Base de Manta en Ecuador, pieza del Plan Colombia

1.09.06

La denuncia de que pilotos colombianos estarían operando vuelos de la base militar estadounidense de Manta en Ecuador causó rechazo en los ámbitos políticos y sociales ecuatorianos, que se oponen a que este país se involucre en el conflicto interno de Colombia.

Según la información difundida por el periodista Juan Carlos Calderón del diario Expreso de Guayaquil, pilotos de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC) operan, desde tiempo atrás, en conjunto con pilotos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) desde la base de Manta, ubicada a 320 kilómetros al suroeste de Quito.

Rich Boyd, comandante del escuadrón de aviones AWAC (Sistema Aéreo de Alerta y Control, por su sigla en inglés) de la base estadounidense de Manta, aseguró el domingo al diario guayaquileño que un oficial de la FAC opera una de esas aeronaves.

Los aviones AWAC son piloteados por aviadores estadounidenses, quienes deben volar acompañados por oficiales de la FAE, según estipula de manera obligatoria el Convenio de la Base de Manta, mediante el cual Ecuador cedió esta instalación a la Fuerza Aérea de Estados Unidos para actividades antinarcóticos.

La principal actividad antinarcóticos en la zona es el Plan Colombia, lanzado en 1999 por el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y concebido como una estrategia de lucha contra el narcotráfico y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con financiación de Estados Unidos.

Según el diario, en los AWAC junto al ecuatoriano viaja un piloto colombiano.

De acuerdo con la declaración de Boyd, cuando el avión realiza vuelos en Ecuador, el oficial colombiano se retira de la cabina de tripulación para no acceder a información confidencial del país de la mitad del mundo. En tanto, cuando sobrevuela territorio colombiano, es el ecuatoriano quien se aparta de la consola, con igual propósito.

Según Boyd, Estados Unidos tiene 27 aviones de este tipo, tres de los cuales están en la base militar estadounidense en Ecuador. Cada uno cuesta 1.000 millones de dólares, casi el doble de todo el presupuesto de la FAE en 2005.

El militar estadounidense explicó al medio de comunicación que mediante esta aeronave se pueden monitorear todas las conversaciones de radio y señales de radar en un radio de 321,8 kilómetros.

Un oficial de la FAE, cuyo nombre el diario prefirió omitir, confirmó que pilotos colombianos participan en los vuelos de los AWAC en el marco de una misión de inteligencia entre Ecuador y Colombia, pero que no toman contacto con la base.

Según la fuente mencionada por el periódico, las misiones de los pilotos colombianos se cumplen estrictamente en los aviones AWAC, por lo tanto “no existe contacto con la base de Manta o efectivos ecuatorianos, y tampoco realizan trabajos conjuntos, solamente actúan cuando vuelan sobre territorio colombiano”.

La FAE ha recordado que en el Convenio de la Base de Manta, suscrito en 1999 entre Quito y Washington, se estipula que “representantes de países terceros actuarán como controladores de vuelo en aeronaves determinadas por el gobierno estadounidense para facilitar las operaciones antinarcóticos”.

Según el diario, los controladores no pueden ser más de cinco y agrega que la FAE “no conoce el número de militares colombianos que vuelan los AWAC”, al tiempo que explica que esta información sólo la conocen los estadounidenses.

El ministro de Defensa ecuatoriano, Oswaldo Jarrín, descartó que militares colombianos operaran los aviones que despegan de la base de Manta, y aseveró que la FAE reporta semanal y mensualmente sobre las actividades que realizan los estadounidenses en Manta.

Según Jarrín, “hasta el momento el convenio entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos” se ha respetado. “En cada vuelo de rastreo que hacen los estadounidenses siempre está un oficial de la FAE”, aseguró a IPS el ministro.

“Se insiste en negar que desde la base de Manta se interviene en las operaciones del Plan Colombia, pero ¿cómo se explican las operaciones de pilotos colombianos desde el Ecuador?”, cuestionó por su parte el periodista Juan Carlos Calderón.

A la revelación de Boyd sobre los pilotos colombianos se suma la realizada la semana pasada por el nuevo comandante estadounidense de la base de Manta, Javier Delucca, quien aseguró que esa instalación es “clave para el Plan Colombia”, con lo que dio a entender que Ecuador estaba involucrado en actividades antiguerrilleras en el vecino país.

El canciller de Ecuador, Francisco Carrión, reaccionó de inmediato mediante una nota de protesta, en la que afirma que el uso de la base de Manta no involucra a Ecuador en el Plan Colombia y que su país no participa del mismo.

Uno de los aspectos más controvertidos del Plan Colombia ha sido el método de las fumigaciones aéreas, debido a sus efectos negativos en el ambiente y la población rural.

Carrión ha reiterado en varias oportunidades que de seguir en el cargo de canciller en 2009, fecha en que vence el convenio de cesión de la base Manta, no lo renovaría porque afecta la seguridad de Ecuador.

El Convenio de la Base de Manta fue firmado en noviembre de 1999 por el entonces presidente Jamil Mahuad, su canciller Benjamín Ortiz, y quien presidía la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso legislativo, Heinz Moeller.

Sin embargo, ese acuerdo no fue aprobado en sesión plenaria del parlamento como lo establece la Constitución, por lo cual analistas y representantes de movimientos sociales sostienen que es inconstitucional.

Por otra parte, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Ecuador (APDH) denunció el lunes que el gobierno colombiano ha reiniciado las fumigaciones aéreas en la zona cercana a la frontera ecuatoriana.

La semana pasada, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Araújo, manifestó que su país mantenía la suspensión de las aspersiones de glifosato, un plaguicida nocivo para la salud humana.

Según Alexis Ponce, integrante de APDH, del 13 al 16 de agosto en el departamento colombiano de Putumayo, limítrofe con Ecuador, se realizaron fumigaciones aéreas.

“En una asamblea se les comunicó a los pobladores sobre el reinicio de las fumigaciones y luego, el 17 de agosto, a través de alto parlantes ubicados en Mocoa (capital de Putumayo), se informó que la actividad había terminado. Esto coincidió con la visita de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia” a Quito, afirmó Ponce a IPS.

Pobladores de San Miguel, Orito y Guamez, localidades de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en la frontera con Colombia, han denunciado que sus cultivos fueron quemados por el glifosato, y anunciaron que presentarían esta semana pruebas a las autoridades colombianas.

La APDH también protestó por las aseveraciones de Javier Delucca en las que vincula la base de Manta con el Plan Colombia. “Estamos de acuerdo con la nota de protesta enviada desde la cancillería, pero no es suficiente, debemos comenzar a tomar estas declaraciones como lo que realmente está ocurriendo”, aseguró Ponce.

Otras organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación sobre el uso de la base militar de Manta.

Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, la principal organización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, exigió al gobierno una investigación efectiva sobre las condiciones en que está operando la base de Manta.

El diputado indígena Ricardo Ulcuango anunció que convocará al ministro de Defensa, Jarrín, para que rinda explicaciones ante el Congreso y no descartó la posibilidad de pedir una moción de censura.

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