MOVICE

Denuncia Pública: Civiles armados en Sucre intimidan a Julia Torres, lideresa social e integrante del MOVICE, El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
MOVICE, los Capítulos Sucre y Atlántico, la empresa comunitaria La Alemania y las comunidades de La Lucha, Arroyo Arena y La Loma en San Onofre, Sucre, denunciamos la intimidación en contra de la Sra. Julia Torres el 28 de mayo 2013 y dado los antecedentes graves en su contra, solicitamos de manera urgente que la comunidad nacional e internacional la acompañe.

Hechos:

El día 28 de mayo 2013 seis hombres vestidos de civil, por lo menos dos armados con armas cortas, entraron en la finca donde trabaja la Sra. Mirian Julio,
preguntando de manera intimidante por la Sra. Julia Torres Cancio y su finca, la
Veinte.

El día 23 y 25 de mayo 2013, familiares de la Sra. Torres notaron la presencia de
personas desconocidas, vestidas de negro, pasando por la finca y cerca de la casa de la Sra. Torres.

Antecedentes:

La Sra. Torres es representante legal de la Empresa Comunitaria Alemania,
organización de campesinos desplazados en proceso de retorno a la finca la
Alemania, San Onofre, Sucre y viuda del líder del retorno Rogelio Martinez.

El Sr Martínez fue asesinado el 18 de Mayo 2010 a las 6.30 pm, por 7 hombres
fuertemente armados, vestidos de negro y con el rostro cubierto, cerca de su
residencia ubicada en la finca la Alemania en el sector del Veinte; el mismo lugar
donde se encontraron los hombres armados en este nuevo hecho.

La presencia de los civiles armados tuvo lugar después de que el día 23 de mayo de 2013, los miembros de la Infantería de Marina que realizaban controles perimetrales de manera permanente en el predio la Alemania se retiraron de la Finca, sin ninguna notificación oficial a la comunidad ni a las organizaciones acompañantes. En el momento de la retirada de la tropa, la Sra. Torres se dirige al cabo que coordinaba el pelotón para preguntarle el motivo de su retiro y este responde que eran ordenes de arriba.

Contexto:

El predio de la Alemania, es un bien colectivo que consta de 553 hectáreas
tituladas como un bien común y proindiviso por el antiguo INCORA a 53 familias del municipio de San Onofre Sucre en el año de 1997. Los campesinos lograron trabajar las tierras hasta el año 2000, fecha en que se dio la primera incursión
paramilitar del Bloque Héroes de los Montes de María quien tenían su centro de
operación en el municipio de San Onofre, desde esa fecha la población campesina se desplazó forzadamente de su territorio por las violaciones a los derechos humanos perpetrados por este grupo que dejo 14 personas asesinadas y una desaparecida, todas ellas socios de la Empresa Comunitaria la Alemania. Desde esta fecha hasta el 2005 Rodrigo Mercado Peluffo alias Cadena comandante del grupo paramilitar Héroes de los Montes de María se apoderó de la finca.

En el año de 2006 y después de la salida de los paramilitares del predio, el Sr.
Rogelio Martínez, representante legal de la empresa comunitaria Alemania y otras familias de la Alemania deciden retornar voluntariamente a su territorio.

En el año de 2008 empiezan las amenazas e intimidaciones contra el Sr. Martínez, llegando al número de 23 agresiones dirigidas contra él por las acciones que realizaba en la defensa de su territorio.

En 2010 la Sra. Julia Torres y a su familia fueron otorgados medidas cautelares en 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Exigimos:

Al estado y gobierno colombiano:

-La permanecía de los controles perimetrales por parte de la fuerza pública en la
finca Alemania, el sector de la Lucha, Arroyo Arena y La Loma, ubicadas en el
municipio de San Onofre ya que la comunidad está denunciando la permanencia de personas extrañas en estos lugares.

-Que se activen de forma inmediata la implementación de las medidas de protección de la familia de Julia Torres y Rogelio Martínez en el marco de las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
-Que se activen todas la recomendaciones emitidas por la Corte Constitucional en el marco de la sentencia T-211/10 donde declara la situación de desplazamiento forzado a la comunidad de la Finca la Alemania por el sin número de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos contra esta comunidad campesina.

-Que se acelere el proceso de investigación del asesinato de Rogelio Martínez,
representante legal de la finca Alemania y que se conozca la verdad de los hechos,se aplique justicia y reparación integral a su familia como a la comunidad a la cual pertenecía.

Por favor dirigirse a:

Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26, Palacio de Nariño, Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 596 0631
E-mail: buzon1@presidencia.gov.co

Eduardo Montealegre
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01, Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 570 20 00 Ext 1113; (+57 1) 414 90 00
Email: luis.montealegre@fiscalia.gov.co, contacto@fiscalia.gov.co,
denuncie@fiscalia.gov.co, ricardo.gonzalez@fiscalia.gov.co

Andrés Villamizar, Director, Unidad Nacional de Protección
Dirección de correspondencia:
Avenida Calle 26 No. 59-41/65 Bogotá D.C. Colombia
PBX: (571) 4269800
andres.villamizar@mininterior.gov.co
twitter: @villamizar

Juan Carlos Pinzón Bueno
Ministro de Defensa
Avenida El Dorado con Carrera 52, CAN, Bogotá D.C.
Tl: (+ 57 1) 222 1874, +571 315 0111 Ext 3301, (+57 1) 266 1003

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE

31 de mayo 2013

www.movimientodevictimas.org

MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crimen es de Estado, MOVICE,
denuncia la ejecución extrajudicial del campesino MANUEL ENRIQUE MARTÍNEZ CARDONA, en Tierra Alta, Córdoba, el 5 de mayo 2013.

El Sr. Martínez Cardona fue atacado por el Ejército Nacional,en el corregimiento de la Osa, municipio Tierra Alta, Cordoba, en horas de la mañana el día 5 de mayo, resultando gravemente herido. Falleció hacia las 4 a.m. del 6 de mayo en el hospital de Tierralta, Córdoba.Esta acción militar, que constituye otro ataque
indiscriminado contra la población civil, tuvo lugar luego de la Acción Humanitaria
y solidaria emprendida para la protección y promoción de los Derechos Humanos los días 26 y 27 de abril, llevadas a cabo en el corregimiento de Crucito.

Es de resaltar que la Acción Humanitaria, desde la preparación de la misma, fue
estigmatizada y atacada por la fuerza pública, por autoridades civiles de la
región. De esta forma, se niega el derecho a la defensa y protección de los
Derechos Humanos y a la libre expresión.

Nos parece aberrante, que en el marco de los diálogos de paz, el Ejercito Nacional siga atacando a la población civil y sin que se pronuncie el gobierno nacional.

Este asesinato se suma a los de Elver Cordero, el 9 abril y Ermes Enrique Vidal
Osorio, el 23 de marzo, también en el departamento de Córdoba. Estos dos fueron reclamantes de tierra.

Exigimos:

Que las autoridades estatales realicen una investigación de los hechos, para
asegurar que los militares responsables de ordenar esta acción militar contra la
población civil estén juzgados y condenados.

Que el gobierno se pronuncie contra las acciones que el Ejercito Nacional sigue
realizando contra la población civil.

Que las organizaciones nacionales e internacionales se comuniquen con las
autoridades, para exigir que estas exigencias se cumplan.

Dirijanse a:

Presidente Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26, Palacio de Nariño, Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 596 0631
Email: buzon1@presidencia.gov.co , comunicacionesvp@presidencia.gov.co

Angelino Garzón
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

Fax: (+57 1) 596 0651

Teléfono: +571 334 4507

Email: comunicacionesvp@presidencia.gov.co
contactovicepresidencia@presidencia.gov.co ppdh@presidencia.gov.co

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
14 mayo 2013

MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, denuncia la amenaza y falso señalamiento contra Argemiro Lara e Ingrid Vergara, ambos integrantes del MOVICE capitulo Sucre además de los demás integrantes del proceso de retorno a la finca La Europa, Ovejas, Sucre.

La amenaza se encontró en varios panfletos difundidos en la finca La Europa, el día 9 de mayo de 2013, los cuales acusan al Sr. Lara de ser tercer comandante del grupo guerrillero PRT, y se refieren a Ingrid como su mano derecha. Además señala que el comité de Argemiro está integrado por personas que vienen trabajando el caso de la Europa, y el cual incluye a miembros de la guerrilla, acusación que carece de fundamento alguno.

Es también de preocupación que la amenaza cita detalles del esquema de seguridad del. Sr. Lara, tal y como lo relacionado con el chaleco antibalas, lo que pone en riesgo su vida, y da cuenta acerca de los niveles de información que manejan quienes ejecutan estas amenazas sobre los sistemas físicos de protección.

Contexto:
Esta amenaza es la segunda que recibe Ingrid Vergara en menos de dos semanas. El día 30 de abril llegó al celular de su hija, Cendy Torres Vergara, una amenaza que decía: “hola perra mataron a tu mama jajajaja“ enviado desde el celular número 3015887494.

