Por Humanidad Vigente

La audiencia preparatoria de juicio contra el subteniente del Ejército, Raúl Muñoz Linares, acusado por la Fiscalía de violar 2 niñas y asesinar a una de ellas junto a sus dos hermanitos menores en zona rural de Tame en Arauca, quedó nuevamente suspendida a la espera del pronunciamiento del Tribunal.

Humanidad Vigente

El señor José Álvaro Torres recibió una llamada al celular de su hija mayor donde le advertían que tenía que salir de Saravena si no quería que le mataran otro hijo. El día anterior, los abogados de Humanidad Vigente, recibieron llamadas intimidatorias.

El jueves 24 de marzo en horas de la mañana, entró una llamada al celular de la hija mayor del señor José Álvaro. Una voz masculina preguntó quién contestaba y luego sentenció: “ah usted es la hija del perro hijueputa, dígale que ya le dimos por donde más le duele y que vamos seguir dándole, no descansaremos hasta matarle otro hijo, tienen que largarse de Saravena, sabemos donde están viviendo”. Don Alvaro y su familia están refugiados temporalmente en el edificio de las organizaciones sociales de Arauca.

A esta amenaza, se suman las llamadas intimidatorias dirigidas a integrantes de Humanidad Vigente el día 22 de marzo. El mismo día en que fue asesinada la Juez que llevaba el caso, doctora Gloria Constanza Gaona, en Saravena Arauca, una integrante de la organización recibió dos llamadas al teléfono de su casa, donde se ordenaba “llevar dos tintos a la oficina de Olga” y 30 minutos después, la misma voz de mujer llamó a ordenar “tres tintos para la oficina de Lucho”.

Olga Silva, abogada titular representante de la víctimas del caso de los niños de Tame, y Luis Alfonso Ruiz, director de Humanidad Vigente, presentaron ante la Fiscalía una denuncia penal formal ante estos hechos intimidatorios que coinciden con el asesinato de la Jueza, con las amenazas a la familia de las víctimas y con los hechos sucedidos semanas anteriores contra potenciales testigos de la comunidad como la judicialización del líder comunal José Toroca, quién desde octubre de 2010 ha participado activamente en la denuncia de lo sucedido con las niñas víctimas de violación y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanitos.

Humanidad Vigente expresa su preocupación ante las versiones oficiales que señalan como móviles del asesinato de la Jueza Gaona los casos de narcotráfico y terrorismo que se adelantaban en su despacho, estas declaraciones dadas por diferentes autoridades pueden distraer y confundir a la opinión pública. De otro lado, se percibe como contradictorio que las autoridades militares y de policía aseguren que la Jueza llevaba complicados casos contra miembros de las Farc y Eln y a su vez no estuvieran brindado la seguridad y protección correspondiente.

Ante la situación de riesgo en la que se encuentra la familia Torres, exhortamos al Ministerio del Interior, Procuraduría, Fiscalía y Defensoría a tomar con urgencia las medidas de protección necesarias.

Así mismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, organizaciones defensoras de derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de los niños, medios de comunicación y opinión pública para que manifiesten su repudio y rechazo contra el asesinato de la valiente jueza Gloria Constanza Gaona y la persecución e intimidación contra la familia y los abogados de las víctimas de este atroz delito en el que fueron violentados todos los derechos de niñas y niños campesinos de nuestro país.

En Arauca no hay garantías judiciales

Desde el mes de noviembre de 2010, Humanidad Vigente, solicitó a través de la Fiscalía 51 de Derechos Humanos, el cambio de radicación del proceso a la ciudad de Bogotá, por considerar que no existían garantías para realizar una debida representación de las víctimas. Este llamado fue negado porque en opinión de la Fiscalía, no se configuraban las causales establecidas por la Ley para decidir positivamente esta solicitud. No obstante, el fue asesinada la Jueza Gloria Constanza Gaona. Así mismo, hoy estamos denunciando las amenazas en contra de la vida e integridad de las víctimas: Don Álvaro Torres y sus hijos sobrevivientes.

Humanidad Vigente, como representante de las víctimas, solicita al Consejo Superior de la Judicatura designar un Juez de Descongestión que adelante este proceso desde Bogotá para evitar actuaciones que entorpezcan el normal desarrollo de la administración de justicia y garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.

