Iniciativas populares desafían la privatización del agua

12.03.10

por Eric Schwartz – IPO

En la zona rural del municipio de El Castillo, en el departamento del Meta al suroriente de Bogotá, el estado colombiano impone su presencia más con guerra que con inversión social. En este rincón olvidado de la región del Alto Ariari, mucha de la limitada infraestructura social que existe fue construida a través de la labor colectiva de los mismos campesinos.

Gilberto Antonio Parra, presidente del Comité Pro Acueducto del Alto Ariari, se siente orgulloso del acueducto que su comunidad construyó en la vereda La Esmeralda. “Aquí el agua que tenemos, los acueductos, todo lo ha hecho la gente.” Gilberto y el Comité Pro Acueducto están trabajando para ampliar su acueducto a otras veredas y defenderlo de los que pretenden arrebatarles el control del mismo. “Queremos que [nuestro acueducto] quede propiedad de las mismas comunidades, no de una entidad privada,” explica Gilberto. Los proyectos del Comité Pro Acueducto se enfrentan a un proceso de privatización del agua impulsado desde las altas esferas del poder económico y político del departamento del Meta.

La Esmeralda y otras cuatro veredas del Alto Ariari se empeñaron en construir un acueducto comunitario por primera vez en el 2002, cuando los grupos paramilitares invadían la región. Un funcionario municipal, Miguel Ángel Cano, facilitó algo de apoyo técnico y material por parte del municipio para las comunidades. Los campesinos de La Esmeralda ya habían instalado su acueducto cuando en el 2003 los paramilitares desaparecieron a Miguel Ángel Cano. La muerte de Cano detuvo los planes para extender el acueducto a otras veredas. Para el 2004, miles de campesinos del Alto Ariari habían abandonado sus parcelas para huir de la arremetida paramilitar.

Cuando volvieron a su tierra en el 2006, los campesinos que no habían logrado construir sus acueductos tuvieron que sacar el agua como pudieron. Un líder campesino de la vereda La Cima, una de las cinco veredas que componen el Comité Pro Acueducto, explica, “Recogemos el agüita en el cañito, ponemos la manguera o en el caso mío, me toca cargarlo al hombro.” La falta de agua potable contribuye a tasas más elevadas de parásitos estomacales y otras enfermedades prevenibles, tanto para los residentes de La Cima como para los otros más de 16 millones de colombianos que no tienen agua potable limpia.1

Colaborando con la nueva organización comunitaria Acari, el Comité Pro Acueducto está retomando los planes aplazados durante años para llevar agua potable a La Cima y otras veredas. Los líderes comunitarios están convencidos que para garantizar el acceso de agua para todos, el acueducto ampliado tiene que ser público y manejado por las mismas comunidades. Rubi Castaño, líder campesina del Alto Ariari, insiste que “no queremos convertirnos en limosneros” para el agua que pertenece a los campesinos.

El agua utilizada en toda la región del Alto Ariari, dice Castaño, viene de nacimientos de agua en veredas como La Cima y La Esmeralda. Si se desplazara a los campesinos y se les despojara de su tierra para la explotación petrolera o de minas a cielo abierto, la calidad del agua potable empeoraría, tanto en la zona rural como en la urbana. Gilberto, presidente del Comité Pro Acueducto, insiste que “el agua es un derecho. Sin agua, no viviríamos.”

Foto: Eric Schwartz – IPO

Desafortunadamente, el gobierno municipal de El Castillo, responsable administrativo de las veredas que participan en el Comité Pro Acueducto, tiene otros planes. El gobierno de El Castillo ha anunciado planes para instalar un acueducto. Cada casa tendría un contador, y el acceso al agua dependería de la capacidad de pagar. El sistema se construiría y administraría bajo la supervisión de la empresa semipública de acueductos y alcantarillados del departamento del Meta, Edesa, con fondos públicos de El Castillo.

Hasta hace poco, el gobierno municipal administraba directamente los pocos acueductos que existían en El Castillo, sobre todo en las zonas urbanas. Al menos en teoría, y a veces en la práctica, los funcionarios públicos tenían que rendirles cuentas a los residentes por la calidad del servicio que brindaban. Pero hace dos años, el gobierno municipal regaló la gestión de su acueducto a Edesa. Un paro cívico en el casco urbano de El Castillo intentó detener el acuerdo, sin éxito. Los residentes se oponían a lo que llamaban el primer paso hacia la privatización de su agua.

