Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, denuncia la amenaza
recibida el día de 1 de abril de 2013 contra 92 organizaciones y
líderes sociales y políticos, a quienes estigmatiza y declara como
“objetivo militar permanente y enemigos”, por “atacar las buenas y nobles
intenciones del alto gobierno a favor de la paz, o de lo contrario irán más
allá de las amenazas…”

En el panfleto se amenaza a organizaciones como: SINTRAMIENERGÉTICA,
FUNTRAENERGÉTICA, SINTRACARBÓN, FUNDACIÓN ARCO IRIS, CPDH, MOVICE, CODHES,
COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, y el PDA, etc.

Además se nombran dirigentes sindicales y defensores de los derechos
humanos de reconocida trayectoria como: Yonis Ojeda Lobo, Sabas Brito
Mendoza, Horacio Llanos, Sergio Becerra Moreno, Igor Díaz López, y los
Senadores Alexander López, Jorge Enrique Robledo y Guillermo Jaramillo,
entre otros.

Este grave hecho se suma a las 991 amenazas que han proferido estos grupos
al movimiento sindical colombiano durante el gobierno del Presidente Juan
Manuel Santos en medio que no se conoce ninguna acción de la justicia
contra los autores materiales o intelectuales, lo que permite la violación
generalizada de los derechos humanos y una flagrante impunidad, cuando lo
que sufrimos es una sistemática revictimización, como lo vivimos en el mes
de enero que recibimos del mismo grupo “Los Rastrojos Comandos Urbanos”,
una amenaza colectiva a las organizaciones sindicales, incluida la CUT
Nacional, y lo más preocupante es el silencio guardado por las autoridades,
agravado con que no se ha determinado ninguna nueva medida de protección a
los dirigentes afectados por esta amenaza.

Rechazamos las acusaciones sin fundamento hacia los líderes y defensores de
derechos humanos de tener presuntos vínculos con la insurgencia y exigimos
las garantías constitucionales a los derechos fundamentales de libertad
sindical y de asociación. Nos preocupa que en momentos en que se han
abierto procesos de diálogo y solución política negociada al conflicto
armado, el Estado omita su responsabilidad constitucional de aplicar
justicia a quienes desde la ilegalidad atentan contra la convivencia
democrática.

Por lo anterior instamos al Estado colombiano, al Presidente de la
República, al Ministerio del Interior, y la UNP a proteger y garantizar la
vida e integridad física de las personas y organizaciones que en este
panfleto son nombradas.

Llamamos a la comunidad nacional e internacional, y al movimiento sindical
internacional a expresar su rechazo y enviar pronunciamientos al gobierno
colombiano frente a esta grave amenaza.

Las organizaciones aglutinadas en el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos denuncian las nuevas amenazas, enviadas por correo electrónico al ETTDH, por parte de los grupos autodenominados “Comando Antirrestitución”, donde dan 48 horas para salir de la ciudad.

MOVICE Sucre

Bogotá, Colombia. 13 de febrero de 2013.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, denuncia la amenaza de muerte recibida por la hija de un defensor de derechos humanos del departamento de Sucre, el 12 de febrero 2013. La amenaza nombra a varios integrantes del capítulo Sucre del MOVICE. En esta amenaza se dice: “procederemos con sus respectivas familias, a ver si les duele”.
Esta amenaza, firmada por las Águilas Negras, evidencia la persistencia de las estructuras paramilitares y los crímenes de Estado en el país, lo que se constituye en un obstáculo estructural para que se pueda lograr una paz verdadera.

Hechos

El 12 de febrero del 2013, la hija de un defensor de derechos humanos del departamento de Sucre, encontró una hoja impresa que se había arrojado debajo de la puerta de su casa. La hoja llevaba una amenaza que había sido enviada por correo electrónico el 9 de diciembre 2011, con el siguiente mensaje:

“[…] ustedes los miembros del movice son unas ratas a las que hay que exterminar hemos decidido darles otra estocada mas a este movimiento de terroristas que le quita la tierra a la gente de bien para entregarselas a guerrilleros que se hacen pasar por campesinos, de manera que daremos de baja a sus cabecillas en Sucre nos referimos a ingrid Vergara Y a Juan David Diaz quienes se han dedicado a desinformar a nivel nacional e internacional nuestra valiosa labor en defensa de la patria secundando al terrorista mayor IVAN CEPEDA. En la lista le siguen Adolfo Verbel, Veronica Montaño, Adil Melendres. Jorge Velasquez, alena Martinez, Candelaria Barrios Y Adriana Porras. El principio del fin comenzo para ustedes y no les deseamos una feliz navidad por que no la tendrán AGUILAS NEGRAS POR UNA COLOMBIA LIBRE DE GUERRILLA”

En esta ocasión, los agresores habían impreso otro mensaje debajo de la amenaza original: “Ya que hicieron caso omiso a esta información procederemos con sus respectivas familias, a ver si les duele”.

Antecedentes:

El MOVICE capítulo Sucre ha sufrido más de 130 agresiones desde su fundación. La más reciente de estas fue una amenaza de muerte recibida por correo electrónico el 23 de noviembre 2012, firmada por el Ejército Antirestitución, contra los siguientes integrantes del MOVICE capítulo Sucre y líderes de tierras de los Montes de María:

“Ivan Cepeda. Ingrid Vergara. Guatavo Arrieta. Franklin Torres. Maribel Vazquez. Robison Castilla. Pedro Geney. Jeison Pava Reyes. Juan David Diaz. Ronald Castilla”.

Igualmente, el representante a la cámara e integrante del Comité de Impulso Nacional del MOVICE Iván Cepeda Castro, ha sufrido repetidas amenazas y una campaña de desprestigio como consecuencia de su labor a favor de las víctimas. El 6 de febrero 2013, Iván Cepeda puso en conocimiento un presunto plan que se estaría fraguando encaminado a realizar un atentado en su contra. Dicho plan fue revelado a través de una llamada telefónica anónima, en la cual se informa que los hermanos Pedro y Santiago Gallón Henao le habrían pagado a un grupo armado enviado hasta el municipio de Melgar (Tolima) para preparar desde allí un atentado contra el representante Cepeda.

Exigimos:

Al Presidente Juan Manuel Santos:

1. Que adopte las medidas necesarias para el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares y cesen los vínculos con funcionarios públicos y actores privados.

2. Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de los integrantes del Movice capítulo Sucre, algunos/as de ellos/as beneficiarios/as de Medidas Cautelares de la CIDH, y sus familiares, además del representante Iván Cepeda.

Al Fiscal General de la Nación:

1. Que investigue, identifique y sancione a los responsables de estas amenazas y presente públicamente los resultados en un tiempo razonable.