En este proceso se observan preocupantes mecanismos de impunidad que Naciones Unidas ha señalado como recurrentes en investigaciones sobre casos de violación a los derechos humanos. El año pasado, la comunidad denunció presiones por parte del Ejército Nacional, el 14 de marzo de 2011 se judicializó a uno de los líderes comunales más activos en la denuncia y rechazo de este crimen. De igual manera, la defensa ha obrado con maniobras dilatorias buscando la libertad del Subteniente Raúl Muñoz Linares por vencimiento de términos.

Humanidad Vigente hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que intervenga como defensor de los intereses de la sociedad de manera contundente y oportuna, ya que a la fecha, tras 5 meses de iniciado el proceso, y a pesar de existir agencia especial para este proceso, no ha tenido actuación alguna que defienda los intereses de la sociedad.

Finalmente, se extiende una respetuosa solicitud a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a la Delegación de la Unión Europea para que conforme a sus mandatos desarrollen acciones de observación y garantías de los derechos de las víctimas de este caso.

por Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado se dirige a la opinión
pública para poner en conocimiento que finalmente, luego de 7 meses de espera
del resultado de apelación interpuesta por la defensa a la resolución de
acusación contra Carmelo Agámez y tras casi 19 meses de privación de la
libertad, el Vice Fiscal General de la Nación ha decido confirmar el llamamiento
a juicio contra Carmelo Agámez Berrio.

De igual manera ordena que el juicio tenga lugar en la ciudad de Sincelejo
(Sucre), en contravía a la solicitud que la defensa realizó por considerar que
no había garantías para la realización del juicio en este departamento.

Recordamos que el 15 de noviembre de 2008, Carmelo Agámez se presentó
voluntariamente en compañía de su abogado a la Fiscalía de Sincelejo, el Fiscal
le tomo la indagatoria y durante tres horas Carmelo insistió en su inocencia.
Pese a ello, el fiscal le impuso medida de aseguramiento. El defensor de
derechos humanos es investigado por el delito de concierto para delinquir por
pertenecer a grupos paramilitares, los mismos que ha denunciado vehementemente y
que lo han declarado en varias ocasiones objetivo militar.

El proceso judicial se caracteriza por sus graves irregularidades. En el mismo
están investigados políticos de la región comprometidos con el paramilitarismo y
denunciados por la comunidad de San Onofre, a varios de ellos se les ha
precluido la investigación y han quedado en libertad. En julio de 2009, el
Fiscal General de la Nación emitió una resolución en la que ordenó llamar a una
investigación penal en contra del fiscal que abrió la investigación contra
Carmelo Agámez por presuntos actos de corrupción y a la vez, ordenó que el
proceso de investigación saliera del departamento de Sucre y en consecuencia,
fuera conocido por el fiscal 28 de la Unidad Antiterrorismo de Bogotá. Esta
decisión fue variada por este último quien decidió devolver el ! proceso a su
lugar de origen.

Pedimos a las autoridades competentes que brinden las garantías procesales a
Carmelo.

A las organizaciones sociales que estén atentas a próximas solicitudes que se
realizaran desde el MOVICE una vez se establezca en que juzgado se llevara a
cabo el juicio.

Finalmente, agradecemos la solidaridad de las organizaciones y personas
expresada hacia el MOVICE y en especial, de nuestro compañero Carmelo y su
familia.

No más montajes judiciales
¡Libertad para Carmelo YA!

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
4 de agosto de 2010

Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra
Miércoles 4 de marzo de 2009

El martes 3 de marzo, hacia las cuatro de la tarde, tropas del Batallón Nueva Granada de la Quinta División del Ejército Nacional arribaron en helicópteros a la vereda Chaparral, del corregimiento La Victoria, municipio de Cantagallo (sur de Bolívar), en donde procedieron a detener arbitrariamente a cuatro campesinos.

Entre los capturados se encuentra Leonel Arnobio Orozco Fuentes, una mujer y otros dos hombres de los que desconocemos su identidad. Fueron trasladados a la sede del Batallón Nueva Granada, ubicada en Barrancabermeja.

La comunidad está preocupada por no saber la situación en la que se encuentran estas cuatro personas, reconocidos campesinos de la región. Exigimos al Ejército Nacional la inmediata liberación de estas personas y que se les respete su vida y su integridad. Responsabilizamos al Estado colombiano por lo que les pueda pasar.

