
IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
20.05.13: Comunidad campesina de Pitalito - Cesar- Víctima de despojo retornará a su territorio
13.03.13: Libertad para los campesinos del norte de Antioquia!
31.01.13: Detenciones arbitrarias en contra de jóvenes de la Finca La Europa en "Batidas" del Ejército
14.12.12: Injusta condena al defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo
29.10.12: Quemaron el kiosco comunitario de la finca de campesinos retornados "La Alemania"
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
Reciba el informe quincenal de IPO, con un resumen de las últimas actualizaciones, y otras informaciones coyunturales.
Esta obra está bajo una licencia de
Creative Commons
12.03.10
por Asociación Agraria de Santander
Ante los organismos de control del Estado, la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, organizaciones campesinas, sindicatos, organizaciones internacionales con presencia en Colombia, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, medios de comunicación y comunidad santandereana en general .
La Asociación Agraria de Santander (Asogras) informa a la opinión pública en general que el miércoles 10 de marzo a las once de la mañana en el Juzgado 30 Penal del Circuito de Bucaramanga se llevará por tercera vez a audiencia preparatoria contra el compañero César Augusto Tamayo Ruiz, afiliado de Asogras y quien fue capturado el 1 de enero de 2010 a las 5:52 am en el barrio Provenza de Bucaramanga. César Augusto Tamayo Ruiz hoy es sindicado de unos delitos que la Justicia en su debido tiempo se pronunciará y se demostrará la inocencia de nuestro afiliado.
Es de recordar la situación de derechos humanos que viene sufriendo nuestra Asociación es bien grave, ya que hoy hay diez judicializados, seis asesinados, 21 desplazados, desalojos y diez amenazados de muerte; y cuando acudimos a pedir protección ante el gobierno colombiano y sus autoridades sólo recibimos libritos de autoprotección y cartas de los estudios de seguridad donde nos informan que el nivel de riesgos es bajo.
Por esta situación responsabilizamos al Gobierno Nacional por lo que le suceda a los miembros de nuestra asociación campesina en materia de seguridad y lo que se derive en la persecución a los dirigentes de este gremio agrario del departamento de Santander.
Antecedentes
La Asociación Agraria de Santander (Asogras), desde el año 2004 ha sido víctima de constantes asedios. Esto es producto del trabajo que desarrollamos por la defensa, protección, divulgación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la defensa de la tierra y el territorio, estos hechos que son del conocimiento de las autoridades competentes que evidencian la persecución sistemática de la cual venimos siendo víctimas.
Solidaridad
Por toda esta situación pedimos la solidaridad de todos los estamentos que acompañen a los campesinos de la Asociación Agraria de Santander (Asogras) en Santander, como lo son las Personerías, Defensorías del Pueblo, Acción Social, Procuraduría General de la Nación, la OEA, Naciones Unidas, los sindicatos regionales y nacionales, asociaciones campesinas regionales, nacionales e internacionales, a las ONG defensoras de derechos humanos y medios de comunicación.
Llamamos
A la solidaridad del movimiento sindical, el movimiento social de paz, a las organizaciones defensoras de derechos humanos que hacen presencia en Santander y a nivel nacional, a los organismos de derechos humanos internacionales que hacen presencia en nuestro territorio, a estar alertas en la exigencia al estado colombiano para que se garanticen los derechos constitucionales a las comunidades campesinas, que vienen siendo judicializadas, enviado comunicados solicitando al juez la preclusión de esta judicialización.