Corporación Jurídica Yira Castro, agosto 24 de 2012

La Corporación Jurídica Yira Castro denuncia públicamente el riesgo para la vida e integridad personal de Luis Ramos Angulo, líder de la comunidad de Chibolo, originado en la presencia en su finca de una persona extraña que portaba prendas similares a las de uso de la policía, y la falta de medidas concertadas claras y efectivas de protección por el Gobierno Nacional

Nuestra organización defensora de los Derechos Humanos, denuncia públicamente una serie de hechos de hostigamiento de los que viene siendo víctima la comunidad campesina de las veredas La Pola y La Palizua de los municipios de Chibolo y San Ángel en el Magdalena, luego de la visita que hiciera el Presidente de la Republica el pasado 3 de agosto de 2012.

Con especial preocupación alertamos por los recientes hechos que ponen en riesgo al líder LUIS RAMOS, campesino que narró el pasado 3 de agosto, en acto público precedido por el Presidente de la República, los hechos del desplazamiento forzado y despojo que sufrió esta comunidad.

Ayer 23 de agosto de 2012 ingresó a la finca del líder LUIS RAMOS ubicada en la verada La Pola del municipio de Chibolo un hombre que posteriormente se identificó como EVER JOSE RIOS LIMA, alias el CHUCHO, preguntando de manera insistente por el líder campesino, afirmando: “que buscaba a LUIS RAMOS por que él también era Ramos por una abuela, que lo había visto por televisión el día del presidente, y entonces que donde estaba LUIS RAMOS, que necesitaba que le diera trabajo, que se había venido de Santa Marta y hasta que no consiguiera trabajo no se iba a ir de la zona”.

La esposa de LUIS al ver la insistencia del desconocido, se dirigió a una casa cercana donde departían varios líderes de la región, explicándoles lo ocurrido, ellos de inmediato intentaron comunicarse con la Policía, más justo en ese momento dos policiales que estaban en la comisión que custodia a los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, aparecieron y la comunidad les solicitó ir hasta la finca de LUIS RAMOS y lograr la identificación de este persona.

Los dos policiales llegaron a donde estaba el hombre, le pidieron su identificación, exhibiendo una cédula a nombre de EVER JOSE RIOS LIMA manifestando que por apodo le decían “El CHUCHO”. Luego de requisarlo encontraron en su maleta ropa oscura, llamando especial atención un pantalón verde tipo militar (el cual dijo se lo había regalado un pastor), similar a los que usa la Policía Nacional, al preguntarle quien lo envió afirmó que él “se mandaba solo”. Alias EL CHUCHO manifestó ser oriundo de Chiriguaná (Cesar), residir en Santa Marta y ser reservista del ejército en calidad de soldado regular y que tales informaciones las pueda constatar “Gamboa” que es comandante en el Magdalena. Por último llamó la atención las respuestas que tenía preparadas, pues cuando vió a los policiales afirmó que él tenia derecho a una llamada, a un abogado y a comunicarse con un familiar.

Ante la pregunta de un líder sobre el procedimiento a seguir, los policiales respondieron que lo iban a investigar y a trasladar a Chibolo, pero que carecían de recursos para ello, por lo que los líderes debieron gestionar el pago de una moto-taxi con este propósito. Desde su salida no se ha tenido información sobre el paradero de alias “El Chucho”.

Otros hechos que preocupan a la comunidad, es la presencia de hombres extraños preguntando por los lideres de tierras y que permanecen en la zona de reforestación financiada por CORPAMAG y la cual reclama el despojador Augusto Castro Pacheco alias “el Tuto Castro” en la vereda Boquilla.

Igualmente se han presentado presiones y amenazas contra los/as lideres/as de la vereda Santa Martica, las cuales ya han sido puestas en conocimiento de las autoridades pertinentes.

ANTECEDENTES:

La comunidad de Chibolo regresó voluntariamente y sin acompañamiento institucional a sus predios desde el año 2007, encontrando posesionados de sus fincas a personas pertenecientes a las estructuras paramilitares del Bloque Norte de las AUC, por lo que valientemente han decidido reclamar sus tierras, retomando los procesos de solicitud de titulación iniciados desde las década de los años 90´s, ante el INCODER, el Ministerio de Agricultura, la Fiscalía General de la Nación y más recientemente la Unidad de Restitución de Tierras. En este trasegar, se han enfrentado no solo a la amenaza paramilitar sino incluso, a procesos de desalojos iniciados por testaferros paramilitares y ejecutados por las alcaldías e inspecciones de Policía de Chibolo y Plato.

Desde junio de 2011 y con el acompañamiento de la Corporación Jurídica Yira Castro, se ha solicitado al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el concurso del Ministerio Público la discusión e implementación de un “plan concertado de protección”, sin que hasta la fecha haya una respuesta efectiva del Gobierno Nacional en realizar dicho plan, donde en uno de sus aportes se solicita la presencia perimetral de la Fuerza Pública y en especial la instalación de puestos de control en puntos donde ayer, se presentaron los hechos hoy denunciados.

Desde marzo de 2012 la Unidad de Restitución de Tierras, en el marco de la ley 1448 (Ley de víctimas), ha iniciado intervención en los predios de Chibolo. El pasado 2 de junio la comunidad y nuestra organización le expusimos los requerimientos en materia de protección al comandante de la I División del Ejército, Comandante de la Policía regional Magdalena y al Coronel de la Policía destacado por el gobierno nacional para el proceso de restitución, y en especial se expuso las condiciones de riesgo existentes o latentes para la comunidad y sus líderes y liderezas.

Por último y luego de la visita presidencial el pasado 3 de agosto, se hizo una reunión en conjunto con la Unidad de Restitución de Tierras el 12 de agosto, donde participó el Subcomandante de la Policía de Magdalena y el oficial responsable del Escuadrón de Carabineros – EMCAR, y se expresaron las preocupaciones que en materia de seguridad y protección había dejado la visita del gobierno, donde se visibilizó el proceso ante los despojadores pero sin que existiera aun medidas y/o planes concertados de protección para las comunidades campesinas de Chibolo. Ese día se solicitó al subcomandante de Policía de Magdalena que se instalaran puestos de verificación de identidad, vehículos, motocicletas y armas en puntos específicos sin que se dieran excusas de no tener gasolina o que las vías estaban en mal estado, a lo que se comprometió, pero hoy luego de lo ocurrido la incursión de alias “El Chucho”, se evidencia que si bien los policiales que conocieron del acto respondieron, la presencia permanente de la Policía en los puntos señalados, no existe, y el riesgo contra estas comunidades es mas latente que nunca.

Esperamos que el Gobierno Nacional, la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y las entidades encargadas de implementar la ley de Victimas, entiendan que de nada sirve la Restitución de tierras si no hay medidas de protección eficaces como la sanción de los responsables, la desarticulación de las redes políticas y económicas que en el Magdalena encarnan el paramilitarismo, así como la restitución y formalización de los predios en plenas garantías a todos los campesinos.

SOLICITAMOS:

1. Se tomen desde el Gobierno Nacional, todas la medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los líderes y liderezas y miembros de la comunidad de Chibolo que se encuentran en proceso de exigencia de formalización/restitución de sus predios, en especial atención a LUIS ALFONSO RAMOS ANGULO y el conjunto de líderes y liderezas de los cuales ya tiene conocimiento el Gobierno Nacional. En especial se dé la construcción inmediata del Plan concertado de protección.
2. Se ordenen de inmediato los controles perimetrales, de identificación, de vehículos y de armas que han sido solicitados en las oportunidades ya referidas.

3. Se identifique, individualice, investigue y sanciones a los responsables del despojo en los municipios de Chibolo, Plato y San Ángel, así como sus determinadores y beneficiarios políticos y económicos.

por Aheramigua

1. Informamos de manera sentida y preocupante que el día 25 de Octubre de 2010 el señor CARLOS JULIO DELGADO ISAZA identificado con cedula Numero 17 701581 de Puerto Rico, Caquetá, habitante de la Vereda Aquenque, Región de Guamocó- Municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar, el cual se desempeña como Tesorero de la Junta de Acción Comunal de dicha Vereda y simpatizante activo de esta Asociación, fue capturado en las inmediaciones del DAS de la Ciudad de Bogotá.

