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15.10.10
por el comité de Derechos Humanos de la vereda Santa Lucia y la Asociación Campesina Agrogüejar
El día de ayer 11 de octubre del 2010, en la vereda santa lucia jurisdicción
del Municipio de Puerto Rico (Meta), fue retenido durante tres horas (de 6
a.m. a 9 a.m.) el señor VÍCTOR ROBAYO y el menor de 6 años de edad OMAR
ANDRÉS LOZADA FORERO, por miembros del Ejército nacional quienes se
identificaron como de Derechos Humanos, y uno de ellos portaba según lo
narrado por el señor Robayo distintivos de la Cruz Roja.
Durante el tiempo de retención el Ejército, hostigo al señor Robayo,
diciéndole que sabían quien era y que lo mejor era que se entregara, que si
el decidía entregarse ellos llamaban el helicóptero, para que lo recogiera
de una vez.
Además de lo anterior los miembros del Ejército separaron al menor Omar de
señor Robayo quien estaba en cargado por la abuela del menor del cuidado del
mismo, y durante el tiempo que presionaban al señor Robayo para que se
entregara, le preguntaron al menor cuales eran sus nombres completos, lo
investigaron y le decían que ellos sabían que el les podía decir donde
estaba la guerrilla, que les digiera que ellos necesitaban saber, el menor
les manifestó que no tenia ni idea de que el estaban hablando y que el solo
iba para la finca.
Luego de trascurridas las tres horas y de notar que no iban a conseguir
nada, toda vez que el señor Robayo es un campesino humilde de la región
afiliado a la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Lucia, quien no
tiene relación alguna con la insurgencia, le manifestaron que para dejarlo
ir el debía firmar un acta de buen trato, a lo que el señor Robayo respondió
que no la podía firmar porque no sabia escribir, ante dicha manifestación
los soldados obligaron al señor Robayo a marcar su huella en la hoja de buen
trato, y dejándolo ir bajo señalamientos.
DENUNCIAMOS.
Los constantes abusos a los que el Ejército Nacional esta sometiendo a la
población civil de la vereda Santa Lucia, la no utilización de insignias e
identificaciones correspondientes y obligadas por la ley, las retenciones
ilegales a los miembros de las comunidades, el hostigamiento a las familias
a los niños y demás miembros de la comunidad.