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3.04.13: Nuevas amenazas contra el movimiento sindical colombiano
11.03.13: Amenazan al Movimiento Social en Barrancabermeja
14.02.13: Amenaza de muerte contra integrantes del MOVICE capítulo Sucre.
10.01.13: Paramilitares operan con total responsabilidad del Gobierno
6.12.12: Paramilitares extorcionan y amenazan a comerciantes, ganaderos y campesinos en el Meta
27.11.12: Amenaza del llamado “Ejército Antirestitución” en Montes de María
4.10.12: Vuelve a hacer aparición el 'Ejército antirrestitución'de tierras
19.09.12: Defensores Colombianos en peligro tras recibir amenazas
19.09.12: Defensores Colombianos en peligro tras recibir amenazas
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
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27.11.09
por Mar Centenera
El Movimiento de Víctimas dice que se producen para ocultar sus crímenes: “Con las extradiciones huye la verdad, porque las víctimas están en Colombia”
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha puesto la zancadilla a la Ley de Justicia y Paz que él mismo impulsó y gracias a la que se ha logrado desmovilizar a más de 50.000 paramilitares y guerrilleros, identificar centenares de cadáveres de personas desaparecidas y conocer masacres hasta el momento ignoradas. La extradición a Estados Unidos de los 14 principales líderes paramilitares es el mayor obstáculo para sacar toda la verdad a la luz y reparar a las decenas de miles de víctimas del conflicto armado colombiano, denunció ayer Pedro Medellín, director del programa de América Latina del Observatorio CITpax, durante la presentación de su informe en Madrid.Para Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Uribe ordenó las extradiciones “porque sabía que iban a decir cosas extremadamente comprometedoras para el Gobierno”, una acusación desmentida por el viceministro de Justicia colombiano, Miguel Ceballos, presente en el debate celebrado en la Casa América.
En su opinión, la lejanía de los jefes paramilitares “no cancela los procesos judiciales abiertos en Colombia” y los acusados deberán responder de los cargos contra ellos en el país “una vez cumplan sus condenas” en EEUU por narcotráfico.
Las asociaciones de víctimas y juristas como el juez español Baltasar Garzón se oponen a la decisión del Gobierno de Uribe: “No se pueden anteponer delitos de narcotráfico a graves crímenes contra la humanidad”. Más aún, cuando las autoridades judiciales y los extraditados se niegan a cooperar, dijo el magistrado.
“Bruma total”
Esa “falta de colaboración impide saber quién estuvo detrás de los crímenes. Queremos saber si participaron las multinacionales o los gremios económicos de Colombia (…),pero ahora estamos en una bruma total”, criticó el fiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza.
El presidente de la Corte Suprema, blanco de los últimos ataques de Uribe, reconoció que el país ha avanzado mucho con la Ley de Justicia y Paz pero coincidió con Mendoza en que “con las extradiciones huye la verdad, porque las víctimas están en Colombia”.