MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crimen es de Estado, MOVICE,
denuncia la ejecución extrajudicial del campesino MANUEL ENRIQUE MARTÍNEZ CARDONA, en Tierra Alta, Córdoba, el 5 de mayo 2013.

El Sr. Martínez Cardona fue atacado por el Ejército Nacional,en el corregimiento de la Osa, municipio Tierra Alta, Cordoba, en horas de la mañana el día 5 de mayo, resultando gravemente herido. Falleció hacia las 4 a.m. del 6 de mayo en el hospital de Tierralta, Córdoba.Esta acción militar, que constituye otro ataque
indiscriminado contra la población civil, tuvo lugar luego de la Acción Humanitaria
y solidaria emprendida para la protección y promoción de los Derechos Humanos los días 26 y 27 de abril, llevadas a cabo en el corregimiento de Crucito.

Es de resaltar que la Acción Humanitaria, desde la preparación de la misma, fue
estigmatizada y atacada por la fuerza pública, por autoridades civiles de la
región. De esta forma, se niega el derecho a la defensa y protección de los
Derechos Humanos y a la libre expresión.

Nos parece aberrante, que en el marco de los diálogos de paz, el Ejercito Nacional siga atacando a la población civil y sin que se pronuncie el gobierno nacional.

Este asesinato se suma a los de Elver Cordero, el 9 abril y Ermes Enrique Vidal
Osorio, el 23 de marzo, también en el departamento de Córdoba. Estos dos fueron reclamantes de tierra.

Exigimos:

Que las autoridades estatales realicen una investigación de los hechos, para
asegurar que los militares responsables de ordenar esta acción militar contra la
población civil estén juzgados y condenados.

Que el gobierno se pronuncie contra las acciones que el Ejercito Nacional sigue
realizando contra la población civil.

Que las organizaciones nacionales e internacionales se comuniquen con las
autoridades, para exigir que estas exigencias se cumplan.

Dirijanse a:

Presidente Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26, Palacio de Nariño, Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 596 0631
Email: buzon1@presidencia.gov.co , comunicacionesvp@presidencia.gov.co

Angelino Garzón
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

Fax: (+57 1) 596 0651

Teléfono: +571 334 4507

Email: comunicacionesvp@presidencia.gov.co
contactovicepresidencia@presidencia.gov.co ppdh@presidencia.gov.co

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
14 mayo 2013

Naciones Unidas

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, condenan el asesinato del señor Ever Cordero Oviedo, líder comunitario, desplazado y presidente de la mesa de víctimas de Valencia, Córdoba, quien ayer antes de su muerte se encontraba en Valencia organizando los eventos conmemorativos del día de las víctimas.

“Nos preocupa esta muerte violenta porque es el segundo asesinato en las últimas dos semanas que afecta a líderes de tierras en Valencia. El señor Ever Cordero tenía amplia trayectoria y era reconocido por las instituciones y la sociedad civil por su liderazgo en temas de tierras y de víctimas”, dijeron los representantes de estas agencias de la ONU.

Las agencias de la ONU, que suscriben este comunicado, expresan sus condolencias a los familiares del señor Cordero, y al movimiento de víctimas en el país.

Las agencias de la ONU expresan su consternación y preocupación por la falta de protección eficaz que enfrentan las víctimas en varias regiones del país, y por la situación de violencia, control, presiones y amenazas que viven ante la presencia de diferentes grupos armados.

Las agencias de la ONU instan a las autoridades pertinentes a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de este crimen, y de otros crímenes de víctimas ocurridos en los últimos años, ya que superar la impunidad es imprescindible para lograr una verdadera protección de las víctimas en Colombia.

Las agencias de la ONU esperan que las instituciones del Gobierno, entre ellas la Unidad Nacional de Protección, puedan tomar medidas efectivas para proteger la vida y la seguridad de los defensores de derechos humanos, haciendo énfasis especial en aquellos líderes y lideresas que se encuentran en las regiones.

ASCNA

La Asociación Campesina del Norte de Antioquia, ASCNA, identificada con NIT 900488021-
4. Oficia a las agencias del ministerio público y denuncia públicamente. Los hostigamientos y
agresiones violatorias del derecho de reunión y asociación que el Estado colombiano viene
cometiendo de forma sistemática y planificada por medio de agentes Estatales, paramilitares y de
la fuerza pública en contra de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia ASCNA.

HECHOS.

1. Es de nuestro conocimiento que en las recientes semanas paramilitares pertenecientes al
auto nombrado grupo de los Paisas, quienes ejercen control socia disciplinante por medio del
terrorismo de Estado en el sitio el Doce de Taraza, vienen indagando a ASCNA, basados en los
constantes señalamientos realizados por el ejército colombiano a través de su emisora
Colombia estéreo, con sede en mencionado lugar.

2. Los días 29 y 30 de Enero del presente año la ASCNA realizó una capacitación a sus
afiliados en derechos humanos en el municipio de Yarumal Antioquia, la cual fue motivada
pedagógicamente por el Programa Somos Defensores. A pesar de haber notificado por escrito
a las autoridades locales del evento, su carácter y objetivos, los participantes en este taller
fuimos víctimas de constantes seguimientos y filmaciones por personal de civil de los
organismos de seguridad del Estado. Hasta llegar a realizar un retén cuando regresaban los
asistentes al taller a sus lugares de origen siendo fotografiados e interrogados de forma
arbitraria por parte de agentes de la policía Yarumal, los cuales preguntan específicamente
por el taller realizado.

3. Desde la tarde del 1 de febrero en el Municipio de Taraza fue detectado un seguimiento por
hombres de civil al compañero Jorge Ríos destacado dirigente Campesino del Bajo Cauca
Antioqueno y asesor de organización de ASCNA. Los individuos incluso pasaron la noche en
inmediaciones de su lugar de residencia. Al ver que legadas las 10 de la mañana del día 2 de
Febrero y estos sujetos permanecían allí, nos comunicamos con la OACNUDH para que por
medio del comando de policía de Taraza se estableciera quienes eran estos personajes.
Obteniendo como respuesta que eran miembros de la inteligencia de la policía SIJIN, bajo una
tarea de investigación abierta contra los dirigentes campesinos del Bajo Cauca Antioqueno.
Nos preocupa esta situación ya que es manifestación de la sistemática persecución contra ASCNA
como lo sucedido contra nuestras dirigentes Ana Francisca Pérez y Yolanda de la Misericordia
Restrepo victimas de falso positivos judiciales.
Ante estos hechos de flagrante de violación a los derechos humanos:

Exigimos:

1. Se garantice el derecho de asociación, Expresión, reunión y movilización a los habitantes del
norte de Antioquia y bajo Cauca Antioqueno y en específico a los asociados de
ASCNA.

2. Se garantice el derecho a defender los derechos humanos a los dirigentes campesinos del
Norte de Antioquia y Bajo Cauca Antioqueno.

3. Se abran investigaciones oficiosas por parte de la procuraduría general de la Nación y las
fiscalías delegadas en derechos humanos, contra el comando de policía Yarumal, contra el
comando de policía Taraza y contra la SIJIN Por violación de los derechos humanos en los
fundamentales de Asociación, reunión, expresión y movilización que ha sido víctima ASCNA y
sus asociados.

4. Se abra similar investigación sobre la emisora Colombia estéreo del ejército colombiano y
además se les investigue por difamación, y concierto para delinquir ya que buscan propiciar
el exterminio de las asociaciones campesinas del bajo cauca y las del norte de Antioquia
porque somos críticos a su plan de consolidación.

5. . Respetar la intimidad y vida de Jorge Ríos, como su derecho a defender los derechos
humanos de las comunidades.

6. Respetar la vida e intimidad como su derecho a defender los derechos humanos de las
comunidades de Luz Mery López dirigente campesina del municipio de Anorí afiliada a ASCNA
detenida arbitrariamente hace 6 meses, absuelta y declarada inocente por un Juez de la
República el pasado 31 de enero y puesta en libertad.
ASCNA.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071 Fax: (+57 1) 566.20.71
comunicacionesvp@presidencia.gov.co
ppdh@presidencia.gov.co

Vicepresidente de la República de Colombia ANGELINO GARZÓN
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
Teléfonos (57 1) 444 2120 – 444 2122
Fax: (57 1) 596 0651
E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co Twitter: @angelino_garzon

MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA.
ministro@minjusticia.gov.co

DEFENSOSIA DEL PUEBLO. JORGE ARMANDO OTÁLORA
defensoria@defensoria.org.co

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN EDUARDO MONTEALEGRE
Diagonal 22B No. 52-01 – Bogotá, D.C.
Teléfonos: 570 20 00 – 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co denuncie@fiscalia.gov.co

MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA.
ministro@minjusticia.gov.co

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
quejas@procuraduria.gov.co

CPDH

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)
denuncia ante la opinión pública la situación de riesgo en la que se encuentra el
señor HARRY CAICEDO PERLAZA, defensor de Derechos Humanos y director
del CPDH – El Charco, Nariño, beneficiario de las medidas cautelares MC 323-11
otorgadas a los miembros del CPDH por la corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).

HECHOS
El 13 de enero de 2013, a las 11:30 pm aproximadamente, mientras el defensor de
derechos humanos Harry Caicedo se encontraba en su casa durmiendo con su
esposa y su hijo de 6 meses, se realizaron disparos al frente de su residencia.
Recientemente el señor Caicedo fue victima de que se le prendiera fuego a su
casa y golpearan brutalmente hasta casi matar al perro que tiene como mascota.

2. HARRY YESID CAICEDO PERLAZA, fue objeto de detención ilegal de la
libertad por error judicial, del 16 de noviembre de 2010 al 9 de septiembre de
2011, en el marco de investigación penal bajo radicación número 827940-1509,
de la Fiscalía Décima Delegada ante el Tribunal.
Posteriormente, mediante resolución interlocutoria No. 109 del 18 de noviembre
de 2011, la fiscalía 38 especializada de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, resolvió en su numeral séptimo: “Proferir resolución de
Preclusión de la investigación que se adelantó contra el señor HARRY YESIS
CAICEDO PERLAZA, de condiciones ampliamente conocidas, por los delitos de
rebelión, toma de rehenes y homicidio agravado”. Por lo tanto Harry Caicedo,
recupera nuevamente su libertad.
La detención de HARRY YESID CAICEDO PERLAZA y JACINTO CASTILLO
CUNDUMI, miembros del CPDH de “El Charco”, ocurrió el 16 de noviembre de
2010, a las 5:00 a.m., el lugar de residencia de HARRY CAICEDO, ubicado en el
barrio “San José”, del municipio de “El Charco” – Nariño, fue objeto de una
diligencia de allanamiento, en la cual, fue agredida físicamente su esposa, la
señora BERCELLI CAICEDO VALLECILLAS. Los oficiales que realizaron el
allanamiento se llevaron el computador personal del señor HARRY CAICEDO,
quien junto con JACINTO CASTILLO CUNDUMI, fueron detenidos arbitrariamente
y trasladados inmediatamente hasta la ciudad de Cali – Valle del Cauca. Además,
en el desarrollo de estos atropellos, fue allanada la casa de habitación de la
señora REINELDA PERLAZA, madre del señor CAICEDO, en donde ella y su
familia fueron objeto de maltratos por parte de las autoridades que realizaron la
acción.
El allanamiento y la posterior detención se realizaron como producto de una
permanente persecución contra los defensores(as) de Derechos Humanos y
líderes comunitarios de la zona, quienes en anteriores ocasiones han sido víctimas
de constantes señalamientos por parte de las autoridades, fuerza pública y grupos
paramilitares. HARRY CAICEDO y JACINTO CASTILLO fueron detenidos
injustamente en la cárcel de Vista Hermosa de la ciudad de Cali, por orden de la
fiscalía 38 de la Unidad de Derechos Humanos, acusados por los delitos de toma
de rehenes, concierto para delinquir y rebelión.
En los primeros días de noviembre de 2011, presuntos agentes de la SIJIN
vestidos de civil, estuvieron indagando a la población de “El Charco” y al padre de
HARRY, con el fin de obtener información personal y la ubicación de éste y de
JACINTO CASTILLO, pero como los presuntos agentes no se identificaron, la
población no les dio ninguna información por temor a la seguridad de los dos
defensores.