Los miembros del Comité Pro Acueducto creen que si se instala el acueducto de Edesa en sus veredas aumentarán las tarifas. Amparo Ferreira, presidente de la Asociación Sueños de las Mujeres del Ariari (Asumar), denuncia que ya han aumentado las tarifas desde que Edesa empezó a manejar el agua en el casco urbano de El Castillo. Amparo y el Comité Pro Acueducto temen que las tarifas aumenten dramáticamente si Edesa se privatiza aún más. La historia de Edesa muestra que la privatización es más que una remota posibilidad.

El que fue gobernador del Meta, Luís Carlos Torres, creó Edesa en el 2003 como entidad pública que construiría y manejaría acueductos y alcantarillados en todo el departamento. Cinco años después la Procuraduría falló que Edesa y otras recién creadas entidades públicas “no contaban con experiencia para la actividad contratada.” La Procuraduría declaró que el ex gobernador Torres y su sucesor, Edilberto Castro, habían usado Edesa y otras entidades departamentales para evitar las reglas que rigen las contrataciones estatales. Al aparecer, Edesa se creó para regalar jugosas licencias a los amigos de los dos gobernadores, sin tener que pasar por la supervisión que habrían tenido de solicitar sus licencias directamente al gobierno del Meta.2 Una de las empresas posicionadas para beneficiarse de los contratos de Edesa propiedad del ex gobernador Edilberto Castro. Bioagrícola actualmente es operadora del servicio de aseo en Villavicencio, capital del Meta. A los dos gobernadores les inhabilitaron para ocupar cargos públicos durante diez años.

Los campesinos del Alto Ariari no tienen manera de saber si los acueductos prometidos para sus veredas serán instalados directamente por Edesa o si una empresa privada recibirán la contratación. Una mirada a la página web de Edesa muestra que esta todavía ofrece contrataciones a empresas privadas para trabajos que van desde la “adecuación y optimización de la planta de tratamiento de agua potable” hasta la instalación de acueductos. Además, Edesa misma fue creada por y para algunos de los políticos que directamente apoyaron a los grupos paramilitares que mataron y torturaron a muchos campesinos en La Esmeralda, La Cima, y otras veredas del Alto Ariari. El ex gobernador Edilberto Castro recibió sentencia de cuarenta años de prisión de la Corte Suprema de Colombia por corrupción y colaboración con los paramilitares. La Corte falló, que cuando era gobernador, Castro se había enriquecido con contratos fraudulentos a través de la entidad pública que maneja las contrataciones estatales en el Meta. La Corte también declaró a Castro culpable de conspirar con Miguel Arroyave, líder del grupo paramilitar que desplazó a campesinos del Alto Ariari. Castro acordó con Arroyave que mataran a tres de sus adversarios políticos en el 2004, entre ellos su opositora en las anteriores elecciones y antigua congresista departamental Nubia Sánchez, quien había denunciado los negocios corruptos de Castro. Edilberto Castro fue beneficiado con detención domiciliaria en julio 2009, menos de dos años después de su sentencia.

Si el acueducto con contadores en el campo del Alto Ariari llega a ser instalado por Edesa o un contratista privado, lo más probable es que Edesa administre el sistema. De momento, Edesa sigue siendo una empresa semipública, pero eso puede cambiar fácilmente. Ya que Edesa se formó como sociedad anónima, “es susceptible de ser privatizada como lo han hecho con otras empresas que eran públicas” explica Enrique Galán de la ONG Ecofondo. En las últimas dos décadas, una oleada de privatizaciones en Colombia ha usurpado el control público de los servicios sociales básicos como la electricidad, los teléfonos y la salud. Empresas multinacionales buscan contratos lucrativos para administrar acueductos. Empresas públicas de acueductos como Edesa, que operan como monopolio y ofrecen un servicio sin el cual los usuarios no pueden vivir, son oportunidades de oro para estas multinacionales. Movimientos sociales en Argentina y Bolivia han denunciado que después de que multinacionales como Bechtel y Suez compraran las empresas públicas de acueductos, el acceso al agua en comunidades pobres se volvió más difícil y las tarifas aumentaron.3