El Sr Argemiro, la Sra Vergara y demás miembros de la comunidad de la Europa han sufrido una serie de amenazas y hostigamientos sistemáticos desde el 2011.

Muchos de los abusos cometidos en contra de integrantes del Movice en esta región del país han sido perpetrados por miembros de la fuerza pública, y por el
administrador de la empresa Arepas Don Juancho, que adquirió parcelas de la finca de manera ilegal en 2008, y ha venido presionando a los demás dueños de estos territorios desde ese entonces. Por ejemplo, la comunidad ha sido objeto de grabaciones ilegales por parte de la Policía y se han reportado tomas ilegales de fotografías por parte de representantes de la empresa Arepas Don Juancho además del porte ilegal de armas por los mismos. Además de las amenazas por parte de grupos paramilitares y la quema de varias casas.

La situación de amenazas contra el Capítulo MOVICE en Sucre, departamento donde se ubica la finca La Europa, conllevó a que el 8 de noviembre 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH otorgara medidas cautelares a 17 miembros de sus miembros, entre ellos, a Ingrid Vergara.

Exigimos:
Que las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía y el SIJIN, realicen una
investigación de esta amenaza y demuestren resultados concretos.

Que la Unidad Nacional de Protección garantice la seguridad del Sr. Lara y la Sra.
Vergara, y los demás integrantes del proceso de retorno a La Europa y el Capítulo Sucre del Movice, garantías que no se están llevando a cabo.

Que las organizaciones nacionales e internacionales se comuniquen con las
autoridades colombianas, para exigir que cumplan con las acciones arriba
mencionadas.

Por favor diríjanse a:
Angelino Garzón
Vicepresidente de la República (Encargado del Programa presidencial por los derechos
humanos)
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
Fax: (+57 1) 596 0651
Teléfono: +571 334 4507
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co
contactovicepresidencia@presidencia.gov.co ppdh@presidencia.gov.co

Eduardo Montealegre
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01, Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 570 20 00 Ext 1113; (+57 1) 414 90 00
Email: luis.montealegre@fiscalia.gov.co, contacto@fiscalia.gov.co,
denuncie@fiscalia.gov.co, ricardo.gonzalez@fiscalia.gov.co

Andrés Villamizar, Director, Unidad Nacional de Protección
Dirección de correspondencia: Avenida Calle 26 No. 59-41/65 Bogotá D.C. Colombia
PBX: (571) 4269800 andres.villamizar@mininterior.gov.co
twitter: @villamizar

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

10 mayo 2013

por MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, Capítulo Sucre, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional y las autoridades nacionales una nueva amenaza que atenta contra la integridad física de la defensora de derechos humanos y secretaria técnica del MOVICE Capítulo Sucre INGRID VERGARA y su familia.

HECHOS

El día 30 de abril de 2013 a las 6:28 de la tarde al celular número 3015887494 perteneciente a CENDY TORRES VERGARA hija de INGRID VERGARA llegó un mensaje de texto cuyo contenido es el siguiente: “hola perra mataron a tu mama jajajaja” (negrilla nuestra). Situación que vulnera la integridad física y psicosocial de la defensora de derechos humanos y su familia.

ANTECEDENTES

El Capítulo del MOVICE Sucre, surge como una apuesta que se niega a la impunidad y al anquilosamiento del paramilitarismo en la vida política, económica y social del departamento. Se conforma desde las experiencias de organizaciones de derechos humanos, sociales y de oposición política del departamento, que por décadas han sido exterminadas por el accionar del paramilitarismo en el departamento.

A raíz del trabajo de denuncia y visibilización de la infiltración paramilitar en el poder político local y regional, las agresiones y amenazas en contra de los integrantes del MOVICE Capítulo Sucre han sido constantes. El MOVICE ha podido recopilar más de 130 agresiones contra sus integrantes en Sucre desde su conformación en 2006, entre las que figuran atentados, asesinatos a personas protegidas, allanamientos ilegales, amenazas directas, amenazas a familiares, montajes judiciales, detenciones, señalamientos e intimidaciones. Las personas que han desarrollado un trabajo destacado dentro del Capítulo se encuentran en una situación en la que seriamente corren riesgo sus vidas e integridad física.

Situación esta que obligó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH a otorgar el día 8 de noviembre de 2006 medidas cautelares a 17 miembros del MOVICE Sucre, entre ellos, a INGRID VERGARA.

DENUNCIAMOS:

por MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE- Capítulo Valle del Cauca, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Valle del Cauca – CSPP-, la Asociación para la Investigación y Acción Social – NOMADESC, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia-SINTRAUNICOL Subdirectiva Cali, el Colectivo Memoria Viva, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional las amenazas contra Héctor Enrique Martínez quien pertenece al MOVICE Capitulo Valle del Cauca.

Hechos:

· El día 13 de abril de 2013, en la carrera 40 con calle 39 a las 9:30 p.m. del barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali, el señor Héctor Martínez fue interceptado por dos sujetos en moto, usando casco, con la placa de la moto levantada para evitar ser identificados, quienes le dijeron “deje de estar influenciando a la comunidad para que denuncie los abusos de autoridad de la policía, le va a pasar lo mismo que le paso a su hijo”.

· El día 29 de abril de 2013, en calle 39 con carrera 45, cerca de las 12:00 M. en el barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali, nuevamente fue interceptado por dos sujetos en moto, usando casco, con la placa de la moto levantada para evitar ser identificados y quienes le repitieron nuevamente la amenaza.

Antecedentes:

HECTOR FABIO MARTÍNEZ REYES hijo de HECTOR MARTÍNEZ, fue asesinado por miembros de la policía Nacional adscritos a la estación el Diamante, el 26 de mayo de 2012, en el barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali. Los miembros de la fuerza pública alteraron la versión de los hechos y hasta la fecha la Fiscalía General de la Nación no ha presentado resultados concretos en la investigación que adelanta por estos hechos.

Su padre el señor HECTOR MARTINEZ, realizó una caminata de Cali hasta Bogotá con el propósito de denunciar, visibilizar y exigir justicia. También ha realizado múltiples acciones encaminadas a la búsqueda de justicia en este crimen que se encuentra en la impunidad.

Solicitudes:

MOVICE- Capitulo Valle del Cauca

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Valle del Cauca –CSPP-

Asociación para la Investigación y Acción Social –NOMADESC

Naciones Unidas

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, condenan el asesinato del señor Ever Cordero Oviedo, líder comunitario, desplazado y presidente de la mesa de víctimas de Valencia, Córdoba, quien ayer antes de su muerte se encontraba en Valencia organizando los eventos conmemorativos del día de las víctimas.

“Nos preocupa esta muerte violenta porque es el segundo asesinato en las últimas dos semanas que afecta a líderes de tierras en Valencia. El señor Ever Cordero tenía amplia trayectoria y era reconocido por las instituciones y la sociedad civil por su liderazgo en temas de tierras y de víctimas”, dijeron los representantes de estas agencias de la ONU.

Las agencias de la ONU, que suscriben este comunicado, expresan sus condolencias a los familiares del señor Cordero, y al movimiento de víctimas en el país.

Las agencias de la ONU expresan su consternación y preocupación por la falta de protección eficaz que enfrentan las víctimas en varias regiones del país, y por la situación de violencia, control, presiones y amenazas que viven ante la presencia de diferentes grupos armados.

Las agencias de la ONU instan a las autoridades pertinentes a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de este crimen, y de otros crímenes de víctimas ocurridos en los últimos años, ya que superar la impunidad es imprescindible para lograr una verdadera protección de las víctimas en Colombia.

Las agencias de la ONU esperan que las instituciones del Gobierno, entre ellas la Unidad Nacional de Protección, puedan tomar medidas efectivas para proteger la vida y la seguridad de los defensores de derechos humanos, haciendo énfasis especial en aquellos líderes y lideresas que se encuentran en las regiones.

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, denuncia la amenaza
recibida el día de 1 de abril de 2013 contra 92 organizaciones y
líderes sociales y políticos, a quienes estigmatiza y declara como
“objetivo militar permanente y enemigos”, por “atacar las buenas y nobles
intenciones del alto gobierno a favor de la paz, o de lo contrario irán más
allá de las amenazas…”

En el panfleto se amenaza a organizaciones como: SINTRAMIENERGÉTICA,
FUNTRAENERGÉTICA, SINTRACARBÓN, FUNDACIÓN ARCO IRIS, CPDH, MOVICE, CODHES,
COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, y el PDA, etc.

Además se nombran dirigentes sindicales y defensores de los derechos
humanos de reconocida trayectoria como: Yonis Ojeda Lobo, Sabas Brito
Mendoza, Horacio Llanos, Sergio Becerra Moreno, Igor Díaz López, y los
Senadores Alexander López, Jorge Enrique Robledo y Guillermo Jaramillo,
entre otros.

