La Agencia Asturiana de Cooperación acusa de nuevo al Ejército y a la Policía de violaciones de derechos humanos

4.08.09

Por Europa Press

El quinto informe de la Agencia Asturiana de Cooperación sobre la situación de los derechos humanos en Colombia acusa directamente al Ejército y la Policía de aquel país de buena parte de las atrocidades. El 95% de las denuncias incluidas en este documento apunta directamente a las fuerzas de seguridad.

Así lo adelantó el director de la Agencia Asturiana de Cooperación, Rafael Palacios, que presentó hoy el informe en rueda de prensa, acompañado por Javier Orozco, colombiano refugiado en Asturias y coordinador del Programa Asturianos de Derechos Humanos. Ambos formaron parte de la delegación asturiana que visitó los departamentos de Cesar, Meta, Guaviare, Santander, Casanare y Bogotá, entre el 18 de abril y el 2 de mayo del presente año.

En su resumen de los contenidos del documento, Palacios señaló la relación de la Policía y el Ejército con el 95% de los casos denunciados, entre los que se citan, asesinatos, desapariciones, secuestros o torturas. Hizo especial mención a las ejecuciones extrajudiciales, en las que las Fuerzas Armadas “tienen una inequívoca responsabilidad” en lo que denominó “crímenes de Estado”. Señaló que en estos momentos se están investigando 1.300 casos, en los que murieron más de 1.600 personas.

A las Fuerzas Armadas y a la policía también las relacionó directamente con multitud de casos de abusos sexuales, ejecuciones, bombardeos sobre población civil, desaparición forzosa o bloqueo al abastecimiento de víveres.

Según explicó Palacios, estos crímenes se cometieron “al mismo tiempo en diferentes partes del país”, lo que demuestran que “estaban planificados” desde instancias superiores. Relató que el ‘modus operandi’ era ofrecer trabajo a personas, que se debían desplazar a otras localidades al aceptar la supuesta oferta. Sin embargo, a su llegada a los destinos señalados eran asesinadas y posteriormente presentadas como integrantes de la guerrilla.

El informe señala también los vínculos entre miembros del Congreso y el narcoparamilitarismo, con 72 parlamentarios investigados, además de otros más de 250 altos cargos políticos.

Igualmente, se denuncia la proliferación de detenciones arbitrarias de personas, generalmente indígenas, campesinos, sindicalistas o miembros de organizaciones de Derechos Humanos, que se llegan a pasar hasta dos años en la cárcel, debido a “supuestas de declaraciones de antiguos miembros de la guerrilla que reciben incentivos por colaborar” con la lucha antiterrorista.

Esta denuncia, así como la del uso excesivo de la fuerza y la estrategia de represión contra los sectores más de por sí oprimidos, como las mujeres o los afrodescendientes, afecta directamente a la actuación policial. De hecho, Palacios recordó que la delegación asturiana asistió a la manifestación del primero de mayo en Bogotá, que “fue brutalmente reprimida” por las Fuerzas del Orden.

El informe señala también la aparición de nuevos grupos beligerantes responsables de violaciones de derechos que se cometen con total impunidad.

Se constata el incremento en un 24% del número de desplazados en Colombia, a causa de esta violencia. También se señaló el hallazgo durante el pasado año de 410 fosas comunes y la cifra de 111 casos de desapariciones, de los que ya se han realizado 39 exhumaciones.

La Agencia Asturiana tiene claro que todas estas violaciones de derechos se deben a la continuidad “de un conflicto político armado que tiene su origen en la desigualdad social, y cuya prolongación en el tiempo ha provocado la aparición del fenómeno del narcotráfico y el del paramilitarismo”.

El documento también señala la violencia contra grupos , como los homosexuales, bisexuales y transexuales, y las graves desigualdades problemáticas sociales, como el desempleo, la pobreza, el hambre, la falta de luz o las carencias en el acceso a la vivienda.

ACOGIDA A REFUGIADOS

En la misma rueda de prensa, Palacios presentó al grupo de siete refugiados que han llegado recientemente a Asturias, y donde permanecerán durante los próximos meses. Junto con los dos que ya se encontraba en la comunidad, y que están en la última parte del programa, conforman un grupo de nueve personas. Dos de ellas son sindicalistas, y el resto militantes de organizaciones de derechos humanos que han sido amenazadas, hostigadas e incluso han sufrido asesinatos de familiares.

Orozco señaló que están “en una situación de riesgo inminente, motivo por el que se encuentran con nosotros”. De hecho, recordó que una de las personas que en su día recibieron a la delegación asturiana se encuentra desaparecida y otra ha sido asesinada.

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