El Incora, '40' y sus ladrones de tierras

4.04.11

Verdadabierta.com

El Incoder ya devolvió 37 predios que había robado ‘Jorge 40’, en el departamento del Magdalena, y que luego logró legalizar, cuando posaba de estar abandonando la guerra. La Fiscalía ya está investigando a varios funcionarios del Incora (la entidad de reforma agraria antecesora del Incoder) por la legalización irregular de ese despojo en complicidad con los paramilitares.

VerdadAbierta.com pudo comprobar que no fueron solo 37 los predios que robó el grupo paramilitar. Después de revisar decenas de documentos de la entidad, que consiguió mediante una tutela, pudo documentar que solamente en un año, el 2003, el Incora había revocado 134 títulos a campesinos de 13 municipios de Magdalena, en zonas en donde delinquió el jefe paramilitar. *

Los títulos que revocó se los había otorgado la misma entidad entre los años ochenta y noventa para atender a años de reclamos por la tierra de los campesinos de esa región, a cada campesino le había asignado una unidad agrícola familiar, que en esa zona oscilaba entre las 20 y 30 hectáreas.

Pero después de que los paramilitares se tomaron a sangre y fuego la región, y forzaron a miles de campesinos a desplazarse, la entidad, con el nuevo nombre de Incoder, revocó los títulos de los campesinos desplazados y, en muchos casos, se los re-adjudicó a terceros.

En versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz, un paramilitar desmovilizado que hizo parte de la banda de ‘Jorge 40’, Óscar José Ospino Pacheco alias ‘Tolemaida’, ha confirmado lo que los documentos sugieren: que las AUC consiguieron que el Incoder les legalizara el despojo a los campesinos.

‘Tolemaida’ dijo que otro paramilitar conocido con el alias de ‘Córdoba’ fue quien sirvió de puente entre la gerencia del Incora y ‘Jorge 40’ para legalizar el robo de predios a las familias campesinas, desplazados por los paramilitares a finales de los años noventa.

El otro testigo que está colaborando con la justicia, pero cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad, le dijo a las autoridades que participó en varias reuniones entre ‘40’ y funcionarios del Incora, y en ellas se organizó cómo se revocarían los predios adjudicados a campesinos y cómo se les titularían a los paramilitares.

Los documentos sustentan estas versiones. Entre febrero y marzo de 2003, el Incora revocó la adjudicación de 134 predios, dos en promedio por día, argumentando que los campesinos abandonaron la tierra o incumplieron con el pago de un crédito que les otorgaron quince años atrás. Se aprecia lo exagerado de la cifra, si se tiene en cuenta que entre 1996 y 2002, es decir, en los siete años anteriores, apenas se habían revocado los títulos de 80 predios.

Las revocatorias de 2003 incluyeron predios con extensiones desde 47 metros cuadrados, equivalentes a una huerta, hasta de 69 hectáreas, una gran hacienda. Estas cancelaciones de títulos ocurrieron en 12 municipios del Magdalena, pero se concentraron sobre todo en cuatro de ellos, justo los que mayor desplazamiento forzado registraron a causa del terror de ‘Jorge 40’.

En su defensa ante la justicia, conocida por VerdadAbierta.com, el entonces gerente del Incora en Magdalena, José Fernando Mercado Polo, aseguró a las autoridades que nunca tuvo conocimiento de desplazamientos forzados de campesinos en la zona, ni mucho menos que ‘Jorge 40’ hubiera asesinado o intimidado a alguien para robarle sus tierras.

Es una versión difícil de creer, después de que, para 2003, todos en esa región llevaban años conociendo reportes de prensa y radio acerca del desplazamiento forzado de campesinos, a quienes se veían llegar todos los días por montones a Santa Marta a levantar barrios enteros de latas y cartones.

Según datos de Acción Social en los 12 municipios del Magdalena donde el Incora revocó predios, al menos 199.746 familias fueron desplazadas entre 2000 y 2009 por grupos armados ilegales. En los mismos municipios, entre 1990 y 2009 fueron asesinadas 9.642 personas.

