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En desmovilización, 'paras' ocultaron a niños que hacían parte de sus filas, advierte Procuraduría
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23.06.06
Entre los 30.915 paramilitares desmovilizados sólo aparecen 212 menores de edad. Gobierno y Ong estiman que eran entre 2.200 y 5.000.
En febrero pasado, la Procuraduría presentó una denuncia contra los principales jefes de las autodefensas y los de las Farc y el Eln por el delito reiterado de vincular a sus filas a menores de edad.
Y ayer, en la presentación de un informe sobre desmovilización y reinserción, el procurador Edgardo Maya aseguró que los paramilitares no han cumplido con la obligación de entregar al Estado a los niños y adolescentes reclutados, a pesar de que ese es uno de los requisitos para acceder a los beneficios de las penas alternativas.
‘Los entregaron a las familias’
En el 2003, en el informe Aprenderás a no llorar, la ONG norteamericana Human Rigths Watch señalaba que existían frentes como el ‘Montes de María’ en los que, de unos 200 combatientes, al menos 60 eran niños.
En otros grupos el número de menores llegaba al menos a la mitad del total de combatientes.
Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Lo que advierte la Procuraduría es que, para evitar que les causaran problemas legales a sus comandantes, fueron entregados a sus familias, sin ningún tipo de asistencia legal ni psicológica.
La Defensoría del Pueblo ha recibido informaciones sobre esa situación en la Costa y Antioquia.
Y en Santa Fe de Ralito (Córdoba), la sede de los diálogos de paz, hay decenas de jóvenes que no se desmovilizaron con sus grupos sino que pasaron directamente a sus casas.
“Ese es otro riesgo grande que tiene la reinserción, porque muchachos que vivieron la guerra regresaron a sus hogares sin ningún tipo de apoyo y sin recibir asistencia del Estado. Así nacieron las temibles ‘maras’ (pandillas) que tienen asolada a Centroamérica”, señaló uno de los procuradores delegados que participaron en el informe.
Frente a esa situación, la respuesta del Gobierno ha sido “insuficiente”, según la Procuraduría.
Por eso, ofició al alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, para que “dé estricto cumplimiento a la Ley 975 del 2005 (Ley de Justicia y Paz) y se haga entrega de los niños, niñas y adolescentes, al menos como requisito de eligibilidad”. Pero hasta ahora esa dependencia ha respondido “con evasivas”, según el organismo investigador.
“Dentro del proceso de negociación que antecede a la desmovilización colectiva existe una invisibilización de los niños y los adolescentes”, cuestionó el Procurador.
Investigan a militares por ‘usar’ a menores como informantes
La Procuraduría realiza investigaciones disciplinarias contra varios miembros del Ejército y la Policía por su conducta frente a algunos de los menores de edad que se han desvinculado de los grupos armados ilegales y que han buscado la protección del Estado.
Según el organismo, “los niños, niñas y adolescentes (...) son tratados por integrantes de la Fuerza Pública como actores armados o informantes, y utilizados en actividades de inteligencia e interrogatorios”. También se investigan casos de maltrato.
Esas conductas vulneran los derechos de los menores y van en contravía de las normas colombianas y los tratados internacionales.
La investigación también encontró deficiencias en los programas de asistencia para los muchachos que quieren rehacer su vida por fuera de la guerra.
Según se informó, de 238 ex ‘paras’ y ex guerrilleros que cumplieron su mayoría de edad en albergues del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y fueron remitidos al Programa de Reinserción, sólo 12 se han beneficiado de proyectos productivos.
La cifra equivale apenas al 5 por ciento de la población que debía ser beneficiada con alternativas efectivas de reinserción.
Por los hechos se inició una investigación disciplinaria contra el director de esa Oficina, Juan David Ángel.
Tierras, el coco de la reparación
La falta de certeza sobre las tierras que los actores armados ilegales arrebataron a los campesinos colombianos en los últimos años constituye, según el informe de la Procuraduría, el gran obstáculo para lograr una verdadera reparación a las víctimas.