Este grave hecho se suma a las 991 amenazas que han proferido estos grupos
al movimiento sindical colombiano durante el gobierno del Presidente Juan
Manuel Santos en medio que no se conoce ninguna acción de la justicia
contra los autores materiales o intelectuales, lo que permite la violación
generalizada de los derechos humanos y una flagrante impunidad, cuando lo
que sufrimos es una sistemática revictimización, como lo vivimos en el mes
de enero que recibimos del mismo grupo “Los Rastrojos Comandos Urbanos”,
una amenaza colectiva a las organizaciones sindicales, incluida la CUT
Nacional, y lo más preocupante es el silencio guardado por las autoridades,
agravado con que no se ha determinado ninguna nueva medida de protección a
los dirigentes afectados por esta amenaza.

Rechazamos las acusaciones sin fundamento hacia los líderes y defensores de
derechos humanos de tener presuntos vínculos con la insurgencia y exigimos
las garantías constitucionales a los derechos fundamentales de libertad
sindical y de asociación. Nos preocupa que en momentos en que se han
abierto procesos de diálogo y solución política negociada al conflicto
armado, el Estado omita su responsabilidad constitucional de aplicar
justicia a quienes desde la ilegalidad atentan contra la convivencia
democrática.

Por lo anterior instamos al Estado colombiano, al Presidente de la
República, al Ministerio del Interior, y la UNP a proteger y garantizar la
vida e integridad física de las personas y organizaciones que en este
panfleto son nombradas.

Llamamos a la comunidad nacional e internacional, y al movimiento sindical
internacional a expresar su rechazo y enviar pronunciamientos al gobierno
colombiano frente a esta grave amenaza.

El CPDH-Nariño

Denuncia ante la comunidad nacional e internacional la presunta TORTURA Y
EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL de la que fueron víctimas los
señores GUMERCINDO GUERRERO PRECIADO Y JOHN FREDDY GARCÍA BASTIDAS el pasado 4 de marzo en la vereda Paraíso, municipio de Roberto Payán por parte de la brigada del Ejército Nacional que opera en la costa pacífica del departamento de Nariño.

HECHOS:

1. Aproximadamente a las 12 del día 4 de marzo de 2013 posterior al
combate sostenido entre tropas del Ejército Nacional y miembros del grupo
subversivo de las FARC – EP, fueron retenidos los Señores GUMERCINDO
GUERRERO PRECIADO Y JOHN FREDDY GARCÍA BASTIDAS quienes luego fueron
trasladados a la capitanía del puerto de Tumaco lugar al cual ingresaron con vida.

2. El día 5 de marzo de 2013 sus familiares conjuntamente con un abogado
acudieron a la Capitanía del puerto de Tumaco y lograron información
tendiente a que los retenidos se les realizaban prácticas de tortura con el
objeto de obtener información.

3. El 7 de marzo de 2013 los cuerpos sin vida de los Señores GUMERCINDO
GUERRERO PRECIADO Y JOHN FREDDY GARCÍA BASTIDAS fueron entregados a sus familiares en el Hospital de Tumaco con evidentes signos de tortura y
quemaduras con ácido en su rostro.

Se puede observar que esta práctica de ser cierta, desconoce la
normatividad colombiana, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que de acuerdo al Código
Penal Artículos. 135, 137 y 178 esas conductas corresponden a los delitos
de Homicidio en Persona Protegida, Tortura en Persona Protegida y Tortura;
en términos del Derecho Internacional Humanitario que protege a las
personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y
restringe los medios y métodos de combate, este homicidio se reconoce como
Ejecución Extrajudicial o sumaria, pues de haber sido detenidos,
correspondía a los militares Respetarles la vida y la dignidad humana, sus
derechos, ponerlos en manos de la autoridad competente para adelantar el
debido proceso y no someterlos a vejámenes y actos de barbarie proscritos
por nuestra Constitución Política y la normatividad internacional.

Por los hechos denunciados:

RESPONSABILIZAMOS: Al Estado Colombiano, al Ministerio de Defensa al
Ejército Nacional de Colombia representado en el Batallón de Infantería de
Marina que opera en la costa pacífica nariñense, vereda paraíso, municipio
de Roberto Payán y a la Capitanía del Puerto de Tumaco donde unidades del
ejército cometen los crímenes mencionados.

*EXIGIMOS: *Al Ejército Colombiano, la Infantería de Marina y sus miembros
que operan en el pacífico nariñense, responsables de la comisión de estos
crímenes individualizar, investigar y sancionar disciplinariamente a los
responsables al tiempo que remitir el diligenciamiento a la Justicia Penal
Ordinaria, toda vez que es claro que estos delitos son considerados como de
Lesa Humanidad y no pueden ser amparados por El Fuero Penal Militar.

A la Fiscalía General de la Nación adelantar la investigación exhaustiva
que permita esclarecer la verdad de los hechos y se aplique con rigor la
justicia.

A la Procuraduría General de la Nación hacer el seguimiento a las
investigaciones tanto disciplinarias como penales que el caso amerita.

INSTAMOS: A la Comunidad Internacional, a las Organizaciones Sociales y
Defensoras de Derechos Humanos acompañar y estar atentos al desarrollo de
la investigación.

Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos – Nariño

MOVICE

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE Capítulo Sucre, denuncia una vez más nuevos actos de amenazas e intimidaciones en contra de varios miembros de la Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar al igual que en contra del congresista IVAN CEPEDA CASTRO e INGRID VERGARA CHAVEZ, secretaria técnica del Movice, Capitulo Sucre

Hechos:

El día 11 de marzo 2013 a las 10:30 PM la defensora de Derechos Humanos y miembro de la mesa de Víctimas del municipio del Carmen de Bolívar MARY LUZ VASQUEZ recibió un mensaje de texto a su celular número 3106201760 proveniente del celular número 31267870. El mensaje expresaba:
“guerrilleros GUSTAVO FGARDO MARILUS RONAL LUIS ALFREDO ROBINSON CASTILLA MARQUEZA MRIVEL SIGUEN DENUNCIANDO Y COBRANDO VACUNAS PARA IVAN CEPEDA Y INGRI Y LAS PLATAS LAS LLEVAN LOS GUERILLEROS NAYIVI EL SAPO DE EDGARDO CON MARILUZ CREEN QUE EL EXPARACO DEL PERSONERO LOS BA HA SALBAR EL REMEDIO PARA USTEDES ES LA MUERTE YA ESTAMOS EN EL PRADO AORA LAMEN A LA POLICIA SI ELLOS ESTAN CON NOSOTROS Y BAMOS POR TODOS USTEDES LLAMEN A IVAN CEPEDA O A INGRI”.

El día 14 de marzo de 2013 en horas de la noche a las 8 y 53 de la noche, la defensora de derechos humanos e integrante de la Mesa de Víctimas del municipio del Carmen de Bolívar MARY, LUZ VASQUEZ, recibió un mensaje de texto amenazante a su celular número 3106201760; el mensaje fue enviado desde el celular número 3126787072. Dice lo siguiente:

“MALPARIDOS GUERRILLEROS NO HAN HECHO CASO PERO NO PASARAN DEL CATORCE DE MARSO EDGARDO MARILUS MARIVEL LUIS ALFREDO ROBINSON CASTILLA MARQUESA RONAL GUSTAVO NAYIVI O SUS HIJOS SANGRE EN EL CARMEN”.

Antecedentes

La Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar fue creada en 17 de febrero 2012. Es un espacio de coordinación de las victimas para la exigencia de Derechos en el marco de la ley 1448 y su capítulo sobre la Restitución de Tierra, desde su existencia varios de sus miembros han sufrido varias amenazas, las cuales han sido denunciadas ante las autoridades competentes sin que hasta el momento se den ningún resultados sobre las investigaciones realizadas. A continuación citamos estas amenazas.

El día 20 de febrero del 2013, a las 09:38 a.m., MARILUZ VASQUEZ recibió un mensaje de texto del celular 3126575791 a su número privado 3106201760. El mensaje dice:

“HOLA GUERRILLEROS LO QUE FALTA ES QUE SE SIENTEN EN LA MESA DE DIALOGO EDGARDO MARILUZ MARIVEL MARQUESA ROBINSON RONAL GUSTAVO LUIS ALFREDO QUE SON LOS QUE PIDEN VACUNAS EN TODOS LOS MONTES DE MARÍA COMANDADOS POR CEPEDA HAY QUE SALIR DE USTEDES”.