2. Se investigue y sancione a los promotores y financiadores de dichas estructuras paramilitares, así como de los funcionarios públicos y actores privados por sus vínculos con dichas estructuras.
A la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y a la Unidad Nacional de Protección:

1. Que brinde las garantías necesarias de protección de los derechos y garantías fundamentales a los y las integrantes del MOVICE que vienen siendo amenazados por su trabajo en el departamento de Sucre, además de sus familiares.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE
13 febrero 2013

SINTRAGRIM

PARAMILITARES EXTORCIONAN Y AMENAZAN A COMERCIANTES, GANADEROS Y CAMPESINOS EN LAS VEREDAS Y POBLADOS DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO – META, DONDE TIENE EL CONTROL LA POLICIA NACIONAL, EL BATALLÓN 21 VARGAS Y LA SÉPTIMA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL, SIN CONTAR CON LA FISCALIA, PERSONERIA, ADMINISTRACION MUNICIPAL, ETC.ETC….

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta – SINTRAGRIM, ha denunciado diferentes hechos de violencia cometidos por la fuerza pública de manera sistemática (Batallón 21 Vargas y la Séptima Brigada adscritos a la Cuarta División del ejército Nacional) y gropos paramilitares contra la población civil en la región del Alto Ariari. Hoy tenemos que repetir la denuncia, solicitando al gobierno nacional, fiscalía, procuraduría y de quien corresponda para que de manera inmediata se tomen medidas que permitan garantizar la vida, la tranquilidad y bien estar de las más de 700 familias víctimas del desplazamiento forzado que han decidido regresar a esta región donde está su tierra y territorio, con el acompañamiento de sus organizaciones.

HECHOS:

Los días 28 29 y 30 de Noviembre de 2012, el ejercito, que está ubicado en la Vereda de Lucitania, realizo fuertes bombardeos sobre la parte alta de las veredas de Caño Lindo y La Esmeralda, ubicadas en el Pie de Monte llanero del municipio de El Castillo- Meta, estos bombardeos han generado terror en la población campesina especialmente en las mujeres y menores de edad que circulan a diario por la vereda hacia el centro educativo y lugares de labor diaria.

En días anteriores los pobladores de la región del Alto Ariari (Puerto Esperanza y Miravelles) han observado hombres de civil desconocidos de la región, circulando en motocicleta, haciendo preguntas a los campesinos y pobladores de la región, tomando fotografías, algunas veces han afirmando ser miembros del ejército nacional, hecho que ha sido denunciado anteriormente.

El día 25 de Noviembre de 2012, en medio del patrullaje normal de la policía en Medellín del Ariari, hicieron presencia varios paramilitares reconocidos que se identificaron como miembros de la AUC, entre los que se encontraba el paramilitar sanguinario “Caregarra”, quien ha sido unos de los gestores y promotores de muchos hechos de violencia más aberrantes cometidos contra muchos habitantes de la región.

ANEXAMOS DENUNCIA DE LA INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ:

INFORME
Operaciones paramilitares en el Ariari
META
Jueves 29 de noviembre de 2012

En estos últimos ocho días las acciones de las estructuras paramilitares que se identifican como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, han amenazado a los pobladores de Medellín del Ariari y Puerto Esperanza, con operaciones de limpieza.

Los paramilitares manifestaron que venían a poner “orden” en la región.

En desarrollo de su estrategia han instalado puestos de control en el sector conocido como la Y e incursionado en los caseríos de Malabar y Playa Rica.

En estos caseríos hay operaciones militares de la 7 brigada.

La presencia paramilitar coincide con el anuncio que el batallón 21 Vargas de la 7 brigada hicieron a los pobladores en el mes de julio.

Los efectivos regulares indicaron que traerían a los paramilitares porque las denuncias de CIVIPAZ y la Comisión de Justicia y Paz les evitaban hacer el trabajo.

Las acciones paramilitares coinciden con el desarrollo de las operaciones empresariales de la empresa INGEMINERA LTDA, la cual pretende hacer explotación minera afectando los cuerpos los cuerpos de agua que garantizan el abastecimiento de los acueductos de Medellín del Ariari y Peñas Blancas.

Para sus propósitos la minera ha intentado cooptar y usar medios de corrupción con algunos líderes de las comunidades.

Tanto las acciones paramilitares anunciadas por el batallón 21 Vargas y las actuaciones irregulares de la empresa minera han sido denunciadas sin que a la fecha haya existido una respuesta eficaz del Estado colombiano.

Varias de las familias víctimas por las amenazas se encuentran cobijadas con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Bogotá, D.C. noviembre 29 de 2012

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Foto
www.desdeabajo.info

Por todo lo anterior exigimos garantías de protección a la vida de todos y cada uno de los habitantes de las veredas y poblado del municipio de El Castillo, donde hoy extrañamente se reactiva la circulación de paramilitares que se identifican como de las AUC , sin que se ejecute por parte de las autoridades acciones que permitan la captura de estos asesinos que desde años anteriores han actuado en contubernio con algunos militares del Batallón 21 Vargas y Séptima Brigada adscritos a la Cuarta División del ejército Nacional.

EXIGIMOS:

• A las autoridades competentes adelanten una investigación exhaustiva sobre los hechos y el posible contubernio de militares, paramilitares y autoridades municipales de El Castillo, en la posible acción directa u omisión en los hechos denunciados, para que respondan por la vida de todos y cada uno de los habitantes civiles de la región, teniendo en cuenta que la historia no se puede repetir en este municipio del Meta.
• Que cese los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados por parte de la Fuerza Pública, contra el territorio donde se encuentran campesinos indefensos, que en su mayoría son familias victimas del desplazamiento forzado.
• Que las autoridades competentes exijan a la fuerza pública (ejército) el cumplimiento, respeto y protección a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en la protección de la población civil.
• A los entes de control como (Defensoría del Pueblo, Personería, Procuraduría) en cumplimiento de sus funciones urgentemente investiguen los desmanes de la fuerza pública y la posible articulación con grupos paramilitares en la región como ya es evidente en el municipio de El Castillo Meta.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL:

• Nos acompañen en el seguimiento y monitoreo permanente a la grave situación de derechos humanos por la que atraviesan las comunidades de la región del Alto Ariari y pie de Monte llanero.

JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL
S I N T R A G R I M

Ruby Castaño Jaiber Tique
Secretaría de Derechos Humanos Presidente General

MOVICE

Bogotá, Colombia. 26 de noviembre de 2012. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, denuncia las continuas amenazas de muerte a defensores y defensoras de derechos humanos en la región de Montes de María (Bolívar y Sucre) y a integrantes del Movice, incluyendo el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro.

Estas amenazas de muerte evidencian la persistencia de las estructuras paramilitares en el país, lo que se constituye en un obstáculo estructural para que las víctimas puedan participar en procesos de exigencia de derechos.

