por Asorvimm

Los señalamientos, persecución y detenciones arbitrarias se han convertido en el diario vivir de las comunidades de la vereda San Lorenzo en Cantagallo (Sur de Bolívar). El día de hoy, 28 de marzo de 2010, fue detenido el señor Manuel Joaquín Rodríguez Buelvas, a eso de las 6:25 am, en el caserío llamado Isla No Hay Como Dios. Esta captura la realizaron las tropas del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón Nueva Granada. Lo llevaron por la vía a Tienda Nueva a salir a la vereda Trasmallo, a punta de empujones y maltrato físico. A eso de las once de la mañana lo tenían al otro lado de la vereda El Cagüí. Este recorrido ha sido a pie según versión de la comunidad.

Es de resaltar que esta comunidad viene siendo víctima de detenciones arbitrarias desde agosto de 2009, cuando fueron detenidas cuatro personas, entre ellas la señora Analuz Campo García, compañera sentimental del señor Manuel Joaquín Rodríguez Buelvas. En este tiempo se habló de 20 órdenes de captura para esta comunidad. En el mes de noviembre detuvieron a tres personas más, entre ellos dos hermanos. En esta fecha se habló de 70 órdenes de captura y los habitantes de esta comunidad no alcanzan a sumar 40. La situación es preocupante, ya que esto apunta que hasta los niños serán capturados y perseguidos. Todas estas capturas en su mayoría han sido ilegalmente ejecutadas por la Policía y Ejército Nacional del Batallón Nueva Granada.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional como internacional a que se solidaricen con las comunidades de la vereda San Lorenzo, corregimiento de Cantagallo.

por Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

Las comunidades campesinas de las veredas aledañas a la ciénaga de San Lorenzo (Cantagallo, sur de Bolívar) continúan siendo golpeadas en sus derechos. Es el caso del joven Édgar Vidales Ceballos, a quien la comunidad conocía como “Coco”, quien, en su ánimo de colaboración y solidaridad, se había propuesto junto con un líder comunal para apoyar la gestión de recursos con el fin de hacer realidad una carretera comunitaria, que mucha falta le hace a la región.

Sin embargo, a finales de la semana del 15 de febrero, cuando él regresaba llevar a un familiar enfermo a Bucaramanga, hizo una parada en Barrancabermeja, en donde fue invitado a almorzar con su compañera el 20 de febrero. Mientras departían en un restaurante, unos hombres irrumpieron en el lugar y asesinaron a disparos a “Coco”. Los criminales acabaron con la existencia de un hombre trabajador y constructor de comunidad. De acuerdo con lo relatado por los familiares, este es el cuarto hijo que pierden a causa de los generadores de muerte para obligar a las víctimas del conflicto a cesar en su lucha por una vida digna.

Por otro lado, y como continuación de las capturas masivas que están golpeando la región, el viernes 26 de febrero fueron capturados dos campesinos más en la vereda El Cagüí por parte de tropas del Ejército Nacional que se negaron a identificarse ante la madre que preocupada quería saber quién se llevaba a sus hijos. Ellos son Fernando Sumalabe Saravia y Pedro Sumalabe Saravia, de 46 y 48 años de edad respectivamente. Según la comunidad, que buscaba velar por los derechos de los detenidos, a pesar de que los miembros de la Fuerza Pública manifestaron que los retenían obedeciendo a una orden de captura, ésta no fue mostrada para verificar los datos de los capturados.

Otra irregularidad de que se presentó fue que los miembros del Ejército Nacional entraron sin permiso ni orden de allanamiento alguna a la vivienda familiar y la registraron hasta que encontraron durmiendo a uno de los privados hoy de la libertad. Este hecho es una nueva agresión a los derechos humanos que tenemos todas las personas, a la Constitución Política y a la ley colombiana.

por Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

El día 03 de diciembre se realizó una comisión de verificación de la situación de derechos humanos en la vereda San Lorenzo del Municipio de Cantagallo.