Un expediente, celulares y dinero en efectivo fueron sustraídos de la Corporación.
Funcionarios de la Corporación Reiniciar se percataron esta mañana, al retomar sus labores diarias, que alguien había ingresado durante el fin de semana a las oficinas de la ONG en el centro de Bogotá, porque encontraron las chapas de varios escritorios y muebles de archivos violentadas, la caja fuerte abierta y en uno de las gavetas de estos muebles, un brazalete negro en forma de ocho.

De inmediato se dio aviso a las autoridades competentes. Con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación –CTI- se pudo establecer que los asaltantes sustrajeron un expediente de la Procuraduría correspondiente a la investigación por la desaparición forzada de María Eugenia Castañeda, militante de la Unión Patriótica, ocurrido en septiembre de 1985, y en la cual se encuentran involucrados varios miembros de la fuerza pública; dos celulares y $ 2.700.000 en efectivo. Sin embargo, dejaron otra suma del dinero que se encontraba en la caja fuerte.

Estas circunstancias llevan a presumir que se trata de otro hecho intimidatorio contra la Corporación Reiniciar, entidad peticionaria del caso del genocidio cometido contra la Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy pendiente de decisión de fondo.

Cabe recordar que el pasado 10 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 130 periodo de sesiones, recibió testimonio de la señora Aida Avella, ex presidenta de la Unión Patriótica, en el marco de dicho caso.

Antecedentes

Las constantes amenazas de muerte contra los miembros de la Corporación Reiniciar hicieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgara en marzo de 2002 Medidas Cautelares.

En marzo de 2007, Reiniciar recibió información sobre un plan para asesinar a la directora de esta Corporación, la doctora Jahel Quiroga Carrillo, a manos de presuntos grupos paramilitares.

El año pasado, luego de la celebración del día por la dignidad de las víctimas por el genocidio contra la UP (11 de octubre), fue sustraída de la oficina de Reiniciar la video cámara donde estaba la filmación del evento realizado.

Durante el evento también fueron observadas varias personas en actitud sospechosa, pudiéndose constatar más adelante que dos de ellas se encontraban adscritas a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, entonces al mando del Brigadier General Guillermo Julio Chávez Ocaña.

Es menester recordar que la doctora Jahel Quiroga Carrillo, Directora de la Corporación Reiniciar, ha sido reiteradamente incluida en los archivos de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado, sin que hasta la fecha se haya logrado la corrección de dichos archivos.

Por: Corporación Reiniciar

Fuente: Agencia Prensa Rural del 6 de noviembre de 2007
http://prensarural.org/spip/spip.php?article857

Luego de cuatro meses de incesantes hostigamientos en contra de las abogadas miembros de la Corporación Jurídica Yira Castro, consistentes en el allanamiento ilegal a su sede ocurrida el 22 de junio de 2.007 y a una serie de correos electrónicos de amenaza que desde el 24 de julio, se han dirigido en contra de miembros de la CJYC así como del líder de la Coordinadora Nacional de Desplazados –CND, el día de ayer 15 de octubre de 2.007, en la casa de habitación de la abogada BLANCA IRENE LÓPEZ, fue encontrado un mensaje en manuscrito en el que se lee “Bas a morir, disiembre 24 firma señor popo”.

Tememos fundadamente por la vida e integridad física de nuestra compañera, así como por la seguridad de su familia.

Ante los graves hechos denunciados desde el mes de junio, es necesario señalar que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para garantizar la vida y la labor de quienes asumimos en Colombia la defensa de los derechos humanos, es no solo insuficiente, sino además permisiva ante este tipo de hechos de violencia.

Luego de cuatro meses de las iniciales denuncias elevadas por la CJYC ninguna labor judicial se ha adelantado para establecer los responsables de estos hechos, y las investigaciones penales se encuentran suspendidas en espera de trámites burocráticos de reasignación. Por otro lado, las medidas de protección otorgadas por el Ministerio del Interior, demuestran su insuficiencia, dado que ninguna de ellas ha significado el cese de los actos de violencia perpetrados en contra de las miembros de la CJYC. Mientras tanto, seguimos esperando del Gobierno Nacional, el rechazo a este tipo de ataques, así como su respaldo público a la legítima labor que adelantamos a favor de las víctimas del desplazamiento forzado que reclaman, en medio de una coyuntura de impunidad mal llamada “justicia transicional” la satisfacción de sus derechos a la VERDAD , JUSTICIA y REPARACIÓN INTEGRAL.