Hechos

El 23 de noviembre se recibió a los correos de la área de protección del Movice y de los integrantes del Capítulo del MOVICE en Sucre Juan David Díaz, Pedro Geney e Ingrid Vergara así como del abogado del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos Jeison Paba una amenaza del correo eantrest@yahoo.es con el siguiente contenido:

“ULTIMO COMUNICADO ORDEN DE BATALLA.
el fracaso y deshonroso proceso de desmovilización de las AUC y la guerra decretada por el gobierno actual en cabeza de JUAN MANUEL SANTOS y su sequito de traidores y los malditos guerrilleros , la perdida de la tranquilidad en zonas a causa de la debilidad de este gobierno, nos han llevado al rearme y conformación del ejercito ANTIRESTITUCION el cual mantiene unos principios de lucha, decisión y fidelidad, El extermino total de la guerrilla colombiana y la reorganización social, política y económica de nuestro país.
Bolívar, sucre y córdoba ya conocen nuestro accionar en donde nuestro objetivo central es lograr la aniquilación total de todos los que son guerrilleros y tiene afinidades con estas organizaciones terroristas y evitar a toda costa el robo de tierras a las personas honradas de estas regiones que piden no dejarlas en esta lucha. La expansión de nuestra lucha ya es casi un hecho en Meta, putumayo y Antioquia nuestra fortaleza sin duda surge del debilitamiento de este gobierno frente a la lucha contra la guerrilla
Después de meses de investigación hemos decidido comenzar a limpiar los montes de maría de la intentona de las FARC POR VOLVER A RETOMARLA y comenzaremos con los auxiliadores de estos grupos que se disfrazan de defensores de derechos humanos y que nos son mas que defensores de guerrilleros disfrazados de victimas y campesinos despojados, no crean estos personajes que se salvaran de que arreglemos cuentas con ellos en cualquier parte del país iremos a buscarlos y no importa si están protegidos los podrán proteger pero no alcanzaran los equemas para proteger a sus familias sapos hijueputas, esta no es una advertencia ya es una orden para nuestro ejercito.
IVAN CEPEDA. INGRID VERGARA. GUATAVO ARRIETA. FRANKLIN TORRES. MARIBEL VAZQUEZ. ROBISON CASTILLA. PEDRO GENEY. JEISON PAVA REYES. JUAN DAVID DIAZ. RONALD CASTILLA.
Estos van a ser los primeros con los que ajustaremos cuentas y seguiremos con todos los que participan como auxiliadores, ideólogos, testaferros de la guerrilla.

No permitiremos el retorno de la guerrilla a nuestros montes de maría.
EJERCITO ANTIRESTITUCION.
LLEGAMOS PARA QUEDARNOS.”

Antecedentes:

1. Desde el 2 de noviembre se recibieron constantes mensajes con amenazas a los integrantes de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar conformada por las organizaciones sociales y sus familias, en especial, para GUSTAVO ARRIETA PÉREZ, MARIBEL VÁZQUEZ, MARILUZ VÁZQUEZ, EDGARDO FLORES MARTÍNEZ, ROBISON CASTILLA CADAVID y RONALD CASTILLA VÁZQUEZ.
2. El 4 de julio de 2012 desde el correo antirestitucion@gmail.com se envió una amenaza de muerte a los correos de: Yessika Hoyos, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear (Ccajar); Iván Cepeda Castro, Representante a la Cámara; área de comunicaciones del Ccajar y área de protección del Movice. En dicho correo se declara objetivo militar y señala de guerrilleros a 13 defensores/as de derechos humanos y líderes políticos incluyendo su nombre y fotografía, muchos de éstos defensores son integrantes y voceros del MOVICE.
3. El 1 de junio de 2012 se recibió en la casa en Sincelejo (Sucre) del integrante del capítulo Movice Sucre, Juan David Díaz un paquete con una amenaza firmada por “Ejército Antirestitución”.
4. El día 22 de mayo de 2012 a las 10:30 de la mañana, varios miembros de la Mesa Municipal del Víctimas del Carmen de Bolívar, recibieron información de un listado que maneja la Fiscalía del municipio del Carmen de Bolívar, en la que se expresa la intención de asesinar a un grupo de personas representantes de organizaciones de víctimas y defensores y defensoras de derechos humanos del municipio del Carmen de Bolívar.

Los denominados “ejércitos anti restitución” son grupos paramilitares que hacen hoy presencia en algunos departamentos del país como Nariño, Sucre, Cesar y Córdoba. En 40 de los 54 municipios en los que se desarrolla el Plan Nacional de Consolidación Territorial, como es el caso de municipios de Montes de María, ha habido un incremento de la presencia paramilitar . Lo evidencia así el informe sobre Ovejas (Sucre) del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo del 25 de junio de 2012 hace público que “se ha conocido información que refiere a la presencia de hombres armados, vestidos de negro, que en algunas ocasiones se han presentado como miembros de las Águilas Negras y en otras como “guardianes de las Tecas” (…) no se puede descartar la posibilidad que dichas expresiones transiten a la configuración de un grupo armado cuya finalidad sea impedir la aplicación de la política de restitución.”

Se evidencia así la continuación del paramilitarismo en nuestro país, la reingeniería del mismo, y las dificultades normativas y tangibles para un retorno y una permanencia en el territorio con garantías de no repetición. Durante el gobierno actual, hemos documentado 25 personas que han sido asesinadas por liderar procesos de restitución de tierras o por ser familiares de éstas.

Las amenazas de muerte constituyen hechos intimidatorios para que los defensores y defensoras de derechos humanos de Montes de María e integrantes del Capítulo del Movice en el departamento de Sucre, desistan de sus reclamaciones y abandonen sus procesos organizativos y sociales.

Exigimos:

Al Presidente Juan Manuel Santos:

1. Que adopte las medidas necesarias para el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares que hoy se identifican como “Ejército Antirestitución” y cesen los vínculos con funcionarios públicos y actores privados.
2. Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de lideres y lideresas reclamantes de tierras y defensores y defensoras de derechos humanos en la región de Montes de María (Bolívar y Sucre) y de los integrantes del Movice, algunos/as de ellos/as beneficiarios/as de Medidas Cautelares de la CIDH.
3. Que se emita un pronunciamiento público de respaldo al trabajo legítimo que realizan los y las defensoras de derechos humanos y su contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia y las justas reclamaciones de tierras por su condición de víctimas del despojo.

Al Fiscal General de la Nación:

1. Que investigue, identifique y sancione a los responsables de estas amenazas y presente públicamente los resultados en un tiempo razonable.
2. Se investigue y sancione a los promotores y financiadores de dichas estructuras paramilitares, así como de los funcionarios públicos y actores privados por sus vínculos con dichas estructuras.

A la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y a la Unidad Nacional de Protección:

1. Que brinde las garantías necesarias de protección de los derechos y garantías fundamentales a los líderes y lideresas reclamantes de tierras que vienen siendo amenazados por su trabajo en el departamento de Sucre y Bolívar.

Movice

Bogotá, Colombia. 2 de noviembre de 2012. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, denuncia las continuas amenazas de muerte a líderes y lideresas reclamantes de tierras y defensores y defensoras de derechos humanos en la región de Montes de María (Bolívar y Sucre). Desde el 2 de Octubre integrantes de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar, conformada por organizaciones sociales y acompañada por el MOVICE, Capítulo Sucre, vienen recibiendo, a través de mensajes de texto a sus celulares, amenazas de muerte, evidenciando así la persistencia de las estructuras paramilitares en el país, lo que se constituye en un obstáculo estructural para que las víctimas puedan participar en procesos de exigencia de derechos.