2. El señor Carlos Julio Delgado Isaza se encontraba tramitando el pasado Judicial a las tres de la tarde, siendo las 4 pm su esposa al ver que no salía pregunto por él en la portería y el Celador le indica que el fue capturado, cuando se dirigía a preguntar específicamente lo sucedido, se encuentra con el Señor Carlos Julio Delgado Isaza ya custodiado y esposado, tras una breve entrevista él le informa que es acusado de Secuestro y Extorción en la Ciudad de Bucaramanga.

3. Posteriormente fue trasladado a los calabozos del DAS de Paloquemado donde pasa allí la noche; Mientras su abogado tramita un HABEAS COURPUS, tras informarle a su esposa que no existían pruebas dado que el señor Carlos Jamás ha estado en la Ciudad de Bucaramanga y de esta manera se violo su derecho a la Libertad, uno de los derechos Fundamentales.

4. El día 26 de Octubre de 2010 a las 1:30 pm es trasladado a la ciudad de Bucaramanga donde actualmente se encuentra recluido en las inmediaciones de la FISCALIA SEXTA ESPECIALIZADA.

Queremos resaltar que como habitante de la Región de Guamoco la ASOCIACION DE HERMANDADES AGROECOLOGICAS Y MINERASS DE GUAMOCO, respalda totalmente al señor Carlos Julio Delgado Isaza y lo reconoce al igual que lo hacen los Habitantes de la vereda de Aquenque Y su Junta de Acción Comunal como un campesino agricultor que lleva más de 6 años viviendo y trabajando en esta región, y el cual ha tenido un comportamiento impecable siempre trabajando en pro de su comunidad.

Poe estos hechos hacemos un llamado a la Comunidad en General para expresar su respaldo al Señor CARLOS JULIO DELGADO ISAZA que es la representación de la persecución y señalamiento del que vienen siendo víctima el campesinado Colombiano.

Por lo anterior, solicitamos que dirijan comunicaciones, en los anteriores sentidos a los estamentos del Estado:

Presidencia de la República

Vicepresidente de la República

Defensoría del Pueblo,

Procuraduría General de la Nación

Ministerio de la Defensa

Ministerio del Interior y Justicia

Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.

Fiscalía General de la Nación

por Asorvimm

El MOVICE denuncia nacional e internacionalmente los hostigamientos a los que son expuestos los integrantes de ASORVIMM y expresamos nuestra preocupación por la situación de riesgo de su presidenta, Lilia Peña.

HECHOS:

- El sábado 09 de Octubre de 2010 a las 7:40 a.m., hombres desconocidos rondaban en frente de la oficina de ASORVIMM en Barrancabermeja (Magdalena Medio). A las 7:50 a.m. dos de estos hombres se pararon en la puerta de la oficina, donde se encontraba una afiliada de ASORVIMM. Ella se dio cuenta de la presencia de los dos sujetos en la puerta y fue a atenderlos. Sin embargo, estos sólo observaron el interior de la oficina y luego se retiraron al frente de la misma. Allí se quedaron observando para ver quien entraba y salía de la oficina, más tarde, llegó una pareja joven quienes hablaron con los dos hombres y se chocaron de manos, posteriormente se sentaron en la rueda del árbol que queda frente de la oficina y los dos hombres se retiraron. En ese momento llegó Lilia para asistir a la actividad que se estaba desarrollando en la oficina y fue n! otorio como los desconocidos la observaban directamente a ella. Los desconocidos hicieron indagaciones a personas de negocios vecinos y a personas que asistían a la actividad en la oficina de ASORVIMM. Los Miembros de ASORVIMM llamaron al 112 de la Policía pero no consiguieron hablar con ellos.

ANTECEDENTES:

EXIGIMOS:

- Que el Estado Colombiano brinde las medidas de protección necesarias para proteger la vida y la integridad física de Lilia Peña y los integrantes de ASORVIMM..

por prensa rural

Con las detenciones del día de hoy ya son 10 los campesinos de esta vereda de la zona rural de Cantagallo detenidos por el ejército.

Los capturados fueron puestos a disposición de la fiscalía seccional de Simití.

La versión militar habla de que “luego de labores de investigación durante 5 meses, se logró la captura de 4 guerrilleros de las Farc y 3 del ELN, en una operación efectuada en la vereda de Patio Bonito, jurisdicción del municipio de Cantagallo, sur de Bolívar. Los capturados estaban cobijados con medida de aseguramiento y eran los encargados se suministrarle alimentos, útiles de aseo, información y labores de inteligencia a las milicias que operan en esta sección de país”.

A su vez el coronel Edgar Nieto Cadenas, comandante (e) de la policía del Magdalena Medio manifestó a los medios de comunicación oficiales que “logramos la captura de estas personas en un importante operativo, con el apoyo de las fuerzas militares. Con esto neutralizamos esa parte y les estamos bloqueando el abastecimiento y le estamos quitando una fuente de información”.

Por su parte los vecinos de los detenidos y sus familiares dicen que se trata de campesinos, algunos de ellos líderes de Juntas de Acción Comunal, que han sido detenidos en virtud de versiones de informantes reinsertados a sueldo.

Las capturas masivas, denominadas en algunas regiones “pescas milagrosas de civiles“son una práctica instaurada durante el gobierno de Uribe que ha servido para privar de la libertad a miles de campesinos, los cuales en su mayoría, después de meses y a veces años de injusta prisión, son absueltos y liberados sin cargos.

Durante las primeras detenciones del día Sábado, un oficial del ejército intimidó a los pobladores rurales con el anunció de 80 órdenes de captura para las veredas de Cantagallo. Por su parte APR conoció de la existencia de 30 órdenes de captura vinculadas a dos procesos judiciales radicados en la fiscalía de Simití.

por Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

Hoy 9 de octubre de 2010, a las 5:30 de la mañana, en la vereda Patio Bonito, jurisdicción del municipio de Cantagallo, en el Sur del Departamento de Bolívar, fueron capturados, Jorge Eliécer Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal, y Ovidio Betancur, quien fue presidente de la junta de Acción Comunal de esta misma vereda el año anterior y quien actualmente se desempeña como vendedor de carne, fueron detenidos por tropas del Ejército Nacional, que operan en la región, con orden de captura expedida por la fiscalía de Simití, Bolívar, acusados del delito de rebelión.

Igualmente se conoció de la detención de Nireida Cortez, campesina de la vereda Patio Bonito, detenida en su lugar de trabajo, una tienda veredal.

Los miembros del ejército manifestaron tener 80 órdenes de captura, lo que representa la cantidad de habitantes de varias de las veredas de esta zona.

El señor Jorge Eliécer Torres es presidente de la Junta de Acción Comunal, que hace parte de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, es un destacado líder comunitario que trabaja por el desarrollo de su región. Gestionando proyectos, arreglo de vías, y luchador por los derechos de los campesinos; por su parte el señor Ovidio Betancur es un trabajador reconocido en la región.

Esta captura hace parte de los procesos de persecución y criminalización que ha sido víctima la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, y las diferentes organizaciones sociales, populares y campesinas de la región y el país.

Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

Las detenciones sin órden de captura, según la versión de las detenidas, por parte del Batallón Nueva Granada se produjeron a las 6 de la mañana del Martes 21 de Septiembre, en el sitio conocido como Pozo Tortuga, en cercanía de la vereda Cuatro Bocas, en jurisdicción del Municipio de Cantagallo.

Las detenidas fueron Martha Janeth Gómez Cuencas (35 años), Adriana Patricia Gómez (36), Yurley López Ayala (22) y los menores de edad Santiago Cárdenas López de 14 meses, hijo de Yurley y Yanjade Galeano Gómez de 7 años de edad y Kelly Johana Galeano Gómez de 13 años, hijos de Adriana Patricia.

El caso fue puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo en San Pablo y Barrancabermeja, después de que los familiares de una de las detenidas se presentaran con la queja en la oficina de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.

