Aumentan las amenazas en contra de ASCAMCAT

12.03.10

por Eva Lewis – IPO

Las amenazas y hostigamientos en contra de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) se han incrementado desde la tercera Audiencia Popular, que se realizó del 28 al 30 de enero. El evento tuvo lugar en el pueblo de La Gabarra, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, y participaron mas de 300 campesinos/as. Fue la causa por la que muchas de estas personas regresaron a este lugar por primera vez, después de ser desplazados por los paramilitares. Hubo mucha participación de los campesinos/as en el evento, pero lastimosamente, otra vez, el único aporte real de los oficiales del Gobierno fueron amenazas y señalamientos.
La actividad se realizó en una escuela de La Gabarra, donde la noche anterior al evento, agentes de la Policía Nacional rodearon la entrada de la escuela, intentando reclutar, empadronar y tomar fotos de los participantes. Cuando miembros del International Peace Observatory (IPO) se fueron a hablar con ellos, su respuesta fue que si los internacionales querían brindar seguridad al evento entonces ellos no tendrían responsabilidad de cualquier incidente de seguridad que pudiese pasar, lo cual miembros de IPO interpretaron como una clara amenaza al evento. Al día siguiente, miembros de la policía seguían en la entrada de la escuela mientras que empezaba la Audiencia Popular.
Durante el desarrollo de la Audiencia, el día escolar seguía igual, con estudiantes de varias edades asistiendo a sus clases normales. Al mediodía miembros de la Quinta Brigada del Batallón Caldas del Ejército Nacional entraron al patio de la escuela, violando así el Derecho Internacional Humanitario, no sólo por estar a una distancia menos que prudente de la población civil (como está estipulado en los convenios de Ginebra) sino también por violar un bien protegido, como es una escuela. Otra vez fueron miembros de IPO quienes hablaron con el Sargento Reyes, mando de las tropas para que recordaran de su mandato y se retirasen para que tanto el evento como el día escolar, pudieran seguir con su desarrollo pacífico.

Miembros de IPO interlocutando con la Fuerza Pública en la Gavarra. Foto: J. Mauricio Echeverri B.

En el evento participaron varios defensores del pueblo, personeros, una senadora y los alcaldes que no se retiraron de las negociaciones en el mes de diciembre, incluyendo el alcalde de Tibú, José del Carmen García, quien no había asistido a ninguna de las dos audiencias previas. El alcalde llegó acompañado por varias personas, incluyendo a dos hombres que se identificaron como periodistas. Cuando la actividad empezó éstos empezaron a tomar apuntes y fotos de los líderes de ASCAMCAT. Miembros de la audiencia los reconocieron como miembros del CTI, el cuerpo de inteligencia de la policía. Cuando la comunidad los enfrentó y les preguntó qué hacían allí y por qué se habían identificado como periodistas, su única respuesta fue que habían llegado con el alcalde. La pobre argumentación de éste fue insistir en que la comunidad los dejase ir, sin que se identificaran, borrasen las fotografías, ni mostrasen los apuntes que habían tomado. Al poco tiempo, llegó el jefe de policía de la Gabarra quien ni negó ni admitió que los dos hombres habían entrado bajo sus órdenes y quien tampoco quiso mostrar ninguna orden de investigación.
Estos hechos son solamente los últimos en una larga trayectoria de amenazas y persecución que han sufrido los líderes y miembros de ASCAMCAT. Durante la audiencia, miembros de diferentes comunidades se levantaron a informar a las autoridades sobre diferentes situaciones de hostigamientos hacia ellos y sus comunidades, incluyendo incidentes tan graves como la toma de fotos por la Fuerza Pública de los civiles, empadronamientos y hasta muertes. Luego Olga Lucía Quintero, Secretaria General de ASCAMCAT, explicó una serie de actuaciones que habían precedido a la tercera Audiencia, en las cuales, los miembros de la Fuerza Pública se habían acercado en varias ocasiones a líderes de ASCAMCAT, con la intención de intimidarles y registrar sus datos. Ella dijo a las autoridades que su intención al informarles de esta serie de actos amenazantes era que constara la agresión que los líderes de la Asociación estaban sufriendo. Dijo, “lo que a mi hermano le llegue a pasar, o llegue a pasar a Carmito, a Pablo, a Hilma, a cualquiera de nosotros, a partir de este momento es responsabilidad de los que sabían.” El alcalde de Tibú se retiró de la Audiencia poco después de esta declaración, diciendo que tenía asuntos importantes que atender, aunque no sin antes decir que él también sufría amenazas y que las violaciones de Derechos Humanos eran un tema que estaba trabajando, afirmando que “si hoy se puede analizar con más libertad en el municipio de Tibú, obedece a nuestro trabajo [en la alcaldía].”
Olga también tenía un mensaje para los campesinos que se quedaron en el evento, diciéndoles, “fuimos conscientes de que nos podrían matar, que nos podrían armar montajes, que nos podrían desaparecer, que pueden empezar a joder a nuestras familias….[pero] si a alguno de nosotros nos llegan a matar en el transcurso de este proceso, muchos de ustedes se tienen que levantar…. Cuando a nosotros nos llegue a pasar algo, compañeros, ese día es cuando más fuerte tiene que ser ASCAMCAT!” Ella no sabía en el momento que tan acertadas eran sus palabras.
Ocho días más tarde de esas palabras, se realizaban unas detenciones masivas por parte de la Fiscalía General de Colombia, con 16 capturas de personas afiliadas a la organización. Las comunidades afirman que estas personas son conocidas como miembros respetados de sus veredas. Sin embargo, fueron acusadas de rebelión, terrorismo y concierto para delinquir agravado. Después de esto, ASCAMCAT organizó una Comisión de Verificación de Derechos Humanos, en los municipios de Convención y El Tarra para comprobar de qué manera se habían llevado a cabo las capturas masivas. También hablaron con los familiares y amigos de las personas que estaban en prisión y explicaron a la población cuáles son sus derechos ante este tipo de situaciones, que suponen un abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública, ya que muchas de sus actuaciones son irregulares.
Mientras esta comisión funcionaba, se dictaban nuevas órdenes de captura, una contra el Presidente de ASCAMCAT José del Carmen Abril, y otra contra Jhonny Salcedo.
En los días previos y posteriores a estas detenciones masivas, hubo presencia constante del Ejército Nacional en las veredas donde tradicionalmente ha trabajado ASCAMCAT. Esta entidad realizó empadronamientos masivos y la toma de fotos de los civiles que luego fueron arrestados. Lo cual da a entender que fue una operación conjunta de la fiscalía y el Ejército para judicializar a la población civil afiliada a la Asociación Campesina. Como tantos movimientos sociales en el país ahora ASCAMCAT también ha sido víctima de la estrategia estatal, conocida como la de los “Falsos Positivos Judiciales,” donde se busca desacreditar y debilitar a las organizaciones civiles acusando a sus miembros de ser guerrilleros. A pesar de esto, como dijo Olga Lucía en la Audiencia de la Gabarra, “nosotros, seguiremos.”

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