Comunidades del Tolima entre conflicto armado y recursos naturales.

12.03.09

por Cecilia Tamplenizza – IPO

El pasado mes de noviembre se realizó, después de un desplazamiento masivo en la región del Tolima de las comunidades de las veredas de Las Pavas, Vegas del Café, El Piñal y Palmira hacia la cabecera municipal de Dolores, la MISION HUMANITARIA POR EL RESPETO A LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA DE LOS CAMPESINOS EN SU TERRITORIO.

El Observatorio Internacional de Paz (IPO) acompañó a las organizaciones de derechos humanos que se comprometieron a apoyar a las comunidades campesinas afectadas por el conflicto, efectuando una comisión de verificación de las denuncias y de las causas del desplazamiento. Hay que subrayar que en el 2006 las mismas familias ya habían sufrido un desplazamiento causado por el conflicto armado interno. Otra vez, la mayor preocupación de los campesinos de la zona está relacionada con cuestiones de orden público. Durante la gira a las veredas se pudo comprobar como la guerra en esta zona se adentra en las casas de los civiles, el ejército no respetando, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) acampa dentro de las fincas de los campesinos, estropeando y consumiendo sin permiso los cultivos. Se vio como las casas quedan entremedio de balaceras. Además se observó que las fuerzas militares acampan demasiado cerca de escuelas, en una se encontraron escritos como “guerrillas seban a morir perros” acompañada por un dibujo de un fusil. Graves violaciones que junto con la persecución y las amenazas que sufre la población no sólo generan mucho miedo en las comunidades que allí viven y que siguen resistiendo, sino que también son causa de las complicaciones que se notan en los servicios sociales básicos como escolarización, salud y servicios sanitarios, que deberían ser garantizados por el Estado, En esta zona se denunciaron también falsos positivos y se conocieron historias de desplazamientos de familias que huyen por el terror de denunciar el caso.
A raíz de una asamblea que las organizaciones de derechos humanos junto con las comunidades organizaron durante el desplazamiento en Dolores, invitando al Alcalde, a la Personería, a la Defensoría del Pueblo y al Coronel y el Mayor de Derechos Humanos de la Brigada XVII, y se estipularon unos pactos con los campesinos. A dos meses de tales acuerdos, IPO acompañó una vez más las comunidades y pudo observar que efectivamente la reunión había logrado que se les escuchara. Se está llevando a cabo la reparación del acueducto, que fue destrozado por el ejército impidiendo a los habitantes de la vereda El Piñal y Vegas del Café el acceso al agua. Se arregló uno de los puentes en la carretera hacia Dolores que constituía un gran problema para la viabilidad y la seguridad de los campesinos. También pudo empezar con regularidad el curso escolar, que dependiendo de la vereda había sido interrumpido por muchos meses incluso hasta un año. En definitiva, fueron necesarios dos meses de desplazamiento, casi privado de ayuda humanitaria, en condiciones higiénicas y de salud muy precarias; una resistencia que se llevó a cabo hasta que algunos niños empezaron a enfermarse; una reunión que los campesinos organizaron invitando a diferentes organizaciones de DDHH para que las autoridades municipales atendieran; un regreso sin garantías, para que fueran garantizados algunos de los derechos básicos.

A primera vista conversando con los campesinos, probablemente debido a tanto miedo y a la enorme desconfianza, todo estaba “regular o mejor que antes”. En la asamblea con los campesinos, el Mayor de DDHH se comprometió en hacer un llamado a las tropas para que cumplieran con el DIH y avisó de la existencia de la oficina de DDHH del ejército para poder hacer las debidas denuncias en caso de abusos. Declaraciones que han sido contestadas por los campesinos haciendo notar que lamentablemente unas palabras no representan ninguna garantía y que es diferente el compromiso que pueda tener el Mayor de DDHH y el comportamiento de unas tropas en el monte.
A los dos meses de la reunión, las denuncias más difundidas siguen siendo las de abusos por parte del ejército a campesinos. Otra vez se han presentado las violaciones del DIH presentadas en la reunión y denunciadas a las autoridades, se ha llevado a cabo la captura de un campesino por parte de seis civiles armados acompañados por un hombre con la cara tapada. El campesino detenido fue llevado al comando militar y después de unas verificaciones de antecedentes fue dejado en libertad a las 24 horas. Es muy preocupante si el ejército efectúa detenciones de esta forma. Queda por ver como será el orden público después de que se haya efectuado el cambio de las tropas y de que haya entrado una nueva brigada cuyos mandos no han vivido este proceso de diálogo con la población civil.

