Diez militares privados de la libertad por ejecuciones extrajudiciales en Santander

12.09.10

por Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

El 6 de Septiembre de 2010, el Juez Municipal con funciones de control de garantías del municipio de El Playón – Santander, ordenó la detención preventiva intramural contra JAIME ANDRES ARANDA DURAN, Teniente efectivo; YEICINIO OSWALDO VEGA HERNANDEZ, sargento primero; OVIEL GUTIERREZ ZAMBRANO, cabo primero; JOSE LUIS ARGUMEDO CALDERA, Soldado profesional; JUAN ANGEL MORENO CACERES, soldado profesional; RICARDO CRUCES VELASCO, soldado profesional; OMAR ANTONIO PEREZ GUISAO; SANTOS CASILDO JAUREGUI NOCUA, retirado por tiempo cumplido; GUILLERMO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ; HELBERT MARTINEZ GOMEZ, soldado profesional, por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada de los señores MARCO QUINTERO RIVERA (padre), MARCO JAVIER QUINTERO NIÑO (hijo) y NELSON PAEZ DÍAZ.

Los hechos que motivaron esta decisión ocurrieron el 28 de marzo de 2008. Cuando prestaban su turno en horas del día en un barrio al norte de Bucaramanga, estos tres humildes celadores comunitarios, fueron privados ilegalmente de su libertad y trasladados hasta zona rural del municipio de El Playón – Santander, donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional – ELN, dados de baja en combate.

Curiosamente una de las víctimas (el señor MARCO QUINTERO RIVERA), muere por ahogamiento y su cuerpo presenta signos visibles de contusiones, según el reporte de Medicina Legal. Por su parte, NELSON PAEZ DÍAZ es uniformado con camuflado, pero esta vestimenta aparece intacta a pesar de las graves heridas que con proyectil de arma de fuego se le causan a la víctima en uno de sus brazos.

Ante la gravedad de los hechos y la contundencia de los elementos materiales descubiertos por la Fiscalía, el Juez de control de garantías de El Playón ordenó la privación de la libertad, argumentando que éste se trata de un delito de gran impacto social que presenta patrones comunes a otros casos de ejecuciones extrajudiciales tan cuestionados por la comunidad nacional e internacional.

Sin duda alguna, la decisión del juez representa un paso importante en la obtención de verdad y justicia, pero es lamentable que al igual que en otros casos, estas personas fueron recluidas en una guarnición militar, lugar que no representa una garantías para las víctimas y la sociedad, pues se les permite sostener el contacto con la estructura de poder estatal desde la cual se han perpetrado estos crímenes de lesa humanidad.

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