SOLICITAMOS
Investigación penal efectiva y pronta, a fin de dar con el paradero e individualizar a
los presuntos responsables de los hechos anteriormente narrados. COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

CPDH Caldas

ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO, MEDIOS DE COMUNICACION ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES Y NACIONALES, OFICINAS EN COLOMBIA DE ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS, COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, MOVIMIENTO SOCIAL DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS, MOVIMIENTO SINDICIAL, ESTUDIANTIL, COMUNIDAD EN GENERAL.

DENUNCIAMOS

Detención arbitraria de ocho profesionales de diferentes disciplinas egresados de la Universidad de Caldas, en capturas simultaneas realizadas en Bogotá, Manizales, Cali, Huila y Risaralda. Estas capturas fueron realizadas violentando la dignidad de los profesionales pues fueron capturados en sus lugares de trabajo (hospitales, colegios, fundaciones) frente a sus pacientes, alumnos, compañeros de trabajo, con despliegue de fuerza intimidatoria. Además se trata de un proceso que data del año 2006 sin que los detenidos hubiesen sido notificados

ANTECEDENTES.

1.Los y la capturados eran estudiantes de la Universidad de Caldas en el año 2006 de las áreas de Medicina, Sociología, Trabajo Social, Biología, Filosofía y Letras.

2.La y los detenidos terminaron sus estudios universitarios y desde entonces están dedicados a ejercer su profesión y cualificarse a través de realización de posgrados y maestrías en sus correspondientes disciplinas.

HECHOS

1.El día 22 de noviembre en horas de la tarde, entre las 2 y las 5 p.m. fueron privados de su libertad en diferentes ciudades del país, siete profesionales hombres y una mujer; trasladados a Manizales.

2.En audiencia pública tanto de legalización de captura como de imputación de cargos, realizadas durante los días viernes 23 y sábado 24, el fiscal 12 informó que las capturas fueron ordenadas el día 20 de noviembre en audiencia privada por la juez quinta penal y hechas efectivas el 22 de Noviembre, es decir a los dos días. (llama la atención esta rapidez para hacer efectivas las capturas si se compara con asuntos de delicada trascendencia para la vida del país, por ejemplo funcionarios del anterior gobierno nacional con ordenes de captura que no han sido efectivas varios años después de ser emitidas)

3.El sustento para las capturas está basado en declaraciones y señalamiento recibidos a personas acogidas al programa de desmovilización (informantes) por hechos supuestamente ocurridos en el año 2006.

4.Llama la atención y causa mucha preocupación el hecho que el fiscal 12 de Manizales, al momento de relacionar supuestas pruebas contra la y los profesionales, presenta un escrito extenso en el que aparece una mención a la Unión Patriótica haciendo ver este proceso como “un revés que sufrió la insurgencia armada y por eso crea un nuevo proceso, el PC3 organización a la que pertenecen los capturados”. Esto demuestra que el genocidio estatal cometido contra la UP así como la persecución, hostigamiento y señalamiento a sus sobrevivientes se mantiene.

5.El juez de garantías actuó dando por ciertas las imputaciones, condenando a la y los profesionales sin empezar la etapa de juicio, violentando el derecho a la presunción de inocencia, pero además mostrando una gran indolencia e irrespeto a la dignidad humana, pues ante la petición hecha por la representante de la Procuraduría General de la Nación y los abogados de la defensa de otorgar el beneficio de la detención preventiva domiciliaria, se negó, sin importar el estado de salud de la profesional en medicina ni de los padres de avanzada edad de uno de los profesionales en cuya responsabilidad recae el sustento y cuidado de sus ancianos padres.

EXIGIMOS

1.A la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo estar atentos y garantizar que se cumpla el debido proceso, así como ordenar a quien corresponda revisión del estado de salud de la profesional en medicina trasladada a la institución carcelaria Villa Josefina de la ciudad de Manizales.

2.A los organismos de control del Estado, el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, las direcciones de las instituciones carcelarias de varones y mujeres de la ciudad de Manizales a respetar el debido proceso y la dignidad humana de la y los profesionales, teniendo en cuenta que la privación de la libertad no lleva en ningún momento a la privación de los Derechos Humanos de las personas.

3.A los medios de comunicación nacional y local a respetar la dignidad de la y los profesionales, ser objetivos en la presentación de la noticia y abstenerse de emitir conceptos que violenten el derecho a la presunción de inocencia.

LLAMAMOS

A los Organismos de Control del Estado, medios de comunicación, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, Oficinas en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas, del Comité Internacional de la Cruz Roja; a los movimientos: sindical, estudiantil, femenino, cívico popular y comunidad en general a exigir el respeto por el debido proceso, los derechos humanos y la dignidad humana de los profesionales. CARLOS ANDRES OSPINA PARRA, ALEXANDER PEREZ JIMENEZ, LESNER ALMENARES GOMEZ, ANDRES FELIPE ALVAREZ DAVILA, YHOAN DAVID RUIZ RINCON, LILIANA CAMPO AVILA, JULIO CESAR MURRILLO GARCIA.

JUNTA DIRECTIVA CPDH CALDAS

Asorvimm

La organización regional de víctimas de crímenes de estado en el magdalena medio ASORVIMM denuncia ante las autoridades competentes, órganos de control, organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y comunidad en general la desaparición forzada del compañero MIGUEL ANGEL PAVON PAVON presidente del asentamiento los acasios del municipio de san Vicente de chucuri que limita con el corregimiento de la fortuna.

HECHOS

según versiones de algunos habitantes del asentamiento los acasio el día miércoles 31 de octubre como alas 11de la noche vieron por última vez al señor miguen ángel pavón en compañía de dos hombres desconocidos y extraños para la comunidad que lo llevaban con dirección así la salida que va para san Vicente de chucuri situación que no tuvieron en cuenta las personas que observaron la presencia de personas extrañas al lado del don miguel, el primero de noviembre algunos de los habitantes se preocuparon al no ver a don miguel como a las dos de la tarde comenzaron a extrañar la presencia de su presidente que siempre estaba pendiente de todo a su vez comenzaron a preguntar si alguien lo había visto al no obtener respuestas empezaron a preguntarse sobre su paradero y que habría pasado con miguel que nunca faltaba a sus compromisos y mucho menos se ausentaba de esa forma tan extraña, siempre que el iba a salir le comunica a la comunidad para donde iba y cuando regresaba, estas fueron las razones que llevaron a la comunidad a darse cuenta que lo de don miguel era una desaparición forzada, el 2 de noviembre envista que no a parecía ,aumento su preocupación por la desaparición y decidieron a través de una llamada denunciar el caso a la policía de Bucaramanga donde no les recibieron la denuncia por que no habían trascurrido aun las 72 horas desde el momento del hecho que fue el 31 de octubre a las once de las noche a

el 2 de noviembre a las 10 am, envista de la situación algunos integrantes de la comunidad decidieron llamar a la organización de crímenes de estado ASORVIMM para informar lo que estaba sucediendo con el presidente de la junta del asentamiento los acasios, ASORVIMM asesoro la comunidad para que hicieran la denuncia en la defensoría de Barrancabermeja para que se activaran las alertas tempranas de búsqueda de personas desaparecidas teniendo en cuenta que no tenía aun las 72 horas de su desaparición forzada, la defensoría no les quería recibir la denuncia por que les decía que tenía que hacer esto eran los familiares y no la comunidad pero por su insistencia lograr poner la queja de esta desaparición forzada en la defensoría de Barrancabermeja el día 3 algunos habitantes de la comunidad se reunieron para mirar que acciones realizaban y decidieron pegar afiches con el nombre de don miguel en la fortuna y sus alrededores diciendo que se encontraba desaparecido y si alguien sabia de su paradero por favor comunicarle a la comunidad de los acasios y esta mañana con sorpresa vieron que alguien mal intencionado había arrancado los afiches por lo que la comunidad se encuentra atemorizada y con mucho miedo ante estos acontecimientos violentos, en vista de este muevo hecho la comunidad deciden llevar acabo la reunión que había sido convocada por don Miguel antes de su desaparición forzada para hoy 4 de noviembre a las ocho de la mañana, donde asistieron más 150 personas para evaluar la situación y mirar que decisiones realizar al respecto de esta reunión, salió una comisión de 90 personas para comenzar una búsqueda por los al rededores del asentamiento los acasios incluyendo la meseta de san Rafael donde avían rumores de un cuerpo y que posible mente podría ser el de don Miguel, la comisión salió hacia el sitio como a las 9 de la mañana al llegar a la meseta de san Rafael comenzaron la búsqueda por los alrededores pero no encontraron nada , a las 2 de la tarde salieron nuevamente para las montañas hacia san Vicente de chucuri.

Cabe resaltar que don MIGUEL ANGEL PAVON PAVON.

es uno de los gestores de este asentamiento y desde el 15 de mayo del 2011 tomo la decisión de estar al frente del seguimiento del proceso jurídico que se adelantaba en el momento a favor de esta comunidad para evitar un posible desalojo teniendo como resultado el fallo de la tutela a favor de su comunidad, él es un defensor de los derechos humanos y líder activo en los procesos sociales en barranca bermeja y su comunidad, al igual participa activa mente de las actividades propuestas y realizadas del movimiento marcha patriótica, también acompañaba los procesos de los cacaoteros en san Vicente de chucuri entre otros procesos sociales.

Exigimos a las autoridades competentes activar las alertas tempranas de búsqueda para dar con el paradero del señor MIGUEL ANGEL PAVON PAVON y adelantar todas las investigaciones pertinentes al respecto de este hecho que es un acto de violación que atenta contra la integridad física y psicológica de don MIGUEL y la comunidad en general de los acasios y los derechos humanos políticos sociales y culturales.