Hechos:

1. El 2 de noviembre se recibió un mensaje de texto proveniente del celular 3114199191 “Mariluz hoy es dia de los difuntos cuidense dile a marivel y al tio de roland”.
2. El 1 de noviembre se recibió un mensaje de texto proveniente del celular 3114199191 “Marilus porque no viajaron para Sincelejo con el sapo del tio de ronal siempre que el viene ustedes viajan el guien se cree ranbo ese sapo las tiene calientes ya bi que ustedes no quieren salir del Carmen solo quedan mariluz marivel y el tio de sonal pero tienen que salir”.
3. El 31 de octubre se recibió un mensaje de texto proveniente del celular 3126743761 “Guien les ba a causar la muerte llego al Carmen quiere decir que t ni marivel hacen caso se dejan mandar del tio ronal hoy es dia de las brujas será que hoy duerme bien”.
4. El 26 de octubre se recibió un mensaje de texto proveniente del celular 3126743761 “marilus cepeda vasques marivel sigue con el tio de ronal y ustedes siguen peliando tierra y denunciando ojo”.
5. El 20 de octubre se recibió un mensaje de texto proveniente del celular 3126743761: “Y ese milagro que no han salido a denunciar, si lo hacen es peor para ustedes, les quedan pocos días, váyanse para donde Cepeda que él no va a venir a sus funerales, y si quieren tierras, trabajen”.
6. El 2 de octubre se recibió un mensaje de texto proveniente del celular 321 5297091 a uno de los amenazados: “primera advertencia: no queremos en el Carmen de Bolívar esos que se hacen llamar defensores de ddhh: Gustavo arrieta, marqueza gonzalez, los ladrones de asvida, maribel vasquez, Edgardo florez nallivis mercado luis alfredo v están plenamente identificados llegamos para quedarnos: ejercito antirrestitución”.

Antecedentes:

1. El 4 de julio de 2012 desde el correo antirestitucion@gmail.com se envió una amenaza de muerte a los correos de: Yessika Hoyos, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear (Ccajar); Iván Cepeda Castro, Representante a la Cámara; área de comunicaciones del Ccajar y área de protección del Movice. En dicho correo se declara objetivo militar y señala de guerrilleros a 13 defensores/as de derechos humanos y líderes políticos incluyendo su nombre y fotografía, muchos de éstos defensores son integrantes y voceros del MOVICE.

2. El 1 de junio de 2012, el integrante del capítulo Movice Sucre, Juan David Díaz, encontró en el piso de la terraza de la casa (Sincelejo, Sucre), un paquete que traía diez velas blancas envueltas en un papel y amarradas con una cinta. En el papel estaba el siguiente escrito: “JUAN DAVID Quedas advertido y en conocimiento pues te tenemos plenamente identificado y ubicado sabemos que eres uno de los hijueputas que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbirtrariedades despojar de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de un puñado de guerrilleros malparidos como los que ahora haciendose pasar por victimas quieren apropiarse de la europa y la alemania. […] Llegamos para quedarnos EJERCITO ANTIRRESTITUCION”.

3. El día 22 de mayo de 2012 a las 10:30 de la mañana, varios miembros de la Mesa Municipal del Víctimas del Carmen de Bolívar, recibieron información de una persona, quien pidió reserva de identidad por su seguridad. Esta persona les dijo que hay un listado que maneja la Fiscalía del municipio del Carmen de Bolívar, en la que se expresa la intención de asesinar a un grupo de personas representantes de organizaciones de víctimas y defensores y defensoras de derechos humanos del municipio del Carmen de Bolívar, lista que estaría encabezada por:
GUSTAVO ARRIETA PÉREZ, presidente de la Mesa Municipal de Víctimas del Carmen de Bolívar.
MARIBEL VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, secretaria de la mesa de víctimas del municipio del Carmen del Bolívar.
ROBISON CASTILLA CADAVID, miembro de la Mesa de Víctimas del municipio del Carmen de Bolívar.
RONALD CASTILLA VÁZQUEZ, representante de la Organización de Víctimas de Caño Negro del municipio del Carmen de Bolívar y miembros de la Mesa de Víctimas del mismo municipio.

Los denominados “ejércitos anti restitución” son grupos paramilitares que hacen hoy presencia en algunos departamentos del país como Nariño, Sucre, Cesar y Córdoba. En 40 de los 54 municipios en los que se desarrolla el Plan Nacional de Consolidación Territorial, como es el caso de municipios de Montes de María, ha habido un incremento de la presencia paramilitar . Lo evidencia así el informe sobre Ovejas (Sucre) del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo del 25 de junio de 2012 hace público que “se ha conocido información que refiere a la presencia de hombres armados, vestidos de negro, que en algunas ocasiones se han presentado como miembros de las Águilas Negras y en otras como “guardianes de las Tecas” (…) no se puede descartar la posibilidad que dichas expresiones transiten a la configuración de un grupo armado cuya finalidad sea impedir la aplicación de la política de restitución.”

Se evidencia así la continuación del paramilitarismo en nuestro país, la reingeniería del mismo, y las dificultades normativas y tangibles para un retorno y una permanencia en el territorio con garantías de no repetición. Durante el gobierno actual, hemos documentado 25 personas que han sido asesinadas por liderar procesos de restitución de tierras o por ser familiares de estas.

Las amenazas de muerte constituyen hechos intimidatorios para que los defensores y defensoras de derechos humanos de Montes de María e integrantes del Capítulo del Movice en el departamento de Sucre, desistan de sus reclamaciones y abandonen sus procesos organizativos y sociales.

Exigimos

Al Presidente Juan Manuel Santos:

1. Que adopte las medidas necesarias para el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares que hoy se identifican como grupos anti- restitución y cesen los vínculos con funcionarios públicos y actores privados.
2. Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de lideres y lideresas reclamantes de tierras y defensores y defensoras de derechos humanos en la región de Montes de María (Bolívar y Sucre) y de los integrantes de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar conformada por las organizaciones sociales y sus familias; así como al resto de integrantes del capítulo Sucre del MOVICE, en especial, para GUSTAVO ARRIETA PÉREZ, MARIBEL VÁZQUEZ, MARILUZ VÁZQUEZ, EDGARDO FLORES MARTÍNEZ.
3. Que emita un pronunciamiento público de respaldo al trabajo legítimo que realizan los y las defensoras de derechos humanos y su contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia y las justas reclamaciones de tierras por su condición de víctimas del despojo.

Al Fiscal General de la Nación:

1. Que investigue, identifique y sancione a los responsables de estas amenazas y presente públicamente los resultados en un tiempo razonable.
2. Se investigue y sancione a los promotores y financiadores de dichas estructuras paramilitares, así como de los funcionarios públicos y actores privados por sus vínculos con dichas estructuras.

A la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y a la Unidad Nacional de Protección:

1. Que brinde las garantías necesarias de protección de los derechos y garantías fundamentales a los líderes y lideresas reclamantes de tierras que vienen siendo amenazados por su trabajo en el departamento de Sucre y Bolívar.

MOVICE

El representante Iván Cepeda denunció amenazas a líderes de reclamación de tierras en Bolívar.

