El CPDH-Nariño

Denuncia ante la comunidad nacional e internacional la presunta TORTURA Y
EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL de la que fueron víctimas los
señores GUMERCINDO GUERRERO PRECIADO Y JOHN FREDDY GARCÍA BASTIDAS el pasado 4 de marzo en la vereda Paraíso, municipio de Roberto Payán por parte de la brigada del Ejército Nacional que opera en la costa pacífica del departamento de Nariño.

HECHOS:

1. Aproximadamente a las 12 del día 4 de marzo de 2013 posterior al
combate sostenido entre tropas del Ejército Nacional y miembros del grupo
subversivo de las FARC – EP, fueron retenidos los Señores GUMERCINDO
GUERRERO PRECIADO Y JOHN FREDDY GARCÍA BASTIDAS quienes luego fueron
trasladados a la capitanía del puerto de Tumaco lugar al cual ingresaron con vida.

2. El día 5 de marzo de 2013 sus familiares conjuntamente con un abogado
acudieron a la Capitanía del puerto de Tumaco y lograron información
tendiente a que los retenidos se les realizaban prácticas de tortura con el
objeto de obtener información.

3. El 7 de marzo de 2013 los cuerpos sin vida de los Señores GUMERCINDO
GUERRERO PRECIADO Y JOHN FREDDY GARCÍA BASTIDAS fueron entregados a sus familiares en el Hospital de Tumaco con evidentes signos de tortura y
quemaduras con ácido en su rostro.

Se puede observar que esta práctica de ser cierta, desconoce la
normatividad colombiana, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que de acuerdo al Código
Penal Artículos. 135, 137 y 178 esas conductas corresponden a los delitos
de Homicidio en Persona Protegida, Tortura en Persona Protegida y Tortura;
en términos del Derecho Internacional Humanitario que protege a las
personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y
restringe los medios y métodos de combate, este homicidio se reconoce como
Ejecución Extrajudicial o sumaria, pues de haber sido detenidos,
correspondía a los militares Respetarles la vida y la dignidad humana, sus
derechos, ponerlos en manos de la autoridad competente para adelantar el
debido proceso y no someterlos a vejámenes y actos de barbarie proscritos
por nuestra Constitución Política y la normatividad internacional.

Por los hechos denunciados:

RESPONSABILIZAMOS: Al Estado Colombiano, al Ministerio de Defensa al
Ejército Nacional de Colombia representado en el Batallón de Infantería de
Marina que opera en la costa pacífica nariñense, vereda paraíso, municipio
de Roberto Payán y a la Capitanía del Puerto de Tumaco donde unidades del
ejército cometen los crímenes mencionados.

*EXIGIMOS: *Al Ejército Colombiano, la Infantería de Marina y sus miembros
que operan en el pacífico nariñense, responsables de la comisión de estos
crímenes individualizar, investigar y sancionar disciplinariamente a los
responsables al tiempo que remitir el diligenciamiento a la Justicia Penal
Ordinaria, toda vez que es claro que estos delitos son considerados como de
Lesa Humanidad y no pueden ser amparados por El Fuero Penal Militar.

A la Fiscalía General de la Nación adelantar la investigación exhaustiva
que permita esclarecer la verdad de los hechos y se aplique con rigor la
justicia.

A la Procuraduría General de la Nación hacer el seguimiento a las
investigaciones tanto disciplinarias como penales que el caso amerita.

INSTAMOS: A la Comunidad Internacional, a las Organizaciones Sociales y
Defensoras de Derechos Humanos acompañar y estar atentos al desarrollo de
la investigación.

Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos – Nariño

por Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

El Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, alerta a las autoridades y rechaza enérgicamente y denuncia los hechos de violencia que se han registrado en la ciudad de Arauquita, que han creado miedo y zozobra en la población, rompiendo con la paz y la tranquilidad que se venia registrando desde hace meses en esta localidad.

Los hechos violentos que han afectado a la población civil son:

1. El domingo 2 de mayo a las 9:20 pm aproximadamente un soldado del Batallón Especial Energético Vial No 1 General Juan José Neira Velazco, acantonado en el perímetro urbano de Arauquita, hirió con un tiro de fusil por la espalda al joven de 19 años de edad PEDRO JOSE POVEDA PEÑA.

2. El domingo 23 de mayo a las 9:30 pm aproximadamente sicarios en motocicleta asesinaron frente al parque principal en pleno centro de Arauquita al joven de 23 años de edad JHONATAN ANDRES GARCIA.