Al comité de derechos humanos de la policía del magdalena medio adelantar investigaciones con respecto a este hecho de desaparición forzada que atenta contra la vida e integridad física de este líder social y comunitario.
EXIGIMOS QUE SE ADELANTEN ACCIONES URGENTES QUE GARANTICEN LA VIDAD E INTEGRIDAD FISICA DE DON MIGUEL PAVON PAVON PRESIDENTE DE EL ASENTAMIENTO DE LOS ACASIOS MUNICIPIO DE SANVICENTE DE CHUCURI CORREGIMIENTO DE LA FORTUNA

MOVICE

Detenciones arbitrarias y abuso de autoridad por parte de agentes de la Policía de Nariño y el Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD contra los participantes de la movilización pacífica convocada para el día 12 de Octubre 2012.

Siendo aproximadamente la 1:00 de la tarde del día viernes 12 de octubre de 2012 agentes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD y la policía nacional en cabeza del Sub comandante MANSEL NARVAEZ, el Sub teniente HEISEN MERA, y los patrulleros LANDÁZURI y JHON ANDRADE, entre otros procedieron a atacar indiscriminadamente con gases lacrimógenos, agua, piedras, balas de caucho y artefactos explosivos a los miles de campesinos, indígenas, estudiantes, afro descendientes, docentes y demás ciudadanos participantes de la movilización, quienes se encontraban en inmediaciones de la Plaza de Nariño de la ciudad de Pasto. Dichas agresiones se ejecutaron por órdenes expresas del alcalde de Pasto HAROLD GUERRERO LÓPEZ, quien de manera arbitraria, dictatorial e irracional ordenó impedir el paso de los manifestantes hacia la Plaza de Nariño.

Siendo la 1:20 de la tarde y en medio del pánico causado por las agresiones, de miembros del ESMAD, en la calle 18 con carrera 25 frente al Hotel Agualongo de Pasto, retienen de manera ilegal a la compañera ÁNGELA NAVIA LÓPEZ, integrante del MOVICENAR y de FUNDEPAZ, quien realizaba acciones de acompañamiento en la movilización, ANGELA NAVIA, fue sometida con fuerza innecesaria y desproporcionada, insultada, golpeada por una agente de policía quien ocultó su identificación y aprovechándose de su calidad de mujer la intimidó reiteradamente, amenazó, estigmatizó, la agarró del brazo y del cabello por más de dos cuadras, diciéndole de manera textual “guerrillera hijueputa” mientras otros agentes continuaban golpeándola en las piernas con un bolillo, situación que le generó lesiones personales a la lídereza.

Siendo aproximadamente las 2:00 de la tarde cuando la compañera MARTHA CEBALLOS VEGA, secretaria técnica del MOVICE Nariño, en su calidad de defensora de los derechos humanos, intervino ante agentes del Comando de Policía de Nariño en aras de que cesaran su accionar ilegal en contra del manifestante JORGE ÁLAVA, intentando retenerlo con falsos cargos y acusaciones, la compañera fue insultada y golpeada por los mismos agentes, hecho ocurrido en la carrera 25 con calle 19 en el centro de Pasto. Por su parte el intendente Landázuri se dedicó a intimidarla, tomarle fotografías y videos junto a los civiles que se encontraban en el sector en ese momento.

En medio de esta situación generada por la irracionalidad policial y el abuso de poder, los agresores continuaban cometiendo toda clase de ataques contra de la población civil , como el ocurrido con un reciclador que manifestó su inconformidad por lo sucedido a quien un agente de policía le lanzó gas pimienta directamente en la cara, del mismo modo de manera violenta y arbitraria procedieron a detener al compañero GERARDO CANTICUZ, indígena del cabildo mayor Awá CAMAWARI del Municipio de Ricaurte, por manifestar su inconformismo frente a los abusos en contra de la compañera Martha Ceballos y de otras mujeres agredidas.

Rechazamos los abusos y graves violaciones de los derechos humanos cometidos en contra de nuestros compañeros indígenas, afros, campesinos, estudiantes, defensores de derechos humanos y de la población civil en general, por cuanto se ha violado de manera directa los derechos constitucionales a la movilización, a la libertad, dignidad, buen nombre.

Hoy más que nunca nos sentimos indignados por cada una de las agresiones cometidas en contra de nuestros compañeros, por la extralimitación de poder, por la incapacidad de los gobernantes de respetar los postulados constitucionales, por la brutalidad policial, la presencia de infiltrados de la Sijin entre los manifestantes y por cada una de los hechos ocurridos en medio de la movilización pacifica realizada el 12 de Octubre de 2012.

Desde ya responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, a la Administración Municipal en cabeza del señor HAROLD GUERRERO LOPEZ, por los perjuicios ocasionados con las agresiones, por las afectaciones físicas o psicológicas de las que fueron objeto los manifestantes y exigimos al Estado Colombiano, a la Gobernación de Nariño, a la Procuraduría Nacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, al Comando de Policía de Nariño y demás entidades responsables que de manera inmediata se inicien las acciones correspondientes para investigar y castigar penal y disciplinariamente a los responsables de estos hechos y a estar atentos a los avances y desarrollo de estos procesos.

Exigimos de manera particular al señor alcalde de Pasto HAROLD GUERRERO LÓPEZ y al Comandante de Policía de Nariño Coronel VICTOR HUGO DIAZ ORJUELA que de cara al pueblo nariñense rindan las explicaciones correspondientes frente a las violaciones de derechos humanos denunciadas, más cuando en reuniones previas se había acordado que la movilización sería completamente pacifica como una clara muestra de apoyo al proceso de paz.

La Asociación Colectivo Mujeres Al Derecho

Barranquilla 03 de octubre de 2012

Las organizaciones abajo firmantes denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, las Amenazas contra La Asociación Colectivo Mujeres Al Derecho que fueron recibidas el día, 02 de Octubre a las 11:26 a.m., mediante un correo electrónico enviado desde la dirección electrónica “ ejercito.antirestitucion@hotmail.com”, con el asunto “HE AQUÍ UNA AMENAZA” y que fue recibido en la bandeja de entrada del correo institucional del Colectivo Mujeres Al Derecho “ info@colectivomujeresalderecho.org”. [1]

La Asociación Colectivo Mujeres Al Derecho y el espacio Multicultural de mujeres,expresamos nuestras graves preocupaciones por el significativo aumento de amenazas, ataques, seguimientos y hostigamientos contra los procesos organizativos de mujeres y las lideresas en procesos de restitución de tierras en la Región Caribe y toda Colombia. y particularmente por esta amenazaen donde se declara objetivo militar a 15 organizaciones de derechos Humanos en Colombia de los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, Risaralda, Quindío, Caldas, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Sur de Bolívar, Huila, Córdoba, Choco, Santander, Arauca, Guaviare, Casanare, Atlántico y Magdalena.

El correo electrónico del ejercito anti restitución dice textualmente “los comandos urbanos del ejercito anti restitución hemos llegado a las siguiente claras y precisas conclusiones. 1.Ordenar por última vez a todas estas organizaciones a dejar de lado el discurso subversivo arcaico, a favor de los derechos e ideologías de los narco terroristas de las FARC y ELN y todos sus cómplices del pasado y del presente. 2. Muerte a todos los miembros de asociaciones, como los sapos que trabajan en la restitución de tierras”

Las organizaciones y personas amenazadas en el correo electrónico son: “Crear, arco iris, comité departamental de derechos humanos, FUNDEPAZ, OPDDI, MARCHA PATRIOTICA Y CABILDO ABIERTO POR LA INDEPENDENCIA, AFUSODO,MUJERES AL DERECHO, INFANCIA FELIZ ROSARIO MONTOYA HOYOS, SANDRA MANJARRES, COMITÉ DE PESOS POLITICOS PIEDAD CORDOBA, IVAN CEPEDA, CORPORACION JURIDICA HUMANIDAD VIGENTE,ROSARIO AGUILAR,C,N,D, MIRYAM CLEMENCIA RUIZ MOLINA DE CALDAS ALFONSO CAICEDO, ASOCOLOMBIA NUEVA SOLEDAD OSPINO MEZA, MISAEL DELGADO RADA Y TODOS LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA HERMANA ALBA ESTELA, HIPOLITO RENNTERIA, FREDY GUERRERO, FELIPE FLOR, POLO DEMOCRATICO”

Dentro de estas organizaciones se encuentra la ASOCIACION COLECTIVO MUJERES AL DERECHO, organización defensora de derechos humanos de mujeres en la Región Caribe, que venimos aportando a la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de justicia como elemento fundamental para construir un camino para la paz.y desde donde en conjunto con el Espacio Multicultural de Mujeres De la Región Caribe desarrollamos acciones de formación, empoderamiento, fortalecimiento organizativo y acompañamiento y representación jurídica en conjunto con más de 34 organizaciones de mujeres y mixtas de base, enmás de 15 municipios en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena en la región Caribe. Junto a este proceso son más de 1000 Mujeres de diferentes poblaciones y edadescon las cuales, en su mayoría, venimos trabajando en la exigibilidad, veeduría y reclamación del derecho a la tierra de las mujeres y hombres campesinos, y participando en proceso de defensa del territorio.

Dentro de estas acciones de exigibilidad que ha adelantado y adelanta la Asociación colectivo Mujeres Al Derecho, se encuentra el que quedara incluido dentro la ley 1448 – ley de víctimas y restitución de tierras, el articulado que condona las deudas crediticias existentes por la tierra al momento de los hechos de violencia y despojo. Además dentro de los procesos de exigibilidad y protección del derecho a la tierra, seguridad y demás derechos Económicos Sociales y culturales de las mujeres en Colombia hemos continuado posicionando las demandas de las mujeres en espacios y organismos como la Comisión Interamericana de Derecho Humanos CIDH, la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Comité de Seguimiento de la CEDAW, así como ante las entidades del orden nacional encargadas de la protección, atención, reparación y restitución de las mujeres víctimas del conflicto armado y el expolio, ante las cuales venimos aportando valiosos insumos para la construcción de los programas y protocolos específicos de atención específica y preferente de las mujeres.

La amenaza constituye una acción de amedrentamiento contra las acciones y procesos que adelantamos las organizaciones de derechos Humanos en Colombia, y particularmente dentro de la región Caribe y en el caso de la Asociación colectivo Mujeres Al Derecho, se suma a la anteriormente recibida el pasado 30 de agosto, aproximadamente a las 8 horas de la noche, cuando llego al correo electrónico de la defensora de victimas de ejecuciones extrajudiciales MARTHA DÍAZ, directora y representante legal de la Asociación de Familias por un Solo Dolor, AFUSODO, un mensaje en el que se advierte que a ella y a los organismos que la apoyan como Mujeres al Derecho les iba a pasar lo mismo, ya que ya sabían que estaba haciendo acciones en contra del estado. Igualmente se advertía que AFUSODO y el Colectivo Mujeres al Derecho se acababan hoy si no salían inmediatamente de Barranquilla.

Así mismo se suma a otros hechos recientes de amenazas, ataques y hostigamientos contra las defensoras de derechos humanos en la Región Caribe que incluyen el atentado contra Mayerlis Arteta en San Juan de Nepomuceno el 28 de Agosto, el ataque contra una de las miembras de la Fundación Infancia Feliz ese mismo día en Barranquilla, los seguimientos contra Gilma Cervantes del Espacio Multicultural de Mujeres de la Región Caribe, así como los robos de información y amenazas contra un gran número de organizaciones defensoras de derechos humanos y reclamantes de tierras en la Región, también a los ataques contra comunidades indígenas Wayuu en la Guajira y otros indígenas en la región Caribe.