Las detenidas fueron trasladadas a Barrancabermeja en un helicóptero militar hasta la sede del Batallón Nueva Granada, posteriormente fueron puestas a órdenes del DAS. Según las detenidas el helicóptero aterrizó cerca al lugar de su captura para recoger a otro detenido, un hombre jóven, identificado com Deivid Johan Ocho Villanueva, con cédula de ciudadanía 43.567.789 de Barrancabermeja.

A las doce de la noche del día martes fue liberado el niño de 22 meses. En horas del la tarde del Miércoles 22 de Septiembre fueron liberadas los otros dos menores de edad y las madres Adriana Patricia Gómez y Yurley López.

Martha Janeth Gómez Cuencas y Deivid Johan Ocho Villanueva fueron conducidos y puestos a órdenes de la Fiscalía de San Pablo.

Por las versiones de las liberadas y a partir de una comunicación teléfonica sostenida con el físcal y el defensor público se conoció que a la detenida Adriana Patricia Gómez se le sindica de rebelión. En horas de la tarde, según el defensor publico, se esperaba la celebración de una primera audiencia sobre el caso.

Las mujeres fueron detenidas después de haberse escuchado una fuerte explosión cerca a su lugar de ubicación en zona rural del municipio de Cantagallo. Según versiones de los campesinos del lugar se trató de un bombardeo y ametrallamientos.

La ACVC denuncia la detención irregular por parte del Batallón Nueva Granada, que incluyó a menores de edad y exige que se observe el debido proceso de las personas que se mantienen detenidas.

por MOVICE

El 14 de septiembre hacia las 3 de la tarde fue detenido en la ciudad de
Barrancabermeja por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), David Ravelo Crespo, quién luego fue conducido por un fuerte escolta policial y agentes del CTI hacia el aeropuerto para ser transportado a la ciudad de Bogotá. David Ravelo Crespo es miembro de la Junta Directiva de la Corporación Regional para la defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) e integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Magdalena Medio. David Ravelo fue ex-concejal de la ciudad de Barrancabermeja por la Unión Patriótica, es miembro del Comité Central del partido Comunista Colombiano y del Polo Democrático Alternativo.

David Ravelo se encuentra actualmente a órdenes de la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional de Antiterrorismo sindicado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, con fundamento en las versiones libres dadas por el paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero. Este paramilitar, miembro de las Autodefensas Unidas de Santander y Cesar (AUSAC), fue detenido en el mes de marzo de 1999 y condenado por la justicia ordinaria como autor material de las masacres del 16 de mayo de 1998 y del 28 de febrero de 1999. En el marco de la ley 975 de 2005, buscando beneficios judiciales para disminuir su condena de 40 años a máximo 8 años, acusó a David Ravelo Crespo de ser instigador del asesinato del Secretario de Obras
Públicas de Barrancabermeja David Nuñez Cala. Durante el proceso, sus abogados demostraron que esos señalamientos eran mentiras y que las declaraciones obedecían a un montaje judicial en contra del defensor de derechos humanos.

Antecedentes

En los últimos meses David Ravelo Crespo ha sido víctima en reiteradas oportunidades de amenazas y hostigamientos:

- El 3 de junio del 2010, el hijo de David Ravelo Crespo recibió una llamada desde un teléfono móvil durante la que un desconocido le informó que acababan de asesinar a su padre.

- El 28 de mayo del 2010, la suegra del defensor de los derechos humanos recibió una llamada en su teléfono fijo advirtiéndole de que se había ordenado el asesinato de David Ravelo Crespo.

- El 7 de mayo de 2010, el hijo de David Ravelo Crespo recibió una llamada telefónica desde un número de teléfono móvil en la que se le decía que se preparara para asistir al funeral de su padre.

David Ravelo Crespo, como Juan David Díaz del Capítulo del MOVICE en Sucre, es otro integrante más del MOVICE que ha sido acusado por paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz de pertenecer y/o colaborar con las mismas estructuras paramilitares que por años le han amenazado y querido asesinar.

Exigimos la libertad inmediata y las garantías a la integridad física y psicológica de David Ravelo Crespo.

Por favor, dirigirse a las autoridades colombianas para exigir la libertad inmediata y las garantías a la integridad física y psicológica de David Ravelo Crespo, mandándo copia a proteccion@movimientodevictimas.org

Direcciones:

• S.E. Juan Manuel Santos, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de
  Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: + 57 1 566 20 71

• Sr. Angelino Garzón, Vicepresidente de la República, Tels.: +57 1 334 45 07,
  +573772 01 30. E-mail:

buzon1@presidencia.gov.co ; ppdh@presidencia.gov.co

• Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá.
  Fax: + 571 640 0491 E-mail: agenda@agenda.gov.co

• Sr. Germán Vargas Lleras, Ministerio del Interior y de Justicia, Carrera 8 No.
  13-31 piso 4to. Tels.: 57.1.4443100 Ext. 2410 Fax: +57 1 2827440 E-mail:
  atencionalciudadano@mij.gov.co

• Sr. Guillermo Mendoza Diago (encargado), Fiscal General de la Nación, Diagonal
  22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +571 570 2000; +571 414 90 00 Extensión 1113, E-mail:
  contacto@fiscalia.gov.co

• Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80,
  Bogotá. Fax: +57 1 342 97 23; + 571 284 79 49 Fax: +571 342 9723; E-mail:
  cap@procuraduria.gov.co quejas@procuraduria.gov.co

• Sr. Rodrigo Rivera, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN,
  Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: mdn@cable.net.co

por Agencia Prensa Rural

Son contradictorias las versiones oficiales y no gubernamentales sobre los orígenes de los múltiples casos de sicariato de las últimas semanas en el Magdalena Medio. Las explicaciones policiales, en todo caso, tratan de justificar la muerte detrás de supuestas rencillas entre narcocarteles, ladrones de gasolina y crímenes pasionales, incluso se ha acuñado el concepto de microtráfico, poniéndole pequeña escala a una realidad: la seguridad, así se le ponga el apodo de democrática es claramente un sofisma y el sicariato obedece a la forma instaurada, por un modelo autoritario, para resolver las diferencias y los conflictos, un desafortunado modelo criminal acorde a la configuración mafiosa del poder.

Los siguientes lamentables hechos grafican la violencia en esta región, veamos:

El 3 de Marzo en su casa del caserío de Pozo Azul, en San Pablo, fueron asesinados por encapuchados, Israel Moreno Alfonso y Roberto Noya Pacheco.

El 6 de Junio era asesinado Angel Juliao Gómez, en el Barrio Belén de San Pablo.

El 13 de Junio fue asesinado en su fiinca Las Palmas José Bohorquez, en Monterrey, Simití. Su hijo resulto herido en los hechos.

El 22 de Junio fue asesinada en su finca de la vereda Bodegas, de Yondó, la campesina Teresa del Carmen Ortiz de 73 años.

En San Pablo, luego de una semana de búsqueda, las versiones oficiales de ejército y policía, dicen que aún no se han encontrado cadáveres de la presunta masacre que habría ocurrido el sábado 26 de Junio en zona rural del municipio de San Pablo.

Hasta el momento se han oficializado dos denuncias por desaparición forzada en el municipio de San Pablo. De ellas, los familiares de las víctimas entrarían a identificar los presuntos cadáveres y así, iniciar el esclarecimiento de los hechos.

El 29 de junio el despacho de la Personería Municipal de San Pablo recibió la información sobre una presunta masacre. En horas de la tarde, unidades policiales se hicieron presentes en el lugar indicado, Isla Medellín. Los rumores señalaban que seis cuerpos habrían sido encontrados. Los operativos de búsqueda de cadáveres continúan, sin determinar la existencia de los cuerpos que habrían sido arrojados al río Magdalena.

El 30 de junio oficialmente se señaló que ningún cadáver había sido encontrado. Sin embargo, se estableció que hasta el momento fueron hallados tres cuerpos en el río Magdalena, en jurisdicción del Cesar. Estos se suman a otros dos encontrados en jurisdicción de Puerto Wilches (Santander).