El día 6 de marzo 2013, varios miembros de la Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar se dirigían hacer un acompañamiento a las víctimas al corregimiento de San Isidro municipio del Carmen de Bolívar y además estaban con dos funcionarios de la personería del municipio del Carmen de Bolívar. En ese momento entró un mensaje al celular de MARILUZ VASQUEZ número 3106201760 el mensaje de texto decía “EDGARDO, MARYLUZ, RONALD, MARIVEL, MARQUEZA, ROBINSON, LUIS ALFREDO, ROBINSON CASTILLA, MARQUEZA GUERRILLEROS NO QUIEREN ENTENDER QUE NOSOTRSO SOMOS LOS QUE MANADAMOS EN LA ADMINISTRACION QUIEREN MUERTE YA VEMOS O NOS TOCARA CAMBIAR AL PERSONERO, QUE ESTA CON USTEDES, SABIENDO QUE EL TIENE QUE HACER LO QUE NOSOTROS DIGAMOS”.

MARILUZ VASQUEZ llamó de inmediato a los demás acompañantes de la misión, para contar lo que pasaba. Estando en el desarrollo de la actividad en el municipio de San Isidro Labrador, recibieron el segundo mensaje de texto del mismo número donde llegó la llamada anterior que decía “ESGARDO, MARYLUZ, RONALD, MARQUEZA, EL PERSONERO EL TORCIDO ESE QUE QUIERE HECER DIGALE QUE SALVE A LOS TRES QUE VAMOS A MATAR HOY O A TRES DE SUS HIJOS TENEMOS QUE ACABAR CON USTEDES GUERRILLEROS, HOY EMPIEZA LA GUERRA BUSQUENSE EN FACEBOOK COMO ESTAN UNIFORMADOS DE LAS FARC. MARYLUZ VASQUEZ”. Se comunicó enseguida con varios miembros de la Mesa de Víctimas y les informó lo ocurrido. De igual manera los funcionarios de la personería que acompañaban la misión se comunicaron con las autoridades las cuales les dijeron que abandonaran el lugar, pues según ellos, no había seguridad para ellos en el sitio.

Exigencia:

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Capitulo Sucre, ve con mucha preocupación la grave situación de seguridad por la cual atraviesan los miembros de la Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar y el Movice, así como los procesos que ellos acompañan en defensa del territorio y los Derechos Humanos.

De igual manera hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes encargadas de la protección de estos defensores y defensoras de derechos humanos a que se les brinde las medidas de protección necesarias para el libre desarrollo de sus actividades de acompañamiento a víctimas, medidas que deben ser acordadas con los beneficiarios.

También hacemos un llamado urgente a los entes encargados de investigar a que se realicen las acciones pertinentes para investigar, judicializar y sancionar a las personas o grupos que han estado amenazando la labor de estos defensores de derechos humanos.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capìtulo Sucre

MOVICE

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia ante los organismos de control, la comunidad nacional e internacional y las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos las violaciones de derechos humanos que se dieron el miércoles 13 de marzo de 2013 al rededor de las 10:08 am, en donde se produjo una fuerte explosión frente a la sede de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), organizaciones Defensoras de Derechos Humanos que hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE), en el departamento de Norte de Santander.

Aproximadamente a las 7:00 am, cuando Olga Quintero, miembro de junta directiva de la asociación, llegaba a la oficina; se percató de ser vigilada por un hombre que conducía una motocicleta negra y portaba un casco integral que le cubría el rostro, quien hablaba por celular mientras la observaba. Pero en el momento que el individuo se dio cuenta de que ella lo había visto, dejó de hablar por teléfono y disimuló. Lo cual hace suponer que podría tratarse de un seguimiento por parte de actores armados ilegales, momentos antes de la detonación.

Posteriormente, dos hombres en una motocicleta RX 115 negra, pese a la prohibición de “parillero” que rige en la ciudad de Cúcuta debido a los altos índices de inseguridad y sicariato, pasaron a baja velocidad frente al inmueble donde funcionan las dos Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos y arrojaron un explosivo de bajo poder contra la reja de la casa, el artefacto rebotó y explotó aproximadamente 3 segundos después de ser lanzado, mientras los motorizados se alejaron a gran velocidad hacia la avenida Guaimaral.

Aunque no hubo daños físico o materiales que lamentar, en la sede ni en las viviendas vecinas, los miembros de las organizaciones si consideran que la situación no ha sido fortuita ni casual y que obedece al accionar del paramilitarismo en la ciudad de Cúcuta. “Por supuesto entendemos que, esta situación, tiene que ver con nuestro trabajo en defensa de los Derechos Humanos en la región del Catatumbo, el impulso de la Constitución de una Zona de Reserva Campesina, lo cual ha sido una propuesta estigmatizado desde el mismo Ministerio de Defensa”.

Desde el día de ayer, se viene desarrollando la asamblea general del equipo ejecutivo de la Junta Directiva de ASCAMCAT y la mayoría de los directivos se encontraban en el interior del inmueble en el barrio Ceiba 2 de Cúcuta en el momento en que se presentaron lo hechos, cabe resaltar que varios de ellos cuentan con medidas de protección por parte del Ministerio del Interior y Justicia, entre ellos: José del Carmen Abril, Juan Carlos Quintero, Guillermo Antonio Quintero y Olga Lucía Quintero.

“Debido al accionar paramilitar en la ciudad de Cúcuta, tememos por nuestras seguridad ya que, uno de los modos en que actúan es arrojando granadas al interior de las casas para acabar indiscriminadamente con cualquier persona que se encuentre allí en ese momento”.

“Es más preocupante aún si tenemos en cuenta, que debimos insistir por espacio de 20 minutos para poder contactarnos con la policía; si las respuesta de las autoridades no es eficaz, el riesgo de para nosotros es mayor”. Así lo aseguró uno de los voceros de la asociación que se encontraba allí en el momento en que se presentaron los hechos.

Después de varios intentos a la lineas 112 y 123, pudieron comunicarse con la Policía Nacional y luego de 40 minutos de hacerse presentado los hechos, acudieron al sitio varios agentes de policía para apersonarse de la situación. El Teniente Coronel Zapata de la policía Metropolitana de Cúcuta, arribó también a la sede de la asociación para atender directamente la situación y ofreció medidas de protección para la oficina.De la misma manera, el Capitán Torres, de la MECUC y agentes especialistas en explosivos inspeccionaron los restos que dejó la explosión.

Cabe anotar que este no es el primer incidente de seguridad que del que son víctima los miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo, ni el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. El pasado 7 de Enero, de este año, en el municipio de Ocaña, 2 desconocidos que se movilizaban en motocicleta, en un intento claro de atentar contra sus vidas, persiguieron e intentaron colocar una granada en la parte delantera del carro donde se movilizaban Olga Quintero, Juan Carlos Quintero y Guillermo Antonio Quintero, miembros todos de la Asociación.

ASCAMCAT y la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, solicitan la atención de la comunidad internacional para que trasladen su preocupación a las autoridades colombianas, demandándoles garantías de seguridad para los miembros de la asociación y de la CCALCP. Así mismo responsabilizan al Estado Colombiano por cualquier atentado o incidente de seguridad que se presente contra los miembros.

Exigimos al Gobierno Nacional

1. Tomar las medidas necesarias en aras de garantizar y proteger los derechos fundamentales de los y las integrantes de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP) y en general de los miembros del Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE), en el departamento de Norte de Santander.
2. Que la Fiscalía General de la Nación y demás organismos de control investiguen los hechos acá denunciados y se individualicen a los responsables. con el fin de iniciar un camino eficaz para la superación de la impunidad.

Solicitamos a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos.

1. A la comunidad internacional. Enviar cartas a las diferentes instituciones locales y nacionales en apoyo al trabajo de los Defensores de Derechos Humanos y hacer un monitoreo constante de lo que pasa en el día a día en el departamento de Santander.
2. Se continúe con el seguimiento y los monitoreos frente a la gravísima situación de derechos humanos por el que atraviesan los y las defensoras de derechos humanos en Colombia.
3. Exigir al Gobierno Colombiano una respuesta frente a las investigaciones que se han hecho en cuanto a las violaciones de derechos humanos contra organizaciones y miembros que hacer parte del MOVICE.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
MOVICE

El movimiento de Victimas de Crímenes de Estado capitulo Sucre, la Asociación de trabajadores agropecuarios y campesinos del departamento de Sucre ASOTRACDES-FENSUAGRO y las comunidades de: Pedregal, Damasco, Villa Colombia, Medellín, El Campin, La Conquista, el Charcón, La Represa, La Coquera, las Babillas, Oso, San Francisco, Loma el Banco, Noche Oscura, Borrachera, Capiro, Mira Mar, Los Andes, La China, Sabaneta, La Represa ubicadas en el municipio de Ovejas denunciamos los siguientes hechos:

Desde el día 26 de febrero de 2013, a las 3 de la tarde, las comunidades campesinas descritas con anterioridad, todas ellas desplazadas por la violencia y retornadas, se encuentran sin el servicio de anergia eléctrica. Dada esta circunstancia y después de haber agotado todos los recursos de diálogo y conversación con los entes encargados de suministrar este servicio público, y al no encontrar ninguna respuesta después de 15 días sin energía eléctrica, las comunidades decidieron realizar una protesta pacífica en la Trocal del Caribe en el lugar llamado el restaurante el cura a 7 kilómetros del municipio de Ovejas; la protesta empezó en horas de la tarde.