El representante Iván Cepeda Castro puso en conocimiento una nueva acción de intimidación contra defensores de derechos humanos y líderes de organizaciones campesinas que reclaman tierras en el municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar).

A través de un mensaje de texto al celular de cada uno de los amenazados, el martes 2 de octubre, el denominado ‘Ejército antirrestitución’ les advierte que ya los tienen plenamente identificados y que ese grupo llegó para quedarse en la zona.

El contenido del mensaje es el siguiente:

“PRIMERA ADVERTENCIA: NO QUEREMOS EN EL CARMEN DE BOLIVAR ESOS QUE SE HACEN LLAMAR DEFENSORES DE DDHH: GUSTAVO ARRIETA, MARQUEZA GONZALEZ, LOS LADRONES DE ASVIDA, MARIBEL VASQUEZ, EDGARDO FLOREZ NALLIVIS MECARDO LUIS ALFREDO V ESTAN PLENAMENTE IDENTIFICADOS LLEGAMOS PARA QUEDARNOS: EJERCITO ANTIRRESTITUCION”.

Para el representante Cepeda, esta es una muestra apenas de la situación que tienen que vivir los campesinos que reclaman tierras en todo el país. Dijo que además de las recompensas que ofreció el Gobierno Nacional para quien dé información sobre estos grupos, se debe exigir celeridad en la investigación sobre los mismos y sus patrocinadores.

“Resulta sumamente grave que justo un día después de que el Gobierno difunde ampliamente el ofrecimiento de recompensas por información que conduzca a los grupos antirrestitución, hoy aparezca uno de ellos amenazando en Carmen de Bolívar, sin que sepamos cómo avanzan las investigaciones al respecto”, señaló Cepeda.

El congresista le solicitó a las autoridades y al Gobierno Nacional, a través de sus ministerios y oficinas encargadas, que se investigue a fondo la existencia del mencionado ejército antirrestitución y se extremen las medidas de protección para los campesinos y campesinas que buscan recuperar sus tierras en esa región.

_ Amnestía Internacional_

AU: 268/12 Índice: AMR 23/035/2012 Colombia Fecha: 17 de septiembre de 2012 Fecha: 17 de septiembre de 2012

ACCIÓN URGENTE

Defensores colombianos, en peligro tras recibir amenazas

Una integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), Luz Elsia Almanza Suárez, fue amenazada por un grupo paramilitar el 6 de septiembre en Barrancabermeja, Colombia. Otros miembros de ASFADDES también están amenazados.

El 4 de septiembre, dos hombres que viajaban en una motocicleta tomaron fotografías a Luz Elsia Almanza Suárez –coordinadora de la seccional de Barrancabermeja de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES)– y a su madre. Ese mismo día, dos hombres en una motocicleta diferente aparcaron delante de la casa de Luz Almanza en Barrancabermeja y estuvieron varios minutos observando la casa. El 6 de septiembre, Luz Elsia Almanza Suárez recibió un mensaje de texto amenazador del grupo paramilitar Los Urabeños. El mensaje de texto le decía que pusiera fin a su campaña sobre el homicidio y la desaparición forzada de John Jairo Amador Valencia. Decía también: “Ya sabemos donde vives la tenemos ubicada coordinadora asfaddes luz almanza”. Luz Elsia Almanza Suárez ha declarado que, tras esta amenaza, han continuado siguiéndola.

El 22 de mayo se encontró en el pequeño pueblo de Tenerife, en Barrancabermeja, el cadáver de John Jairo Amador Valencia, a quien no se había visto desde dos días antes. Tenía las manos y los pies atados. Su homicidio se produjo después del aniversario de la desaparición forzada de su primo, Riky Nelson García, desaparecido en Barrancabermeja junto con otras 24 personas el 16 de mayo de 1998. ASFADDES hace campaña en favor de la justicia en casos de desaparición forzada y homicidio, entre ellos las recientes desapariciones forzadas y homicidios de motociclistas que prestan servicios de taxi en Barrancabermeja.

El 27 de julio se recibió en las oficinas de ASFADDES en Bogotá, Colombia, una llamada telefónica en la que se escuchaba una grabación que ofrecía dos espacios libres en un cementerio. El 30 de agosto, ASFADDES organizó, junto con otras ONG, eventos para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. A los eventos de Bogotá y Medellín asistieron unos hombres de comportamiento sospechoso que tomaron fotografías de los miembros de ASFADDES.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

expresando preocupación por la seguridad de Luz Elsia Almanza Suárez, su madre y otros miembros de ASFADDES;

pidiendo a las autoridades que garanticen su seguridad y que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y la vigilancia, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;

Recordando a las autoridades que deben cumplir con sus obligaciones respecto a la situación de quienes defienden los derechos humanos, establecidas en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998;

instando a las autoridades a emprender acciones inmediatas para disolver los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 29 DE OCTUBRE DE 2012 A:

�

Señor Juan Manuel Santos

Presidente de la República,

Palacio de Nariño,

Carrera 8 No.7-26,

Bogotá, Colombia

Fax: +57 1 596 0631

Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Santos

Señor Fernando Carrillo

Ministro del Interior

Carrera 9a No 14-10, piso 8

Bogotá, Colombia

Fax: +57 1 283 9876

Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

Y copia a:

ASFADDES

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

Calle 77 No. 14-47

Oficina: 501 – Edificio Santa Lucía

Bogotá

Colombia

�

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Por CCAJAR y MOVICE

La Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (MOVICE) denuncian ante la comunidad nacional e internacional amenazas en el marco de la movilización de marzo 6 de 2012, El despojo de tierras: otro crimen de Estado

Hechos

El lunes 27 de febrero, se recibió vía correo Servientrega en las instalaciones del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, un sobre de manila, remitido por una persona de nombre José Alfredo Jiménez, dirección Calle 52 No 17ª-32 proveniente de la ciudad de Jamundí, valle del Cauca, que contenía una amenaza en nombre de quienes se autodenominan Comandos Urbanos Los Rastrojos.

En la amenaza, declaran objetivo militar a otras organizaciones e individuos, entre éstas, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Ayuda Humanitaria (Antioquia), ASODOP (Antioquia), Fundación Colombians Human Righs (Tolima), Asociación de Grupos Juveniles Libertad (Valle del Cauca), dos integrantes de la CUT y del sindicato Anthoc, Alexander López Maya Senador, Wilsón Borja Díaz Ex Senador, Jorge Enrique Robledo Senador.

por MOVICE

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia ante la comunidad nacional e internacional la persistencia de amenazas de muerte a integrantes del MOVICE. En esta ocasión por un grupo auto denominado “Águilas Negras – Bloque Capital” a varias organizaciones sociales, entre las que se encuentran el MOVICE y algunos de sus integrantes como Alfonso Castillo, Iván Cepeda y Ruby Castaño.

