La represión de la inseguridad democrática de Álvaro Uribe contra el pueblo araucano continúa. Continúan detenciones en Arauquita

16.01.08

Asociación Campesina de Arauca / Lunes 14 de enero de 2008

Según información obtenida por los corresponsales de la Asociación Campesina de Arauca, el lunes 14 de enero fueron detenidos en la vereda Caranal, zona rural del municipio de Arauquita, la señora Berys Johana Ardila Mina, madre de tres hijos, y Ósmar Pérez Molinares, en continuación de la Operación Candado desarrollada por la 18a. Brigada del Ejército Nacional.

Preocupa a las comunidades la participación en las capturas de cuatro presuntos reinsertados, informantes a sueldo de las autoridades.

Como lo hemos venido denunciando de manera permanente, la política de Inseguridad Democrática del gobierno colombiano arremete de nuevo contra el pueblo araucano y sus organizaciones legítimamente constituidas, nuevamente se utiliza el aparato judicial para sostener al desprestigiado, ilegitimo y opresor régimen Colombiano. Sigue constituyéndose en delito el derecho a la libre expresión, a la organización, a la vida, a la permanencia en el territorio y sobretodo a buscar un futuro diferente para nuestro pueblo.

La Asociación Campesina de Arauca (ACA), es nuevamente victima de judicializaciones, detenciones arbitrarias y montajes judiciales. Su heroica resistencia a todos los planes de desplazamiento y exterminio de las organizaciones cívicas sociales y campesinas del departamento de Arauca, orquestado por la macabra coalición entre militares, paramilitares, gobierno departamental y nacional y multinacionales. En esencia todos pretenden un mismo objetivo, desalojar toda la región para apropiarse de los inmensos recursos naturales que allí existen, esta es la causa de la feroz persecución que ha dejado miembros de nuestra asociación asesinados, desaparecidos, encarcelados y un sinnúmero de desplazados.

La Asociación Campesina de Arauca denuncia que en la semana del 7 al 14 de enero de 2008, se ejecutó un nuevo hecho de detenciones masivas y arbitrarias en el municipio de Arauquita en el departamento de Arauca, oriente Colombiano por miembros de la Fiscalia, DAS, y Ejército Nacional.

Los miembros de los organismos de seguridad del Estado como es ya habitual se hacían acompañar de un informante que es supuestamente exguerrillero y quien señalaba las personas a detener.

Dentro de las personas detenidas se encuentra en señor José del Carmen Sánchez quien es miembro directivo de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) y que se suma a las múltiples detenciones que el estado viene adelantando desde el año 2003 contra nuestra asociación; también fue detenida la personera del municipio de Arauquita, Dra. Merci Tatiana Blanco.

Es totalmente inaceptable seguir tolerando la doble moral del gobierno Colombiano, quien de manera permanente presenta informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, a la ONU y los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos, respecto del desarrollo de planes de protección para los defensores de Derechos Humanos, lideres, sociales y sindicales, mientras no existen las mas mínimas garantías para el ejercicio de nuestra legitima actividad. Hoy se cuentan por miles los hombres y mujeres que se pudren en la cárceles Colombianas, miembros de organizaciones cívicas, sociales, sindicales y campesinas de diferentes regiones y organizaciones del país, victimas de montajes judiciales y cuyo único delito ha sido luchar y defender sus derechos y los de sus comunidades.

Para el Gobierno colombiano las organizaciones sociales, cívicas y campesinas del país somos insurgentes porque denunciamos, los planes de expansión, saqueo y despojo que adelantan los grupos para-estatales en nuestras comunidades, allanando así el camino a las multinacionales a fin de adelantar sus macroproyectos económicos extractivos; somos insurgentes porque denunciamos que nos asesinan, desaparecen y desplazan; somos insurgentes porque no aceptamos el modelo excluyente, antidemocrático de hambre y miseria que se nos quiere imponer a sangre fuego; somos insurgentes porque pese a la violencia y represión seguimos defendiendo nuestras vidas, nuestros derechos y nuestro territorio de manera organizada; somos insurgentes porque nos negamos a ser desplazados y desarraigados de nuestra región y pasar a engrosar los cordones de miseria de las grandes ciudades del país como ocurre hoy con mas 5 millones de compatriotas desplazados internos que deambulan por las calles de las ciudades en medio de la mayor desesperanza que pueda vivir cualquier ser humano.

Sin embargo el Estado colombiano en su infinita hipocresía tiene todo un programa presidencial de “Derechos Humanos”, financiado por organismos multilaterales de DH. donde en uno de los ejes mas importantes se supone que trabaja el tema de protección a los defensores de Derechos Humanos, lideres sindicales y sociales. Pero desde otras oficinas también del estado (los cuerpos de inteligencia, las instalaciones militares y la fiscalia general de la nación), se planea la desarticulación y exterminio de los mismos que en la otra oficina supuestamente planean proteger: los Defensores de Derechos Humanos, líderes sociales y sindicales con sus organizaciones. Los métodos van desde el asesinato y la desaparición forzada, pasando por el encarcelamiento y desplazamiento forzado. Todo lo anterior para cumplir con objetivos de eliminar físicamente toda oposición posible al régimen pero a su vez mantener la mascara de la supuesta democracia mas antigua de América Latina.

Por eso, pese a la necesidad que tiene el Estado colombiano de eliminarnos y como efectivamente lo viene haciendo durante décadas, el gobierno sostiene una interlocución con las organizaciones sociales que no es otra cosa que un amañado proceso de recolección de información de las comunidades y sus lideres para luego dictar sus ordenes de captura y de ejecución en contra de las comunidades y su dirigencia.

Llamamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales a la solidaridad efectiva, pues es necesario trabajar en un gran frente común nacional e internacional para:

1. Exigirle al Gobierno colombiano que desmonte su política de persecución, penalización y criminalización de la protesta social, sindical, popular y campesina que incluya la desinstrumentalizacion del aparato judicial hoy puesto al servicio de la guerra contra el pueblo y sus organizaciones legales y legítimas.

2. Exigirle al Gobierno colombiano la cesación de los procesos judiciales que hoy se adelantan en contra de nuestros compañeros y compañeras y su archivo definitivo, así como la libertad inmediata de nuestros presos y presas políticos.

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