Estando los campesinos en el lugar aproximadamente a las 3 de la tarde, llegaron el grupo de escuadrones de antidisturbios ESMAD, disparando gases lacrimógenos sin ninguna consideración, golpeando e hiriendo a muchos de los campesinos que se encontraban de manera pacífica en el lugar de la protesta. Denunciamos de igual manera que en esos momentos el bus escolar del municipio de Ovejas que transportaba estudiantes a esa hora, iba pasando por el lugar de los hechos, situación que los miembros del ESMAD no respetaron y los jóvenes y niños que se trasportaban en el vehículo recibieron lesiones por el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos. Los miembros del ESMAD que se transportaba en moto ingresaron de forma violenta a las casa de los campesinos de la vereda el Palmar y Pedregal, sacando a golpes a los campesinos acusándolos de ser guerrilleros y “gonorreas hijueputas”.

Exigencias:

El movimiento de Victimas de Crímenes de Estado Capitulo Sucre, la Asociación de trabajadores agropecuarios y campesinos del departamento de Sucre ASOTRACDES-FENSUAGRO y las comunidades de: Pedregal, Damasco, Villa Colombia, Medellín, El Campin, La Conquista, el Charcón, La Represa, La Coquera, las Babillas, Oso, San Francisco, Loma el Banco, Noche Oscura, Borrachera, Capiro, Mira Mar, Los Andes, La China, Sabaneta, La Represa ubicadas en el municipio de Ovejas hacemos las siguientes exigencias:

1- Estas comunidades fueron desplazadas por la violencia en el año de 2001 y retornados en el año de 2005, en el retorno se realizaron unos acuerdos y compromisos anivel nacional, departamental y municipal. En esto acuerdos se planteó la necesidad de resolver los derechos fundamentales de la comunidad, entre ellos el acceso a los servicios públicos básicos; hasta el momento ninguno de estos acuerdos se ha cumplido y hoy encontramos a unas comunidades sumidas en una pobreza absoluta, razón por la cual exigimos establecer una mesa de diálogo entre la comunidad y el gobierno nacional, departamental y municipal para concertar el cumplimiento de los planes de retornos establecidos en los acuerdos pactados con las comunidades campesinas.

2- Que se investigue y sancione los atropellos y abuso de autoridad perpetrados por el ESMAD y la policía en el marco de la protesta pacífica realizada por esta comunidades campesinas.

3- Exigimos que el alcalde del municipio de Ovejas, como máxima autoridad del municipio, asuma su compromiso con la defensa de los derechos de estas comunidades vulnerables.

4- Solicitamos a los entes de control e investigación que sean vigilantes frente a los derechos vulnerados a estas comunidades, teniendo en cuenta que muchas de estas veredas son objeto de protección especial, según el informe de riesgo elevado a alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.

Movimiento de víctimas de crímenes de estado capitulo Sucre.

La Asociación de trabajadores agropecuarios y campesinos del departamento de Sucre ASOTRACDES-FENSUAGRO.

Comunidades de: Pedregal, Damasco, Villa Colombia, Medellín, El Campin, La Conquista, el Charcón, La Represa, La Coquera, las Babillas, Oso, San Francisco, Loma el Banco, Noche Oscura, Borrachera, Capiro, Mira Mar, Los Andes, La China, Sabaneta del municipio de Ovejas Sucre

Las organizaciones aglutinadas en el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos denuncian las nuevas amenazas, enviadas por correo electrónico al ETTDH, por parte de los grupos autodenominados “Comando Antirrestitución”, donde dan 48 horas para salir de la ciudad.

Comunicado a la Opinión Pública

Neiva, 27 de febrero de 2013

Ante la gravedad de la situación humanitaria que se presenta en el marco de la movilización de caficultores en el departamento del Huila, que hasta la fecha se manifiesta en más de 10 casos de detenciones arbitrarias; 46 heridos según el reporte de la Secretaria de Salud del Huila, algunos de ellos de gravedad y múltiples afectados por gases lacrimógenos, se ha conformado la MESA DE DERECHOS HUMANOS DEL HUILA integrada por delegados de organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos.

Las organizaciones presentes decidimos conformar la MESA DE DERECHOS HUMANOS DEL HUILA, que se encargará de proteger los Derechos Humanos de la población civil manifestante; de la misma forma rechazamos el abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros del ESMAD de la Policía Nacional y hemos decidido ir a las zonas de concentración para recepcionar las denuncias y pruebas de casos de violaciones a los Derechos Humanos y así ponerlos en conocimiento a la comunidad en general.

La MESA DE DERECHOS HUMANOS DEL HUILA ha gestionado la presencia de una Comisión Nacional de Derechos Humanos de la que harán parte delegados del Secretariado Nacional de Pastoral Social y de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH-.

Una vez recepcionados los casos de violaciones a los Derechos Humanos la MESA DE DERECHOS HUMANOS DEL HUILA convocará a una rueda de prensa para hacer la denuncia pública de estos actos. Esta se realizará el día jueves, 28 de febrero a las 8:00 a.m. en la oficina de la Corporación Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia OBSURDH- ubicada en la carrera 10 # 8  38 piso II.

Instamos al gobierno Nacional y a las autoridades competentes a garantizar la actividad legítima de los miembros de la MESA DE DERECHOS HUMANOS DEL HUILA y el respeto a la movilización y la protesta social.

Corporación Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia OBSURDH
Colectivo de Objetoras y Objetores de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio de Neiva Asociación de Afectados por la Hidroeléctrica el Quimbo ASOQUIMBO
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH
Corporación de Abogados y Profesionales Surcolombianos  CAPS
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Huila
Corporación Casa de la Memoria Corporación Cauces del Sur
Fundación Mundos Posibles.

ASCNA

La Asociación Campesina del Norte de Antioquia, ASCNA, identificada con NIT 900488021-
4. Oficia a las agencias del ministerio público y denuncia públicamente. Los hostigamientos y
agresiones violatorias del derecho de reunión y asociación que el Estado colombiano viene
cometiendo de forma sistemática y planificada por medio de agentes Estatales, paramilitares y de
la fuerza pública en contra de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia ASCNA.

HECHOS.

1. Es de nuestro conocimiento que en las recientes semanas paramilitares pertenecientes al
auto nombrado grupo de los Paisas, quienes ejercen control socia disciplinante por medio del
terrorismo de Estado en el sitio el Doce de Taraza, vienen indagando a ASCNA, basados en los
constantes señalamientos realizados por el ejército colombiano a través de su emisora
Colombia estéreo, con sede en mencionado lugar.

2. Los días 29 y 30 de Enero del presente año la ASCNA realizó una capacitación a sus
afiliados en derechos humanos en el municipio de Yarumal Antioquia, la cual fue motivada
pedagógicamente por el Programa Somos Defensores. A pesar de haber notificado por escrito
a las autoridades locales del evento, su carácter y objetivos, los participantes en este taller
fuimos víctimas de constantes seguimientos y filmaciones por personal de civil de los
organismos de seguridad del Estado. Hasta llegar a realizar un retén cuando regresaban los
asistentes al taller a sus lugares de origen siendo fotografiados e interrogados de forma
arbitraria por parte de agentes de la policía Yarumal, los cuales preguntan específicamente
por el taller realizado.

3. Desde la tarde del 1 de febrero en el Municipio de Taraza fue detectado un seguimiento por
hombres de civil al compañero Jorge Ríos destacado dirigente Campesino del Bajo Cauca
Antioqueno y asesor de organización de ASCNA. Los individuos incluso pasaron la noche en
inmediaciones de su lugar de residencia. Al ver que legadas las 10 de la mañana del día 2 de
Febrero y estos sujetos permanecían allí, nos comunicamos con la OACNUDH para que por
medio del comando de policía de Taraza se estableciera quienes eran estos personajes.
Obteniendo como respuesta que eran miembros de la inteligencia de la policía SIJIN, bajo una
tarea de investigación abierta contra los dirigentes campesinos del Bajo Cauca Antioqueno.
Nos preocupa esta situación ya que es manifestación de la sistemática persecución contra ASCNA
como lo sucedido contra nuestras dirigentes Ana Francisca Pérez y Yolanda de la Misericordia
Restrepo victimas de falso positivos judiciales.
Ante estos hechos de flagrante de violación a los derechos humanos:

Exigimos:

1. Se garantice el derecho de asociación, Expresión, reunión y movilización a los habitantes del
norte de Antioquia y bajo Cauca Antioqueno y en específico a los asociados de
ASCNA.

2. Se garantice el derecho a defender los derechos humanos a los dirigentes campesinos del
Norte de Antioquia y Bajo Cauca Antioqueno.