En Barrancabermeja, por su parte, nn hombre de 29 años, identificado Raúl Padilla Murillo, resultó herido en un atentado con arma de fuego, registrado el pasado viernes a las 6:30 de la tarde, en el barrio El Campín, comuna Siete del Puerto Petrolero.

La Policía Nacional descartó que la creciente escalada sicarial que dejó a siete personas muertas y nueve más heridas durante junio pasado en la ciudad, corresponda a un duelo entre bandas criminales.

Por su parte la Defensoría del Pueblo y dos ONG: Compromiso y Corporación Nación, relacionan la disputa entre ’los Rastrojos’, ’Urabeños’, ’Gaitanistas’ y ’don Mario’ con la mayoría de crímenes.

Las fuentes estatal y no gubernamentales señalan que esta parece ser también la motivación de una serie de asesinatos en la región e incluso la razón de la supuesta masacre de ocho personas en San Pablo, en el sur de Bolívar.

Incluso, un informe indica que las muertes además están tras una disputa por el hurto de gasolina. La Quinta Brigada dice desconocer esa guerra. Según estimativos, basados en fuentes militares, el negocio del tráfico de estupefacientes, en el Magdalena Medio representa ganancias de más de 25 mil millones de pesos al mes.

por ACVC
http://prensarural.org/spip/spip.php?article4109

Durante las últimas semanas se han presentado hostigamientos y las siguientes infracciones al derecho internacional humanitario en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.

1. Empadronamientos ilegales realizados por el ejército en la verada Lejanías y en las vías de acceso al nordeste antioqueño

2. Bombardeos en cercanías de objetivos civiles de la vereda Carrizal, la noche del 9 al 10 de Abril, despues de que se efectuaran combates entre el ejército y las Farc, en la vereda las Dóminas, en zona rural de Segovia, donde tres soldados murieron y ocho resultaron heridos.

3. En una reunión de la comunidad en la vereda Cañaveral, el teniente Torres, del Batallón plan vial y energético Nº 7, señaló a la ACVC ante los pobladores, diciendo que “los miembros de la ACVC son guerrilleros vestidos de civil”.

4. En las últimas semanas, en reiteradas ocasiones, se ha podido ver a individuos, que durante largo tiempo se estacionan frente a la entrada de la sede de la ACVC en Barrancabermeja, en actitud de seguimiento hacia los que frecuentan la oficina.

5. A mediados de abril, Óscar Duque, líder de la ACVC, se encontraba trabajando en la Vereda La Esperanza, jurisdicción del Municipio de Cantagallo, cuando recibió una razón en donde le decían que había tropa del ejército en la vereda la Concha y que preguntaban mucho por él, le previnieron que no andase sólo pues la tropa esta muy interesada en él. Además esa misma tropa ha estado diciendo a la gente que los búfalos que él tiene en su finca son de la guerrilla. Cuando en realidad esos búfalos provienen del proyecto bufalero de Puerto Matilde, del cual es socio desde hace años.

6.El martes 18 de de mayo aproximadamente a las cuatro de la tarde, cuatro motocicletas de alto cilindraje se estacionaron en el parque recién arreglado frente al edificio La Tora. De ellas se bajaron cuatro militares de los que uno de ellos entró al edificio y otros tres se quedaron mirando hacia allí. En ese momento salía Miguel Cifuentes, líder de la ACVC del edificio y uno de los militares que portaban los petos de las motos en donde se podía identificarlos como del P-7 del Ejército Nacional tomó fotografías a Miguel desde su teléfono celular.

7.El pasado jueves, 27 de mayo, la ACVC y diecisiete (17) organizaciones sociales, religiosas, sindicales y defensoras de derechos humanos fueron amenazadas de muerte por promover la vigencia y exigibilidad de los Derechos Humanos Integrales en el Magdalena Medio. La amenaza fue firmada por un grupo que se autodenomina “Comando Conjunto de Limpieza”, llegando a algunas organizaciones vía correo electrónico.

Estas infracciones representan claramente hostigamientos y seguimientos contra miembros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra -ACVC. Organización que se encuentra inmersa en tres procesos de persecución jurídica que ha llevado llevado a seis de sus dirigentes a la cárcel. Las infracciones al DIH y las violaciones de derechos humanos del campesinado se complementan con los seguimientos ilegales del DAS a la ACVC y a su proyecto de comunicación, la Agencia Prensa Rural, desde el año 2004.

La ACVC exige al gobierno colombiano el cumplimiento de las medidas cautelares de orden político y operativo solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y ve con mucha preocupación los resultados de la evaluación de riesgos adelantada por la Policía Nacional, según la cual los miembros de la ACVC tienen un nivel de riesgo ordinario.

La ausencia del cumplimiento de las medidas cautelares en el actual contexto de amenazas y persecución dejan en estado de vulnerabilidad a los miembros de la ACVC.

por Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado expresa su profunda preocupación por la amenaza recibida el 26 de abril de 2010 a 17 organizaciones, sindicatos y espacios de trabajo en defensa de los derechos humanos en el Magdalena Medio, la mayor parte, pertenecientes al MOVICE Capítulo Barrancabermeja.

Hechos:

A través de la amenaza, que fue mandada a varios correos electrónicos de organizaciones de Barrancabermeja des de la dirección de correo electrónico bloquelimpieza@hotmail.com, se declara que “Debido a que en Barrancabermeja esta guerrilla en todas esas organizaciones que se hacen llamar desplazados, defensoras de derechos humanos, sindicatos, ongs y toda una partida de hijueputas que se creen intocables. Exterminaremos a quienes se opongan al desarrollo! y seguridad del país. Estan muy equivocados no retrocederemos. No permitiremos que sigan sembrando esas ideitas que solo quedaran en la historia. Acabaremos con esos programas radiales y televisivos y cuanto hijoputa taller se inventen. Perros hijoputas se van a arrepentir de haber nacido no descansaremos los exyerminamos.Traidores de la patria, o se van o se mueren.” La amenaza va dirigida a las siguientes organizaciones, sindicatos y espacios de trabajo en defensa de los derechos en el Magdalena Medio: SJR, Foro Social, PDPMM, Asodesamuba, Sindes, Aprocop, Funcondesaba, Asorvim, USO, ACVC, 16 mayo, Sinaltrainal, Credhos, Comité de Desplazados, Espacio de trabajadores de derechos huanos, Ofp y Asodev.

Solicitamos:

- Que la Fiscalía General de la Nación investigue, juzgue y sancione los hechos arriba denunciados.

- Que los organismos de control del Estado activen el sistema de alertas tempranas ya que estos hechos constituyen un inminente riesgo para la integridad y seguridad de los defensiores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y víctimas de crímenes de Estado en el Magdalena Medio.

- Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, el Cuerpo Diplomático y en general a la Comunidad Internacional a hacer un seguimiento a estos hechos y exigir al gobierno colombiano el respeto y la protección de los y las integrantes del MOVICE

por Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

Esta mañana fue conocida, vía internet, una nueva amenaza contra 18 organizaciones sociales, religiosas y de defensa de los derechos humanos del Magdalena Medio.

Las amenazas son proferidas por el denominado “Comando Conjunto de Limpieza”.

El texto de la amenaza reza:

“Debido a que en Barrancabermeja esta la guerrilla en todas esas organizaciones que se hacen llamar dedesplazados, defensoras de derechos humanos, sindicatos,ongs y toda una partida de hijueputas que se creen intocables. Exterminaremos a quienes se opongan al desarrollo y seguridad del pais. Estan muy equivocados no retrocederemos.

No permitiremos que sigan sembrando esas ideitas que solo quedaran en la historia. Acabaremos con esos programas radiales y televisivos y cuanto hijueputa taller se inventen.

Perros hijueputas se van a arrepentir de haber nacido no descansaremos los exterminamos.

Traidores de la patria, o se van o se mueren.

SJR, Forosocial, PDPMM, Asodesamuba, Aprocop, Funcondesba, Asorvim,USO, ACVC,16 de Mayo, Sinaltrainal, Credhos, Comité de desplazados, Espacio detrabajadores de derechos humanos, Asodev, Sinaltrainal.

