
IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
5.05.13: Amenazas contra Héctor Enrique Martínez integrante del MOVICE Capitulo Valle del Cauca
2.05.13: Alejandro Ordóñez y el caso Nicolás Neira
2.11.11: Habrá muchos más Mapiripanes, ¿quién quiere destruir al CCAJAR?
17.08.11: Afectada vivienda en Arauca por granada del ejército durante combates con la guerrilla
1.08.11: A testigo en caso del asesinato de Jueza Gaona, le ofrecieron beneficios para inculpar a inocentes
1.08.11: Herido campesino en bombardeo en Arauquita
17.07.11: Nuevamente Tribunal Superior de Bogotá definirá curso del caso de los niños de Tame
20.06.11: Tribunal Superior de Bogotá niega nulidad en caso Tame
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
Reciba el informe quincenal de IPO, con un resumen de las últimas actualizaciones, y otras informaciones coyunturales.
Esta obra está bajo una licencia de
Creative Commons
23.03.11
por Humanidad Vigente
Gloria Constanza Gaona, la jueza Penal del circuito de Saravena que llevaba el caso de la violación de 2 niñas de 13 y 14 años y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanitos de 9 y 6 años, el pasado octubre en Tame, fue asesinada en la mañana de este martes por un sicario en el municipio de Saravena en Arauca.
Humanidad Vigente y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Arauca repudian y lamentan profundamente el asesinato de la Jueza y las consecuencias que este atentado contra la vida y la justicia tendrán en el desarrollo del proceso que actualmente adelantaba la Jueza contra el Subteniente Raúl Muñoz Linares confeso violador de las 2 menores y presunto homicida de los hermanitos Jaimes Torres, en hechos sucedidos en el mes de octubre de 2010 cuando el militar comandaba la patrulla ’Buitres 2’ adscrita a la Brigada Móvil No 5 del Ejército Nacional.
Humanidad Vigente, representante de las víctimas, considera que este caso evidencia la utilización de mecanismos de impunidad que se aplican en Colombia a miles de casos como éste, de graves violaciones a los derechos humanos y en especial a los derecho de los niños , niñas y adolescentes: maniobras diltatorias de la defensa, hostigamiento a los testigos, persecución judicial, y ahora, el asesinato de la jueza de Saravena, la doctora Gloria Constanza Gaona.
Entre esas maniobras dilatorias se encuentran la renuncia de 4 abogados en 5 meses, la solicitud de suspensión de audiencia en 2 ocasiones, la asistencia de las abogadas defensoras a la audiencia preparatoria sin los documentos pertinentes, la no remisión del militar a Saravena en las fechas indicadas, que buscan la libertad del único detenido por vencimiento de términos, tal como fue advertido por la jueza en su última intervención en este proceso.
En el mes de febrero Humanidad Vigente denunció nacional e internacionalmente los hostigamientos e intimidaciones de que estaban siendo objeto los potenciales testigos del caso y habitantes de la vereda Caño Camame y Caño Temblador donde ocurrieron los execrables crímenes. Ahora denunciamos este nuevo atentado contra la administración de justicia en cabeza de la Jueza Gaona quien defendió la integridad de los procesos penales que dirigía y en el caso concreto del proceso de los niños de Tame, denunció las tretas e injustificadas dilaciones con que la defensa pretendía la libertad del Subteniente Muñoz Linares.
El proceso se encuentra suspendido desde el pasado 23 de febrero, en audiencia preparatoria cuya fecha de continuación estaba fijada para el próximo 31 de marzo.
Este nuevo crimen se enmarca en la clara falta de garantías con que en Colombia se administra justicia y aún mas a nivel regional en un departamento como Arauca que cuenta con el mayor nivel de militarización de todo el país.
Las investigaciones deberán dilucidar la responsabilidad directa y los móviles del asesinato de la Jueza Gaona; igualmente, es necesario que se haga un examen sobre la militarización de la vida social y su efectividad en la protección de la población araucana y en especial de los funcionarios judiciales, partes e intervinientes en los procesos judiciales, pues no se puede admitir que a plena luz del día y con alta presencia militar y policial un sicario a pie pudiera ultimar a la jueza y salir del sector comercial sin ningún contratiempo.
Desafortunadamente, el asesinato de la señora jueza corrobora lo que hemos denunciando: falta de garantías para ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación integral, lo mismo que el riesgo que se cierne sobre las familias, de las campesinas y campesinos que colaboran con sus testimonios y los representantes de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que impone de manera inmediata el cambio de radicación del proceso a Bogotá, para que haya una pronta y cumplida justicia.