3. Se abran investigaciones oficiosas por parte de la procuraduría general de la Nación y las
fiscalías delegadas en derechos humanos, contra el comando de policía Yarumal, contra el
comando de policía Taraza y contra la SIJIN Por violación de los derechos humanos en los
fundamentales de Asociación, reunión, expresión y movilización que ha sido víctima ASCNA y
sus asociados.

4. Se abra similar investigación sobre la emisora Colombia estéreo del ejército colombiano y
además se les investigue por difamación, y concierto para delinquir ya que buscan propiciar
el exterminio de las asociaciones campesinas del bajo cauca y las del norte de Antioquia
porque somos críticos a su plan de consolidación.

5. . Respetar la intimidad y vida de Jorge Ríos, como su derecho a defender los derechos
humanos de las comunidades.

6. Respetar la vida e intimidad como su derecho a defender los derechos humanos de las
comunidades de Luz Mery López dirigente campesina del municipio de Anorí afiliada a ASCNA
detenida arbitrariamente hace 6 meses, absuelta y declarada inocente por un Juez de la
República el pasado 31 de enero y puesta en libertad.
ASCNA.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071 Fax: (+57 1) 566.20.71
comunicacionesvp@presidencia.gov.co
ppdh@presidencia.gov.co

Vicepresidente de la República de Colombia ANGELINO GARZÓN
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
Teléfonos (57 1) 444 2120 – 444 2122
Fax: (57 1) 596 0651
E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co Twitter: @angelino_garzon

MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA.
ministro@minjusticia.gov.co

DEFENSOSIA DEL PUEBLO. JORGE ARMANDO OTÁLORA
defensoria@defensoria.org.co

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN EDUARDO MONTEALEGRE
Diagonal 22B No. 52-01 – Bogotá, D.C.
Teléfonos: 570 20 00 – 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co denuncie@fiscalia.gov.co

MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA.
ministro@minjusticia.gov.co

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
quejas@procuraduria.gov.co

MOVICE Sucre

Bogotá, Colombia. 13 de febrero de 2013.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, denuncia la amenaza de muerte recibida por la hija de un defensor de derechos humanos del departamento de Sucre, el 12 de febrero 2013. La amenaza nombra a varios integrantes del capítulo Sucre del MOVICE. En esta amenaza se dice: “procederemos con sus respectivas familias, a ver si les duele”.
Esta amenaza, firmada por las Águilas Negras, evidencia la persistencia de las estructuras paramilitares y los crímenes de Estado en el país, lo que se constituye en un obstáculo estructural para que se pueda lograr una paz verdadera.

Hechos

El 12 de febrero del 2013, la hija de un defensor de derechos humanos del departamento de Sucre, encontró una hoja impresa que se había arrojado debajo de la puerta de su casa. La hoja llevaba una amenaza que había sido enviada por correo electrónico el 9 de diciembre 2011, con el siguiente mensaje:

“[…] ustedes los miembros del movice son unas ratas a las que hay que exterminar hemos decidido darles otra estocada mas a este movimiento de terroristas que le quita la tierra a la gente de bien para entregarselas a guerrilleros que se hacen pasar por campesinos, de manera que daremos de baja a sus cabecillas en Sucre nos referimos a ingrid Vergara Y a Juan David Diaz quienes se han dedicado a desinformar a nivel nacional e internacional nuestra valiosa labor en defensa de la patria secundando al terrorista mayor IVAN CEPEDA. En la lista le siguen Adolfo Verbel, Veronica Montaño, Adil Melendres. Jorge Velasquez, alena Martinez, Candelaria Barrios Y Adriana Porras. El principio del fin comenzo para ustedes y no les deseamos una feliz navidad por que no la tendrán AGUILAS NEGRAS POR UNA COLOMBIA LIBRE DE GUERRILLA”

En esta ocasión, los agresores habían impreso otro mensaje debajo de la amenaza original: “Ya que hicieron caso omiso a esta información procederemos con sus respectivas familias, a ver si les duele”.

Antecedentes:

El MOVICE capítulo Sucre ha sufrido más de 130 agresiones desde su fundación. La más reciente de estas fue una amenaza de muerte recibida por correo electrónico el 23 de noviembre 2012, firmada por el Ejército Antirestitución, contra los siguientes integrantes del MOVICE capítulo Sucre y líderes de tierras de los Montes de María:

“Ivan Cepeda. Ingrid Vergara. Guatavo Arrieta. Franklin Torres. Maribel Vazquez. Robison Castilla. Pedro Geney. Jeison Pava Reyes. Juan David Diaz. Ronald Castilla”.

Igualmente, el representante a la cámara e integrante del Comité de Impulso Nacional del MOVICE Iván Cepeda Castro, ha sufrido repetidas amenazas y una campaña de desprestigio como consecuencia de su labor a favor de las víctimas. El 6 de febrero 2013, Iván Cepeda puso en conocimiento un presunto plan que se estaría fraguando encaminado a realizar un atentado en su contra. Dicho plan fue revelado a través de una llamada telefónica anónima, en la cual se informa que los hermanos Pedro y Santiago Gallón Henao le habrían pagado a un grupo armado enviado hasta el municipio de Melgar (Tolima) para preparar desde allí un atentado contra el representante Cepeda.

Exigimos:

Al Presidente Juan Manuel Santos:

1. Que adopte las medidas necesarias para el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares y cesen los vínculos con funcionarios públicos y actores privados.

2. Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de los integrantes del Movice capítulo Sucre, algunos/as de ellos/as beneficiarios/as de Medidas Cautelares de la CIDH, y sus familiares, además del representante Iván Cepeda.

Al Fiscal General de la Nación:

1. Que investigue, identifique y sancione a los responsables de estas amenazas y presente públicamente los resultados en un tiempo razonable.

2. Se investigue y sancione a los promotores y financiadores de dichas estructuras paramilitares, así como de los funcionarios públicos y actores privados por sus vínculos con dichas estructuras.
A la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y a la Unidad Nacional de Protección:

1. Que brinde las garantías necesarias de protección de los derechos y garantías fundamentales a los y las integrantes del MOVICE que vienen siendo amenazados por su trabajo en el departamento de Sucre, además de sus familiares.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE
13 febrero 2013

SINTRAGRIM

En el municipio El Castillo, región del Alto Ariari, Vereda la Esmeralda, hombres uniformados con brazaletes rojos dicen ser del ejercito nacional, toman vivienda de campesino como trinchera después de un supuesto combate con la guerilla.

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta – SINTRAGRIM, ha
venido denunciando ante la opinión pública Nacional e internacional, al Gobierno
Nacional los diferentes hechos de violencia cometidos por miembros de la Fuerza
Pública (Ejército y Policía Nacional) contra los y las campesinas de la región del Alto
Ariari, especialmente de las veredas de la parte alta del pie de monte llanero, donde
los allanamientos a moradas, estigmatización, bombardeos, ametrallamientos y
combates de la fuerza pública con las FARC están a la orden del día, involucrando a
la población civil, especialmente a los jóvenes que están en medio de la guerra.

HECHOS:

El día 1 de Febrero de 2013, se presento un fuerte tiroteo en la finca del presidente
de la Junta de Acción Comunal de la vereda de La Esmeralda Pedro Bernal, a 300
metros de su vivienda, hecho que ocasiono temor a la familia del campesino,
especialmente a los niños que han sufrido afectaciones sicológicas y físicas por causa
de los efectos de los bombardeos indiscriminados, que se han venido realizando por
la fuerza pública a finales del año pasado.

El mismo día Viernes 1 de Febrero/13, siendo las 3:00 p.m. Aproximadamente,
llego un comando de hombres uniformados con camuflado del Ejercito Nacional, sin
distintivo militar, ni la identificación debida que deben de portar, a la finca de Pedro
Bernal y al momento de pedir su identificación, un soldado que supuestamente
estaba al mando responde “Somos del Ejército Nacional” y luego vuelve y dice:
“Que bueno sería si los paramilitares volvieran, porque ellos si acaban con la
guerrilla” a lo que el campesino Pedro Bernal respondió, “los paramilitares no
atacaron a la guerrilla, mataron fue a campesinos inocentes en toda la región”
este dialogo no fue recibido de buen modo por el supuesto militar, el cual con los
demás llevaban puesto unos brazaletes rojos, iguales a los que usaban los
paramilitares en el año 2002, cuando estuvieron en estas zonas, dejando a más de
200 personas asesinadas y desaparecidas y más 5.000 personas desplazadas y
como si fuera poco se atrincheraron detrás de la casa de don Pedro B. desde las 3:00
p.m. hasta las 6: 15 p.m. del mismo día y se fueron sin dar explicación alguna.

El día 2 de febrero de 2013, siendo las 6:00 a.m. llega de nuevo el grupo de hombres
uniformados que dicen ser del Ejercito Nacional, retomando la posesión del día
anterior atrincherándose en la casa del campesino sin ninguna explicación, violando
los protocolos, normas, acuerdos y convenios nacionales e internacionales de
derechos humanos y derecho internacional Humanitario en el marco de la guerra.

