to speak out against these grave acts that take place across so many rural areas within Arauca, a cause of the deepening military offensive in Arauca, that gravely affects the civil population as has been reported in previous communications.

This situation sends out new signals for an urgent presence of a verification comision in this department alongside other organisations such as the Red Cross and other non-governmental organisations such as the local ombudsman, the attorney general and the local registrar.