Hechos

El 19 de junio se conoció una nueva amenaza por parte de un grupo auto denominado “Las Águilas Negras – Bloque Capital” que fue mandada a varios correos electrónicos de organizaciones sociales. La amenaza de muerte se dirige a varias organizaciones y personas que supuestamente “ se oponen a las políticas de nuestro gobierno y que hacen lavado de cerebro a los desplazados haciéndose pasar por líderes defensores de derechos humanos” y da un plazo de veinte días para abandonar la ciudad.

por MOVICE protección

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia ante la comunidad nacional e internacional la amenaza profirida el 2 de junio de 2011 por un grupo autodenominado “Los Rastrojos – Comandos Urbanos” a varias organizaciones sociales, entre las que se encuentra el MOVICE.

Hechos

El 2 de junio se conoció de una nueva amenaza por parte de un grupo autodenominado “Los Rastrojos – Comandos Urbanos” que fue mandado a varios correos electrónicos de organizaciones sociales. En la amenaza se hace referencia al proyecto de ley que fue aprobado el primero de junio; “la ley de victimas será nuestro eje central de defensa y todo aquel que se interponga será declarado objetivo militar por mas protegidos que se encuentren.”

Peticiones

A la Fiscalía General de la Nación investigar los hechos arriba mencionados

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
4 de junio de 2010

por ASOGRAS

La Asociación Agraria de Santander (ASOGRAS), denuncia, rechaza e informa a la opinión pública nacional e internacional en general, las nuevas amenazas de las cuales fueron victimas los afiliados de la Subdirectiva de Sabana de Torres, en el asentamiento humano, LA UNION, donde el pasado jueves 19 de Agosto sobre las 10:15 P.M. por debajo de la puerta de la residencia de uno de los afiliados le hecharon un panfleto de un grupo armado de paramilitares identificados como AUTODEFENSA CENTRAL INDEPENDIENTE DEL SUR DE BOLIVAR, donde anunciaban una limpieza social en el Barrio, dando muerte a ladrones, viciosos, violadores, sapos de la ley, estos son apartes de la amenaza de este grupo paramilitar quien tiene aterrorizada toda la comunidad del asentamiento La Unión, del Municipio de sabana de Torres, filiales de Asogras en Santander, esa misma noche hicieron (3) disparos como a las 11:00 P.M., logrando crear un clima de miedo en el sector.

Y al día siguiente asesinaron a una persona de aproximadamente 23 años de varios disparos de arma de fuego, en la Vereda Agua Bonita, muy cerca a la represa del municipio, en el cual se encuentran los asentamientos La Unión y Lagos, con esto nos demostraría que las amenazas a través de panfleto se estarían cumpliendo, como lo anunciaron.

EXIGIMOS CLARIDAD SOBRE ESTE HECHO

Exigimos de las Autoridades se investigue y se llegue al fondo de quienes pueden estar detrás de dichas amenazas en contra de los compañeros y se capturen y se castiguen a los responsables de estos hechos, pues para nadie es un secreto que en el departamento operan grupos emergentes de los paramilitares denominados las AGUILAS NEGRAS y LOS RESTROJOS a la vez se den las garantías suficientes para poder ejercer el trabajo social y agrario como defensores de DD.HH. y el D.I.H. de todos los que estamos al frente de nuestra Asociación y se ordenen rondas permanentes a favor de los residentes y afiliados de Asogras en Sabana de Torres.

SOLIDARIDAD

Por toda esta situación pedimos la solidaridad de todos los estamentos que acompañen a los campesinos, como lo son la Defensoría del Pueblo del Magdalena Medio, Defensoría del Pueblo Regional Santander, Procuraduría General de la Nación y Regional, la OEA, Naciones Unidas para los DD.HH., los Sindicatos Regionales y Nacionales, Asociaciones Campesinas Regionales, Nacionales e Internacionales, Medios de Comunicación, el Movimiento Social de Paz, a las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos que hacen presencia en Santander, Barrancabermeja y a nivel nacional, a los Organismos de Derechos Humanos Internacionales, que hacen presencia en nuestro territorio, para que verifiquen la situación y a estar alertas en la exigencia al estado colombiano para que se garanticen los derechos constitucionales a las comunidades campesinas de este territorio.

LLAMAMOS

La Asociación Agraria de Santander ASOGRAS, exige que frente a estos graves hechos, el gobierno adopte de manera urgente las recomendaciones que hace la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en su informe del 4 de marzo de 2010, que van dirigidas a:

- Garantizar los derechos de la población civil ante la violencia organizada perpetrada por grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, implementando estrategias adecuadas de combate; y recomienda redoblar esfuerzos para prevenir, investigar, juzgar y sancionar firmemente y sin ambigüedad cualquier vínculo, tolerancia o aquiescencia de la Fuerza Pública con estos grupos;

- Avanzar en las investigaciones sobre el origen y los autores de las amenazas con el fin de Judicializar a los Responsables.

Pedir del Gobierno Nacional la protección para nuestro compañero como Cabeza visible de nuestra Asociación campesina en Santander y para los otros compañeros.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

por Agencia Prensa Rural

Son contradictorias las versiones oficiales y no gubernamentales sobre los orígenes de los múltiples casos de sicariato de las últimas semanas en el Magdalena Medio. Las explicaciones policiales, en todo caso, tratan de justificar la muerte detrás de supuestas rencillas entre narcocarteles, ladrones de gasolina y crímenes pasionales, incluso se ha acuñado el concepto de microtráfico, poniéndole pequeña escala a una realidad: la seguridad, así se le ponga el apodo de democrática es claramente un sofisma y el sicariato obedece a la forma instaurada, por un modelo autoritario, para resolver las diferencias y los conflictos, un desafortunado modelo criminal acorde a la configuración mafiosa del poder.

Los siguientes lamentables hechos grafican la violencia en esta región, veamos:

El 3 de Marzo en su casa del caserío de Pozo Azul, en San Pablo, fueron asesinados por encapuchados, Israel Moreno Alfonso y Roberto Noya Pacheco.

El 6 de Junio era asesinado Angel Juliao Gómez, en el Barrio Belén de San Pablo.

El 13 de Junio fue asesinado en su fiinca Las Palmas José Bohorquez, en Monterrey, Simití. Su hijo resulto herido en los hechos.

El 22 de Junio fue asesinada en su finca de la vereda Bodegas, de Yondó, la campesina Teresa del Carmen Ortiz de 73 años.

En San Pablo, luego de una semana de búsqueda, las versiones oficiales de ejército y policía, dicen que aún no se han encontrado cadáveres de la presunta masacre que habría ocurrido el sábado 26 de Junio en zona rural del municipio de San Pablo.

Hasta el momento se han oficializado dos denuncias por desaparición forzada en el municipio de San Pablo. De ellas, los familiares de las víctimas entrarían a identificar los presuntos cadáveres y así, iniciar el esclarecimiento de los hechos.

El 29 de junio el despacho de la Personería Municipal de San Pablo recibió la información sobre una presunta masacre. En horas de la tarde, unidades policiales se hicieron presentes en el lugar indicado, Isla Medellín. Los rumores señalaban que seis cuerpos habrían sido encontrados. Los operativos de búsqueda de cadáveres continúan, sin determinar la existencia de los cuerpos que habrían sido arrojados al río Magdalena.

