Se realizó en Bogotá encuentro de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales

11.03.09

El evento llevó como consigna “Los falsos positivos son crímenes de Estado”, y como parte del mismo, se desarrollaron diversas actividades y movilizaciones para repudiar las ejecuciones extrajudiciales y exigir verdad, justicia y reparación integral.

por prensarural.org

Del 5 al 7 de marzo, en la ciudad de Bogotá, se realizó el encuentro de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, un espacio que permitió el acercamiento de cientos de familiares de hombres y mujeres que han sufrido el dolor de perder a un ser querido a manos de las Fuerzas Militares del Estado colombiano.

Un común denominador entre los que se encontraban allí fue el dolor, la tristeza, el llanto, la rabia, la indignación, pero sobre todo el sentimiento de esperanza de ver que ninguno de ellos se encontraba solo. La vida de éstas personas que venían de regiones bastante distantes de la capital, sus luchas y sus reclamaciones no eran las únicas. Todos ellos supieron que si se unen y luchan juntos, podrán adquirir importantes resultados.

No obstante, esto también dio cuenta de la inmensidad de los hechos. Ver que no se trata de solo treinta jóvenes del municipio de Soacha en Cundinamarca, o de catorce campesinos del nordeste antioqueño, o de más de cien personas que han sido asesinadas en el departamento del Huila y presentadas como bajas en combate. No son hechos aislados, como los presenta el Gobierno Nacional. Esto demostró que esta tragedia trasciende del asesinato en sí, que va mucho más allá, porque rompe con estructuras familiares, económicas, con comunidades, con procesos organizativos. Esta situación afecta emocionalmente a los miembros de las familias, que en su gran mayoría son mujeres, y también desmiente la afirmación que el ministro Santos dio el 5 de marzo, día que iniciaba el encuentro, cuando hizo referencia a que el problema de los falsos positivos “ya fue resuelto”. Y si esto fuera así, por qué aun persiste esta práctica, por qué los familiares de las víctimas son constantemente amenazados y perseguidos, por qué no se han adelantado las investigaciones judiciales correspondientes, por qué el Estado no asume su responsabilidad y sigue afirmando que se trata de hechos aislados que corresponden a la avaricia de unos pocos dentro de la estructura militar.

El simple hecho de que estos crímenes se presenten en diferentes regiones del país y que el aparato judicial no asuma su tarea con la seriedad que estos actos merecen, evidencia que se trata de una política de Estado que garantiza el contexto de impunidad, ya que la gran mayoría de las investigaciones se encuentran en la justicia penal militar. Las medidas que ha tomado el Estado se han limitado a destituciones, traslado o relevo de cargos, además de que hacer justicia no sólo se trata de castigar a los responsables, también implica conocer los móviles, las formas de acción, los que se vieron beneficiados con los crímenes; el derecho a la justicia lleva implícito el derecho a la verdad.

Además, esto pone en evidencia la nueva forma de criminalidad por medio de la cual el Estado se “deshace” de varios de los sectores sociales que históricamente se han convertido en un obstáculo, así como los habitantes de la calle, los campesinos, los jóvenes, líderes sociales de las diferentes regiones del país. Por ejemplo, en varias regiones como Arauca o Antioquia, las personas asesinadas son miembros de organizaciones de base, defensores de derechos humanos de sus veredas o dirigentes de las juntas de acción comunal.

A su vez, en la gran mayoría de los casos el derecho al buen nombre es violentado, ya que en varias ocasiones, como ocurre en el departamento del Meta, los campesinos son presentados como guerrilleros dados de baja en combate, mientras que los jóvenes de Villavicencio son presentados como extorsionistas o ladrones de ganado del departamento. Y así se victimiza nuevamente, porque muchos de los familiares de las víctimas son amenazados y tienen que desplazarse, en algunos casos son señalados como familiares de guerrilleros, o simplemente les dicen que si mataron a sus familiares “fue por algo”. A esto se suma la desaparición o demora de la entrega de los cadáveres de los supuestos guerrilleros, como ocurrió en Putumayo: los restos de un campesino asesinado por el ejército fueron entregados en una caja de cartón quince meses después de ocurrido el hecho.

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