Corporación Jurídica Yira Castro
Bogotá, Colombia, 15 de octubre de 2.007.

La Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (Asodesamuba), denuncia ante la comunidad nacional e internacional el señalamiento, persecución y amenazas en contra de nuestra organización.

Hechos

Miembros de la junta directiva de Asodesamuba vienen siendo perseguidos y amenazados en los barrios donde residen en la ciudad de Barrancabermeja. Hombres en motocicletas rondan con libretas haciéndose pasar por cobradores. Al parecer dentro de estas libretas portan fotos y nombres propios nuestros, es de resaltar que el pasado 24 de mayo de 2007 miembros de la Seccional de Inteligencia de la Policía filmaron y tomaron fotos a miembros de Asodesamuba.

El pasado 15 de junio, a las 10:50 am, se recibió una llamada telefónica donde nos amenazaban de muerte.

Esta situación viene presentándose desde el 2001 sufriendo asesinatos de la junta directiva y de miembros activistas de la asociación, por ser una asociación que de cara expresa el inconformismo frente a la violación de los derechos humanos, al desplazamiento forzado, a los asesinatos, desaparición forzada y al tratamiento que pretenden dar a las familias que lo perdimos todo por la falta de voluntad política del gobierno colombiano.

Hacemos un llamado a la comunidad de Barrancabermeja en general y sus poblaciones aledañas para que continuemos exigiendo el respeto a una vida digna. Igualmente a las autoridades nacionales, civiles y militares, para que ejerzan el mandato constitucional.

A los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que continÚen fortaleciendo con el acompañamiento a nuestras organizaciones para que se pueda mostrar la crisis de violación a los derechos humanos que vivimos en Barrancabermeja y el Magdalena Medio colombiano.

Fuente: Agencia Prensa Rural

El pasado domingo 20 de mayo Jhon Henry Tejada Echavarría, de 22 años de edad, fue detenido por dos sujetos desconocidos y posteriormente desaparecido. Los hechos ocurrieron en el trascurso del día en el sitio conocido como Puerto Escalas, en la ciudad de Barrancabermeja.

Jhon Henry trabajaba como ayudante en un motorcanoa que realiza transportes entre el puerto petrolero y el río Cimitarra. Su familia vive actualmente en la vereda Puerto Matilde, en zona rural de Yondó.

Exigimos al Estado colombiano y a las autoridades municipales y regionales recuperar a Jhon Henry y devolverlo sano y salvo a su familia.

Así mismo, llamamos a los organismos humanitarios de la región a tomar las medidas respectivas para dar con el paradero de Jhon Henry.

Asociación Campesian del Valle der río Cimitarra (ACVC)

La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) denuncia ante la comunidad nacional e internacional, la continua y sistemática política represiva contra los habitantes de la región del Catatumbo.

Los hechos han ocurrido en zona rural de los municipios de Teorama y El Tarra, Norte de Santander.
Hechos

1. El viernes 20 de abril, el señor Juan Rodríguez se encontraba en su finca, ubicada en la vereda Guaduas. Alli fue detenido por un grupo de hombres fuertemente armados, quienes se identificaron como “Águilas Negras”. Juan fue golpeado, amenazado y retenido por seis horas. En las veredas La Cristalina y Llana Alta hay presencia de tropas del ejército adscritas a la Brigada Móvil No. 15 y del Plan Especial Energético Vial No. 10 al mando del teniente Santander. La vereda Guaduas se encuentra ubicada entre estas dos veredas, por esta relación la asociación no se explica la presencia y continuo hostigamiento a los campesinos de esta zona por parte del grupo paramilitar “Águilas Negras” y la pasividad del ejército ante estos hechos.

2. El lunes 23 de abril se presentó la detención y desaparición del joven Uriel Quintero Rueda, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.091.072.957 de El Tarra, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). Uriel fue detenido el 23 de abril a las tres de la tarde en la vereda El Suspiro, municipio de Teorama, por tropas del batallón de contraguerrilla Héroes de Saraguro No. 46 adscritos a la Brigada 30. La comunidad identificó al cabo Palacios Guerra (alias ‘Guajiro’) como uno de quienes adelantó la detención.

