ENDESA: Negocios, despojo y represión en Colombia

13.03.12

El desalojo violento de un campamento de protesta contra un megaproyecto hidroeléctrico en Colombia extiende las protestas contra la multinacional Endesa por el mundo.

Arnau Carné, IPO
Artículo publicado en el Setmanari Directa núm. 264, 7 de marzo de 2012.
www.setmanaridirecta.cat

Endesa, la principal eléctrica española, acumula un largo expediente de irregularidades y de impactos sociales y medioambientales negativos en América Latina: desde los territorios del pueblo mapuche en Chile hasta las tierras de comunidades campesinas en Colombia. Sus cargos directivos, históricamente vinculados a la élite económica y política del franquismo y de la democracia, se han servido de las políticas neoliberales que han desmantelado las empresas públicas europeas y latinoamericanas para beneficiar un conjunto de conglomerados empresariales.

Estas empresas, cuando no tienen suficiente con los procedimientos administrativos, ante la resistencia de las comunidades afectadas, no dudan en utilizar la violencia de la fuerza pública y privada. El 3 de marzo de 2012, Emgesa, la empresa que representa los intereses de la multinacional española Endesa en Colombia, con consorcio con la empresa municipal eléctrica de Bogotá (EEB), empezó la desviación del rio Magdalena para construir el que será una de las represas más grandes de América Latina en el departamento del Huila, en Colombia.

EL QUIMBO: UN MEGAPROYECTO HIDROELÉCTRICO

Esta represa forma parte del megaproyecto hidroeléctrico conocido con el nombre de El Quimbo, que se ha convertido en un auténtico pulso entre el poder empresarial y la resistencia popular. El proyecto supone la inundación de cerca de 9.000 hectáreas, gran parte de las cuales forman parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonia y del Macizo Colombiano, una región rica en biodiversidad y yacimientos arqueológicos. La inundación también provoca el desplazamiento forzado de 2.000 personas habitantes de la zona –mayormente vinculadas a la producción comunitaria agropecuaria- y pone en riesgo la soberanía alimenticia de la región.

El Quimbo ha sido y es un proyecto polémico por su evolución administrativa. En un primer momento, fue denegado por el Ministerio de Medio Ambiente, en el año 1997, porqué “ninguna de las alternativas presentadas en el diagnóstico ambiental era viable”. Diez años más tarde, Emgesa, a través de informes encargados a la Fundación Natura, organismo denunciado por promocionar el llamado capitalismo verde, consiguió la licencia ambiental. El 2008, gracias a los movimientos del gobierno de Uribe Vélez, los territorios necesarios para la construcción de la represa se declararon “bienes de utilidad pública y de interés social” en beneficio de la empresa, ignorando las objeciones de las campesinas, las pequeñas propietarias, las ONG, distintas profesionales del medio ambiente y de las mismas administraciones locales. A partir de aquí, se fueron interponiendo denuncias y demandas que ordenaron paralizar la adquisición de terrenos y las obras de Emgesa para emprender mesas de diálogo.

Pero ante los incumplimientos del Ministerio del Medio Ambiente y de Emgesa, que inició la adquisición de terrenos y las obras antes de obtener la licencia definitiva, el 5 de junio de 2011, Asoquimbo, la asociación de afectadas por la represa de El Quimbo, hizo un llamado a la desobediencia civil y a la movilización permanente. El llamado abierto reclama la cancelación del proyecto y el restablecimiento de los derechos y de la actividad productiva de todas las comunidades afectadas.

OBRAS SUSPENDIDAS Y REINICIADAS

Gracias a las primeras protestas, se consiguió que el Ministerio de Medio Ambiente declarase la suspensión inmediata de las obras. Pero, finalmente, el 12 de septiembre de 2011, el gobierno dio permiso a la empresa para reiniciar la actividad, con las polémicas declaraciones del viceministro de Medio Ambiente Carlos Castaño, quien afirmó: “Las medidas preventivas serán derogadas en el mínimo tiempo posible, ya que no se puede afectar la confianza inversionista ni la imagen corporativa de las transnacionales locomotoras del desarrollo y el progreso del Huila”.

Pero las protestas prosiguieron y, el 3 de enero de 2012, llegaron al punto culminante de establecer un campamento de resistencia en la vereda Domingo Arias, a la orilla del rio Magdalena, delante de las obras de Emgesa. El campamento, convertido en símbolo contra el megaproyecto de El Quimbo, fue desalojado por la policía antidisturbios de Colombia, conocida con el nombre de ESMAD, el 14 de febrero.