El 30 de junio oficialmente se señaló que ningún cadáver había sido encontrado. Sin embargo, se estableció que hasta el momento fueron hallados tres cuerpos en el río Magdalena, en jurisdicción del Cesar. Estos se suman a otros dos encontrados en jurisdicción de Puerto Wilches (Santander).

En Barrancabermeja, por su parte, nn hombre de 29 años, identificado Raúl Padilla Murillo, resultó herido en un atentado con arma de fuego, registrado el pasado viernes a las 6:30 de la tarde, en el barrio El Campín, comuna Siete del Puerto Petrolero.

La Policía Nacional descartó que la creciente escalada sicarial que dejó a siete personas muertas y nueve más heridas durante junio pasado en la ciudad, corresponda a un duelo entre bandas criminales.

Por su parte la Defensoría del Pueblo y dos ONG: Compromiso y Corporación Nación, relacionan la disputa entre ’los Rastrojos’, ’Urabeños’, ’Gaitanistas’ y ’don Mario’ con la mayoría de crímenes.

Las fuentes estatal y no gubernamentales señalan que esta parece ser también la motivación de una serie de asesinatos en la región e incluso la razón de la supuesta masacre de ocho personas en San Pablo, en el sur de Bolívar.

Incluso, un informe indica que las muertes además están tras una disputa por el hurto de gasolina. La Quinta Brigada dice desconocer esa guerra. Según estimativos, basados en fuentes militares, el negocio del tráfico de estupefacientes, en el Magdalena Medio representa ganancias de más de 25 mil millones de pesos al mes.

por Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado expresa su profunda preocupación por la amenaza recibida el 26 de abril de 2010 a 17 organizaciones, sindicatos y espacios de trabajo en defensa de los derechos humanos en el Magdalena Medio, la mayor parte, pertenecientes al MOVICE Capítulo Barrancabermeja.

Hechos:

A través de la amenaza, que fue mandada a varios correos electrónicos de organizaciones de Barrancabermeja des de la dirección de correo electrónico bloquelimpieza@hotmail.com, se declara que “Debido a que en Barrancabermeja esta guerrilla en todas esas organizaciones que se hacen llamar desplazados, defensoras de derechos humanos, sindicatos, ongs y toda una partida de hijueputas que se creen intocables. Exterminaremos a quienes se opongan al desarrollo! y seguridad del país. Estan muy equivocados no retrocederemos. No permitiremos que sigan sembrando esas ideitas que solo quedaran en la historia. Acabaremos con esos programas radiales y televisivos y cuanto hijoputa taller se inventen. Perros hijoputas se van a arrepentir de haber nacido no descansaremos los exyerminamos.Traidores de la patria, o se van o se mueren.” La amenaza va dirigida a las siguientes organizaciones, sindicatos y espacios de trabajo en defensa de los derechos en el Magdalena Medio: SJR, Foro Social, PDPMM, Asodesamuba, Sindes, Aprocop, Funcondesaba, Asorvim, USO, ACVC, 16 mayo, Sinaltrainal, Credhos, Comité de Desplazados, Espacio de trabajadores de derechos huanos, Ofp y Asodev.

Solicitamos:

- Que la Fiscalía General de la Nación investigue, juzgue y sancione los hechos arriba denunciados.

- Que los organismos de control del Estado activen el sistema de alertas tempranas ya que estos hechos constituyen un inminente riesgo para la integridad y seguridad de los defensiores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y víctimas de crímenes de Estado en el Magdalena Medio.

- Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, el Cuerpo Diplomático y en general a la Comunidad Internacional a hacer un seguimiento a estos hechos y exigir al gobierno colombiano el respeto y la protección de los y las integrantes del MOVICE

por Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

Esta mañana fue conocida, vía internet, una nueva amenaza contra 18 organizaciones sociales, religiosas y de defensa de los derechos humanos del Magdalena Medio.

Las amenazas son proferidas por el denominado “Comando Conjunto de Limpieza”.

El texto de la amenaza reza:

“Debido a que en Barrancabermeja esta la guerrilla en todas esas organizaciones que se hacen llamar dedesplazados, defensoras de derechos humanos, sindicatos,ongs y toda una partida de hijueputas que se creen intocables. Exterminaremos a quienes se opongan al desarrollo y seguridad del pais. Estan muy equivocados no retrocederemos.

No permitiremos que sigan sembrando esas ideitas que solo quedaran en la historia. Acabaremos con esos programas radiales y televisivos y cuanto hijueputa taller se inventen.

Perros hijueputas se van a arrepentir de haber nacido no descansaremos los exterminamos.

Traidores de la patria, o se van o se mueren.

SJR, Forosocial, PDPMM, Asodesamuba, Aprocop, Funcondesba, Asorvim,USO, ACVC,16 de Mayo, Sinaltrainal, Credhos, Comité de desplazados, Espacio detrabajadores de derechos humanos, Asodev, Sinaltrainal.

Paz en colombia y en sus tumbas sapos hijueputas.”

Las amenazas se producen en momentos en que la ACVC adelanta una ardua labor por el levantamiento de la suspensión de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, decretada ilegalmente por el presidente Uribe y cuando la policía nacional de Colombia ha manifestado, mediante una evaluación, que los miembros de la ACVC no tienen riesgo de ser víctimas de persecuciones y ataques.

Las amenazas además buscan entorpecer la lucha por la defensa y la vigencia plena de los derechos humanos en el Magdalena Medio, que adelantan con valentía las organizaciones sociales de la región.

Exigimos al Estado colombiano adelantar una investigación sobre las reiteradas amenazas contra las organizaciones del Magdalena Medio y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los habitantes de esta región.

por Campaña Permanente, Tierra, Vida y Dignidad

La campaña permanente tierra vida y dignidad denuncia ante la opinión pública
nacional e internacional una serie de amenazas de que vienen siendo objeto las
organizaciones que la integran, estas amenazas han convertido en objetivo militar
del grupos paramilitares de diferentes regiones del país a los integrantes de
organizaciones de población desplazada, los cuales tienen participando activamente
en la construcción de una política pública de atención integral a población
desplazada que se oriente a la superación del estado de cosas inconstitucional y
vaya en vía directa del goce efectivo de derechos tal como lo ha planteado la corte
constitucional.

El contenido de las amenazas se puede sintetizar de la siguiente manera:

En el mes de octubre del año 2009 una amenaza enviarla desde el correo electrónico filmada por las águilas negras, en la que se manifestaba de las organizaciones de población desplazada que se encuentran afiliadas a campaña permanente se convertía en el objetivo militar de ese grupo. Posteriormente en el mes de abril de 2010 de nuevo círculo una amenaza esta vez firmada por el grupo paramilitar rastrojos en la que se proferían de nuevo amenazas contra organizaciones de población desplazada y de derechos humanos.