La comisión estuvo conformada por las siguientes organizaciones defensoras de los derechos Humanos:

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC

Corporación Credhos

Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado -ASORVIMM

Asociación de desplazados asentados en el Municipio de Barrancabermeja -ASODESAMUBA

La comisión arribó al caserio El Caguí hacia las 3:00 pm y sereunió con 18 personas de la comunidad de San Lorenzo, entre ellos cuatro directivos de la Junta de Acción Comunal: el vicepresidente, la secretaria y dos vocales, así como con la madre de los últimos dos detenidos en esta vereda.

Los representantes de esta comunidad comunicaron que desde hace cuatro meses se vienen presentando capturas de campesinos, como fue el caso de Antonio Bernabé Paraguas, de 60 años; Luz Marina Ramírez Carvajal; y Ana Luz Campo García. Estas detenciones fueron realizadas bajo una orden judicial impartida por el señor Lizandro de Jesús Vega Álvarez, juez promiscuo municipal de Simití (Bolívar), en el marco de una operación conjunta de unidades militares del Batallón Nueva Granada, agentes del DAS, la Armada Nacional y unidades de la Sijín (policía judicial) de San Pablo (Bolívar), quienes en el momento de las capturas no presentaron ninguna orden judicial, los capturados fueron sindicados posteriormente de rebelión.

En repetidas ocasiones se presentan integrantes de la Sijín de San Pablo, acompañados de encapuchados que toman fotografías a los habitantes de los caseríos y son quienes señalan a quien se debe capturar o a quien no, sin presentar la respectiva órden de captura, convirtiéndose esta práctica en un acto ilegítimo violatorio de los derechos humanos.

De otro lado, las unidades militares del Batallón Nueva Granada, que patrullan esta zona se alojan en los caseríos, ingresando de manera ilegal a las viviendas y en ocasiones hurtando los alimentos que tienen las personas para su sustento, usando a la población civil como escudo humano ante eventuales ataques de las guerrillas que operan en la zona, lo que constituye claramente una infracción al derecho internacional humanitario.

El día 01 de diciembre de 2009 fueron capturados ABEL ZUMALABE SARABIA de 50 años de edad y ANÍBAL ZUMALABE SARABIA de 38 años de edad, agricultores de profesión, residentes en esta comunidad, a quienes mantuvieron presos en su propia casa desde el día 01 de diciembre hasta el día 02 de diciembre, fecha en que se los llevaron para Simití, Bolívar. Estas nuevas capturas las realizó el ejército nacional junto con 3 policías de Simití, entre ellos un encapuchado vestido de policía y un desertor que no portaba capucha pero si vestía prendas de uso privativo de la policía, con corte de pelo militar. En el momento de la captura presentaron supuestas órdenes, pues eran muchos documentos. Los uniformados manifestaron que Aníbal tenía una órden de captura desde hace dos años. Estas dos personas también fueron capturadas y sindicadas de rebelión.

La comunidad de San Lorenzo manifiesta que estas dos personas son dos campesinos que trabajan para sostener a su señora madre ANA MARÍA SARABIA de 70 años de edad.

En el momento de estas capturas también preguntaron por el presidente de la Junta de Acción Comunal, quien no se encontraba en el momento.

Cuando se realizaron las primeras capturas hace 4 meses se habló de 23 órdenes de captura, hoy ya se habla ya de 70 órdenes de captura, situación que es alarmante para esta comunidad, por cuanto los habitantes de este caserío no alcanzarían a cubrir la totalidad de las órdenes que pesan sobre ellos, situación que ha conllevado al desplazamiento de la comunidad campesina, ya que no están dispuestos a que sus hijos sean capturados bajo supuestos.

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos en la región del Magdalena Medio rechazamos los constantes atropellos de que vienen siendo víctimas los campesinos de El Caguí, en el corregimiento de San Lorenzo del Municipio de Cantagallo, Bolívar.

Solicitamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos que realicen un seguimiento a estos casos para que se verifique la persecución contra esta comunidad campesina y se exija una investigación a las instituciones del Estado correspondientes.

por Aheramigua

El ejército nacional de Colombia utiliza a la población civil como escudo en la vereda Bocas de Ventarrón del corregimiento Los Canelos en Santa Rosa del sur de Bolívar

El 15 de noviembre de 2009 a las 2 PM, en la vereda Boca de Ventarrón, en el caserío Caño de la Virgen, del sur del Departamento de Bolivar, se produjo un enfrentamiento entre guerrilleros de un frente de las FARC- EP, y un grupo de soldados del Batallón RICAURTE, de la quinta brigada, perteneciente a la segunda división del ejército nacional, con sede en Bucaramanga.