Paz en colombia y en sus tumbas sapos hijueputas.”

Las amenazas se producen en momentos en que la ACVC adelanta una ardua labor por el levantamiento de la suspensión de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, decretada ilegalmente por el presidente Uribe y cuando la policía nacional de Colombia ha manifestado, mediante una evaluación, que los miembros de la ACVC no tienen riesgo de ser víctimas de persecuciones y ataques.

Las amenazas además buscan entorpecer la lucha por la defensa y la vigencia plena de los derechos humanos en el Magdalena Medio, que adelantan con valentía las organizaciones sociales de la región.

Exigimos al Estado colombiano adelantar una investigación sobre las reiteradas amenazas contra las organizaciones del Magdalena Medio y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los habitantes de esta región.

VOCES DE MUJERES

por Organización Femenina Popular

Ya no me duele la maldad de tanta gente mala sino la indiferencia de tanta gente buena

DESPUES DE UN LARGO SILENCIO VUELVE VOCES DE MUJERES CON UN BOLETIN MENSUAL PARA DAR CUENTA DE LA REALIDAD CON OJOS DE MUJER…

La Organización Femenina Popular comparte su preocupación sobre la situación de violaciones a los derechos humanos que se vive en Barrancabermeja y la región Magdalena Medio en lamentables hechos que continúan sucediendo día a día. Grave es el silencio en el que se asume esta realidad. Pareciera que los muertos y muertas o la muerte fuera parte del concepto de paz o pacificación en este rincón del país. Grupos armados como los “rastrojos” y “urabeños”, como es sabido son los mismos paramilitares, se van aceptando como algo normal, ahora con otras denominaciones continúan ejerciendo disputas por territorios urbanos y rurales y por los sujetos sociales.

Este silencio, acompañado por la simple y plana justificación de que los y las que se mueren, se tienen que morir, es solo una retaliación o disputa entre miembros de estos grupos armados por el narcotráfico, la gasolina, los contratos. Lo que subyace es el ejercicio de poder de estos grupos al margen de la ley, la implantación de un control social en lo económico, político y militar con el agravante de que las autoridades civiles, militares y policiales, asisten como espectadores y al margen de su responsabilidad.
Alrededor de esta problemática han ocurrido mes a mes los siguientes hechos en Barrancabermeja:

Enero: 5 asesinatos
Febrero: 4 asesinatos
Marzo: 4 asesinatos
Abril: 5 asesinatos

Para un total de lo que va corrido del año 2010: 18 ASESINATOS, según datos estadísticos del Observatorio de Paz Integral-OPI.

HECHOS BARRANCABERMEJA 2010
02 de Marzo. Es asesinado en el barrio Villarelys el señor LEYNER FRUCO MARIN, de 27 años de edad, profesión mecánico.

20 de marzo. Es asesinado en el barrio San Martín el señor DANIEL CARDENAS MERIÑO, 38 años de edad, de profesión pescador. Hombres desconocidos le propinaron 4 impactos de bala en la cabeza, cuando salía de su residencia para ir a pescar.

23 de Marzo. Aparecen en la vía al barrio San Silvestre los cuerpos de JAVIER VALENCIA MENDOZA, de 21 años y el joven JESUS ALBERTO POVEDA DE 18 AÑOS DE EDAD. Según los vecinos del sector no eran habitantes del lugar y al parecer los dejaron tirados cerca al tuvo de la gasolina.

25 de Marzo. En alrededores de la cancha del barrio Primero de Mayo es asesinado en su casa un hombre de aproximadamente 36 años de edad, estaba recién llegado al sector, los vecinos no lo conocían, vivía arrendado en una pieza independiente de la vivienda, donde fue ultimado; los propietarios lo conocieron como Carmelo, de quien después se rumoró en el sector que lo habían asesinado por equivocación, porque el que iban a matar era a otro.

27 de marzo. En horas de la noche en el barrio Las Américas, varias personas son heridas a causa de un atentado que hacen con una granada en un baile, se rumoró que era una venganza entre lo rastrojos y un comandante de los Urabeños que vivía allí. En esa misma semana en el barrio Nueva Esperanza se suicida (por ahorcamiento) un señor, a quien la comunidad reconoce como hermano de un comandante paramilitar del sector de los Orejones.

09 de abril, se conoce la muerte violenta del señor OMAR RUIZ ARDILA, de 46 años de edad, hechos sucedidos en el barrio Colombia, según los móviles dichos por las autoridades se debió a ajuste de cuentas entre los rastrojos y urabeños.

14 de Abril, es asesinada la joven SHIRLEY ROCIO HENAO GARCIA, de 17 años de edad; estudiante del colegio Camilo Torres, hechos que sucedieron cuando ella se encontraba con su novio departiendo en el sector, el joven, que también fue abaleado sobrevivió, se dice que los móviles están ligados a que su relación anterior tomó venganza porque habían terminado, el agresor tenía relación con los paramilitares del sector.

Continua las amenazas contra las Organizaciones sociales,

21 de Abril de acuerdo a las denuncias recibidas por CREDHOS, tres hombres que se identificaron como de los “Rastrojos” abordaron a un habitante de la comuna número cinco de Barrancabermeja y le manifestaron que la misión que tienen es acabar con la Unión Sindical Obrera-USO, Organización Femenina Popular-OFP y Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos-CREDHOS.

HECHOS CANTAGALLO
18 de marzo. El sacerdote Efren Vega Gabona es amenazado, quien venia trabajando en la comunidad y que en sus homilías cuestionó el manejo del presupuesto municipal, recibió posteriormente dos amenazas una verbal y otra por teléfono.

Marzo. Cuatro (4) heridos en la caseta La Dinámica en un enfrentamiento de hombres armados (paramilitares) y la policía: siendo afectados los civiles Marilí Méndez de 24 años perdió un ojo, hija de una compañera de la Organización Femenina Popular.

HECHOS PUERTO WILCHES
En el municipio de Puerto Wilches en lo que va corrido del año 2010 hay registrados 5 asesinatos.

8 de abril. Paramilitares desaparecieron a José Cayetano del barrio San Rafael y le dijeron a la familia que lo buscaran en el río llegando a La Gloria-Cesar. El 11 de abril lo encontraron en este sitio, asesinado, con signos de tortura.

21 de marzo. En la caseta Bolívar, el comandante paramilitar alias “pillao” ó “pinta”, persiguió y amenazó a Yeison Javier Tamayo por una riña que se sostuvieron en este sitio cuando estaban borrachos.

HECHOS SAN PABLO
En el último mes, en la zona rural del bajo San Juan, la Boca de la Sierra, ha habido dos combates.

En la zona rural debido a las precarias condiciones económicas y a la falta de alternativas, varios campesinos, hombres y mujeres que trabajan como obreros y cocineras para quienes continúan sembrando cultivos de uso ilícito, han sido detenidos

Se efectúa una orden de captura a un comerciante conocido como el “negro gallina”, acusado presuntamente como jefe de finanzas de los paramilitares.

HECHOS PUERTO BERRIO
Se encuentra un sub-registro de 5 asesinatos.

A toda esta situación también se le debe sumar las detenciones arbitrarias que en Barrancabermeja y la región se presentan por parte del Estado, mediante el reclutamiento para el pago del servicio militar obligatorio, persiguen a los jóvenes, muchos de ellos desplazados, como delincuentes, en las salidas de eventos de recreación, en las calles, en la puerta de sus casas, en los parques, las canchas deportivas. El Ejército monta las famosas redadas llevándose a los jóvenes al batallón, negando las posibilidades que por ley tienen de cumplir con este servicio mediante la compensación o trámite de libretas provisionales, impidiéndoles comunicarse con sus familiares, los motilan (rapan) y los trasladan inmediatamente de ciudad, sin dar posibilidad a las madres de ir a presentar los respectivos documentos o a explicar que el joven es desplazado o está estudiando o que es limitado físico para que no lo recluten. Las instituciones anteponen a las garantías constitucionales, las metas que deben cumplir los responsables del reclutamiento violando con ello los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso.