Estas acciones en contra de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que reclamamos el derecho a la tierra, justicia y a una vida libre de violencia en nuestro país demuestra que pese a que la ley 1448 ordena la adopción de medidas de protección integral a las víctimas y testigos que intervengan en los procedimientos de reparación, en especial en los de restitución de tierras, lo cual pretendió surtirse con la creación de la Unidad Nacional de Protección, la expedición del decreto 4912, y en el caso particular de las mujeres de la resolución 0805, siguen siendo necesaria, la adopción de mecanismos políticos y medidas materiales de protección, a nivel local, departamental y nacional acordes con los mapas y escenarios de riesgos para las mujeres, que incluyan además, la voluntad política y diligencia debida en la erradicación de la impunidad reinante en estos casos, que se perpetua como la principal amenaza y fuente de riesgo para las mujeres

Es también de anotar que el aumento en los riesgos en contra de la vida de las personas activistas defensoras de Derechos Humanos aumenta en la medida en que el Estado colombiano en Cabeza de la Fiscalía no investigue ni establezca las medidas judiciales del caso, así como también la Unidad de Protección adscrita al Ministerio del Interior no brinde las medidas de prevención y protección necesarias para garantizar la vida y la integridad de las personas en alto riesgo de inseguridad por la labor de defensa de los derechos Humanos en Colombia. Tal como ha pasado con las acciones y denuncias que ha realizado la Asociación Colectivo Mujeres Al Derecho frente a las cuales, hasta el momento,las instituciones encargadas no han desarrollado y adelantado avances.

Por tal motivo,

Solicitamos al Estado:

Que la Fiscalía como organismo de investigación del Estado establezca de manera inmediata la procedencia de este correo electrónico, así como del anterior, y aplique las medidas judiciales del caso.

Las plenas garantías, para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia, tanto en la ciudad como en las zonas rurales.

Proteger la Vida e integridad física de las defensoras de Derechos y Humanos y reclamantes del proceso de restitución de tierra, en cumplimiento del mandato constitucional, los acuerdos, convenios y las recomendaciones de los organismos internacionales sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia.

Restaurar el carácter Preventivo de las medidas de seguridad para proteger la vida e integridad física de las lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y además eliminar el argumento del “esperar que el hecho ocurra para actuar” o “el de era un riesgo ordinario”.

Garantizar la vida e integridad física a las activistas y defensoras de Derechos Humanos. Y responsabilizamos al gobierno Colombiano sobre cualquier hecho que atente contra la vida e integridad física de las compañeras, como de sus familiares, así como también exigimos que sean atendidos con Urgencia y con perspectiva de género los muchos casos de inseguridad que presentan muchos defensores y defensoras de derechos Humanos y de restitución de tierras en el país.

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DE MUJERES Y DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES:

A las organizaciones regionales, nacionales e internacionales de derechos humanos pronunciarse a la mayor brevedad y exigir al Estado colombiano la investigación oportuna e imparcial y que se adopten las medidas de prevención y protección que garanticen a las defensoras y las victimas.

Sus denuncias pueden dirigirlas a:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá

Fax. 5662071

Fax: (+57 1) 566.20.71

E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co – secretaria.privada@presidencia.gov.co

ANGELINO GARZÓN

Vicepresidente de la República

Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co-hernanulloa@presidencia.gov.co

contactovicepresidencia@presidencia.gov.co

JUAN CARLOS PINZÓN

Ministro de la Defensa

Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co

FEDERICO RENGIFO VELEZ

Ministro del Interior

Carrera 9a. No. 14-10 – Bogotá, D.C.

Teléfono: (+571) 2427400

ANDRES VILLAMIZAR

Director de la unidad nacional de protección del Min. Del Interior

E-mail: andres.villamizar@mininterior.gov.co

Dirección: Avenida Calle 26 No. 59-41/65

Dirección de correspondencia: Carrera 58 No. 10-51 Bogotá D.C. Colombia

Teléfono: PBX: (571) 4269800

JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS

Congresista

Presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas

E-mail: juanfernando86@hotmail.com, juan.cristo.bustos@senado.gov.co

- comunicaciones@juanfernandocristo.net

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

Diagonal 22B No. 52-01 – Bogotá, D.C.

Teléfonos: 570 20 00 – 414 90 00

contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co

VOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ

Defensor del Pueblo

Calle 55 # 10-32, Bogotá

Fax: (+571) 640.04.91

E-mail: secretaria_privada@hotmail.com, agenda@agenda.gov.co -defensoria@defensoria.org.co

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101

Edificio TeleportBussines Park – Bogotá, Colombia

Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637

E-mail: oacnudh@hchr.org.co

ALTA CONSEJERÍA PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER

Carrera 8 No. 7 – 27 Edificio Galán.

Teléfono (+57 1) 562 9645 ext. 3645, 111, 209

Fax: (57 1) 562 3571

E-mail: equidadmujer@presidencia.gov.co – webmaster@presidencia.gov.co

FIRMAN LA SIGUIENTE ACCIÓN URGENTE:

· Asociación Colectivo Mujeres al Derecho

. El Espacio Multicultural de Mujeres de la región Caribe

· Asociación de mujeres de puerto Giraldo.

· Asociación de Aparceros y Campesinos de Cantillera y Altamira – ASOCAM

· Organización mujeres al progreso.

· ASOPRAL.

· Consejo comunitario de comunidades Afro del municipio Luruaco.

· Asociación de mujeres productoras del campo – ASOMUPROCA

· Organización de victimas del municipio de Usiacuri

· Asociación Nacional de Desplazados de Colombia – ANDESCOL

· Empresa comunitaria de Reforma Agraria MIRAFLORES

· Asociación de campesinos y campesinas de Luruaco

Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos – Caldas

ALERTA TEMPRANA
Manizales Octubre 1 de 2012

ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO, MEDIOS DE COMUNICACION ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES Y NACIONALES. MOVIMIENTO SINDICAL. ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES, ESTUDIANTILES, FEMENINAS Y POPULARES.

ALERTAMOS

Posibles seguimientos, hostigamientos y espionaje electrónico contra miembros de la Junta Directiva y contra la Sede de La Corporación Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Caldas, ubicada en la calle 18 Nº 23 – 57 de la ciudad de Manizales

ANTECEDENTES

1.El día 1 de agosto del año 2011, en las horas de la madrugada desconocidos ingresan a la Sede del CPDH Caldas, destruyendo una de las ventanas, robando el equipo de sistemas del grupo de trabajo juvenil del CPDH. Esta situación fue denunciada ante los organismos de control del Estado.

2.Es de todas y todos conocidas las amenazas vía correo telefónico de que han sido victimas organizaciones defensoras de Derechos Humanos que hemos alertado a las victimas sobre las falencias de la denominada Ley de Victimas y Restitución de Tierras y que además hemos abrazado con entusiasmo y optimismo la propuesta de Marcha Patriótica.

HECHOS

1.El día lunes 1 de octubre del 2012, a las 2 .30 p.m. al intentar entrar el correo electrónico cpdhregionalcaldas@hotamil.com encontramos el siguiente aviso “parece que otra persona está usando tu cuenta”. Desde ese momento ha sido totalmente imposible acceder al correo.

POR EL RESPETO Y LA DEFENSA DE LA VIDA DIGNA CPDH CALDAS

LLAMAMOS

A la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones sociales, populares y sindicales, a las organizaciones defensoras de Derecho Humanos, plataformas y comunidad en general a estar alertas ante posibles seguimientos, hostigamientos y espionajes electrónicos contra las y los defensores de Derechos Humanos y las sedes de las organizaciones en Caldas.

ALERTAMOS

A todas las organizaciones defensoras de Derechos humanos locales, nacionales e internacionales ante una posible acción de sabotaje electrónico y uso indebido por terceros de la cuenta de correo electrónico institucional del CPDH y demás organizaciones.

EXIGIMOS

A los organismos de control del Estado investigar estos hechos y brindar reales y eficaces garantías de protección de la vida, la libertad y la dignidad humana de las y los integrantes del CPDH Caldas, así como la protección a la sede en Manizales

JUNTA DIRECTIVA CPDH CALDAS.

Asociación Campesina del Norte de Antioquia – ASCNA

La Asociación Campesina del Norte de Antioquia ASCNA NIT:900488021-4, denuncia públicamente y estipula queja formal ante las agencias del Ministerio Público y organismos de control del Estado. Que durante los últimos días afiliados de ASCNA en el Municipio de Campamento Antioquia, han recibido llamadas amenazantes por parte de paramilitares de los mal llamados Urabeños venidos al parecer del bajo Cauca, con asiento en la cabecera municipal y algunas veredas de Campamento. Yarumal, Angostura y Guadalupe, en las que advierten “que la ASCNA debe despegarla de la zona”, además han preguntado con frecuencia sobre la actividad y las personas que asistieron a la audiencia de garantías en derechos humanos realizada el pasado 10 de Septiembre del presente año en la cual la comunidad expuso sus denuncias en cuanto a violaciones a los derechos humanos en la zona.

Además esta agresión se presenta después de la detención arbitraria de nuestra presidenta Ana Francisca Perez quien ha sido sometida la escarnio público, el señalamiento, sin haber sido vencida en juicio, violando su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Mostrando claramente que esta es una persecución política contra el derecho de Asociación en lo fundamental y que se conjuga con la persecución que esta siendo sometida ASCNA en el momento.

Nos llama la atención que por lo que hemos logrado indagar siempre que se presentan detenciones arbitrarias por ordenes de la fiscalía 51 especializada Maria Fabiola Mejia Muñeton se presentan este mismo tipo de actuaciones amenazas, señalamiento, escarnio público “presentó la capturas de jóvenes campesinos de San José como responsables del atentado al establecimiento La Barra Cervecera de Apartadó, ocurrido el 22 de mayo de 2004, difundiendo masivamente sus fotografías. Uno de ellos, gracias a la “información” masivamente difundida de El Colombiano, comenzó a recibir en la prisión amenazas de muerte de paramilitares, quienes creyeron a ciegas en la “información” de El Colombiano y por ello le anunciaron que cuando saliera de la cárcel sería asesinado sin compasión. Hoy es claro que todo fue un montaje urdido por el agente de DAS Renember Fernández Curico, la Intendente investigadora del CEAT Sandra Janeth Gil, con la complicidad de la Fiscal 51 Especializada, María Fabiola Mejía Muñetón. A uno de los detenidos le pagaron cinco millones de pesos para acusar a los otros, autoinculpándose él mismo, abusando de manera escalofriante de su ingenuidad jurídica y de su ambición de dinero. ¿Por qué, una vez que la misma “justicia” en la que dice creer El Colombiano, los absolvió, su diario no ha reparado tan criminal “información”? ¿Ignora usted, Señora Ana Mercedes, las consecuencias tan terribles que este montaje tuvo para sus víctimas, sus familias y sus comunidades? ¿No le causa esto ninguna preocupación ni remordimiento?” Carta del padre Javier Giraldo a Ana Mercedes Gomez : http://www.revistanumero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=697.