3. El lunes 24 de mayo a las 11:30 pm aproximadamente los jóvenes ALFONZO ENRIQUE GONZALEZ de 23 años de edad y JAIR ALBERO MAHECHA, fueron agredidos física y verbalmente por agentes de la Policía Nacional y la SIJIN de la estación de Arauquita, quienes con ráfagas de fusil y pistola los intimidaron sometiéndolos a su voluntad, pateándolos, golpeándolos, insultándolos, desnudándolos, acusándolos de guerrilleros y de querer hostigarlos, para luego esposarlos y conducirlos a la estación de policía donde los retuvieron hasta la 4 a.m del martes 25 de mayo, estos hechos repudiados por la comunidad arauquiteña, dañan la imagen y generan mas desconfianza hacia la institución policial, que tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la vida, honra y bienes de la comunidad.

4. En los últimos días vecinos de los barrios las Palmeras, Villa María y el Guadual han denunciado la presencia de sujetos de civil armados que en horas de la noche irrumpen en los solares de las casas y se paran en las esquinas de las calles de manera intimidante. Exigimos de las autoridades una pronta y ágil investigación para que estos hechos no queden en la impunidad y los responsables sean castigados con todo el peso de la ley.

por Organización Mundial Contra la Tortura – OMCT

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.

Nuevas informaciones:

El Observatorio ha recibido con satisfacción información sobre la puesta en libertad sin cargos de los Sres. José Evelio Gutiérrez, miembro de la Junta de Acción Comunal del casco urbano del municipio de Arauquita, José Del Carmen Sánchez, anterior Presidente del Comité de la Asociación Campesina (ACA) en el municipio de Arauquita, Edinson Palomino Banguero, afiliado y miembro fundador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) seccional Arauca y Presidente del Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios (SINTRAOVA), filial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Omar Alarcón Castillo y de la Sra. Damaris de Jesús Escorsia López, éstos dos últimos afiliados a la ACA.

Según la información recibida, el 9 de abril de 2010 el juez especializado de Arauca Rodrigo Rodríguez declaró a los Sres. José Del Carmen Sánchez, Edinson Palomino Banguero, Omar Alarcón Castillo, José Evelio Gutiérrez y la Sra. Damaris de Jesús Escorsia López inocentes, al no contar con elementos probatorios suficientes para mantenerlos en prisión y/o condenarlos. Los Sres. Sánchez, Palomino Banguero, Alarcón Castillo, Gutiérrez y la Sra. Escorsia López fueron detenidos el 12 y 13 de enero de 2008 por miembros de los organismos de seguridad de Colombia. Los cinco liberados han cumplido más de dos años en la cárcel (Ver antecedentes).

La situación de seguridad de las personas liberadas es particularmente delicada ya que en el pasado miembros y dirigentes de la ACA que pasaron por procesos similares han sido asesinados posteriormente a su liberación. Este es el caso de los Sres. Israel Verona, miembro de la ACA, y Apolinar Herrera, dirigente de la misma asociación, asesinados en marzo de 2010 y noviembre de 2009 respectivamente. La situación concreta del Sr. José del Carmen Sánchez es inquietante ya que había recibido diez amenazas antes de ser detenido y una durante su estancia en la cárcel, por las que no ha interpuesto denuncia.

El Observatorio se congratula de esta decisión judicial e insta a las autoridades colombianas a que garanticen la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas liberadas. Sin embargo, el Observatorio hace notar que en el Informe de Misión a Colombia, presentado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2010, la Relatora Especial de Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos se mostró “profundamente preocupada” por el patrón que siguen los procedimientos judiciales infundados contra defensores de derechos humanos en Colombia, particularmente en los casos en que se acusa a los defensores de “rebelión” y “terrorismo” con base en informes de inteligencia militar y civil así como en testigos no fidedignos1.

Por lo tanto, el Observatorio muestra su inquietud por el uso del aparato judicial para obstaculizar las actividades de defensa de los derechos humanos y de manera general manifiesta su preocupación por la situación de hostigamiento en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia.

Adicionalmente, el Observatorio señala que en su visita a Colombia en 2008, el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas informó de la práctica de las detenciones masivas. Según dicho informe, “esta situación ha originado la tesis de que el Estado ha utilizado la ley y los tribunales con el fin de montar cargos criminales contra personas reconocidamente inocentes, normalmente dirigentes sociales, municipales y sindicales, con el fin de estigmatizarlos, y luego justificar otras medidas represivas”2.

El Observatorio recuerda también que en su Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, publicado en 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “que las defensoras y defensores de derechos humanos tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia” y reconoció al igual que la Corte Interamericana que “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen [su] trabajo […]”3.