Organización Femenina Popular
Barrancabermeja – Magdalena Medio – Colombia
Mayo 1 de 2010

ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO. LA OFICINA DD.HH. DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS. ORGANIZACIONES CAMPESINAS, SINDICATOS, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CON PRESENCIA EN COLOMBIA. ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COMUNIDAD EN GENERAL SANTANDEREANA.
HECHOS

La Asociación Agraria de Santander ASOGRAS, denuncia e Informa a la opinión pública en general, que el dia Mièrcoles 16 de Diciembre siendo las 5:45 P.M. cuando el compañero ROSENDO DUARTE, afiliado y Tesorero de la Sub-directiva Sabana de Torres, además es el Secretario de Organización de la Departamental, transitaba por la Calle 45, frente al Cementerio Central de Bucaramanga, fue abordado por dos sujetos quienes lo llamaron por su nombre, manifestándole que debería de acompañarles, el compañero grito pidiendo ayuda y es así como la recibe de una señora que vende minutos en el sector, llamando al compañero Cesar Tamayo, quien estaba en las oficinas de Asogras, muy cerca del lugar de los hechos; al llegar el compañero Tamayo se logra reconocer a uno de los terroristas y se procede a rescatar al compañero en compañía de otra compañera, se procedió a llamar a la Policía a las 5:55 P.M., la cual hizo presencia sobre las 7:10 P.M. en las Oficinas de Asogras, esto a traves del contaco de urgencias de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía de Santander y por la demora de la Policía no se pudo capturar a esos sujetos.
Al no llegar la Policía, procedimos a llamar a la Defensoria del Pueblo de Santander, para que orientara sobre esta situación del cual recibimos el apoyo inmediato por parte de la Defensoria, porteriormente llamanos a la compañera de Derechos Humanos de Fensuagro quien oriento el procedimiento.
Es de recordar la situación de derechos humanos que viene sufriendo nuestra Asociación, que es bien grave, ya que hoy, hay diez (10) judicializados, 6 asesinados, 21 desplazados, desalojos y 10 amenazados de muerte y cuando acudimos a pedir protección ante el gobierno colombiano y sus autoridades, solo recibimos libritos de autoprotección y cartas de los estudios de seguridad donde nos informa que el nivel de riesgos es bajo.
Por esta situación responsabilizamos al gobierno nacional por lo que le suceda a los miembros de nuestra Asociación campesina en materia de seguridad y lo que se deribe en la persecución a sus dirigentes de este gremio agrario del Deparatamento de Santander.

ANTECEDENTES
La Asociación Agraria de Santander ASOGRAS, desde el año 2.004, ha sido victima de constantes asedios, esto es producto del trabajo que desarrollamos por la defensa, protección, divulgación de los D.D.H.H. y el D.I.H., la defensa de la tierra y el territorio, estos hechos que son del conocimiento de las autoridades competentes que evidencian la persecución sistemática de la cual venimos siendo víctimas.

SOLIDARIDAD
Por toda esta situación pedimos la solidaridad de todos los estamentos que acompañen a los campesinos de la Asociación Agraria de Santander (ASOGRAS),
en Santander, como lo son las Personerías, Defensorías del Pueblo, Acción Social, Procuraduría General de la Nación, la OEA, Naciones Unidas, los Sindicatos Regionales y Nacionales, Asociaciones Campesinas Regionales, Nacionales e Internacionales, a las ONGS Defensoras de Derechos Humanos y Medios de Comunicaciones.
LLAMAMOS
A la solidaridad del Movimiento Sindical, el Movimiento Social de Paz, a las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, que hacen presencia en Santander y a nivel nacional, a los Organismos de Derechos Humanos Internacionales que hacen presencia en nuestro territorio a estar alertas en la exigencia al estado colombiano para que se garantice los derechos constitucionales a las comunidades campesinas, que vienen siendo judicializadas y a la vez enviado comunicados solicitando al Juez la preclucion de esta Judiciacion y que es claro de la persecución que hoy existe en el Municipio en contra de los campesinos que nos resisitimos a abandonar nuestras tierras.
Del gobierno del estado colombiano reclamamos protección.
Bucaramanga, 16 de Diciembre de 2009

JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL ASOGRAS

por Asociación Agraria de Santander

El pasado fin de semana se iba a intentar asesinar a nuestro Presidente Departamental Compañero CESAR AUGUSTO TAMAYO, por parte de los paramilitares los Rastrojos que operan en el Magdalena Medio y en especial en el municipio de Sabana de Torres, dicho atentado se llevaría a cabo entre las Veredas Puerto Santos y Doradas, este fin de semana que nuestro compañero estaría por este sector en la finca de su propiedad y a la vez visitando unos campesinos, pero gracias a la oportuna información se evito dicho asesinato. Esta información fue suministrada por personas de la comunidad de las cuales hoy están atemorizadas por los grupos paramilitares de los rastrojos que operan en el municipio de Sabana de Torres, al parecer seria una retaliación por las denuncias que hemos hecho sobre los asesinatos que a diario sufre el municipio.

Al parecer estos terroristas tenían información que nuestro compañero llegaría a este sector a desarrollar trabajos cotidianos ya que su lugar de residencia es la Finca de su propiedad.

No queremos que pase como la muerte del campesino MARIO AMOROCHO, quien fue asesinado en similares hechos entre las Vereda Provincia y Sabana de Torres, el cual vivía en el sitio conocido como la Caponera, cerca al recientemente inaugurado puente vehicular de Provincia, en pleno día, donde hasta este momento su muerte esta en la impunidad.

Es de recordar la situación de derechos humanos que viene sufriendo nuestra Asociación, es bien grave, ya que hoy, hay once (11) judicializados, 6 asesinados, 21 desplazados, desalojos y 10 amenazados de muerte y cuando acudimos a pedir protección ante el gobierno colombiano y sus Autoridades solo recibimos libritos de autoprotección y cartas de los estudios de seguridad donde nos informa que el nivel de riesgos es bajo.

Por esta situación responsabilizamos al gobierno nacional por lo que le suceda a los miembros de nuestra Asociación campesina en materia de seguridad y lo que se deriven en la persecución a sus dirigentes de este gremio agrario del Departamento de Santander.

Por lo tanto, nuestra Asociación Campesina, solicita a Usted señor Director de Fiscalía, su coadyuvancia para solicitar a quienes corresponda la responsabilidad de la seguridad de las y los defensores de Derechos Humanos, entren de una vez por todas, de la mano de sus investigaciones en el proceso, a brindar las garantías necesarias y suficientes para nuestra organización y particularmente para nuestro compañero Presidente; en el mismo exigimos de las entidades del Gobierno Nacional activar de manera urgente la alerta temprana, que permita la protección de la vida de Nuestro compañero quien es el representante legal de la Asociación y por tanto hacemos un llamado a las autoridades civiles y militares, los entes encargados de la Seguridad de las y los defensores de Derechos Humanos y las mismas Presidencia y Vicepresidencia de la República, para que a la par de los estudios reales e investigaciones, se brinde un Esquema de seguridad que permita el libre ejercicio de la actividad que nos corresponde a la luz de la Constitución Nacional y de paso proteja la vida de nuestro compañero CESAR AUGUSTO TAMAYO, de esta manera estamos convencidos que podemos seguir avanzando con el desarrollo de nuestras actividades.

por Federación Sindical Mundial

La historia del Batallón de Ingenieros No.14 “Batalla de Calibio”, se remonta a finales del siglo pasado cuando fue creado. Se desactivó el 13 de mayo de 1910 para fusionarlo con el Batallón de Infantería No.17 y crear así el Batallón de Ingenieros “Francisco José de Caldas”, hasta el 26 de mayo de 1983, cuando en el Gobierno del Presidente Belisario Betancour, lo reactivó con el nombre de “Batallón de Ingenieros No.14 “Batalla de Calibío”, orgánico de la Decimacuarta Brigada recién creada y perteneciente a la séptima división del ejército, con sede en Puerto Berrío (Antioquia), y elemento principal del Comando de Desarrollo del Magdalena Medio.