Responsabilizamos por acción u omisión sobre estas violaciones a los derechos humanos, al Estado Colombiano en general, en cabeza de la presidencia de la república y el ministerio de interior, a la fiscalía 51 especializada, a las autoridades locales del municipio de Campamento Antioquia, a la autoridad de policía con sede en mencionado Municipio y a la brigada XIV del ejercito que hace presencia y control en el área. Sobre la vida honra y bienes de los afiliados de la misma Asociación Campesina del Norte de Antioquia ASCNA.

EXIGENCIAS

Acorde a los derechos fundamentales consagrados en la constitución de 1991, el Estado Colombiano debe garantizar la existencia de la Asociación Campesina del Norte ASCNA. Que significa garantizar que ninguna persona sera violentada en sus derechos humanos, por participar, promover o hacer parte como socio de esta Asociación. Así mismo debe garantizara nuestros derechos de asociación, protesta, movilidad y expresión, pues al momento están siendo ultrajados y violados por agentes Estatales de control legales e ilegales.
Se proteja la vida de los campesinos y campesinas del norte de Antioquia.
Se garantice a Ana Francisca Perez Presidenta de ASCNA detenida de forma arbitraria un debido proceso y un juicio justo, no se le señale, ni estigmatice mas y con ello se contribuya a parar definitivamente el señalamiento existente sobre ASCNA.
Que con referencia al debido proceso del caso de nuestra Presidenta, se establezca un equipo de seguimiento técnico disciplinario ( Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Procuraduría, Fiscalía ), que ejerza seguimiento sobre este caso, se estudie a la vez posibilidad de trasladar este proceso a otro fiscal, pues es nuestra posición que la Fiscalía 51 especializada en cabeza de la Doctora Maria Fabiola Mejia Muñeton no es garantía alguna de imparcialidad procesal y debido proceso para este caso.
Cese toda estigmatización, persecución y señalamiento en contra de ASCNA y sus procesos en defensa del territorio, los derechos humanos, la producción soberana alimentaria Campesina.

ASCNA:
NIT: 900488021-4.

ppdh@presidencia.gov.co
MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA.
ministro@minjusticia.gov.co
DEFENSOSIA DEL PUEBLO.
defensoria@defensoria.org.co
DR VOLMAR PEREZ DEFENSOR DEL PUEBLO COLOMBIA.
secretaria_privada@hotmail.com

_ Amnestía Internacional_

AU: 268/12 Índice: AMR 23/035/2012 Colombia Fecha: 17 de septiembre de 2012 Fecha: 17 de septiembre de 2012

ACCIÓN URGENTE

Defensores colombianos, en peligro tras recibir amenazas

Una integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), Luz Elsia Almanza Suárez, fue amenazada por un grupo paramilitar el 6 de septiembre en Barrancabermeja, Colombia. Otros miembros de ASFADDES también están amenazados.

El 4 de septiembre, dos hombres que viajaban en una motocicleta tomaron fotografías a Luz Elsia Almanza Suárez –coordinadora de la seccional de Barrancabermeja de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES)– y a su madre. Ese mismo día, dos hombres en una motocicleta diferente aparcaron delante de la casa de Luz Almanza en Barrancabermeja y estuvieron varios minutos observando la casa. El 6 de septiembre, Luz Elsia Almanza Suárez recibió un mensaje de texto amenazador del grupo paramilitar Los Urabeños. El mensaje de texto le decía que pusiera fin a su campaña sobre el homicidio y la desaparición forzada de John Jairo Amador Valencia. Decía también: “Ya sabemos donde vives la tenemos ubicada coordinadora asfaddes luz almanza”. Luz Elsia Almanza Suárez ha declarado que, tras esta amenaza, han continuado siguiéndola.

El 22 de mayo se encontró en el pequeño pueblo de Tenerife, en Barrancabermeja, el cadáver de John Jairo Amador Valencia, a quien no se había visto desde dos días antes. Tenía las manos y los pies atados. Su homicidio se produjo después del aniversario de la desaparición forzada de su primo, Riky Nelson García, desaparecido en Barrancabermeja junto con otras 24 personas el 16 de mayo de 1998. ASFADDES hace campaña en favor de la justicia en casos de desaparición forzada y homicidio, entre ellos las recientes desapariciones forzadas y homicidios de motociclistas que prestan servicios de taxi en Barrancabermeja.

El 27 de julio se recibió en las oficinas de ASFADDES en Bogotá, Colombia, una llamada telefónica en la que se escuchaba una grabación que ofrecía dos espacios libres en un cementerio. El 30 de agosto, ASFADDES organizó, junto con otras ONG, eventos para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. A los eventos de Bogotá y Medellín asistieron unos hombres de comportamiento sospechoso que tomaron fotografías de los miembros de ASFADDES.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

expresando preocupación por la seguridad de Luz Elsia Almanza Suárez, su madre y otros miembros de ASFADDES;

pidiendo a las autoridades que garanticen su seguridad y que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y la vigilancia, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;

Recordando a las autoridades que deben cumplir con sus obligaciones respecto a la situación de quienes defienden los derechos humanos, establecidas en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998;

instando a las autoridades a emprender acciones inmediatas para disolver los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 29 DE OCTUBRE DE 2012 A:

�

Señor Juan Manuel Santos

Presidente de la República,

Palacio de Nariño,

Carrera 8 No.7-26,

Bogotá, Colombia

Fax: +57 1 596 0631

Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Santos

Señor Fernando Carrillo

Ministro del Interior

Carrera 9a No 14-10, piso 8

Bogotá, Colombia

Fax: +57 1 283 9876

Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

Y copia a:

ASFADDES

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

Calle 77 No. 14-47

Oficina: 501 – Edificio Santa Lucía

Bogotá

Colombia

�

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

ASCNA

DENUNCIA PÙBLICA

La Asociación Campesina del Norte de Antioquia ASCNA con NIT:900488021-4, organización de base que Asocia a familias Campesinas de los municipios del Norte de Antioquia denuncia públicamente a la opinión pública nacional e internacional los señalamientos que viene siendo víctimas por parte del Ejército Nacional.

Hechos

El día 9 de septiembre de 2012 en el parque del municipio de campamento fueron capturados por la Policía Nacional los campesinos, Federico Antonio Taborda Adarbe e Ignacio León Zabaleta Ruíz, habitantes del corregimiento Raudal viejo de Valdivia, quiénes hacen parte de una comisión del Comité de Trabajo de nuestra Asociación en dicho corregimiento y se dirigían al Municipio de Campamento para participar en una Audiencia de derechos humanos el día 10 de Septiembre donde se denunció la grave situación que soportan los y las habitantes del Norte de Antioquia.

Durante la captura varias personas asociadas a la ASCNA y acompañantes internacionales del Observatorio Internacional de Paz, IPO (por sus siglas en inglés) estuvieron atentas al procedimiento e indagando por información sobre la causa de la detención, la cual no fue suministrada por la fuerza pública, argumentando que esta información solo la entregarían a un abogado.

En este procedimiento los acompañantes internacionales y los asociados a la ASCNA fueron fotografiados ilegalmente por agentes de la policía

El día 12 de septiembre de 2012, en horas del medio día la emisora del Ejercito Nacional con sede en el corregimiento El Doce (12) de Tarazá, emitió una información donde anunciaban la captura en combate de Federico Antonio Taborda Adarbe e Ignacio León Zabaleta Ruíz, siendo esto totalmente falso, pues estos campesinos no fueron capturados en combate como lo puede constatar el acompañamiento internacional.

Estas falsas afirmaciones hacen parte de un proceso de señalamiento, hostigamiento y persecución contra la Asociación Campesina del Norte de Antioquia.

Exigimos del Estado Colombiano frenar la persecución contra nuestra Asociación y garantice el derecho a la organización y defensa del territorio y los derechos humanos del pueblo colombiano.

Exigimos del Estado Colombiano el cumplimiento de los compromisos en el marco de la Mesa Nacional de Garantías para la labor de defensores, líderes y lideresas sociales por la defensa de los Derechos Humanos.

Exigimos del Estado Colombiano garantizar el debido proceso.

Convocamos a la comunidad nacional e internacional para que estén atento frente la persecución a la Asociación Campesina del Norte de Antioquia y al movimiento social colombiano en general

ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL NORTE DE ANTIOQUIA

ASCNA

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá

Fax. 5662071 Fax: (+57 1) 566.20.71

comunicacionesvp@presidencia.gov.co

ppdh@presidencia.gov.co

Vicepresidente de la República de Colombia ANGELINO GARZÓN

Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

Teléfonos (57 1) 444 2120 – 444 2122

Fax: (57 1) 596 0651

E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co Twitter: @angelino_garzon

MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA.

ministro@minjusticia.gov.co

DEFENSOSIA DEL PUEBLO. JORGE ARMANDO OTÁLORA

defensoria@defensoria.org.co

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN EDUARDO MONTEALEGRE

Diagonal 22B No. 52-01 – Bogotá, D.C.

Teléfonos: 570 20 00 – 414 90 00

contacto@fiscalia.gov.co denuncie@fiscalia.gov.co

Movimiento de víctimas de crímenes de Estado, Barranquilla

El Movimiento de víctimas de crímenes de Estado,
capitulo Atlántico, Denuncia ante la comunidad internacional, las instituciones
del Estado, las plataformas de derechos humanos y la ciudadanía a nivel
nacional y local del Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla, los
graves ataques contra las defensoras y defensores en los últimos días.
El sábado 24 de agosto de 2012 fue amenaza la defensora ROSARIO MONTOYA HOYOS, integrante de la Fundación Infancia Feliz, por medio de un sobre a su nombre, con la nota de urgente y en su interior un sufragio (tarjeta de condolencias) firmado por el grupo paramilitar autodenominado “Águilas
negras”; luego el martes 28 de agosto de 2012, la actual directora de la
Fundación Feliz: SANDRA MANJARRES, fue golpeada en su oficina por dos sujetos
encapuchados, que ingresaron a la sede de la organización y registraron el
lugar y En el marco de la labor de exigibilidad de entrega de cuerpos de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, el jueves 30 de agosto de 2012 fue amenazada la presidenta de la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES UNIDOS POR UN SOLO DOLOR (AFUSODO) y secretaria técnica del Capitulo Atlántico del MOVICE, por medio de correo electrónico en donde la declaran objetivo militar y la conminan a salir inmediatamente de la ciudad, en el mismo correo, amenazan a los organismos que acompañan a AFUSODO y hacen referencia a la organización MUJERES AL DERECHO . Todo esto ocurre mientras el Estado, bajo la dirección del
gobierno de Juan Manuel Santos debilita las medidas de protección de las
defensoras y defensores.

Frente a estos
sistemáticos y graves hechos exigimos de las autoridades del Estado colombiano,
desde la presidencia de la República y específicamente a la Gobernación del
Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, pronunciarse públicamente frente a
estos ataques contra las defensoras y
defensores de víctimas y sus organizaciones y adoptar las medidas necesarias
para garantizar la vida y los derechos
de las víctimas.