Asoquimbo ha denunciado que el desalojo se efectuó con un nivel muy alto de violencia, desproporcionada, que se utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras y que se impidió la entrada de miembros de esta asociación, periodistas locales y defensoras internacionales de derechos humanos en la zona del campamento. Aun así, se pudieron captar algunas imágenes del desalojo, que circularon a través de internet y que muestran los hechos con claridad. Una de las grabaciones es ¡El vídeo que el gobierno colombiano no quiere que veamos!, realizado por el periodista Bladimir Sánchez, que fue detenido, liberado y posteriormente desplazado por las amenazas que recibió.

IPO: ACOMPAÑAR LA RESISTENCIA DESDE LA SOLIDARIDAD

El Observatorio Internacional de Paz (IPO), una organización de acompañamiento internacional en Colombia con núcleo en Catalunya, ha estado acompañando Asoquimbo durante las últimas movilizaciones de protesta. Éste es su relato de los hechos:

“Llegamos a la zona de El Quimbo atravesando todas las nuevas infraestructuras que está construyendo la empresa Emgesa y, por fin, llegamos a la orilla del rio Magdalena. Al otro lado vimos el campamento de resistencia de las pescadoras de la zona. Vamos a la resistencia quería decir vamos al campamento. Vivimos allí y compartimos experiencias. Era como una playa de pequeñas casitas de plástico y, en el horizonte, las obras gigantes de la hidroeléctrica: camiones trabajando 24 horas al día, focos gigantes de luz, excavadoras, trabajadores con los cascos amarillos, ruido… y, des de la cima, la seguridad privada de Emgesa, con miembros de la Policia Nacional y del ejército, observándonos todo el rato.

El día anterior al desalojo, la policía cerró los accesos al campamento. No dejaron entrar a periodistas ni a miembros de Asoquimbo ni a nosotras, que peíamos pasar para poder verificar el respeto a los derechos humanos por parte de la fuerza pública y privada durante el desalojo. Cada vez se iba concentrando más gente en la zona, que veía que los únicos que cruzaban el control eran los vehículos de la empresa eléctrica; entonces llegaron las noticias de que estaban gaseando el campamento para desalojarlo.

Después del desalojo nos reencontramos con muchas pescadoras que habíamos conocido en el campamento. La mayoría de ellas sin zapatos, con las ollas en las manos, abrazaban sus amistades y familiares mientras gritaban: “Fuera la multinacional! Que vivan las campesinas de Colombia! Que viva la resistencia civil!”

MEGAPROYECTOS: EL ESPOLIO DEL SIGLO XXI

El gobierno colombiano ha invertido 60 millones de euros en el megaproyecto de El Quimbo y, de esta manera, ha asegurado un ingreso fijo a Emgesa durante un período de veinte años. Un año antes del inicio de las obras, se creó el Batallón Especial Energético y Vial número 12, integrado por 1.200 soldados especializados en proteger megaproyectos y financiado en un 40% por Emgesa, que también dispone de seguridad privada que patrulla por sus instalaciones.

Según el periodista Alfredo Molano, esta hidroeléctrica no solo estaría destinada a proveer el país de electricidad, sino que serviría para exportar energía a Ecuador y al Caribe. Es precisamente la magnitud de la obra la que contrapone los grandes impactos sociales y ambientales con el elevado volumen de negocio que generará. Según la Comisión Mundial de Represas, los estudios científicos demuestran que las centrales hidroeléctricas no están exentas de emisiones de gases de efecto invernadero y considera que los únicos proyectos que se pueden considerar sostenibles son los que tienen una capacidad inferior a los 10MW, 40 veces menos que la que se ha proyectado para El Quimbo. Los últimos años, se han diseñado diversos megaproyectos regionales para integrar las zonas con recursos naturales con las grandes ciudades y los mercados. De hecho, Colombia entró a formar parte de la continuación del Plan Puebla Panamá en el año 2006 y, actualmente, también forma parte de la Iniciativa de Integración Regional Suramericana (IIRSA). El control de los recursos hídricos y el proveimiento de electricidad son una parte importante de estos programas, gestionados e implementados por grandes multinacionales.

