
IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
17.07.11: Nuevamente Tribunal Superior de Bogotá definirá curso del caso de los niños de Tame
7.07.11: Sentencian a 60 años de prisión a ocho militares por ’falsos positivos’
7.07.11: A juicio oficial por 'falso positivo' en Tolúviejo, Sucre
20.06.11: Tribunal Superior de Bogotá niega nulidad en caso Tame
12.04.11: Corte ordena traslado de caso niños Tame a Bogotá
25.03.11: Amenazan a familia y abogados de las víctimas del caso de los niños de Tame
24.03.11: "No hay garantías de justicia"
18.03.11: Masacre de Chengue: crimen de lesa humanidad y una luz para las víctimas
16.03.11: A juicio César Pérez García por la masacre de Segovia
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
Reciba el informe quincenal de IPO, con un resumen de las últimas actualizaciones, y otras informaciones coyunturales.
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24.12.07
El VII informe presenta un seguimiento al proceso de implementación de la Ley 975, o llamada de justicia y paz, con los grupos paramilitares. En la recolección de la información en campo, las diferentes organizaciones que hacen parte de la Mesa de Trabajo hacen evidente la forma como estos grupos continúan violando el derecho a la vida, a pesar del proceso de negociaciones que adelanta con el Gobierno. Desde el inicio de ese proceso en diciembre de 2002 hasta abril de 2007, cerca de 250 mujeres han sido muertas o desaparecidas por fuera de combate por paramilitares.
Por la manera como se están llevando a cabo los procesos judiciales de la Ley 975, no hay garantías para las víctimas a la hora de denunciar o enfrentar a sus victimarios. Por ejemplo, la violencia sexual por parte de los paramilitares ha continuado durante el proceso de desmovilización. Las heridas físicas y psicológicas se han visto agravadas por el control que ejercen en zonas del país, donde los desmovilizados han pasado de victimarios a “líderes” sociales y comunitarios y se han convertido en “primera instancia” para la tramitación de conflictos.
Cabe destacar cómo en las “confesiones” de quienes se han acogido a la Ley 975, el delito de desplazamiento forzado no ha sido confesado, ni la Fiscalía ha introducido este delito en sus interrogatorios. Lo mismo ocurre con violencia sexual.
Informes como éste sirven para alertar a las autoridades nacionales y a la opinión internacional sobre una realidad que se esconde en muchos rincones del país, y que afecta a miles de familias colombianas.
Autor:Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado
Fuente: Colectivo de Abogados Josè Alvear Restrepo, 21 de diciembre de 2007