Su misión como unidad de ingenieros militares consistiría en aumentar el poder de combate de las unidades de maniobra por medio de operaciones de movilidad y contramovilidad, que facilitarían el movimiento de las tropas e impedir el del enemigo. Su jurisdicción comprende el municipio de Puerto Parra (Santander), el área rural del municipio de Puerto Berrío y una porción rural de los municipios de Yondó (Antioquia) y Cimitarra.

El informe “ Nunca Más” sobre crímenes de lesa humanidad en Colombia, denuncia sin embargo que “La creación de la XIV Brigada en Puerto Berrío, en 1983, fue fundamental para la consolidación del paramilitarismo en el Magdalena Medio, en ello jugaron un papel muy importante sus dos primeros comandantes: el Mayor General Daniel Enrique García Echeverry, quien fue comandante de abril 1 a diciembre 28 de 1983, y el Brigadier General FaroukYanine Díaz, quien fue comandante entre diciembre 1 de 1983 y diciembre 1 de 1985. En especial Yanine Díaz, quien no solamente jugó este rol cuando estaba en la XIV Brigada, sino también desde la Dirección de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá y desde la Comandancia de la II División del Ejército con sede en Bucaramanga”.

La historia más reciente de este Batallón es más conocida por sus acciones violatorias de los derechos humanos y contra la población civil, que por sus operaciones contra las guerrillas que operan en la región colombiana del Magdalena Medio. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, con sede en Barrancabermeja denunciaba en el 2008 que “el Batallón Calibio de la XIV Brigada del Ejército, ha desatado una feroz persecución contra los pobladores y pobladoras de la región, al punto que los familiares de las víctimas están denunciando asesinatos cometidos por esta fuerza del Estado”.

El 25 de marzo de 2007, en zona rural del municipio de Remedios (Antioquia), tropas del Batallón Calibío adscritas a la 14ª. Brigada del Ejército Nacional al mando del teniente Castellanos y del sargento Palomino capturaron a dos jóvenes campesinos de esta vereda, uno de los cuales escapó. El otro, Carlos Mario García, de 21 años, quedó en poder de los militares. La comunidad exigió al Ejército la liberación de Carlos Mario y lo que recibió fue el cuerpo sin vida del joven campesino, presentado como “guerrillero dado de baja en combate”.

. El domingo 27 de enero de 2008, Miguel Ángel González Gutiérrez salió de su finca. En el trayecto fue interceptado por una patrulla militar del Batallón Calibío. Los soldados que la componían posteriormente lo asesinaron, justificando su muerte como una baja en combate. Miguel Ángel era un reconocido líder campesino. Además, era hijo del dirigente de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) Miguel Ángel González Huepa, privado de la libertad ocho días antes, y enjuiciado por el supuesto delito de rebelión debido a sus actividades como líder campesino y defensor de derechos humanos.

La determinación del Gobierno Nacional de retirar de sus cargos a 27 mandos militares en Octubre de 2008, a raíz del auge de las ejecuciones extrajudiciales (asesinatos de civiles) en Colombia por parte de efectivos militares, involucró a los siguientes oficiales y suboficiales de la Séptima División, XIV Brigada y del Batallón Calibío: mayor general Luis Roberto Pico Hernández, comandante de la VII División y el coronel Juan Carlos Barrera Jurado, comandante de la Brigada XIV, además de sus subalternos: teniente coronel Néstor Camelo Piñeros, ex comandante del Batallón Calibío, teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, comandante del Batallón Calibío, capitán Javier Alarcón Ávila, oficial de inteligencia del Batallón Calibío, sargento viceprimero John Fredy Sotelo, ex ayudante de la sección de inteligencia del Batallón Calibío, sargento segundo Cristian Castro Ojeda, almacenista de armamento del Batallón Calibío y cabo tercero Felipe Perdomo Polanía, comandante de escuadra del Batallón Calibío.

Estos oficiales estuvieron comprometidos con el asesinato de campesinos que posteriormente fueron puestos en los medios de comunicación colombianos como guerrilleros dados de baja en combate.

Durante el mandato de Uribe Velez en la zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, los mandos y oficiales del Batallón Calibio han estado vinculados a las ejecuciones extrajudiciales de los civiles: Luis Sigifredo Castaño. Róbinson Alberto González. Carlos Mario García. Parmenio Manuel Hernández Anaya. Miguel Ángel González Gutiérrez. Luis Horacio Ladino Guarumo, Javier Leonardo Franco Carvajalino y Robinson Antonio Trujillo Márquez.

Pero los militares del Batallón Calibio están siendo investigados por otros delitos cometidos contra la población civil. A la vereda San Francisco, zona rural del municipio de Yondó (Antioquia), a las cinco y media de la tarde del sábado 14 de marzo, arribó un soldado de apellido Carreras, integrante de las tropas del Batallón Calibío que operan en el lugar bajo el mando del cabo Sarabalí. El militar Carreras se presentó encapuchado ante la comunidad y afirmó que era de las autodefensas (grupos paramilitares) y se dirigió a la casa de Alix Contreras Henao, de 25 años, amarrándola junto a sus dos hijos, de 8 y 2 años respectivamente. En la misma casa también amarró y se llevó por la fuerza a dos niñas menores de edad que se encontraban allí en el momento de los hechos. A las cuatro de la mañana del día siguiente, la comunidad conformó una comisión para buscar a las dos niñas, de 15 y 16 años de edad respectivamente, encontrándolas en la zona boscosa de la vereda. Las niñas sufrieron maltratos físicos y fueron violadas.

Por lo anterior le exigimos al estado colombiano cerrar este Batallón comprometido de manera sistemática con crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Iniciamos una campaña internacional de denuncia de estos crímenes que perdurará mientras esta institucion militar permanezca activa y continúe violando los derechos humanos en el Magdalena Medio de Colombia.

Firman:

Intersindical Catalunya

Federación Sindical Mundial – FSM

Intersindical de las Islas Canarias

Frente Sindical Obrero de Canarias

por Asociacion Campesina del Valle del Rio Cimitarra

Las fumigaciones aéreas e indiscriminadas con glifosato siguen haciendo estragos en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.

El 22 de noviembre se fumigaron los cultivos de pancoger de los campesino de la vereda La Concha, allí fueron afectadas mas de 4 hectáreas de cacao, 2 hectáreas de arroz y 5 hectáreas de pastos, además las avionetas fumigaron las cuencas hídricas y los árboles maderables de la región.

El 3 de diciembre, en la vereda El Tamar, fumigaron la finca La Perdida, propiedad del señor Raúl Alberto Suárez, alli fueron destruidas 10.000 matas de yuca, 70 matas de plátano y un semillero de 700 plantas de cacao, así como varias hectáreas de pastos para ganado. En el momento de la fumigación el señor Suárez se encontraba trabajando en la finca cuando pasó la avioneta fumigando y este químico le cayó en todo el cuerpo y le ha provocado dolor de cabeza, infección estomacal y erupciones en la piel.

Todo el campesinado de la Zona de Reserva Campesina exige una comisión de verificación a la región afectada por la fumigaciones.

Condenamos a los gobiernos colombiano y estadounidense, responsables de las fumigaciones del Plan Colombia, por contaminar el medio ambiente y atentar contra la integridad y la vida de los campesinos de la Zona de Reserva Campesina.

Por el espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos

Los defensores de derechos humanos siguen siendo criminalizados en el Magdalena Medio

El Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, escenario que aglutina a las organizaciones sociales y defensoras de DDHH en Barrancabermeja y el Magdalena Medio, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la política de criminalización practicada por el Gobierno nacional a través de acciones abiertas y encubiertas.

Los dirigentes de la ACVC han sido sometidos a la persecución judicial a través de testigos comprados; y de los seis encarcelados todos fueron puestos en libertad, evidenciando que todo fue producto de un descarado montaje.