Solicitamos a la
comunidad internacional y a las organizaciones sociales y de derechos humanos a
nivel nacional y local, su apoyo y
acompañamiento en la exigibilidad de las garantías para los defensores y defensoras
por los derechos de las víctimas.

Las comunicaciones
pueden enviarse a las siguientes direcciones

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN – Presidente de la República

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá – Fax. 5662071 Fax: (+57 1)
566.20.71

E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co

ANGELINO GARZÓN – Vicepresidente de la República

Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

FEDERICO RENJIFO VÉLEZ. -Ministro del Interior

Carrera 9a. No. 14-10 – Bogotá, D.C. PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

E-mail: german.vargas@mij.gov.co, ministro@minjusticia.gov.co

MARIA PAULINA RIVEROS – Directora programa de protección de derechos Humanos

Ministerio del Interior

Carrera 8 No 13 -31 Piso 4 Bogotá, D.C. PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

Maria.riveros@mininterior.gov.co

ANDRES VILLAMIZAR – Director de la Unidad Nacional de Protección

Andres.villamizar@mininterior.gov.co

LUIS EDUARDO MONTEALEGRE – Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B No. 52-01 – Bogotá, D.C. Teléfonos: 570 20 00 – 414 90 00

contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co

JORGE ARMANDO OTALORA Defensor del Pueblo

Calle 55 # 10-32, Bogotá Fax: (+571) 640.04.91

E-mail: secretaria_privada@hotmail.com, agenda@agenda.gov.co,

defensoria@defensoria.org.co

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO Procurador General de la Nación

Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.

anticorrupció n@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co

MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS
DE CRÍMENES DE ESTADO- CAPITULO ATLÁNTICO.

E-mail: moviceatlantico@hotmail.com celulares: 3176546223-3016814494- 3135790395-

stnacional@movimientodevictimas.org

Web: www.movimientodevictimas.org

Corporación Jurídica Yira Castro, agosto 24 de 2012

La Corporación Jurídica Yira Castro denuncia públicamente el riesgo para la vida e integridad personal de Luis Ramos Angulo, líder de la comunidad de Chibolo, originado en la presencia en su finca de una persona extraña que portaba prendas similares a las de uso de la policía, y la falta de medidas concertadas claras y efectivas de protección por el Gobierno Nacional

Nuestra organización defensora de los Derechos Humanos, denuncia públicamente una serie de hechos de hostigamiento de los que viene siendo víctima la comunidad campesina de las veredas La Pola y La Palizua de los municipios de Chibolo y San Ángel en el Magdalena, luego de la visita que hiciera el Presidente de la Republica el pasado 3 de agosto de 2012.

Con especial preocupación alertamos por los recientes hechos que ponen en riesgo al líder LUIS RAMOS, campesino que narró el pasado 3 de agosto, en acto público precedido por el Presidente de la República, los hechos del desplazamiento forzado y despojo que sufrió esta comunidad.

Ayer 23 de agosto de 2012 ingresó a la finca del líder LUIS RAMOS ubicada en la verada La Pola del municipio de Chibolo un hombre que posteriormente se identificó como EVER JOSE RIOS LIMA, alias el CHUCHO, preguntando de manera insistente por el líder campesino, afirmando: “que buscaba a LUIS RAMOS por que él también era Ramos por una abuela, que lo había visto por televisión el día del presidente, y entonces que donde estaba LUIS RAMOS, que necesitaba que le diera trabajo, que se había venido de Santa Marta y hasta que no consiguiera trabajo no se iba a ir de la zona”.

La esposa de LUIS al ver la insistencia del desconocido, se dirigió a una casa cercana donde departían varios líderes de la región, explicándoles lo ocurrido, ellos de inmediato intentaron comunicarse con la Policía, más justo en ese momento dos policiales que estaban en la comisión que custodia a los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, aparecieron y la comunidad les solicitó ir hasta la finca de LUIS RAMOS y lograr la identificación de este persona.

Los dos policiales llegaron a donde estaba el hombre, le pidieron su identificación, exhibiendo una cédula a nombre de EVER JOSE RIOS LIMA manifestando que por apodo le decían “El CHUCHO”. Luego de requisarlo encontraron en su maleta ropa oscura, llamando especial atención un pantalón verde tipo militar (el cual dijo se lo había regalado un pastor), similar a los que usa la Policía Nacional, al preguntarle quien lo envió afirmó que él “se mandaba solo”. Alias EL CHUCHO manifestó ser oriundo de Chiriguaná (Cesar), residir en Santa Marta y ser reservista del ejército en calidad de soldado regular y que tales informaciones las pueda constatar “Gamboa” que es comandante en el Magdalena. Por último llamó la atención las respuestas que tenía preparadas, pues cuando vió a los policiales afirmó que él tenia derecho a una llamada, a un abogado y a comunicarse con un familiar.

Ante la pregunta de un líder sobre el procedimiento a seguir, los policiales respondieron que lo iban a investigar y a trasladar a Chibolo, pero que carecían de recursos para ello, por lo que los líderes debieron gestionar el pago de una moto-taxi con este propósito. Desde su salida no se ha tenido información sobre el paradero de alias “El Chucho”.

Otros hechos que preocupan a la comunidad, es la presencia de hombres extraños preguntando por los lideres de tierras y que permanecen en la zona de reforestación financiada por CORPAMAG y la cual reclama el despojador Augusto Castro Pacheco alias “el Tuto Castro” en la vereda Boquilla.

Igualmente se han presentado presiones y amenazas contra los/as lideres/as de la vereda Santa Martica, las cuales ya han sido puestas en conocimiento de las autoridades pertinentes.

ANTECEDENTES:

La comunidad de Chibolo regresó voluntariamente y sin acompañamiento institucional a sus predios desde el año 2007, encontrando posesionados de sus fincas a personas pertenecientes a las estructuras paramilitares del Bloque Norte de las AUC, por lo que valientemente han decidido reclamar sus tierras, retomando los procesos de solicitud de titulación iniciados desde las década de los años 90´s, ante el INCODER, el Ministerio de Agricultura, la Fiscalía General de la Nación y más recientemente la Unidad de Restitución de Tierras. En este trasegar, se han enfrentado no solo a la amenaza paramilitar sino incluso, a procesos de desalojos iniciados por testaferros paramilitares y ejecutados por las alcaldías e inspecciones de Policía de Chibolo y Plato.

Desde junio de 2011 y con el acompañamiento de la Corporación Jurídica Yira Castro, se ha solicitado al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el concurso del Ministerio Público la discusión e implementación de un “plan concertado de protección”, sin que hasta la fecha haya una respuesta efectiva del Gobierno Nacional en realizar dicho plan, donde en uno de sus aportes se solicita la presencia perimetral de la Fuerza Pública y en especial la instalación de puestos de control en puntos donde ayer, se presentaron los hechos hoy denunciados.

Desde marzo de 2012 la Unidad de Restitución de Tierras, en el marco de la ley 1448 (Ley de víctimas), ha iniciado intervención en los predios de Chibolo. El pasado 2 de junio la comunidad y nuestra organización le expusimos los requerimientos en materia de protección al comandante de la I División del Ejército, Comandante de la Policía regional Magdalena y al Coronel de la Policía destacado por el gobierno nacional para el proceso de restitución, y en especial se expuso las condiciones de riesgo existentes o latentes para la comunidad y sus líderes y liderezas.

Por último y luego de la visita presidencial el pasado 3 de agosto, se hizo una reunión en conjunto con la Unidad de Restitución de Tierras el 12 de agosto, donde participó el Subcomandante de la Policía de Magdalena y el oficial responsable del Escuadrón de Carabineros – EMCAR, y se expresaron las preocupaciones que en materia de seguridad y protección había dejado la visita del gobierno, donde se visibilizó el proceso ante los despojadores pero sin que existiera aun medidas y/o planes concertados de protección para las comunidades campesinas de Chibolo. Ese día se solicitó al subcomandante de Policía de Magdalena que se instalaran puestos de verificación de identidad, vehículos, motocicletas y armas en puntos específicos sin que se dieran excusas de no tener gasolina o que las vías estaban en mal estado, a lo que se comprometió, pero hoy luego de lo ocurrido la incursión de alias “El Chucho”, se evidencia que si bien los policiales que conocieron del acto respondieron, la presencia permanente de la Policía en los puntos señalados, no existe, y el riesgo contra estas comunidades es mas latente que nunca.

Esperamos que el Gobierno Nacional, la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y las entidades encargadas de implementar la ley de Victimas, entiendan que de nada sirve la Restitución de tierras si no hay medidas de protección eficaces como la sanción de los responsables, la desarticulación de las redes políticas y económicas que en el Magdalena encarnan el paramilitarismo, así como la restitución y formalización de los predios en plenas garantías a todos los campesinos.

SOLICITAMOS:

1. Se tomen desde el Gobierno Nacional, todas la medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los líderes y liderezas y miembros de la comunidad de Chibolo que se encuentran en proceso de exigencia de formalización/restitución de sus predios, en especial atención a LUIS ALFONSO RAMOS ANGULO y el conjunto de líderes y liderezas de los cuales ya tiene conocimiento el Gobierno Nacional. En especial se dé la construcción inmediata del Plan concertado de protección.
2. Se ordenen de inmediato los controles perimetrales, de identificación, de vehículos y de armas que han sido solicitados en las oportunidades ya referidas.

3. Se identifique, individualice, investigue y sanciones a los responsables del despojo en los municipios de Chibolo, Plato y San Ángel, así como sus determinadores y beneficiarios políticos y económicos.

Amenazas contra activistas de derechos humanos de Colombia

Activistas LGBTI, sindicalistas, asociaciones de víctimas y defensores y defensoras de los derechos humanos de Barrancabermeja, en el norte de Colombia, han recibido amenazas de muerte de paramilitares.

El 18 de agosto se dejó en las oficinas de la ONG colombiana Gente en Acción, en Barrancabermeja, departamento de Santander, un panfleto firmado por el grupo paramilitar “Rastrojos Comandos Urbanos” que contenía amenazas de muerte. En él se nombraba a varios activistas, como el activista LGBTI Ovidio Nieto Jaraba, de Gente en Acción, William Mendoza, presidente de la seccional de Barrancabermeja del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL), o Himad Abdala Choser, defensor local de los derechos humanos, y se los acusaba de estar “provocando y organizando marchas de protesta” y apoyando a las guerrillas. El panfleto decía también que “llano [sic] será una amenaza, serán hechos […] estamos retomando el control de todas las instancias”, y parecía amenazar de muerte a las personas en él citadas. Estas son las más recientes de las amenazas de muerte producidas tras una marcha LGBTI que tuvo lugar en Barrancabermeja el 27 de julio.

Otras organizaciones locales amenazadas también el panfleto eran: la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), la Asociación de Victimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio (ASORVIMM), la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (ASODESAMUBA).

