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5.05.13: Nueva amenaza contra la secretaria técnica del MOVICE capitulo Sucre INGRID VERGARA y su familia
5.05.13: Amenazas contra Héctor Enrique Martínez integrante del MOVICE Capitulo Valle del Cauca
22.03.13: Nuevas amenazas en contra de integrantes de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar
14.03.13: Agresiones del ESMAD en contra de pobladores del municipio de Ovejas, Sucre
14.02.13: Amenaza de muerte contra integrantes del MOVICE capítulo Sucre.
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
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1.11.11
Por MOVICE
En el día de hoy la US Office on Colombia (USOC) publicó un reporte sobre la crítica situación en la se encuentran los líderes defensores de tierras y territorios en Colombia. Contra todos los Obstáculos: La Lucha Mortal de los Líderes Defensores de Tierras y Territorios en Colombia (http://www.usofficeoncolombia.org/uploads/application-pdf/againstallodddsspanish.pdf), documenta los casos de los 20líderes que han sido asesinados desde que se inauguró la administración del Presidente Santos en agosto del 2010.
La nueva Ley de Víctimas busca restituirles la tierra a algunas de las más de 5 millones de personas desplazadas en el país, producto del conflicto armado interno. Sin embargo, tal como lo señala el reporte, para que la implementación de la ley sea exitosa el gobierno de Colombia deberá diseñar un programa de protección que les garantice la seguridad a aquellas personas que buscan retornar a sus tierras. El gobierno de Colombia deberá actuar de manera decidida en el desmantelamiento de los paramilitares y los grupos sucesores responsables de una gran parte de la violencia, y de este manera garantizar la seguridad de las personas que buscan retornar a sus tierras, afirmó Dana Brown, Directora Ejecutiva de USOC.
El reporte fue publicado en conjunto con una carta dirigida a la Secretaría de Estado Hillary Clinton, enviada por una coalición de organizaciones de derechos humanos en los Estados Unidos. En la carta las organizaciones le piden a la Secretaría Clinton que tanto los esfuerzos diplomáticos como de cooperación vayan destinados a promover la protección para la población rural colombiana y a apoyar retornos seguros, sostenibles y voluntarios. El gobierno de los Estados Unidos debe vincular el apoyo que se le vaya a brindar desde los Estados Unidos a esta iniciativa, al desarrollo e implementación por parte del gobierno colombiano de un plan de protección factible, comprehensivo y efectivo para que proteja a los líderes y las comunidades, afirmó Lisa Hauggard Directora Ejecutiva del Latin America Working Group Education Fund, coautora de la carta. El plan debe ser desarrollado sobre la base de una amplia participación con las comunidades afectadas. Sin dicho plan la población retornante solo encontrará a su regreso la muerte o un nuevo desplazamiento.
La carta hace referencia de igual manera a la importancia de la consulta previa, libre e informada con las comunidades afro-colombianas e indígenas, tal como lo establece la legislación colombiana. Si en Colombia no hay una consulta previa sobre el decreto de implementación de la ley para las comunidades afrocolombianas que sea de carácter libre, previa e informada, puede resultar en la revictimización de estas comunidades afirmó Gimena Sánchez de Washington Office on Latin America (WOLA).
Tanto el reporte como la carta afirman que la Fiscalía General de la Nación colombiana deberá dar prioridad a la investigación y sanción efectiva de casos sobre ataques y amenazas en contra de líderes defensores de tierra y territorios. Para que la Ley de Victimas tenga alguna posibilidad de lograr sus objetivos y así contribuir a la creación de una paz duradera, se necesita la puesta en marcha de un plan de protección que garantice el retorno en condiciones de seguridad de las comunidades desplazadas a sus tierras.