LA ELÉCTRICA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA QUE TERMINÓ EN TRANSNACIONAL

Endesa se creó en el Estado Español en el año 1944 como una empresa estatal. Desde entonces, se ha aprovechado de la permisividad y el trato de privilegio heredados de la dictadura para obtener concesiones sobre recursos acuíferos. Unos privilegios que aún perduran y que le permiten secar los ríos impunemente, uno de los casos más denunciados es el del río Eume de Galícia. Durante los años 80 y 90 del siglo XX, la empresa eléctrica se convirtió en un gigante eléctrico a partir de la absorción de otras compañías, en el marco de los planes de privatización de las directivas de la Unión Europea. Estos procesos le permitieron entrar a competir en el mercado internacional e iniciar su expansión por América Latina en el año 1992, quinientos años después del inicio de la primera colonización española. Adquiriendo participaciones de las principales empresas privatizadas de generación y distribución de energía eléctrica, se acabó convirtiendo en la primera multinacional eléctrica privada en la región. Opera en Argentina, Chile, Perú, Brasil y Colombia.

La importancia de esta expansión nos la muestra el mismo Borja Prado, actualmente presidente de Endesa e hijo de un senador, diplomático y administrador privado del Rey Juan Carlos I, quien ha declarado que la eléctrica española ha salido reforzada de la crisis gracias a la aportación de sus filiales en América Latina. En el año 2010, Endesa declaró unos beneficios de más de 4.000 millones de euros. Pero Prado omite a consciencia los problemas que ha provocado la empresa en los territorios y en las sociedades dónde se han implantado.

La transnacional Endesa ha generado enormes daños medioambientales y sociales con sus represas. El abuso tarifario a las comunidades más empobrecidas y la gestión violenta y mafiosa de los conflictos con las afectadas son los otros rasgos definitorios de la transnacional española. Uno de los episodios más denunciados fue el de la construcción de la represa de Ralco, en el río Bio Bio, que afectó gran parte del territorio mapuche y dónde aún se pretende construir más embalses.

Endesa, aunque actualmente está controlada por la empresa italiana Enel, que tiene un 92% de sus acciones, es un símbolo del poder económico de la oligarquía española. Si hacemos una radiografía histórica de su personal directivo, nos encontramos con la continuidad de las fortunas del franquismo y con la denominada puerta giratoria entre el mundo de la política y el de la empresa. El marqués de Suanzes, Rodolfo Martín Villa, Manuel Pizarro, la familia Entrecanales, Miquel Roca o el ex-presidente José María Aznar son algunos ejemplos.

PROTESTAS DE DOMINGO ARIAS A BARCELONA

Los beneficios que generará el megaproyecto hidroeléctrico saldrán del departamento del Huila e irán a parar a los bolsillos de empresas con sedes en Bogotá, Madrid y Roma (EEB, Endesa y Enel). Así es como funciona la economía global. Pero las protestas contra el despojo y el impacto medioambiental también han ido más allá del Huila. Las imágenes del desalojo del campamento de Domingo Arias han dado la vuelta al mundo y las manifestaciones de rechazo a Emgesa se han extendido por Colombia y han llegado a las puertas de las sedes que tienen Endesa y Enel en los estados español e italiano. Así es, también, cómo funciona la solidaridad internacional.

En Barcelona, coincidiendo con la jornada del 6 de marzo, día internacional de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia, se convocó una acción de denuncia delante la sede de Endesa del Parc de les Tres Xemeneies. Este año, la jornada estaba orientada a la denuncia del despojo de tierras, después que diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos hayan denunciado la denominada Ley de Víctimas y de Tierras del gobierno de Santos. Las entidades denuncian que la ley es un instrumento más que termina sirviendo para garantizar la impunidad de los crímenes de Estado y el beneficio de los grupos empresariales nacionales e internacionales.

Hay que tener en cuenta que la denominada contrareforma agraria de Colombia ha supuesto un despojo de tierras de cerca de 6 millones de hectáreas durante los últimos 25 años. Tierras dónde, mayoritariamente, se han desarrollado los megaproyectos y los cultivos ilícitos, en un contexto de conflicto armado dónde la alianza entre cúpulas empresariales nacionales e internacionales, políticas, militares y narcotraficantes ha dejado un saldo estimado de 50.000 personas desaparecidas en los últimos 50 años y más de 5 millones de personas desplazadas forzadas por un auténtico terrorismo de Estado que también ha sido terrorismo económico.

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