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15.05.12: Publicado el nº 11 del Pa'lante
1.11.11: Nuevo Reporte Evidencia la Grave Situación de los Líderes Defensores de Tierras y Territorios
25.03.11: Boletín Colombia: 25 de febrero a 24 de marzo de 2011
9.06.10: 101 sindicalistas asesinados en el mundo en 2009, la mitad de ellos en Colombia
25.03.10: Informe de la comisión de verificación extraordinaria en el Catatumbo
8.02.10: Colombia: Hay que poner fin a los abusos de grupos sucesores de los paramilitares
10.12.09: Informe alternativo sobre tortura en Colombia 2009
16.11.09: El ejército irrumpe nuevamente en el refugio humanitario del Catatumbo
24.10.09: Relatora de ONU dice al Congreso de E.U. que aún persiguen a defensores en Colombia
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
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7.12.12
Todd Howland – representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
No es posible dar el beneficio de la duda a la actual reforma al
fuero militar que cursa en el Congreso de Colombia.
Lunes 3 Diciembre 2012
Entre 2004 y 2008, centenares si no miles de personas fueron presuntamente
asesinadas por miembros del Ejército. Estas muertes fueron presentadas como los
resultados de combates que nunca sucedieron.
¿Qué hizo la justicia penal militar? En casi todas las ocasiones, intentó asumir la
competencia de los casos para avalar la versión oficial y archivarlos por considerar
que no existió un delito o que la actuación de los soldados era justificada. Los
jueces penales militares que sí cumplieron con su deber y pasaron los casos a la
Fiscalía (justicia ordinaria) fueron presionados con el argumento de la lealtad con
el uniforme y algunos de ellos fueron amenazados.
Considerando esta historia, no es posible dar el beneficio de la duda a la actual
reforma al fuero militar que cursa en el Congreso de Colombia.
Uno de los problemas de la reforma al fuero es que institucionaliza una extraña e
incorrecta interpretación de la ley. De acuerdo con la reforma actual al fuero, el
derecho internacional humanitario prevalece sobre los derechos humanos cuando hay
combate, y simplemente este no es el caso.
Lo más preocupante es que con la reforma al fuero, la justicia penal militar
decidirá si hubo o no combate y si hubo o no violación (hoy quien decide es la
Fiscalía General). La justicia penal militar es parte del Ejecutivo, y sus miembros
reciben salarios y promociones a su carrera del Ministerio de Defensa y no de la
rama judicial. Que esta justicia decida sobre los casos, rompe el balance entre las
ramas del poder ejecutivo y judicial.
Las condenas que esclarecen lo sucedido con algunas ejecuciones de civiles cometidas
por militares muestran claramente que si no hubieran sido investigadas por la
Fiscalía, se hubiera impuesto la mentira oficial y estos homicidios todavía serían
considerados como muertes en combate.
Ilustremos el tema con un ejemplo: piensen en un bus público que está lleno de
pasajeros campesinos, pero hay un grupo de soldados que sospecha que hay un miembro
de la guerrilla en el vehículo. Estos abren fuego en contra del bus y matan a varios
de los pasajeros. Esto no es un “error” militar; este concepto no existe en el
derecho internacional. En este caso, hay una violación del derecho a la vida (los
civiles muertos).
Puede ser que no configure, en el marco del derecho colombiano, un homicidio
agravado o que se deban aplicar atenuantes para disminuir la pena, pero los hechos
no dejan de entrañar una violación del derecho a la vida. Con la reforma el fuero,
los muertos del bus podrían ser presentados como muertos en combate. Si la justicia
penal militar acepta la versión de que hubo un combate, no habría investigaciones
por parte de ninguna autoridad independiente ni se descubriría que quienes viajaban
en el bus eran simplemente campesinos que venían del mercado y que los militares
violaron el derecho de la vida de los pasajeros civiles.
En este contexto, la famosa lista de excepciones – ahora más larga – que nos
presentan es marketing, ya que no tendrá impacto real porque la justicia penal
militar va a decidir si hubo o no combate, y si dice que lo hubo, no habrá una
investigación independiente para esclarecer lo ocurrido. En adición a esto, unos
delitos no hacen parte de la legislación interna (ejecución extrajudicial) y otros
(como los crímenes de lesa humanidad) no pueden ser vistos como casos individuales.
Más poderoso que el marketing es la ideología detrás de esta reforma al fuero
militar. Al parecer, muchos congresistas piensan que votar en contra de la reforma
sería como votar en contra la fuerza pública. Sin embargo, votar a favor de la
reforma sería votar en contra de la gran mayoría de las personas que dentro de la
fuerza pública creen en la Constitución y son fieles a los derechos humanos.
Cada vez más podemos notar que hay una nueva fuerza pública en Colombia, integrada
por personas que son héroes con virtudes, y que han denunciado, por ejemplo, los
“falsos positivos” cometidos internamente por militares; o han verificado cómo se
disparó contra un bus con civiles y las personas fueron reportadas como muertas en
combate. Asimismo, lo sucedido en el cerro Berlín, en el Cauca, muestra cómo los
militares optaron por no disparar en contra de los indígenas, cumpliendo con su
obligación de respetar la vida de los civiles cuando no hay peligro a su vida.
Con estos importantes desarrollos positivos, me pregunto ¿por qué hay actualmente
tanto apoyo a la reforma al fuero militar?
El Congreso colombiano tiene una oportunidad invaluable: es la de votar por una
nueva Colombia que mejore el respeto por los derechos humanos. Votar por los héroes
que hay dentro de la fuerza pública que no necesitan protección de la ley porque
están respetándola, o votar por la reforma y por quienes integran la fuerza pública
sin importar su conducta y la fabricación de combates que realizaron en los últimos
años.
*Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos