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6.10.08
En menos de una semana ha subido a 45 el número provisional de jóvenes pobres de suburbios del sur de Bogotá y zonas deprimidas del Eje Cafetero, centro del país, entre otras regiones, cuyos cadáveres han sido encontrados en puntos remotos pocos días después de haber desaparecido y autoridades militares insisten en que las muertes ocurrieron legítimamente en desarrollo de supuestos combates contra la Fuerza Pública.
Al parecer, se trataría de un horroroso y tenebroso fenómeno de ejecuciones extrajudiciales practicado por miembros del Ejército de Colombia, dijo ayer el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán.
En principio, se ha especulado sobre posibles ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos consistentes en matar muchachos humildes para hacerlos pasar por delincuentes y así engrosar las estadísticas sobre triunfos militares.
Me dicen por ahí que todavía hay reductos de nuestra Fuerza Pública que exigen cuerpos, dijo este viernes el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Entre los muertos que los militares describen como delincuentes que se enfrentaron a las tropas hay dos jóvenes con retraso mental y uno de estos es menor de edad, de acuerdo con informaciones recogidas por la Defensoría del Pueblo.
Los desaparecidos hallados muertos hasta ahora son 19 de Bogotá, cuatro de la ciudad andina y sureña de Popayán, así como 18 del Eje Cafetero, y otros 4 en el departamento de Cesar.
El pasado 23 de septiembre, cuando fueron hallados los primeros 11 cadáveres de jóvenes del sur de Bogotá entre fosas comunes en los lejanos departamentos de Santander y Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), el Ministerio de Defensa emitió un comunicado de prensa y no respaldó las versiones militares y solicita a la Fiscalía General de la Nación dar prioridad [] a las investigaciones con el fin de establecer a la mayor brevedad las circunstancias de la desaparición y muerte de estas personas.
El ministerio de Defensa, agregaba la comunicación, ofrece toda su colaboración para que las investigaciones se adelanten con celeridad y haya completa claridad sobre el accionar de la Fuerza Pública. También dice que reiteramos a la opinión pública la política de cero tolerancia frente a las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Los primeros interesados en que se investigue y sancione cualquier conducta irregular son el Ministerio de Defensa y el alto mando’‘.
Pocas horas después de haber sido difundido este comunicado de prensa, la Fiscalía General reveló que los muchachos pobres desaparecidos solamente en Bogotá y hallados muertos no eran 11 sino 19, saldo todavía provisional, cuyos despojos mortales aparecieron en los municipios de Cimitarra (Santander) y Ocaña (Norte de Santander).
Dos días después, en el departamento cafetero de Risaralda, centro de Colombia, la Fiscalía recibió denuncias sobre otros 18 jóvenes humildes que aparecieron muertos en regiones circunvecinas pocas horas después de haber desaparecido de sus hogares. En estos casos los mandos militares de la zona también aseguraron que se trataba de bajas en supuestos combates contra la Fuerza Pública.
El Fiscal General envió a Ocaña una comisión de investigadores especializados en derechos humanos que comenzó por inhumar e identificar los primeros once cuerpos. También interrogó a los militares que atribuyen las muertes a presuntos combates.
Ante la posibilidad de que no hubieran ocurrido los enfrentamientos armados que mencionan los jefes militares de las zonas donde han sido encontrados los cadáveres, el general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares, anunció el envío a Ocaña de una comisión militar investigadora.
Un grupo especializado viaja hasta el lugar para que haga las averiguaciones pertinentes. Las familias deben tener tranquilidad, declaró Padilla.
El comandante de la Brigada 30 del Ejército, general Paulino Coronado, unidad militar a la que se le atribuyen la mayoría de estas muertes, sostiene que los jóvenes no fueron asesinados fuera de combate. Aquí no estamos frente a un falso positivo, estamos frente a nueve muertos en combate que se presentan durante cinco eventos que se suceden desde enero hasta agosto (del 2008). Estas personas murieron en combates con tropas, declaró Coronado y aseguró que uno de los cuerpos era el de un terrorista del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
El jueves en la mañana, el doctor Pedro Franco, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, reportó que ya habían sido identificados 11 cadáveres. Todos están identificados y estaban reportados como desaparecidos.
El ministro de Defensa prometió que habrá claridad sobre el accionar de la Fuerza Pública y agregó: hemos conocido que las personas que fueron identificadas habían sido reportadas como muertos en combate por parte de unidades del Ejército Nacional.
Otros cuatro muchachos desaparecidos en el municipio de Aguachica, departamento de Cesar, también aparecieron en la misma fosa común de Ocaña en donde el general Coronado sostiene que fueron enterrados, bajo su consentimiento, delincuentes muertos en combate.
Dos de estos muchachos, Luis Enrique Devia y Jonatan Meza Badillo, tenían retardos mentales agudos y aún así la brigada del general Coronado los presentó como terroristas armados.