El mismo día Domingo 2 de Febrero/13, Horas más tarde aproximadamente sobre
.las 5:00 p.m. se dio inicio a sobrevuelos de helicópteros militares sobre las veredas
de Caño Lindo, La Esmeralda, Miravalles y muy cerca a la vereda de El Retiro, y
posteriormente estos helicópteros aterrizaron en varias ocasiones cerca de La
escuela la Esmeralda, hecho que duro hasta pasadas las 6:00 p.m. generando pánico
en la población, especialmente a los menores de edad.
Las comunidades de las veredas de Caño Lindo, La esmeralda y el Retiro, denuncian
la presencia desde hace varios días de hombres con uniformes del Ejército Nacional,
sin distintivo militar, tampoco se conoce a que batallón corresponden, solo se sabe
que son del ejército Nacional según su verccion; Esta situación recuerda el pasado
de la región donde el paramilitarismo combinado con la Fuerza Pública asesino,
masacro, desapareció y desplazo a cientos de campesinos de la región del Alto
Ariari.

ANTE ESTOS HECHOS EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL:

Adelantar una investigación exhaustiva sobre los hechos presentados en la
región del Alto Ariari, con respecto a la presencia de hombres uniformados que
dicen ser del Ejercito Nacional.

Que se brinde una real protección de los derechos de la comunidad campesina
de la región del Alto Ariari, teniendo en cuenta que la función de la fuerza
pública es garantizar el orden, la vida y la tranquilidad de los colombianos.

Que las autoridades competentes exijan a la fuerza pública (Ejército Nacional)
el cumplimiento, respeto y protección a los Derechos Humanos, el Derecho
Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (DIDH) en la protección de la población civil.

A los entes de control como Defensoría del Pueblo, Personería y Procuraduría,
el cumplimiento de sus funciones y que urgentemente investiguen los hechos
cometidos por la fuerza pública, que LA ALERTA TEMPRANA accionada para
este municipio sea de carácter prioritario, pues la presencia paramilitar en la
zona es clara y conocida por la comunidad, solo que existe como en años
anteriores el terror a denunciarlos, con el agravante que el Ejército Nacional
que se encuentra en la zona no los combate, si no que pareciera que son
complacientes con estos criminales.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL:

Nos acompañen en el seguimiento, monitoreo y veeduría permanente a la grave
situación de derechos humanos por la que atraviesan las comunidades de la región
del Alto Ariari municipio de El castillo – Meta.

JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL
S I N T R A G R I M

MOVICE Sucre

El día 27 de enero de 2013, siendo las 3:30 de la tarde el señor LUIS ARRIETA OLIVERA, campesino de la finca La Europa, recibe una llamada de su hijo DEIVI DAVID ARRIETA MERCADO identificado con cédula de ciudadanía número 1.101.812.665 de Ovejas Sucre. En la llamada le dice “papi me cogió el ejército aquí donde Orlando, me llevaron para el comando, estoy en el comando, tráigame los documentos del colegio y apúrate antes que me lleven porque me van a llevar”. El señor le pregunta si les había mostrado el carnet estudiantil y él responde que sí, pero que no le habían prestado atención. A raíz de esto el señor LUIS ARRIETA se dirige al comando de Infantería de Ovejas con los documentos de estudio de su hijo; al llegar, un soldado le pregunta “que se le ofrece?” El señor le dice que venía a traer lo documentos de su hijo donde demostraba que él sí estaba estudiando, el soldado le dice que espere un momento, que el comandante no está allí, que dentro de poco llegaba. Al poco tiempo llega el comandante y el señor LUIS ARRIETA se le acerca a la persona que le dijeron era el comandante y le dijo “mire señor comandante aquí están los papeles del niño donde se demuestra que sí está estudiando, esta persona le dijo que ya no se podía hacer nada porque esa decisión estaba tomada, el señor le dice que además de ser estudiante era el único hijo varón que tenía y además era desplazado de la Finca la Europa, el militar le dice “déjelo que se gane la libreta y además el muchacho refiriéndose a DEIVI DAVID ARRIETA dijo que él no quería depender de ustedes para la libreta, además ustedes no tienen plata, y déjelo que él va es a cuidar unas playas”. Esta persona recibe los documentos y los guardó, no los devolvió. Al momento de salir al camión donde llevan aproximadamente 10 muchachos el joven DEIVI DAVID ARRIETA MERCADO le grita a su papá “papi yo te juro por mami que yo no me entregué, ellos me persiguieron (el joven se transportaba en una moto que él conducía) y me cogieron y me llevaron para el comando”. El señor LUIS ARRIETA le dice por último al que figuraba como comandante que le devolviera los documentos de su hijo pero éste dijo que el joven llevaba los documentos y de inmediato el camión que los transportaba se fue.

SEGUNDO HECHO

El día 15 de enero de 2013, el joven DAVID JESUS MORENO OCHOA, identificado con cedula de ciudadanía 1.101.815.890 de Ovejas, joven en proceso de retorno de la finca la Europa del municipio de Ovejas, se encontraba en el hospital de esta localidad cuando lo abordaron miembros del Ejército. Le pidieron los documentos de identidad y al darse cuenta que era mayor de edad y no poseía la libreta militar le entregaron una boleta de citación a primer examen de aptitud psicofísica de las Fuerzas Militares de Colombia Ejercito Nacional. Con esta citación debía presentarse al Distrito de Sincelejo o a cualquier unidad del Ejército para comenzar a resolver su situación militar; la fecha de presentación era para el día 27 de enero del 2013 a las 7 de la mañana, esta citación estaba firmada por VEGA VILORIA ANUAR.

El día 27 de enero de 2013 como era su obligación el joven DAVID JESUS MORENO OCHOA se presenta en compañía de su papá, PEDRO ULISES MORENO, campesino de la finca la Europa, al comando de la Infantería de Marina del municipio de Ovejas para solucionar su situación militar. Al llegar al comando el joven entra con su papá y se dirige a un uniformado que se encontraba llenando los papeles; el papá de DAVID le dice a esta persona “mire mi teniente, yo tengo tres hijos que están a mi cargo, dos menores de edad, y quien responde por mí y su mamá (personas de la tercera edad) es mi hijo; además mi hijo es desplazado del predio la Europa por la violencia y no quiere prestar el servicio militar”. Después de esto al señor PEDRO ULISES MORENO le dijeron que saliera y a su hijo lo aislaron de él, al poco tiempo llegaron unas madres de varios jóvenes que habían reclutado llorando para que no se les llevaran a sus hijos, y los militares le dijeron que se fueran a llorar a sus casas porqué allí no había un funeral. El señor PEDRO ULISES MORENO volvió a ver a su hijo a las 4 de la tarde cuando lo embarcaron en un camión donde iban aproximadamente 10 jóvenes más. El joven DAVID JESUS MORENO OCHOA actualmente se encuentra entre los jóvenes que han iniciado el proceso de retorno a la finca la Europa y hace parte de un grupo que acompaña el SENA en capacitación bajo lo acuerdos establecidos entre el Estado y la comunidad la Europa en el marco del proceso de retorno y restitución de tierras.

También denunciamos que durante la diligencia a ninguno de los familiares de los jóvenes se les dijo qué unidad militar del Ejército estaba realizando la acción de reclutamiento, y al llegar el día lunes 28 al puesto de Infantería de Marina del municipio de Ovejas para solicitar el nombre de la unidad y de su comandante en este lugar, solo le dijeron que ellos no sabían de nada, que solo habían prestado el lugar para realizar el reclutamiento.

SOLICITUDES

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca la Europa también denuncia que el día 27 y 28 de enero según información de varios habitantes del municipio de Ovejas se dio durante todo el día “batidas” que consistían en perseguir a los hombres jóvenes que realizaban sus labores diarias, violando lo estipulado por la Corte en la sentencia C-879 de 2011, donde advierte que las populares batidas o “redadas” comúnmente realizadas por el Ejército Nacional son procedimientos irregulares que va en contra de lo estipulado en el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia, y que además sobre interpreta lo dicho en la Ley 48 de 1993, que reglamenta el Servicio Militar Obligatorio y las condiciones para el reclutamiento y la incorporación a las Fuerzas Militares.

La Corte advirtió que quienes no se hayan inscrito para definir su situación militar no pueden ser retenidos indefinidamente en cuarteles o distritos militares, ni ser incorporados automáticamente a las Fuerzas Militares o a la Policía, afirmando que “según la Ley 48, las Fuerzas Militares dentro de sus obligaciones, no pueden entender la ley ‘en el sentido que otorga competencia a las autoridades militares para realizar batidas indiscriminadas con el fin de identificar a los remisos y luego conducirlos a los lugares de concentración, pues esa práctica implicaría incurrir en detenciones arbitrarias prohibidas por el Artículo 28 constitucional”, reza el fallo.

