La IIRSA en Colombia avanza hacia la integración de los intereses empresariales y la desintegración de tejido social y ecosistemas

17.01.10

por Fernando Castrillón del Colectivo de Trabajo Jenzerá. Diagonal

La pérdida de confianza y los acuerdos con sus vecinos más cercanos no ha sido obstáculo para que el Gobierno colombiano impulse la IIRSA. Así lo hacía ver cuando declaraba ante la Asamblea Mundial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que esta iniciativa busca “desarrollar una infraestructura puntera, acorde con las necesidades de desarrollo del país y los retos comerciales que se avecinan, que cuente con mayor participación del sector privado y que funcione bajo esquemas empresariales modernos, dinámicos y eficientes”.

De los diez ejes y 162 grupos de proyectos de la IIRSA, Colombia participa en dos ejes y diez grupos que se han incorporado en los planes de desarrollo y en los planes a largo plazo. Se han priorizado los proyectos Hidrovía Río Meta, Carretera Pasto-Mocoa y paso de frontera Cúcuta-San Antonio, considerados cuellos de botella para el desarrollo y la integración. Estos proyectos coinciden estratégicamente con los corredores de recursos minero-energéticos, de biodiversidad y producción de agrocombustibles, entre otras materias primas que Colombia privilegia en las relaciones con EE UU y Europa.

Esta integración no se basa sólo en la construcción de carreteras, puertos, puentes y dragado de ríos, sino sobre todo en la extracción sistemática e intencionada de los recursos de los territorios colectivos de las comunidades negras y de los pueblos indígenas y en los cambios en el uso del suelo que permitan el tráfico de mercancías, energía y comunicaciones. Asimismo, potencia los fines especulativos sobre la tierra, que benefician a los políticos asociados a los grupos armados legales e ilegales.

La IIRSA tampoco es una vía para la integración de los pueblos, y menos una manera de aliviar las difíciles condiciones de las regiones de Putumayo y Nariño, donde se adelanta la carretera Pasto-Mocoa. Por contra, constituye un elemento adicional a la delicada crisis del país y es un riesgo que afecta la vida y la integridad de las comunidades indígenas, negras y campesinas, las cuales están sometidas a presiones no sólo de actores armados legales e ilegales, sino a poderosos intereses económicos. La implantación de más de 20.000 hectáreas de coca, dos masacres en el último año sobre el pueblo awá con un saldo de 18 indígenas asesinados, más de 60.000 desplazados en los dos últimos años, la permanencia de varios frentes de las FARC y del ELN y de nuevos grupos de paramilitares, el minado de varias zonas, la militarización de la vida de las comunidades y la irrupción de prácticas que desestructuran los tejidos social, económico, político y cultural de pueblos y procesos organizativos, constituyen situaciones que impiden una real participación de las comunidades y la toma de decisiones de manera libre y consentida.

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