Los campesinos que se encontraban en el establecimiento público donde fue detenido Uriel aseguran que fueron miembros del Ejército Nacional quienes se lo llevaron. Los familiares de Quintero Rueda fueron el miércoles 25 de abril a la base de la Fuerza de Tarea del Catatumbo, ubicada en el corregimiento La Gabarra, para preguntar sobre el motivo de la detención y el paradero del joven, pero los militares manifestaron “que ahí no se ha reportado ningún caso”.

Han transcurrido tres días y aún no se sabe del paradero del joven Quintero Rueda, ni de las condiciones en que se encuentra.

3. Las tropas del Batallón No. 46 a mando del cabo Palacios Guerra, en puestos de control ubicados en los caminos que conducen a las veredas Morro Frío (Tibú), Río Chiquito (Tibú) y El Suspiro (Teorama), han retenido varios carnés de identificación de los trabajadores de estas veredas; los carnés tienen el nombre, apellido, número de cédula, tememos por el paradero de esa información y el uso que se le vaya a dar.

4. El 23 de abril, tropas del Batallón de Contraguerrilla Héroes de Saraguro No. 46 adscritos a la Brigada 30, llegaron a la finca de la señora Nidia Figueroa, habitante de la vereda El Suspiro y vicepresidenta de Ascamcat. La señora Nidia fue amenazada por denunciar los hechos violatorios que se habían presentado anteriormente como el empadronamiento (toma de fotos, datos como número de cédula, trabajo que desempeñan, etc.) de los habitantes de las áreas rurales de El Tarra y Teorama por parte de esta misma brigada. Palabras textuales, los militares dijeron: “Nos la vamos a llevar, porque usted nos denuncio ante la Personería y el que nos denuncia nos la paga”.

5. Tropas de la Brigada 30 llegaron a la vereda Brisas del Catatumbo, empadronando a 30 campesinos, incluidos cinco menores de edad y dos mujeres, tomaron los números de cédula y nombres completos. Ahora los campesinos están muy preocupados porque no saben dónde va a parar esta información.

6.El lunes 23 de abril de 2007 fue asesinado Numan Antonio Gerardino Carreño, identificado con cédula de ciudadanía no. 88.410.040. Se ha instaurado una demanda por la presunta participación de miembros del Ejército Nacional en este homicidio. Numan salió a las ocho de la mañana de la vereda La Pedregosa del municipio de Teorama (N. S.), y se disponía a viajar a la finca donde vive con su esposa e hijos, en la vereda La Unión parte alta. Aproximadamente a las 10:30 am se escucharon disparos en los límites de las veredas Mundo Nuevo, La Gorgona y La Unión Alta, lugar donde se encontraba asentado el Ejército Nacional.

El sábado 28 de abril, ante la ausencia de Neuman y la confirmación de su salida de la vereda La Pedregosa el lunes 23 de abril, empezó la preocupación familiar: “Nos preocupamos porque habíamos visto el helicóptero que aterrizó en la vereda La Gorgona y al parecer trasladó un cadáver, entonces llamamos a mi hermana, que vive en Cúcuta, para que fuera a la Fiscalía y averiguara por Numan. Ayer nos informó que efectivamente mi hermano se encontraba en la morgue de medicina legal en Cúcuta”.

Numan se dedicaba a la agricultura en la vereda La Unión parte alta, la cual es propiedad familiar. Se desconoce el nombre del comandante y el batallón que se encontraba en la zona en esos días pero la presencia del Ejército Nacional ha sido clara desde el 15 de abril de 2007, aproximadamente.

Los familiares del fallecido y los miembros de la comunidad buscan justicia, puesto que Neuman era un humilde campesino que sólo se dedicaba a las actividades agrarias y a cuidar de su familia, no es más.

7.El martes 1 de mayo, tropas de la Brigada Móvil No. 15 llegaron a la vereda La Pedregosa Baja de Teorama, asentándose en la escuela. En una de las viviendas se encontraba un cuidador, quien, cuando empezó la balacera, salió corriendo dejando abandonada la finca.