En el caso de los dos jóvenes miembros de la comunidad de la Europa, víctimas de delito de desaparición forzada, acudimos a la ley 1448 o Ley de Víctimas, que dice que las víctimas no están obligadas a prestar el servicio militar a menos que ellos lo decidan.

Por todo lo anterior solicitamos que los jóvenes DEIVI DAVID ARRIETA MERCADO y JESUS DAVID MORENO OCHOA regresen en el menor tiempo posible al seno de su familia y de la comunidad en retorno de la Finca la Europa de donde nunca debieron ser alejados.

CPDH

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)
denuncia ante la opinión pública la situación de riesgo en la que se encuentra el
señor HARRY CAICEDO PERLAZA, defensor de Derechos Humanos y director
del CPDH – El Charco, Nariño, beneficiario de las medidas cautelares MC 323-11
otorgadas a los miembros del CPDH por la corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).

HECHOS
El 13 de enero de 2013, a las 11:30 pm aproximadamente, mientras el defensor de
derechos humanos Harry Caicedo se encontraba en su casa durmiendo con su
esposa y su hijo de 6 meses, se realizaron disparos al frente de su residencia.
Recientemente el señor Caicedo fue victima de que se le prendiera fuego a su
casa y golpearan brutalmente hasta casi matar al perro que tiene como mascota.

2. HARRY YESID CAICEDO PERLAZA, fue objeto de detención ilegal de la
libertad por error judicial, del 16 de noviembre de 2010 al 9 de septiembre de
2011, en el marco de investigación penal bajo radicación número 827940-1509,
de la Fiscalía Décima Delegada ante el Tribunal.
Posteriormente, mediante resolución interlocutoria No. 109 del 18 de noviembre
de 2011, la fiscalía 38 especializada de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, resolvió en su numeral séptimo: “Proferir resolución de
Preclusión de la investigación que se adelantó contra el señor HARRY YESIS
CAICEDO PERLAZA, de condiciones ampliamente conocidas, por los delitos de
rebelión, toma de rehenes y homicidio agravado”. Por lo tanto Harry Caicedo,
recupera nuevamente su libertad.
La detención de HARRY YESID CAICEDO PERLAZA y JACINTO CASTILLO
CUNDUMI, miembros del CPDH de “El Charco”, ocurrió el 16 de noviembre de
2010, a las 5:00 a.m., el lugar de residencia de HARRY CAICEDO, ubicado en el
barrio “San José”, del municipio de “El Charco” – Nariño, fue objeto de una
diligencia de allanamiento, en la cual, fue agredida físicamente su esposa, la
señora BERCELLI CAICEDO VALLECILLAS. Los oficiales que realizaron el
allanamiento se llevaron el computador personal del señor HARRY CAICEDO,
quien junto con JACINTO CASTILLO CUNDUMI, fueron detenidos arbitrariamente
y trasladados inmediatamente hasta la ciudad de Cali – Valle del Cauca. Además,
en el desarrollo de estos atropellos, fue allanada la casa de habitación de la
señora REINELDA PERLAZA, madre del señor CAICEDO, en donde ella y su
familia fueron objeto de maltratos por parte de las autoridades que realizaron la
acción.
El allanamiento y la posterior detención se realizaron como producto de una
permanente persecución contra los defensores(as) de Derechos Humanos y
líderes comunitarios de la zona, quienes en anteriores ocasiones han sido víctimas
de constantes señalamientos por parte de las autoridades, fuerza pública y grupos
paramilitares. HARRY CAICEDO y JACINTO CASTILLO fueron detenidos
injustamente en la cárcel de Vista Hermosa de la ciudad de Cali, por orden de la
fiscalía 38 de la Unidad de Derechos Humanos, acusados por los delitos de toma
de rehenes, concierto para delinquir y rebelión.
En los primeros días de noviembre de 2011, presuntos agentes de la SIJIN
vestidos de civil, estuvieron indagando a la población de “El Charco” y al padre de
HARRY, con el fin de obtener información personal y la ubicación de éste y de
JACINTO CASTILLO, pero como los presuntos agentes no se identificaron, la
población no les dio ninguna información por temor a la seguridad de los dos
defensores.

SOLICITAMOS
Investigación penal efectiva y pronta, a fin de dar con el paradero e individualizar a
los presuntos responsables de los hechos anteriormente narrados. COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

CREDHOS y MOVICE

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denunciamos y rechazamos la reciente condena judicial emitida contra el defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo, dirigente de CREDHOS y el MOVICE en el Magdalena Medio, a pesar de una serie de graves irregularidades en su proceso judicial.

David Ravelo fue condenado a 18 años y 3 meses de prisión por ser, según la decisión judicial, plagada de irregularidades, el autor intelectual del asesinato del
funcionario local David Núñez Cala en hechos ocurridos en 1991. Desde su
encarcelación el 14 de septiembre 2010, diversas organizaciones y personalidades han denunciado muchos vicios e irregularidades de forma y de fondo en el proceso contra Ravelo Crespo, entre ellos, varios diputados británicos, la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, el congresista Iván Cepeda y numerosas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.¹

Una de las más graves de estas irregularidades fue revelada el 22 de noviembre de 2012, cuando se comprobó que el fiscal, William Gildardo Pacheco Granados, quien actúo en el proceso había sido destituido en 1991 por la Procuraduría General de la Nación, cuando se desempeñaba como teniente de la Policía Nacional.² El Fiscal Pacheco Granados desde esa época había sido destituido de la Policía por su participación en la desaparición forzada de un joven en la ciudad de Armenia, lo cual descalifica de manera permanente su ejercicio de cualquier cargo público. (Articulo 76 del Decreto 261/2000).³

Diversas anomalías de este tipo han afectado el derecho al debido proceso de Ravelo Crespo desde el inicio del proceso. Las pruebas en contra de David Ravelo
consistieron principalmente en las falsas declaraciones de dos paramilitares
desmovilizados, quienes se beneficiaron de reducciones de penas en sus sentencias a cambio de sus falsos testimonios, en el marco de la Ley 975 (de Justicia y Paz). Con el agravante que éstos falsos testigos habían sido denunciados por Ravelo Crespo como autores de graves violaciones de los derechos humanos en la ciudad de Barrancabermeja. Estos dos paramilitares figuran entre los sólo tres testigos de cargo, mientras Pacheco Granados (el Fiscal), hizo caso omiso a más de 30 testimonios que demostrarían la falsedad de sus testimonios.

Tampoco se tuvo en cuenta que otro testigo declaró durante el juicio, que los dos
antiguos paramilitares intentaron sobornarlo para que respaldara las acusaciones
contra Ravelo Crespo. Y finalmente el fiscal cerró la etapa de investigación sin
aceptar gran parte de las pruebas presentadas por la defensa de David Ravelo.
Mientras transcurría el juicio de Ravelo Crespo, integrantes de su familia y los
miembros de CREDHOS continuamente sufrían amenazas de muerte y hostigamientos por parte de los grupos paramilitares.

Otra situación procesal que no ha sido clara, ocurrió con las circunstancias en la
que se conoció el fallo, ya que este fue expedido con fecha del 16 de noviembre de 2012 y hasta el 11 de diciembre no se había notificado al defensor procesal ni al procesado y sólo se conocían rumores callejeros, impidiendo así a los afectados
interponer los recursos legales que otorga la ley de manera oportuna y efectiva en flagrante violación al debido proceso.

Frente a este panorama, varias organizaciones sociales y defensoras de derechos
humanos dirigirán una carta al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en la que le informan de estas y otras irregularidades en el caso y en la que le
solicitan se tomen las medidas necesarias al respecto. Asimismo, el abogado Alirio
Uribe Muñoz, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ya ha anunciado la
apelación de la condena.

Exigencias:

1) La libertad inmediata de David Ravelo Crespo, así como la absolución de todos los falsos cargos que hacen parte del montaje judicial del que Ravelo es víctima.
2) Reales garantías de protección a David Ravelo Crespo, todos los integrantes de su familia, y los otros integrantes de Credhos.
3) Que la Fiscalía General de la Nación retire de inmediato al fiscal William
Gildardo Pacheco de su cargo, teniendo en cuenta el Decreto 0261 de 2000.

Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos)
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
14 de diciembre 2012

[1] Organizaciones Internacionales expresan serias preocupaciones por las
irregularidades en el proceso judicial que llevó a la condena de David Ravelo
Crespo, defensor de derechos humanos colombiano. http://bit.ly/UCKcNh
[2] Iván Cepeda. Denuncian irregularidades en proceso judicial de defensor de
derechos humanos David Ravelo. http://bit.ly/SVr0hv
[3] CCAJAR. Investigador en el caso del defensor de DDHH David Rabelo. Fiscal 22
antiterrorismo, William G. Pacheco fue destituido por participar en desaparición
forzada. http://bit.ly/SVqDn2