Los paramilitares, protegidos por la Ley de Justicia y Paz, antes que confesar sus atrocidades, siguen utilizando la mentira como arma de guerra, pretendiendo justificar sus acciones criminales buscando convertir a los sobrevivientes de sus acciones vandálicas, de víctimas a victimarios. De igual manera, utilizando las “versiones”, preparan montajes orientados a la judicialización y el encarcelamiento de los dirigentes sociales y defensores de DDHH, es el caso de David Ravelo Crespo, reconocido dirigente de Barrancabermeja.

Los paramilitares, a través de diferentes denominaciones, aterrorizan a la población civil y a los dirigentes, asesinándolos, amenazándolos o conminándolos a salir de la región. Son expresión de este proceder los casos de Ebert Sony Cárdenas, Luis Arango Crespo y Honorio Llorente, quienes fueron vilmente asesinados, encontrándose en total indefensión por negligencia estatal. Los casos recientes donde son amenazadas dos destacadas dirigentes sociales de Barrancabermeja, María Calderón, dirigente de la Uso; y Luz Almansa, coordinadora de Asfades Barrancabermeja; quienes por medio de correos electrónicos fueron declaradas objetivo militar por los paramilitares.

Por lo anterior:

EXIGIMOS al Estado colombiano y al Gobierno Nacional garantizar , proteger y respetar los derechos Humanos de los pobladores (as) de la región del Magdalena Medio, brindándole plenas garantías a los dirigentes sociales y de DDHH para el ejercicio pleno de sus funciones. Investigar los hechos de sangre que se vienen sucediendo en aras de contrarrestar la impunidad que se evidencia en la región.

SOLICITAMOS a la comunidad internacional el acompañamiento a los y las dirigentes que el Estado colombiano pretende criminalizar para que se condene esta practica aberrante.

INVITAMOS a la más amplia solidaridad a las organizaciones y comunidad en general para con los compañeros (as) que se pretenden criminalizar, exigiendo al Gobierno parar esta práctica de criminalización.

Por el Comité ejecutivo departamental de ASOGRAS

ACTIVACION ALERTA TEMPRANA

La Asociación Agraria de Santander (ASOGRAS) Filial FENSUAGRO – CUT, se permite denunciar las investigaciones de las cuales viene siendo victima por parte de las diferentes fiscalías de Bucaramanga y Cúcuta el compañero Cesar Augusto Tamayo, presidente departamental de ASOGRAS.

Solicitamos y alertamos a la opinión pública nacional e internacional para que se pronuncien sobre esta situación que afecta los derechos de los campesinos de Santander y la violación del Derecho Internacional Humanitario.

ANTECEDENTES
La Asociación Agraria de Santander ASOGRAS desde el año 2004 ha sido víctima de constantes asedios. Esto es producto del trabajo que desarrollamos por la defensa, protección, divulgación de los DDHH, el DIH y la defensa de la tierra y el territorio, Hechos que son del conocimiento de las autoridades competentes que evidencian la persecución sistemática de la cual venimos siendo víctimas.

HECHOS
El día miércoles 4 de noviembre del presente año siendo aproximadamente las 6:00 PM recibimos un documento oficial de la Fiscalía General de la Nación de parte de unos compañeros donde aparece el Presidente Departamental CESAR AUGUSTO TAMAYO en tres (3) Investigaciones: una ante la Fiscalía Primera Especializada de Bucaramanga por el delito de extorción, Otra ante la Fiscalía Primera Seccional de Cúcuta por el delito de extorción y otra ante la Fiscalía 3 Seccional de Bucaramanga por el delito de falsedad, Situación preocupante la de nuestro compañero quien es el representante legal nuestra asociación campesina del departamento de Santander, esto se sumaria a las constantes violaciones de derechos humanos como los asesinatos, desapariciones, desplazamientos y amenazas que sufrimos. Venimos viviendo y denunciando ante las diferentes autoridades como lo hemos denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

Por lo tanto nuestra Asociación Agraria de Santander (ASOGRAS) exige de las entidades del Gobierno Nacional activar de manera urgente la alerta temprana que permita la protección de las comunidades campesinas, sus dirigentes departamentales y de las Sub-directivas Municipales de la Asociación en el Departamento de Santander, por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades civiles y militares como son:

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 114 Nº 9-45, Torre B, of. 1101,
Teleport Business Park Bogotá, D. C.
Teléfono: 6293636
Fax: 6293637
E-mail: oacnudh@hchr.org.co
Apartado Aéreo: 350447
Sitio Web: www.hchr.org.co

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS – ACNUR
Calle 114 Nº 9-01, Torre A, of. 601 Bogotá, D. C.
Teléfono: 6291819
Fax: 6292790
E-mail: colbo@unhcr.ch
galindo@unchr.ch

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA – CICR
Calle 76 Nº 10-02 Bogotá, D. C.
Teléfono PBX: 3138630
Fax: 3128282

Apartado Aéreo: 91735, Bogotá
E- Mail: bogota.bog@icrc.org
cicr@colomsat.net.co

AMNISTIA INTERNACIONAL
Centro de Documentación
Servicio de Noticias
Informe Anual – Búsquedas
documenta@edai.org

Amnistía Internacional
Secretariado internacional
Tel + 44 (0)20 74 13 55 00 (recepción)
Fax + 44 (0)20 79 56 11 57
Correo electrónico: amnestyis@amnesty.org
Web: http://www.amnesty.org

ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co

FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co

GABRIEL SILVA DUJAN
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co

FABIO VALENCIA COSIO
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co

GUILLERMO MENDOZA DIAGO
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co

WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co

CARLOS FRANCO
PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co

UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
elbisilva@fiscalia.gov.co

Y ALERTAMOS A LAS AUTORIDADES MILITARES Y DE POLICIA, para que se respeten los derechos Humanos de las comunidades Campesinas de Santander y del territorio nacional.

Recordamos, que el deber jurídico del Estado, es el de prevenir las violaciones a los Derechos Humanos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión.
 
La vida, la Libertad, la seguridad e integridad personales de las Comunidades Campesinas de Santander, se encuentran en grave riesgo de ser vulnerados por quienes han venido cometiendo crímenes que se han realizado.

Por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

La Seccional Santander de la FCSPP, junto a otras organizaciones de la región denunciamos a finales de Octubre, la captura masiva de 7 campesinos de Sabana Torres, siendo la Sijin de la policía Nacional quienes comandaban dicho operativo.

Hemos sido informados, por parte del señor GUSTAVO MARTÍNEZ, que el pasado jueves 29 de octubre de 2009, se produjo una nueva captura en Sabana de Torres, donde fueron detenidos los señores: GUSTAVO MARTINEZ CRISTANCHO, JUAN DE DIOS SAENZ HOLGUIN, MONERGUI ROMAN CARDENAS, CECILIO ARDILA PINEDA, quienes fueron trasladados a la Penitenciaria de Alta Seguridad de Palogordo en Girón, Santander; como nueva política del INPEC para las personas investigadas por rebelión.

De igual manera se nos informa que aunque, el juez parte del proceso, concedió la detención domiciliaria a los señores GUSTAVO MARTINEZ CRISTANCHO Y CECILIO ARDILA PINEDA, el INPEC no ha realizado los trasladados a sus domicilios.

En un acto perverso contra los detenidos políticos el INPEC ha sometido a estos 4 campesinos a convivir en los patios 4 y 5, liderados por presos sociales, en donde solo hay condenados y clasificados en alta seguridad. Violando el derecho y sus mismas normas donde se obliga a una clasificación de los internos al momento de ser recibidos en cualquier centro carcelario.

Por lo anterior la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, EXIGE al Gobierno nacional en especial a la Dirección General del INPEC a:

1. Dar cumplimiento a la decisión del Juez en este proceso y conducir a los señores GUSTAVO MARTINEZ CRISTANCHO Y CECILIO ARDILA PINEDA a su domicilio.

2. Trasladar a los señores JUAN DE DIOS SAENZ HOLGUIN, MONERGUI ROMAN CARDENAS a un establecimiento carcelario que le brinde las reales condiciones en su calidad de sindicados como lo establece la ley.

3. Realizar las investigaciones necesarias para aclarar los errores cometidos en este hecho por parte de los miembros del INPEC.