Madres de Soacha: por la verdad, justicia y reparación

12.03.10

por Joana Gutiérrez Montllor – IPO

“Se están burlando de nosotras, las mamás. Se burlan de quienes sentimos este dolor tan grande. Son inconscientes al dejar tantas madres sin hijos y tantos hijos sin padres” dice Carmenza Gómez, madre de dos jóvenes asesinados.
La desaparición y posterior ejecución de cerca de 22 jóvenes en el municipio de Ocaña, provenientes en su mayoría de Soacha y del sur de Bogotá, permitieron conocer múltiples denuncias de casos similares en una gran cantidad de regiones del país y pusieron al descubierto una de las prácticas de las ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército, los llamados “falsos positivos”. La plataforma de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos ya ha denunciado más de 1.400 casos. Como dijo Philip Alston, el relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Soacha fue sólo la punta del iceberg.
Soacha es un caso paradigmático: en el municipio, barrio popular, una de las capitales de los desplazados del conflicto colombiano, y lugar donde se está dando un desplazamiento urbano propiciado, especialmente, por los grupos paramilitares llamados Águilas Negras, desaparecían muchachos desempleados, sin muchas oportunidades. Las investigaciones permitieron esclarecer que algunos civiles se encargaban de convencer a los jóvenes para irse a algún lugar de Colombia a trabajar. En la mayoría de casos, el destino era el municipio de Ocaña, en el Norte de Santader. Allí eran asesinados y mostrados como guerrilleros muertos en combate. Por cada muerto, los soldados recibían plata o días de permiso: he aquí la empresa de muerte montada por un nutrido grupo de militares. Y es que la muerte se ha convertido en un excelente negocio gracias a la política de “Seguridad Democrática” impulsada por Uribe. Investigaciones adelantadas por la Fiscalía, han revelado una red de unas 800 personas que se dedican a reclutar muchachos, siempre pobres, para “falsos positivos” y para poder así cobrar las jugosas recompensas de la guerra sucia contrainsurgente. Algunos de estos reclutadores, como en el caso de Toluviejo, recibieron hasta $100.000 pesos por muchacho asesinado.