Además los campesinos afirman que se está dando en la región las falsas desmovilizaciones de campesinos que se declaran guerrilleros y en lugar de, una vez recibido el sueldo mensual como establece la ley de Justicia y Paz, salir de la región quedan como informantes del ejército. La obligación que impone la ley de salir de las regiones en las cuales se desmovilizan guerrilleros o paramilitares es de grande importancia sea por razones de seguridad sea por evitar casos como ese arriba citado. Una grave falta a la ley que permite a unos sacar un dinero a cambio de informaciones que, por lo que dicen quienes viven en la región, no son verdaderas. En lugares donde hay mucha pobreza a veces el dinero es más importante que la vida misma y no se puede utilizar como forma de justicia, sobre todo cuando no se respecta la ley.

Unas consideraciones sutiles

Se lee en un artículo del diario colombiano El Tiempo: “En los límites entre Dolores y Villarrica está el hallazgo petrolero, aún no cuantificado. (…)se desconoce la magnitud del hallazgo, localizado en el límite de los municipios de Dolores y Villarrica, pero que se trata de un pozo muy importante.”1
Frente a la finca de uno de los campesinos que acompañaron la misión humanitaria, se extiende la Reserva Forestal Galilea, una zona muy afectada por el conflicto en la cual el desplazamiento en los últimos años fue tan masivo que no quedan sino dos familias autóctonas. Los campesinos de la región son conscientes de los hallazgos de petróleo que se llevaron a cabo en la zona y más de una persona hace alusión a la relación entre los desplazamientos y los proyectos de explotación de la multinacional canadiense Nexen y Ecopetrol.
Sigue el artículo, “Asimismo, el Gobernador (del Tolima, Óscar Barreto) manifestó que debido a que se trata de una zona con afectaciones de seguridad, él, en su calidad de mandatario, se comprometió a ofrecer las garantías a la compañía para que la explotación se efectúe sin contratiempos.”2

Pero nadie tiene la facultad de ofrecer garantías a las comunidades campesinas.
Para aclarar sobre la gran riqueza de la zona hay que recordar que la reserva forestal Galilea, municipio de Villarica, confinante con el municipio de Dolores, donde estuvimos de visita, es parte de la “Cuenca Mayor del Río Prado en donde se encuentran varias áreas de gran importancia ambiental entre las cuales se destacan diecisiete humedales, siendo el más representativo el Embalse de Hidroprado”.1
Las veredas El Piñal, Vegas del Café y las Pavas, visitadas durante le gira humanitaria confinan al norte con el Municipio de Villarrica; al noroeste con el Municipio de Prado; y al oriente con el Departamento del Huila, Municipio de Colombia (Huila). Por estas tierras se extiende el Río Negro y varios nacimientos que conforman la represa Hidroprado, que genera alrededor de 51.000 Kilowatios de energía, y por el hermoso embalse de 42 KM cuadrados que constituye además un gran atractivo turístico.2
Recientemente la Represa de Prado que era patrimonio público del Tolima, fue comprada por la multinacional española EMGESA (cuyo nombre en España es ENDESA, una empresa de energía eléctrica que en Colombia genera el 21% de la energía del país3). Además EMGESA está planificando construir otra grande represa en el municipio del Huila con el proyecto Quimbo.

Otro tema interesante es el de la privatización del agua. La compañía privada Aguas del Huila4 compró recientemente todas las aguas del Tolima supuestamente para ayudar al saneamiento básico del departamento.

Reiteramos nuestra preocupación hacia un modelo que discrimina la sociedad civil más débil, o sea la que vive en una región donde el Estado no es capaz de construir alternativas y crear garantías al conflicto armado interno a las comunidades campesinas, pero sí a la economía y a las multinacionales, que privatizando los recursos naturales ponen en riesgo a la población siendo el agua el recurso natural básico y fundamental por excelencia, derecho fundamental de tod*s.

Ahora, estamos pendientes del Informe de Riesgo llevado a cabo por la Defensoría del Pueblo departamental del Tolima para el municipio de Dolores. Esperamos que sea respetado por parte de las autoridades competentes y que se tutelen las familias que viven en la zona, que, aunque siendo los más débiles, son los que menos garantías tienen. Personas acostumbradas a vivir en tierras muy ricas pero con muy pocos recursos que a menudo se les quitan debido al acoso, la persecución, las falsas acusaciones de terrorismo, un sistema que destruye proyectos de resistencia, de auto-organización y de sueños de vida.

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1. http://www.eltiempo.com/colombia/tolima/empresa-canadiense-y-ecopetrol-explotaran-pozo-petrolero-en-el-tolima-_4705578-1
2. Idem
3. En http://www.cortolima.gov.co/2006/images/stories/centro_documentos/estudios/pomca/caracteristicas_cuenca.pdf
4. Idem
5. www.emgesa.com.co/
6. http://www.aguasdelhuila.gov.co/

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