Antecedentes:

Los días 12 y 13 de febrero de 2008, los Sres. Edinson Palomino Banguero, José del Carmen Sánchez, Omar Alarcón, José Evelio Gutiérrez y las Sras. Damaris de Jesús Escorcia López y Mercy Tatiana Blanco, abogada y agente del Ministerio Público en el Departamento de Arauca, fueron detenidos en el marco de una detención masiva llevada por un operativo conjunto del ejército y de la policía en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca. Los Sres. Edinson Palomino Banguero José del Carmen Sánchez. Omar Alarcón, José Evelio Gutiérrez y la Sra. Damaris de Jesús Escorcia López fueron acusados de actos de “rebelión”, “extorsión”y “concierto para delinquir”. El Sr. José Evelio Gutiérrez fue imputado además por “terrorismo”. Por su parte, la Sra. Mercy Tatiana Blanco fue acusada de “rebelión”.

Desde el año 2003, el Sr. Palomino Banguero así como los directivos de SINTRAOVA son víctimas de amenazas y actos de hostigamiento por parte de efectivos del ejército y de la policía, y varios de ellos tuvieron que salir del departamento e incluso del país. La Sra. Blanco, por su parte, desde su nombramiento como personera municipal en agosto del 2005 y en la calidad de funcionaria pública, ha registrado e investigado los atropellos en contra de la población civil cometidos por los agentes estatales.

El 3 de marzo de 2010, las audiencias en el marco del proceso en contra del Sr. Edinson Palomino Banguero y de la Sra. Mercy Tatiana Blanco – previstas del 2 al 5 de marzo – fueron aplazadas a solicitud de la representante de la Fiscalía bajo el argumento de que los testigos de cargo no se habían podido presentar para estas fechas.

Las audiencias en el caso del Sr. Edinson Palomino Banguero se realizarían del 17 al 19 de marzo ante el Juzgado Penal del Circuito especializado de Arauca. Bajo los mismos cargos comparecerían también ese día el Sr. José del Carmen Sánchez y la Sra. Damaris de Jesús Escorcia López.

A su vez, el caso de la Sra. Mercy Tatiana Blanco fue transferido al juzgado especial de Saravena donde continúa el proceso. La Sra. Mercy Tatiana permanece en arresto domiciliario en el municipio de Arauquita.

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de Colombia instándolas a:

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Edinson Palomino Banguero José del Carmen Sánchez, Omar Alarcón Castillo y de las Sras. Mercy Tatiana Blanco y Damaris de Jesús Escorcia López, así como de todos los defensores de derechos humanos en Colombia;

ii. Velar por que se ponga fin a todo tipo de agresión, hostigamiento – incluso a nivel judicial – y violencia contra los Sres. Edinson Palomino Banguero, José del Carmen Sánchez, Omar Alarcón Castillo y de las Sras. Mercy Tatiana Blanco y Damaris de Jesús Escorcia López, así como todos los defensores de derechos humanos en Colombia;

iii. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) y a “garantizar la protección […] de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la […] Declaración” (Art. 12.2);

iv. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.

Notas:

1 Ver Consejo de los Derechos Humanos, Informe Misión a Colombia (7-18 septiembre 2008) de la Relatora Especial de Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos, párrafo 74, Documento de las Naciones Unidas A.HRC.13.22.Add.3, 4 de marzo de 2010.

2 Ver Consejo de los Derechos Humanos, Informe de la Misión a Colombia del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (1-10 de octubre de 2008), párrafos 60 a 64, Documento de las Naciones Unidas A/HRC/10/21/Add.3, 16 de febrero de 2009. 3 Ver entre otros Comunicado de Prensa de la Organización de los Estados Americanos, 18 de octubre de 2006.

Direcciones:

• S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: + 57 1 566 20 71

• Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Tels.: +57 1 334 45 07, +573772 01 30, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co; ppdh@presidencia.gov.co

• Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 571 640 0491 E-mail: agenda@agenda.gov.co

• Sr. Rafael Bustamante Pérez, Proyecto de Prevención a Violaciones de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Carrera 8 No. 13-31 piso 4to. Tels.: 57.1.4443100 Ext. 2410 Fax: +57 1 2827440 E-mail: rbustamante@mij.gov.co

• Sr. Guillermo Mendoza Diago (encargado), Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +571 570 2000; +571 414 90 00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co

• Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57 1 342 97 23; + 571 284 79 49 Fax: +571 342 9723; E-mail: cap@procuraduria.gov.co ; quejas@procuraduria.gov.co ; webmaster@procuraduria.gov.co ;

• Sr. Gabriel Silva Luján, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co

• Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co

• Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: +57 1 336 03 11, FAX: +57 1 337 46 67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co

• Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, Calle 21 No. 19-14, Barrio Córdoba, Arauca. Fax: +57 7 885 17 80

• Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. Fax: + 41 22 791 07 87; E-mail: mission.colombia@ties.itu.int

• Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: Fax: +32.2.646.54.91

Se ruega escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

***

Ginebra-Paris, 14 de abril de 2010

Sírvanse informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.

El Observatorio, Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

• E-mail: Appeals@fidh-omct.org

• Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

• Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80