De acuerdo con la investigación, el 76 por ciento de los desplazados tenían propiedades que dejaron abandonadas en medio del conflicto.
Pero establecer un monto aproximado de las hectáreas es una tarea que todavía está por realizarse.
Ayer, el procurador Edgardo Maya citó cifras de una consultoría contratada por la Oficina de Acción Social que incluso sobrepasan los cálculos anteriores.
El estimativo, que no ha sido validado por el Gobierno, llega a los 6,8 millones de hectáreas. Es decir, 1,8 millones más de las calculadas por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), que habla de cinco millones de hectáreas en manos de narcotraficantes y paramilitares.
Tomando como base esa proyección, la sola reparación de la población desplazada podría costar entre los 11,71 y los 20,65 billones de pesos. Es decir, casi una quinta parte del presupuesto anual de la Nación.
La cifra sale de multiplicar el número de familias desplazadas que tenían tierras (unas 350.000) por el valor promedio de las fincas, entre 8,2 y 11,75 millones de pesos.
Sin embargo, se trata de un ejercicio académico que está siendo sometido a cotejación con otras investigaciones.
La Procuraduría cuestionó además que los programas de Reforma Agraria en Colombia no han cumplido con su cometido, pues la meta fijada de entregar 150 mil hectáreas a familias desplazadas sólo se había cumplido en una tercera parte, a diciembre pasado.
Se habían entregado 58.851 hectáreas a 5.187 familias.
Cada estudio tiene sus propias cifras
2,6 millones de hectáreas, según la Contraloría, han sido tomadas por paramilitares, narcotraficantes y guerrilla en medio del conflicto. Reclamarlas es toda una lucha para los desplazados, pues pocos tienen títulos por la tendencia a la posesión y ocupación de baldíos que ha predominado en el país.
4 millones de hectáreas, de acuerdo con el Incoder, están en manos de los distintos grupos al margen de la ley. Este instituto, que tiene a su cargo la reforma agraria, tal vez la más importante para lograr la paz, ha sido cuestionado por la Procuraduría, que lo acusa de negligencia e ineficiencia.
6,8 millones de hectáreas estarían en poder de los grupos violentos, según proyecciones de una consultoría contratada por Acción Social de la Presidencia de la República. La cifra es acogida por la Procuraduría, pero el Gobierno dice que apenas la está analizando y no la asume como oficial.
Líos en el plan de paz
La Procuraduría cuestionó que el afán por lograr la paz haya afectado las posibilidades reales de justicia y reparación a las víctimas.
“No se trata de venganza (...) La justicia, precisamente, pretende expropiar de ese ejercicio al ciudadano agraviado que reclama”, dice el informe.
La sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz, según el Ministerio Público, solucionó varias de las fallas que tenía la norma.
Sin embargo, advierte que subsisten problemas. Entre ellos, la falta de una estructura de Defensoría Pública que haga valer los derechos de las víctimas.
El procurador Edgardo Maya cuestionó la desproporción que existe entre las ayudas que reciben los desmovilizados y las que se les entregan a las familias desplazadas.
Cada año, en promedio, un desmovilizado recibe 7 millones 200 mil pesos. En el mismo lapso, un hogar desplazado recibe tres millones de pesos; en promedio 655 mil pesos por persona.
También se cuestionó la seguridad que reciben los desmovilizados (van cerca de 200 asesinados en tres años) y una situación que hasta ahora no se había conocido: la incidencia del consumo de drogas entre los reinsertados.
La Procuraduría le recomendó al Gobierno que diseñe un programa especial de atención para esa problemática, “que se aproxima al 30 por ciento” de la población desmovilizada.
En contravía
“La ley es contraria a los estándares internaconales; da beneficios a responsables de un crimen de lesa humanidad”.
Edgardo Maya, procurador.
REDACCIÓN NACIONAL