El ejército entró en la finca, robando y haciendo uso abusivo e inapropiado de las pertenencias y prendas personales de los habitantes de la finca. Cuando su dueño llegó, se encontró con colchones de uso familiar manchados con sangre, letreros de la brigada “Movil Número 15”, más bajo estaba otro letrero y dice “Muerte a sapos y colaboradores. Firma: Águilas Negras” . Además de daños en la casa y cultivos de pancoger, siete árboles de mango fueron tumbados por las tropas para que el helicoptero pudiera aterrizar.

Las tropas a su paso dijeron a los campesinos que eran las Águilas Negras y que el ejército que venia del Martillo hacia Mundo Nuevo tambien eran Águilas Negras. Ante esta situación hay una gran tensión en los campesinos, que ha dado inicio a los desplazamientos.

En estos momentos tememos por la integridad física y moral de nuestros compañeros Uriel Quintero Rueda y Nidia Figueroa, y responsabilizamos por cualquier atentado contra su vida y la de su familia a los miembros adscritos a la Brigada 30 y las tropas del ejército con presencia en la zona.

Como campesinos, nuestra única arma es la denuncia y el acompañamiento de los organismos humanitarios, por esta razón hacemos un llamado a todos aquellos que nos escuchan a que monitoreen la situación denunciada y que nos acompañen en la defensa de nuestros derechos y búsqueda de nuestro compañero Uriel Quintero Rueda.

Exigimos nuevamente al estado y a sus Fuerzas Militares el respeto al derecho internacional humanitario y que cese la violación a los derechos humanos.

Exigimos el respeto por la vida y la integridad de los campesinos de la región del Catatumbo, objetivo de represión y agresión por el Ejército Nacional.

Exigimos que el gobierno nos explique lo que está pasando con los supuestos reinsertados y los nuevos grupos de asesinos a sueldo, es lo que expresan campesinos que se comunicaron para hacer la denuncia.

Exigimos la verdad y que respondan por sus hechos.

ACAMCAT

Por: Agencia Prensa Rural
5 de abril de 2007

Según informan integrantes de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), tropas de la 30a. Brigada del Ejército Nacional que adelantan operaciones en el medio Catatumbo han venido empadronando a los habitantes de las áreas rurales de El Tarra y Teorama (Norte de Santander), especialmente en los puertos sobre el río Catatumbo (entre ellos Puerto Lajas y Barrancas). Los uniformados, no conformes con hacer exhaustivas y desproporcionadas requisas, fotografían a las personas y sus respectivos documentos de identidad. la semana pasada fue objeto de este accionar desproporcionado de las Fuerzas Militares la señora Nidia Figueroa, residente de la vereda El Suspiro y vicepresidenta de Ascamcat.

Este tipo de acciones se ha implementado también en los controles militares sobre las vías que comunican la región con la cabecera municipal de Convención, donde las requisas son exageradas y se retienen de forma innecesaria las cédulas de ciudadanía de los transeúntes.

Por otra parte, el lunes 2 de abril, desde las diez de la mañana, y durante cinco horas, el Ejército Nacional impactó con morteros de 120 mm las veredas El Martillo y Filo de la Virgen (de El Tarra) poniendo en riesgo a la población civil.

Líderes de Ascamcat manifestaron: “Nuevamente recordamos a la 30a. Brigada y a la Brigada Móvil No. 15 de las Fuerzas Militares, que operan en el Catatumbo, que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae, de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y convenios internacionales, sobre el estado colombiano, razón por la cual sus acciones y operativos militares deben evitar poner en riesgo a la población civil, así mismo el empadronamiento a la población civil está legalmente prohibido “.

El derecho humanitario no conoce excepciones al principio de protección a la población civil y establece que “en caso de duda acerca de la condición de una persona, se la considerará como civil “.

En cuanto al empadronamiento, los líderes campesinos recordaron que existe una sentencia de la Corte Constitucional (C-295 de 1996), según la cual “una limitación al derecho de circulación, que en la práctica tenga el efecto de hacerlo inoperante, no está permitida ni siquiera durante las situaciones excepcionales. Las restricciones al derecho de circulación no pueden llegar al extremo de provocar el desarraigo de las personas “.