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

expresando preocupación por la seguridad de Ovidio Nieto Jaraba, William Mendoza, Himad Abdala Choser y los miembros de ACVC, ASODESMUBA, ASORVIMM, CREDHOS, Gente en Acción y SINALTRAINAL, habida cuenta de las amenazas de muerte realizadas contra ellos; pidiendo a las autoridades que los protejan, conforme a los deseos de los propios amenazados;

instando a las autoridades colombianas a ordenar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas de muerte, hacer públicos sus resultados y llevar a los responsables ante la justicia;

recordando a las autoridades colombianas que deben cumplir con sus obligaciones respecto a los defensores y defensoras de los derechos humanos, establecidas en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998, en la que Colombia es Estado Parte;

instando a las autoridades a emprender acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones formuladas por la ONU y otras organizaciones intergubernamentales.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

La situación se presenta en el caserío de El Retiro, municipio del Castillo, en el Alto Ariari, desde el 19 de Agosto. La prolongación de los combates en áreas de habitación o de trabajo de la población ha causado preocupación en líderes de la región.

Se presentaron abusos de autoridad sobre pobladores de Puerto Esperanza

El 20 de Agosto se conoció que la vivienda de la familia Palomar fue impactada en varias ocasiones generando graves daños. De acuerdo con información recibida, se presentaron bombardeos y ametrallamientos indiscriminados.

Las comunidades han exigido al ejército que haya un uso racional y proporcional de la fuerza para generar el menor daño posible en la población civil como lo ordenan los Convenios y Protocolos ratificados por el Estado Colombiano. En este mismo sentido se han pronunciado para que la guerrilla de las FARC acate las normas del derecho humanitario.

En las operaciones militares en este caserìo se continúan cometiendo graves abusos.

Se reportó que tres efectivos regulares ingresaron a la casa de la familia Triviño López, donde se encontraban los esposos y dos niños uno de seis meses y otro de once años.

Los militares los acusaron de auxiliadores y los amenazaron de muerte si volvían a encender las luces en horas de la noche.

Además de someter al niño de once años a un interrogatorio, requisaron y revolcaron la habitaciòn de la pareja.

Comité Regional Por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Guayavero, Fundación DHOC

DENUNCIA PÚBLICA

El comité regional por la defensa de los derechos humanos del guayabero y la FUDACION DHOC, denuncia ante las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, la comunidad nacional e internacional las violaciones de Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte del ejército nacional pertenecientes a la móvil N. 7 batallón N.61-62 que realizan operativos entre los límites de los departamentos del Meta y Guaviare a partir de este operativo que inicio el 07 de abril de 2012, en las veredas de san Jorge y puerto nuevo jurisdicción de san José del Guaviare y se trasladó a las veredas de alto cabra, cabra medio, nueva Colombia, el silencio, tercer milenio y villas del rio jurisdicción de Vista Hermosa en el departamento del Meta, los militares que no portan distintivos para evitar ser identificados y solo han manifestado pertenecer a la móvil N. 7 batallón 61-62, además a varios sitos han llegado con dos personas con uniforme del C.T.I y se identifican como agentes del cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía y un desmovilizado llamado CAICEDO que no es más que un civil y no puede ser llevado al campo de combate.
Estos militares han realizado un operativo de arrasamiento, estigmatización, actos de pillajes, bombardeos indiscriminados sin ningún objetivo militar, causando traumas sicológicos en niños y adultos/tas, empadronamientos, restricción al libre tránsito y locomoción, detenciones arbitrarias e ilegales como la captura en contra del campesino JAIME BOTACHE DAZA el dia 23 de mayo de 2012, mientras el señor JAIME BOTACHE se encontraba detenido en san José del Guaviare los militares le mataron 3 vacas con disparos de fusil y se las comieron, para esa misma fecha a JOSE SAMUEL ROJAS MORA defensor de derechos humanos los mismos militares de la móvil N. 7 le mataron 4 vacas más 2 novillos los cuales los utilizaron para su consumo y colgaron 3 cabezas en el corral de madera a escasos 50 metros de su vivienda, cuando los hermanos RUBIEL SILVA, EPIFANIO SILVA y la señora ANGELA MARIA TIQUE le dijeron a los militares que no mataran el ganado que ese ganado era de un civil la respuesta de los soldados fue ese ganado es de las FARC nosotros arreglamos con el camarada GENTIL DUARTE, además han ocupado las viviendas, los bienes civiles como base militar permanente y transitoria convirtiendo los campesinos en objetivo militar, los militares a su paso se llevan racimos de plátano, yuca, mangos y arrasan con todo tipo de cultivos de pan coger, a pesar que el dia 29 de mayo de 2012 a las 9:45 AM se radico una denuncia ante la Procuraduría Regional del Guaviare y Defensoría Regional Guaviare de 14 folios con 22 testimonios de los campesinos que fueron víctima del mal actuar desbordado por estas unidades militares.

A pesar de las constantes denuncias de los campesinos en contra de los atropellos de la móvil N.7 hoy 12 de agosto de 2012, existe otra denuncia de más de 10 folios y 8 testimonios en la que se encuentra consignada la grave violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario realizada por los militares, el dia 17 de junio de 2012 soldados pertenecientes a la móvil N.7 llegaron hasta la vereda nueva Colombia y luego de ocupar los alrededores de 6 viviendas abrieron fuego y lanzaron bombas de manera indiscriminada sin ningún objetivo militar impactando algunas viviendas, causándole heridas a 14 reses y la muerte a 5 reses más, los militares a un continúan con el operativo de arrasamiento por lo que se radicaran más denuncias en los próximos días.

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL

Realizar una investigación inmediata imparcial de los hechos antes mencionados, sancionar y judicializar a los militares antes mencionados por la justicia ordinaria ya que estos hechos no se pueden catalogar como fallas del servicio.

Solicitamos se envié una comisión de la procuraduría y autoridad competente a la región del guayabero para la ampliación de las denuncias y no seamos más víctimas del conflicto armado y de igual manera seamos deslucidos del mismo.

Exigimos se retiren los militares antes mencionados de la región del guayabero para garantizar el buen desarrollo de la investigación

SOLICITAMOS A  LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Continuar haciendo seguimiento y monitoreo a la gravísima situación de violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en los departamentos del Meta y Guaviare.

COMITÉ REGIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DIH DEL GUAYABERO
JOSE SAMUEL ROJAS
Vicepresidente de DDHH G.

ESMER MONTILLA
Presidente
FUNDACION DHOC
COLOMBIA

Comité Regional Por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Guayavero, Fundación DHOC

DENUNCIA PÚBLICA

El comité regional por la defensa de los derechos humanos del guayabero denuncia ante las organizaciones defensoras de derechos humanos, la comunidad nacional e internacional las violaciones de Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se han dado por parte del ejército nacional pertenecientes al batallón de los ARUACOS de contra guerrillas N.26 móvil N. 7 batallón N.64 que han realizado operativos en el centro poblado de puerto cachicamo jurisdicción de san José del Guaviare a partir del 2004, dejando de manera irresponsable contaminado el centro poblado y sus alrededores con restos de explosivos de guerra sin explotar y a causas de estos resulto herida el dia 22 de julio de 2012 la niña MARIA FERNANDA MONDRAGON CASTRO por un artefacto explosivo que al final relato los siguientes.