En el enfrentamiento hubo disparos de fusil de parte de los dos contendientes, ejército y guerrilla. En el caserío habitan varias familias campesinas y trabajadores mineros. Relata la madrasta de un niño de 2 años que resultó muerto, que vieron a los soldados disparando cerca de las casas. Como consecuencia de esto hay varios ranchos de plástico negro,atravesados o impactados por balas. El niño que resulto muerto tenía dos (2) impactos de bala, que entran por la parte superior de la espalda y salen por el tórax.

Responsabilizamos al Estado colombiano y al Ejercito Nacional del Batallón RICAURTE, por la muerte del niño de 2 años, ya que ninguna de las partes del conflicto armado puede ingresar a los caserios, pues pone en riesgo la población civil si es atacado por su contricante.

Exigimos al Estado colombiano y a los organismos civiles de derechos humanos la investigación y sanción de los responsables de esta muerte y de esta acción que viola la seguridad de la población civil , los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

por Prensa Rural
http://prensarural.org/spip/spip.php?article3294

Corresponsales campesinos de las veredas Alto San Juan y Alto Cañabraval, de San Pablo (sur de Bolívar), informan que hoy jueves 19 de noviembre al mediodía, tras el sobrevuelo de cinco helicópteros de la Policía, varias avionetas rociaron veneno (presumiblemente glifosato) sobre esta zona, donde existen algunos cocales, pero también selvas, potreros, viviendas y cultivos de comida.

La comunidad rechaza las fumigaciones, pues constituyen un atentado contra el medio ambiente de la región, ya que se contaminan las aguas, selvas y cultivos, con consecuencias imprevisibles sobre la cadena alimenticia y la salud de la población. En algunas ocasiones incluso las personas, sus animales y sus casas han sido bañados en veneno.

En esta región se presentó en agosto un conflicto entre los campesinos y el Gobierno debido a la erradicación forzada de la coca. Hasta hace unas semanas se hicieron operativos de erradicación manual, en los cuales fueron detenidos campesinos y destruidos pequeños “laboratorios”, como se conocen las precarias chozas donde se procesa la hoja de coca en canecas para obtener la pasta básica.

El pasado 10 de noviembre, la Policía Nacional había anunciado una ofensiva contra los “cultivos ilícitos” en el país, en desarrollo de la “última fase” de erradicación manual y aérea.

Las operaciones, lideradas por el director de la Policía Nacional, mayor general Óscar Naranjo, y el director de Antinarcóticos, brigadier general Francisco Patiño, “contarán con la participación de 2.739 uniformados y 2.050 erradicadores pertenecientes a los Grupos Móviles, quienes, apoyados por una flotilla de aeronaves de aspersión y helicópteros para el transporte de personal y logística a las zonas de erradicación, ejecutarán una operación envolvente en las áreas afectadas por los cultivos ilícitos”, anunció la institución.

Como es ampliamente conocido, las aeronaves de fumigación y sus pilotos son mercenarios “contratistas” de empresas multinacionales de seguridad privada.

La Policía anunció que la operación se extenderá hasta el próximo 20 de diciembre. Le espera entonces una navidad triste a los campesinos del sur de Bolívar y de otras regiones productoras de coca y amapola, si el Gobierno no ofrece alternativas de sustitución viables.

Por Agencia Prensa Rural

Desde el 21 de agosto del año en curso tropas del Batallón Nueva Granada del Ejército Nacional y la Policía Antinarcóticos que acompañan a un grupo de erradicadores se acamparon en el acueducto de la vereda La Floresta, jurisdicción del municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar.

La comunidad ha manifestado que militares y erradicadores están contaminado el agua que consumen más de 14 familias del caserío y sus alrededores. La junta de acción comunal de la vereda de La Floresta conformó una comisión para hablar con el ejército para exigirle que se retirara del acueducto y que no se bañaran ni arrojaran residuos de comida dentro de la quebrada. La respuesta del ejército fue afirmativa, pero hasta el momento no se ha efectuado.

