En tres de los casos de ejecuciones extrajudiciales en Soacha no se han abierto investigaciones formales

4.06.10

Prensa Colectivo

Expresa el informe que “Este retardo injustificado constituye un agotamiento de recursos internos y una violación al deber estatal de otorgar a las víctimas un recurso rápido y efectivo en el ámbito interno que permita el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables”, y constituye a la vez, una de las razones para que el caso de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha, sea llevado hasta instancias internacionales.

Este hecho se encuentra referenciado en el informe, en una de las cuatro categorías, en que dividen con claridad, los mecanismos implementados para asegurar la impunidad, a saber, durante la comisión del delito, durante la investigación, durante el juzgamiento, de orden político y de orden normativo.

No basta, ni bastó con que el gobierno nacional días después que salieran a la luz pública éstas ejecuciones extrajudiciales, llamaran a calificar servicio a tres generales, 11 coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales, [1] si en la práctica el propio presidente Álvaro Uribe Vélez públicamente no sólo defendió a los militares, [2], sino que denunció la existencia de “un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales, con sesgos ideológicos, que les impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico imparcialmente, y que lo hacen con odio y carga ideológica. Cúmulo de abogados al servicio de hacer falsas imputaciones a nuestra Fuerza Pública”.

Frente a este punto es necesario recalcar que a la fecha, según el informe, han recobrado la libertad 46 militares, por vencimiento de términos en cuatro procesos distintos, los cuales, fueron confinados en la Escuela de Artillería, al sur de Bogotá, por orden del Ministerio de Defensa, y fueron objeto de una jornada que incluyó orientación psicológica, payasos y almuerzo con lechona.

Entre tanto las madres, revela el informe, enfrentan el discurso y las mentiras oficiales, que han “inducido a una buena parte de la sociedad civil a considerar que la desaparición y muerte de los jóvenes es prueba de su culpabilidad, generando aceptaciones, justificaciones y conformidades que, en consecuencia, favorecen la legitimación social de la impunidad y de las violaciones de los derechos humanos”.

Ellas aún no encuentran respuesta a las declaraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez, realizadas pocos días después que se develaran los hechos, en los que éste, una vez más, defendiendo las acciones de su Ejército, declaró ante los medios de comunicación que los jóvenes asesinados “no salieron con el propósito de trabajar y recoger café’”.

En la actualidad, “la Fiscalía investiga los asesinatos de 1.666 personas y por lo menos 400 militares están vinculados a investigaciones penales por presuntos falsos positivos”.

En memoria de, Julio César Mesa Vargas, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Daniel Andrés Pesca Olaya, Eduardo Garzón Páez, Diego Alberto Tamayo Garcera, Víctor Fernando Gómez Romero, Jáder Andrés Palacio Bustamante, Fair Leonardo Porras Bernal, Elkin Gustavo Verano Hernández, Julián Oviedo Monroy, Joaquín Castro Vásquez, Mario Alexander Arenas Garzón, Jaime Steven Valencia, Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Marín Giraldo y Jaime Castillo Peña.

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