La lucha del Comité Pro Acueducto del Alto Ariari para que una Edesa privatizada no se apropie de su agua es sólo una de las muchas iniciativas populares que en Colombia están proponiendo y creando alternativas a la privatización del agua. El Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, compuesto por más de sesenta organizaciones, ha reunido más de dos millones de firmas para un referendo nacional que defina el agua potable limpia como un derecho fundamental. El referendo prohibiría la privatización de los acueductos, y garantizaría un “mínimo vital gratuito” para cada familia. También definiría el agua de caños que nacen y acaban en la misma propiedad como un bien público, desafiando así el control extremo de latifundistas sobre recursos de tierra y agua.

Acueducto comunitario. Foto: David Moreno, Prensa Rural

Tan solo a 100 kilómetros de la vereda de La Esperanza, en la capital departamental del Meta, Villavicencio, ya hay casi sesenta acueductos comunitarios en barrios populares. Estos acueductos fueron construidos por los fundadores de los barrios hace más de cuarenta años y desde entonces son los mismos residentes los que los manejan. A nivel nacional hay más de 10.000 acueductos comunitarios.4

En comunidades campesinas en antiguas zonas de colonización como el Alto Ariari y el Magdalena Medio, el abandono estatal ha llevado a las Juntas de Acción Comunal a organizar la construcción y el mantenimiento de acueductos veredales. Aunque estos acueductos sufran el abandono estatal o la presión de ser privatizados, estan protegidos por la ley.5 Según Jaime Wilches, presidente de la Mesa del Agua Orinoquía, la ley colombiana establece que “las comunidades mismas pueden asociarse y registrarse en la cámara de comercio y hacer su acueducto comunitario.”

Enrique Galán, de la ONG Ecofondo, cree que los acueductos comunitarios les ofrecen a las comunidades campesinas del Alto Ariari una alternativa valiosa frente a los acueductos privatizados, o los que en un futuro próximo podrían ser privatizados. Como ejemplo, cerca del Alto Ariari, Galán afirma que los acueductos de barrio de Villavicencio brindan mejores tarifas y servicios que los acueductos manejados por Edesa. Galán dice que los acueductos comunitarios como los de La Esmeralda y barrios populares de Villavicencio son “el patrimonio histórico y social de esas comunidades.” Rubi Castaño, líder campesina del Alto Ariari, insiste que los campesinos del Alto Ariari seguirán en la defensa de su “autonomía colectiva para crear los acueductos para las comunidades sin que los municipios los privaticen.”

En esas zonas de Colombia donde no hay ni acueducto público ni acueducto comunitario está más grave la situación. Según Jaime Wilches, de la Mesa del Agua Orinoquía, a las familias que tienen acceso a agua potable muchas veces les toca sacrificar el acceso a otros servicios básicos. Explica que la privatización de servicios básicos “perjudica [a comunidades pobres] y después no tienen con qué comer, ni para los estudios, porque todos sus recursos van para los servicios públicos.” Es para evitar eso que los campesinos del Alto Ariari luchan para mantener y ampliar sus acueductos comunitarios. Como dice Hernán Darío Correa de Ecofondo, “los acueductos comunitarios se convierten en una oportunidad… para derrotar las tendencias y políticas del agua dominantes, y construir una política nacional alternativa del agua.”4

NOTAS

1. Defensoría del Pueblo. “Tercer diagnóstico sobre calidad de agua para consumo humano.” 2007, p. 35. http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/informe_136.pdf
2. El Tiempo. “La autoría intelectual de tres homicidios por parte del ex gobernador del Meta oculta un novelesco relato.” September 9, 2007. http://www.semana.com/noticias-on-line/autoria-intelectual-tres-homicidios-parte-del-ex-gobernador-del-meta-oculta-novelesco-relato/107608.aspx
3. Maude Barlow y Tony Clarke. “Water Privatization.” Enero 2004.
4. Hernán Darío Correa. “Acueductos comunitarios, patrimonio público y movimientos sociales.” http://agua.ecofondo.org.co/index.php?option=com_remository&Itemid=59&func=fileinfo&id=44
5. Ecofondo. Revista Número 28/29. Septiembre 2006. http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=w1-1—&x=20154541

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