Igualmente, una sentencia posterior, la C – 816 del 2004, indica que “un informe de residencia utilizado como instrumento de la lucha antiterrorista vulnera uno de los principios que, según la jurisprudencia constitucional, deben regir la recolección y administración de datos personales. Se trata del principio de finalidad, en virtud del cual el acopio, el procesamiento y la divulgación de los datos personales deben obedecer a una finalidad constitucionalmente legítima, definida de manera clara, suficiente y previa. [...] el informe de residencia para finalidades de seguridad evidencia un deseo de control por parte del Estado sobre sus asociados, que además parte de la presunción de que todas las personas son potencialmente terroristas “.

La Federación Agrominera del sur de Bolívar, el Coordinador Nacional Agrario – CNA, Proceso de comunidades negras – PCN, la Corporación Sembrar, la Red de Hermandad Colombia y la Red Europea de Hermandad con Colombia denuncian los siguientes hechos:

1. Que hoy 26 de abril de 2007 hacia las 9:00 de la mañana en la oficina de la Federación en el casco urbano de Santa Rosa –Sur de Bolívar-, fue detenido por efectivos del batallón antiaéreo Nueva Granada de la V Brigada, el presidente de la Federación TEÓFILO MANUEL ACUÑA RIBÓN.

2. Que el ejército alude una orden de captura del fiscal 28 seccional Cartagena Edward José Cabello Baquero, donde hablan de alias Teófilo de profesión líder sindical.

3. Que en el momento de la detención, fue golpeado el líder de la Federación y que hasta el momento según el dragoniante Córdoba, por órdenes superiores se impide la entrada al abogado, lo que nos hace temer por su integridad física.

4. Que hoy sesiona en Santa Rosa la Mesa de Interlocución de las comunidades con el gobierno nacional, por lo tanto hay allí presencia de distintas autoridades del orden nacional.

5. Que TEÓFILO MANUEL ACUÑA RIBÓN declaró como testigo en el proceso que se sigue al batallón antiaéreo Nueva Granada por el asesinato de Alejandro Uribe líder de la Federación.

6. Que justo en este momento se preparan los debates en torno al Código Minero donde la Federación ha tenido un papel protagónico.

7. En el marco de estos hechos también fue golpeada una funcionaria de la Defensoría del Pueblo.

Solicitudes:

1. Que sea puesto en libertad inmediatamente TEÓFILO MANUEL ACUÑA RIBÓN, presidente de la Federación y vocero de las comunidades agromineras en la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar con el gobierno nacional.

2. Que se investigue al batallón antiaéreo Nueva Granada de la V Brigada por los reiterados atropellos a los pobladores del Sur de Bolívar, así mismo al Sargento Primero ARDILA perteneciente al mismo batallón quien golpeó a TEÓFILO MANUEL ACUÑA RIBÓN y a la funcionaria de la Defensoría del Pueblo.

3. Que los funcionarios del gobierno nacional, departamental y regional que iban a la reunión de Mesa de Interlocución que se efectuaría hoy 26 de abril a las 9:00 de la mañana con la Federación Agrominera cuyo representante es Teófilo Acuña se pronuncien frente a estos hechos.

4. Que se permita el acceso inmediato al abogado al lugar donde se encuentra detenido TEÓFILO MANUEL ACUÑA RIBÓN.

Jueves, 26 de Abril de 2007

Pueden dirigir comunicaciones a las siguientes autoridades:

Dr. Álvaro UribeVélez
Presidente de la Republica
E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Fax: 57 1 566 2071

Dr. Francisco Santos.
Vicepresidente de Colombia
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co

Dr. Carlos Franco
Director del Programa de Derechos Humanos de Vicepresidencia
E-mail: cefranco@prsidencia.gov.co, fibarra@presidencia.gov.co

Teniente Coronel Jairo Alejandro Fuentes Sandoval
Comandante Batallón Antiaéreo Nueva Granada
Telefax: 57 6229425 – Barrancabermeja

Dr. Edgardo Jose Maya Villazón
Procurador General de la Nacion.
E-mail: reygon@procuraduria.gov.co, cap@procuraduria.gov.co

Dr. Volmar Antonio Perez Ortiz
Defensor del Pueblo
E-mail: defensoria@defensoria.org.co, asuntosdefensor@defensoria.org.co
Fax: 57 1 6400491

Dr. Michael Frühling
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos.
E-mail: oacnudh@hcrh.org.co
Fax: 57 1 6293637