HECHOS

Después del rompimiento de los diálogos de paz en la antigua zona de despeje el ex presidente ALVARO URIBE VELEZ en su afán de acabar con la coca, el narcotráfico y la guerrilla de las FARC, desplego un operativo denominado plan patriota con más de 25.000.000 de la mal llamada seguridad democrática, estos militares fueron enviados al terreno sin ninguna capacitación en respeto a los derechos humanos y DIH operativo denominado el plan patriota hijo putativo del plan Colombia financiado por los estados unidos de Norte América y como estrategia final de guerra el plan de consolidación integral de la Macarena PCIM, a partir de allí el centro poblado de puerto cachicamo y sus alrededores, fueron copadas por los militares, quedando la población civil en medio del conflicto armado, este caserío se ha convertido en un escenario de guerra y los bienes civiles como el matadero, la represa, la iglesia, el puesto de salud, la escuela santa helena, las viviendas deshabitadas y habitadas, fueron convertidas en trincheras utilizadas por los militares como una base militar permanente y transitoria. La cancha de futbol de este centro poblado ha sido utilizada por los militares como helipuerto para el desembarque y embarque de carga y militares, los bienes civiles han sido víctima del arbitrario abuso la cual fue en contravía del patrimonio que la ley da como propiedad privada, las cuales fueron utilizados por los militares en actos prohibidos por la ley, las tropas que han estado de turno en esta región en el primer trimestre del 2004, son las pertenecientes al batallón de los ARUACOS al mando del mayor PINZON, quienes realizaron operativos en conjunto con la móvil N. 7 y fueron los mismos que a la media noche del dia 29 de marzo de 2004 incursionaron en la paz y tranquilidad de la población del centro poblado de puerto cachicamo, en la que allanaron y decomisaron la droguería del señor SABAS CALIXTO RODRIGUEZ CHAVEZ operativo que estuvo a cargo del teniente coronel JORGE ANTONIO DE LA ROSA CAICEDO mediante oficio numero ciento treinta y cinco, en el expediente, proceso N. 2005 00093 -00 juzgado promiscuo municipal de San José del Guaviare en la página N. 524 en el párrafo N.10 fue ratificado por la misma fiscal treinta y ocho quien afirmo que a partir del treinta de marzo de 2004 el ejército utilizo este bien civil como alojamiento y estuvo a cargo del capitán RICARDO RODRIGUEZ COLORADO, esta vivienda estuvo ocupada por los militares por espacio de más de 8 meses y fueron los militares que más vienes civiles utilizaron inclusive el puesto de mando estuvo ubicado en el internado viejo que está ubicado en el barrio nuevo de este centro poblado.
El 5 de abril de 2004 fue detenido el señor SABAS CALIXTO RODRIGUEZ CHAVEZ en momentos en que se dirigía a la defensoría del pueblo a denunciar los atropellos de los que había sido víctima del actuar desbordado por parte de las unidades militares, fue sindicado del delito de REBELION, luego de permanecer trecientos cuatro días detenido logro demostrar su inocencia y fue absuelto, la casa de SABAS CALIXTO mientras él estaba detenido su casa a igual que las casa vecinas fueron utilizadas como base militar permanente, entre ellas la casa en la que se produjo la explosión en la que resultó herida la niña MARIA FERNANDA MONDRAGON CASTRO, casa que fue ocupadas por varios militares entre ellos el teniente VILLAMIL y los soldados a su cargo, los militares para este tiempo dejaron varios grafitis en los árboles y paredes con los nombres de OLARTE MIGUEL suboficial (E) BCG 26, CS MEDINA suboficial BCG 64, TC VEROCIRA JORGE comandante E) BCG 64 y otros alusivos a las AUC autodefensas unidas de Colombia y dejaron también algunos restos de explosivos de guerra y municiones sin explotar, que son los que han venido explotando cuando los habitantes queman pastizales o basuras causando problemas sicológicos en niños y adultos y heridas como el caso de la niña MARIA FERNANDA. A finales del 2004 las tropas del mayor PINZON se retiraron del centro poblado y los sitios continuaron ocupados por el mayor FIGUEROA comandante de la móvil N. 7.
La represa o boca toma del acueducto que suministra el agua para los habitantes del centro poblado de puerto cachicamo ha sido un sito de alojamiento de militares a partir del 2004, la fecha más frecuente que estuvieron los soldados fue desde febrero del 2010 fue utilizado como base militar permanente por tropas de la móvil N.7 hasta a finales de marzo del 2012 en la que se presume que hay varios restos de explosivos de guerra dejados por los militares por lo que no se descarta nuevos accidentes en la que resulte afectada la población civil.
Según lo manifestado por la señora MARIA CLIOTILDE FLORES quien estaba lavando ropa y es vecina de la casa en la que se produjo la explosión quien miro la cantidad de humo y corrió a auxiliar a la menor y la mama que solicitaba auxilio que la ayudaran, según la versión de los testigos o personas que visitamos el sitio de los hechos el artefacto explosivo no dejo hueco en el piso lo que deja entrever que no estaba enterrado y que puede ser un artefacto explosivo de esas granadas amarillitas, “del papa de los revólveres” y que son de las que más se encuentran con frecuencia botadas en el piso. El dia de la explosión la menor de edad MARIA FERNANDA MONDRAGON CASTRO, se encontraban con su madre LUZ MERI CASTRO y su hermana NICOL CASTRO de tres años de edad y MAIRA DANIELA MONDRAGON CASTRO de 11 años de edad y LAURA VANESA MONDRAGON CASTRO de 12 años de edad. La señora MARIA CLIOTILDE FLORES manifiesta que ella fue sometida a vivir en medio de los militares por más de ocho meses y que ni para bañarse o hacer sus necesidades fisiológicas tenia tranquilidad pues los militares permanecían por los solares de las casas y que posiblemente hay más artefactos explosivos que por el pasar del tiempo ya están tapados con la hierba y tierra,
Según la denuncia hecha ante el comité regional DD.HH por LUIS ALFONSO MONDRAGON CASTRO de 14 años de edad hermano de la menor MARIA FERNANDA MONDRAGON CASTRO herida en los hechos que nos ocupa, LUIS ALFONSO dice que cuando ellos llegaron a vivir en esa casa hace más de 7 meses había una granada botada en el patio era una granada amarillita y el la tubo en la mano y posteriormente la dejo botada en una esquina del patio y en otras ocasiones que han encontrado granadas de esas las han utilizado como objeto para tirarla y bajar mangos.
El dia 04 de agosto de 2012 el señor MIGUEL ANTONIO LAMPREA denuncia ante el comité regional de DD.HH del guayabero que desde la llegada de las tropas del ejército a principios del 2004 los alrededores de su vivienda se han convertido en una base militar por los militares de turno, denuncia también que en barias ocasiones le ha tocado recoger restos de explosivos sin explotar los cuales ha lanzado a las aguas del rio guayabero, afirmo que la irresponsabilidad de los militares es muy grande.
Según la publicación hecha por caracol Guaviare en la que responsabilizan al séptimo frente de la guerrilla de las FARC de haber colocado el artefacto explosivo en contra de la población civil, quiero manifestar que según la versión de los testigos y los testimonios todo apunta a que no se trató de un minado, la explosión se produjo por algunos restos de explosivos de guerra que estaban sin explotar y la niña MARIA FERNANDA le arrimo candela a la basura que había acabada do rastrillar, esto produjo la explosión , es de notar que estos restos de explosivos de guerra van dirigidos contra objetivos militares, pero la responsabilidad es de la fuerza pública que se niegan a respetar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y ocupa los bienes civiles dejando abandonado los restos de explosivos de guerra, convirtiendo la población civil en objetivo militar, pero en el caso que nos ocupa el ejército en especial sus comandantes a través de las publicaciones por los medios radiales solo quieren desviar la investigación para evadir la responsabilidad de los hechos en los que resultó herida la niña MARIA FERNANDA MONDRAGON CASTRO.
Por la emisora de caracol Guaviare un alto mando militar solicitaba que por que la asociación de campesinos trabajadores de la región del rio guayabero ASCATRAGUA y el comité regional por la defensa de los derechos humanos del guayabero no se habían pronunciado referente al caso de la explosión en la que resultó herida la niña MARIA FERNANDA, quiero manifestar que estos hechos ocurrieron en momentos que los campesinos de la región del guayabero nos encontrábamos en San José del Guaviare conformando el consejo patriótico departamental del Guaviare y el lanzamiento de las constituyentes locales por la paz “ por la segunda y definitiva independencia” al llegar a puerto cachicamo no encontré la madre de la menor por tal razón empecé a realizar una investigación inmediata imparcial con el fin de aportar argumentos de valor para el esclarecimiento de la verdad y que hechos como los anteriores no se vuelvan a repetir y que los verdaderos responsables sean judicializados y sancionados conforme establece la constitución y la ley.
De acuerdo a la gravedad de los hechos antes mencionados y el inminente peligro por la cantidad de restos de explosivos de guerra, que se encuentran en algunos lugares del caserío el comité regional por la defensa de los derechos humanos del guayabero y algunos líderes de la asociación campesina ASCATRAGUA aunque no sabemos nada de explosivos pero con el fin de proteger la población civil realizamos una campaña preventiva, pedagógica con el objetivo de educar a los niños y adultos sobre el procedimiento en caso de encontrar un explosivo y evitar su manipulación y fue así como se realizó una inspección visual en los sitios denominados de alto riesgo o que fueron ocupados por los militares y fue así como el dia 01 de agosto de 2012 en una casa que se encuentra a la parte de atrás de la casa en la que fue herida la niña MARIA FERNANDA, casa que está sola desde el dia que se fueron los militares, allí se encontró 2 proyectiles sin disparar con la siguiente referencia… y el otro proyectil referencia… y una granada de mano de color verde con la referencia… tiene un circulo con doble línea tiene el número… se le observa el numero… y abajito de este número se le observa una T de color negro, a la granada le coloque una cinta alrededor por seguridad, en el momento el artefacto explosivo se encuentra bajo custodia del comité regional por la defensa de los derechos humanos del guayabero en un lugar seguro para evitar accidentes mientras hay un pronunciamiento por parte de la fiscalía, ya sea para entregar el explosivo o autoricen la destrucción del mismo, de igual manera quiero dejar en claro que en el momento no hago entrega del explosivo ni los proyectiles porque en el área no hay autoridad competente y para llevarlo a San José hay que pasar por varios retenes de la infantería de marina y esto me causaría un problema judicial por tal motivo espero un pronunciamiento de la fiscalía referente al caso, solicito se realice una inspección judicial a los datos del explosivo para determinar su origen si estos explosivos de guerra vienen procedentes de indumil y son de uso privativo de las fuerzas militares, si fue entregada a un soldado como dotación, debe de existir un registro en un libro de minuta a que militar fue entregada y en qué fecha, solicito realizar una investigación para determinar si efectivamente el explosivo perteneció a las fuerzas militares o al contrario era de las FARC y determinar cómo llego hasta el sitio donde fue encontrada, por JOSE SAMUEL ROJAS MORA, DD.HH y FERMIN OVIEDO ESPINOSA de ASCATRAGUA, “las referencias de los explosivos encontrados no las publico considero reserva sumarial”

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL

Realizar una investigación inmediata imparcial de los hechos antes mencionados para el esclarecimiento de la verdad y estos hechos no sean uno más de la impunidad.
Solicitamos se envié una comisión de la procuraduría y defensoría del pueblo a puerto cachicamo para que se escuchen el testimonio de nosotros los campesinos que a diario somos víctimas del conflicto armado y de igual manera seamos deslucidos del mismo.
Solicito se inicie una investigación en contra de los militares antes mencionados como coautores o por omisión para determinar el grado de responsabilidad en los hechos del 22 de julio de 2012 en los que resultó herida la menor MARIA FERNANDA MONDRAGON CASTRO.
El derecho internacional humanitario en unos de sus artículos dice que las viviendas, los centros poblados, las escuelas, las iglesias los sitios denominado patrimonio comunal están protegidos por el derecho internacional humanitario, por la cual ningún grupo armado puede instalar una base militar permanente o transitoria, pero esto se queda en los folios porque los militares no la aplican en el terreno.

SOLICITAMOS A  LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

1.  Continuar haciendo seguimiento y monitoreo a la gravísima situación de violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en la región del guayabero.

COMITÉ REGIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DIH DEL GUAYABERO
JOSE SAMUEL ROJAS
Vicepresidente de DDHH G

ESMER MONTILLA
Presidente
FUNDACION DHOC
COLOMBIA

MOVICE

ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES Y NACIONALES, OFICINAS EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS, MOVIMIENTO SOCIAL DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS, MOVIMIENTO SINDICIAL, ESTUDIANTIL, COMUNIDAD EN GENERAL.

DENUNCIAMOS

Hostigamiento constante y atentado contra el Presidente de la Subdirectiva Cut
Caldas, Compañero OSCAR ARTURO OROZCO y su Secretario General compañero WILSON JARAMILLO. Dirigentes Sindicales del departamento de Caldas y miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Caldas.

ANTECEDENTES

1. Desde el año anterior se han venido recibiendo en las oficinas de Sintraelecol
Caldas, panfletos en los que se construyen las palabras con letras recortadas al
parecer de periódicos, en los que se amenaza de muerte al compañero OSCAR ARTURO OROZCO, Presidente de la Subdirectiva Cut Caldas y Presidente de la Subdirectiva Sintraelecol Caldas.

2. Uno de los panfletos recibido a mediados del mes de Julio traía fotografías de
proyectiles.

3. Es de amplio conocimiento de las organizaciones defensoras de DD.HH, el desmonte gradual que el actual gobierno nacional ha iniciado a las escasas medidas de protección a sindicalistas, opositores y defensores de DD.HH.

HECHOS

El día sábado 4 de agosto del año que cursa, cuando el compañero OSCAR ARTURO OROZCO y el compañero WILSON JARAMILLO se dirigían al Corregimiento de Arauca en el vehículo del esquema de protección, tres kilómetros antes de llegar al lugar donde tendría una reunión, fueron atacados con armas de fuego; gracias a la rápida reacción de sus escoltas los proyectiles impactaron el vehículo saliendo los
compañeros ilesos.

LLAMAMOS

A la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones sociales, populares y sindicales, al movimiento social de paz y DD.HH; expresar nuestro rechazo ante estos hechos de hostigamiento y amenazas contra dirigentes sindicales del departamento de Caldas y exigir al Estado colombiano acciones urgentes que permitan la investigación de lo ocurrido, el castigo a los responsables y la aplicación de eficaces y oportunas medidas de protección que garanticen el goce pleno del derecho a la vida digna de los y las sindicalistas Colombianos.

Igualmente a exigir al Gobierno Colombiano el cumplimiento de las normas
constitucionales e internacionales que garantizan el derecho a la libre expresión,
los derechos laborales de asociación y derecho a la tranquilidad emocional en
conexidad con el derecho a la vida de OSCAR ARTURO OROZCO y WILSON JARAMILLO

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
6 de agosto de 2012

SOMOS SEMILLA SOMOS MEMORIA
SOMOS EL SOL QUE RENACE CONTRA LA IMPUNIDAD.