La comunidad manifiesta que en la vereda se están presentando casos de infecciones
estomacales en niños y adultos a raíz de la llegada de la tropa.

www.prensarural.org

por Prensa Rural
www.prensarural.org

El día 17 de agosto arribaron a la vereda Cerro Azul del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, unidades de la Policía antinarcóticos acompañados de un grupo de erradicadores. Esta acción generó la movilización de las comunidades de San Pablo, Cantagallo y Simití, que se acantonaron en Alto Ventana en Simití; Cerro Azul y Monte Carmelo en San Pablo. Desde esta fecha las comunidades se encuentran en resistencia pacífica, exigiendo la suspensión de la erradicación manual, la cual no ha sido concertada con las comunidades campesinas de la región.

Estos hechos se han visto acompañados de intimidaciones, señalamientos y hostigamientos a los campesinos de la región:

El 25 de agosto el coronel José Mauricio Zabala del Batallón Nueva Granada señaló como guerrilleros a los dos mil campesinos que se encuentran acantonados en la vereda Cerro Azul, a través de un comunicado en la emisora Tabacuru Stereo de San Pablo. En este mismo sitio hay presencia constante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.

El viernes 28 de agosto, en la mañana, el coronel Zabala hizo señalamientos a uno de los líderes de la movilización que se encuentra en la vereda Monte Carmelo, en la cual hay alrededor de 500 personas, afirmando que hacían parte de la guerrilla. Allí hay presencia de población de las veredas Monte Carmelo, Villanueva, El Retorno; Alto Cañaveral, Sicué Bajo y Caño Frío, del municipio de San Pablo.

Actualmente existen tres puntos de concentración de las comunidades.

Desde el jueves 27 de agosto, en la vereda El Triángulo, del municipio de Simití, hay alrededor de 90 personas de las veredas El Triángulo, El Tigüí y Brisas del Boque. El viernes 28 de agosto, entre las 6:30 y 7:00 am, la Policía antinarcóticos hostigó a las comunidades, haciendo disparando a sus pies y al aire. Posteriormente preguntaron a los campesinos “que si iban a seguir molestando formando grupos de gente, que por qué no se iban para sus casas”. Estos hombres están haciendo presencia en la región desde hace desde el 31 de julio.

En la vereda Alto Ventana se encuentran acampadas alrededor de 150 personas de las veredas Las Pavas, El Diamante, El Paraíso, Agua Linda, Patio Bonito, Vallecito, La Ramona, El Jardín, La Humareda Alta, La Carolina, del municipio de Simití y La Virgencita de San Pablo. Allí las comunidades solicitan acompañamiento ante el temor generado por la operaciones de la Policía antinarcóticos.

Allí hay presencia de Policía antinarcóticos y un grupo de erradicadores, entre los que se encuentran varios agentes norteamericanos orientando las operaciones.

El viernes 28 de agosto, hacia las 9:30 am, se presentaron bombardeos en las veredas aledañas al corregimiento Cerro Azul y Las Colinas, en San Pablo.

Voceros de la comunidad indicaron a Prensa Rural que el Ejército ha impedido el ingreso a la zona de personal de la Iglesia católica de San Pablo, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y de la Defensoría del Pueblo; y que la delegada de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República habría recibido instrucciones superiores de no intervenir en este caso.

Por la Asociación de Familias Campesinas del Sur Bolivar

Hombres y mujeres; campesinas y campesinos de 22 veredas de los municipios de Cantagallo y San Pablo con la piel curtida por el trabajo diario, por la lucha incansable de sobrevivencia y resistencia, con los sueños y esperanzas firmes en la búsqueda de un mundo mejor, con la decisión de permanecer en nuestro territorio nos encontramos en las Juntas de Acción Comunal, la Asociación de Familias Campesinas del Sur de Bolívar, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra en la vereda El Diamante:

Analizamos y discutimos acerca de la situación generada por la erradicación de los cultivos de uso ilícito que se están implementando por el gobierno nacional sin alternativas de sustitución.

Denunciamos que esta erradicación viene ejecutándose de manera arbitraria y no solo destruyen los cultivos de hoja de coca sino también nuestros cultivos de pancoger y se adueñan de nuestras aves de corral y animales domésticos.

