Nuevas amenazas contra el movimiento sindical colombiano

3.04.13

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, denuncia la amenaza
recibida el día de 1 de abril de 2013 contra 92 organizaciones y
líderes sociales y políticos, a quienes estigmatiza y declara como
“objetivo militar permanente y enemigos”, por “atacar las buenas y nobles
intenciones del alto gobierno a favor de la paz, o de lo contrario irán más
allá de las amenazas…”

En el panfleto se amenaza a organizaciones como: SINTRAMIENERGÉTICA,
FUNTRAENERGÉTICA, SINTRACARBÓN, FUNDACIÓN ARCO IRIS, CPDH, MOVICE, CODHES,
COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, y el PDA, etc.

Además se nombran dirigentes sindicales y defensores de los derechos
humanos de reconocida trayectoria como: Yonis Ojeda Lobo, Sabas Brito
Mendoza, Horacio Llanos, Sergio Becerra Moreno, Igor Díaz López, y los
Senadores Alexander López, Jorge Enrique Robledo y Guillermo Jaramillo,
entre otros.

Este grave hecho se suma a las 991 amenazas que han proferido estos grupos
al movimiento sindical colombiano durante el gobierno del Presidente Juan
Manuel Santos en medio que no se conoce ninguna acción de la justicia
contra los autores materiales o intelectuales, lo que permite la violación
generalizada de los derechos humanos y una flagrante impunidad, cuando lo
que sufrimos es una sistemática revictimización, como lo vivimos en el mes
de enero que recibimos del mismo grupo “Los Rastrojos Comandos Urbanos”,
una amenaza colectiva a las organizaciones sindicales, incluida la CUT
Nacional, y lo más preocupante es el silencio guardado por las autoridades,
agravado con que no se ha determinado ninguna nueva medida de protección a
los dirigentes afectados por esta amenaza.

Rechazamos las acusaciones sin fundamento hacia los líderes y defensores de
derechos humanos de tener presuntos vínculos con la insurgencia y exigimos
las garantías constitucionales a los derechos fundamentales de libertad
sindical y de asociación. Nos preocupa que en momentos en que se han
abierto procesos de diálogo y solución política negociada al conflicto
armado, el Estado omita su responsabilidad constitucional de aplicar
justicia a quienes desde la ilegalidad atentan contra la convivencia
democrática.

Por lo anterior instamos al Estado colombiano, al Presidente de la
República, al Ministerio del Interior, y la UNP a proteger y garantizar la
vida e integridad física de las personas y organizaciones que en este
panfleto son nombradas.

Llamamos a la comunidad nacional e internacional, y al movimiento sindical
internacional a expresar su rechazo y enviar pronunciamientos al gobierno
colombiano frente a esta grave amenaza.

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