Más recientemente el día 14 mayo, circuló una nueva amenaza de las águilas Fénix en la que se anuncia un plan de exterminio contra una lista larga de dirigentes y lideresas de población desplazada a lo largo y ancho del país amenaza en la que se incluyen también a otras organizaciones y movimientos sociales. El 17 mayo nuevamente circuló a través de un correo electrónico una amenaza dirigida contra la organización integrante de campaña ANDESCOL, en la que manera particular se mencionaba a las mujeres integrantes de esa organización a las cuales se señalaba de ser integrantes de una organización subversiva y se le declaraba objetivo militar.

Llama particularmente la atención, que el blanco más persistente de estas amenazas son las mujeres que integran las organizaciones, en varias ocasiones en los últimos seis meses, estas amenazas se han traducido en seguimientos a la dirigentes de la organización de campaña permanente, golpizas haciendo parecer intentos de robo, amenazas telefónicas, atentados y recientemente una campaña de terrorismo telefónico el cual puede entenderse como amenazas directas contra las personas implicadas en las mismas.

La campaña permanente, tierra, vida y dignidad, solicita a las autoridades
nacionales, a los organismos de control y de justicia a realizar todas las acciones
políticas, jurídicas y administrativas que permita proporcionar las garantías
suficientes para el accionar de las organizaciones de población desplazada y
particularmente para que se proporcione a las mujeres integrantes de las OPD, todas las condiciones que les permitan ejercer su actividad político organizativa en
procura de conquistar los derechos que como mujeres desplazadas vienen
reivindicando.

Igualmente, llamamos a la organizaciones sociales, populares y de derechos humanos a brindar la más amplia solidaridad para con las organizaciones de población desplazada, y a exigir al gobierno nacional el cumplimiento de sus obligaciones tanto en protección, como en el diseño de una política pública que brinde soluciones suficientes y duraderas a las víctimas del desplazamiento forzado interno en Colombia.

por Humanidad Vigente

Humanidad Vigente Corporación Jurídica denuncia ante la comunidad nacional e internacional, que nuevamente ha sido víctima de amenazas por parte de grupos paramilitares que hoy firman como “Los Rastrojos” y que en 2008 lo hacían como “Autodefensas Gaitanistas”. “Los Rastrojos” nos han declarado “objetivo militar” junto a 60 organizaciones y líderes sociales de Nariño, Valle, Cauca, Putumayo, Risaralda, Quindío, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Meta, Bogotá, Boyacá y Antioquia, estigmatizándonos como colaboradores de la guerrilla por enseñarle a las comunidades afectadas por la violencia a reclamar sus derechos.
“Suspender de inmediato la campaña de lavado de cerebro en que están comprometidas estas organizaciones por toda la geografía de Nariño, Norte del Valle y Eje cafetero, corrompiendo mentes con sus ideologías que alteran el orden público conseguido después de una larga lucha. No nos hacemos responsables por lo que les pueda pasar a los líderes de estas organizaciones si sabemos que están en nuestros territorios”, demandan los Comandos Urbanos de Los Rastrojos en el punto cuatro de la amenaza.
Según el grupo paramilitar las organizaciones amenazadas están “atacando las buenas y nobles intenciones del alto gobierno a favor de la paz” y advierten que si no se suspenden las actividades en dichas regiones “iremos más allá de las amenazas y regresaremos a las actuaciones de los 90 sin piedad ni temor alguno”.
Esta amenaza, con fecha del 10 de abril de 2010, demuestra que la estrategia paramilitar del Estado, continúa operando las regiones vulnerables referidas.
El riesgo para defensoras y defensores de derechos humanos del país es evidente, pues como asegura el comunicado del grupo paramilitar vienen realizando “un exhaustivo y largo proceso de inteligencia que incluyó seguimientos e infiltraciones directas a organizaciones sociales, entre otras actividades, de varias organizaciones de derechos humanos, desplazados y sindicalistas”.
Humanidad Vigente Corporación Jurídica exige al Gobierno Nacional y a los organismos de control adelantar las investigaciones necesarias sobre estas reiteradas amenazas y rechazamos cualquier tipo de intimidación a la labor que desarrollan las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país. Sólo con el goce real de nuestros derechos podremos garantizar, el desarrollo y la
construcción de una verdadera democracia.
Por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia

por Agencia Prensa Rural

Relación de hechos

1. El Comité Regional de Derechos Humanos de la vereda Santa Lucía realizó un Encuentro Regional con líderes de diferentes veredas de la zona, en torno al avance que ha tenido el trabajo en derechos humanos y las actividades académicas con éste realizado.

2. En el transcurso de la actividad se evidenció la preocupación de los habitantes de las veredas respecto a la frecuente presencia de tropas militares no identificadas y que presuntamente, y por comentarios de habitantes de la zona, pueden ser paramilitares.

3. La comunidad tuvo conocimiento de que en la vereda Charco Anzuelo, jurisdicción del municipio de Puerto Rico (Meta), en los días finales del mes de enero y comienzo de febrero, hubo presencia de oficiales y suboficiales del Ejército Nacional y efectivos del paramilitarismo, quienes se encontraban reunidos al parecer realizando una evaluación de la zona.

4. Para la misma fecha, y en curso del desarrollo de las labores de construcción que se están llevando a cabo en la vereda de Puerto Toledo, jurisdicción de Puerto Rico (Meta), se evidenció la presencia de paramilitares que ingresan a la vereda en moto, intercambian palabras con los miembros del batallón militar de ingenieros, quienes están ejecutando las obras, y luego abandonan la vereda sin actuación alguna, como si estuvieran llevando un control de la comunidad y demás habitantes de la misma, generando con esto un estado de zozobra en la seguridad en general.

5. Se ha encontrado que en los espacios selváticos donde el Ejército Nacional acampa, además de quedar los restos de los paquetes de comida, claramente identificados como de tropas del Ejército Nacional, han estado grabando en los árboles con un elemento cortopunzante las palabras AUC, lo que lleva a pensar que, o el Ejército esta patrullando nuevamente con miembros de esta banda ilegal, o le está haciendo publicidad, o que los paramilitares se alimentan con reservas alimenticias del Estado.

6. Por último, a los habitantes de la zona, y especialmente los que trabajan en comercio (tiendas, expendios de cerveza, etc.), les están cobrando desde el municipio de Granada (Meta) una cuota para la entrada de la cerveza y víveres, la cual es verificada en la zona denominada Tableros, donde dos miembros de los grupos paramilitares revisan que lo que ingresa a las veredas venga avalado por el recibo de pago que les entregan en Granada al momento de pagar la vacuna, lo que ha generado una súbita alza en los precios de los productos, perjudicando así a la totalidad de la comunidad, que ve imposibilitado acceder a la compra de los mismos por sus elevados costos.

Solicitudes

Se solicita a las autoridades y organismos de control actuar de manera inmediata con el fin de identificar a las personas involucradas en estas graves infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones a los derechos humanos, con el fin de identificar, judicializar y sancionar a los miembros de la Fuerza Pública responsables de estos hechos.

Igualmente, se solicita comisionar a un funcionario para recibir las quejas, denuncias y declaraciones de las víctimas y testigos de las veredas pertenecientes a la jurisdicción del municipio de Puerto Rico (Meta), para lo cual nuestra organización se coloca a su disposición con el fin de ubicar a los declarantes.