Conscientes que el gobierno nacional reconoce al Sur de Bolívar como una región privilegiada para la explotación de los recursos naturales entregándola a las multinacionales, y para hacerlo ve como obstáculos los campesinos y sus organizaciones sociales que peleamos nuestra soberanía y autonomía en nuestro territorio el cual hemos habitado por muchos años aun sin que haya habido inversión ni incentivos a la producción y economía campesina.

Conscientes también que sembramos la mata de coca obligados por la pobreza y el abandono ya que es el único medio de sobrevivencia sin que se resuelvan todas nuestras dificultades.

Vemos que la erradicación de los cultivos de hoja de coca es una excusa ideal para justificar la militarización, la fumigación, generar el desplazamiento forzado de la población para el apropiamiento de nuestros territorios.

Nos enfrentamos los campesinos y campesinas productores de hoja de coca al hostigamiento por la insurgencia, presión por los grupos paramilitares, el ejército y la Policía, rechazados por Acción Social y estigmatizados por el resto de la sociedad como delincuentes.

Mantenemos nuestra decisión de declinar en estos cultivos con nuestra propuesta de plan de desarrollo y de protección integral de los derechos humanos del Magdalena Medio que se entiende como un proceso socio-económico, político y cultural, y no como un conjunto de políticas, programas y proyectos; estos son los medios para impulsar y orientar dicho proceso. Este plan de desarrollo, además de preocuparse por buscar niveles aceptables de producción y productividad de la agricultura campesina, busca incluir problemas relacionados con la democracia en el campo, la igualdad entre géneros, la participación e inclusión política, la creación de mercados locales sólidos y diversificados, el mejoramiento de la infraestructura y medios de transporte, la distribución de la población, la conservación de los recursos naturales, un manejo apropiado de los ecosistemas, el respeto de la diversidad cultural, el cumplimiento de los derechos humanos, la propiedad de la tierra y permanencia en el territorio.

Planteamos la necesidad de una acción legítima y necesaria para llamar la atención frente a lo que está pasando, para ser escuchados y para tener una fuente de ingreso que nos permita sobrevivir mientras nos sentamos a dialogar con el gobierno y se llegue al cumplimiento de acuerdos, por eso los campesinos y campesinas nos dirigiremos hacia las zonas de erradicación para exigir la suspensión de la erradicación mientras se llega al cumplimiento de acuerdos y la real inversión social en nuestros campos de acuerdo a nuestra propuesta autónoma.

Reconocemos y apoyamos la lucha y resistencia que adelantan valientemente nuestros hermanos campesinos en Las Pavas y nos unimos desde aquí donde las familias nos estamos quedando sin ninguna clase de sustento exigiendo solución en un escenario de interlocución.

Llamamos a las organizaciones campesinas, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a las organizaciones sociales y la comunidad internacional a acompañar nuestra justa lucha y resistencia en defensa de nuestra dignidad.

Invitamos a todas las organizaciones sociales a acompañar y velar por la seguridad y bienestar de los campesinos y campesinas que adelantaran esta acción.

Por nuestra dignidad, autonomía, y permanencia en nuestros territorios.

Vereda El Diamante, Cantagallo, sur de Bolívar, agosto 9 de 2009

Por Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio – OPI
Ayer 22 de abril de 2009, en el municipio de San Pablo (Bolívar), fue asesinado por presuntos paramilitares el líder Social Edgar Martínez de 36 años. Edgar se desplazaba en una motocicleta entre la cabecera municipal y la zona rural de San pablo, transcurridos dos kilómetros, en el sitio conocido como (El cuatro), fue interceptado y asesinado.

Edgar Martínez era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda el Retorno en el Municipio de San Pablo (Bolívar), integrante del proyecto Zona de Desarrollo Integral, proceso acompañado por el Programa Desarrollo y Paz y financiado por la Unión Europea; experiencia en la cual las comunidades campesinas se plantean como objetivo gestionar iniciativas sociales y comunitarias que permitan a las y los pobladores dignificar la vida y mantenerse en el territorio.

