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8.11.07
BOGOTA (Reuters) – El asesinato de dos líderes obreros colombianos la semana pasada subraya la necesidad de que el Gobierno comience a procesar a quienes han dado muerte a más de dos decenas de miembros de sindicatos este año, declaró el miércoles Human Rights Watch.
Un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos está estancando y la ayuda del Ejército estadounidense está siendo revaluada debido a preocupaciones por la situación de los derechos humanos y un escándalo que relaciona a legisladores colombianos con escuadrones de la muerte de derecha.
Ante este escenario diplomáticamente delicado, Jairo Giraldo del sindicato de trabajadores nacionales de la fruta y Leonidas Silva de un sindicato de maestros fueron asesinados en incidentes separados. Los responsables no han sido capturados.
El director para las Américas de Human Rights Watch, Jose Miguel Vivanco, dijo que las autoridades deben asegurar que estos casos sean investigados y procesados con vigor.
Más de 2.500 sindicalistas han muerto durante los últimos 20 años, 26 de ellos sólo en el 2007, y casi todos los casos no han sido resueltos, según grupos de derechos laborales colombianos.
Vivanco dijo que los antecedentes procesales del Gobierno son desconsoladores.
Silva fue abatido a tiros el viernes en su casa en la provincia oriental de Norte de Santander. Giraldo fue acribillado el sábado en la provincia occidental de Valle del Cauca. Un portavoz de la fiscalía general dijo que ambos casos serán investigados.
El país andino está sumido en un conflicto de décadas que involucra a rebeldes marxistas, paramilitares de extrema derecha y otros grupos ilegales fundados por el comercio multimillonario de la cocaína de Colombia.
La violencia ha disminuido bajo la presidencia de Alvaro Uribe gracias a su operación contra los rebeldes, apoyada por Estados Unidos, y a un acuerdo de paz con los paramilitares por el que miles de combatientes han entregado sus armas desde el 2003.
EL Gobierno también ha aumentado la protección a los miembros de sindicatos al brindar vehículos blindados y guardaespaldas a quienes se considera que están en riesgo de violencia.
Uribe fue reelecto el año pasado y conserva su popularidad pese a un escándalo en el que decenas de sus aliados políticos, incluido su primo el ex senador Mario Uribe, están siendo investigados por sus acuerdos con matones de los paramilitares.
Por: Hugh Bronstein
Fuente: Reuters America Latina del 8 de noviembre de 2007
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAN0856597820071108?sp=true