Fue precisamente en Chivolo, el municipio con el mayor número de campesinos desplazados por la violencia del departamento entre 1997 y 2002, donde más títulos se revocaron. Según los propios registros del Incoder, allí perdieron la propiedad sobre 47 parcelas, particiones de fincas de mayor extensión llamadas El Encanto, Bejuco Prieto y La Palma. El segundo con más anulaciones de títulos fue Ariguaní, donde los campesinos perdieron propiedad sobre 32 parcelas, que en 1980 habían sido parte de fincas más grandes llamadas Pacífico, Melissa, San José y No te canses.

El tercero más afectado fue el municipio de Pivijay, donde el Incora les revocó a los campesinos 24 predios, que antes hacían parte de grandes terrenos llamados Palmarito, Florencia y Santa Bárbara. El cuarto en revocatorias fue Sitionuevo, donde los campesinos perdieron la propiedad sobre12 parcelas que habían sido parte de un predio global llamado La Trinidad. En orden de anulación de títulos, pero en menor escala, otros de los municipios afectados fueron Tenerife, Aracataca, Plato, Ciénaga, Fundación, El Banco, Zona Bananera y Santa Marta.

Revocatorias irregulares
Gran parte de las adjudicación de tierras a campesinos pobres se rigió bajo la Ley 160 de 1994 de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino que estableció un proceso de selección por puntos. Entregaba parcelas a aquellos campesinos con familia que carecieran de propiedades.

La selección era rigurosa: un comité regional conformado por el gerente regional del Instituto, el jefe jurídico, el procurador agrario, un representante de los campesinos y delegados de las asociaciones de usuarios campesinos, daban fe de la puntación. Si el campesino era seleccionado para la adjudicación, no podía vender su tierra en 15 años.

El comité también vigilaba que los campesinos explotaran sus tierras, que no las abandonaran, las cedieran, arrendaran o vendieran. Y solamente el comité podía autorizar la revocación de títulos.

Por eso llama la atención que en 2003, el comité de adjudicación de Incora en Magdalena revocara tan rápidamente 134 títulos de propiedad, sin siquiera buscar a los campesinos para que explicaran por qué habían abandonado sus propiedades. En las resoluciones de revocatoria, sólo se menciona que el funcionario del Grupo de Gestión visitó la respectiva zona y encontró que los campesinos habían abandonado la parcela. Y luego, que el Comité de Selección, que se reunió a finales de 2002 y a principios de 2003, recomendó comenzar los trámites de caducidad.

Pero en ninguno de los archivos de estas revocatorias de adjudicaciones de tierras, a los que tuvo acceso VerdadAbierta.com, se hallaron actas de cada decisión administrativa como debería ser. En su defensa, el ex gerente del Incora-Magdalena, Mercado dijo que de cada procedimiento de revocatoria, ellos dejaron constancias escritas. Éstas, sin embargo, han desaparecido misteriosamente y ni siquiera la Fiscalía las ha encontrado.

A pesar de ser los afectados, el Incora tampoco notificó a los campesinos de que se quitarían sus títulos por presunto incumplimiento con las obligaciones de la adjudicación.

Los nuevos dueños
Resulta todavía más extraño que después de las revocatorias de adjudicaciones de tierras, éstas volvieran a ser adjudicadas en tiempo récord. Se les titulaban, por lo general, a nuevos campesinos que ya habían invadido las tierras en cuestión. Así quedó consignado en las resoluciones del Incora (ver mapa). Luego se supo, que los nuevos propietarios eran en su mayoría desmovilizados de las Auc o sus familiares, cuando no, testaferros de los propios ex jefes paramilitares.

En menos de cuatro meses, el Incora firmó 137 nuevas adjudicaciones a otros propietarios. Las fechas de revocatorias y nuevas adjudicaciones fueron realizadas el 7, 10, 20 de febrero y el 31 de marzo de 2003. Incora se demoró apenas tres meses en revocar y luego en volver a adjudicar, con una celeridad jamás vista.

En algunos casos, revocó en febrero de 2003 y tituló entre el 21,24 y 25 de abril. Curiosamente, en las revocatorias el Incora no especificaba el número de hectáreas anuladas, mientras que en las nuevas adjudicaciones el Incora les señalaba a los nuevos propietarios que estos predios tenían entre 32 y 33 hectáreas
El Incora también les aplicó a los campesinos despojados la caducidad por mora en los préstamos que habían contraído con la Caja Agraria para pagar el 30 por ciento del valor de sustierras.