Rueda de Prensa de las Madres de Soacha. Foto: Oriol Perera- IPO

Los 19 casos de Soacha llegaron a Fernando Escobar, el personero del municipio, y fue en su despacho donde se conocieron y se dieron apoyo, hablando y compartiendo el dolor de la pérdida de sus hijos por los asesinatos de Estado. Fue allá donde empezaron a reunirse, a denunciar para reclamar justicia. Sus voces, pese al miedo, llegaron a los medios de comunicación colombianos y, por lo tanto, a la opinión pública, pero también al relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, quien calificó la matanza de “flagrante y obscena”.
La reacción del gobierno fue, primero, ignorar este caso de “falsos positivos”. Cuando ya no fue posible seguir ignorando este problema, la respuesta de Uribe fue salir a defender la versión del ejército, ignorando el dolor de las familias que pedían justicia. El 7 de octubre Uribe declaraba a los medios, sin ningún sustento: “El Fiscal General aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha, fueron dados de baja en combate y no fueron a recoger café, fueron con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición sino un mes más tarde”. De sus palabras se hizo eco el Comandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla, quien dijo “Todo parece indicar que los jóvenes murieron en combate y no en falsos positivos, de acuerdo con el análisis de Medicina Legal, los disparos que recibieron se propinaron desde lejos”. Pero el escándalo crecía y las pruebas forenses a las que se referían Uribe y Padilla, no sustentaban la versión del gobierno: los chicos fueron asesinados pocos días después de su desaparición. Luego, cuando se estableció la participación de militares en la desaparición y asesinato de los muchachos, fue el mismo Uribe quien, a la vez que pretendía estar “sorprendido” por estas violaciones, exigió a las fuerzas armadas respetar los derechos humanos. Y cuando ya la evidencia era insostenible y amenazaba con convertirse en una presión insoportable sobre el gobierno, éste respondió con una sorprendente purga al interior de las fuerzas armadas, que destituyó a 27 oficiales, incluidos tres generales, entre ellos Paulino Coronado, de la Brigada 30, así como a oficiales de la Brigada Móvil no. 15, la cual ya había sido denunciada por dar cinco días libres por cada “falso positivo”. Pese a la fuerte sacudida que ya se vivió con estas purgas, parecía que había nuevas purgas en camino y que uno de los futuros peces gordos que caería podría ser el mismísimo ex comandante Mario Montoya, por sus vínculos históricos con las paramilitares AUC.
Pese a las directivas del Ministerio de Defensa, que buscan dar la sensación de estar acatando la orden de poner fin a estos hechos, las ejecuciones extrajudiciales se siguen dando, pero poniendo especial cuidado para que no sean reportadas públicamente y los cadáveres diligentemente ocultados, para no dejar rastros de la responsabilidad del Ejército en estos asesinatos de Estado.
El proceso de los falsos positivos de Soacha está lleno de irregularidades. Como dice el senador liberal Juan Manuel Galán, “hay demoras injustificadas en los trámites de estas investigaciones; el levantamiento de los cadáveres los hicieron los propios militares; hay amenazas constantes a testigos; las medidas que han tomado las Fuerzas Militares son coyunturales, ya que falta, por ejemplo, control interno eficaz para evitar que sucedan nuevos casos”. En este marco, a mediados de septiembre, las Madres de Soacha se reunieron en esta localidad con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla. En la reunión, éste les manifestó que el presidente Uribe era solidario con ellas e insinuó que les podrían ayudar en el futuro con unos planes económicos productivos. Pese a que desde que empezaron a denunciar sufrieron amenazas, casualmente, después de esta reunión, y coincidiendo con los juicios contra los militares implicados, el hostigamiento aumentó con llamadas, seguimientos, agresiones… Rompiendo el miedo y haciéndole frente a estas amenazas y hostigamientos, las Madres de Soacha presentaron los 6 casos relativos a Luz María Bernal Porras, Carmenza Gómez Romero, María Ubilerma Sanabria López, Blanca Nubia Monroy, Edilma Vargas Rojas y Flor Hilda Hernández y dieron detalles sobre la ejecución de sus parientes, enfatizando la persecución que han sufrido ellas y sus familiares desde entonces. Éstas fueron recogidas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, poniendo de manifiesto la estrategia del terror utilizada para acallar sus voces mediante mensajes de texto, notas, llamadas identificándose como el SIJIN, seguimientos y acoso psicológico, así como amenazas a los hijos e hijas de las madres para que se “queden callados”, llegando a cumplir sus propósitos, tal y como sucedió con el hijo de Carmenza Gómez, que fue asesinado para que no siguiera investigando la muerte de su hermano. Así pues, otra vez en el Estado de “seguridad democrática” son las víctimas revictimizadas, siendo, como señalan las Madres de Soacha, el Estado el responsable de lo que les pueda suceder a ellas o a sus familiares.
Durante este mes de enero han sido absueltos más de 30 militares implicados en las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales de los 11 jóvenes de Soacha. Los militares con acusaciones agravadas de homicidio, desaparición forzada y concierto para delinquir, han estado dilatando el proceso para lograr ser puestos en libertad por vencimiento de términos. Según Fernando Escobar, personero de Soacha, hasta 42 de los 47 implicados en el caso podrían quedar en libertad. Así, con la complicidad de la Procuraduría General de la Nación, el gobierno de Uribe y la fuerza pública eluden toda responsabilidad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en nombre de su política de presentar resultados en la lucha contra la insurgencia. Y, como escenificación de la injusticia, desde que los tribunales absolvieron a los militares implicados, las amenazas contra las Madres de Soacha han aumentado. Pero frente a la vergonzosa impunidad con que el Estado arropa a los responsables del asesinato de sus hijos, y pese al miedo a denunciar por las amenazas sufridas, las Madres de Soacha se resisten al silencio que impone el olvido y demandan verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Porque como decían las Madres de la Plaza de Mayo, no habrá olvido, tampoco perdón.

NOTAS

1. http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-guerra- paso-de-agache
2. http://www.semana.com/noticias-opinion/macabros-infames/116229.aspx
3. http://www.elespectador.com/articulo86125-uribe-pide-maxima-condena-militares-desapariciones-soacha
4. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo86671-purga-historica-el-ejercito-desapariciones
5. http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/serios-indicios-de-participacion-de-tres-coroneles-en-desaparicion-de-11-jovenes-admitio-ejercito_4623984-1
6. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7701556.stm

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