Edgar Martínez hacia parte de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar FEDEAGROMISBOL organización que hace parte de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar, proceso que en los últimos años a recibido diversas amenazas de grupos paramilitares y hostigamientos de la fuerza pública, en septiembre de 2006 fue asesinado por el Batallón Nueva Granada y presentado como guerrillero muerto en combate el líder agrominero Alejandro Uribe. El 26 de abril de 2007 fue detenido Teofilo Acuña Presidente de FEDEAGROMISBOL quien salió libre de los cargos imputados 10 meses después y en el transcurso del 2008 los integrantes de FEDEAGROMISBOL han recibido diversa amenazas por medios escritos, amenazas telefónicas y amenazas directas.

Edgar Martínez fue un líder que impulso con su participación diversos proyectos apoyados por el Programa desarrollo y paz Del Magdalena Medio PDPMM, con la muerte de Edgar son 2 los lideres sociales asesinados en lo que va corrido del 2009, que hacen parte del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

by Association of Agro-ecological and Mining Villages of Guamocó (Aheramigua)

On Sunday March 8th, in the village Los Guayacanes, southern Bolivar department, combats between the FARC-EP guerrillas and the National Army left one soldier wounded.

Army troops have camped in this village, also known as Pueblo Gato. At the same time, the guerrillas are still in the area and anti-personnel mines are known to be on nearby trails. The community fears new combats and that these could affect the civilian population.

In the village Cañaveral, part of the same municipality, paramilitary troops have been seen, which has frightened the local community.

Meanwhile, last week two community leaders from the village Villa Flor were killed by the FARC. The guerrilla told the community that they were killed because they were informants for the army.

The Association of Agro-ecological and Mining Villages of Guamocó (Aheramigua) denounces these incidents which harm civilians, violate human rights and infringe on International Humanitarian Law. We denounce that these communities fear the risk of new combats and the threat of a paramilitary attack.

We demand that the National Army not camp in farmers’ homes and that, as a constitutionally mandated institution, Army soldiers wear uniforms to identify them.

We demand that the FARC guerrilla observe the rules of International Humanitarian Norms, which exclude civilians from the confrontation, and that they not put civilians at risk by planting anti-personnel mines.

We call on humanitarian entities with presence in the Magdalena Medio region to carefully follow developments in the southern Bolivar department and to widely denounce the infractions of International Humanitarian Law and Human Rights violations.

por Aheramigua

El domingo 8 de marzo, en la vereda Los Guayacanes, zona rural del municipio de Santa Rosa del Sur, (Bolívar), se presentaron combates entre la guerrilla de las FARC-EP y el Ejército Nacional, en los que resultó herido un soldado.

Las tropas del Ejército han acampado en ese caserío, conocido también como Pueblo Gato, mientras que los guerrilleros siguen en la zona y se sabe de la presencia de minas antipersonales en los caminos. La comunidad teme que se presenten nuevos combates y que éstos afecten a la población civil.

En la vereda Cañaveral, también de Santa Rosa del Sur, se han visto tropas paramilitares, lo que ha amedrentado a la comunidad de la zona.

De otra parte, en el transcurso de la semana pasada fueron asesinados por las FARC dos líderes comunitarios de la vereda Villa Flor. La guerrilla adujo a la comunidad que estas personas fueron ejecutadas por ser informantes del Ejército.

La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua) repudia estos hechos que atentan contra la población civil, son violatorios de los derechos humanos e infringen el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Denunciamos que las comunidades están temerosas ante el riesgo de nuevos combates y la amenaza de una arremetida paramilitar.

Exigimos al Ejército Nacional que no acampe en las viviendas de los campesinos y que como una institución constitucional, porte sus distintivos respectivos.

Exigimos a la guerrilla de las FARC que observe las normas del DIH, que excluya a la población civil de la confrontación y que no ponga en riesgo a los campesinos con el sembrado de minas antipersonales.

Llamamos a las entidades humanitarias con presencia en la región del Magdalena Medio a que estén atentos a la situación del sur de Bolívar y denuncien ampliamente las infracciones al DIH y las violaciones a los derechos humanos.

La Asociación de Labradores de la Tierra Asolomafresca denuncia a la opinión pública que la firma Dangón, de propiedad del señor LUIS FRANCISCO DANGÓN, empresario palmero, se encuentra montando una planta procesadora de palma de aceite en los predios de la finca Loma Fresca, en zona rural del municipio de San Pablo (sur de Bolívar).