El proceso regular, según un ex gerente del Incora consultado por VerdadAbierta.com, podía demorar entre 6 meses y un año. Además de verificar toda la información, los nuevos parceleros tenían que hacer el trámite para conseguir un crédito correspondiente al 30 por ciento del valor del predio.

‘40’ y sus ladrones
En 1996, ‘Jorge 40’ y sus hombres, unos 25, llegaron a esta rica zona del centro y sur del Magdalena conocida como las Sabanas del Ariguaní. Los paramilitares la eligieron posiblemente porque aunque está aparentemente aislada, a muy pocos kilómetros al occidente, está el río Magdalena y al oriente, muy cerca, la carretera que comunica a Santa Marta con Bucaramanga. Ambas rutas accesibles para el tráfico de drogas y de armas hacia el mar.

Además porque sus tierras eran particularmente bellas y ricas. En 1997, el grupo de ‘Jorge 40’ empezó a señalar a los campesinos de auxiliadores del Eln. Este grupo guerrillero había llegado a Sabanas de San Ángel intentando penetrar el movimiento campesino que reclamaba tierras al Estado. Incluso hasta llamó a uno de sus frentes, el Manuel Domingo Barros, en honor a un líder campesino en la zona.

Al principio, dicen algunos agricultores que han vivido por décadas en esta zona, el grupo armado acompañó a los labriegos en su lucha, pero después les prohibieron que intentaran la titulación de tierras. Los campesinos se alejaron del Eln, además porque a esa región llevaba a los ganaderos que secuestraba, poniéndolos en grave riesgo.

En 1996, de hecho, Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’, rescataron de las manos del Eln a un ganadero de apellido Botero, miembro de una familia propietaria de grandes fincas en las riberas del río Magdalena, sobre todo en Magangué. Por esos años esos Botero confirmaron una Cooperativa Rural de Seguridad (Convivir), que aunque era legal, muchos en esa región la señalaban de ser instigadora de graves violaciones de los derechos humanos.

Desde ahí, los paramilitares comenzaron a hacerles la vida un infierno a los campesinos de la región. Primero se fueron las familias de muchachos que habían sido reclutados por el Eln. Pero la ola de terror de las Auc no se detuvo.

‘Jorge 40’ y sus hombres asesinaron a líderes y campesinos de las veredas La Pola, La Palizua, El Encanto y Bejuco Prieto, todas ubicadas en el municipio de Chivolo. Detrás de estas muertes, aparecieron Neyla Alfredina Soto Ruiz, alias ‘La Sombrerona’; Miguel Castro Gnecco, alias ‘Don Armando’, y el empresario Saúl Severini y Augusto ‘El Tuto’ Castro, hermano de un senador, todos respaldados por ‘Jorge 40’, ofreciéndoles a los campesinos comprarles las tierras a precios irrisorios. Les pagaban lo que querían y si alguien se negaba los amenazaban o asesinaban. En muchos casos, ni siquiera cumplieron con los pagos. Así consta en los testimonios que han dado víctimas y desmovilizados a la justicia.

El 15 de julio del 1997, ‘Jorge 40’ ordenó a sus hombres que reunieran a todos los campesinos que vivían en las fincas La Pola, El Encanto y La Palizua, entre otras, en un sitio conocido como El Balcón –que luego convertiría en una base paramilitar- y les dijo que tenían 15 días para desocupar. Un pastor que estaba entre los presentes fue asesinado porque dijo que él había sido enviado a predicar la palabra y que “Dios no le había dicho que se fuera”.

Pocos se atrevieron a denunciar. Y por esto solo se supo de la dimensión de la tragedia, después de que en 2006, los 2.215 hombres del Bloque Norte de las Auc que comandaba ‘Jorge 40’ se desmovilizaran en Chimila, Cesar.

Con todo el mundo silenciado o cooptado, ‘Jorge 40’ y sus hombres se apropiaron a punta de bala de cerca de 18 mil hectáreas de los campesinos. Y en 2002, al tiempo que se iniciaban las conversaciones de paz con el gobierno, ‘Jorge 40’ empezó a planear su plan de retiro: legalizar la expropiación violenta de predios a cientos de familias campesinas. Así lo creen en la región porque, según varios testigos entrevistados por VerdadAbierta.com, empezó a adecuar las fincas de los desplazados. Invirtió en un sofisticado acueducto para darles de beber a las reses que se robaba y en mejorar el servicio de energía eléctrica y ponerles televisión satelital

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